• Quinta sesión Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

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    Wipo/ace/5/4 Rev




    OMPI



    S

    WIPO/ACE/5/4 Rev.

    ORIGINAL: Inglés

    FECHA: 28 de septiembre de 2009


    ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

    GINEBRA

    comité asesor SOBRE OBSERVANCIA

    Quinta sesión

    Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

    la importancia de la observancia y la protección de


    los derechos de P.I. y vínculos con la
    agenda de la ompi para el desarrollo

    Documento preparado por el Sr. Richard Heath, Vicepresidente, Consejero Jurídico y de Lucha Mundial contra la Falsificación, Unilever PLC Londres, y Presidente de la INTA y de su Junta Directiva1


    El Comité Asesor sobre Observancia se viene reuniendo desde hace mucho tiempo en esta maravillosa ciudad de Ginebra, símbolo de la cooperación y la diplomacia internacionales. Para comenzar, desearía dar las gracias al Sr. Francis Gurry y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por su sobresaliente dedicación a la hora de proteger la propiedad intelectual y a los consumidores en todo el mundo. La labor de la OMPI es esencial para fomentar y fortalecer los derechos de propiedad intelectual que contribuyen a garantizar el crecimiento estable y responsable de los mercados tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Asimismo, agradezco al Director General Adjunto, Michael Keplinger, la amable invitación que me ha cursado para hacer uso de la palabra ante la quinta sesión del ACE que se celebra esta semana en Ginebra.
    Nos hallamos inmersos en una economía mundial en constante evolución y que, hoy en día, pone a prueba todas nuestras capacidades. Aunque esperamos hallarnos cerca de una verdadera recuperación económica, siguen sin estar claros los plazos y el alcance de esa recuperación. La crisis económica no ha hecho sino subrayar el peligro que conlleva el aumento de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cuando va unido a la disminución de los recursos necesarios para luchar contra ellas. En nuestras iniciativas colectivas destinadas a fomentar la observancia de los derechos de propiedad intelectual afrontamos la ardua tarea de obtener mejores resultados con menores recursos, una realidad que todos ustedes conocen en el desempeño de sus funciones.
    Hoy he venido a exponer ante ustedes el punto de vista del sector privado acerca de la importancia de la protección y de la observancia de los derechos de P.I. y de los sólidos vínculos que poseen esas actividades con la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, en particular, la recomendación Nº 45, y la contribución y los costos que se plantean a ese respecto a los titulares de los derechos. Esto incluye por supuesto las amenazas a la propiedad intelectual y la repercusión que tiene nuestra voluntad común de luchar contra la falsificación y la piratería.
    En primer lugar, debemos examinar la repercusión económica global de la propiedad intelectual, aspecto fundamental para comprender el problema:
    Esa repercusión es al menos tan importante en los países en desarrollo y en las economías de países emergentes como en los países desarrollados, y quizá incluso más grande.
    La creatividad y la innovación constituyen el eje de toda economía moderna basada en el conocimiento y son doblemente importantes para los fabricantes y consumidores, incluidos los de las economías de países en desarrollo.
    Según Gary Locke, que ha sido nombrado recientemente Secretario de Comercio de los Estados Unidos, se calcula que la propiedad intelectual tiene un valor de unos 5 billones de dólares en ese país y genera más de la mitad de sus exportaciones. Además del valor monetario, la propiedad intelectual es el motor del 40% de la actividad económica norteamericana y da empleo a más de 18 millones de personas en ese país.
    Si extrapolamos esas cifras a escala mundial comenzaremos a hacernos una idea de lo que significa esa repercusión económica, lo que permite situar en su verdadero contexto los enormes paquetes de estímulos fiscales concedidos recientemente.

    La propiedad intelectual fomenta la actividad empresarial de carácter legítimo, el empleo y los ingresos, además de servir de base a aspectos fundamentales como la seguridad y la oferta al consumidor, pero sigue siendo objeto de brutales ataques por parte de quienes no dudan en beneficiarse ilícitamente de las ideas e inversiones de otros.


