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Un propósito nacional: duplicar el pib per cápita




PROPÓSITO NACIONAL: ERRADICAR LA MISERIA Y DUPLICAR EL INGRESO DE LOS HOGARES PARA EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE BOYACÁ (2019)
Documento (borrador) para la discusión presentado por

Julio Silva-Colmenares *


CONTENIDO
Advertencia inicial

1. La definición de un propósito nacional

2. Soporte teórico

3. Formulación de las metas fundamentales
ADVERTENCIA INICIAL
Este documento es producto de un proceso de elaboración que se inició en abril de 2004, cuando en el orden del día de la reunión mensual del Colegio Máximo de Academias de Ciencias de Colombia se propuso, por iniciativa de su presidente, el doctor Jaime Posada, discutir la vinculación de las academias a la celebración del bicentenario de la Independencia de Colombia, conmemoración que debe iniciarse en julio de 2010, con los doscientos años del Grito de Independencia, y concluirse en agosto de 2019, con el recuerdo de la Batalla de Boyacá, culminación de la gesta independentista. Como a tal reunión asistió el autor de estas páginas como vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, sugirió que las academias, además de mantener la memoria de lo ocurrido durante este lapso, incluso hasta la más remota etapa precolombina, y comprometerse con su análisis, deben preocuparse por el futuro de la Patria. Por tanto, propuso por escrito que se debía trabajar por un propósito nacional: Erradicar la miseria y duplicar el ingreso real de los hogares, poniendo como perspectiva el bicentenario de la batalla de Boyacá. De otro lado, sería la principal forma de participación de Colombia en el cumplimiento de quizá uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por la mayoría de los jefes de Estado del mundo en reunión cumbre de las Naciones Unidas en 2000, y en la nueva Alianza Mundial contra el Hambre, propuesta por el presidente Luiz Inácio da Silva del Brasil, al iniciarse la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2004.
En ese momento se envió a todas las academias de ciencias el texto inicial, así como a algunas instituciones de investigación y educación superior y dependencias estatales con un eventual interés por el tema, incluido, como es natural, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-. Luego, en agosto de 2004, con motivo de los dos años del gobierno Uribe Vélez, el director del DNP, doctor Santiago Montenegro, dijo en una entrevista para el diario El Tiempo de Bogotá que lo principal que le faltaba a Planeación Nacional era presentar una agenda de largo plazo, con perspectivas al 2019, bicentenario de la Independencia. Después, en febrero de 2005 el diario económico Portafolio ofreció la oportunidad de presentar los principales aspectos de la propuesta que está en estas páginas, lo que se hizo con el artículo Colombia 2019.1 En marzo de 2005 empezaron a conocerse algunos resultados del trabajo que al respecto adelanta el DNP, cuya primera materialización se encuentra en el documento No. 91 del Consejo de Política Económica y social –CONPES- titulado Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015. Al instalar las sesiones del Congreso Nacional el 20 de julio de 2005, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo mención de este inmenso esfuerzo de planeación estratégica y con el título de Visión Colombia II Centenario, Propuesta para Discusión, entregó a los parlamentarios un Resumen Ejecutivo. Y el 7 de agosto de 2005 también el presidente Uribe Vélez hizo entrega, en la quinta de Bolívar de Bogotá, a los partidos políticos, los medios de comunicación y otras organizaciones del texto completo del documento preparado por el DNP.
Como se desprende de lo anterior, la propuesta que se presenta en estas páginas es independiente de la que elaboró el DNP, pues en muchos aspectos incluso es anterior, sin que ello niegue que en algunas metas y cálculos haya coincidencia, aunque en otros divergencia. En especial en nuestra insistencia en vincular la pobreza, que conlleva una crónica baja capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares colombianos, con la dificultad para lograr un crecimiento económico apreciable y sostenido, y que en el fondo de esta situación se encuentra como razón fundamental la exagerada concentración del ingreso y la riqueza que ha padecido Colombia durante su historia, cuya solución exige una política estatal activa. En la práctica, en Colombia se le niega a la mayoría de los hogares el derecho elemental al consumo de los bienes y servicios que permiten una vida digna. Este derecho es hoy uno de los más importantes componentes del concepto moderno de libertad y, por consiguiente, de desarrollo humano.
1. LA DEFINICIÓN DE UN PROPÓSITO NACIONAL
Sin duda, Colombia vive una crisis que podría llamarse estructural o sistémica, pues abarca en la práctica todos los ámbitos de la sociedad. Uno de sus principales signos es, como ya se dijo, el fenómeno generalizado de la pobreza, y su manifestación más extrema, la miseria. Aunque no hay coincidencia en las cifras que manejan diversas entidades y su magnitud varía según el método de medición que se escoja, puede decirse que entre la mitad y cerca de dos terceras partes de la población está en condiciones de pobreza, y de ese universo entre un cuarto y una tercera parte vive en la miseria o indigencia. Pero lo fundamental no son las frías cifras estadísticas, pues éstas oscilan en sentido contrario al ciclo económico; cuando la economía se recupera y sube el empleo, la pobreza baja de inmediato, pues es muy sensible a cualquier incremento en el ingreso de los hogares pobres. Lo grave es que cuando se tiene, en el mejor de los casos, la mitad de la población al margen de una vida digna y esto no es un escándalo diario, estamos en presencia de una sociedad que se ha acostumbrado a la injusticia social, a la carencia de libertad, en el sentido moderno de esta categoría.
Pero la pobreza, cualesquiera sea el indicador usado, es una tragedia diaria para millones de hogares. Si se toman las cifras más críticas, hoy puede haber entre 6 y 7 millones de hogares que viven en la pobreza, de los cuales entre un poco menos de 2 millones y casi 2,5 millones de hogares sufren la miseria o indigencia. Esto significa que entre algo más de 24 millones y casi 29 millones de personas están en la pobreza, de las cuales entre 8 y casi 10 millones de personas viven en la indigencia o miseria. Es una situación dramática ante la cual la sociedad poco hace y apenas se lamenta, cuando no se le menosprecia en los grupos de poder, pues se cree que su solución es obligación sólo del Estado, y en forma más específica del gobierno nacional. En la discusión sobre la pobreza falta la pregunta clave: ¿Por qué tenemos tan alto nivel de pobreza y miseria? Y la respuesta que pocos se atreven dar con firmeza es clara: tenemos una altísima concentración del ingreso, que hace que millones de hogares carezcan del ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que necesitan para un modesto vivir. Además no es un problema coyuntural, ya que por lo menos desde mediados del siglo 20 muy diversos estudios sobre Colombia reconocen su existencia y hoy el país es señalado como uno de los que muestra la más profunda desigualdad social.
