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XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANFADE

FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA EDUCACIÓN JURÍDICA”


DERECHO Y POLÍTICA
EL ESTADO COMO ÁMBITO DE DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DERECHO Y DE LA POLÍTICA
I. INTRODUCCIÓN
El tiempo que nos ha tocado vivir, ubicado como el nuevo milenio o el nuevo siglo, nos enfrenta a diario con una realidad que normalmente es distinta a la del día que precede. En la actualidad, casi nadie se atrevería a cuestionar esta afirmación que ha desbordado paradigmas ayer inamovibles, hoy rebasados por el mundo moderno, variable, agitado y violento.
Las sociedades contemporáneas en lo particular, viven también un proceso, o más bien, una serie de procesos de recomposición o reacomodamiento a fin de lograr su pervivencia en la aldea global que hoy por hoy, ha dirigido sus embates hacia el modelo de Estado que se fraguó a lo largo del siglo XX.
El Estado-nación que recorrió un sendero de varios siglos hasta afianzarse en la mayoría de las Cartas Constitucionales de los países del orbe, se enfrenta en nuestros días a un proceso apenas recién iniciado de expansión supranacional de organizaciones que pretenden estar por encima de las soberanías de los pueblos1 y que se van arrogando paulatinamente el derecho de intervenir al interior de los Estados e incidir en sus procesos de carácter doméstico.
En este sentido, podemos citar los asuntos de índole electoral, la amplia materia de los derechos humanos2, la defensa del medio ambiente3 y el combate a delitos de lesa humanidad, como casos típicos que motivan o al menos sirven para justificar la intervención de organizaciones de carácter supranacional como la Organización de las Naciones Unidas y otras de corte regional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en rubros y materias que otrora se consideraban reservadas con exclusividad al conocimiento de los órganos estatales.
Utilizamos el término supranacional, conscientes de su imprecisión, más aun si valoramos con todo cuidado críticas tan contundentes como la que a continuación citamos, en el sentido de que:
Una organización internacional no se forma a partir de una comunidad humana, de un grupo social en busca de un gobierno que le permita vivir de manera ordenada e independiente. Tampoco tiene que defender los intereses de ese grupo social. En otras palabras, no encuentra en sí misma ni su finalidad, que le es asignada por sus fundadores y en cierta manera es exterior a ella, aun si le es propia, ni los medios de su acción, que son todos préstamos de otros grupos organizados, los estados miembro, incluso si tiene jurídicamente el derecho de obtenerlos de ellos (derecho que, además, siempre está estrictamente limitado).4
En este escenario, se presenta ante nosotros la irresoluta querella entre los órdenes jurídicos de corte nacional y el del ámbito internacional que han planteado un permanente conflicto sobre la validez y aplicación de las distintas normas pertenecientes a estos dos grandes espacios jurídicos. Hasta hoy, ninguna de las dos tesis existentes al respecto (sea monista o dualista) han podido resolver, en definitiva, esta controversia sobre la primacía formal de la ley.
La soberanía de los Estados, sigue siendo parte central del discurso que desde hace mucho tiempo se ha utilizado para defender la summapotestas estatal y, con ello, justificar su carácter supremo por encima de cualquier otra organización, siendo aplicable su legislación antes que cualquier otra disposición legal promulgada extrafronteras.
Ahora bien, desde otra perspectiva, no hay que pasar por alto que algunos asuntos que empiezan a cobrar fuerza en este inicio de milenio, superan el entorno geográfico de los Estados-nación; incluso, el orden jurídico de corte nacional, puede resultar insuficiente para dirimir algunas controversias que por salir del ámbito competencial de los Estados, deben ser puestas en conocimiento de organismos con dimensiones metaestatales5.
Véase a manera de ejemplo, cómo los Tribunales Internacionales y los Organismos encargados de supervisar el respeto a los derechos humanos, empiezan a tener más aceptación entre los Estados. Empero, nos parece que estos últimos deben imponer límites a la actuación de dichas organizaciones y exigir que se privilegie la actuación de sus órganos de justicia por encima de las Cortes o Tribunales de cariz supraestatal.
A continuación, haremos la revisión de los conceptos de Estado, Política y Derecho, para establecer la forma de relacionarse en un sentido indisoluble, de modo que pensar el uno sin el otro haría irrealizables las tareas propias del Estado, y, la garantía y protección de los derechos humanos y fundamentales de los seres humanos.

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