• Tribunal Superior de Justicia
  • CCAA no disponen de un poder judicial propio
  • CCAA estarán dotadas de un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas
  • Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales
  • Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones y Negociados. Por lo que respecta a los Servicios Periféricos
  • Administración Consultiva

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    ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA


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    4. ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA

    4.1 Organización Politica.

    Uno de los contenidos más importantes de los Estatutos de Autonomías es, precisamente, la regulación de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma (art. 147.2.c CE). Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, la Constitución en su artículo 152, establece un esquema institucional básico al que han de atenerse los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas que se constituyeron por la “vía rápida”.

    Según este artículo 152 la organización institucional autonómica se basará en:

    Una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.

    Dicha Asamblea está constituida por una única cámara. Recibe diversas denominaciones en los distintos Estatutos, Parlamento, Junta, Cortes o Asamblea entre otras. La duración de la legislatura, en todos los casos es de 4 años. Sus funiones son semejantes a las realizadas por las Cortes Generales:

    Función legislativa: Ejerce la iniciativa legislativa y le corresponde la tramitación y en su caso aprobación de las leyes autonómicas.

    Función de control del Consejo de Gobierno: A través de distintos mecanismos como la investidura del Presidente, la moción de censura y la cuestión de confianza.

    Función presupuestaria: Aprueba los presupuestos de la CCAA.

    Otras funciones: Podrá remitir al congreso una proposición de ley, delegando ante dicha cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa. Interponer recursos de inconstitucionalidad, elegir a los Senadores autonómicos, a los miembros de los Tribunales de Cuentas autonómicos etc.

    Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas.

    Se compone del Presidente y los Consejeros. En algunos Estatutos se preve también la figura del Vicepresidente. Sus funiones son semejantes a las del Gobierno de la nación:

    Dirige la politica y administración de la CCAA, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (de desarrollo de las leyes autonómicas). Aprueba proyectos de ley y elabora los prepuestos de la CCAA. Asisimismo, algunos Estatutos preven la posibilidad de que los respectivos ejecutivos dicten Decretos Legislativos, en virtud de delegación acordada por la asamblea legislativa. En relación con los Decretos leyes, la generalidad de los Estatutos de Autonomía no ha recogido esta posibilidad. También puede interponer el recurso de inconstitucionalidad.

    Recibe distintas denominaciones, tales como Gobierno, Consejo Ejecutivo, Junta, Diputación General, Diputación Regional y Diputación Foral.

    Un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

    Además también le corresponde el nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Gobierno, disolver la asamblea legislativa (en aquellos casos en que así lo recoja el Estatuto de Autonomía) y plantear la cuestión de confianza.

    Un Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

    Sin embargo hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los poderes legislativo y ejecutivo, las CCAA no disponen de un poder judicial propio, dado que los Tribunales Superiores de Justicia, se integran dentro de la organización judicial estatal. En efecto la Constitución en su artículo 149.1.5 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia. A este respecto, el Tribunal Constitucional en sentencias 56 y 62/90 ha declarado que hay que distinguir entre lo que es la Administración de Justicia en sentido estricto (que consistente en la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) que es competencia exclusiva del Estado, y lo que es la administración de la Administración de Justicia que comprende los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento Administración de Justicia, que si puede ser asumida por las CCAA a través de sus respectivos Estatutos.

    Como ya avanzamos anteriormente, esta organización básica de las instituciones autonómicas, prevista para las CCAA de “vía rápida”, ha sido asumida por la totalidad de CCAA a través de sus Estatutos de Autonomía. La principal característica de esta organización institucional autonómica es su similitud con el modelo estatal. Se adopta por lo tanto, un modelo parlamentario, en el corresponde a la Asamblea elegir de entre sus miembros al Presidente, que debe contar con su confianza para seguir en el cargo. El presidente, a su vez designa y cesa libremente a los demás miembros del Consejo de Gobierno. Todos los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la asamblea que ejerce el control sobre la actividad ejecutiva.