    En segundo lugar, debemos examinar, aunque sea brevemente, los importantes daños ocasionados por la falsificación y la piratería.
    Los productos falsificados y pirateados aparecen en todos los países y sectores industriales de la economía mundial: nada ni nadie es inmune a ellos. No están sujetos a ninguna reglamentación y, por lo tanto, se libran de impuestos y aranceles. Por culpa de esos productos, los consumidores están expuestos a riesgos sanitarios, de seguridad y calidad que imponen costos a la sociedad en lo que atañe al empleo, la delincuencia y los servicios sociales, dificultando de ese modo el crecimiento y el desarrollo económico y desviando recursos gubernamentales, especialmente en los países en desarrollo, donde tienen mayor impacto.
    La contribución y los costos que supone ese problema a los titulares de derechos constituyen factores importantes. Los costos de contratación de personal e investigadores dedicados a luchar contra la falsificación y a proteger las marcas, las costas judiciales, los costos de almacenamiento y destrucción de mercancías, la organización de programas de formación y fortalecimiento de capacidades para los organismos encargados del cumplimiento de la Ley, son todos factores que ocasionan el desvío de recursos que podrían invertirse en proyectos comunitarios e iniciativas para fomentar la sostenibilidad.
    El sector en el que desempeña sus actividades mi empresa –el de los productos de consumo masivo– quizá se halle en el nivel más bajo de la escala de valor pero sufre los mismos problemas en toda su gama de productos, del jabón al champú, la pasta de dientes, los desodorantes y los alimentos, en los que los riesgos para la salud y la seguridad son aún mayores.
    Gracias a nuestra labor conjunta y al compromiso y a la cooperación de organizaciones como la OMPI y otras en todo el mundo, hemos avanzado en la lucha contra la falsificación y la piratería. En ese sentido, los titulares de derechos realizan aportaciones importantes al suministrar asistencia y formación e impulsar el fortalecimiento de capacidades para los funcionarios encargados del cumplimiento de la Ley, emprender iniciativas de recopilación de información y fomentar la cooperación entre el sector público y el privado. Sin embargo, los falsificadores han reaccionado trasladando sus actividades a los mercados de países en desarrollo en los que existe un marco jurídico débil para la observancia y cada vez están más presentes en Internet.
    Está claro que todavía queda mucho por hacer.
    El objetivo de los países en desarrollo y de los países desarrollados sigue siendo el mismo: crear un entorno que fomente el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a la vez que se recompensa la actividad empresarial y se protege a los consumidores contra la producción y distribución ilegal de productos falsificados y pirateados.
    Se ha estimado que la piratería y la falsificación ocasionan a las economías del G 20 pérdidas de 70 billones de euros en ingresos fiscales y aumento del gasto en servicios sociales, unos 20 billones de euros en costos derivados de la lucha contra las actividades delictivas, que son cada vez mayores, 14.5 billones de euros en pérdidas ocasionadas por el
    fallecimiento de personas y otros 100 billones de euros en costos adicionales de atención sanitaria debidos al daño que causan los productos de escasa calidad y los medicamentos ineficaces o perjudiciales. Esas economías pierden 1.2 millones de empleos anualmente por culpa de la falsificación y la piratería, lo que constituye una estadística especialmente dolorosa teniendo en cuenta la recesión económica mundial que se vive en la actualidad.
    Las economías de países en desarrollo quizá no experimenten pérdidas a tal escala, pero en proporción sufren los mismos daños y afrontan las mismas amenazas, por lo que debemos colaborar para garantizar que se instauren políticas sólidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los países en desarrollo se benefician de las inversiones de empresas extranjeras, como Unilever, así como de la creación de un entorno económico en el que las empresas locales puedan crecer y desarrollarse. La protección de los derechos de propiedad intelectual puede contribuir en gran medida a fomentar esas inversiones, así como el empleo y los ingresos fiscales que generan.
    Asimismo, fomentar la protección de los derechos de P.I. permite que los titulares de derechos inviertan mayores cantidades de dinero en proyectos comunitarios locales y en ayuda humanitaria. Por ejemplo, la iniciativa emprendida por nuestra empresa en la India e Indonesia para fomentar la higiene de las manos (LIFEBUOY Health & Hygiene) contribuye a reducir o eliminar la mortalidad infantil y a promover los beneficios de la higiene en esos países y en los demás países en desarrollo. También se observa esa influencia en las contribuciones a las iniciativas de socorro de emergencia, como las que tuvieron lugar hace algunos años a raíz del tsunami del sudeste asiático.
