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Acuerdo en Materia de Reconocimiento o Revalidación de Certificados de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos, Entre Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino De España

Texto original.

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 27 de diciembre de 1991.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Carlos Salinas De Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, se firmó en la ciudad de Madrid, España, el día diez del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y cinco, el Acuerdo en Materia de Reconocimiento o Revalidación de Certificados de Escudos, Títulos, Diplomas y Grados Académicos, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

El anterior Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día treinta y uno del mes de octubre del año de mil novecientos ochenta y cinco, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día doce del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y cinco.

El intercambio de Instrumentos de Ratificación previstos en el Acuerdo, se efectuó en la ciudad de Madrid, el día siete del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y uno.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana.- Rúbrica.

El c. Lic. Sergio Gonzalez Galvez, Subsecretario de Relaciones Exteriores, certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo en materia de Reconocimiento o Revalidación de Certificados de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Madrid, España, el día diez del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y cinco, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

Decreto Promulgatorio del Acuerdo En Materia De Reconocimiento O Revalidación De Certificados De Estudios, Títulos, Diplomas Y Grados Académicos, Entre Los Estados Unidos Mexicanos Y El Reino De España

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España,

Con el propósito de consolidar las relaciones culturales y educativas entre ambos países.

De conformidad con el Artículo II del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa suscrito en Madrid el 14 de octubre de 1977,

Dado que compete al Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España el reconocimiento o revalidación de estudios y títulos académicos extranjeros correspondiente a los diversos niveles de enseñanza.

Dado que con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos y 61, 62, 63, 65 fracción I y 67 de la Ley Federal de Educación, corresponde a la Secretaría de Educación Pública revalidar estudios impartidos en establecimientos que no forman parte del sistema educativo nacional, así como promover un sistema internacional recíproco de validez oficial de estudios,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1o. Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por reconocimiento o revalidación el otorgamiento de validez oficial por uno de los Estados contratantes a los estudios que tengan validez oficial en el sistema educativo del otro Estado, así como a los certificados, títulos, diplomas y grados académicos que acrediten dichos estudios conforme a los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 2o. El reconocimiento o revalidación de los estudios, certificados, títulos, diplomas y grados académicos del artículo anterior se referirá a los que se especifican en el Anexo 1 de este Acuerdo y se realizará de acuerdo con las bases del Anexo 2.

ARTICULO 3o. Los estudios totales acreditados por certificados, títulos, diplomas y grados obtenidos en uno de los Estados serán reconocidos en el otro previa declaración de equivalencia y exclusivamente a los efectos académicos.

Las equivalencias de estudios se establecerán teniendo en cuenta su duración, contenido y objetivos de aprendizaje.

ARTICULO 4o. El reconocimiento de los estudios parciales o formación no concluida de un tipo, grado, nivel o modalidad de estudios acreditado por un certificado, título, diploma o grado académico, se llevará a efecto sobre la base de los cursos o materias superados y se realizará de acuerdo con el sistema educativo y ordenamientos del Estado receptor.

ARTICULO 5o. Los estados signatarios de este Acuerdo convienen en aceptar los mecanismos necesarios para el establecimiento de las tablas o cuadros de equivalencia entre títulos, diplomas y grados académicos de cada Estado en relación con los del otro.

Las tablas o cuadros de equivalencias serán objeto de estudio y actualización periódica para lo cual las Partes establecerán un sistema uniforme de intercambio de información de los sistemas educativos y planes enseñanza.

ARTICULO 6o. Para el reconocimiento de los estudios acreditados por los certificados, títulos, diplomas o grados expresados en los artículos anteriores, se requerirá la presentación del documento oficial: certificado, título, diploma o grado académico acreditativo de los estudios.

La documentación que se presente deberá estar debidamente legalizada por las autoridades del Estado emisor y representación diplomática del país de destino.

ARTICULO 7o. Para facilitar la aplicación del presente Acuerdo o sugerir, en su caso, las reformas a que hubiere lugar, las Partes acudirán a la Comisión Mixta establecida en el artículo IX del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España el 14 de octubre de 1977.

ARTICULO 8o. El presente Acuerdo tendrá una duración de tres años y se entenderá tácitamente prorrogado por periodos iguales siempre que cualquiera de las Partes no lo denuncie por escrito cuando menos con seis meses de anticipación, al término de su vencimiento.

ARTICULO 9o. El presente Acuerdo sustituye al Tratado firmado en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1904.

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en la cual ambas Partes hayan intercambiado por vía diplomática los instrumentos de ratificación relativos al cumplimiento de los respectivos procedimientos internos previstos al respecto.

Dado en Madrid, el 10 de junio de 1985, en dos ejemplares igualmente válidos.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Bernardo Sepúlveda.- Rúbrica.- Por el Gobierno de España, Fernando Morán.- Rúbrica.

El Reconocimiento o Revalidación comprenderá las modalidades de enseñanza, niveles educativos y titulaciones o grados, que se especifican a continuación:

ESPAÑA MEXICO

Etapa de formación inicial

EDAD EDUCACION EDUCACION

OBLIGATORIA GENERAL PRIMARIA

BASICA


(6 Años 1er. Nivel) 1er. Grado

(7 Años 2do. Nivel) Ciclo Inicial 2do. Grado

( )

(8 Años 3er. Nivel) 3er. Grado



(9 Años 4o. Nivel) Ciclo Medio 4o. Grado

(10 Años 5o. Nivel) 5o. Grado

( )

(11 Años 6o. Nivel) 6o. Grado



( )

EGB ( )


( )

( )


ETAPA DE ENSEÑANZAS MEDIAS

( )


( ) EDUCACION

( ) SECUNDARIA

( )

(12 Años 7o. Nivel) 1er. Grado



(13 Años 8o. Nivel) Título de Graduado 2o. Grado

Escolar o Título de

Escolaridad

BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE

(14 Años 1er. Año) 3er. Grado

( )


BUP ( ) BACHILLERATO O

( ) PREPARATORIA

( )

(15 Años 2o. Año) 1er. Año



(16 Años 3er. Año) 2do. Año

COU 17 Años Curso de Orientación

Universitaria 3er. Año

A.- En el Reino de España el sistema de enseñanza comprende las siguientes etapas:

- De Formación Inicial: EDUCACION GENERAL

BASICA. Duración:8 años.

- De Enseñanzas Medias: A.- BACHILLERATO UNIFICADO

POLIVALENTE

Duración: tres años.

CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA.

Duración: un año.

B.- FORMACION PROFESIONAL

- Primer Grado: dos años.

- Segundo Grado: tres años.

- De Enseñanza Superior o Universitaria:

PRIMER CICLO: de disciplinas básicas o específicas: tres años.

SEGUNDO CICLO: de especialización: dos o tres años.

TERCER CICLO: de Especialización concreta en investigación y docencia: dos años.

A la superación del primer ciclo se obtiene en su caso, el título de Diplomado. Superado el segundo ciclo se obtiene el título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero y al finalizar el tercer ciclo se obtiene el título de Doctor.

B.- En los Estados Unidos Mexicanos el sistema de enseñanza comprende las siguientes etapas:

- El Tipo Elemental: PRIMARIA. Duración: seis años

- El Tipo Medio: A.- Media propedéutica

Secundaria: Duración: tres años

Bachillerato: Duración: tres años

B.- Media terminal

Secundaria. Duración: tres años.

Técnico profesional. Duración: tres o cuatro años.

- El Tipo Superior: Licenciatura.

Duración: cuatro a cinco años.

Especialización.

Duración: uno o tres años.

Maestría.

Duración: uno a dos años.

Doctorado.

Duración: uno a dos años.

A la superación de la Licenciatura se obtiene el título de Licenciado. Superada la especialización se obtiene el diploma correspondiente. Al finalizar la maestría y el doctorado se obtiene el grado respectivo.

II

A.- En el Reino de España serán reconocidos los estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato o Preparatoria, realizados en los Estados Unidos Mexicanos y acreditados con documentos oficiales debidamente legalizados, de acuerdo con los niveles correspondientes que se especifican en el Anexo I.



B.- En los Estados Unidos Mexicanos serán revalidados los estudios de Educación General Básica, Bachilleratos Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria realizados en el Reino de España y acreditados con documentos oficiales debidamente legalizados de acuerdo con los niveles correspondientes que se especifican en el Anexo I.

III


Los estudios, títulos, diplomas y grados correspondientes a Enseñanzas Medias que no se especifican en los niveles descritos en el Anexo I, serán reconocidos o revalidados por las Partes, de acuerdo con las disposiciones generales que regulen la materia en el Estado receptor.

IV

Los títulos, diplomas y grados correspondientes a la Enseñanza Superior o Universitaria serán reconocidos o revalidados de acuerdo con las tablas de equivalencias que se establezcan de común acuerdo. A este fin, ambas Partes se intercambiarán información sobre planes de estudios en los distintos niveles y especialidades.



La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo en materia de Reconocimiento o Revalidación de Certificados de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos, entre los estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Madrid, España, el día diez del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y cinco.

Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y uno, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Rúbrica.

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades en la Organización en los Estados Unidos Mexicanos

Texto original.

Acuerdo publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 5 de julio de 1994.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Carlos Salinas de Gortari, presidente de los estados unidos mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, se firmó en la ciudad de París, el día catorce del mes de abril del año de mil novecientos noventa y cuatro, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización en los Estados Unidos Mexicanos, cuya traducción al idioma español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día diez del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y cuatro, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día trece del propio mes y año.

La notificación a que se refiere el Artículo 22 del referido Acuerdo se depositó, ante el Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el día dieciocho del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y cuatro.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello.- Rúbrica.

El embajador Andres Rozental, subsecretario "a" de relaciones exteriores,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra traducción al idioma español del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en París, el día catorce del mes de abril del año de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo texto y forma son los siguientes:

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades en la Organización en los Estados Unidos Mexicanos

El gobierno de los estados unidos mexicanos y

La organización de cooperación y desarrollo económicos

Considerando que los Estados Unidos Mexicanos (en adelante llamados México) han sido invitados para adherirse a la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos de 14 de diciembre de 1960; y

Considerando el Protocolo Adicional No. 2 a la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, particularmente a su párrafo (d);

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTICULO 1

DEFINICIONES

Para los propósitos de este Acuerdo:

México comprende todo el territorio de México de conformidad con el derecho nacional e internacional;

Organización significa la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos;

Representantes debe considerarse que incluye a todos los delegados, alternos, asesores, expertos técnicos y secretarios de delegación;

Funcionarios serán las categorías de funcionarios a las cuales los preceptos de este acuerdo se aplican como está especificado por el Secretario General y sometido al Consejo de la Organización. Los nombres de los funcionarios incluidos en estas categorías serán hechas del conocimiento de México de tiempo en tiempo.

Miembros significa los países que son miembros de la Organización.

Participantes No Miembros significa países u organizaciones internacionales que han recibido una invitación por la Organización para participar en una reunión convenida por la Organización.

Articulo 2

Personalidad juridica

La Organización tendrá personalidad jurídica. Estará capacitada para:

(i) contratar;

(ii) adquirir y disponer de propiedades y muebles; y

(iii) entablar procedimientos judiciales.

Articulo 3

Bienes, fondos y haberes

La Organización, así como sus bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.

Articulo 4

Locales


Los locales de la Organización serán inviolables. Los haberes y bienes de la Organización, donde quiera que se encuentren y en poder de quien quiera que sea gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y contra toda forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

Articulo 5

Archivos

Los archivos de la Organización y en general todos los documentos que le pertenezcan o estén en su posesión, serán inviolables donde quiera que se encuentren.

Articulo 6

Divisas


Sin verse afectadas por controles fiscales, reglamentos o moratoria de naturaleza alguna:

(i) la Organización podrá tener divisas de cualquier clase y operar cuentas en cualquier divisa; y

(ii) la Organización tendrá libertad para transferir sus fondos de México a otro país o dentro de México y para convertir a cualquier otra divisa, la divisa corriente que tenga en custodia, a una tasa no menos favorable que la acordada entre México y cualquier otro gobierno u organización internacional.

Articulo 7

Exenciones A Bienes, Ingresos Y Otros Haberes

La Organización, así como sus bienes, ingresos y otros haberes estarán:

(i) exentos de toda contribución directa; entendiéndose, sin embargo, que la Organización no podrá reclamar exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho, constituyan una remuneración por servicios públicos;

(ii) exentos de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos que importen o exporten para su uso oficial. Se entiende, sin embargo, que los artículos que se importen libres de derechos no se venderán en México, sino conforme a las condiciones que se acuerden con el Gobierno de México;

(iii) exentos de derechos de aduanas, prohibiciones y restricciones respecto a la importación y exportación de sus publicaciones.

Articulo 8

Venta de bienes

Si bien la Organización por regla general no reclamará exención de derechos al consumo o impuesto a la venta sobre muebles e inmuebles, que estén incluidos en el precio a pagar, cuando la Organización efectúe compras importantes de bienes destinados a uso oficial, sobre los cuales ya se haya pagado o se deba pagar tales derechos o impuestos, el Gobierno de México tomará, cuando sea posible, las disposiciones administrativas del caso para la devolución o remisión de la cantidad correspondiente al derecho o impuesto.

Articulo 9

Facilidades de comunicacion

La Organización gozará en el territorio de México, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades de comunicación no menos favorables que aquéllas acordadas por el Gobierno de México a cualquier otro gobierno, inclusive las misiones diplomáticas, sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, teléfonos y otras comunicaciones, como también tarifas de prensa para material de información destinado a la prensa y radio.

Articulo 10

Censura

Ninguna censura será aplicada a la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la Organización.



Articulo 11

Representantes de los miembros y de los participantes no miembros

Se acordará para los representantes de los Miembros y de los Participantes No Miembros acreditados ante la Organización o ante las conferencias internacionales convocadas por la misma, mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones o se encuentren en tránsito al lugar de reunión y a su regreso, los siguientes privilegios e inmunidades:

(i) inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal;

(ii) inmunidad contra juicio u otro proceso legal;

(iii) inviolabilidad de todo papel o documento;

(iv) exención con respecto a ellos y a sus esposos(as) de toda restricción de inmigración y registro de extranjero y de todo servicio de carácter nacional;

(v) las mismas franquicias acordadas a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal;

(vi) aquellos otros privilegios e inmunidades no mencionadas en los subincisos anteriores de este Artículo de los cuales gozan los enviados diplomáticos de rango equivalente, con excepción de que no podrán reclamar exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas o exportadas, que no sean parte de su equipaje personal, o de impuestos de venta y derechos de consumo.

Articulo 12

Libertad de palabra e independencia

A fin de garantizar a los representantes de los Miembros y Participantes No Miembros en los organismos de la Organización y en las conferencias convocadas por la misma, la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus funciones, la inmunidad de procedimiento judicial, respecto de expresiones, ya sean orales o escritas y todos los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones, seguirán siendo acordadas a pesar de que las personas afectadas ya no sean representantes de los Miembros o de los Participantes No Miembros.

Articulo 13

Representantes mexicanos

Las disposiciones del Artículo 11 no son aplicables a representantes de México o a un ciudadano mexicano.

Articulo 14

Alcance de los privilegios e inmunidades

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los representantes de los Miembros y de los Participantes No Miembros no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con la Organización. Consecuentemente, un Miembro o Participante No Miembro podrá renunciar a la inmunidad de su representante en cualquier caso en el que, en opinión del Miembro o del Participante No Miembro, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudique el propósito por el cual la inmunidad es acordada.

Articulo 15

Funciones

Los funcionarios de la Organización gozarán de los privilegios e inmunidades siguientes:

(i) estarán inmunes contra todo proceso judicial respecto de todos los actos ejecutados en su carácter oficial; seguirán siendo inmunes después de la terminación de sus funciones como funcionarios de la Organización;

(ii) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;

(iii) estarán inmunes, tanto ellos como su esposa(o) y dependientes familiares, de toda restricción de inmigración y de registro de extranjeros;

(iv) se les acordará por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas;

(v) se les dará a ellos y a sus esposas(os) y dependientes familiares, las mismas facilidades de repatriación en época de crisis internacional de que gozan los agentes diplomáticos;

(vi) tendrán derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en el que ocupen por vez primera su cargo en México.

Articulo 16

El secretario general de la organización

Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en el Artículo 15 de este Acuerdo, se acordará al Secretario General de la Organización, a su esposa(o) e hijos menores de 18 años los privilegios e inmunidades que se otorgan a los jefes de misión diplomática, a sus esposas(os) e hijos menores, de acuerdo con el derecho internacional. El Secretario General Adjunto y los Asistentes de Secretario General de la Organización, sus esposas(os) e hijos menores de 18 años, gozarán de los privilegios e inmunidades acordados a los representantes diplomáticos de rango equivalente, a sus esposas(os) e hijos menores.

Articulo 17

Peritos que formen parte de misiones de la organización

A los peritos (aparte de los funcionarios) en el desempeño de misiones de la Organización, se les otorgará en el ejercicio de sus funciones y durante el periodo de tránsito hacia el lugar de desempeño y a su regreso, los siguientes privilegios e inmunidades:

(i) inmunidad contra arresto y detención y contra el embargo de su equipaje personal;

(ii) inmunidad contra toda acción judicial respecto a los actos realizados en el cumplimiento de su misión; esta inmunidad continuará después de concluida la misión;

(iii) inviolabilidad de todo papel y documento;

(iv) a fin de comunicarse con la Organización, el derecho a usar claves y de enviar y recibir correspondencia y otros papeles y documentos.

(v) en lo que respecta a moneda o regulaciones de cambio, las mismas facilidades que se otorguen a los representantes de gobiernos extranjeros.

Articulo 18

Alcance de los privilegios e inmunidades

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios y expertos en interés de la Organización y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de la Organización. En el caso del Secretario General, del Secretario General Adjunto y de los Asistentes de Secretario General, el Consejo tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.

Articulo 19

Libertad de movimiento

El Gobierno de México tomará todas las medidas que se requieran para facilitar la entrada, permanencia y salida de México, así como la libertad de movimiento de los representantes de Miembros y Participantes No Miembros, funcionarios y expertos de la Organización y de cualquier otra persona invitada por la misma con propósitos oficiales.

Articulo 20

Cooperación

La Organización cooperará en todo momento con las autoridades respectivas de México para facilitar la apropiada administración de justicia, asegurar la observancia de las leyes y reglamentos mexicanos y prevenir cualquier abuso en relación con los privilegios e inmunidades mencionados en este Acuerdo.

Articulo 21

Acuerdos suplementarios

El Gobierno de México y la Organización podrán concluir acuerdos suplementarios que modifiquen las disposiciones de este Acuerdo.

Articulo 22

Entrada en vigor

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de México notifique a la Organización que ha finalizado los requerimientos necesarios en México para dar efecto a este Acuerdo.

Hecho en Paris el día 14 de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en idiomas inglés y francés.

Por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos: El Secretario General.- Rúbrica.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: El Secretario de Relaciones Exteriores.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa de la traducción al idioma español del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en París, el día catorce del mes de abril del año de mil novecientos noventa y cuatro.

Extiendo la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y cuatro, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación correspondiente.- Rúbrica.

Constitución de la organización internacional para las migraciones

Texto original.

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 9 de agosto de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Vicente Fox Quesada, Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, entró en vigor la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

La Constitución mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintinueve de noviembre de dos mil uno, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de enero de dos mil dos.

Las notificaciones a que se refiere el artículo 13 del Acuerdo, se efectuaron en la ciudad de Montevideo, el diez de marzo de dos mil y en la Ciudad de México, el seis de junio de dos mil dos.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintitrés de julio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.- Rúbrica.

Juan Manuel Gómez robledo, consultor jurídico de la secretaria de relaciones exteriores,

Certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, que entró en vigor el treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y cuyo texto en español es el siguiente:

Constitución de la organización internacional para las migraciones

Índice

Preámbulo



Capítulo I: Objetivos y funciones

Capítulo II: Miembros

Capítulo III: Órganos

Capítulo IV: El Consejo

Capítulo V: El Comité Ejecutivo

Capítulo VI: La Administración

Capítulo VII: Sede central

Capítulo VIII: Finanzas

Capítulo IX: Estatuto jurídico

Capítulo X: Disposiciones de índole diversa

CONSTITUCION*

* El presente texto incorpora en la Constitución de 19 de octubre de 1953 del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (anterior denominación de la Organización) las enmiendas adoptadas el 20 de mayo de 1987 y entradas en vigor el 14 de noviembre de 1989.

PREAMBULO

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

RECORDANDO

la resolución adoptada el 5 de diciembre de 1951 por la Conferencia sobre Migraciones celebrada en Bruselas,

RECONOCIENDO

que para asegurar una realización armónica de los movimientos migratorios en todo el mundo y facilitar, en las condiciones más favorables, el asentamiento e integración de los migrantes en la estructura económica y social del país de acogida, es frecuentemente necesario prestar servicios de migración en el plano internacional,

que pueden también necesitarse servicios de migración similares para los movimientos de migración temporera, migración de retorno y migración intrarregional,

que la migración internacional comprende también la de refugiados, personas desplazadas y otras que se han visto obligadas a abandonar su país y que necesitan servicios internacionales de migración,

que es necesario promover la cooperación de los Estados y de las organizaciones internacionales para facilitar la emigración de las personas que deseen partir hacia países en donde puedan, mediante su trabajo, subvenir a sus propias necesidades y llevar, juntamente con sus familias, una existencia digna, en el respeto a la persona humana;

que la migración puede estimular la creación de nuevas actividades económicas en los países de acogida y que existe una relación entre la migración y las condiciones económicas, sociales y culturales de los países en desarrollo,

que en la cooperación y demás actividades internacionales sobre la migración deben tenerse en cuenta las necesidades de los países en desarrollo,

que es necesario promover la cooperación de los Estados y de las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, en materia de investigaciones y consultas sobre temas de migraciones, no sólo por lo que se refiere al proceso migratorio sino también a la situación y necesidades específicas del migrante en su condición de persona humana,

que el traslado de los migrantes debe ser asegurado, siempre que sea posible, por los servicios de transporte normales pero que, a veces, se ha demostrado la necesidad de disponer de medios suplementarios o diferentes,

que debe existir una estrecha cooperación y coordinación entre los Estados, las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en materia de migraciones y refugiados,

que es necesario el financiamiento internacional de las actividades relacionadas con la migración internacional,

Establecen

la ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES designada en lo sucesivo como la Organización, y

Aceptan la presente constitución.

Capitulo i - objetivos y funciones

Artículo 1

1. Los objetivos y las funciones de la Organización serán:

a) concertar todos los arreglos adecuados para asegurar el traslado organizado de los migrantes para quienes los medios existentes se revelen insuficientes o que, de otra manera, no podrían estar en condiciones de trasladarse sin asistencia especial hacia países que ofrezcan posibilidades de inmigración ordenada;

b) ocuparse del traslado organizado de los refugiados, personas desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración respecto a quienes puedan concertarse arreglos de colaboración entre la Organización y los Estados interesados, incluidos aquellos Estados que se comprometan a acoger a dichas personas;

c) prestar, a solicitud de los Estados interesados y de acuerdo con los mismos, servicios de migración en materia de reclutamiento, selección, tramitación, enseñanza de idiomas, actividades de orientación, exámenes médicos, colocación, actividades que faciliten la acogida y la integración, asesoramiento en asuntos migratorios, así como toda otra ayuda que se halle de acuerdo con los objetivos de la Organización;

d) prestar servicios similares, a solicitud de los Estados o en cooperación con otras organizaciones internacionales interesadas, para la migración de retorno voluntaria, incluida la repatriación voluntaria;

e) poner a disposición de los Estados y de las organizaciones internacionales y otras instituciones un foro para el intercambio de opiniones y experiencias y el fomento de la cooperación y de la coordinación de las actividades relativas a cuestiones de migraciones internacionales, incluidos estudios sobre las mismas con el objeto de desarrollar soluciones prácticas.