En los años cincuenta del siglo 20 la misión Economía y Humanismo, dirigida por el sacerdote Louis Joseph Lebret, realizó uno de los primeros análisis socio-económicos de la sociedad colombiana con instrumentos de las ciencias sociales modernas. En el informe final la Misión dice que al ver “la distribución del ingreso nacional entre ciertos grupos de población (...) se observa que el 4,6% de la población sujeta al impuesto sobre la renta dispone del 40% de ese ingreso, lo que le asegura un nivel de vida de tipo americano (ingreso medio anual equivalente a 2.200 dólares de los Estados Unidos) o sea 5.900 pesos por persona. (...) Se encuentra luego el 16,4% de la población que dispone de un ingreso anual que le asegura un nivel de vida correcto: 668 pesos en promedio. (...) La gran masa de la población (78%) debe contentarse con un nivel de vida inferior, entre $280 y $500 por persona y por año”. Como concluye la Misión al respecto, “El mantenimiento de la estructura actual no hará sino provocar a mediano o largo plazo, una agravación de los malestares sociales que ya se pueden percibir en la nación y cuyas repercusiones antieconómicas serían considerables”.2 O sea, que la diferencia entre el ingreso de los ricos y el de los pobres podría oscilar desde aquel momento alrededor de las 20 veces.
Es decir, ya desde la mitad del siglo 20 era evidente que el subconsumo de los hogares dificulta el crecimiento económico, pues limita la demanda efectiva, al tiempo que la estructura de la distribución del ingreso estimula el malestar social. Casi veinte años después, Miguel Urrutia y Albert Berry decían en el prólogo a su libro “La distribución del ingreso en Colombia” que el país “tiene una distribución de ingresos extremadamente desigual (...) asunto particularmente importante ya que la desigualdad es, esencialmente, la fuente de la mayoría de la pobreza que se encuentra en el país. Tal pobreza no es necesaria en un país con el nivel de ingreso de Colombia; sólo la redistribución del 7 al 8% del ingreso nacional sería suficiente para doblar los ingresos de la cuarta parte de la población más pobre (...)”.3 Y diez años después, en febrero de 1982, señalaba Alicia Eugenia Silva en un análisis sobre “La distribución del ingreso en Colombia en la década de los setenta: concentración y nivelación por lo bajo”, que los “estudios realizados en Colombia, en las últimas dos décadas, permiten concluir que nuestro país muestra un grado de concentración muy elevado, que la distribución del ingreso no ha cambiado en forma considerable en los últimos treinta años y que más bien parece existir una tendencia a un leve aumento en la concentración”.4
A comienzos del siglo 21 la situación es más crítica, pues el coeficiente Gini, que había mejorado desde 0,54 a mediados de los años setenta hasta 0,45 a principios de los ochenta, empeoró desde ese momento hasta alcanzar 0,55 durante la crisis finisecular y acercarse a 0,60 en los primeros años del siglo 21. De acuerdo con un trabajo publicado en 2002 por los profesores González Borrero, Ramírez Gómez y Sarmiento Gómez sobre la distribución del ingreso, y con base en información de la encuesta de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, el decil 10 (el 10% más rico de la población) disminuyó su participación de casi el 48% en 1991 a 46,3% en 1996 y 45,5% en 1996, pero la pérdida de participación del decil 1 (el 10% más pobre de la población) fue mayor: del 0,92% en 1991 al 0,63% en 1996 y al 0,58% en 1996.5 De lo anterior se desprende que la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre de la población colombiana subió de 52 veces en 1991 a 73 veces en 1996 y 78 veces en 1999. Recuérdese que en los años cincuenta, según la Misión presidida por Lebret tal relación podría ser de 20 veces.
Sin duda, se está ante uno de los niveles más altos de concentración del ingreso en el mundo, sin que pueda decirse que este es un fenómeno reciente. Y así pueden citarse otros trabajos posteriores, que llegan a la misma conclusión, aunque cada día la situación tiende a ser más crítica, dada la urbanización y el envejecimiento de la población. Como se demuestra con cifras contundentes en La Salida,6 lo característico de la sociedad colombiana durante el último tercio de su vida republicana, es decir, los últimos 60 a 70 años, ha sido la exclusión social, con su expresión más dramática en la pobreza y la miseria. Somos, por antonomasia, una sociedad oligárquica, cerrada y excluyente.
Como se señala en las páginas posteriores de este documento, es indispensable que el Producto Interno Bruto –PIB- y el consumo de los hogares, principal motor de crecimiento de cualquier economía, crezcan a más del 6,5% anual durante no menos de quince años, para apenas duplicar el ingreso y el consumo per cápita en los hogares.7 Tal ritmo de crecimiento permitiría erradicar la miseria, situación que en la actualidad padecen entre 2 y 2,5 millones de hogares. En el documento del DNP VISIÓN COLOMBIA. II CENTENARIO. Propuesta para discusión, el crecimiento promedio del PIB se queda en 5,35% anual, lo que no permite duplicar el ingreso per cápita (sólo aumentaría un poco más del 70%), aunque la duplicación es lo menos que podría esperarse de un propósito que se convierta en compromiso nacional, como lo ha manifestado el presidente Uribe Vélez. No obstante, debe recordarse que nuestra propuesta implica un esfuerzo significativo; en los catorce años transcurridos entre 1991 y 2004 el crecimiento promedio del consumo de los hogares, 2,38% anual, fue inferior al crecimiento del PIB, 2,93%. Pero si se descuenta el incremento de la población, el consumo neto de los hogares apenas creció al 0,63% anual, sólo 9% en los catorce años, mientras el PIB per cápita lo hizo al 1,16% anual.8 No es necesario insistir que con esas cifras ninguna sociedad es viable. Si bien crecer al 6,5% anual durante 15 años no es fácil, tampoco es imposible, pero requiere más que un Plan de Desarrollo gubernamental: es indispensable el compromiso de toda la sociedad.
Mirado el problema sólo desde el punto de vista del ingreso, cualesquiera que hayan sido los modelos económicos utilizados en el lejano o reciente pasado, ya sea de protección o apertura, en distintos grados, o con mayor o menor intervención del Estado, el resultado siempre fue el mismo: concentración excesiva en pocas manos, lograda por medios sanos o no según la ética del capitalismo, y acumulación agobiante de la pobreza sobre los hombros de la mayoría de la población. Es, por ende, un problema estructural que se convierte en obstáculo gigantesco para el desarrollo humano. Sin la solución de este complejo fenómeno social, el futuro del país es muy oscuro. Y no sólo tiene connotación económica, pues sus efectos se sienten en todo el organismo social; es una verdadera «endemia social» para cuya «curación» han de aportar todos. En consecuencia, su solución es responsabilidad de toda la sociedad, incluidos los mismos pobres, y debe convertirse en un propósito nacional de mediano y largo plazo.
