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    Tribunal contencioso administrativo del huila


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    República de Colombia
    Rama Judicial

    TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


    Sala Segunda de Decisión

    M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida


    Neiva, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010).

    Demandante: JOSE WILLIAM SANCHEZ SANCHEZ


    Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

    Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

    Providencia: Sentencia

    Radicación: 41 001 23 31 002 1999 01370 01


    Aprobada en Acta de la fecha No. 122.

    1.- DEMANDA.
    A través de apoderado judicial y ejerciendo la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, el señor JOSE WILLIAM SANCHEZ SANCHEZ solicita al Tribunal, que previo al trámite de un proceso ordinario laboral en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
    Se declare la nulidad del acto administrativo de Julio de 1999 por la cual se declaró insubsistente al demandante en el cargo de Director de Establecimiento Carcelario, código 2220, grado 12 de la cárcel del Distrito Judicial de Neiva, proferida por el Director General del INPEC, la cual fue notificada mediante oficio de 7 de Julio de 1999.
    Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al INPEC reintegrar al demandante en el mismo cargo que ocupaba o en otro de igual o superior categoría, pagar todos los sueldos y demás factores salariales, reliquidación de emolumentos dejados de reconocer y pagar, primas, subsidios, indemnizaciones a que haya lugar, vacaciones y todas las demás prestaciones que hubiere dejado de percibir, junto con los que hayan podido producirse desde la fecha en que fue desvinculado del servicio y hasta cuando sea efectivamente reintegrado.
    Que se condene al INPEC a pagar a favor del demandante todos los perjuicios morales que se le ocasionaron, en una suma equivalente a 1000 gramos oro puro fino, como mínimo, según certificación que para el efecto expida el Banco de la República, teniendo en cuenta el traumatismo psicológico – individual y familiar generados por la desvinculación intempestiva, abrupta e ilegal de que fue objeto.
    Que para todos los efectos legales y especialmente para los relacionados con el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, no ha habido solución de continuidad en los servicios prestados al INPEC desde la fecha en que fue separado de su cargo hasta aquella en que sea efectivamente reintegrado.
    Que a la condena a que se refiere la pretensión segunda, se le aplique la indexación conforme a los criterios señalados en la jurisdicción contenciosa administrativa, desde el momento en que debían sufragarse y hasta cuando se efectúe el pago o en su defecto empleando otra fórmula que resulte más favorable a los intereses del demandante.
    Que se condene a la entidad demandada al pago de todas las costas incluyendo las agencias en derecho y la condena impuesta se cumpla en los términos a que se refieren los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

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    Magistrado de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia

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