2. En el cumplimiento de sus funciones, la Organización cooperará estrechamente con las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que se ocupen de migraciones, de refugiados y de recursos humanos para entre otros aspectos facilitar la coordinación de las actividades internacionales en la materia. En el desarrollo de dicha cooperación se respetarán mutuamente las competencias de las organizaciones concernidas.

3. La Organización reconoce que las normas de admisión y el número de inmigrantes que hayan de admitirse son cuestiones que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados, y en el cumplimiento de sus funciones obrará de conformidad con las leyes, los reglamentos y las políticas de los Estados interesados.

Capitulo Ii - Miembros

Artículo 2

Serán Miembros de la Organización:

a) los Estados que, siendo Miembros de la Organización, hayan aceptado la presente Constitución de acuerdo con el Artículo 34, o aquellos a los que se apliquen las disposiciones del Artículo 35;

b) los otros Estados que hayan probado el interés que conceden al principio de la libre circulación de las personas y que se comprometan por lo menos a aportar a los gastos de administración de la Organización una contribución financiera cuyo porcentaje será convenido entre el Consejo y el Estado interesado, a reserva de una decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios y de la aceptación por dicho Estado de la presente Constitución.

Artículo 3

Todo Estado Miembro podrá notificar su retiro de la Organización al final de un ejercicio anual. Esta notificación deberá ser hecha por escrito y llegar al Director General de la Organización por lo menos cuatro meses antes del final del ejercicio. Las obligaciones financieras respecto a la Organización de un Estado Miembro que haya notificado su retiro se aplicarán a la totalidad del ejercicio durante el cual la notificación haya sido recibida.

Artículo 4

1. Si un Estado Miembro no cumple sus obligaciones financieras respecto a la Organización durante dos ejercicios anuales consecutivos, el Consejo, mediante decisión adoptada por mayoría de dos tercios, podrá suspender el derecho a voto y, total o parcialmente, los servicios a que dicho Estado Miembro sea acreedor. El Consejo tiene autoridad para restablecer tales derechos y servicios mediante decisión adoptada por mayoría simple.

2. Todo Estado Miembro podrá, por decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios, verse suspendido en su calidad de Miembro si infringe persistentemente los principios de la presente Constitución. El Consejo tiene autoridad para restablecer tal calidad de Miembro mediante decisión adoptada por mayoría simple.

Capitulo III - Órganos

Artículo 5

Los órganos de la Organización serán:

a) el Consejo;

b) el Comité Ejecutivo;

c) la Administración.

Capitulo IV - El Consejo

Artículo 6

Las funciones del Consejo, además de las que se indican en otras disposiciones de la presente Constitución, consistirán en:

a) determinar la política de la Organización;

b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Comité Ejecutivo;

c) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Director General;

d) estudiar y aprobar el programa, el presupuesto, los gastos y las cuentas de la Organización;

e) adoptar toda otra medida tendiente a la consecución de los objetivos de la Organización.

Artículo 7

1. El Consejo se compondrá de los representantes de los Estados Miembros.

2. Cada Estado Miembro designará un representante, así como los suplentes y asesores que juzgue necesario.

3. Cada Estado Miembro tendrá derecho a un voto en el Consejo.

Artículo 8

Cuando así lo solicitaran, el Consejo podrá admitir como observadores en sus sesiones, en las condiciones que pueda prescribir su reglamento interior, a Estados no miembros y a organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, que se ocupen de migraciones, de refugiados o de recursos humanos. Tales observadores no tendrán derecho de voto.

Artículo 9

1. El Consejo celebrará su reunión ordinaria una vez al año.

2. El Consejo celebrará reunión extraordinaria a petición:

a) de un tercio de sus miembros;

b) del Comité Ejecutivo;

c) del Director General o del Presidente del Consejo, en casos urgentes.

3. Al principio de cada reunión ordinaria, el Consejo elegirá un Presidente y los otros miembros de la Mesa, cuyo mandato será de un año.

Artículo 10

El Consejo podrá crear cuantos subcomités sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11

El Consejo adoptará su propio reglamento interior.

Capitulo V - El Comité Ejecutivo

Artículo 12

Las funciones del Comité Ejecutivo consistirán en:

a) examinar y revisar la política, los programas y las actividades de la Organización, los informes anuales del Director General y cualesquiera informes especiales;

b) examinar toda cuestión financiera o presupuestaria que incumba al Consejo;

c) considerar toda cuestión que le sea especialmente sometida por el Consejo, incluida la revisión del presupuesto, y adoptar a este respecto las medidas que juzgaren necesarias;

d) asesorar al Director General sobre toda cuestión que por éste le sea sometida;

e) adoptar, entre las reuniones del Consejo, cualesquiera decisiones urgentes sobre cuestiones de la incumbencia del mismo, que serán sometidas a la aprobación del Consejo en su próxima reunión;

f) presentar recomendaciones o propuestas al Consejo, o al Director General, por su propia iniciativa;

g) someter al Consejo informes y/o recomendaciones sobre las cuestiones tratadas.

Artículo 13

1. El Comité Ejecutivo se compondrá de los representantes de nueve Estados Miembros. Este número podrá ser aumentado mediante votación por mayoría de dos tercios del Consejo, no pudiendo exceder de un tercio del número total de Miembros de la Organización.

2. Estos Estados Miembros serán elegidos por el Consejo por dos años, pudiendo ser reelegidos.

3. Cada miembro del Comité Ejecutivo designará un representante, así como los suplentes y asesores que juzgue necesario.

4. Cada miembro del Comité Ejecutivo tendrá derecho a un voto.

Artículo 14

1. El Comité Ejecutivo celebrará por lo menos una reunión al año. Se reunirá asimismo, en caso necesario, para el cumplimiento de sus funciones, a petición:

a) de su Presidente;

b) del Consejo;

c) del Director General, previa consulta con el Presidente del Consejo;

d) de la mayoría de sus miembros.

2. El Comité Ejecutivo eligirá (sic) entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, cuyo mandato será de un año.

Artículo 15

El Comité Ejecutivo podrá crear, sujeto a revisión eventual del Consejo cuantos subcomités sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 16

El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Capítulo VI - La Administración

Artículo 17

La Administración comprenderá un Director General, un Director General Adjunto y el personal que el Consejo determine.

Artículo 18

1. El Director General y el Director General Adjunto serán elegidos por el Consejo, mediante votación por mayoría de dos tercios, y podrán ser reelegidos. La duración ordinaria de su mandato será de cinco años, aunque excepcionalmente podrá ser menor, si así lo decidiera el Consejo mediante votación por mayoría de dos tercios. Cumplirán sus funciones de conformidad con el contenido de contratos aprobados por el Consejo y firmados, en nombre de la Organización, por el Presidente del Consejo.

2. El Director General será responsable ante el Consejo y ante el Comité Ejecutivo. El Director General administrará y dirigirá los servicios administrativos y ejecutivos de la Organización de conformidad con la presente Constitución, con la política y decisiones del Consejo y del Comité Ejecutivo y con los reglamentos por ellos adoptados. El Director General formulará proposiciones relativas a las medidas que deban ser adoptadas por el Consejo.

Artículo 19

El Director General nombrará el personal de la Administración de conformidad con el estatuto del personal adoptado por el Consejo.

Artículo 20

1. En el cumplimiento de sus funciones, el Director General, el Director General Adjunto y el personal no deberán solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Estado ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y deberán abstenerse de todo acto incompatible con su calidad de funcionarios internacionales.

2. Cada Estado Miembro se comprometerá a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director General, del Director General Adjunto y del personal, y a no tratar de influirles en el cumplimiento de sus funciones.

3. Para la contratación y empleo del personal, deberán ser consideradas como condiciones primordiales su eficiencia, competencia e integridad; excepto en circunstancias excepcionales, el personal deberá ser contratado entre los nacionales de los Estados Miembros de la Organización, teniendo en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa.

Artículo 21

El Director General estará presente, o se hará representar por el Director General Adjunto o por otro funcionario que designe, en todas las reuniones del Consejo, del Comité Ejecutivo y de los Subcomités. El Director General o su representante podrán participar en los debates sin derecho de voto.

Artículo 22

En ocasión de la reunión ordinaria celebrada después del final de cada ejercicio anual, el Director General presentará al Consejo, por mediación del Comité Ejecutivo, un informe donde se dé cuenta completa de las actividades de la Organización durante el año transcurrido.

Capitulo VII - Sede central

Artículo 23

1. La Organización tendrá su Sede central en Ginebra. El Consejo podrá decidir el traslado de la Sede a otro sitio, mediante votación por mayoría de dos tercios.

2. Las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo tendrán lugar en Ginebra, a menos que dos tercios de los miembros del Consejo o, respectivamente, del Comité Ejecutivo, hayan decidido reunirse en otro lugar.

Capitulo VIII - Finanzas

Artículo 24

El Director General someterá al Consejo, por mediación del Comité Ejecutivo, un presupuesto anual que refleje los gastos de administración y de operaciones y los ingresos previstos, las previsiones adicionales que fueran necesarias y las cuentas anuales o especiales de la Organización.

Artículo 25

1. Los recursos necesarios para sufragar los gastos de la Organización serán obtenidos:

a) en lo que respecta a la Parte de Administración del Presupuesto, mediante las contribuciones en efectivo de los Estados Miembros, que serán pagaderas al comienzo del correspondiente ejercicio anual y deberán hacerse efectivas sin demora;

b) en lo que respecta a la Parte de Operaciones del Presupuesto, mediante las contribuciones en efectivo, en especie o en forma de servicios de los Estados Miembros, de otros Estados, de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, de otras entidades jurídicas o de personas privadas, que deberán aportarse tan pronto como sea posible e íntegramente antes del final del ejercicio anual correspondiente.

2. Todo Estado Miembro deberá aportar para la Parte de Administración del Presupuesto de la Organización una contribución sobre la base de un porcentaje acordado entre el Consejo y el Estado Miembro concernido.

3. Las contribuciones para los gastos de operaciones de la Organización serán voluntarias y todo contribuyente a la Parte de Operaciones del Presupuesto podrá acordar con la Organización las condiciones de empleo de su contribución, que deberán responder a los objetivos y funciones de la Organización.

4. a) Los gastos de administración de la Sede y los restantes gastos de administración, excepto aquellos en que se incurra para ejercer las funciones enunciadas en el inciso 1 c) y d) del Artículo 1 se imputarán a la Parte de Administración del Presupuesto;

b) Los gastos de operaciones, así como los gastos de administración en que se incurra para ejercer las funciones enunciadas en el inciso 1 c) y d) del Artículo 1 se imputarán a la Parte de Operaciones del Presupuesto.

5. El Consejo velará por que la gestión administrativa sea asegurada de manera eficaz y económica.

Artículo 26

El reglamento financiero será establecido por el Consejo.

Capitulo IX - Estatuto Jurídico

Artículo 27

La Organización posee personalidad jurídica. Goza de la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos, en especial de la capacidad, de acuerdo con las leyes del Estado de que se trate, de: a) contratar; b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; c) recibir y desembolsar fondos públicos y privados, y d) comparecer en juicio.

Artículo 28

1. La Organización gozará de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos.

2. Los representantes de los Estados Miembros, el Director General, el Director General Adjunto y el personal de la Administración gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre ejercicio de sus funciones en conexión con la Organización.

3. Dichos privilegios e inmunidades se definirán mediante acuerdos entre la Organización y los Estados interesados o mediante otras disposiciones adoptadas por dichos Estados.

Capitulo X - Disposiciones de Índole Diversa

Artículo 29

1. Salvo disposición en contrario en la presente Constitución o en los reglamentos establecidos por el Consejo o por el Comité Ejecutivo, todas las decisiones del Consejo, del Comité Ejecutivo y de todos los subcomités, serán tomadas por simple mayoría.

2. Las mayorías previstas en las disposiciones de la presente Constitución o de los reglamentos establecidos por el Consejo o por el Comité Ejecutivo se refieren a los miembros presentes y votantes.

3. Una votación será válida únicamente cuando la mayoría de los miembros del Consejo, del Comité Ejecutivo o del Subcomité interesado se halle presente.

Artículo 30

1. Los textos de las enmiendas propuestas a la presente Constitución serán comunicados por el Director General a los Gobiernos de los Estados Miembros tres meses, por lo menos, antes de que sean examinados por el Consejo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de los miembros del Consejo y aceptadas por dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales, entendiéndose, no obstante, que las enmiendas que originen nuevas obligaciones para los Miembros no entrarán en vigor para cada Miembro en particular sino cuando éste las haya aceptado.

Artículo 31

Toda diferencia relativa a la interpretación o aplicación de la presente Constitución, que no haya sido resuelta mediante negociación o mediante decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Estatuto de dicha Corte, a menos que los Estados Miembros interesados convengan en otra forma de arreglo dentro de un intervalo razonable.

Artículo 32

A reserva de la aprobación por dos tercios de los miembros del Consejo, la Organización podrá hacerse cargo de las actividades, los recursos y obligaciones actuales de cualquier otra organización o institución internacional cuyos objetivos y actividades se hallen dentro de la esfera de la Organización, actividades, recursos y obligaciones que podrán ser fijados mediante un acuerdo internacional o un arreglo convenido entre las autoridades competentes de las organizaciones respectivas.

Artículo 33

El Consejo podrá, mediante votación por mayoría de tres cuartos de sus miembros, decidir la disolución de la Organización.

Artículo 34*

La presente Constitución entrará en vigor para los Gobiernos Miembros del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas que la hayan aceptado, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales, el día de la primera reunión de dicho Comité después de que:

a) dos tercios, por lo menos, de los Miembros del Comité, y

b) un número de Miembros que representen, por lo menos el 75 por ciento de las contribuciones a la parte administrativa del presupuesto.

hayan notificado al Director que aceptan la presente Constitución.

* Los Artículos 34 y 35 carecen actualmente de aplicabilidad al haber entrado en vigor la Constitución, el 30 de noviembre de 1954.

Artículo 35*

Los Gobiernos Miembros del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas que en la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución no hayan notificado al Director que aceptan dicha Constitución, podrán seguir siendo Miembros del Comité durante un año a partir de dicha fecha si aportan una contribución a los gastos de administración del Comité, de acuerdo con los términos del apartado 2 del Artículo 25, conservando durante este periodo el derecho de aceptar la Constitución.

* Los Artículos 34 y 35 carecen actualmente de aplicabilidad al haber entrado en vigor la Constitución, el 30 de noviembre de 1954.

Artículo 36

Los textos español, francés e inglés de la presente Constitución serán considerados como igualmente auténticos.

La presente es copia fiel y completa en español de la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, que entró en vigor el treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Extiendo la presente, en diecinueve páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintisiete de junio de dos mil dos, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena

N. de E. De conformidad con el artículo 28, en relación con el punto 3 del preámbulo de este convenio, publicado en el d.o.f. De 19 de junio de 1956, la convención internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores del 30 de septiembre de 1921, quedara abrogada cuando todas las partes en el mismo hayan llegado a ser partes en el presente convenio.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de junio de 1956.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se firmó en la ciudad de Ginebra, Suiza, un convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, cuyo texto en español y cuya forma son los siguientes:

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Preámbulo

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres y niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales:

1.- Acuerdo Internacional del 18 de mayo de 1904 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948.

2.- Convenio Internacional del 4 de mayo de 1910 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el precitado Protocolo.

3.- Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947.

4.- Convenio Internacional del 11 de octubre de 1933 para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, modificado por el precitado Protocolo.

Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937, un proyecto de convenio para extender el alcance de tales instrumentos; y

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace posible la conclusión de un convenio para fusionar los instrumentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de convenio de 1937, así como las modificaciones que se estime conveniente introducir;

Por lo tanto,

Las Partes Contratantes

Convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece:

Articulo 1

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

1.- Concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituírla, aún con el consentimiento de tal persona;

2.- Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

ARTICULO 2

Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

1.- Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;

2.- Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

ARTICULO 3

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán también castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión.

Articulo 4

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también punible la participación intencional en los actos delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2.

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.

Articulo 5

Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones de igualdad con los nacionales.

Articulo 6

Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Articulo 7

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas anteriores pronunciadas en Estados Extranjeros por las infracciones mencionadas en el presente (sic) Convenio, se tendrán en cuenta para:

1.- Determinar la reincidencia.

2.- Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

Articulo 8

Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio.

Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas en los artículo 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se formulare la petición de extradición.

Articulo 9

En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber cometido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado.

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

Articulo 10

Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, en caso de haber sido condenado, hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena con arreglo a lo dispuesto en las leyes de tal Estado Extranjero.

Articulo 11

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

Articulo 12

El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, conforme a sus leyes nacionales.

Articulo 13

Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, conforme a sus leyes y prácticas nacionales.

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1.- Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;

2.- Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Estados, o por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que formulare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual le fuese formulada la solicitud; o

3.- Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias directamente a la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y 3 se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese formulada la solicitud, podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada conforme al original por la autoridad que formulare la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, se seguirá en vigor el procedimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia penal cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.

Articulo 14

Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investigaciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio.

Tales, servicios tendrán a su cargo la compilación de toda la información que pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servicios correspondientes de los demás Estados.

Articulo 15

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, y en que las autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estimaren conveniente, tales autoridades deberán suministrar a las encargadas de los servicios correspondientes en otros Estados, los datos siguientes:

1.- Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;

2.- Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquier de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los desplazamientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes.

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, antecedentes policiales y antecedentes penales.

Articulo 16

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

Articulo 17

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución.

En especial se comprometen:

1.- A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje.

2.- Adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se advierta al público el peligro de dicha trata.

3.- A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas para fines de prostitución.

4.- A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ella.

Articulo 18

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado. Las (sic) datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

Articulo 19

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1.- A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines de prostitución, mientras se tramita su repatriación;

2.- A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tutores que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera, el puerto de embarque o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será costeada por el Estado de residencia y el coste del resto del viaje será sufragado por el Estado de origen.

Articulo 20

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro de la prostitución.

Articulo 21

Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas periódicamente por el Secretario General y enviadas a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al artículo 23.

Articulo 22

En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el presente Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

Articulo 23

El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Económico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el Convenio, podrán adherirse a él.

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá igualmente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado.

Articulo 24

El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, después del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Articulo 25

Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 26

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere el artículo 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al artículo 23;

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al artículo 24;

c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.

Articulo 27

Cada parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente Convenio.

Articulo 28

Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan llegado a ser Partes en el presente Convenio.

En Fe De Lo Cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, el cual ha sido abierto a la firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de mil novecientos cincuenta, y del cual se enviará una copia certificada conforme al original por el Secretario General a todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los cuales se refiere el artículo 23.

Protocolo Final

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estitpuladas (sic) por el presente Convenio.

Las disposiciones de los artículos 23 a 26 inclusive del Convenio, se aplicarán a este Protocolo.

Que el preinserto Convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, según decreto publicado en el "Diario Oficial" del veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.

Que el Instrumento de Adhesión fue depositado el día veintiuno de febrero del presente año ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dieciséis días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.- Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El Subsecretario de Relaciones Exteriores, José Gorostiza.- Rúbrica.

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena

N. de E. De conformidad con el artículo 28, en relación con el punto 4 del preámbulo de este convenio, publicado en el d.o.f. De 19 de junio de 1956, la convención internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad del 11 de octubre de 1933, quedara abrogada cuando todas las partes en el mismo hayan llegado a ser parte en el presente convenio.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de junio de 1956.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Adolfo Ruiz Cortines, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se firmó en la ciudad de Ginebra, Suiza, un convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, cuyo texto en español y cuya forma son los siguientes:

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Preámbulo

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres y niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales:

1.- Acuerdo Internacional del 18 de mayo de 1904 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948.

2.- Convenio Internacional del 4 de mayo de 1910 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el precitado Protocolo.

3.- Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947.

4.- Convenio Internacional del 11 de octubre de 1933 para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, modificado por el precitado Protocolo.

Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937, un proyecto de convenio para extender el alcance de tales instrumentos; y

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace posible la conclusión de un convenio para fusionar los instrumentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de convenio de 1937, así como las modificaciones que se estime conveniente introducir;

Por lo tanto,

Las Partes Contratantes

Convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece:

Articulo 1

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

1.- Concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituírla, aún con el consentimiento de tal persona;

2.- Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

Articulo 2

Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

1.- Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;

2.- Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Articulo 3

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán también castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión.

Articulo 4

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también punible la participación intencional en los actos delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2.

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.

Articulo 5

Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones de igualdad con los nacionales.

Articulo 6

Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Articulo 7

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas anteriores pronunciadas en Estados Extranjeros por las infracciones mencionadas en el presetne (sic) Convenio, se tendrán en cuenta para:

1.- Determinar la reincidencia.

2.- Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

Articulo 8

Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio.

Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas en los artículo 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se formulare la petición de extradición.

Articulo 9

En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber cometido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado.

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

Articulo 10

Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, en caso de haber sido condenado, hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena con arreglo a lo dispuesto en las leyes de tal Estado Extranjero.

Articulo 11

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

Articulo 12

El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, conforme a sus leyes nacionales.

Articulo 13

Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, conforme a sus leyes y prácticas nacionales.

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1.- Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;

2.- Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Estados, o por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que formulare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual le fuese formulada la solicitud; o

3.- Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias directamente a la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y 3 se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese formulada la solicitud, podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada conforme al original por la autoridad que formulare la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, se seguirá en vigor el procedimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia penal cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.

Articulo 14

Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investigaciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio.

Tales, servicios tendrán a su cargo la compilación de toda la información que pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servicios correspondientes de los demás Estados.

Articulo 15

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, y en que las autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estimaren conveniente, tales autoridades deberán suministrar a las encargadas de los servicios correspondientes en otros Estados, los datos siguientes:

1.- Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;

2.- Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquier de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los desplazamientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes.

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, antecedentes policiales y antecedentes penales.

Articulo 16

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

Articulo 17

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución.

En especial se comprometen:

1.- A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje.

2.- Adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se advierta al público el peligro de dicha trata.

3.- A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas para fines de prostitución.

4.- A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ella.

Articulo 18

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado. Las (sic) datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

Articulo 19

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1.- A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines de prostitución, mientras se tramita su repatriación;

2.- A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tutores que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera, el puerto de embarque o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será costeada por el Estado de residencia y el coste del resto del viaje será sufragado por el Estado de origen.

Articulo 20

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro de la prostitución.

Articulo 21

Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas periódicamente por el Secretario General y enviadas a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al artículo 23.

Articulo 22

En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el presente Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

Articulo 23

El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Económico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el Convenio, podrán adherirse a él.

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá igualmente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado.

Articulo 24

El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, después del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Articulo 25

Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 26

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere el artículo 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al artículo 23;

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al artículo 24;

c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.

Articulo 27

Cada parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente Convenio.

Articulo 28

Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan llegado a ser Partes en el presente Convenio.

En Fe De Lo Cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, el cual ha sido abierto a la firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de mil novecientos cincuenta, y del cual se enviará una copia certificada conforme al original por el Secretario General a todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los cuales se refiere el artículo 23.

Protocolo Final

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estitpuladas (sic) por el presente Convenio.

Las disposiciones de los artículos 23 a 26 inclusive del Convenio, se aplicarán a este Protocolo.

Que el preinserto Convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, según decreto publicado en el "Diario Oficial" del veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.

Que el Instrumento de Adhesión fue depositado el día veintiuno de febrero del presente año ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dieciséis días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.- Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El Subsecretario de Relaciones Exteriores, José Gorostiza.- Rúbrica.

Decreto por el que se Aprueba el Retiro de la Reserva Expresa Respecto del Párrafo 4 del Artículo 22 de la Convención Internacional Sobre La Protección De Los Derechos De Todos Los Trabajadores Migratorios Y De Sus Familiares, Formulada Por El Gobierno De México Al Depositar Su Instrumento De Ratificación

Decreto publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el lunes 24 de marzo de 2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

Decreto

"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, En Ejercicio de la Facultad que le Confiere el Artículo 76 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



Decreta:

"ÚNICO.- Se aprueba el retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el Gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación."

México, D. F., a 6 de febrero de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones I y X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Texto original.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 27 de septiembre de 1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los estados unidos mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto firmó ad referéndum la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, en la misma fecha, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del doce de mayo del propio año.

