• Estado es la legislación básica sobre una materia

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    COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS, CONCURRENTES, DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN


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    6. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS, CONCURRENTES, DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN

    6.1 Competencias exclusivas y compartidas.

    La distribución competencial recogida en los artículos 148 y 149, realiza un reparto de las competencias entre el Estado y a las CCAA y asimismo, prevé una cláusula residual de atribución de competencias (distintas de las enumeradas en el art. 149), al Estado o a la CCAA, en función de que hayan sido o no asumidas en sus Estatutos de Autonomía.

    Competencias exclusivas son aquellas en las que la totalidad de funciones (legislativa y ejecutiva) sobre una misma materia corresponden al mismo ente, ya sea el Estado o la CCAA. Las competencias exclusivas de las CCAA son asumidas en sus Estatutos en virtud de los art. 148, 149.3 o 150. Las competencias exclusivas del Estado, en principio, están recogidas en el art. 149. Pej. Defensa y Fuerzas Armadas, Relaciones Internacionales, Administración de Justicia.

    Sin embargo hay que tener en cuenta, en muchos de los puntos del art. 149, la reserva a favor del Estado, no se refieren a la totalidad de funciones (legislativa y ejecutiva) sobre una materia, sino solo a parte de ellas. Por lo tanto, en estos supuestos el Estado ya no sería titular de una competencia exclusiva sobre la totalidad de la materia, puesto que se admite que la CCAA asuma parte de las funciones referentes a esa competencia (pej. funciones ejecutivas). Cuando esto sucede se habla de competencias compartidas, con lo que se quiere indicar que la competencia sobre una materia está repartida entre el Estado y la CCAA. Así podemos distinguir dos casos:

    a) El Estado se reserva la legislación sobre una materia. En estos casos las CCAA pueden asumir competencias ejecutivas.

    b) El Estado se reserva la legislación básica. En estos casos las CCAA pueden asumir competencias ejecutivas y además competencias legislativas de desarrollo de las bases estatales.

    6.2 Competencias concurrentes.

    La realidad nos muestra que las materias enumeradas en los art. 148 y 149 están muchas veces interrelacionadas, de tal forma que se producen espacios comunes en los que coincidirían las competencias de ambos entes. Así pej. podría llegar a concurrir el ejercicio de la competencia del Estado en materia de puertos y el ejercicio de la competencia de la Comunidad Autónoma en materia urbanística. Los casos que se pueden dar en la realidad son múltiples. Asimismo, en la propia enumeración de los artículos 148 y 149 hay materias que se atribuyen a ambos entes, pej, sanidad, cultura o patrimonio monumental. En todos estos casos nos encontramos ante competencias concurrentes del Estado y de la CCAA sobre una misma materia, es decir, ambos entes tienen títulos competenciales distintos que les habilitan para regular una misma materia. A este respecto señalar que el art, 149.3, para solucionar estos supuestos, establece que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.

    6.3 Competencias de desarrollo.

    Como ya hemos señalado, la Constitución en ocasiones lo que reserva al Estado es la legislación básica sobre una materia (pej. Seguridad Social, régimen estatutario de los funcionarios públicos, medio ambiente, medios de comunicación etc.). En estos casos la CCAA podría asumir competencias de desarrollo de legislación básica y de ejecución.

    A este respecto señalar que el TC ha declarado reiteradamente que el término bases o normas básicas utilizado en numerosos puntos por el art. 149.1 nada tiene que ver con las leyes de bases, sino que se trata de una técnica mediante la cual la regulación final es el resultado de la actividad normativa compartida del Estado, que regula lo básico, y de la CCAA, que desarrolla tal regulación básica.


    Las bases constituyen un común denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del marco de competencias que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido sobre aquella misma materia. (STC 1/82)
    Por «principios», «bases» y «directrices» hay que entender los criterios generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica, que deben ser comunes a todo el Estado. Por ello, la mencionada idea posee un sentido positivo y otro negativo: el sentido positivo manifiesta los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, exigidos por la unidad del mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros; en sentido negativo, por la misma razón, constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, cuando, aun definiéndose éstas como exclusivas, la Constitución y el Estatuto las dejan así limitadas.(STC 25/83).
    Asimismo señalar que el TC ha declarado que la regulación básica, no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de la CCAA.
    Asimismo señalar que el TC ha declarado que las bases no tiene que estar necesariamente recogidas en leyes, sino que, como concepto material, pueden hallarse también en normas reglamentarias y actos de ejecución del Estado (STC 31/2010).
    6.4 Competencias de ejecución.
    Cuando la reserva a favor del Estado se refiere únicamente a la legislación general sobre una materia, las CCAA, mediante sus Estatutos podrán asumir competencias ejecutivas sobre la misma (pej. legislación sobre propiedad intelectual e industrial o sobre pesos y medidas).
    A este respecto señalar, que el TC ha declarado reiteradamente que cuando la CCAA tenga únicamente competencias ejecutivas sobre una materia, dicha competencia ejecutiva no incluye la potestad reglamentaria de desarrollo de la legislación estatal. En este caso la CCAA únicamente podrá dictar reglamentos referentes a la organización interna de los medios autonómicos para ejecutar dicha competencia. O dicho de otro modo, cuando el art. 149 reserva al Estado la legislación general de una materia, dicha reserva comprende tanto la potestad legislativa como la potestad reglamentaria (STC 31/2010).

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