Como se dijo atrás, en 2019 se cumplirán doscientos años del triunfo definitivo del ejército libertador en los campos de Boyacá, lo que permitió culminar un largo período en búsqueda de la independencia de la Corona española. Colombia está en mora de prepararse para celebrar en forma digna tan importante conmemoración. Y que mejor homenaje a nuestros libertadores que modificar de manera sustancial el panorama de la pobreza y la miseria en los años que restan.
2. SOPORTE TEÓRICO
Como fundamento teórico de las proposiciones, observaciones y evaluaciones que se realicen puede tomarse la concepción integral de desarrollo humano, sobre la cual, sin que haya una definición unívoca, vienen trabajando diversos centros académicos. Como se sabe, durante cien años, hasta las décadas de los años setenta y ochenta del siglo 20, se redujo en tal forma el contenido de la categoría socio-económica desarrollo, que en varias escuelas del pensamiento económico y social terminó siendo casi sinónimo de crecimiento económico. Ello llevó a que se creyese que el aumento cuantitativo de una variable como el PIB era suficiente para hablar de desarrollo. El transcurso histórico ha demostrado que tal «reduccionismo» teórico trajo más efectos negativos que positivos.
Pero incluso en el análisis del crecimiento económico con frecuencia se confunden los efectos con las causas, por lo que se terminan buscando las soluciones en donde no se pueden encontrar. Si se toma como ejemplo Colombia, en casi todos los medios académicos y políticos se acepta que desde mediados de la década pasada perdió la dinámica económica, como es evidente al observar las cifras sobre el crecimiento del PIB, así se hayan alcanzado guarismos de casi el 4% anual durante 2003 y 2004. Mientras esto ocurre, se ha dedicado mucho esfuerzo y tiempo a analizar el comportamiento y origen de la oferta, en especial el PIB, en donde aparece el efecto, olvidándose de la demanda, donde hay que buscar las causas. Sólo la baja utilización de la capacidad instalada comprueba que no es un problema de oferta. En este sentido, nuestra concepción se aparta del pensamiento neoclásico que en la propuesta presentada por Robert Solow a mediados del siglo 20 plantea que los «motores» del crecimiento son la acumulación de capital (inversión nueva), el incremento de la población trabajadora (el llamado hoy capital humano) y el aumento de la productividad multifactorial (eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en la consecución de los logros).
En nuestra opinión, la propuesta de Solow mezcla medios con fuentes; mientras la acumulación de capital es una fuente, pues supone el consumo de una producción anterior, los otros dos «motores», la población trabajadora y la productividad, no son más que medios del crecimiento, pues por si mismos no pueden mantenerlo constante. Las verdaderas fuentes del crecimiento son el consumo interno, en especial de los hogares, y la inversión en capital, como demanda doméstica, y las exportaciones, como demanda foránea. Cuando alguna de ellas falla, en especial el consumo interno que representa entre el 60% y más del 70% de la demanda total en la mayoría de los países, se resiente la dinámica del comportamiento del PIB, entendida dinámica como lo relativo a las fuerzas que producen el movimiento. Desde esta perspectiva, interesa más ver la utilización del producto o servicio, su consumo, pues es lo que permite la reproducción ampliada o crecimiento económico, y no tanto la forma de su generación, o sea la incorporación de trabajo vivo, en condiciones determinadas de productividad, o, por otra parte, la incorporación de trabajo inerte, bajo la forma de capital fijo o inversión. La generación (oferta) es importante, pero la utilización (demanda) es determinante.
A veces se olvida una verdad elemental: Para que el PIB total aumente, como parte fundamental de la oferta, se requiere que haya una demanda efectiva creciente, de manera tal que se pueda «cerrar» el circuito que lleva de la producción a la distribución y al consumo, con el «salto» que rompe el equilibrio y posibilita la reproducción ampliada. Pero debe tenerse en cuenta que en economía la igualdad o equilibrio de «tipo contable» es una ficción que facilita el análisis, pues en la realidad lo que existe es un desequilibrio permanente. En el caso de Colombia, entre los factores que explican la dificultad para que el PIB crezca de manera apreciable y sostenida se destaca, sin negar la existencia de otros, la disminución relativa de la demanda efectiva de los hogares, debido a que se agravan la concentración del ingreso y el empobrecimiento. Como puede verse en la nota ya citada del Boletín del Observatorio sobre desarrollo humano, el consumo de los hogares, como proporción de la demanda interna, disminuyó del 72% en 1990 al 61% en 2004 y respecto al PIB del 68% al 63% en el mismo lapso. En consecuencia, la solución para que la pérdida de dinamismo no se agudice hay que buscarla en la demanda, profundizando en los factores medulares de su ocurrencia. Pero hay que insistir en que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo humano, pues el desarrollo humano va más allá de lo económico; incluso más allá de la magnitud y la forma de distribuir el ingreso.
También durante el siglo 20 hubo un impresionante avance de la ciencia, tanto en las ciencias que tratan sobre el comportamiento de la naturaleza y las diversas formas de la vida, así como en los términos más específicos de las ciencias sociales y humanas. Pero a medida que la ciencias avanzaban y que el acerbo de bienes y servicios crecía a un ritmo muy superior al incremento de la población, dada la elevación de la productividad, mayor era la diferencia entre las personas. Diciéndolo de manera simple pero entendible, al tiempo que aumenta la riqueza social, mayor es la desigualdad en su disfrute. Esto no niega que las regiones y las personas pobres vivan hoy mejor que antes, pero no viven en las condiciones en que la sociedad moderna lo permite. Basta un par de cifras para comprobar lo anterior: hacia 1850 la diferencia en el ingreso per cápita entre los países ricos europeos y los países pobres africanos era de 5 a 1 vez; a finales del siglo 20 la diferencia oscilaba entre 75 a 95 veces a 1, según los países que se comparen, pues también ha aumentado la diferencia entre países ricos. Igual fenómeno ha ocurrido dentro de los países. En Colombia, como se vio más atrás, la diferencia entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre se ha elevado de 20 a 1 vez a mediados del siglo 20 a cifras entre 50 y más de 70 veces hacia finales del siglo 20 y principios del siglo 21, ahondándose la diferencia entre regiones y según niveles de educación.

