• Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma, cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia

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    LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS


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    2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    El art. 143.1 de la CE establece que “En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”.


    Asimismo el artículo 144 establece que “Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica podrán por motivos de interés nacional:
    a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma, cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1º del artículo 143 (pej. CCAA de Madrid).
    b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial (pej. Estatutos Autonomía de Ceuta y Melilla).
    De la regulación contenida en el título VIII de la Constitución, se desprende que las Comunidades Autónomas son entes territoriales con capacidad de autogobierno, potestad legislativa propia, organización administrativa propia y autonomía financiera (en coordinación con la Hacienda Estatal y con solidaridad respecto a las demás Comunidades Autónomas).
    Asimismo cabe destacar, que la Constitución no ha determinado que territorios se deben constituirse en CCAA, ni que competencias deben asumir, dejando la iniciativa de este proceso a los propios territorios, como veremos posteriormente. De este modo, el acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece regulado en la Constitución de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el régimen autonómico se adecue en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. Principio dispositivo que alcanza a materias como la denominación a adoptar (que podrá acomodarse a la tradición histórica), el procedimiento de acceso a la autonomía, (que presenta diversas modalidades), las competencias a asumir (como resulta de los artículos 148 y 149), y las instituciones de los entes autonómicos, todo ello siempre dentro de los límites que la Constitución señala. Como consecuencia, y en virtud de las disposiciones constitucionales, el acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas y se ha configurado en formas muy distintas de un caso a otro (STC 16/1984).
    2.1 Formación de las Comunidades Autónomas.
    La Constitución prevé distintos procedimientos para acceder a la autonomía, siendo la única diferencia entre los mismos, la rapidez de acceso a la totalidad de competencias constitucionalmente posibles. En efecto, las Comunidades Autónomas que constituyan por la “vía lenta” solo podrán asumir inicialmente en sus Estatutos las competencias reconocidas en el art. 148 CE. Transcurridos 5 años y mediante reforma de sus Estatutos podrán ampliar sucesivamente sus competencias a cualesquiera otras materias que no sean las que enumera el art. 149 CE como competencias exclusivas del Estado. (Art. 148.2 CE).
    Las Comunidades Autónomas que se constituyan por la “vía rápida” no necesitarán esperar estos 5 años y podrán asumir inicialmente en sus Estatutos todas las competencias enumeradas en el art. 148 CE y cualesquiera otras materias que no sean las que enumera el art. 149 como competencias exclusivas del Estado. (Art. 151 y DT2ª CE).
    Comunidades autónomas de “vía lenta”:
    La iniciativa del proceso Autonómico debe ser acordada por:
    - las Diputaciones interesadas o los órganos interinsulares correspondientes
    - y las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla (art. 143 CE).
    Una vez acordada la iniciativa autonómica, el proyecto de Estatuto de autonomía será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley (art. 146 CE).
    Comunidades de vía rápida:
    La iniciativa del proceso autonómico debe ser acordada por:
    - las Diputaciones interesadas o los órganos interinsulares correspondientes,
    - y además por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
    Dicha iniciativa autonómica, deberá ser ratificada mediante referéndum aprobado por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Una vez ratificada la iniciativa autonómica, se procede a la elaboración del Estatuto de autonomía con arreglo al siguiente procedimiento:
    1º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
    2º Aprobado el proyecto de Estatuto de Autonomía, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para establecer de común acuerdo su formulación definitiva.

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