    4.2. Organización Administrativa



    Como ya hemos señalado anteriormente, la Constitución parte de una estructuración de la administración en tres niveles Administración Estatal, Administración Autonómica y Administración Local.
    En relación con la administración autonómica la Constitución hace muy pocas referencias a la misma. Podemos encontrarlas pej. en el artículo 152.1 cuando habla de que las CCAA estarán dotadas de un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. En el art. 153.2 que establece que el control de la administración autonómica y sus normas reglamentarias, se ejercerá por la jusrisdicción contencioso administrativa. En el art. 154 establece que el delegado del Gobierno coordinará, cuando proceda, la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma con la Administración propia de la Comunidad.
    La Constitución ha dejado pues, un margen muy amplio de libertad a las CCAA para regular y estructurar su propia organización. En este sentido, las CCAA asumen toda una serie de competencias que requieren la existencia de una organización administrativa que pueda ejecutarlas. A grandes rasgos las dos opciones a que se ha enfrentado el legislador autonómico a la hora de configurar la administración autonómica son, por una parte configurar una administración autonómica amplia que pueda ejercer directamente las competencias asumidas por la CCAA, o bien, reforzar la Administración local para que sea ésta, la que ejerza (a través de las Diputaciones Provinciales) buena parte de las competencias asumidas. Así, en muchos Estatutos de autonomía se prevé la posibilidad de transferir y delegar funciones de las CCAA a las Entidades Locales.
    Sin embargo, la opción tomada por la mayoría de los legisladores autonómicos ha sido la primera, creándose un entramado administrativo que se caracteriza fundamentalmente por su semejanza con la administración pública estatal. Si bien cabe destacar los casos de País Vasco y Canarias, que por razones históricas y geográficas han delegado muchas competencias en los entes locales.
    Podemos clasificar los órganos de la administración activa autonómica en:
    Órganos constitucionales: Presidente y Consejeros de Gobierno.
    Órganos políticos no constitucionales: En general los Estatutos han creado las Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Algunos Estatutos también han creado la figura de los Viceconsejeros o Secretarios Generales, figuras equiparables a los Subsecretarios de la administración estatal.
    Órganos estrictamente administrativos: En general, existen las Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones y Negociados.
    Por lo que respecta a los Servicios Periféricos, suelen tener ámbito provincial o comarcal y puede tratarse de servicios dependientes de la correspondiente Consejería, o bien existir un único órgano desconcentrado que unifica todos los servicios periféricos.
    En cuanto a la Administración Consultiva y de participación: Se han creado Consejos Consultivos, que velan por la legalidad, emitiendo dictámenes con funciones similares al Consejo de Estado. Así, pej la Comisión Jurídica Asesora en Cataluña, o el Consejo Consultivo de Canarias. También se han creado órganos de participación. Pej, el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña en el que están representadas las organizaciones sindicales, empresariales y distintos sectores de la actividad económica como el sector agrario, marítimo pesquero y por último está compuesto también por expertos de reconocido prestigio. Este Consejo emite dictámenes preceptivos y vinculantes.
    Por último señalar que se han creado en muchas CCAA órganos equivalentes al Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Pej. el Sindic de Greuges en Cataluña, el Defensor del Pueblo Andaluz o el Ararteko vasco. La Sindicatura de Cuentas en Cataluña es un órgano que, respecto de la Generalitat Catalana, ejerce las mismas competencias que el Tribunal de Cuentas a nivel nacional.
    Por último señalar que, a título de ejemplo, en la Generalitat Catalana podemos distinguir:
    Departamentos
    La Administración de la Generalitat se estructura en departamentos o consejerías, que son las unidades en que se organiza el Gobierno. Cada unidad asume la responsabilidad de gestionar las materias que se le atribuyen.
    La Secretaría de Gobierno

    La Secretaría de Gobierno depende del Departamento de Presidencia. Ofrece asistencia técnica al Gobierno de la Generalitat.


    Las Secretarías Generales

    Cada departamento o consejería de la Generalitat tiene una secretaría general. El secretario general es la segunda autoridad del departamento y ostenta, por delegación, la representación del consejero en diversas materias y actividades. Es el responsable del departamento en los asuntos de gestión administrativa, económica y de contratación de personal.


    Las Secretarías Sectoriales

    Tienen rango orgánico de Secretaría General, pero están dedicadas a un ámbito material concreto que lo requiera por motivos de especificidad o complejidad técnica u organizativa. En aquellas funciones que no les hayan sido atribuidas dependen de la Secretaría General del departamento al cual pertenecen.


    Las Direcciones Generales

    Los departamentos se organizan en las direcciones generales imprescindibles que exijan los servicios especializados que se integren dentro de aquéllos.


    Los órganos Territoriales

    La Administración territorial de la Generalitat se basa en las delegaciones territoriales del Gobierno, al frente de cada una de las cuales hay un delegado. Representan al Gobierno en sus respectivas demarcaciones.




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