Tal situación planteó a la comunidad académica la necesidad de redefinir la categoría de desarrollo y cómo aplicarla a la sociedad humana. En esta labor ha sido valioso el aporte del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-, que desde 1990 inició la publicación anual del Informe mundial sobre desarrollo humano, cuya preparación siempre se ha encargado a equipos independientes de científicos sociales con alta calidad académica y la más amplia experiencia. En su contenido se encuentran elementos conceptuales y análisis sobre la realidad mundial. El Informe abarca a casi todos los países del mundo y mide su nivel de desarrollo humano según un Índice combinado que cada día es utilizado más como punto de referencia para comparar a los países. Además, se han creado otros indicadores complejos que miden variables más cualitativas que cuantitativas.


El primer Informe, desde su página inicial, recalcaba que “trata sobre las personas y la forma como el desarrollo amplía sus oportunidades. Va más allá del crecimiento del PNB, los ingresos, la riqueza, la producción de artículos de consumo y la acumulación de capital”. Y a continuación señalaba que “Nadie puede garantizar la felicidad humana y las alternativas individuales son algo muy personal. Sin embargo, el proceso de desarrollo debe por lo menos crear un ambiente propicio para que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan desarrollar todos sus potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar una vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses”.
El desarrollo humano, según ese primer informe, también “tiene que ver con el uso de estas capacidades, ya sea en el trabajo, el descanso o las actividades políticas y culturales. Y si la escala del desarrollo humano no logra equilibrar la formación y utilización de las capacidades humanas, una buena parte del potencial de los individuos se verá frustrada. (…) La libertad es primordial para el desarrollo humano. Los individuos deben ser libres de ejercer sus opciones en mercados viables y debe dárseles la oportunidad de expresar sus opiniones para configurar su propia estructura política”. El Informe de 1992 insiste en que el “concepto de desarrollo humano no comienza a partir de un modelo predeterminado. Se inspira en las metas de largo plazo de una sociedad. Teje el desarrollo en torno a las personas, y no las personas en torno al desarrollo”.
En los Informes mundiales publicados hasta ahora se ha presentado la relación entre el desarrollo humano y aspectos específicos tales como su dimensión internacional, la redistribución de los recursos físicos, la participación popular y la seguridad de las personas, tanto en el hogar como en el empleo, la comunidad y el medio ambiente. También se ha presentado lo que implica la diferencia de género en el desarrollo humano, los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano y entre mercado y consumo en el marco de la globalización, las manifestaciones y consecuencias de la pobreza y la miseria, la importancia de los derechos humanos para garantizar a todos libertad, bienestar y dignidad, la necesidad de que los pobres tengan poder político para lograr un crecimiento más equitativo y la importancia de la ciencia y la tecnología para mejorar el potencial de las personas.
Para Colombia, el PNUD ha patrocinado la elaboración y publicación de tres Informes nacionales sobre desarrollo humano. El correspondiente a 2003, titulado Entender para cambiar las raíces locales del conflicto, analiza los efectos sobre el desarrollo humano del prolongado conflicto que vive la sociedad colombiana y explora sobre estrategias integrales de solución. En este sentido, el título del capítulo 6 da en el meollo: El desarrollo humano: salida del callejón. Desde hace varios años diversos analistas e investigadores sociales hemos insistido en que la salida es el desarrollo humano.9
3. FORMULACIÓN DE LAS METAS FUNDAMENTALES
Duplicar el ingreso real de los hogares significa, en términos generales y en la medición que hace el DANE, duplicar el PIB per cápita, lo que permitiría mejorar de manera apreciable las condiciones de vida. Hacerlo en un lapso de 15 años no es imposible; muchos países lo han logrado, incluso en menos tiempo.10 Pero para Colombia implica un gran esfuerzo, ya que su economía ha perdido la capacidad de crecer a un ritmo apreciable y sostenido durante lapsos largos. Así, para llegar a la conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá con el PIB per cápita duplicado (en la tabla No. 1 se considera un incremento un poco superior, 110% en los 15 años), y mejoradas las condiciones de vida de los hogares, se debe alcanzar un crecimiento del PIB total del 6,6% anual durante el período 2005-2019, si el incremento demográfico promedio baja al 1,4% anual. En términos generales, se espera que el PIB total pase de 256 billones de pesos en 2004 a 665 billones en 2019, en valores constantes de 2004. En adición a este incremento de la oferta de origen nacional, se espera que la oferta externa (importaciones) aumente a una tasa superior, el 7,4% anual, de casi 57 billones en 2004 a 166 billones en 2019, en pesos de 2004, dada la apertura comercial y la necesidad de mayores importaciones para aumentar la inversión en capital fijo. Para que los bienes de capital aumenten su proporción hasta el 40% del total, las compras de éstos en el exterior deben crecer al 9% anual. Para tener una idea del esfuerzo que debe hacerse para alcanzar las metas señaladas, puede recordarse que en los diez años transcurridos entre 1995 y 2004 la población creció al 1,8% anual, el PIB sólo lo hizo al 2,1% y las importaciones al 2,7%. (Los cambios observados durante el periodo 1995-2004 y esperados para 2005-2019 en la oferta y demanda finales pueden verse en la tabla No. 2).

