• La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado
  • El principio de solidaridad
  • El principio de libre circulación

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    RELACIONES DE COOPERACION Y COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES


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    7. RELACIONES DE COOPERACION Y COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES.

    1. EL ESTADO ESPAÑOL COMO ESTADO COMPUESTO

    El Estado Español ha sido calificado por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias como de Estado compuesto. Con ello, se hace referencia al particular diseño que realiza la constitución de la distribución de competencias entre los diversos entes territoriales configurados constitucionalmente.


    Según ha recogido el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, la Constitución prefigura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel que son fundamentalmente el Estado, titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y las provincias y municipios, dotadas de autonomía administrativa de distinto ámbito (STC 32/1981).
    De este modo, la Constitución ha instaurado un Estado complejo, en el que el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las instituciones generales del Estado como a las Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política que son expresión del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española (STC 119/1992).
    A este respecto señalar que La CE en su artículo 1.2 establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado” Asimismo en su artículo 2 establece que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
    De este modo, según el Tribunal Constitucional, la estructuración del poder del Estado se basa en el principio de unidad, fundamento de la propia Constitución, y en los de autonomía y solidaridad. La Constitución parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce así en una organización -el Estado- para todo el territorio nacional. Pero los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad del poder público, porque la Constitución prevé, con arreglo a una distribución vertical de poderes, la participación en el ejercicio del poder de entidades territoriales de distinto rango, tal como se expresa en el art. 137 de la Constitución al decir que "el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
    El precepto transcrito refleja una concepción amplia y compleja del Estado, compuesto por una pluralidad de organizaciones de carácter territorial dotadas de autonomía. Resulta así necesario delimitar cuál es el ámbito del principio de autonomía.
    Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.
    Como principales límites a la autonomía podemos citar los siguientes:
    1º) El principio de solidaridad reconocido en el art. 138.1 que establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

    2º) El principio de igualdad reconocido en el 138.2 que establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y por el art. 139.1 que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

    3º) El principio de libre circulación recogido en el art. 139.2 que establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

    Asimismo señalar que el art. 137 de la Constitución delimita el ámbito de estos poderes autonómicos circunscribiéndolos a la gestión de sus respectivos intereses, lo que exige que se dote a cada ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo. Este poder para la gestión de sus respectivos intereses se ejerce -por lo demás- en el marco del Ordenamiento. Es la Ley, en definitiva, la que concreta el principio de autonomía de cada tipo de entes, de acuerdo con la Constitución. (STC 247/2007)


    El Tribunal Constitucional ha insistido, por tanto, en que el sistema constitucional descansa en la adecuada integración del principio de autonomía en el principio de unidad, que lo engloba. De ahí que el Estado Español sea un Estado políticamente descentralizado, como consecuencia del referido engarce entre aquellos dos principios. Así, al consagrar la Constitución como fundamentos, de una parte el principio de unidad indisoluble de la Nación española y, de la otra, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, determina implícitamente la forma compuesta del Estado en congruencia con la cual han de interpretarse todos los preceptos constitucionales" (STC 35/1982).

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