El instrumento de ratificación, firmado por mí el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, fue depositado ante el Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el veintisiete de mayo del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.

Juan Rebolledo Gout, subsecretario de relaciones exteriores para américa del norte y Europa,

Certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra traducción al español de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo texto en español es el siguiente:

Hecha en París el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en idiomas inglés y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Preámbulo

Las Partes,

Considerando que el cohecho es un fenómeno ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el comercio y la inversión, que hace surgir serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales;

Considerando que todos los países comparten una responsabilidad para combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales;

Tomando en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 23 de mayo de 1997, C(97)123/FINAL, la cual, entre otros aspectos, exigió tomar medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales; en particular, para la pronta penalización de tal cohecho de manera eficaz y coordinada y de conformidad con los elementos comunes acordados que se señalan en tal Recomendación y con los principios básicos legales y jurisdiccionales de cada país;

Aceptando con agrado otros desarrollos recientes que adelantan más el entendimiento internacional y la cooperación en el combate al cohecho de servidores públicos, incluyendo las acciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea;

Aceptando con agrado los esfuerzos de compañías, organizaciones de negocios, sindicatos así como de organizaciones no-gubernamentales para combatir el cohecho;

Reconociendo el papel de los gobiernos para prevenir la exigencia de sobornos a individuos y empresas en transacciones comerciales internacionales;

Reconociendo que para alcanzar progreso en este campo son requeridos no sólo los esfuerzos a nivel nacional sino también la cooperación multilateral, el monitoreo y el seguimiento;

Reconociendo que alcanzar una equivalencia en las medidas a ser tomadas por las Partes es objeto y propósito esencial de la Convención, lo cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que es un delito punible bajo su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.

2. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que la complicidad, incluyendo la incitación, la ayuda e instigación, o la autorización de un acto de cohecho a un servidor público extranjero, constituya un delito. La tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público extranjero constituirán un delito en el mismo grado que lo sean la tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público de esa Parte.

3. Los delitos definidos en los párrafos 1 y 2 anteriores serán referidos en adelante como "cohecho de un servidor público extranjero".

4. Para los fines de esta Convención,

a. "servidor público extranjero" significa toda persona que detente una posición legislativa, administrativa o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida; cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para una agencia pública o empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional;

b. "país extranjero" incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno, de nacional a local;

c. "actuar o abstenerse de actuar en la ejecución de las funciones oficiales" incluye cualquier uso de la posición del servidor público, quede o no comprendida en el ejercicio de las atribuciones conferidas a tal funcionario.

Artículo 2

Responsabilidad de las Personas Morales

Cada Parte tomará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios legales, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho a un servidor público extranjero.

Artículo 3

Sanciones

1. El cohecho a un servidor público extranjero será sancionado mediante sanciones de carácter penal eficaces, proporcionadas y disuasivas. El rango de las sanciones será comparable a aquéllas que se apliquen al cohecho de servidores públicos de esa parte e incluirán en el caso de personas físicas, la privación de libertad suficiente para permitir la asistencia legal mutua efectiva y la extradición.

2. Si, dentro del sistema jurídico de una de las Partes, la responsabilidad penal no es aplicable a las personas morales, ésta Parte deberá asegurar que éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros.

3. Cada Parte tomará las medidas necesarias para que el instrumento y el producto del cohecho de un servidor público extranjero o activos de un valor equivalente al de ese producto puedan ser objeto de embargo y decomiso o sean aplicables sanciones monetarias de efectos comparables.

4. Cada Parte procurará imponer sanciones civiles o administrativas complementarias a una persona sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor público extranjero.

Artículo 4

Jurisdicción

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer jurisdicción sobre el cohecho de un servidor público extranjero cuando el delito sea cometido en todo o parte en su territorio.

2. Cada Parte que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales por delitos cometidos en el extranjero tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto al cohecho de servidores públicos extranjeros, de acuerdo con los mismos principios.

3. Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un presunto acto delictuoso comprendido en esta Convención, las Partes involucradas deberán, a petición de una de ellas, consultar entre sí para determinar cual será la jurisdicción más apropiada para perseguir el delito.

4. Cada Parte revisará si el fundamento actual para su jurisdicción es eficaz para la lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros y, si no lo es, tomará medidas apropiadas.

Artículo 5

Aplicación

La investigación y persecución del cohecho a un servidor público extranjero estarán sujetas a las reglas y principios de cada Parte. No estarán influidas por consideraciones de interés económico nacional, por el efecto potencial sobre sus relaciones con otro Estado ni por la identidad de las personas físicas o morales involucradas.

Artículo 6

Prescripción

Cualquier regla de prescripción aplicable al delito de cohecho de un servidor público extranjero permitirá un periodo adecuado de tiempo para la investigación y persecución de este delito.

Artículo 7

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Cada Parte que haga del cohecho de sus servidores públicos un delito conexo para la aplicación de su legislación concerniente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita hará lo mismo respecto del cohecho de servidores públicos extranjeros, sin tener en cuenta el lugar donde haya sido cometido el cohecho.

Artículo 8

Contabilidad

1. Para combatir de manera eficaz el cohecho de los servidores públicos extranjeros, cada Parte tomará las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, para el mantenimiento de libros y registros contables, la publicación de estados financieros, las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir el establecimiento de cuentas no registradas y el mantenimiento de doble contabilidad o de transacciones inadecuadamente identificadas, el registro de gastos no existentes, el registro de cargos con identificación incorrecta de su objeto, así como el uso de documentos falsos por parte de las compañías sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de cohechar a servidores públicos extranjeros u ocultar dicho cohecho.

2. Cada parte proveerá sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones o falsificaciones con respecto a los libros, registros, cuentas y estados financieros de tales compañías.

Artículo 9

Asistencia Legal Mutua

1. Cada Parte deberá, en la medida que lo permitan sus leyes y los instrumentos y tratados aplicables, brindar asistencia legal pronta y eficaz a otra Parte para el propósito de realizar investigaciones y procedimientos penales iniciados por una Parte respecto de delitos dentro del ámbito de esta Convención y para procedimientos no penales dentro del ámbito de esta Convención iniciados por una Parte contra una persona moral. La Parte requerida informará a la Parte requirente, sin demora, sobre cualquier información adicional o documentos que se necesiten para apoyar la petición de asistencia y, cuando sea requerida, sobre el estado y desarrollo de la petición de asistencia.

2. Cuando una Parte haga depender la asistencia legal mutua de la existencia de doble criminalidad, ésta se considerará cumplida si el delito para el cual se solicita tal asistencia queda comprendido por esta Convención.

3. Una Parte no podrá rehusarse a otorgar asistencia legal mutua en materias penales dentro del ámbito de esta Convención con base en el argumento del secreto bancario.

Artículo 10

Extradición

1. El cohecho a un servidor público extranjero será considerado delito que dará lugar a la extradición bajo las leyes de las Partes y los Tratados de extradición que existan entre ellas.

2. Si una Parte que condiciona la extradición a la existencia de un Tratado de extradición recibe una petición de extradición de otra Parte con la que no tenga Tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como la base legal para extradición con respecto al delito de cohecho de un servidor público extranjero.

3. Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar, bien sea extraditar a sus nacionales o perseguir a sus nacionales por el delito de cohecho a un servidor público extranjero. Una Parte que se niegue a extraditar a una persona por cohecho de un servidor público extranjero solamente porque esa persona sea su nacional, deberá someter el caso a sus autoridades competentes para perseguir el delito.

4. La extradición por cohecho a un servidor público extranjero queda sujeta a las condiciones establecidas en la legislación nacional, los tratados aplicables y los convenios entre cada Parte. Cuando una Parte condicione la extradición a la existencia de doble criminalidad, esa condición se considerará cumplida si el delito por el cual dicha extradición es requerida queda comprendido en el artículo I de esta Convención.

Artículo 11

Autoridades Responsables

Para los fines del Artículo 4, párrafo 3, respecto de consultas, Artículo 9, respecto de asistencia legal mutua y Artículo 10, respecto de extradición, cada Parte notificará al Secretario General de la OCDE sobre la autoridad o autoridades responsables para formular o recibir peticiones, mismas que servirán como canal de comunicación respecto de estas materias para esa Parte, sin perjuicio de otros arreglos entre las Partes.

Artículo 12

Monitoreo y Seguimiento

Las Partes cooperarán para aplicar un programa de seguimiento sistemático que monitorée (sic) y promueva la plena aplicación de la presente Convención. Salvo decisión en contrario tomada por consenso de las Partes, esta acción será realizada dentro del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales y de acuerdo con sus términos de referencia o dentro del marco o términos de referencia de cualquier sucesor en sus funciones, y las Partes asumirán los costos del programa de acuerdo con las reglas aplicables a ese organismo.

Artículo 13

Firma y Adhesión

1. Hasta la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta a la firma de los Miembros de la OCDE y los no Miembros que hayan sido invitados a ser participantes integrales en su Grupo de Trabajo sobre Corrupción en Transacciones Comerciales Internacionales.

2. Después de su entrada en vigor, esta Convención quedará abierta a la adhesión de todo no signatario que sea Miembro de la OCDE o haya llegado a ser participante integral en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que lo suceda en sus funciones. Para cada uno de los no signatarios, la Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 14

Ratificación y Depósito

1. Esta Convención estará sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por parte de los signatarios, de conformidad con sus leyes respectivas.

2. Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán depositados ante el Secretario General de la OCDE, quien servirá como depositario de esta Convención.

Artículo 15

Entrada en Vigor

1. Esta Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha en la que cinco de los países que tengan las diez más grandes porciones como exportadores, tal como lo señala el documento anexo, y que representen entre ellos cuando menos el sesenta por ciento de las exportaciones totales combinadas de esos diez países, hayan depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada Estado que deposite su instrumento después de tal entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el día sesenta después del depósito de ese instrumento.

2. Si para el 31 de diciembre de 1998 la Convención no ha entrado en vigor en términos del párrafo 1, cualquier Estado que haya depositado su instrumento de ratificación podrá declarar al depositario por escrito su voluntad de aceptar la entrada en vigor de esta Convención, en términos de este párrafo 2. La Convención entrará en vigor para cada Estado en el día sesenta después de la fecha en que tal declaración haya sido depositada cuando menos por dos Estados. Para cada Estado que deposite su declaración después de tal entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha de depósito.

Artículo 16

Reformas

Cualquier Parte podrá proponer reformas a esta Convención. La reforma propuesta será sometida al Depositario, quien la transmitirá a las otras Partes para examinarla sesenta días antes de convocar una reunión de las Partes para considerar la reforma propuesta. La reforma adoptada por consenso de las Partes o por otros medios que las Partes determinen por consenso entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación por todas las Partes o en tales otras circunstancias que puedan ser especificadas por las Partes al momento de adoptar la reforma.

Artículo 17

Retiro


Una Parte podrá retirarse de esta Convención mediante notificación por escrito al Depositario. Este retiro producirá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación. Con posterioridad al retiro, la cooperación continuará entre las Partes y el Estado que se retire, respecto de todas las demandas de ayuda o de asistencia legal mutua y de extradición, presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del retiro, que permanezcan pendientes.

La presente es copia fiel y completa de la traducción al español de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Extiendo la presente, en once páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

Convención (Funcionarios Diplomáticos)

TEXTO ORIGINAL.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 25 de marzo de 1929.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación.

El C. Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

"Emilio Portes Gil, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, se concluyó y firmó en la ciudad de La Habana, Cuba, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos, entre México y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Convención, los siguientes:

Convencion

(Funcionarios Diplomáticos)

Los gobiernos de las Repúblicas representadas en la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el año de 1928, teniendo en cuenta que una de las materias de mayor importancia en las relaciones internacionales es la que se refiere a los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos y que debe regularse de acuerdo con las condiciones de la vida económica, política e internacional de las naciones;

Comprendiendo que si bien es de desear que esa regulación se efectúe de acuerdo con las nuevas tendencias,

Especificando que los funcionarios diplomáticos no representen en ningún caso la persona del Jefe del Estado, y sí su Gobierno, debiendo estar acreditados ante un Gobierno reconocido, y

Reconociendo que como los funcionarios diplomáticos representan sus respectivos Estados, no deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales y que sería de desear que bien el propio funcionario o el Estado representado por él, renuncien la inmunidad diplomática cuando se refiera a acciones civiles que no tengan nada que ver con el desempeño de su misión.

No es posible, sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones generales que si bien constituyen una tendencia definida en las relaciones internacionales, tropiezan en algunos casos con la arraigada práctica de varios Estados en sentido contrario.

Por lo cual y mientras pueda formularse una regulación más completa de los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos,

Han resuelto celebrar una Convención que comprenda los principios generalmente admitidos por todas las naciones, y han nombrado como sus plenipotenciarios a los señores siguientes:

Perú:


Jesús Melquiades Salazar.

Víctor Maúrtua.

Enrique Castro Oayanguren.

Luis Ernesto Denegri.

Uruguay:

Jacobo Varela Acevedo.

Juan José Amézaga.

Leonel Aguirre.

Pedro Erasmo Callorda.

Panamá:


Ricardo J. Alfaro.

Eduardo Chiari.

Ecuador:

Gonzalo Zaldumbide.

Víctor Zevallos.

Colón Eloy Alfaro.

México:

Julio García.



Fernando González Roa.

Salvador Urbina.

Aquiles Elorduy.

El Salvador:

Gustavo Guerrero.

Héctor David Castro.

Eduardo Alvarez.

Guatemala:

Carlos Salazar.

Bernardo Alvarado Tello.

Luis Beltranena.

José Azurdia.

Nicaragua:

Carlos Cuadra Pazos.

Joaquín Gómez.

Máximo H. Cepeda.

Bolivia:

José Antezama.

Adolfo Costa du Rels.

Venezuela:

Santiago Key Ayala.

Francisco Gerardo Yanes.

Rafael Angel Arriz.

Colombia:

Enrique Olaya Herrera.

Jesús M. Yepes.

Roberto Urdaneta Arbeláez.

Ricardo Gutiérrez Lee.

Honduras:

Fausto Dávila.

Mariana Vázquez.

Costa Rica:

Ricardo Castro Beeche.

J. Rafael Oreamuno.

Arturo Tinoco.

Chile:


Alejandro Lira.

Alejandro Alvarez.

Carlos Silva Vildósola.

Manuel Bianchi.

Brasil:

Raúl Fernández.



Lindolfo Collor.

Alarico da Silveira.

Sampaio Correa.

Eduardo Espínola.

Argentina:

Honorario Pueyrredón.

(Renunció posteriormente).

Laurentino Olascoaga.

Felipe A, Espil.

Paraguay:

Lisandro Diáz León.

Haití:


Fernando Dennis.

Charles Riboul.

República Dominicana:

Francisco J. Peynado.

Gustavo A. Díaz.

Elías Brache.

Angel Morales.

Tulio M. Cesteros.

Ricardo Pérez Alfonseca.

Jacinto R. de Castro.

Federico C. Alvarez.

Estados Unidos de América:

Charles Evans Hughes.

Noble Brandon Judah.

Henry P. Fletcher.

Oscar W. Underwood.

Dwight W. Morrow.

Morgan J. O'Brien.

James Brown Scott.

Rey Lyman Wilbur.

Leo S. Rowe.

Cuba:


Antonio S. de Bustamante.

Orestes Ferrara.

Enrique Hernández Cartaya.

José Manuel Cortina.

Arístides Agüero.

José B. Alemán.

Manuel Márquez Sterling.

Fernando Ortiz.

Néstor Carbonell.

Jesús María Barranqué.

Quienes, después de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

Articulo 1

Disposición general

Los Estados tienen el derecho de hacerse representar, unos ante otros, por medio de funcionarios diplomáticos.

Sección I

De los Jefes de Misión

Articulo 2

Los funcionarios diplomáticos se dividen en ordinarios y extraordinarios.

Son ordinarios los que representan de manera permanente al gobierno de un Estado ante el otro.

Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los que se acreditan para representar al Gobierno en conferencias, congresos u otros organismos internacionales.

Articulo 3

Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su categoría, salvo en lo tocante a procedencia y etiqueta.

La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general, así como de las leyes y reglamentos del país ante el cual está acreditado el diplomático.

Articulo 4

Además de las funciones señaladas en sus credenciales, los funcionarios ordinarios tienen atribuciones que pueden conferirles las leyes o decretos de los respectivos países. Deberán ejercer sus atribuciones sin entrar en conflicto con las leyes del país donde estuvieren acreditados.

Articulo 5

Todo Estado puede hacerse representar por un solo funcionario ante uno o más gobiernos.

Varios Estados pueden hacerse representar ante otro, por un solo funcionario diplomático.

Articulo 6

Los funcionarios diplomáticos autorizados al efecto por sus gobiernos, pueden, con el consentimiento del gobierno local, y a solicitud de un Estado no representado ante éste por funcionario ordinario, asumir ante el mismo gobierno, la defensa temporal o accidental de los intereses de dicho Estado.

Articulo 7

Los Estados son libres en la elección de sus funcionarios diplomáticos; pero no podrán investir con estas funciones a nacionales del Estado en que la misión deber actuar, sin el consentimiento de éste.

Articulo 8

Ningún Estado podrá acreditar sus funcionarios diplomáticos ante los demás Estados, sin previo arreglo con éstos.

Los Estados pueden negarse a admitir un funcionario diplomático de los otros, o, habiéndolos admitido ya, pedir su retiro, sin estar obligados a expresar los motivos de su resolución.

Articulo 9

Los funcionarios diplomáticos extraordinarios gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los ordinarios.

Seccion Ii

Del personal de las Misiones

Articulo 10

Cada misión tendrá el personal determinado por su gobierno

Articulo 11

Cuando los funcionarios diplomáticos se ausenten del lugar donde ejercen sus funciones o se encuentren en la imposibilidad de desempeñarlas, los sustituirán interinamente la persona designada para ese efecto por su gobierno.

Sección III

De los deberes de los funcionarios diplomáticos

Articulo 12

Los funcionarios diplomáticos extranjeros no podrán inmiscuirse en la política interna o externa del Estado en que ejercen sus funciones.

Articulo 13

Los funcionarios diplomáticos deberán dirigirse en sus comunicaciones oficiales al Ministro de Relaciones Exteriores o Secretario de Estado del país ante el cual estén acreditados. Las comunicaciones a las demás autoridades se harán también por medio de dicho Ministro o Secretario.

Seccion IV

De las inmunidades y prerrogativas de los funcionarios diplomáticos

Articulo 14

Los funcionarios diplomáticos serán inviolables en su persona, residencia particular u oficial y bienes. Esta inviolabilidad se extiende:

a) a todas las clases de funcionarios diplomáticos;

b) a todo el personal oficial de la misión diplomática;

c) a los miembros de la respectiva familia que viven bajo el mismo techo;

d) a los papeles, archivos y correspondencia de la misión.

Articulo 15

Los Estados deberán otorgar a los funcionarios diplomáticos toda clase de facilidades para el ejercicio de sus funciones, y especialmente, para que puedan comunicarse libremente con sus gobiernos.

Articulo 16

Ningún funcionario o agente judicial o administrativo del Estado donde el funcionario diplomático esté acreditado, podrá entrar en el domicilio de éste o en el local de la misión, sin su consentimiento.

Articulo 17

Los funcionarios diplomáticos están obligados a entregar a la autoridad local competente que lo requiera, al acusado o condenado por delito común, refugiado en la misión.

Articulo 18

Los funcionarios diplomáticos estarán exentos en el Estado donde estuvieren acreditados:

1.- De todos los impuestos personales, sean nacionales o locales;

2.- De todos los impuestos territoriales sobre el edificio de la Misión, cuando pertenezca al gobierno respectivo;

3.- De los derechos de aduana sobre los objetos destinados a uso oficial de la Misión, o al uso personal del funcionario diplomático o de su familia.

Articulo 19

Los funcionarios diplomáticos están exentos de toda jurisdicción civil o criminal del Estado, ante el cual se encuentran acreditados, no pudiendo, salvo el caso en que, debidamente autorizados por su gobierno, renuncien a la inmunidad, ser procesados y juzgados sino por los tribunales de su Estado.

Articulo 20

La inmunidad de jurisdicción sobrevive a los funcionarios diplomáticos en cuanto a las acciones que con ella se relacionen. En relación a las otras, sin embargo, no puede ser invocada, sino mientras duren sus funciones.

Articulo 21

Las personas que gocen de inmunidad de jurisdicción, pueden rehusar comparecer como testigos ante los tribunales territoriales.

Articulo 22

Los funcionarios diplomáticos entran en el goce de sus inmunidades desde el momento que pasen la frontera del Estado donde van a servir y dan a conocer su categoría.

Las inmunidades se conservan durante el tiempo que la misión está en suspenso y aún después que termina, por el tiempo que sea necesario para que el funcionario diplomático pueda retirarse con la misión.

Articulo 23

Las personas que formen la misión, gozarán también de las mismas inmunidades y prerrogativas en los Estados que cruzaren para llegar a su puesto o regresar a su patria, o en el que accidentalmente se encuentren durante el ejercicio de sus funciones, y a cuyo gobierno hayan dado a conocer su categoría.

Articulo 24

En caso de fallecimiento del funcionario diplomático, su familia continuará en el goce de las inmunidades por un plazo razonable, hasta que abandone el Estado donde se encuentra.

Seccion V

Del fin de la misión diplomática

Articulo 25

Los funcionarios diplomáticos cesan en su misión:

1.- Por la notificación oficial del gobierno del funcionario al otro gobierno de que el diplomático ha cesado en sus funciones.

2.- Por la expiración del plazo fijado para el cumplimiento de la misión.

3.- Por la solución del asunto si la misión hubiese sido creada por una cuestión determinada.

4.- Por la entrega de los pasaportes al funcionario hecha por el gobierno ante el cual estuviese acreditado.

5.- Por la petición de sus pasaportes hecha a éste por el funcionario.

En los casos arriba mencionados se concederá un plazo razonable al funcionario diplomático, al personal oficial de la misión y a las respectivas familias para abandonar el territorio del Estado, siendo deber del gobierno ante el cual estuvo el funcionario acreditado, cuidar durante ese tiempo porque ninguno de ellos sea molestado al perjudicado en su persona o bienes.

El fallecimiento o la renuncia del Jefe del Estado, así como el cambio de gobierno o de régimen político en cualquiera de los dos países, se pondrá fin a la misión de los funcionarios diplomáticos.

Articulo 26

La presente Convención, no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las partes contratantes, en virtud de acuerdo internacional.

Articulo 27

La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

Que la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos, fue aprobada por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el siete de diciembre de mil novecientos veintiocho, y ratificada por el Ejecutivo de la Unión, el once de enero de mil novecientos veintinueve.

Y que con fecha seis de febrero de mil novecientos veintinueve, fue depositado en los Archivos de la Unión Panamericana el instrumento de ratificación, para que surta los efectos del canje de estilo.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a los veintidós días del mes de febrero de mil novecientos veintinueve.- Emilio Portes Gil.- (Firmado).- El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, G. Estrada.- (Firmado).

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 11 de marzo de 1929.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Felipe Canales.- Rúbrica.

Al C......

Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada

Texto original.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 25 de octubre de 1979.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Jose Lopez Portillo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El día veinte del mes de febrero del año mil novecientos cincuenta y siete, se abrió a firma en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

La anterior Convención fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día veinte del mes de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del día veinticuatro del mes de enero del año mil novecientos setenta y nueve.

El instrumento de Adhesión, firmado por mí el día veintiséis del mes de febrero del año mil novecientos setenta y nueve, fue depositado, ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el día cuatro del mes de abril del propio año.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los ocho días del mes de octubre del año mil novecientos setenta y nueve.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, Alfonso de Rosenzweig-Díaz C.- Rúbrica.

