• De no alcanzarse el acuerdo

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    Si se alcanzare dicho acuerdo


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    Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación.
    De no alcanzarse el acuerdo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto que deberá ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia.(Art. 151 CE)
    Sin embargo, tener en cuenta que también podrán acceder a este procedimiento de “vía rápida" los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía. En este caso la iniciativa autonómica podrá adoptarse por sus órganos preautonómicos colegiados superiores por mayoría absoluta y habrán de comunicar al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el art. 151. (DT2ª). (Cataluña, País Vasco y Galicia).
    Por lo tanto la principal diferencia entre ambos procedimientos de acceso a la autonomía radica en que en el procedimiento de acceso a la autonomía plena por la vía rápida:
    1º La iniciativa autonómica deberá ser ratificada mediante referéndum (excepto en el caso de los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía).
    2º Será necesaria una mayoría de municipios mas amplia para poder instar la iniciativa autonómica dado que se requiere acuerdo favorable de ¾ partes de los municipios afectados.
    2º El proyecto de Estatuto de Autonomía deberá ser aprobado por referéndum del cuerpo electoral de las provincias afectadas.
    2.2 Estatutos de Autonomía.

    Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce y los ampara como parte de su ordenamiento jurídico.


    Los Estatutos de autonomía deberán contener:
    La denominación de la Comunidad.
    La delimitación de su territorio.
    La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
    Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
    La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica (art. 147 CE).
    Las principales características de los Estatutos de Autonomía, según se desprende de la doctrina del TC son las siguientes:


    1. La primera de ellas es la necesaria confluencia de diferentes voluntades en su procedimiento de elaboración, rasgo que es más nítido en las sucesivas reformas de un Estatuto que en su aprobación inicial, pues la Constitución puso fin a un Estado políticamente centralizado en el que no existían aún Asambleas Legislativas autonómicas en sentido estricto. En todo caso, la reforma de los Estatutos ya vigentes se realiza mediante un procedimiento complejo, que exige la intervención sucesiva de la Asamblea Legislativa autonómica y de las Cortes Generales, aprobando éstas el Estatuto mediante Ley Orgánica (art. 81.1 CE), con sometimiento a referéndum, en su caso. (STC 247/07)




    1. Los Estatutos de Autonomía son normas autonómicas, pero también son normas estatales subordinadas a la Constitución. La aprobación de los Estatutos por las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional determina que aquéllos sean, además de la norma institucional básica de la correspondiente Comunidad Autónoma, normas del Estado, subordinadas como las restantes normas del Ordenamiento jurídico, a la Constitución, norma suprema de nuestro Estado Autonómico (art. 9.1 CE). Se consagra así, el principio de supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico, del que los Estatutos de Autonomía forman parte como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 de la Constitución). Ello supone, entre otras posibles consecuencias, que el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución (STC 18/1982). El único parámetro para enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Estatuto de Autonomía es la propia Constitución; esto es, la constitucionalidad de un precepto estatutario sólo puede enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la Norma Fundamental.





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