Para lograr el crecimiento previsto de la oferta interna de bienes y servicios se requiere que la demanda crezca a tasas no vistas en las últimas décadas. Según nuestros cálculos, en el caso de la demanda externa se espera que las exportaciones crezcan a no menos del 9,5% anual, como resultado de una estrategia responsable y efectiva de inserción inteligente en la economía mundial, para convertirnos en un exportador neto de valor agregado y corregir lo ocurrido durante 1990-2004, cuando se acumuló una balanza comercial con el exterior desfavorable en casi US$ 12.000 millones.11 De mantener ese ritmo, pasarían de casi 49 billones en 2004 a 191 billones en 2019, en pesos de 2004. Si se desea que las exportaciones no tradicionales representen alrededor del 70% del total, deben aumentar a más del 11% anual.


Como complemento, la inversión total, o formación bruta de capital, debe incrementarse a no menos del 8% anual, con énfasis en infraestructura física y bienes de producción, para recuperar la proporción que su monto total tenía respecto al PIB, cerca del 25%, a principio de los años noventa; se espera que pase de más de 50 billones en 2004 a 160 billones en 2019, en pesos de 2004. Según nuestros cálculos, el aumento del consumo de la administración pública debe disminuir a sólo el 1,5% anual, dada la política de restricción del gasto, sin que ello se traduzca en disminución de los servicios ofrecidos por el Estado. Para ello será necesario que pase de casi 52 billones en 2004 a apenas 65 billones en 2019, en pesos de 2004, También para tener en cuenta el esfuerzo necesario, debe recordarse que durante los diez años transcurridos entre 1995 y 2004 las exportaciones crecieron al 4,6%, el gasto de la administración pública al 5,6% y la formación bruta de capital fijo disminuyó más bien al 0,4% anual.
Si se mantienen estos supuestos, el consumo de los hogares, componente fundamental de la demanda interna pues representa dos tercios de ella, debe incrementarse a no menos del 6,5% anual durante el lapso 2005-2019, o sea debe aumentar de 161,5 billones en 2004 a 415 billones en 2019, en pesos de 2004. Pero en Colombia este consumo está estancado en términos per cápita, como se vio con cifras de 1991-2004 más atrás. Como ya se mencionó, parte de la explicación de esta situación se encuentra en la alta concentración del ingreso, con los consiguientes elevados niveles de pobreza y miseria, lo que ha hecho que, en ciertos momentos, hasta dos tercios de los hogares tengan un consumo muy precario, con agudas insatisfacciones. En estas condiciones ni siquiera podría hablarse de economía de mercado y menos de una sociedad en donde sus ciudadanos disfrutan de libertad, precondición de la anhelada felicidad de la sociedad del futuro. La pobreza, y su manifestación extrema, la miseria, representan una silenciosa pero efectiva restricción moderna a la libertad.
Por tanto, lograr que el consumo de los hogares crezca al 6,5% anual durante 15 años es una verdadera proeza. Para pensar en ello se necesita una política estatal activa capaz de hacer que el ingreso disponible de las familias más pobres y de clase media crezca a mayor velocidad que el ingreso promedio, con el fin de que el Gini por ingresos baje del 0,6 en que está hoy a una cifra cercana a 0,4. Tal cambio debe llevarnos a un nivel de pobreza no superior al 40% de los hogares y a un incremento más equitativo de la demanda efectiva. La relación del ingreso entre los más ricos y los más pobres debe caer del alto nivel de ahora, a una cifra que oscile entre 15 y 20 veces a 1. Esta política debe contemplar medios para facilitar a las familias pobres una mejor utilización del capital físico que poseen y la valorización de su capital humano. Es decir, el crecimiento relativo del ingreso disponible de las familias según su condición socio-económica debe ser diferenciado; para las familias en miseria el ritmo de crecimiento debe ser muy superior al de las familias en pobreza y para éstas superior al de las familias acomodadas y ricas. Sólo es posible corregir situaciones de desigualdad con una distribución desigual, sin que ello signifique que las personas acomodadas y ricas se «empobrezcan».
Sólo si se cumplen estas metas, podría pensarse que al final de los quince años los 2,3 millones de hogares que en la actualidad viven en la miseria, si se considera un nivel de pobreza del 60% según ingresos y que un tercio de los hogares pobres estén en miseria, hayan perdido esta condición, o sea, se haya erradicado la miseria, pero el número de hogares en pobreza ascendería de 4,5 millones a 6,4 millones, con un aumento del 42%, muy similar al aumento total de los hogares. De esta manera, los hogares en pobreza representarían el 40% del total, si suponemos 16 millones de hogares para el 2019, esto es, un poco menos de cinco millones de hogares nuevos en los 15 años, con una población total de 55,8 millones de personas. Como se observa en la tabla No. 1 el número de hogares crece en mayor proporción que la población, 41% respecto a 25%, pues se considera que el número de personas por hogar disminuirá de cuatro en la actualidad a cerca de 3,5 hacia el final del período; esta disminución es favorable en cuanto se reducen las exigencias de los hogares en la mayoría de los rubros que componen su gasto habitual, pero como por otro lado la reducción se hace a costa de la pérdida de peso relativo de la niñez y la adolescencia en la población, con el consiguiente aumento de la proporción de los adultos, será necesario crear nuevos puestos de trabajo a un ritmo muy superior al del crecimiento de la población y mejorar y ampliar los sistemas de seguridad social, en especial para adultos mayores, pues también aumentará la expectativa de vida,
Otro obstáculo para lograr un crecimiento económico sostenido con desarrollo humano, es la alta concentración de la producción y centralización del capital. Se ha encontrado que la protección del pasado fue más una excusa de empresarios privilegiados que una estrategia de desarrollo, dados los resultados observados en los últimos lustros. Lo característico del siglo 20 fue la existencia de empresarios que no asumían el riesgo inherente a la inversión capitalista, o sea ganarse el favor de los consumidores con bienes y servicios de calidad y precios competitivos, pues preferían buscar por caminos recónditos el favor del funcionario o del político que manejaba el «paraguas protector» del Estado. La protección privilegiativa llevó a un sistema de compadrazgo con mercados cautivos, repartidos bajo modalidades de cártel, con precios «administrados» por los productores y distribuidores, a costa de unos consumidores desprotegidos con ingresos precarios.
Hoy se achaca el crecimiento de la pobreza a las «recomendaciones» del Fondo Monetario Internacional –FMI- o a la «receta neoliberal» del Consenso de Washington –CW-, pues siempre ha sido más fácil encontrar culpables afuera, externos, en lugar de buscar las causas reales de nuestra situación, que en su mayoría pueden ser de carácter interno. Sin desconocer la influencia perjudicial del FMI y del CW en algunos aspectos esenciales, la verdad es que hoy son los grandes empresarios, tanto colombianos como extranjeros, y los políticos corruptos, los beneficiarios de la política de apertura, de proyección al exterior y de privatización, como ayer lo fueron de la sustitución de importaciones, el aislamiento y las empresas estatales. En el caso colombiano, perjudicó más la apertura financiera en la primera parte de los años noventa que la apertura comercial, o sea fue más dañino el libre movimiento de capitales que el libre comercio, pues éste ha avanzado poco.
Mientras el llamado «neoliberalismo» plantea la necesidad de un sector privado moderno, competitivo, para lograr un crecimiento económico sostenido que genere empleo y mejore la calidad de vida, el gran capital nativo se mantiene en la tradición de antaño, con una estrategia de mercadeo obsoleta: ventas bajas con precios altos, para el reducido y exclusivo sector de la gente acomodada y rica. Pero la diversificación productiva y la ampliación del mercado interno son prerrequisitos de la internacionalización de la economía. La alternativa a la «receta neoliberal» del Consenso de Washington y a las «recomendaciones» del FMI no es el retorno al pasado. También hay que tener en cuenta que no existen modelos económicos de carácter universal; hay modos de desarrollo que cada país o sociedad «construye» con la mejor combinación posible de concepciones teóricas y acciones prácticas, de factores internos y externos. Lo que necesita cualquier sociedad moderna es mercado democrático y democracia competitiva, con base en lo que podría llamarse el pragmatismo dialéctico.
Ayer, como hoy, han sido los campesinos pobres, los asalariados, los pequeños empresarios y la clase media independiente los perjudicados, los perdedores. Sin temor a equivocaciones, puede decirse que los grandes empresarios, cualesquiera sea su nacionalidad, tanto en Colombia como en América Latina, han estado de espaldas a la sociedad, y si a veces se preocupan por el lento crecimiento económico, no han tenido en cuenta su efecto sobre el desarrollo humano; en verdad, se han beneficiado de un mercado cerrado, protegido, con bajos estándares de consumo pero altas tasas de ganancia, con perjuicio de los consumidores. El siglo de oro del capitalismo de compadrazgo, el siglo 20, se acabó, y ahora tienen que pensar en el siglo 21, que les exige competencia y democracia, lo que no hubo en el pasado y para lo cual no están preparados. Tales condiciones llevaron a un traslado oculto pero persistente del ingreso de los consumidores hacia los productores y distribuidores, concentrándose más el ingreso nacional.
Como «radiografía» de esa situación, el Gini en acciones supera en la mayoría de las grandes empresas el 0,9, lo que muestra altísima concentración, y los activos controlados por diez grandes grupos económicos equivalen al 50% del PIB.12 En la propiedad de la tierra rural también se encuentra una alta concentración; de acuerdo con datos citados por el rector de la Universidad Autónoma de Colombia, para el año 2000 las propiedades con menos 5 hectáreas tenían 2,5 millones de hectáreas y pertenecían a 2,6 millones de propietarios, mientras que las propiedades de más de 500 hectáreas tenían un área total de 13,4 millones de hectáreas pero pertenecían a sólo un poco más de 13.000 propietarios.13 Esto significa que la pequeñas propiedades tienen menos de una hectárea en promedio, mientras las grandes exceden de mil hectáreas; es decir, las grandes tienen mil veces más tierra que las pequeñas. Según otro estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- y la Corporación de Investigación Agropecuaria –Corpoica-, los grandes propietarios, apenas un poco más de 15.000 personas, poseen 47,1 millones de hectáreas, mientras los pequeños propietarios, más de 3,5 millones de personas, tienen 18,6 millones de hectáreas;14 si bien la relación es más baja que en el dato de Ossa Escobar, las propiedades grandes tienen, en promedio, 582 veces más tierra que las propiedades pequeñas, lo que sigue siendo muestra de una alta concentración. Tan aguda limitación a la competencia dificulta el crecimiento económico y concentra el ingreso, convirtiéndose en un círculo diabólico: a mayor concentración, menor demanda, y a menor demanda menos crecimiento económico, más desocupación y mayor pobreza. Por tanto, la democratización de la actividad económica, en especial del capital productivo con mejores oportunidades para la creación de empresas nuevas, tiene que convertirse en una política estatal activa.
En resumen, los supuestos básicos de los cuales se parte pueden verse reflejados en la tabla No. 1 adjunta, y son los siguientes: a) se considera que el crecimiento de la población será del 1,42% anual durante los 15 años, lo que supone que la tasa disminuirá de alrededor del 1,6-1,7% en que está en los primeros años del siglo al 1,20% para 2018-2019, lo que implica cambios sustanciales en la composición de la población por grupos de edades (la población colombiana ya empezó el proceso de «envejecimiento» que padece la población mundial) y en la configuración de los hogares; b) se considera que los hogares pasarán de un promedio de 4 personas en la actualidad a 3,5 al final del lapso; c) la población en condiciones de pobreza, según la medición por la denominada línea de pobreza, disminuirá del 60% al 40%, y el coeficiente Gini por ingreso también mejorará de 0,60 a 0,40, en especial por una política estatal activa de redistribución del ingreso; d) como efecto de lo anterior, y de un crecimiento económico de casi el 6,6% anual durante los 15 años, el PIB per cápìta se habrá algo más que duplicado, pero el consumo real de los hogares sólo habrá aumentado en un poco más de 80%, dado el mayor número de hogares; pero en razón de la disminución del número de miembros de los hogares, su consumo per cápita si podrá duplicarse.