La C. Aida González Martínez, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, certifica:

Que en los Archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, abierta a firma en Nueva York, el día veinte del mes de febrero del año mil novecientos cincuenta y siete, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

Convencion Sobre La Nacionalidad De La Mujer Casada

Los Estados contratantes,

Reconociendo que surgen conflictos de ley y de práctica en materia de nacionalidad a causa de las disposiciones sobre la pérdida y adquisición de la nacionalidad de la mujer como resultado del matrimonio, de su disolución, o del cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio,

Reconociendo que, en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que "toda persona tiene derecho a una nacionalidad" y que "a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad",

Deseosos de cooperar con las Naciones Unidas para extender el respeto y la observancia universales de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de sexo,

Han convenido en las disposiciones siguientes:

Articulo 1

Los Estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio, podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer.

Articulo 2

Los Estados contratantes convienen en que el hecho de que uno de sus nacionales adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o el de que renuncie a su nacionalidad no impedirá que la cónyuge conserve la nacionalidad que posee.

Articulo 3

1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada con uno de sus nacionales podrá adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del marido, mediante un procedimiento especial de naturalización privilegiada, con sujeción a las limitaciones que puedan imponerse por razones de seguridad y de interés público.

2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convención no podrá interpretarse en el sentido de que afecte a la legislación o la práctica judicial que permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir de pleno derecho, si lo solicita, la nacionalidad del marido.

Articulo 4

1. La presente Convención queda abierta a la firma y a la ratificación de cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas y de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de algún organismo especializado de las Naciones Unidas, o que sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de cualquier otro Estado al que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya dirigido una invitación al efecto.

2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación deberán ser depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 5

1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adherirse a la presente Convención.

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 6

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que ese Estado haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

Articulo 7

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado deberá, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o adhesión, a qué territorio no metropolitano o a qué otros territorios se aplicará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión.

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad un territorio no metropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud ciones (sic) internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado deberá, la Convención se aplique a dicho territorio aquel Estado contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro de un lapso de doce meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notificación a partir de la fecha de su recepción por el Secretario General.

3. Después de la expiración del lapso de doce meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General sobre los resultados de las consultas celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales estén encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente Convención haya quedado pendiente.

Articulo 8

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reservas a cualquier artículo de la presente Convención, con excepción de los artículos 1 y 2.

2. Toda reserva formulada conforme al párrafo 1 del presente artículo no afectará el carácter obligatorio de la Convención entre el Estado que haya hecho la reserva y los demás Estados partes, con excepción de la disposición o las disposiciones que hayan sido objeto de la reserva. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará el texto de esa reserva a todos los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención. Todo Estado parte en la Convención o que llegue a ser parte en la misma podrá modificar al Secretario General que no está dispuesto a considerarse obligado por la Convención con respecto al Estado que haya formulado la reserva. Esta notificación deberá hacerse en lo que concierne a los Estados que ya sean partes en la Convención, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación del Secretario General, y, en lo que concierne a los Estados que ulteriormente lleguen a ser partes en la Convención, dentro de los noventa días siguientes a la fecha del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. En caso de que se hubiere hecho tal notificación, se considerará que la Convención no es aplicable entre el Estado autor de la notificación y el Estado que haya hecho la reserva.

3. El Estado que formule una reserva conforme al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla, en su totalidad o en parte, en cualquier momento después de su aceptación, enviando para ello una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

Articulo 9

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención mediante una notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General reciba la notificación.

2. La presente Convención quedará derogada en la fecha en que surta efecto la denuncia que reduzca a menos de seis el número de Estados contratantes.

Articulo 10

Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no sea resuelta por medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, para que la resuelva, a petición de cualquiera de las parte (sic) en conflicto, salvo que las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla.

Articulo 11

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención:

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación depositados en cumplimiento del artículo 4;

b) Los instrumentos de adhesión depositados en cumplimiento del artículo 5;

c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor según el artículo 6;

d) Las comunicaciones y las notificaciones que se reciban, según lo dispuesto en el artículo 8;

e) Las notificaciones de denuncias recibidas según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9;

f) La derogación de la Convención según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9.

Articulo 12

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas.

2- El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4.

en fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual ha sido abierta a la firma en Nueva York, el 20 de febrero de mil novecientos cincuenta y siete.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the text of the Convention on the Nationality of Marrried Women, opened for signature at the Headquarters of the United Nations, New York on 20 February 1957, the original text of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General:

The legal Counsel

United Nations, New York

15 March 1957

Je certifie que le texte qui précéde est la copie conforme du texte de la Convention sur de nationalité de la femme marriée, ouverte á la signature au Siége de l'Organisation des Nations Unies á New-York le 20 février 1957, dont l'original est déposé auprés du Secrétaire général des Nations Unies.

Pour le Secrétaire général:

Le Conseiller juridique

Organisation des Nations Unies, New-York,

le 15 mars 1957

Firma ilegible

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, abierta a firma en Nueva York, el día veinte del mes de febrero del año mil novecientos cincuenta y siete.

Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a los dos días del mes de octubre del año mil novecientos setenta y nueve, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Aida González Martínez.- Rúbrica.

Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero

Texto original.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 29 de septiembre de 1992.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República

Carlos Salinas De Gortari, Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El día veinte del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y seis, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto firmó, adreferendum, la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., en la misma fecha.

La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día veinte del mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y uno, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día veintiocho del mes de enero del año de mil novecientos noventa y dos.

El instrumento de ratificación, firmado por mí el día ocho del mes de junio del año de mil novecientos noventa y dos, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el día veintitrés del mes de julio del propio año.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veinticinco días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores.- Fernando Solana.- Rúbrica.

El C. Embajador Andrés Rozental, Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Certifica

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., el día veinte del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y seis, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

Convención Sobre la Obtención de Alimentos En El Extranjero

Preámbulo

Considerando que es urgente la solución del problema humanitario originado por la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras que se encuentran en el extranjero.

Considerando que el ejercicio en el extranjero de acciones sobre prestación de alimentos o la ejecución en el extranjero de decisiones relativas a la obligación de prestar alimentos suscita graves dificultades legales y de orden práctico.

Dispuestas a establecer los medios conducentes a resolver ese problema y a subsanar las mencionadas dificultades.

Las Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Alcance de la Convención

1.- La finalidad de la presente Convención es facilitar a una persona, llamada en lo sucesivo demandante, que se encuentra en el territorio de una de las Partes Contratantes, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, llamada en lo sucesivo demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra Parte Contratante. Esta finalidad se perseguirá mediante los servicios de organismos llamados en lo sucesivo Autoridades Remitentes e Instituciones Intermediarias.

2.- Los medios jurídicos a que se refiere la presente Convención son adicionales a cualesquiera otros medios que puedan utilizarse conforme al derecho interno o al derecho internacional, y no substitutivos de los mismos.

Artículo 2

Designación de organismos

1.- En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión, cada Parte Contratante designará una o más autoridades judiciales o administrativas para que ejerzan en su territorio las funciones de Autoridades Remitentes.

2.- En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión, cada Parte Contratante designará un organismo público o privado para que ejerza en su territorio las funciones de Institución Intermediaria.

3.- Cada Parte Contratante comunicará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas las designaciones hechas conforme a los (sic) dispuesto en los párrafos 1 y 2 y cualquier modificación al respecto.

4.- Las Autoridades Remitentes y las Instituciones Intermediarias podrán comunicarse directamente con las Autoridades Remitentes y las Instituciones Intermediarias de las demás Partes Contratantes.

Artículo 3

Solicitud a la Autoridad Remitente

1.- Cuando el demandante se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes, denominada en lo sucesivo Estado del demandante, y el demandado esté sujeto a la jurisdicción de otra Parte Contratante, que se denominará Estado del demandado, el primero podrá presentar una solicitud a la Autoridad Remitente de su Estado encaminada a obtener alimentos del demandado.

2.- Cada Parte Contratante informará al Secretario General acerca de los elementos de prueba normalmente exigidos por la ley del Estado de la Institución Intermediaria para justificar la demanda de prestación de alimentos, de la forma en que la prueba debe ser presentada para ser admisible y de cualquier otro requisito que haya de satisfacerse de conformidad con esa ley.

3.- La solicitud deberá ir acompañada de todos los documentos pertinentes, inclusive, en caso necesario, un poder que autorice a la Institución Intermediaria para actuar en nombre del demandante o para designar a un tercero con ese objeto. Se acompañará también una fotografía del demandante y, de ser posible, una fotografía del demandado.

4.- La Autoridad Remitente adoptará las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley del Estado de la Institución Intermediaria. Sin perjuicio de lo que disponga dicha ley, la solicitud expresará:

a) El nombre y apellido del demandante, su dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación, y, en su caso, el nombre y dirección de su representante legal;

b) El nombre y apellido del demandado y, en la medida en que sean conocidas por el demandante, sus direcciones durante los últimos cinco años, su fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación;

c) Una exposición detallada de los motivos en que se funda la pretensión del demandante y del objeto de ésta y cualesquiera otros datos pertinentes, tales como los relativos a la situación económica y familiar del demandante y el demandado.

Artículo 4

Transmisión de los documentos

1.- La Autoridad Remitente transmitirá los documentos a la Institución Intermediaria del Estado del demandado, a menos que considere que la solicitud no ha sido formulada de buena fe.

2.- Antes de transmitir estos documentos, la Autoridad Remitente se cerciorará de que los mismos reúnen los requisitos de forma de acuerdo con la ley del Estado del demandante.

3.- La Autoridad Remitente podrá hacer saber a la Institución Intermediaria su opinión sobre los méritos de la pretensión del demandante y recomendar que se conceda a éste asistencia jurídica gratuita y exención de costas.

Artículo 5

Transmisión de sentencias y otros actos judiciales

1.- La Autoridad Remitente transmitirá, a solicitud del demandante y de conformidad con las disposiciones del artículo 4, cualquier decisión provisional o definitiva, o cualquier otro acto judicial que haya intervenido en materia de alimentos en favor del demandante en un tribunal competente del (sic) cualquiera de las Partes Contratantes, y, si fuere necesario y posible, copia de las actuaciones en que haya recaído esa decisión.

2.- Las decisiones y actos judiciales a que se refiere el párrafo precedente podrán ser transmitidos para reemplazar o completar los documentos mencionados en el artículo 3.

3.- El procedimiento previsto en el artículo 6 podrá incluir, conforme a la ley del Estado del demandado, el exequátur o el registro, o una nueva acción basada en la decisión transmitida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1.

Artículo 6

Funciones de la Institución Intermediaria

1.- La Institución Intermediaria, actuando siempre dentro de las facultades que le haya conferido el demandante, tomará todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial.

2.- La Institución Intermediaria tendrá convenientemente informada a la Autoridad Remitente. Si no pudiere actuar, le hará saber los motivos de ello y le devolverá la documentación.

3.- No obstante cualquier disposición de esta Convención, la ley aplicable a la resolución de las acciones de alimentos y de toda cuestión que surja con ocasión de las mismas será la ley del Estado del demandado, inclusive el derecho internacional privado de ese Estado.

Artículo 7

Exhortos


Si las leyes de las dos Partes Contratantes interesadas admiten exhortos, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) El tribunal que conozca de la acción de alimentos podrá enviar exhortos para obtener más pruebas, documentales o de otra especie, al tribunal competente de la otra Parte Contratante o a cualquier otra autoridad o institución designada por la Parte Contratante en cuyo territorio haya de diligenciarse el exhorto.

b) A fin de que las Partes puedan asistir a este procedimiento o estar representadas en él, la autoridad requerida deberá hacer saber a la Institución Intermediaria, a la Autoridad Remitente que corresponda y al demandado, la fecha y el lugar en que hayan de practicarse las diligencias solicitadas.

c) Los exhortos deberán cumplirse con la diligencia debida; y si a los cuatro meses de recibido un exhorto por la autoridad requerida no se hubiere diligenciado, deberán comunicarse a la autoridad requirente las razones a que obedezca la demora o la falta de cumplimiento.

d) La tramitación del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos o costas de ninguna clase.

e) Sólo podrá negarse la tramitación del exhorto:

1) Si no se hubiere establecido la autenticidad del documento;

2) Si la Parte Contratante en cuyo territorio ha de diligenciarse el exhorto juzga que la tramitación de éste menoscabaría su soberanía o su seguridad.

Artículo 8

Modificación de decisiones judiciales

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán asimismo a las solicitudes de modificación de decisiones judiciales dictadas en materia de prestación de alimentos.

Artículo 9

Exenciones y facilidades

1.- En los procedimientos regidos por esta Convención los demandantes gozarán del mismo trato y de las mismas exenciones de gastos y costas otorgadas por la ley del Estado en que se efectúe el procedimiento a sus nacionales o a sus residentes.

2.- No podrá imponerse a los demandantes, por su condición de extranjeros o por carecer de residencia, caución pago o depósito alguno para garantizar el pago de costas o cualquier otro cargo.

3.- Las Autoridades Remitentes y las Instituciones Intermediarias no percibirán remuneración de ninguna clase por los servicios prestados de conformidad con esta Convención.

Artículo 10

Transferencias de fondos

La Parte Contratante cuya legislación imponga restricciones a la transferencia de fondos al extranjero concederá la máxima prioridad a la transferencia de fondos destinados al pago de alimentos o a cubrir los gastos a que den lugar los procedimientos previstos en esta Convención.

Artículo 11

Cláusula relativa a los Estados federales

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales;

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estado (sic), provincias o cantones;

c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convención proporcionará, a solicitud de cualquiera otra Parte Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General, un resumen de la legislación y de las prácticas vigentes en la federación y en sus entidades constitutivas con respecto a determinada disposición de la Convención, indicando hasta qué punto, por acción legislativa o de otra índole, se ha aplicado tal disposición.

Artículo 12

Aplicación territorial

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán igualmente a todos los territorios no autónomos o en fideicomiso y a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable una Parte Contratante, a menos que dicha Parte Contratante, al ratificar la Convención o adherirse a ella, haya declarado que no se aplicará a determinado territorio o territorios que estén en esas condiciones. Toda Parte Contratante que haya hecho esa declaración podrá en cualquier momento posterior extender la aplicación de la Convención al territorio o territorios así excluidos o a cualquiera de ellos, mediante notificación al Secretario General.

Artículo 13

Firma, ratificación y adhesión

1.- La presente Convención quedará abierta hasta el 31 de diciembre de 1956 a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, de todo Estado no miembro que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o miembro de un organismo especializado, y de todo otro Estado no miembro que haya sido invitado por el Consejo Económico y Social a participar en la Convención.

2.- La presente Convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General.

3.- Cualquiera de los Estados que se mencionan en el párrafo 1 de este artículo podrá adherirse a la presente Convención en cualquier momento. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General.

Artículo 14

Entrada en vigor

1.- La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que se haya efectuado el depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión con arreglo a lo previsto en el artículo 13.

2.- Con respecto a cada uno de los Estados que la ratifiquen o se adhieran a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor 30 días después de la fecha en que dicho Estado deposite su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 15

Denuncia

1.- Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar la presente Convención mediante notificación al Secretario General. Dicha denuncia podrá referirse también a todos o a algunos de los territorios mencionados en el artículo 12.

2.- La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General reciba la notificación, excepto para los casos que se estén sustanciando en la fecha en que entre en vigencia dicha denuncia.

Artículo 16

Solución de controversias

Si surgiere entre Partes Contratantes una controversia respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, y si tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia. La controversia será planteada ante la Corte mediante la notificación del compromiso concertado por las Partes en la controversia, o unilateralmente a solicitud de una de ellas.

Artículo 17

Reservas


1.- Si un Estado formula una reserva relativa a cualquier artículo de la presente Convención en el momento de depositar el instrumento de ratificación o de adhesión, el Secretario General comunicará el texto de la reserva a las demás Partes Contratantes y a todos los demás Estados mencionados en el artículo 13. Toda Parte Contratante que se oponga a la reserva podrá notificar al Secretario General, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la fecha de la comunicación, que no acepta dicha reserva, y en tal caso la Convención no entrará en vigor entre el Estado que haya objetado la reserva y el que la haya formulado. Todo Estado que se adhiera posteriormente a la Convención podrá hacer esta notificación en el momento de depositar su instrumento de adhesión.

2.- Toda Parte Contratante podrá retirar en cualquier momento una reserva que haya formulado anteriormente y deberá notificar esa decisión al Secretario General.

Artículo 18

Reciprocidad

Una Parte Contratante no podrá invocar las disposiciones de la presente Convención respecto de otra Parte Contratante sino en la medida en que ella misma esté obligada.

Artículo 19

Notificaciones del Secretario General

1.- El Secretario General notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 13:

a) Las comunicaciones previstas en el párrafo 3 del artículo 2;

b) las informaciones recibidas conforme al párrafo 2 del artículo 3;

c) las declaraciones y notificaciones hechas conforme al artículo 12;

d) las firmas, ratificaciones y adhesiones hechas conforme al artículo 13;

e) la fecha en que la Convención haya entrado en vigor conforme a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 14;

f) las denuncias hechas conforme al artículo 1 del párrafo 15;

g) las reservas y notificaciones hechas conforme al artículo 17.

2.- El Secretario General notificará también a todas las Partes Contratantes las solicitudes de revisión y las respuestas a las mismas hechas conforme a lo dispuesto en el artículo 20.

Artículo 20

Revisión


1.- Toda Parte Contratante podrá pedir en cualquier momento la revisión de la presente Convención, mediante notificación dirigida al Secretario General.

2.- El Secretario General transmitirá dicha notificación a cada una de las Partes Contratantes y le pedirá que manifieste dentro de un plazo de cuatro meses si desea la reunión de una conferencia para considerar la revisión propuesta. Si la mayoría de las Partes Contratantes responde en sentido afirmativo, dicha conferencia será convocada por el Secretario General.

Artículo 21

Idiomas y depósito de la Convención

El original de la presente Convención, cuyos textos español, chino, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General, quien enviará copias certificadas conformes a todos los Estados a que se hace referencia en el artículo 13.

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., el día veinte del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y seis.

Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y dos, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Rúbrica.

Convención Interamericana Sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas Y Artísticas

Texto original.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 24 de octubre de 1947.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Miguel Aleman Valdes, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en la Conferencia Interamericana de Expertos para la Protección de los Derechos de Autor, Unión Panamericana, celebrada en Washington, D.C., del primero al veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis, se firmó entre los Estados Unidos Mexicanos y otros Países, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, en los idiomas español, inglés, portugués y francés, en las fechas que aparecen al lado de sus respectivas firmas; siendo el texto de dicho Instrumento en el idioma español, y su forma, los siguientes:

Convención Interamericana Sobre el Derecho De Autor En Obras Literarias, Científicas Y Artísticas

Los Gobiernos de las Repúblicas Americanas,

Deseosos de perfeccionar la protección recíproca interamericana del derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas, y

Deseosos de fomentar y facilitar el intercambio cultural interamericano,

Han resuelto concertar una convención para llevar a efecto los propósitos enunciados, y han convenido en los siguientes artículos:

Artículo I

Los Estados Contratantes se comprometen a reconocer y a proteger el derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas, de conformidad con las estipulaciones de la presente Convención.

Artículo II

El derecho de autor, según la presente Convención, comprende la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, científica y artística de: usar y autorizar el uso de ella, en todo o en parte; disponer de ese derecho a cualquier título, total o parcialmente, y transmitirlo por causa de muerte. La utilización de la obra podrá hacerse, según su naturaleza, por cualquiera de los medios siguientes o que en lo sucesivo se conozcan:

(a) Publicarla, ya sea mediante la impresión o en cualquiera otra forma;

(b) Representarla, recitarla, exponerla o ejecutarla públicamente;

(c) Reproducirla, adaptarla, o representarla por medio de la cinematografía;

(d) Adaptarla y autorizar adaptaciones generales o especiales a instrumentos que sirvan para reproducirla mecánica o eléctricamente; o ejecutarla en público por medio de dichos instrumentos;

(e) Difundirla por medio de la fotografía, telefotografía, televisión, radiodifusión, o por cualquier otro medio actualmente conocido o que se invente en lo sucesivo y que sirva para la reproducción de los signos, los sonidos o las imágenes;

(f) Traducirla, transportarla, arreglarla, instrumentarla, dramatizarla, adaptarla y, en general, transformarla de cualquiera otra manera;

(g) Reproducirla en cualquier forma, total o parcialmente.

Artículo III

Las obras literarias, científicas y artísticas, protegidas por la presente Convención, comprenden los libros, escritos y folletos de todas clases, cualquiera que sea su extensión; las versiones escritas o grabadas de las conferencias, discursos, lecciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las coreográficas y las pantomímicas cuya escena sea fijada por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; los dibujos, las ilustraciones, las pinturas, las esculturas, los grabados, las litografías; las obras fotográficas y cinematográficas; las esferas astronómicas o geográficas; los mapas, planos, croquis, trabajos plásticos relativos a geografía, geología, topografía, arquitectura o cualquier ciencia; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística apta para ser publicada y reproducida.

Artículo IV

1.- Cada uno de los Estados Contratantes conviene en reconocer y proteger dentro de su territorio el derecho de autor sobre obras inéditas o no publicadas. Ninguna disposición de la presente Convención se entenderá en el sentido de anular o de limitar el derecho del autor sobre su obra inédita o no publicada; ni en el sentido de permitir que, sin su consentimiento, sea reproducida, publicada o usada; ni en el de que anula o limita su derecho a obtener indemnización por los daños y perjuicios que se hubieren causado.

2.- Las obras de arte hechas principalmente para fines industriales serán protegidas recíprocamente entre los Estados Contratantes que actualmente o en lo sucesivo otorguen protección a tales obras.

3.- El amparo conferido por la presente Convención no comprende el aprovechamiento industrial de la idea científica.

Artículo V

1.- Serán protegidas como obras originales, sin perjuicio del derecho del autor sobre la obra primogenia, las traducciones, adaptaciones, compilaciones, arreglos, compendios, dramatizaciones u otras versiones de obras literarias, científicas y artísticas, inclusive las adaptaciones fotográficas y cinematográficas.

2.- Cuando las elaboraciones previstas en el apartado precedente sean sobre obras del dominio público, serán protegidas como obras originales, pero tal protección no entrañará ningún derecho exclusivo al uso de la obra primogenia.

Artículo VI

1.- Las obras literarias, científicas y artísticas, que gocen de protección, sea cual fuere su materia, publicadas en periódicos o revistas en cualquiera de los Estados Contratantes, no podrán ser reproducidas sin autorización en los demás Estados Contratantes.

2.- Los artículos de actualidad en periódicos y revistas podrán ser reproducidos por la prensa a menos que la reproducción se prohiba mediante una reserva especial o general en aquellos; pero en todo caso deberá citarse de manera inconfundible la fuente de donde se hubieren tomado. La simple firma del autor será equivalente a mención de reserva en los países donde así lo considere la ley o la costumbre.

3.- La protección de la presente Convención no se aplicará al contenido informativo de las noticias del día publicadas en la prensa.

Artículo VII

Se considera autor de una obra protegida, salvo prueba en contrario, a aquél cuyo nombre, o seudónimo conocido, esté indicado en ella; en consecuencia, se admitirá por los tribunales de los Estados Contratantes la acción entablada contra los infractores por el autor o por quien represente su derecho. Respecto de las obras anónimas, y de las seudónimas cuyo autor no se haya revelado, dicha acción corresponderá al editor de ellas.

Artículo VIII

El término de duración de la protección del derecho de autor se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la ley del Estado Contratante en el cual se haya obtenido originalmente la protección, pero no excederá el plazo fijado por la ley del Estado Contratante en el cual se reclame la protección. Cuando la legislación de cualquier Estado Contratante otorgue dos plazos sucesivos de protección, el término de duración de la protección, en lo que respecta a ese Estado, incluirá, para los fines de la presente Convención, ambos plazos.

Artículo IX

Cuando una obra creada por un nacional de cualquier Estado Contratante o por un extranjero domiciliado en el mismo, haya obtenido el derecho de autor en dicho Estado, los demás Estados Contratantes le otorgarán protección sin necesidad de registro, depósito u otra formalidad. Dicha protección será la otorgada por la presente Convención y la que actualmente o en lo sucesivo otorgaren los Estados Contratantes a los nacionales de acuerdo con sus leyes.