    En las imágenes se exponen otros ejemplos de otra destacada empresa, Sara Lee, que también efectúa importantes inversiones en los mercados de países en desarrollo, como el programa de artesanía y recogida de latas de conserva en las escuelas (KIWI), un proyecto conjunto con la Cruz Roja gestionado por los empleados, y el proyecto Malaki de entrega de zapatos usados que ha tenido gran éxito desde que se iniciara en 2006 y que se ampliado a Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Rwanda, Sudáfrica y Camerún, donde se han distribuido 100.000 pares de zapatos en áreas rurales. Todos ellos constituyen ejemplos de inversiones realizadas como consecuencia directa del valor de la protección de la P.I. y más concretamente de las marcas.
    En cualquier caso, a título de ejemplo del alcance que tiene el problema de la falsificación, cabe mencionar que las bolsitas de champú de único uso que se venden a precios muy reducidos en muchos mercados de países en desarrollo han sido copiadas por los falsificadores, que de ese modo defraudan tanto a los pobres como a los ricos, poniendo de manifiesto nuevamente que nada está a salvo de los defraudadores.
    Pasemos a examinar dos ejemplos de los daños que ocasionan la falsificación y la piratería en las economías de los mercados de un país desarrollado y de un país en desarrollo:
    En el Reino Unido, país en el que estoy radicado, en un estudio elaborado recientemente en cuatro sectores representativos –productos farmacéuticos, alimentación y bebidas, programas informáticos y artículos de lujo– se ha estimado que se han perdido 200.000 empleos en esos sectores, 16.000 de los cuales suponen una reducción permanente del contingente laboral ante la incapacidad de hallar empleos alternativos, debido únicamente a las actividades de falsificación y piratería. Además, se han perdido 5 billones de euros en impuestos no pagados y en mayores gastos de servicios sociales. En general, se observan unos 1.7 billones de euros en pérdidas por cada 1% de aumento del índice de criminalidad
    ocasionada por las falsificaciones. Se trata de unas cifras notables incluso en épocas de prosperidad económica, por no hablar de la crisis mundial en que nos hallamos inmersos en la actualidad.
    Con todo, unas pérdidas de tal magnitud no se limitan al Reino Unido. En México, que constituye un mercado muy distinto, se observan cifras similares.
    En ese país se calcula que se han perdido 240.000 puestos de trabajo en los mismos cuatro sectores y que ha habido una reducción permanente de 13.000 puestos de trabajo debido a los efectos de la falsificación y de otras infracciones de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, México ha perdido más de 900 millones de euros si se tienen en cuenta los menores ingresos fiscales y el aumento de los gastos en servicios sociales, y cerca de 670 millones de euros en posibles ingresos fiscales no percibidos por inversiones extranjeras directas. Según se afirma, las pérdidas sufridas por México ascienden a 290 millones de euros por cada 1% de aumento del índice de criminalidad ocasionada por las falsificaciones.
    Se trata de unas cifras claramente preocupantes que cabe aplicar a cualquier mercado en el que se decida realizar un análisis económico, a medida que seguimos observando una rápida expansión de la producción y distribución de todo tipo de mercancías falsificadas, todas de calidad inferior y muchas de ellas muy peligrosas, que amenazan la salud y la seguridad de los consumidores de todo el mundo. Si se extrapolan esas cifras a todos los sectores económicos mundiales, nos hallamos ante un panorama escalofriante.
    Hasta hace poco, la falsificación de productos se limitaba a los artículos de lujo, sin embargo, actualmente se obtienen importantes beneficios de la falsificación de todo tipo de productos fabricados en masa y consumidos rápidamente por la sociedad, incluídos los que forman parte de nuestro propio sector de productos mencionado anteriormente.
    De manera sorprendente, estos productos se hallan bastante más extendidos en los mercados de países en desarrollo y de países emergentes, donde casi se consideran como productos de primera necesidad, aunque son responsables de algunos de los mayores riesgos para la seguridad que sufren las personas, y ofrecen a los delincuentes una oportunidad cada vez mayor de enriquecerse.
    Junto con los bienes tangibles, los sectores que dependen en gran medida de la tecnología y, por lo tanto, los gobiernos, pierden las magníficas oportunidades de comercio, de negociación de licencias y de transferencia de tecnología que facilita el Internet. Como en el caso de los demás delitos, la falsificación y la piratería se extienden por los canales comerciales, y el mercado en línea, mismo que constituye la manifestación más moderna del comercio mundial y que sufre agudamente esta realidad hoy en día.
    Por último, cabe mencionar quizá el punto más importante, es decir, el hecho de que debemos eliminar las diferencias existentes entre los textos de ley y la observancia de los derechos de P.I., especialmente en lo que respecta a la falsificación y la piratería. Se trata de un objetivo común, de hecho constituye el objetivo común de este Comité, puesto que sin una observancia firme de los derechos de P.I. es imposible abordar los aspectos relacionados con el suministro de mercancías falsificadas y fraudulentas, la peor forma de competencia desleal y con frecuencia la más peligrosa.