Las tasas de crecimiento de los principales componentes de la oferta y la demanda finales observadas en el período 1995-2004, pueden verse en la tabla No. 2, teniendo en cuenta que las cifras conocidas de 2004 (hasta mayo de 2005) pueden ser modificadas por el DANE a medida que tenga mejor información, así como las esperadas para 2005-2019, con las explicaciones que se incorporan más adelante. Así mismo, en la tabla No. 3 pueden verse los cambios esperados para el mismo lapso en cuanto a empleo y desempleo. Se considera que la «población económicamente activa» -PEA- debe crecer a mayor ritmo que la población total (2,25% anual respecto a 1,42%), no sólo por el «envejecimiento» progresivo de la población sino porque es necesario disminuir la población inactiva para que baje la tasa de dependencia; hacia el final del período la relación debe ser de una persona inactiva por una persona activa, desde el punto de vista económico (50% de la PEA sobre la población total). Si se da este crecimiento de la PEA, la población ocupada debe crecer a un tasa del 2,81% anual, para disminuir el desempleo hacia 2019 a una cifra inferior al 5%, mejorando el empleo formal para que la tasa de informalidad, respecto a la población ocupada, baje de más del 30% en que está en 2004 al 10% para 2019, como era la situación al final de los años ochenta. Como resultado de todos los cambios esperados, la productividad podrá crecer a una tasa que oscile alrededor del 4% anual, lo que ha sido posible en muchos países; medida la productividad con dos indicadores: PIB (valor agregado) por persona económicamente activa y PIB (valor agregado) por persona ocupada.