Artículo X

A fin de facilitar el uso de obras literarias, científicas y artísticas, los Estados Contratantes promoverán el empleo de la expresión "Derechos Reservados", o su abreviación "D. R.", seguida del año en que la protección empiece, nombre y dirección del titular del derecho y lugar de origen de la obra, en el reverso de la portada si se tratare de obra escrita, o en algún lugar adecuado, según la naturaleza de la obra, como el margen reverso, base permanente, pedestal, o el material en que vaya montada. Sin embargo, la indicación de reserva del derecho en ésta o cualquiera otra forma, no se interpretará como una condición para la protección de la obra de acuerdo con los términos de la presente Convención.

Artículo XI

El autor de cualquiera obra protegida, al disponer de su derecho de autor por venta, cesión o de cualquiera otra manera, conserva la facultad de reclamar la paternidad de la obra y la de oponerse a toda modificación o utilización de la misma que sea perjudicial a su reputación como autor, a menos que por su consentimiento anterior, contemporáneo o posterior a tal modificación, haya cedido o renunciado esta facultad de acuerdo con las disposiciones de la ley del Estado en que se celebre el contrato.

Artículo XII

1.- Será lícita la reproducción de breves fragmentos de obras literarias, científicas y artísticas, en publicaciones con fines didácticos o científicos, en crestomatías o con fines de crítica literaria o de investigación científica, siempre que se indique de manera inconfundible la fuente de donde se hubieren tomado y que los textos reproducidos no sean alterados.

2.- Para los mismos efectos y con iguales restricciones podrán publicarse breves fragmentos en traducciones.

Artículo XIII

1.- Todas las publicaciones o reproducciones ilícitas serán secuestradas de oficio o a petición del titular del derecho de la obra por la autoridad competente del Estado Contratante en que tenga lugar la infracción o en el cual la obra ilícita haya sido importada.

2.- Toda representación o ejecución pública de piezas teatrales o composiciones musicales en violación de los derechos de autor, a petición del titular lesionado, será impedida por la autoridad competente del Estado Contratante en que ocurra la infracción.

3.- Tales medidas serán tomadas sin perjuicio de las acciones civiles y criminales pertinentes.

Artículo XIV

El título de una obra protegida que por la notoriedad internacional de la obra misma adquiera un carácter tan distintivo que la identifique, no podrá ser reproducida en otra obra sin el consentimiento del autor. La prohibición no se aplica al uso del título con respecto a obras de índole diversa que excluya toda posibilidad de confusión.

Artículo XV

Las estipulaciones de la presente Convención no perjudicarán en forma alguna el derecho de los Estados Contratantes de vigilar, restringir, o prohibir, de acuerdo con su legislación interna, la publicación, reproducción, circulación, representación o exhibición de aquellas obras que se consideren contrarias a la moral o a las buenas costumbres.

Artículo XVI

1.- Cada uno de los Estados Contratantes enviará a los demás y a la Unión Panamericana, a intervalos regulares, en forma de tarjetas o libros, listas oficiales de las obras, cesiones de derechos sobre éstas y licencias para su uso, que hayan sido inscritas oficialmente en sus oficinas respectivas por autores nacionales o extranjeros domiciliados. Estas listas no requerirán legalizaciones o certificaciones complementarias.

2.- Los reglamentos para el intercambio de tal información serán formulados por representantes de los Estados Contratantes en reunión especial que será convocada por la Unión Panamericana.

3.- Dichos reglamentos serán comunicados a los respectivos Gobiernos de los Estados Contratantes por la Unión Panamericana y regirán entre los Estados que los aprueben.

4.- Ni las disposiciones precedentes de este Artículo ni los reglamentos que se adopten de acuerdo con el mismo constituirán un requisito inherente a la protección bajo la presente Convención.

5.- Los certificados que otorguen las respectivas oficinas, a base de las listas a que se hace referencia anteriormente, tendrán, en los Estados Contratantes, eficacia legal probatoria de los hechos consignados en dichos certificados, salvo prueba en contrario.

Artículo XVII

1.- La presente Convención reemplazará entre los Estados Contratantes a la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística suscrita en Buenos Aires el 11 de agosto de 1910 y a la Revisión de la misma Convención suscrita en La Habana el 18 de febrero de 1928 y a todas las convenciones interamericanas suscritas antes de la presente sobre la misma materia, pero no afectará los derechos adquiridos de acuerdo con dichas convenciones.

2.- No se incurrirá en las responsabilidades previstas en esta Convención por el uso lícito que se haya hecho o los actos que se hayan realizado en un Estado Contratante, en conexión con cualesquiera obras literarias, científicas y artísticas, con anterioridad a la fecha en que tales obras obtuvieron el derecho a la protección en ese Estado de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención; o con respecto a la continuación en ese Estado de cualquier utilización legalmente iniciada antes de dicha fecha que implique gastos u obligaciones contractuales en conexión con la explotación, producción, reproducción, circulación o ejecución de cualquiera de esas obras.

Artículo XVIII

El original de la presente Convención en los idiomas español, inglés, portugués y francés será depositado en la Unión Panamericana y abierto a la firma de los Gobiernos de los Estados Americanos. La Unión Panamericana enviará copias auténticas a los Gobiernos para los fines de ratificación.

Artículo XIX

La presente Convención será ratificada por los Estados Signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamericana, la que notificará dicho depósito a los Gobiernos de los Estados Signatarios. Tal notificación valdrá como canje de ratificaciones.

Artículo XX

La presente Convención entrará en vigor, con respecto a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, han (sic) pronto como dos Estados Signatarios hayan efectuado dicho depósito. La Convención entrará en vigor con respecto a cada uno de los demás Estados Signatarios en la fecha del depósito de su respectivo instrumento de ratificación.

Artículo XXI

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquier Estado Contratante mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, la cual transmitirá copia del aviso a cada uno de los demás Gobiernos Signatarios. Transcurrido este plazo de un año, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, pero quedará subsistente para los demás Estados.

La denuncia de la presente Convención no afectará los derechos adquiridos de acuerdo con las disposiciones de la misma antes de la fecha de expiración de esta Convención con respecto al Estado denunciante.

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, después de haber depositado sus Plenos Poderes, que se han encontrado en buena y debida forma, firman la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en las fechas que aparecen al lado de sus respectivas firmas.

Por Nicaragua:

(F) Guillermo Sevilla Sacasa. 22 de junio de 1946.

Por Ecuador:

(F) L. N. Ponce 22 de junio de 1946.

(F) E. Avellán F.

Por la República Dominicana:

(F) J. R. Rodríguez. 22 de junio de 1946.

Por Guatemala:

(F) Jorge García Granados.

(F) R. Arévalo Martínez. 22 de junio de 1946.

Por México:

(F) G. Fernández del Castillo: 22 de junio de 1946.

Por Venezuela:

(F) A. Casas Briceño 22 de junio de 1946.

Por Perú:

(F) J. B. de Lavalle. 22 de junio de 1946.

Por Haití:

(F) Dantes Bellegarde. le 22 juin de 1946.

Por Panamá:

(F) Graciela Rojas Sucre. 22 de junio de 1946.

Por Colombia:

(F) Antonio Rocha. 22 de junio de 1946.

Por Chile:

(F) Benjamín Dávila Izquierdo.

(F) Humberto Díaz Casanueva 22 de junio de 1946.

Por Brasil:

(A) Joao Carlos Muñiz. 22 de junho de 1946.

Por Costa Rica:

(F) Jorge Hazera. 22 de junio de 1946.

Por Honduras:

(F) Julián R. Cáceres 22 de junio de 1946.

Por la República Argentina:

(F) Rodolfo García Arias. 22 de junio de 1946.

Por los Estados Unidos de América:

(S) Luther H. Evans. June 22, 1946.

Por Uruguay:

(F) Roberto Fontaina.

ad referendum de la

aprobación por el Gobierno

de la República de acuerdo

al Art. XIX de la presente

Convención. 22 de junio de 1946.

Por Paraguay:

(F) César Romeo Acosta.

ad referendum. 22 de junio de 1946.

Por El Salvador:

(F) Salvador Salazar Arrué. 22 de junio de 1946.

Por Cuba:

(F) Natalio Chediak. 22 de junio de 1946.

Por Bolivia:

(F) V. Andrade. 22 de junio de 1946.

Que la Convención preinserta fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de fecha trece de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los tres días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y siete.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet.- Rúbrica.

Convencion Sobre Pesca Y Conservación de Los Recursos Vivos De La Alta Mar

TEXTO ORIGINAL.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el sábado 22 de octubre de 1966.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en la ciudad de Ginebra, el día veintinueve del mes de abril del año de mil novecientos cincuenta y ocho, se firmó la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

Que la anterior Convención fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día diecisiete del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y cinco, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del día cinco del mes de enero del año en curso.

Que fue aceptada por mí el día diecisiete del mes de junio del presente año, habiéndose efectuado el depósito del Instrumento de Adhesión respectivo, ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el día dos del presente mes de agosto.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del Artículo octogésimo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y seis.

Gustavo Días Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores.- Antonio Carrillo Flores.- Rúbrica.

José S. Gallástegui, Oficial Mayor de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Certifica: Que en los Archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, firmada en la ciudad de Ginebra el día veinticinco del mes de abril del año mil novecientos cincuenta y ocho, cuyo texto en español es el siguiente:

CONVENCION SOBRE PESCA Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS VIVOS DE LA ALTA MAR

Los Estados partes en esta Convención,

Considerando que el desarrollo de la técnica moderna en cuanto a los medios de explotación de los recursos vivos del mar, al aumentar la capacidad del hombre para atender las necesidades alimenticias de la creciente población mundial, ha expuesto algunos de estos recursos al peligro de ser explotados en exceso;

Considerando también que la naturaleza de los problemas que suscita en la actualidad la conservación de los recursos vivos de la alta mar sugiere la clara necesidad de que se resuelvan, cuando ello sea posible, sobre bases de cooperación internacional, mediante la acción concertada de todos los Estados interesados,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

1. Todos los Estados tiene el derecho de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, a reserva de: a) sus obligaciones convencionales; b) los intereses y derechos del Estado ribereño que se estipulan en la presente Convención, y c) las disposiciones sobre la conservación de los recursos vivos de la alta mar que figuran en los artículos siguientes.

2. Los Estados tendrán la obligación de adoptar o de colaborar con otros Estados en la adopción de las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar.

ARTICULO 2

A los efectos de esta Convención, se entenderá por "conservación de los recursos vivos de la alta mar" el conjunto de medidas que permitan obtener un rendimiento óptimo constante de estos recursos, de manera que aumente hasta el máximo el abastecimiento de alimentos y de otros productos marinos. Al formular los programas de conservación se tendrá en cuenta la necesidad de asegurar en primer lugar el abastecimiento de alimentos para el consumo humano.

ARTICULO 3

El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca de cualquier reserva o reservas de peces u otros recursos vivos del mar en una zona cualquiera de la alta mar donde no pesquen los nacionales de otros Estados deberá adoptar medidas en esa zona respecto de sus propios nacionales, cuando sea necesario para la conservación de los recursos vivos afectados.

ARTICULO 4

1. Si los nacionales de dos o más Estados se dedican a pescar de la misma o de las mismas reservas de peces u otros recursos vivos marinos en cualquier zona o zonas de la alta mar, dichos Estados a petición de cualquiera de ellos, entablarán negociaciones con objeto de adoptar de común acuerdo para con sus nacionales las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos afectados.

2. Si los Estados interesados no pudiesen llegar a un acuerdo dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las partes podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9.

ARTICULO 5

1. Si, una vez adoptadas las medidas a que se refieren los artículos 3 y 4, los nacionales de otros Estados quieren dedicarse a pescar en cualquier zona o zonas de la alta mar de la misma o de las mismas reservas de peces u otros recursos marinos vivos, los otros Estados aplicarán a sus propios nacionales dichas medidas que no deberán ser discriminatorias, de hecho ni de derecho, a más tardar siete meses después de la fecha en que dichas medidas hayan sido notificadas al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El Director General notificará dichas medidas a todos los gobiernos que se lo pidan y, en todo caso, a todos los Estados indicados por el que tome dicha medida.

2. Si los otros Estados no aceptan esas medidas y no puede llegarse a un acuerdo dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las partes interesadas podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte la decisión de la comisión especial.

ARTICULO 6

1. El Estado ribereño tiene un interés especial en el mantenimiento de la productividad de los recursos vivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a su mar territorial.

2. El Estado ribereño tiene el derecho de participar, en condiciones de igualdad, en toda organización de estudios y en todo sistema de investigación o de reglamentación relativo a la conservación de los recursos vivos de la alta mar en dicha zona aunque sus nacionales no se dediquen a la pesca en ella.

3. El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca en una zona cualquiera de la alta mar adyacente al mar territorial de un Estado ribereño deberá a petición del Estado ribereño, entablar negociaciones con objeto de adoptar de común acuerdo las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en esa zona.

4. El Estado cuyos nacionales se dediquen a la pesca en cualquier zona de la alta mar adyacente al mar territorial de un Estado ribereño no pondrá en vigor ninguna medida de conservación en dicha zona que se oponga a aquellas que haya adoptado el Estado ribereño pero podrá entablar negociaciones con el Estado ribereño para adoptar, de común acuerdo, las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en dicha zona.

5. Si los Estados interesados no llegan a un acuerdo respecto a las medidas de conservación dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las dos partes podrá entablar el procedimiento previsto en un artículo 9.

ARTICULO 7

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6, y con el fin de mantener la productividad de los recursos vivos del mar, el Estado ribereño podrá adoptar unilateralmente las medidas de conservación que procedan para toda reserva de peces u otros recursos marinos en cualquier parte de la alta mar adyacente a su mar territorial, si las negociaciones con los demás Estados interesados no hubiesen dado lugar a un acuerdo dentro de un plazo de seis meses.

2. Para que las medidas que adopte el Estado ribereño en virtud del párrafo precedente puedan surtir efecto respecto de otros Estados, deberán reunir las condiciones siguientes:

a) Que las medidas de conservación respondan a una necesidad urgente a la luz de los conocimientos que se tengan sobre la pesquería;

b) Que las medidas adoptadas se funden en dictámenes científicos pertinentes;

c) Que dichas medidas no discriminen de hecho ni de derecho contra los pescadores extranjeros.

3. Estados (sic) medidas permanecerán en vigor hasta que se solucione, de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta convención, cualquier litigio que pueda surgi (sic) sobre su validez.

4. Si estas medidas no son aceptadas por los demás Estados interesados, cualquiera de las partes podrá entablar el procedimiento establecido en el artículo 9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 de artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte la decisión de la comisión especial.

5. Cuando la costa pertenezca a varios Estados se seguirán los principio de delimitación geográfica que se fijan en el artículo 12 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua.

ARTICULO 8

1. Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se dediquen a la pesca en una zona de la alta mar no adyacente a sus costas si tiene un interés especial en la conservación de los recursos vivos de la alta mar de dicha zona, podrá pedir al Estado o a los Estados cuyos nacionales se dediquen a la pesca en ella que tomen las medidas de conservación necesarias, con arreglo a lo dispuesto en los artículo (sic) 3 y 4 respectivamente, indicando al mismo tiempo las conclusiones científicas que, a su juicio, hagan necesarias esas medidas y señalando su interés especial.

2. Si no se llega aun acuerdo dentro de un plazo de doce meses dicho Estado podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9.

ARTICULO 9

1. Las diferencias que puedan surgir entre Estados en los casos a que se refieren los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 serán resueltas, a petición de cualquiera de las partes, por una comisión especial compuesta de cinco miembros, salvo que las partes convengan en resolverlas mediante otro procedimiento pacífico, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. Los miembros de la comisión, uno de los cuales será nombrado presidente, serán designados de común acuerdo por los Estados partes en el litigio, dentro de los tres meses siguientes a la demanda de arbitraje, conforme a las disposiciones de este artículo. Si no se llega a un acuerdo, serán nombrados a petición de cualquiera de las partes y dentro de los tres meses siguientes, por el Secretario General de las Naciones Unidas, previa consulta con los Estados partes en la controversia y con el Presidente de la Corte Internacional de Justicia y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de entre personas competentes, nacionales de terceros Estados y especialistas en las cuestiones jurídicas, administrativas y científicas de las pesquerías, según sea la naturaleza del conflicto que haya de resolverse. Las vacantes se cubrirán por el procedimiento seguido para los primeros nombramientos

3. Todo Estado parte en cualquier litigio entablado en virtud de estos artículos podrá designar a uno de sus nacionales para que forme parte de la comisión especial, con derecho a participar plenamente en sus actuaciones en igualdad de condiciones con los miembros de la comisión, pero sin derecho a votar ni a participar en la redacción de la decisión de la comisión.

4. La comisión fijará su propio procedimiento, garantizando a cada una de las partes la posibilidad completa de ser oída, y de exponer su caso. También decidirá como habrán de ser distribuidas las costas y demás gastos del litigio entre las artes (sic), si éstas no pudieran llegar a un acuerdo, a este respecto.

5. La comisión deberá fallar dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de su designación, a menos que, en caso necesario decida ampliar este término tres meses como máximo.

6. Al dictar su fallo, la comisión especial deberá observar lo dispuesto en estos artículos y en todo acuerdo especial que exista entre las partes acerca de la solución de la controversia.

7. La comisión adoptará sus decisiones por mayoría.

ARTICULO 10

1. En los litigios a que dé lugar la aplicación del artículo 7, la comisión especial aplicará los criterios anunciados en el párrafo 2 de dicho artículo. En los litigios a que dé lugar la aplicación de los artículos 4, 5, 6, y 8, la comisión aplicará los siguientes criterios, según los problemas planteados en el litigio:

a) En los litigios a que dé lugar la aplicación de los artículos 4, 5, y 6 se habrá de determinar:

i) Si las conclusiones científicas demuestran la necesidad de adoptar medidas de conservación;

ii) Si las medidas concretas se basan en conclusiones científicas y son factibles, y

iii) Si las medidas no tienen carácter discriminatorio de hecho ni derecho, contra pescadores de otros Estados.

b) En los litigios a que dé lugar la aplicación del artículo 8 se habrá de determinar que las conclusiones científicas demuestren que es indispensable adoptar medidas de conservación o que el programa de conservación responda a las necesidades.

2. La comisión especial podrá decidir que las medidas que sean objeto de discusión no se aplipuen (sic) hasta que dicte su fallo; pero en el caso de litigios a que se dé lugar la aplicación del artículo 7, dichas medidas sólo se suspenderán cuando la comisión, basándose en pruebas prima facie, llegue al convencimiento de que no es necesario aplicar urgentemente tales medidas.

ARTICULO 11

Las decisiones de la comisión especial serán obligatorias para los Estados partes en el litigio de que se trate y será aplicable a las mismas lo que dispone el párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. Si las decisiones fueran acompañadas de recomendaciones éstas deberán ser objeto de la mayor atención.

ARTICULO 12

1. Si se modifican los hechos en que se basa la decisión de la comisión especial debido a cambios importantes en las condiciones de la reserva o las reservas de peces o de otros recursos marinos vivos, o en los métodos de pesca, cualquiera de los Estados encausa podrá pedir a los demás Estados que se inicien negociaciones para introducir de común acuerdo las modificaciones necesarias en las medidas de conservación.

2. Si no se llega a un acuerdo en un plazo prudencial, cualquiera de los Estados de que se trate podrá recurrir de nuevo al procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 9, siempre que hayan transcurrido al menos dos años desde que se dictó el fallo anterior.

ARTICULO 13

1. Un Estado podrá emprender la reglamentación de las pesquerías explotadas mediante dispositivos fijados en el lecho del mar en zonas de la alta mar adyacentes a su mar territorial cuando sus necesidades hayan mantenido y explotado esas pesquerías durante largo tiempo, a condición de que los no nacionales estén autorizados a participar en esas salvo en aquellas zonas donde sus nacionales haya disfru- (sic) actividades en las mismas condiciones que sus nacionales, tado (sic) exclusivamente, durante un período de tiempo prolongado del uso de dichas pesquerías. Esta reglamentación no podrá menoscabar el régimen general de alta mar correspondiente a esa zona.

2. Las pesquerías explotadas mediante dispositivos fijados en el lecho del mar a que se refiere este artículo son aquellas que utilizan aparejos cuyos elementos de sustentación están fijados en el lecho del mar, construidos en lugar donde se les deja para que funcionen de un modo permanente, o que, si se quitan, se les coloca otra vez, al volver la estación en el mismo lugar.

ARTICULO 14

En los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 8, por "nacionales" se entienden los buques o embarcaciones de pesca de todas las dimensiones que tengan la nacionalidad del Estado interesado, según la ley de dicho Estado independientemente de la nacionalidad de sus tripulantes.

ARTICULO 15

Esta Convención quedará abierta hasta el 31 de octubre de 1958 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a suscribir la Convención.

ARTICULO 16

Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 17

Esta Convención estará abierta a la adhesión de los Estados incluidos en cualquier categoría mencionada en el artículo 15. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 18

1. Esta Convención entrará en vigor el trigésimo día que siga a la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de la Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de haberse depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación o de adhesión la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO 19

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, un Estado podrá formular reservas respecto de los artículos de la Convención, con excepción de los artículos 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

2. Un Estado contratante que haya formulado reservas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior podrá anularlas en cualquier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 20

1. Una vez expirado el plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Convención, las partes contratantes podrán pedir en todo momento, mediante una comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que se revise esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que corresponda tomar acerca de esa petición.

ARTICULO 21

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás Estados mencionados en artículo 15:

a) Cuáles son los países que han firmado esta Convención y los que han depositado los instrumentos de ratificación, adhesión de conformidad con los artículos 15, 16, 17;

b) En qué fecha entrará en vigor esta Convención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18;

c) Las peticiones de revisión hechas de conformidad con el artículo 20;

d) Las reservas formuladas respecto de esta Convención de conformidad con el artículo 19.

ARTICULO 22

El original de esta Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias certificadas a todos los Estados mencionados en el artículo 15.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado esta Convención.

HECHO EN GINEBRA, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.

La presente es copia fiel y se extiende en trece páginas, a fin de incorporarlas al Decreto de Promulgación de la Convención de que se trata.

Hecha en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y seis.- José S. Gallastegui.- Rúbrica.

CONVENCION SOBRE PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA, SUSCRITA EN LA CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA

TEXTO ORIGINAL.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 23 de abril de 1964.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ADOLFO LOPEZ MATEOS, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el día once del mes de agosto del año de mil novecientos diez, México firmó ad-referendum la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, suscrita en esa misma fecha en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; cuyo texto en español es el siguiente:

CONVENCION

PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA

S. S. E. E. los Presidentes de los Easdtos (sic) Unidos de América, de la República Argentina, del Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de la República Dominicana, del Ecuador, de Guatemala, de Haití, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá, del Paraguay, del Perú, del El Salvador, del Uruguay y de Venezuela;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados, para aprobar la Recomendaciones, Resoluciones, Convenciones y Tratados que juzgaren útiles a los intereses de América, a los siguientes señores Delegados:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Henry White, Enoch H. Crowder, Lewis Nixon, John Bassett Moore, Bernard Moses, Lamar C. Quintero, Paul Samuel Reinsch, David Kinley.

REPUBLICA ARGENTINA: Antonio Bermejo, Eduardo L. Bidau, Manuel A. Montes de Oca, Epifanio Portela, Carlos Rodríguez Larreta, Carlos Salas, José A. Terry, Estanislao S. Zeballos.

ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL: Joaquín Murtinho, Domicio de Gama, José L. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Gastao de Cunha, Herculano de Freitas.

REPUBLICA DE CHILE: Miguel Cruchaga Tocornal, Emilio Bello Codecido, Aníbal Cruz Díaz, Beltrán Mathieu.

REPUBLICA DE COLOMBIA: Roberto Ancízar.

REPUBLICA DE COSTA RICA: Alfredo Volio.