    Tanto en los mercados de países desarrollados como en los de países en desarrollo, la falta de respeto de los derechos de P.I. da lugar a que se ahogue la creatividad y se estanque la innovación, lo que tiene como consecuencia que disminuyan las inversiones nacionales y extranjeras, especialmente en investigación y desarrollo, desencadenando de ese modo un proceso sistemático de retroceso de la actividad económica. Tomados en su conjunto, esos factores intensifican las pérdidas de empleos, menoscaban el crecimiento económico y socavan la confianza del consumidor.


    Estos factores de riesgo pueden dar lugar a un enorme vacío de inversiones en actividades comerciales que a menudo se llena con actividades ilegales, especialmente delitos que reciben sanciones relativamente livianas y gozan de escasa atención desde el punto de vista de la observancia, salvo que se hagan mayores esfuerzos por armonizar las sanciones penales.
    Con los nuevos vínculos de cooperación que se han establecido y los que están aún por forjarse, se fomentará una mayor sensibilización y un sentido compartido de responsabilidad colectiva que subrayen la importancia de la propiedad intelectual y revelen los peligros de las falsificaciones y de las copias piratas para los consumidores, los gobiernos y la economía en general.
    Al examinar la labor que estamos realizando en este Comité durante la presente semana, debemos reafirmar el compromiso con la tarea que tenemos entre manos.
    La experiencia demuestra que es fundamental alinear las iniciativas mundiales, regionales y nacionales para lograr cambios duraderos y eficaces en el programa legislativo. Los gobiernos de todo el mundo siempre han prestado atención a la voz de la razón, pero es probable que dejen de hacerlo si escuchan demasiadas voces discordantes.
    La OMPI, que colabora con organizaciones como la INTA y otras asociaciones y alianzas similares de todo el mundo y es consciente de las cuestiones orientadas al desarrollo, puede tomar el liderazgo en la lucha contra la falsificación, la piratería y otros delitos contra la propiedad intelectual, estimulando el uso del sistema de P.I. como base para el desarrollo sostenible.
    La creatividad y la innovación son los pilares de las modernas economías basadas en el conocimiento y sin la debida protección para la propiedad intelectual que les sirve de base, no se producirá el regreso a corto plazo a condiciones económicas sostenibles y estables.
    Por lo tanto, a medida que avanzamos en nuestra labor, debemos ser conscientes de las ventajas que conlleva reunirnos en este Comité y de la importancia duradera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El entusiasmo y la dedicación de que hacen gala los miembros del Comité Asesor sobre Observancia constituyen unos de sus activos más importantes y la encomiable labor que desempeñan en ese ámbito se dejará notar sin duda en las economías y en los consumidores de todo el mundo.
    Muchas gracias por su atención: esperemos que la reunión resulte fructífera y dé lugar a resultados y objetivos concretos que se puedan presentar en la sexta sesión del ACE, la próxima vez que nos reunamos.
    [Fin del documento]

    1 Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría o las de los Estados miembros de la OMPI.


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