La tabla No. 4 muestra que es posible mejorar el ingreso real de los asalariados y de otras modalidades de remuneración al trabajo, sin que se afecte el ingreso de los empresarios y otros tipos de capitalistas, siempre y cuando que la economía crezca a la tasa prevista. Como se insistió al inicio de este documento, el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para lograr un mejor-estar. De acuerdo con los cálculos presentados en esa tabla, es posible que los impuestos netos, es decir, menos subvenciones, aumenten al 2,5% anual durante 2005-2019, o sea un incremento mayor al del gasto de la administración pública (1,5% anual según la tabla No. 2), y que el «fondo de salarios» crezca a más del 7% anual, para un aumento real de la remuneración per cápita de la población con empleo formal de más del 2% anual, para que ascienda de 7,6 millones de pesos en 2004 a 10,4 millones en 2019. No obstante estas mejorías, el ingreso mixto (otras formas de remuneración, distintas a la ganancia empresarial) podría aumentar a casi el 4,7% anual y el excedente bruto de explotación (la típica ganancia capitalista) al 8% anual. Como es natural, la composición de la distribución primaria del ingreso (PIB) cambiaría hacia el final del período a favor de la remuneración a los asalariados y del excedente bruto de explotación, con perjuicio de la proporción que corresponde a los ingresos mixtos y a los impuestos menos subvenciones, pero se supone que el empleo informal debe disminuir, así como la parte que de la renta nacional se apropia el Estado.
Además de los objetivos analizados en los párrafos anteriores, que podríamos llamar macroeconómicos y macrosociales y que determinan lo fundamental del propósito nacional, deben fijarse otros objetivos más específicos, cuyo análisis y medición se hará a través de lo ocurrido en la estructura productiva, el balance de la oferta y la demanda totales y en los hogares. Para tal fin deben fijarse metas con la periodicidad más adecuada (mensuales, anuales, quinquenales, decenales) y encargarse su análisis y seguimiento a entidades o grupos de entidades que garanticen independencia y seriedad en su trabajo. Podrían ser, en primer lugar, las academias de ciencias y algunas universidades, en asocio con centros de investigación privados.
En el lapso 2005-2019 la producción material (agropecuaria, minera e industrial) debe diversificarse y tecnificarse al mismo tiempo, para elevar la productividad y tener una oferta exportable que satisfaga las necesidades del mercado mundial a precios y calidad competitivos. Mientras el PIB total debe crecer a no menos del 6,6% anual durante tres quinquenios, es deseable una recomposición por sectores. En el momento actual el sector primario (producción agropecuaria, incluida la pesca, y minera) representa el 18%, el secundario (industria, construcción y electricidad, gas y agua) el 23% y las actividades terciarias el 59%; si se desea que al final del periodo la producción primaria represente el 15%, debe crecer a más del 5%, cuando entre 1995 y 2004 lo hizo al 2,2%; si se quiere que la producción de transformación (sector secundario) represente el 35%, debe crecer a casi el 10% anual, cuando en los últimos diez años lo hizo al 0,8%; y si se propone que el sector terciario baje al 50% del PIB, debe crecer al 5,4%, cuando lo está haciendo al 2,6%. Pero como no sólo debe pensarse en las exportaciones, y hay que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los hogares, sobre todo en cuanto a bienes básicos como alimentos, vivienda, servicios públicos domiciliarios, muebles y enseres y otros similares, la oferta para el mercado interno también debe diversificarse y tecnificarse, lo que debe analizarse y medirse.
Como parte integral del propósito nacional debe formularse una política estatal activa de reindustrialización y desarrollo empresarial, junto con lo que ha venido llamándose la «agenda interna», o sea la serie de cambios que son indispensables para integrarnos con el menor traumatismo posible a la economía mundial. Entre estos cambios se encuentra la transformación del sistema financiero para que pueda ser capaz de otorgar crédito de mediano y largo plazo para proyectos productivos con tasas de interés asequibles; la modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y comunicaciones, en especial carreteras y puertos, tanto fluviales como marítimos y aéreos; mayor apoyo para la creación y aplicación científica y técnica con el propósito de elevar la competitividad regional e insertarnos en mejores condiciones en las cadenas mundiales de valor agregado, y estímulo para que avance la responsabilidad social empresarial y las prácticas de buen gobierno corporativo, entre los programas más mencionados.
Hoy no es suficiente producir bienes y servicios de cualquier manera; hay que producir bienes y servicios cuyos consumidores y usuarios «sientan» que les añaden valor y en el marco de cadenas mundiales en proceso de reestructuración global, con fuerte participación de países que están a punto de abandonar el llamado «tercer mundo» pues sufren transformaciones radicales como India, China, Brasil, Indonesia y Corea, algunos de la ex Unión Soviética y del desaparecido bloque socialista y otros similares. Si Colombia no se incorpora a esa reestructuración global, como lo proponen quienes siempre se han lucrado con facilidad de mercados cautivos gracias a la protección estatal, el precio económico, social y político que debe pagarse a mediano y largo plazo será mayor que el costo que hay que asumir ahora. Bajo la orientación del Estado, en especial del gobierno nacional, el país tiene que orientarse hacia una profunda reingeniería de su aparato productivo, buscando combinaciones de capital, trabajo y tecnología que permitan elevar la productividad y la competitividad para crear nuevos bienes y servicios y localizar nuevos mercados, tanto en el interior como en el exterior. Como muestra la tabla No. 3 es posible elevar la productividad a una tasa cercana al 4% anual.
La provisión de educación no sólo debe aumentar, para elevar la cobertura y la escolaridad media, sino mejorar su calidad de manera apreciable y cuantificable. Hay que llevar la cobertura de la educación básica (nueve grados) al 100% de la población menor a 18 años, como lo señala la Constitución, y lograr que la matrícula en la educación superior llegue al 50% de las personas entre 18 y 25 años. Hay que abrir la educación superior a los mayores de 25 años, sin prerrequisitos, bajo su autonomía y responsabilidad. Debe prestarse atención especial a la educación tecnológica, para mejorar la capacidad laboral, sin descuidar la formación humanística. No sólo hay que formar profesionales competentes sino también seres humanos integrales y ciudadanos honestos. La investigación científica debe formar parte de la política estatal de productividad y competitividad, con apreciable apoyo pecuniario, y hacer un gran esfuerzo para que quienes ingresen en estos 15 años a la educación superior avanzada (maestrías y doctorados) lo hagan en los mejores centros universitarios, ya sea en el país o en el exterior, y se conviertan en la generación que permitirá el «salto» cualitativo en la capacidad científica del país.
Así mismo será necesario mejorar el sistema de salud y controlar el efecto perjudicial que ejerce hoy la violencia y la criminalidad sobre la expectativa de vida, para que vuelva a crecer al ritmo de países con similar nivel de desarrollo. Mientras la diferencia en expectativa de vida entre hombres y mujeres oscila a nivel mundial entre 3 y 4 años a favor de las mujeres, en Colombia tal diferencia se acerca a 6 años, pues para las mujeres llega a casi 75 años, mientras los hombres apenas sobrepasan los 68 años. Hay que reducir de manera apreciable el déficit de vivienda y de servicios públicos domiciliarios, con metas que impliquen un esfuerzo significativo pero que sean factibles. En este campo hay que tener políticas audaces; por ejemplo, que empresarios privados, con sentido de responsabilidad social y ganancias razonables, construyan edificios de apartamentos pequeños que puedan arrendarse a familias muy pobres, y para cuyo pago mensual pueda asignarse un subsidio estatal, en sustitución del actual subsidio a la vivienda, difícil de realizarse pues los bancos hipotecarios no prestan a este segmento de la población. Se debe controlar la corrupción y el mal uso de los recursos estatales, imponiendo prácticas de buen gobierno que sean de fácil observación y medición, en especial a nivel de las entidades territoriales.
En resumen, no sólo deben proponerse cambios y mediciones objetivas sino también transformaciones subjetivas, más difíciles de medir, pero que tienen que ver con cambios en el modo de vivir de los seres humanos, en especial las personas más pobres. Así mismo, hay que perfeccionar la definición de nuevas categorías socio-económicas como calidad de vida, bienestar, libertad, felicidad y otras, y avanzar en la técnica para medirlas, aunque no sea en términos de exactitud aritmética. Hay que salir del culto excesivo a la objetividad y del desprecio por la subjetividad, pues los sentimientos y las percepciones también cuentan en la vida de las personas y de la sociedad.
* Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la Sociedad Colombiana de Economistas; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); profesor-investigador y director del Observatorio sobre desarrollo humano en Colombia de la Universidad Autónoma de Colombia; autor de 10 libros, 14 folletos y más de 200 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior; coautor en 18 libros.
Cualquier observación o complementación puede hacerse a través de los teléfonos (1) 352 99 93 o 334 02 28 o del correo electrónico: obdehumano@fuac.edu.co
Bogotá D. C. abril de 2004-agosto 2005