REPUBLICA DE CUBA: Carlos García Vélez, Rafael Montoro Valdés, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Antonio Gonzalo Pérez, José M. Carbonel.

REPUBLICA DOMINICANA: Américo Lugo.

REPUBLICA DEL ECUADOR: Alejandro Cárdenas.

REPUBLICA DE GUATEMALA: Luis Toledo Herrarte, Manuel Arroyo, Mariano Estrada.

REPUBLICA DE HAITI: Constantin Fouchard.

REPUBLICA DE HONDURAS: Luis Lazo Arriaga.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Victoriano Salado Alvarez, Luis Pérez Verdía, Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A. Esteva Ruiz.

REPUBLICA DE NICARAGUA: Manuel Pérez Alonso.

REPUBLICA DE PANAMA: Belisario Porras.

REPUBLICA DEL PARAGUAY: Teodosio González, José P. Montero.

REPUBLICA DEL PERU: Eugenio Larrabure y Unánue, Carlos Alvarez Calderón, José Antonio de Lavalle y Pardo.

REPUBLICA DE EL SALVADOR: Federico Mejía, Francisco Martínez Suárez.

REPUBLICA DEL URUGUAY: Gonzalo Ramírez, Carlos M. de Pena, Antonio M. Rodríguez, Juan José Amézaga.

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA: Manuel Díaz Rodríguez, César Zumeta.

Quienes después de haberse comunicado sus respectivos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, han acordado en celebrar la siguiente Convención, sobre Propiedad Literaria y Artística.

ARTICULO 1º.- Los Estados signatarios reconocen y protegen los derechos de Propiedad Literaria y Artística, de conformidad con las estipulaciones de la presente Convención.

ARTICULO 2º.- En la expresión "Obras literarias y artísticas" se comprenden los libros, escritos, folletos de todas clases, cualquiera que sea la materia de que traten, y cualquiera que sea el número de sus páginas; las obras dramáticas o dramático-musicales; las coreográficas, las composiciones musicales, con o sin palabras, los dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados; las obras fotográficas; las esferas astronómicas o geográficas; los planos, croquis o trabajos plásticos relativos o geografía, geología o topografía, arquitectura o cualquiera ciencia; y, en fin, queda comprendida toda producción que pueda publicarse por cualquier medio de impresión o reproducción.

ARTICULO 3º.- El reconocimiento del derecho de propiedad obtenido en un Estado, de conformidad con sus leyes, surtirá de pleno derecho sus efectos en todos los demás, sin necesidad de llenar ninguna otra formalidad, siempre que aparezca en la obra cualquiera manifestación que indique la reserva de la propiedad.

ARTICULO 4º.- El derecho de propiedad de una obra literaria o artística, comprende, para su autor o causahabientes, la facultad exclusiva de disponer de ellas, publicarla, de enajenarla, de traducirla o de autorizar su traducción, y reproducirla en cualquier forma, ya total, ya parcialmente.

ARTICULO 5º.- Se considera autor de una obra protegida, salvo prueba en contrario, a aquel cuyo nombre o pseudónimo conocido esté indicado en ella; en consecuencia, se admitirá por los Tribunales de los diversos países signatarios, la acción entablada por el autor o su representante contra los falsificadores o infractores.

ARTICULO 6º.- Los autores o sus causahabientes, nacionales, o extranjeros domiciliados, gozarán en los países signatarios los derechos que las leyes respectivas acuerden, sin que esos derechos puedan exceder el término de protección acordado en el país de origen.

Para las obras compuestas de varios volúmenes que no publiquen juntamente, del mismo modo que para los boletines o entregas o publicaciones periódicas, el plazo de propiedad comenzará a contarse, respecto de cada volumen, boletín o entrega o publicación periódica, desde la respectiva fecha de su publicación.

ARTICUI (SIC) 7º.- Se considerará como país de origen de una obra el de su primera publicación en América y si ella se ha verificado simultáneamente en varios de los países signatarios, aquel cuya ley fije el término más corto de protección.

ARTICULO 8º.- La obra que no tuvo en su origen la propiedad literaria, no será susceptible de adquirirla en sus reediciones posteriores.

ARTICULO 9°.- Las traducciones lícitas son protegidas como las obras originales.

Los traductores de obras, acerca de las cuales no existe o se hubiere exteinguido (sic) el derecho de propiedad garantizado, podrán obtener, respecto de sus traducciones, los derechos de propiedad declarados en el artículo 3º., más no podrán impedir la publicación de otras traducciones de la misma obra.

ARTICULO 10.- Puede publicarse en la prensa periódica, sin necesidad de autorización alguna, los discursos pronunciados o leídos en asamblea deliberantes, ante los tribunales de justicia o en las reuniones públicas, sin perjuicio de lo que dispongan a este respecto las leyes internas de cada Estado.

ARTICULO 11.- Las obras literarias, científicas o artísticas, cualquiera que sea su materia publicadas en periódicos o revistas de cualquiera de los países de la Unión, no pueden reproducirse en los otros países, sin el consentimiento de los autores. Con la excepción de las obras mencionadas, cualquier artículo de periódico puede reproducirse por otro, si ello no ha sido expresamente prohibido, debiendo, en todo caso, citarse la fuente de donde aquel se ha tomado.

Las noticias y misceláneas que tienen el carácter de mera prensa informativa, no gozan de protección de esta Convención.

ARTICULO 12.- La reproducción de fragmentos de obras literarias o artísticas en publicaciones destinadas a la enseñanza o para crestomatía, no confiere ningún derecho de propiedad, y puede, por consiguiente, ser hecha libremente en todos los países signatarios.

ARTICULO 13.- Se consideran reproducciones ilícitas, para los efectos de la responsabilidad civil, las apropiaciones indirectas, no autorizadas, de una obra literaria o artística y que no representen el carácter de obra original.

Será también considerada ilícita la reproducción, en cualquier forma, de una obra íntegra, o de la mayor parte de ella, acompañada de notas o comentarios, a pretexto de crítica literaria, de ampliación o complemento de la obra original.

ARTICULO 14.- Toda obra falsificada podrá ser secuestrada en los países signatarios, en que la obra original tenga derecho a ser protegida legalmente, sin perjuicio de las indemnizaciones o las penas en que incurran los falsificadores, según las leyes del país en que el fraude se haya cometido.

ARTICULO 15.- Cada uno de los Gobiernos de los países signatarios, conservará la libertad de permitir, vigilar o prohibir que circulen, se presenten o expongan, obras o reproducciones respecto de las cuales tuviere que ejercer ese derecho la autoridad competente.

ARTICULO 16.- La presente Convención comenzará a regir entre los Estados signatarios que la ratifiquen, tres meses después que comuniquen su ratificación al Gobierno Argentino, y permanecerá en vigor entre todos elos (sic), hasta un año después de la fecha de la denuncia. Esta denuncia será dirigida al Gobierno Argentino y no tendrá efecto, sino respecto del país que la haya hecho.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman la presente Convención y ponen en ella el sello de la Cuarta Conferencia Internacional Americana.

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto de mil novecientos diez, en español, inglés, portugués y francés y depositado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, a fin de que se saquen copias certificadas para enviarlas, por la vía diplomática, a cada uno de los Estados signatarios.

Que la anterior Convención fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del día veintiuno del mes de febrero del año de mil novecientos cincuenta y tres.

Que fue ratificada por mí el día once del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y tres, habiéndose efectuado el depósito del Instrumento de Ratificación respectivo ante el Gobierno de la República de Argentina, el día veintitrés del mes de enero del presente año.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo octogésimo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de febrero del año de mil novecientos sesenta y cuatro.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores.- Manuel Tello.- Rúbrica.

CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA

TEXTO ORIGINAL.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 13 de marzo de 1996.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, se firmó en la Ciudad de México, el día cuatro del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y cinco, el Convenio de Sede entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día once del mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y cinco, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintisiete del mes de diciembre del propio año.

La notificación a que se refiere el Artículo 15 del Convenio se efectuó en la Ciudad de México, el día cuatro del mes de enero del año de mil novecientos noventa y seis.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría Treviño.- Rúbrica.

JAVIER TREVIÑO CANTU, SUBSECRETARIO "C" DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Convenio de Sede entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, suscrito en la Ciudad de México, el día cuatro del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (en lo sucesivo "el Gobierno") y LA COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA (en lo sucesivo "la Comisión");

A FIN DE establecer la sede de la Comisión y acordar sus privilegios e inmunidades y los de su personal, contenidas en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, suscrito en las Ciudades de México y Washington, D.C., los días 16 y 18 de noviembre de 1993, respectivamente;

CONFIRMANDO que la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza tendrá su sede en México;

RECORDANDO los derechos y las obligaciones de la Comisión, contenidas en el Acuerdo que la estableció;

CON LA INTENCION de establecer la sede de la Comisión y regular sus privilegios e inmunidades y los de sus directores, del Administrador General, del Administrador General Adjunto, del Consejo Asesor y de los funcionarios y empleados de la Comisión, así como los de sus bienes y activos,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Convenio, las expresiones siguientes significan:

1. "Acuerdo", el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, suscrito en las Ciudades de México y Washington, D.C., los días 16 y 18 de noviembre de 1993, respectivamente.

2. "Comisión", la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza.

3. "Convenio", el presente instrumento, Convenio de Sede entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza.

4. "Directores", los miembros del Consejo Directivo de la Comisión.

5. "Gobierno", el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

6. "Legislación mexicana", todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos y en general aquellas disposiciones emitidas o suscritas por el Gobierno de México, en virtud de su autoridad.

7. "Parte (s)", el Gobierno y la Comisión.

8. "Personal de la Comisión", el Administrador General, el Administrador General Adjunto, y los funcionarios y empleados de la Comisión.

9. "Consejo Asesor", el Consejo Asesor de la Comisión.

ARTICULO 2

SEDE

La Comisión tendrá su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.



ARTICULO 3

CONDICION JURIDICA

1. La Comisión tendrá personalidad jurídica y, en particular, tendrá plena capacidad para:

a) contratar;

b) adquirir y disponer, de conformidad con la legislación mexicana, de bienes muebles y propiedades inmuebles; y

c) entablar procedimientos judiciales.

2. La Comisión podrá ejercer las demás facultades que sean necesarias para cumplir sus propósitos y funciones de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, y respetando la legislación mexicana.

ARTICULO 4

INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LA COMISION

Para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de las funciones que se le confieren en el Acuerdo:

1. La Comisión, sus propiedades y activos, donde sea que se ubiquen y quien sea que los posea, gozarán de la misma inmunidad, respecto a demandas y otros procedimientos judiciales, otorgada a organismos internacionales en México, excepto cuando la Comisión renuncie expresamente a esta inmunidad en algún procedimiento o en los términos de algún contrato.

2. Los bienes y demás activos de la Comisión, donde quiera que se ubiquen y quien sea que los posea, serán considerados como propiedad pública internacional y gozarán de inmunidad respecto a pesquisa, requisición, confiscación, expropiación o cualquiera otra forma de aprehensión o enajenación forzosa por acción ejecutiva o legislativa.

3. Los bienes y demás activos de la Comisión estarán exentos de toda clase de restricciones, regulaciones, y medidas de control o moratorias, salvo que en el Acuerdo o en este Convenio se disponga otra cosa.

ARTICULO 5

INSTALACIONES Y ARCHIVOS DE LA COMISION

Las instalaciones de la Comisión, sus archivos y documentos, serán inviolables en cualquier tiempo y en cualquier lugar en donde se encuentren.

ARTICULO 6

FACILIDADES DE COMUNICACION

El Gobierno otorgará a la Comisión, las mismas facilidades de comunicación que otorga a organismos internacionales que tengan sede en territorio mexicano.

ARTICULO 7

EXENCIONES FISCALES A LA COMISION

1. La Comisión, sus bienes y otros activos, sus ingresos, lo mismo que las transacciones que efectúe de conformidad con el Acuerdo, estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y derechos aduaneros. La Comisión, estará asimismo, exenta de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o derecho.

2. La Comisión no venderá o transmitirá a una tercera parte en México, los artículos importados por la misma, que sean exentos de derechos aduaneros conforme al párrafo 1 de este Artículo, salvo de conformidad con la legislación mexicana.

3. No se concederá exención respecto del pago de servicios públicos recibidos por la Comisión.

ARTICULO 8

INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LOS DIRECTORES, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR Y DEL PERSONAL DE LA COMISION

1. Todos los directores, así como los funcionarios y el personal de la Comisión que sean nacionales mexicanos, o que se encuentren en México con la calidad de residentes permanentes, de conformidad con la legislación mexicana, serán inmunes respecto de procesos legales en relación con expresiones, ya sean orales o escritas, y de todos los actos realizados en su capacidad oficial. Dicha inmunidad continuará siendo reconocida por el Gobierno, a pesar de que la persona en cuestión deje de ser Director o miembro del personal de la Comisión.

2. Además de la anterior inmunidad, los directores, funcionarios y miembros del personal de la Comisión que no sean ciudadanos mexicanos, así como sus dependientes económicos, disfrutarán en México de los siguientes privilegios e inmunidades:

a) estarán exentos de impuestos sobre los salarios y emolumentos que les sean pagados por la Comisión;

b) gozarán de inmunidad, respecto de medidas de restricción de inmigración y registro de extranjeros, así como de obligaciones del servicio nacional; y

c) se les concederán los mismos privilegios respecto a facilidades cambiarias y de viaje que las otorgadas al personal de rango similar que formen parte de organismos internacionales en México, de acuerdo con los convenios internacionales en la materia de los que México sea Parte.

3. Los miembros del Consejo Asesor serán inmunes respecto de procesos legales en relación con expresiones, ya sean orales o escritas, y de todos los actos realizados en su capacidad oficial.

ARTICULO 9

NOTIFICACION, ACREDITACION Y REGISTRO DE LOS DIRECTORES, MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR Y PERSONAL DE LA COMISION

1. El nombre, categoría y rango de los Directores, Miembros del Consejo Asesor y personal de la Comisión, deberán ser notificados a la Dirección General del Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la cual una vez cumplidos los requisitos necesarios procederá a la acreditación que formalice el goce de los privilegios e inmunidades contenidos en el Artículo 8.

2. La Comisión determinará las categorías de su personal, a quienes se les aplicarán las disposiciones respecto a las inmunidades y privilegios señalados en el Artículo 8, y las comunicará a la Dirección General del Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para su registro.

3. La Comisión informará a la Dirección General del Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de la llegada o contratación de cualquier miembro del personal que preste sus servicios a la Comisión, indicándose la categoría o cargo que ocupará, y debiendo cumplir con los demás requisitos solicitados para la acreditación del personal de misiones diplomáticas, oficinas consulares y de organismos internacionales con sede o representación en México.

ARTICULO 10

DOCUMENTACION MIGRATORIA

1. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expedirá a los directores, al Administrador General y al Administrador General Adjunto, las visas oficiales denominadas 0-1, con validez de un año y múltiples entradas.

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expedirá a los demás miembros del personal de la Comisión la visa oficial denominada 0-4, con validez de un año y múltiples entradas.

ARTICULO 11

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

1. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expedirá los correspondientes carnets de identidad a los directores, al Administrador General y al Administrador General Adjunto.

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expedirá a los demás miembros extranjeros del personal de la Comisión, documento de identificación similar al otorgado al personal administrativo de organismos internacionales.

ARTICULO 12

COOPERACION CON LAS AUTORIDADES Y RESPETO A LA LEGISLACION MEXICANA

La Comisión cooperará en todo tiempo con las autoridades competentes del Gobierno para facilitar la administración de justicia, garantizar la observancia de la legislación mexicana, y prevenir cualquier abuso en relación con los privilegios, inmunidades y facilidades establecidas en este Convenio.

ARTICULO 13

RENUNCIA A LA INMUNIDAD

1. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este Convenio o en el Acuerdo, sólo se podrá renunciar a las inmunidades y privilegios a que se refiere el primero de ellos de la siguiente manera:

a) El Consejo Directivo en los casos de los privilegios e inmunidades otorgados a la Comisión de acuerdo al Artículo 4, y al Administrador General y al Administrador General Adjunto; y

b) El Administrador General en el caso de los privilegios e inmunidades otorgados a los demás miembros del personal de la Comisión.

2. Las renuncias a que se refiere este Artículo deberán hacerse por escrito y entregarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

ARTICULO 14

INTERPRETACION Y CONSULTAS

1. Las Partes procurarán, en todo momento, lograr el consenso sobre la interpretación y aplicación del Convenio, y harán su mayor esfuerzo para resolver cualquier asunto que pudiese afectar su aplicación.

2. En caso de cualquier diferencia en la interpretación o aplicación de este Convenio, las Partes solicitarán por escrito la celebración de consultas, las cuales se llevarán a cabo dentro de los veinte días siguientes a la fecha de dicha solicitud.

ARTICULO 15

ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACION Y TERMINACION

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de México notifique a la Comisión, a través de la vía diplomática, haber cumplido con sus correspondientes requisitos legislativos.

2. El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes, manifestado por escrito. Dichas modificaciones entrarán en vigor, cumpliendo con los requisitos a que se refiere el párrafo precedente.

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio, mediante comunicación escrita dirigida a la Otra, con seis meses de antelación a la fecha en que desee darlo por terminado.

Hecho en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y cinco, en dos originales, en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: Javier Treviño Cantú, Subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Rúbrica.- Por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza: Roger Frauenfelder, Administrador General.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio de Sede entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, suscrito en la ciudad de México, el día cuatro del mes de octubre del año de mil novecientos noventa y cinco.

Extiendo la presente, en trece páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de enero del año de mil novecientos noventa y seis, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

CONVENIO 118 RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

TEXTO ORIGINAL.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 15 de febrero de 1978.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el día veintiocho del mes de junio del año mil novecientos sesenta y dos, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social.

Que en (sic) anterior Convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del día seis del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y cinco.

Que el Instrumento de Ratificación, firmado por mí el día dieciséis del mes de diciembre del año mil novecientos setenta y siete fue depositado, ante el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el día seis del mes de enero del año mil novecientos setenta y ocho, con la siguiente Declaración:

"Con objeto de cumplir con el párrafo 3 del Artículo 2 del Convenio No. 118 sobre la Igualdad de Trato (Seguridad Social), 1962; el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta que acepta las obligaciones del citado Instrumento, respecto de las siguientes ramas de la seguridad social:

a).- Asistencia médica.

b).- Prestaciones de enfermedad.

c).- Prestaciones de maternidad.

d).- Prestaciones de invalidez.

e).- Prestaciones de vejez.

f).- Prestaciones de sobrevivencia.

g).- Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales".

LA LICENCIADA GUILLERMINA SANCHEZ MEZA DE SOLIS, OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los Archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Convenio relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en materia de Seguridad Social, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su Cuadragésima Sexta Reunión, en la ciudad de Ginebra, el día veintiocho del mes de junio del año mil novecientos sesenta y dos, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 118

CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1962 en su cuadragésima sexta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros (seguridad social), cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 28 de junio de mil novecientos sesenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962:

ARTICULO 1

A los efectos del presente Convenio:

a) El término "legislación" comprende las leyes y reglamentos, así como las disposiciones estatutarias, en materia de seguridad social;

b) El término "prestaciones" designa todas las prestaciones, pensiones, rentas y subsidios, con inclusión de todos los suplementos o aumentos eventuales;

c) Los términos "prestaciones concedidas a título de regímenes transitorios" designan las prestaciones concedidas a personas que hayan rebasado cierta edad en el momento de la entrada en vigor de la legislación aplicable, o las prestaciones asignadas, a título transitorio, por concepto de contingencias acaecidas o de períodos cumplidos fuera de los límites actuales, del territorio de un Estado Miembro;

d) Los términos "subsidio de muerte" designan toda suma pagada de una sola vez en caso de fallecimiento;

e) El término "residencia" designa la residencia habitual;

f) El término "prescrito" significa determinado por la legislación nacional en virtud de ella, a tenor del apartado a);

g) El término "refugiado" tiene la significación que le atribuye el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951;

h) El término "apátrida" tiene la significación que le atribuye el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 28 de septiembre de 1954.

ARTICULO 2

1. Todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente Convenio en cuanto concierna a una o varias de las ramas de seguridad social siguientes, para las cuales posea una legislación efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales:

a) asistencia médica;

b) prestaciones de enfermedad;

c) prestaciones de maternidad;

d) prestaciones de invalidez;

e) prestaciones de vejez;

f) prestaciones de sobrevivencia;

g) prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales;

h) prestaciones de desempleo;

i) prestaciones familiares.

2. Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor deberá aplicar las disposiciones del mismo por lo que concierna a la rama o ramas de la seguridad social respecto de las que haya aceptado las obligaciones del Convenio.

3. Todo Estado Miembro deberá especificar en su ratificación cuál es la rama o las ramas de la seguridad social respecto de las cuales acepta las obligaciones del presente Convenio.

4. Todo Estado Miembro que ratifique el presente Convenio puede seguidamente notificar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio por lo que se refiera a una de las ramas de la seguridad social que no hubiere especificado ya en la ratificación, o a varias de ellas.

5. Las obligaciones referidas en el párrafo precedente se considerarán parte integrante de la ratificación y surtirán efectos idénticos a partir de la fecha de la notificación.

6. A los efectos de la aplicación del presente Convenio, todo Estado Miembro que acepte las obligaciones del mismo por lo que concierna a cualquiera de las ramas de la seguridad social deberá notificar, llegado el caso, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo las prestaciones previstas por su legislación que considere como:

a) prestaciones cuya concesión no depende de una participación financiera directa de las personas protegidas o de su empleador, ni de un período de calificación de actividad profesional;

b) prestaciones concedidas en virtud de regímenes transitorios.

7. La notificación prevista en el párrafo precedente debe efectuarse en el momento de la ratificación o de la notificación prevista en el párrafo 4 del presente artículo y, por lo que se refiera a toda legislación adoptada ulteriormente dentro del término de tres meses a partir de la adopción de ésta.

ARTICULO 3

1. Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor deberá conceder, en su territorio, a los nacionales de todo otro Estado Miembro para el que dicho Convenio esté igualmente en vigor, igualdad de trato respecto de sus propios nacionales por lo que se refiera a su legislación, tanto en lo que concierna a los requisitos de admisión como al derecho a las prestaciones, en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya aceptado las obligaciones del Convenio.

2. En cuanto concierna a las prestaciones de sobrevivencia, dicha igualdad de trato deberá concederse, además, a los derechohabientes de los nacionales de un Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor, independientemente de la nacionalidad de dichos derechohabientes.

3. No obstante, con respecto a las prestaciones de una rama determinada de la seguridad social, un Estado Miembro podrá derogar las disposiciones de los párrafos precedentes del presente artículo, respecto de los nacionales de Todo Estado Miembro que, a pesar de poseer una legislación relativa a esta rama, no concede igualdad de trato a los nacionales de primer Estado Miembro en la rama mencionada.

ARTICULO 4

1. En cuanto concierna al beneficio de las prestaciones, deberá garantizarse la igualdad de trato sin condición de residencia. Sin embargo, dicha igualdad puede estar subordinada a una condición de residencia, por lo que se refiera a las prestaciones de una rama determinada de la seguridad social, respecto de los nacionales de todo Estado Miembro cuya legislación subordine la atribución de prestaciones de la misma rama a la condición de que residan en su territorio.

2. A pesar de las disposiciones del párrafo precedente, podrá subordinarse el beneficio de las prestaciones a que se refiere el párrafo 6, a), del artículo 2 -con exclusión de la asistencia médica, de las prestaciones de enfermedad, de las prestaciones de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales y de las prestaciones familiares- a la condición de que el beneficiario haya residido en el territorio del Estado Miembro en virtud de cuya legislación la prestación sea pagadera o, si se trata de prestaciones de sobrevivencia, que el causante haya residido, durante un período que no podrá fijarse, según el caso, en más de:

a) seis meses, que inmediatamente preceden a la solicitud de prestación, en cuanto concierna a las prestaciones de maternidad y a las prestaciones de desempleo;

b) los cinco años consecutivos que inmediatamente precedan a la solicitud de prestación, por lo que se refiera a las prestaciones de invalidez, o que precedan a la muerte, en cuanto concierna a las prestaciones de sobrevivencia;

c) diez años posteriores a la fecha en que el asegurado hubiere alcanzado la edad de 18 años - pudiendo exigirse que cinco años consecutivos precedan inmediatamente a la solicitud de prestación - por lo que respecta a las prestaciones de vejez.

