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Voto conjunto concurrente de los jueces roberto f. Caldas y eduardo ferrer mac-gregor poisot


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VOTO CONJUNTO CONCURRENTE DE LOS JUECES

ROBERTO F. CALDAS Y EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT1
CASO CANALES HUAPAYA Y OTROS VS. PERÚ
SENTENCIA DE 24 DE JUNIO DE 2015
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)


INTRODUCCIÓN




  1. Emitimos el presente voto concurrente para fundamentar los motivos por los cuales discrepamos con la decisión de la Corte de no involucrar en la Sentencia de 25 de junio de 2015 en el Caso Canales Huapaya y Otros Vs. Perú (en adelante “la Sentencia”), dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, “el Tribunal Interamericano” o “el Tribunal”), un análisis de la violación del derecho al trabajo en el marco del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.




  1. En el presente caso se sigue esencialmente la sentencia emitida por la Corte en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, emitida el 24 de noviembre de 2006, en la cuál se declara la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma. Sin embargo, quienes suscribimos el presente voto consideramos que debió considerarse otro precedente emitido tres años después de dicha sentencia: el Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. En esta Sentencia emitida el 1 de julio de 2009, explícitamente el pleno de la Corte expresó que el artículo 26 de la Convención Americana, que consagra los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estaba asociado a diversos escenarios de justiciabilidad y que “está sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención”.




  1. A pesar de que ni la Comisión ni los intervinientes comunes alegaron la presunta violación del artículo 26 de la Convención Americana en el presente caso, la vulneración del derecho al trabajo podía ser analizada por la Corte en el marco del principio iura novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional y permite estudiar la posible violación de las normas de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados por las partes, siempre y cuando éstas hayan tenido la oportunidad de expresar sus respectivas posiciones en relación con los hechos que las sustentan. En este sentido, la Corte ha utilizado dicho principio, desde su primera sentencia y en diversas oportunidades2, para declarar la vulneración de derechos que no habían sido directamente alegados por las partes, pero que se desprendían del análisis de los hechos bajo controversia, por cuanto dicho principio autoriza al Tribunal, siempre y cuando se respete el marco fáctico de la causa, a calificar la situación o relación jurídica en conflicto de manera distinta a como lo hicieran las partes3.




  1. La jurisprudencia de la Corte ha avanzado en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por la vía indirecta y en conexión con otros derechos civiles y políticos4. Sin perjuicio de ello, en el presente caso, la Corte podía ofrecer argumentos que permitiesen la evolución de la jurisprudencia hacia la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales a través de un mayor esclarecimiento de las obligaciones estatales respecto a dichos derechos a la luz de la Convención Americana, lo cual puede contribuir hacia un mayor reconocimiento y eficacia normativa de los mismos. Resaltamos que, tal como diversos pronunciamientos lo han hecho visible, la aplicación, promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales exige la misma atención y urgente consideración que los derechos civiles y políticos5.




  1. A continuación quienes suscribimos este voto nos referiremos inicialmente al i) alcance del artículo 26 de la Convención Americana; ii) la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales; iii) la interpretación sistemática de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador; iv) el derecho al trabajo como derecho autónomo en el derecho comparado y el reconocimiento de su justiciabilidad directa por parte de Altas Cortes de la región, v) y el alcance del derecho al trabajo en lo relevante para el presente caso.




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