1 Julio Silva-Colmenares. Colombia 2019, Portafolio, viernes 4 de febrero de 2005, p. 30

2 Misión Economía y Humanismo. Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, Comité Nacional de Planeación, Bogotá, 1958, p. 28

3 Urrutia M. Miguel y Berry Albert. La distribución del ingreso en Colombia. La Carreta, Medellín, 1975. p.9

4 Documentos Nueva Frontera No. 64 (enero-febrero 1982). p. 3

5 González Borrero Jorge Iván, Ramírez Gómez Clara y Sarmiento Gómez Alfredo, Reflexiones en torno a la distribución del ingreso, el crecimiento y el gasto público, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p, 37 cuadro 3, con base en la Encuesta de Hogares del DANE.

6 Julio Silva-Colmenares. La Salida. Un nuevo modo de desarrollo humano para la paz. Ediciones Aurora, Bogotá, segunda edición 2002.

7 Para todos los cálculos y previsiones que se hacen en la tercera parte de este documento, se ha utilizado la información publicada hasta mayo de 2005 por el DANE y el DNP, sobre el comportamiento reciente de la economía colombiana, en especial todo lo relativo a la oferta y demanda totales. Los valores monetarios se presentan en pesos de 2004, es decir, no se tiene en cuenta ningún efecto de los precios en todo el lapso estudiado.

8 Julio Silva-Colmenares. Colombia: Consumo de los hogares y crecimiento económico. Boletín del Observatorio sobre desarrollo humano en Colombia (Universidad Autónoma de Colombia), No. 4, marzo-abril de 2005.

9 Véase, por ejemplo, el libro ya mencionado La Salida.

10 Un caso poco conocido es Irlanda, que a finales de los años ochenta tenía un PIB per cápita que equivalía a un poco más del 60% del promedio de la Unión Europea y hoy llega al 120%, al tiempo que el desempleo disminuyó de casi un 15% a menos del 4%; entre los factores que explican este cambio del hoy llamado «tigre celta», además de una acelerada integración a la economía mundial, puede mencionarse un crecimiento económico real del 6,4% anual durante el período 1991-2001. (Irlanda: Desafíos después de la pujanza, en Boletín del FMI, 31 de enero de 2005, pp. 6 y 7).

11 Según datos del Banco de la República, durante el período 1990-2004 las exportaciones de bienes totalizaron US$ 157.761 millones y las importaciones US$ 169.727 millones

12 Este problema puede verse con más detalle en Julio Silva-Colmenares, El gran capital en Colombia. Proyección al siglo XXI. Planeta. Bogotá, 2004

13 Ossa Escobar Carlos. Reforma agraria, justicia y paz. La República, 28 de julio de 2005, p, 2A


14 La tierra está en pocas manos. Portafolio, 19 de marzo de 2004, p. 8



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