3. Podrán prescribirse disposiciones especiales en cuanto concierna a las prestaciones concedidas a título de regímenes transitorios

4. Las disposiciones requeridas para evitar la acumulación de prestaciones serán reglamentadas, en la medida necesaria mediante acuerdos especiales concluidos entre los Estados Miembros interesados.

ARTICULO 5

1. Además de lo dispuesto en el artículo 4, todo Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones del presente Convenio, en lo que respecte a una o a varias de las ramas de la seguridad social referidas en el presente párrafo, deberá garantizar a sus propios nacionales y a los nacionales de todo otro Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho Convenio respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, de las prestaciones de sobrevivencia y de los subsidios de muerte, así como el pago de las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a reserva de las medidas que se adopten a estos efectos en caso necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

2. No obstante, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de vejez y de sobrevivencia del tipo previsto en el párrafo 6, a), del artículo 2 podrá subordinarse a la participación de los Estados Miembros interesados en el sistema de conservación de derechos previsto en el artículo 7.

3. Las disposiciones del presente artículo no se aplican a las prestaciones concedidas a título de regímenes transitorios.

ARTICULO 6

Además de lo dispuesto en el artículo 4, todo Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones del presente Convenio en lo que respecte a las prestaciones familiares deberá garantizar el beneficio de las asignaciones familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de los demás Estados Miembros que hayan aceptado las obligaciones de dicho Convenio respecto a la misma rama, en relación con los niños que residan en el territorio de uno de estos Estados Miembros a reserva de las condiciones y limitaciones a ser establecidas de común acuerdo entre los Estados Miembros interesados.

ARTICULO 7

1. Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor deberán esforzarse en participar, a reserva de las condiciones que se fijen de común acuerdo entre los Estados Miembros interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 en un sistema de conservación de derechos adquiridos y de derechos en vías de adquisición, reconocidos en virtud de su legislación a los nacionales de los Estados Miembros para los que dicho Convenio esté en vigor respecto de todas las ramas de la seguridad social para las cuales los Estados Miembros referidos hayan aceptado las obligaciones del Convenio.

2. Este sistema deberá prever especialmente la totalización de los períodos de seguro, de empleo o de residencia y de los períodos asimilados para el nacimiento, conservación o recuperación de los derechos, así como para el cálculo de las prestaciones.

3. Las cargas financieras por concepto de prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez y prestaciones de sobrevivencia así liquidadas deberán distribuirse entre los Estados Miembros interesados o ser costeadas por el Estado Miembro en cuyo territorio residan los beneficiarios, según las modalidades que se determinen de común acuerdo entre los Estados Miembros interesados.

ARTICULO 8

Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor podrán cumplir las obligaciones resultantes de lo dispuesto en los artículos 5 y 7 mediante la ratificación del Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935; mediante la aplicación, por mutuo acuerdo entre ellos, de las disposiciones de dicho Convenio, o bien mediante cualquier instrumento multilateral o bilateral que garantice el cumplimiento de dichas obligaciones.

ARTICULO 9

Los Estados Miembros podrán derogar las disposiciones del presente Convenio mediante acuerdos especiales, que no podrán menoscabar los derechos y obligaciones de los demás Estados Miembros, y a reserva de determinar la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en curso de adquisición en condiciones que, en su conjunto, sean tan favorables, por lo menos, como las establecidas por el presente Convenio.

ARTICULO 10

1. Las disposiciones del presente Convenio son aplicables a los refugiados y a los apátridas sin condición de reciprocidad.

2. El presente Convenio no se aplicará a los regímenes especiales de los funcionarios, a los regímenes especiales de las víctimas de guerra, ni a la asistencia pública.

3. El presente Convenio no obliga a ningún Estado Miembro a aplicar sus disposiciones a las personas que en virtud de instrumentos internacionales se hallen exentas de la aplicación de las disposiciones de su legislación nacional de seguridad social.

ARTICULO 11

Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor deben prestarse, a título gratuito, la mutua asistencia administrativa requerida a fin de facilitar la aplicación del Convenio, así como la ejecución de sus respectivas legislaciones de seguridad social.

ARTICULO 12

1. El presente Convenio no se aplicará a las prestaciones pagaderas antes de la entrada en vigor para el Estado Miembro interesado de las disposiciones del Convenio en cuanto concierna a la rama de seguridad social a título de la cual dichas prestaciones sean pagaderas.

2. La medida en que el Convenio se aplique a las prestaciones pagaderas después de la entrada en vigor para el Estado Miembro interesado de sus disposiciones en cuanto concierna a la rama de seguridad social por concepto de la cual dichas prestaciones sean pagaderas, en lo que respecte a contingencias acaecidas antes de dicha entrada en vigor, será determinada por vía de instrumentos multilaterales o bilaterales o, en su defecto, mediante la legislación del Estado Miembro interesado,

ARTICULO 13

No deberá considerarse que el presente Convenio constituye una revisión de cualquiera de los convenios ya existentes

ARTICULO 14

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la oficina Internacional del Trabajo.

ARTICULO 15

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

ARTICULO 16

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

ARTICULO 17

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

ARTICULO 18

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

ARTICULO 19

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

ARTICULO 20

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor.

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2.- Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor.

ARTICULO 21

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en materia de Seguridad Social, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su Cuadragésima Sexta Reunión, en la ciudad de Ginebra, el día veintiocho del mes de junio del año de mil novecientos sesenta y dos.

Extiendo la presente, en nueve páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal a los trece días del mes de enero del año mil novecientos setenta y ocho, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Guillermina Sánchez Meza de Solís.- Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para su debida observancia, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de enero del año mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel.- Rúbrica.

CONVENIO PARA LA REPRESION DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACION DE LA PROSTITUCION AJENA

TEXTO ORIGINAL.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de junio de 1956.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se firmó en la ciudad de Ginebra, Suiza, un convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, cuyo texto en español y cuya forma son los siguientes:

CONVENIO PARA LA REPRESION DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACION DE LA PROSTITUCION AJENA.

PREAMBULO

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres y niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales:

1.- Acuerdo Internacional del 18 de mayo de 1904 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948.

2.- Convenio Internacional del 4 de mayo de 1910 para la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el precitado Protocolo.

3.- Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947.

4.- Convenio Internacional del 11 de octubre de 1933 para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, modificado por el precitado Protocolo.

Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937, un proyecto de convenio para extender el alcance de tales instrumentos; y

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace posible la conclusión de un convenio para fusionar los instrumentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de convenio de 1937, así como las modificaciones que se estime conveniente introducir;

Por lo tanto,

Las Partes Contratantes

Convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece:

ARTICULO 1

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

1.- Concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituírla, aún con el consentimiento de tal persona;

2.- Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

ARTICULO 2

Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

1.- Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;

2.- Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

ARTICULO 3

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán también castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión.

ARTICULO 4

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también punible la participación intencional en los actos delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2.

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.

ARTICULO 5

Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones de igualdad con los nacionales.

ARTICULO 6

Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

ARTICULO 7

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas anteriores pronunciadas en Estados Extranjeros por las infracciones mencionadas en el presetne (sic) Convenio, se tendrán en cuenta para:

1.- Determinar la reincidencia.

2.- Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

ARTICULO 8

Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio.

Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas en los artículo 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se formulare la petición de extradición.

ARTICULO 9

En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber cometido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado.

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

ARTICULO 10

Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, en caso de haber sido condenado, hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena con arreglo a lo dispuesto en las leyes de tal Estado Extranjero.

ARTICULO 11

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

ARTICULO 12

El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, conforme a sus leyes nacionales.

ARTICULO 13

Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, conforme a sus leyes y prácticas nacionales.

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1.- Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;

2.- Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Estados, o por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que formulare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual le fuese formulada la solicitud; o

3.- Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias directamente a la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y 3 se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese formulada la solicitud, podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada conforme al original por la autoridad que formulare la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, se seguirá en vigor el procedimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia penal cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.

ARTICULO 14

Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investigaciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio.

Tales, servicios tendrán a su cargo la compilación de toda la información que pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servicios correspondientes de los demás Estados.

ARTICULO 15

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, y en que las autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estimaren conveniente, tales autoridades deberán suministrar a las encargadas de los servicios correspondientes en otros Estados, los datos siguientes:

1.- Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;

2.- Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquier de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los desplazamientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes.

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, antecedentes policiales y antecedentes penales.

ARTICULO 16

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

ARTICULO 17

Las partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución.

En especial se comprometen:

1.- A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje.

2.- Adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se advierta al público el peligro de dicha trata.

3.- A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas para fines de prostitución.

4.- A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ella.

ARTICULO 18

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado. Las (sic) datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

ARTICULO 19

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1.- A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines de prostitución, mientras se tramita su repatriación;

2.- A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tutores que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera, el puerto de embarque o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será costeada por el Estado de residencia y el coste del resto del viaje será sufragado por el Estado de origen.

ARTICULO 20

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro de la prostitución.

ARTICULO 21

Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas periódicamente por el Secretario General y enviadas a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al artículo 23.

ARTICULO 22

En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el presente Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

ARTICULO 23

El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Económico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el Convenio, podrán adherirse a él.

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá igualmente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado.

ARTICULO 24

El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, después del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTICULO 25

Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 26

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere el artículo 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al artículo 23;

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al artículo 24;

c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.

ARTICULO 27

Cada parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 28

Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan llegado a ser Partes en el presente Convenio.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, el cual ha sido abierto a la firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de mil novecientos cincuenta, y del cual se enviará una copia certificada conforme al original por el Secretario General a todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los cuales se refiere el artículo 23.

PROTOCOLO FINAL

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estitpuladas (sic) por el presente Convenio.

Las disposiciones de los artículos 23 a 26 inclusive del Convenio, se aplicarán a este Protocolo.

Que el preinserto Convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, según decreto publicado en el "Diario Oficial" del veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.

Que el Instrumento de Adhesión fue depositado el día veintiuno de febrero del presente año ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dieciséis días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.- Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El Subsecretario de Relaciones Exteriores, José Gorostiza.- Rúbrica.

CONVENCION (CONDICIONES DE LOS EXTRANJEROS)

TEXTO ORIGINAL.

Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 20 de agosto de 1931.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación.

El ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

"PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, se concluyó y firmó en la ciudad de la Habana, Cuba, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, entre México y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Convención, los siguientes:

CONVENCION

(Condiciones de los extranjeros)

Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la VI Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el año de 1928,

Han resuelto celebrar una Convención, con el fin de determinar la condición de los extranjeros en sus respectivos territorios, y a ese efecto, han nombrado como Plenipotenciarios a los señores siguientes:

Perú:


Jesús Melquiades Salazar.

Víctor Maúrtua.

Enrique Castro Oyanguren.

Luis Ernesto Denegri.

Uruguay:

Jacobo Varela Acevedo.

Juan José Amézaga.

Leonel Aguirre.

Pedro Erasmo Callorda.

Panamá:


Ricardo J. Alfaro.

Eduardo Chiari.

Ecuador:

Gonzalo Zaldumbide.

Víctor Zevallos.

Olón Eloy Alfaro.

México:

Julio García.



Fernando González Roa.

Salvador Urbina.

Aquiles Elorduy.

El Salvador:

Gustavo Guerrero.

Héctor David Castro.

Eduardo Alvarez.

Guatemala:

Carlos Salazar.

Bernardo Alvarado Tello.

Luis Beltranena.

José Azurdia.

Nicaragua:

Carlos Cuadra Pazos.

Joaquín Gómez.

Máximo H. Zepeda.

Bolivia:

José Antezana.

Adolfo Costa du Rels.

Venezuela:

Santiago Key Ayala.

Francisco Gerardo Yanes.

Rafael Angel Arraiz.

Colombia:

Enrique Olaya Herrera.

Jesús M. Yepes.

Roberto Urdaneta Arbeláez.

Ricardo Gutiérrez Lee.

Honduras:

Fausto Dávila.

Mariano Vázquez.

Costa Rica:

Ricardo Castro Beeche.

J. Rafael Oreamuno.

Arturo Tinoco.

Chile:


Alejandro Lira.

Alejandro Alvarez.

Carlos Silva Vildósola.

Manuel Bianchi.

Brasil:

Raúl Fernández.



Lindolfo Collor.

Alarico da Silveira.

Sampaio Correa.

Eduardo Espínola.

Argentina:

Honorio Pueyrredón.

(Renunció posteriormente)

Laurentino Olascoaga.

Felipe A. Espil.

Paraguay:

Lisandro Díaz León.

Haití:


Fernando Dennis.

Charles Riboul.

República Dominicana:

Francisco J. Peynado.

Gustavo A. Díaz.

Elías Bracho.

Angel Morales.

Tulio M. Costeros.

Ricardo Pérez Alfonseca.

Jacinto R. de Castro.

Federico C. Alvarez.

Estados Unidos de América:

Charles Evans Hughes.

Moble Bradon Judah.

Henry P. Fletcher.

Oscar W. Underwood.

Dwight W. Morrow.

Morgan J. O'Brien.

James Brown Scott.

Ray Lyman Wilbur.

Leo S. Rowe.

Cuba:


Antonio S. de Bustamante.

Orestes Ferrera.

Enrique Hernández Cartaya.

José Manuel Cortina.

Arístides Agüero.

José D. Alemán.

Manuel Márquez Sterling.

Fernando Ortiz.

Néstor Carbonell.

Jesús María Barraqué.

Quienes, después de haber depositado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1o.- Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes, las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios.

ARTICULO 2o.- Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las Convenciones y Tratados.

ARTICULO 3o.- Los extranjeros no pueden ser obligados al servicio militar; pero los domiciliados, a menos que prefieran salir del país, podrán ser compelidos, en las mismas condiciones que los nacionales, al servicio de policía, bomberos o milicia para la protección de la localidad de sus domicilios, contra catástrofes naturales o peligros que no provengan de guerra.

ARTICULO 4o.- Los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias o extraordinarias, así como a los empréstitos forzosos, siempre que tales medidas alcancen a la generalidad de la población.

ARTICULO 5o.- Los Estados deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio todas las garantías individuales que reconocen a favor de sus propios nacionales y el goce de los derechos civiles esenciales, sin perjuicio, en cuanto concierne a los extranjeros, de las prescripciones legales relativas a la extensión y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías.

ARTICULO 6o.- Los Estados pueden por motivo de orden o de seguridad pública, expulsar al extranjero domiciliado, residente o simplemente de paso por su territorio.

Los Estados están obligados a recibir a los nacionales que expulsados del extranjero se dirijan a su territorio.

ARTICULO 7o.- El extranjero no debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentre, si lo hiciere, quedará sujeto a las sanciones previstas en la legislación local.

ARTICULO 8o.- La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las Partes Contratantes, en virtud de acuerdos internacionales.

ARTICULO 9o.- La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios.

El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas, auténticas, a los Gobiernos, para el referido fin de la ratificación.

El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Pan-Americana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; tal ratificación valdrá como canje de ratificación.

Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Habana, el día 20 de febrero de 1928.

Reserva de la Delegación de los Estados Unidos de América:

La Delegación de los Estados Unidos de América, firma la presente Convención, haciendo expresa reserva al artículo 3o. de la misma, que se refiere al servicio militar de los extranjeros en caso de guerra.

Que la preinserta Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el día dos de diciembre de mil novecientos treinta, con las siguientes reservas:

1.- El Gobierno Mexicano declara que interpreta el principio consignado en el artículo 5o. de la Convención, de sujetar a las limitaciones de la Ley Nacional, la extensión y modalidades del ejercicio de los derechos civiles esenciales de los extranjeros, como aplicable también a la capacidad civil de los extranjeros para adquirir bienes en el territorio nacional.

2.- El Gobierno Mexicano hace la reserva de que por lo que concierne al derecho de expulsión de los extranjeros, instituido por el artículo Sexto de la Convención, dicho derecho será siempre ejercido por México en la forma y con la extensión establecidas por su Ley Constitucional.

Que la Convención fue ratificada por mí el veinte de febrero de mil novecientos treinta y uno.

Y que con fecha veinticinco de marzo del mismo año, fue depositado en los archivos de la Unión Pan-Americana, de Washington, el instrumento de ratificación para que surta los efectos del canje de estilo.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a los tres días del mes de julio de mil novecientos treinta y uno.- P. Ortiz Rubio.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, G. Estrada.- Rúbrica.- Al C. Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho.- Presente."

Lo comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 12 de agosto de 1931.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Octavio Mendoza González.- Rúbrica.

Al C....


CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCION DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

TEXTO ORIGINAL.

Convenios publicados en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 23 de junio de 1953.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que en la conferencia diplomática reunida en Ginebra, Suiza, del veintiuno de abril al doce de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, se suscribieron los cuatro Convenios de Ginebra para la Protección de las Víctimas de la Guerra, por medio de plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, que México firmó en esa ciudad el ocho de diciembre de dicho año y que a continuación se ennumera (sic), siendo sus formas y textos los que constan en las copias certificadas anexas:

Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y de los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña;

Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, de los Enfermos y de los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar;

Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra;

Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra.

Que los preinsertos convenios fueron aprobados por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno según decreto publicado en el "Diario Oficial" el treinta de junio de mil novecientos cincuenta y dos.

Que fue ratificado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, el doce de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, habiéndose efectuado el depósito del Instrumento de Ratificación ante el Departamento Político Federal de la Confederación Suiza, el veintinueve de octubre de ese mismo año.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo octogésimo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, el día veintinueve de abril de mil novecientos cincuenta y tres.- Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Padilla Nervo.- Rúbrica.

TEXTO de los cuatro Convenios de Ginebra para la Protección de las Víctimas de la Guerra, firmados el día 8 de diciembre de 1949.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal -Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Relaciones Exteriores.

PABLO CAMPOS ORTIZ, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría, obra un ejemplar certificado por las autoridades correspondientes del Gobierno Suizo, del Acta Final de la Conferencia Diplomática que se reunió en Ginebra, Suiza del 21 de abril al 12 de agosto de 1949, y en la cual aparecen publicados los Cuatro Convenios adoptados por dicha conferencia y cuyos textos y forma son los siguientes:

…………..


CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCION DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

Los abajo firmantes, Plenipotenciarios de los gobiernos representados en la conferencia diplomática reunida en Ginebra desde el 21 de abril al 12 de agosto de 1949, a fin de elaborar un convenio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, han convenido en lo que sigue:

TITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- Las altas partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente convenio en todas circunstancias.

ARTICULO 2.- Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, el presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o varias de las altas partes contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por cualquiera de ellas.

El convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una alta parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las potencias contendientes no fuese parte, en el presente convenio, las potencias que en él lo sean continuarán estando obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán obligadas además por el convenio respecto a la dicha potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones.

ARTICULO 3.- En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las partes contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquiera otra causa, serán tratadas, en todas circunstancias, con humanidad, sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas:

a) Los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;

b) La toma de rehenes;

c) Los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituído y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.

Podrá ofrecer sus servicios a las partes contendientes cualquier organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Las partes contendientes se esforzarán, por otra parte, por poner en vigor mediante acuerdos especiales algunas o todas las demás disposiciones del presente convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no producirá efecto sobre el estatuto jurídico de las partes contendientes.

ARTICULO 4.- Quedan protegidas por el convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encontraren, en caso de conflicto u ocupación en poder de una parte contendiente o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

No están protegidos por el convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los ciudadanos de un Estado neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado cobeligerante no estarán considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean súbditos mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se encuentren.

Las disposiciones del título II tienen sin embargo un campo de aplicación más extenso, definido en el artículo 13.

Las personas protegidas por el convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato de prisioneros de guerra, no serán consideradas como personas protegidas en el sentido del presente convenio.

ARTICULO 5.- Si, en el territorio de una parte en conflicto, ésta tuviera serias razones para creer que una persona protegida por el presente convenio resulta legítimamente sospechosa de estar entregada a actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica en efecto a dichas actividades, la tal persona no podrá prevalerse de los derechos y privilegios conferidos por el presente convenio que, si actuaran a su favor, pudieran causar perjuicio a la seguridad del Estado.

Sí, en territorio ocupado, una persona protegida por el convenio fuese prendida por espía o malhechora o por ser legítimamente sospechosa de estar entregada a actividades perjudiciales para la seguridad de la potencia ocupante, la dicha persona podrá, en el caso de que la seguridad militar lo exija absolutamente, quedar privada de los derechos de comunicación previstos en el presente convenio.

En cada uno de éstos casos, las personas aludidas en los párrafos precedentes serán siempre tratadas con humanidad y, en caso de enjuiciamiento, no quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y regular tal como prevée (sic) el presente convenio. Recordarán igualmente el beneficio de todos los derechos y privilegios de persona protegida, en el sentido del presente convenio, en la fecha más próxima posible, tenida cuenta de la seguridad del Estado o de la potencia ocupante, según los casos.

ARTICULO 6.- El presente convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocupación mencionados en el artículo 2.

En el territorio de las partes contendientes, la aplicación del convenio terminará con el cese general de las operaciones militares.

En territorio ocupado, la aplicación del convenio terminará un año después del cese general de las operaciones militares; no obstante, la potencia ocupante quedará obligada mientras dure la ocupación en tanto que esta potencia ejerza funciones gubernamentales en el territorio de que se trata - por las disposiciones de los siguientes artículos del presente convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143.

Las personas protegidas, cuya liberación, cuya repatriación o cuyo establecimiento se efectúen después de estos plazos, gozarán en el intervalo de los beneficios del presente convenio.

ARTICULO 7.- Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 y 149, de las altas partes contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá alterar la situación de las personas protegidas, tal como queda reglamentado por el presente convenio, ni restringir los derechos que éste les otorga.

Las personas protegidas continuarán beneficiándose de estos acuerdos todo el tiempo que les sea aplicable el convenio, salvo estipulaciones en contra contenidas en los dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o lo mismo salvo medidas más favorables que, respecto a ellas, haya tomado cualquiera de las partes en conflicto.

ARTICULO 8.- Las personas protegidas no podrán, en ningún caso, renunciar parcial ni totalmente a los derechos que les confieren el presente convenio y, eventualmente, los acuerdos especiales a que alude el artículo precednte (sic).

ARTICULO 9.- El presente convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes contendientes. A tal efecto, las potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, delegados entre sus propios súbditos o entre los súbditos de otras potencias neutrales. Los nombramientos de estos delegados deberán estar sometidos a la aprobación de la potencia ante la cual hayan de ejercer su misión.

Las partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los representantes o delegados de las potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las potencias protectoras no deberán rebasar, en ningún caso, los límites de su misión, tal y como resulta del presente convenio; habrán de tener cuenta especialmente de las imperiosas necesidades para le (sic) seguridad del Estado ante el cual ejerzan sus funciones.

ARTICULO 10.- Las disposiciones del presente convenio no constituyen obstáculo para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, o cualquier otro organismo humanitario imparcial, emprendan para la protección de las personas civiles y para el auxilio que haya de aportárseles, mediante aprobación de las partes contendientes interesadas.

ARTICULO 11.- Las altas partes contratantes podrán concertarse, en todo tiempo, para confiar a un organismo internacional que ofrezca garantías de imparcialidad y eficacia, las tareas señaladas por el presente convenio a las potencias protectoras.

Si algunas personas protegidas no se beneficiasen o hubieran dejado de beneficiarse, por cualquier razón, de la actividad de una potencia protectora o de un organismo designado en conformidad con el párrafo primero, la potencia en cuyo poder se encuentren deberá pedir, ya sea a un Estado neutral o a un tal organismo, que asuma las funciones señaladas por el presente convenio a las potencias protectoras designadas por las partes contendientes.

De no poder conseguirse así la protección, la potencia en cuyo poder se hallen las dichas personas deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias señaladas por el presente convenio a las potencias protectoras, o deberá aceptar, so reserva de las disposiciones del presente artículo, las ofertas de servicios emanantes de un tal organismo.

Cualquier potencia neutral o cualquier organismo invitado por la potencia interesada o que se ofreciere a los fines arriba mencionados, deberá mantenerse consciente, en su actividad, de su responsabilidad respecto a la parte contendiente de quien dependan las personas protegidas por el presente convenio, teniendo la obligación de aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las funciones de que se trata y desempeñarlas con imparcialidad.

No podrán derogarse las prescripciones precedentes por acuerdo particular entre potencias una de las cuales se encontrare, siquiera temporalmente, respecto a la otra potencia o a aliados suyos, limitada en su libertad de negociar como consecuencia de acontecimientos militares, especialmente en el caso de ocupación de la totalidad o de parte importante de su territorio.

Cuantas veces se haga mención en el presente convenio de la potencia protectora, esta mención designa igualmente a los organismos que la reemplacen en el sentido del presente artículo.

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y serán adaptadas a los casos de súbditos de un estado neutral que se hallaren en territorio ocupado o en el de un Estado beligerante ante al cual el Estado de cuyos ciudadanos se trate no disponga de representación diplomática normal.

ARTICULO 12.- En todos aquellos casos en que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre las partes contendientes acerca de la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente convenio, las potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para allanar la discrepancia.

A tal efecto, cada una de las potencias protectoras podrán proponer, por invitación de una parte o espontáneamente, a las partes contendientes, una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de la suerte de las personas protegidas, eventualmente en territorio neutral convenientemente elegido. Las partes contendientes tendrán la obligación de poner en práctica las proposiciones que se les hagan en tal sentido. Eventualmente, las potencias protectoras podrán proponer a la aprobación de las partes contendientes una personalidad perteneciente a una potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la cual se requerirá para que participe en la dicha reunión.

TITULO II

Protección General de las Poblaciones Contra Ciertos Efectos de la Guerra

ARTICULO 13.- Las disposiciones del presente título se refieren al conjunto de las poblaciones de los países contendientes sin distingo alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objetivo aliviar los sufrimientos engendrados por la guerra.

ARTICULO 14.- En tiempo de paz, las altas partes contratantes y, después de la ruptura de hostilidades, las partes contendientes, podrán crear en su propio territorio y, si necesario fuese, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de modo que queden al abrigo de los efectos de la guerra, los heridos y enfermos, los inválidos, las personas de edad, los niños menores de quince años, las mujeres encinta y las madres de criaturas de menos de siete años.

Desde el comienzo de un conflicto y en el curso de éste, las partes interesadas tendrán facultad para concertar entre ellas acuerdos respecto al reconocimiento de las zonas y localidades que hayan establecido. Podrán a tal efecto poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo que figura en anexo al presente convenio, aportándole eventualmente las modificaciones que estimen necesarias.

Las potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja quedan requeridos a prestar sus buenos oficios para facilitar el establecimiento y el reconocimiento de las dichas zonas y localidades sanitarias y de seguridad.

ARTICULO 15.- Toda parte contendiente podrá, ya sea directamente o por intermedio de un Estado neutral o de un organismo humanitario proponer a la parte adversaria la creación, en las regiones donde tengan lugar los combates, de zonas neutralizadas destinadas a poner al abrigo de los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:

a) Heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;

b) Personas civiles que no participen en las hostilidades y que no ejecuten ningún trabajo de carácter militar durante su estancia en dichas zonas.

En cuanto las partes contendientes se hayan puesto de acuerdo sobre la situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo que habrá de ser firmado por los representantes de las partes contendientes. Este acuerdo fijará el comienzo y la duración de la neutralización de la zona.

ARTICULO 16.- Los heridos y enfermos, así como los inválidos y mujeres encinta, serán objeto de particular protección y respeto.

En la medida que las exigencias militares lo permitan, cada una de las partes contendientes favorecerá las gestiones emprendidas para la búsqueda de muertos y heridos, para acudir en ayuda de los náufragos y otras personas expuestas a graves peligros, y para ampararlas contra saqueos y malos tratos.

ARTICULO 17.- Las partes contendientes se esforzarán por concertar arreglos locales para la evacuación de una zona sitiada o acorralada, de heridos, enfermos, inválidos, ancianos, niños y parturientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones, del personal y del material sanitario destinados a dicha zona.

ARTICULO 18.- En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los heridos, enfermos, inválidos y mujeres de parto; estas personas serán, en todo momento, respetadas y protegidas por las partes contendientes.

Los Estados partícipes en un conflicto deberán entregar a todos los hospitales civiles un documento en que se testimonie su carácter de hospital civil y certificando que los edificios por ellos ocupados no son utilizados a fines que, a tenor del artículo 19, pudieran privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si a ello los autoriza el Estado, por medio del emblema prescrito en el artículo 38 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

En tanto que las exigencias militares lo permitan, las partes contendientes tomarán todas las medidas necesarias para hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas, terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos que señalen los hospitales civiles, a fin de descartar toda posibilidad de acto agresivo.

En razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la proximidad de objetivos militares, convendrá cuidar de que se hallen lo más lejanos posible.

ARTICULO 19.- La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si de ella se hace uso para cometer, aparte de los deberes humanitarios, actos dañosos para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo cesará después de aviso en que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo razonable y que éste sin efecto.

No será considerado como acto dañoso el hecho de que se esté asistiendo a militares enfermos y heridos en dichos hospitales o que en ellos se encuentren armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía no hayan sido remitidas al servicio competente.

ARTICULO 20.- Será respetado y protegido el personal regular y únicamente afectado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluso el que esté encargado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asistencia de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas.

En los territorios ocupados y las zonas de operaciones militares, este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad que testifique la calidad del titular, esté provista de su fotografía y ostente el sello en seco de la autoridad responsable, e igualmente, mientras esté montando servicio, por un brazal timbrado resistente a la humedad y colocado en el brazo izquierdo. Este brazal lo entregará el Estado y estará dotado del emblema prescrito en el artículo 38 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal, afecto al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, será respetado y protegido, teniendo derecho a llevar el brazal como arriba se dispone y bajo las condiciones prescritas en el presente artículo, durante el desempeño de sus funciones. Su tarjeta de identidad especificará las tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día de su personal.

ARTICULO 21.- Los transportes de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas, efectuados por tierra en convoyes de vehículos y trenes hospitales, o por mar, en barcos afectos a tales transportes, habrán de ser respetados y protegidos a igual título que los hospitales de que habla el artículo 18, y se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, el emblema distintivo prescrito en el artículo 38 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

ARTICULO 22.- Las aeronaves exclusivamente empleadas para el transporte de heridos y enfermos civiles, de inválidos y parturientas, o para el transporte de personal y material sanitario, no serán atacadas sino que habrán de ser respetadas cuando vayan volando a alturas, horas y por rutas específicamente convenidas, de consuno, entre todas las partes contendientes interesadas en el conflicto.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo prescrito en el artículo 38 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Salvo acuerdo en contrario, queda prohibido volar sobre territorio enemigo o territorios ocupados por éste.

Dichas aeronaves habrán de obedecer a cualquier intimación de aterrizaje. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave y sus ocupantes podrán continuar el vuelo, previo eventual examen.

ARTICULO 23.- Cada una de las altas partes contratantes concederá el libre paso de todo envío de medicamentos y material sanitario así como de objetos para el culto, únicamente destinados a la población civil de cualquier otra parte contratante, aunque sea enemiga. Permitirá igualmente el libre paso de todo envío de víveres indispensables, de ropas y tónicos reservados a los niños de menos de quince años y a las mujeres encinta o parturientas.

La obligación para una parte contratante de conceder libre paso a los envíos indicados en el párrafo anterior, queda subordinada a la condición de que esa parte tenga la garantía de que no hay razón alguna para temer que:

a) Los envíos puedan ser dedicados a otro objeto, o

b) Que el control puede resultar ineficaz, o

c) Que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta para sus esfuerzos militares o su economía, substituyendo con dichos envíos mercancías que de otro modo él hubiera tenido que suministrar o producir, o librando substancias, productos o servicios que de otro modo habría tenido que afectar a la producción de tales mercancías.

La potencia que autorice el paso de los envíos indicados en el primer párrafo del presente artículo, pueda imponer como requisito a su autorización que el reparto a los destinatarios se haga bajo control efectuado localmente por las potencias protectoras.

Tales envíos deberán ser transmitidos lo más rápidamente posible, y el Estado que autorice su libre paso tendrá derecho a determinar las condiciones técnicas para el dicho paso.

ARTICULO 24.- Las partes contendientes tomarán las medidas necesarias para que los niños menores de quince años que resulten huérfanos o separados de sus familias no queden abandonados a sí mismos, y para que se les procuren, en todas circunstancias, la manutención, la práctica de su religión y la educación. Esta última será confiada, si ello es posible, a personas de la misma tradición cultural.

Las partes contendientes favorecerán la acogida de esos niños en país neutral durante la duración del conflicto, previo consentimiento de la potencia protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que los principios enunciados en el primer párrafo van a ser respetados.

Además, se esforzarán por tomar las medidas conducentes a que todos los niños menores de doce años puedan ser identificados, mediante una placa de identidad o cualquier otro recurso.

ARTICULO 25.- Toda persona que se encuentre en el territorio de una parte contendiente o en territorio por ella ocupado, podrá dar a los miembros de su familia, dondequiera que se hallen, noticias de carácter familiar; podrá igualmente recibirlas. Esta correspondencia será expedida rápidamente, sin retardos injustificados.

Si por culpa de las circunstancias, el intercambio de la correspondencia familiar por la vía postal ordinaria resultase difícil o imposible, las partes contendientes interesadas se dirigirán a un intermediario neutral, tal como la agencia central prevista en el artículo 140, para determinar con él los medios de garantizar la ejecución de sus obligaciones en las mejores condiciones, especialmente con el concurso de las sociedades nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y del Sol Rojos).

Caso de que las partes contendientes estimasen necesario restringir la correspondencia familiar, estarán facultadas a lo más para imponer el uso de formularios modelos que contengan veinticinco palabras libremente escogidas y limitar sus envíos a uno sólo por mes.

ARTICULO 26.- Cada parte contendiente facilitará las búsquedas emprendidas por los miembros de familias dispersadas por la guerra para recobrar el contacto de los unos con los otros y, de ser posible, reunirlos. Facilitará en especial la acción de los organismos consagrados a esa tarea, a condición de que los haya aprobado y que se conformen a las medidas de seguridad tomadas por ella.

TITULO III

Estatuto y Trato de las Personas Protegidas

SECCION I

Disposiciones Comunes a los Territorios de las Partes Contendientes y a los Territorios Ocupados

ARTICULO 27.- Las personas protegidas tienen derecho, en cualquier circunstancia, al respeto a su persona, a su honor, a sus derechos familiares, a sus convicciones y prácticas religiosas, a sus hábitos y a sus costumbres. Deberán ser tratadas, en todo momento, con humanidad y especialmente protegidas contra cualquier acto de violencia o intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

Las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, contra el forzamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor.

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, las personas protegidas serán todas tratadas por la parte contendiente en cuyo poder se encuentren, con iguales consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, la religión o las opiniones políticas.

No obstante, las partes contendientes podrán tomar, respecto a las personas protegidas, las medidas de control o seguridad que resulten necesarias a causa de la guerra.

ARTICULO 28.- Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para poner, con su presencia, determinados puntos o regiones al abrigo de operaciones militares.

ARTICULO 29.- La parte contendiente en cuyo ámbito se encuentren personas protegidas será responsable del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que pueda incurrirse.

ARTICULO 30.- Las personas protegidas disfrutarán de toda clase de facilidades para dirigirse a las Potencias protectoras, al Comité Internacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, y del León y del Sol Rojos) de la nación donde se hallen, así como a cualquier organismo que les viniere en ayuda.

Estos varios organismos recibirán a tal efecto, por parte de las autoridades, toda clase de facilidades dentro de los límites trazados por las necesidades de orden militar o de seguridad.

Aparte de las visitas de los delegados de las potencias protectoras o del Comité Internacional de la Cruz Roja previstas en el artículo 143, las potencias ocupantes o en cuyo poder se encuentren las personas de referencia allanarán lo más posible las visitas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes de otras instituciones cuyo objetivo sea aportar a dichas personas auxilios espirituales o materiales.

ARTICULO 31.- No podrá ejercerse coacción alguna de orden físico o moral respecto a las personas protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones de ninguna clase.

ARTICULO 32.- Las altas partes contratantes convienen en abstenerse expresamente de cualquier recurso susceptible de causar sufrimiento físico o la exterminación de las personas protegidas en su poder. Esta prohibición abarca no solamente el homicidio, la tortura, las penas corporales, las mutilaciones y los experimentos médicos o científicos no exigidos por el tratamiento facultativo de una persona protegida, sino también cualquier otra crueldad practicada por agentes civiles o militares.

ARTICULO 33.- No será castigada ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido ella misma. Las penas colectivas, así como toda medida de intimidación o terrorismo, quedan prohibidas.

Queda prohibida la rapiña.

Quedan igualmente prohibidas las medidas de represalias respecto a las personas protegidas o a sus bienes.

ARTICULO 34.- Se prohibe la toma de rehenes.

SECCION II

Extranjeros en el Territorio de una Parte Contendiente

ARTICULO 35.- Toda persona protegida que deseare salir del territorio al comienzo o en el curso de un conflicto, tendrá derecho a hacerlo, a menos que su marcha no redunde en daño de los intereses nacionales del Estado. La decisión sobre su salida se tomará según procedimiento regular, debiendo resolverse con la máxima premura. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá disponer del dinero necesario para el viaje y llevar consigo un volumen razonable de efectos y objetos de uso personal.

Las personas a quienes se niegue el permiso para dejar el territorio tendrá derecho a obtener que un tribunal o un consejo administrativo competente, a tal efecto creado por la potencia en cuyo poder se encuentren, considere de nuevo la negativa en el plazo más breve posible.

A petición, los representantes de la potencia protectora podrán obtener, a menos que a ello se opongan motivos de seguridad o que los interesados hagan objeción, una explicación de las razones en cuya virtud se haya negado a las personas solicitantes la autorización para salir del territorio, así como, lo más rápidamente posible, los nombres de cuantos se encuentren en ese caso.

ARTICULO 36.- Las salidas autorizadas en armonía con el artículo precedente se efectuarán en condiciones satisfactorias de seguridad, higiene, salubridad y alimentación. Todos los gastos efectuados a partir de la salida del territorio de la potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas, correrán por cuenta del país de destino o, en caso de estancia en nación neutral, por cuenta de la potencia cuyos súbditos sean los beneficiarios. Las modalidades prácticas de estos desplazamientos serán, en caso necesario, fijadas por acuerdos especiales entre las potencias interesadas.

Todo lo cual no podrá reportar perjuicio a los acuerdos especiales que hayan concertado las partes contendientes acerca del intercambio y la repatriación de sus ciudadanos caídos en poder del enemigo.

ARTICULO 37.- Las personas protegidas que se encuentren en detención preventiva o sufriendo penas de privación de libertad serán tratadas, durante su encarcelamiento, con humanidad.

Podrán, al ser puestas en libertad, pedir su salida del territorio, en armonía con los artículos anteriores.

ARTICULO 38.- Excepción hecha de las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del presente convenio, en particular respecto a los artículos 27 y 41, la situación de las personas protegidas continuará estando regida, en principio, por las prescripciones relativas al trato de extranjeros en tiempo de paz. En todo caso, se les concederán los siguientes derechos:

1) podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen;

2) recibirán, si su estado de salud lo necesitase, un tratamiento médico y atenciones de hospital, en igual medida que los ciudadanos del Estado interesado;

3) tendrán la facultad de practicar su religión y recibir el auxilio espiritual de los ministros de su culto;

4) si residieron en regiones particularmente expuestas a los peligros de la guerra, quedarán autorizadas para desplazarse en la misma medida que los ciudadanos del Estado interesado;

5) los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de criaturas menores de siete años, beneficiarán, en igual medida que los ciudadanos del Estado interesado, de todo trato preferente.

ARTICULO 39.- Las personas protegidas que hubieren perdido, como consecuencia del conflicto, su actividad lucrativa, tendrán derecho a que se las ponga en condiciones de encontrar un trabajo remunerador, gozando a tal efecto, su reserva de consideraciones de seguridad y de las disposiciones del artículo 40, de las mismas ventajas que los ciudadanos de la potencia en cuyo territorio se encuentren.

Si una de las partes contendientes sometiese a una persona protegida a medidas de custodia que la dejasen en la imposibilidad de ganarse la subsistencia, en particular cuando la persona de que se trata no pudiera por razones de seguridad encontrar un trabajo remunerador en condiciones razonables, la dicha potencia atenderá a sus necesidades y a las de las personas a su cargo.

En todo caso, las personas protegidas podrán percibir subsidios de su país de origen, de la potencia protectora o de las sociedades benéficas a que alude el artículo 30.

ARTICULO 40.- No podrá obligarse a trabajar a las personas protegidas, si no es en igualdad de condiciones que a los ciudadanos de la parte contendiente en cuyo territorio residan.

Si las personas protegidas fueren de nacionalidad enemiga, no se las podrá obligar más que a trabajos normalmente necesarios para garantizar la alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el transporte y la salud de los seres humanos, y que no tengan relación alguna directa con el desarrollo de las operaciones militares.

En los casos mencionados en los párrafos precedentes, las personas protegidas obligadas al trabajo gozarán de las mismas condiciones de labor y de idénticas medidas protectoras que los trabajadores nacionales, especialmente en lo atañedero a salarios, duración de jornadas, equipos, formación previa e indemnización por accidentes y enfermedades profesionales.

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, las personas protegidas quedarán autorizadas a ejercer el derecho de reclamación, en armonía con el artículo 30.

ARTICULO 41.- Cuando la potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no estime suficientes las medidas de control mencionadas en el presente convenio, las otras más severas a que podrá recurrir serán las de residencia forzosa o internamiento, en armonía con las disposiciones de los artículos 42 y 43.

Al aplicar las prescripciones del párrafo segundo del artículo 39 en los casos de personas obligadas a abandonar su habitual residencia en virtud de una decisión que les ordene la residencia forzosa en otro paraje, la potencia en cuyo poder se hallen las dichas personas se conformará lo más estrictamente posible a las reglas relativas al trato de internados (sección IV, título III del presente convenio).

ARTICULO 42.- El internamiento o la residencia forzosa de personas protegidas no podrán ordenarse más que si la seguridad de la potencia en cuyo poder se encuentren las dichas personas lo hace absolutamente indispensable.

Si una persona pidiere, por intermedio de los representantes de la potencia protectora, su internamiento voluntario y si su propia situación lo hiciere necesario, lo hará la potencia en cuyo poder se encuentre.

ARTICULO 43.- Cualquier persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzosa, tendrá derecho a conseguir que un tribunal o consejo administrativo competente, a tal efecto creado por la potencia en cuyo poder esté, considere de nuevo en el plazo más breve posible la decisión tomada a su respecto. Si se mantuvieren el internamiento o la residencia forzosa, el tribunal o el consejo administrativo procederá periódicamente, y por lo menos dos veces al año, a un examen del caso de la persona de que se trata, a fin de modificar en su favor la decisión inicial, siempre que las circunstancias lo permitan.

A menos que las personas protegidas interesadas se opongan a ello, la potencia en cuyo poder se encuentren comunicará, con la mayor rapidez posible, a la potencia protectora los nombres de las personas protegidas que hayan sido internadas o puestas en residencia forzosa, así como los nombres de las que hayan sido liberadas del internamiento o la residencia forzosa. Con igual reserva, las decisiones de los tribunales o consejos apuntados en el primer párrafo del presente artículo serán también notificadas, con la máxima brevedad, a la potencia protectora.

ARTICULO 44.- Al tomar las medidas de custodia previstas en el presente convenio, la potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no habrá de tratar como extranjeros enemigos, exclusivamente a base de su pertenencia jurídica a un Estado adverso, a los refugiados que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún gobierno.

ARTICULO 45.- Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una potencia que no sea parte en el convenio.

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las personas protegidas o para el retorno al país de su domicilio al fin de las hostilidades.

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la potencia en cuyo poder se hallaren a una potencia que sea parte en el convenio más que después que la primera se haya asegurado de que la potencia de que se trata tiene deseo y está en condiciones de aplicar el convenio. Cuando las personas protegidas hayan sido así transferidas, la responsabilidad por la aplicación de las cláusulas del convenio incumbirá a la potencia que haya aceptado el acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. No obstante, en caso de que esta potencia no aplicase las disposiciones del convenio, en todos sus puntos esenciales, la potencia por la cual las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, después de la notificación de la potencia protectora, tomar las medidas eficaces para remediar la situación, o pedir que las personas protegidas le sean devueltas. A tal demanda, se dará satisfacción.

En ningún caso podrá transferirse a persona protegida alguna, a otro país donde pueda temer persecuciones por razón de sus opiniones políticas o religiosas.

Las prescripciones de este artículo no obstan a la extradición, en virtud de tratados concertados antes del rompimiento de las hostilidades, de personas protegidas acusadas de crímenes de derecho común.

ARTICULO 46.- Si no hubiesen quedado en suspenso anteriormente, las medidas de carácter restrictivo promulgadas respecto a las personas protegidas serán abolidas lo antes posible al fin de las hostilidades.

Las medidas restrictivas decretadas respecto a sus bienes cesarán tan rápidamente como sea posible al fin de las hostilidades, conforme a la legislación de la potencia en cuyo poder se encuentren las dichas personas.

SECCION III

Territorios Ocupados

ARTICULO 47.- Las personas protegidas que se encontraren en territorio ocupado no perderán, en ninguna coyuntura ni en modo alguno, los beneficios del presente convenio, ya sea en virtud de cambios ocurridos, a consecuencia de la ocupación, en las instituciones o la gobernación del territorio de que se trata o por acuerdos concertados entre las autoridades del territorio ocupado y la potencia ocupante, o como secuela de la anexión por esta última de la totalidad o parte del territorio ocupado.

ARTICULO 48.- Las personas protegidas no súbditas de la potencia cuyo territorio resulte ocupado, podrán prevalerse del derecho a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, y las decisiones serán tomadas en armonía con el procedimiento que la potencia ocupante debe instituir conforme al dicho artículo.

ARTICULO 49.- Los translados en masa o individuales, de carácter forzoso, así como las deportaciones de personas protegidas fuera del territorio ocupado en el ámbito de la potencia ocupante o al de cualquier otro Estado, se halle o no ocupado, quedan prohibidos fuera cual fuere el motivo.

Sin embargo, la potencia ocupante podrá proceder a la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo exigiesen la seguridad de la población o imperiosas necesidades militares. Las evacuaciones no podrán acarrear el desplazamiento de personas protegidas más que al interior del territorio ocupado, salvo casos de imposibilidad material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan terminado las operaciones de guerra en ese sector.

La potencia ocupante, al proceder a tales translados o evacuaciones, deberá actuar de modo que, en toda la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en locales adecuados, que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, higiene, seguridad y alimentación, y que no se separen unos de otros, a los miembros de una misma familia.

Se informará a la potencia protectora, de las transferencias y evacuaciones efectuadas.

La potencia ocupante no podrá retener a personas protegidas en regiones singularmente expuestas a peligros de la guerra, a menos que la seguridad de la población o imperiosas razones militares lo exigieren.

La potencia ocupante no podrá proceder a la evacuación o transferencia de una parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado.

ARTICULO 50.- Con el concurso de las autoridades nacionales y locales, la potencia ocupante facilitará el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de niños.

Tomará cuantas medidas sean necesarias para conseguir la identificación de los niños y el empadronamiento de su filiación. En ningún caso podrá proceder a modificaciones de su estatuto personal, ni a alistarlos en formaciones u organismos dependientes de ella.

Si las instituciones locales resultasen inadecuadas, la potencia ocupante deberá tomar disposiciones para asegurar la manutención y la educación, si fuera posible por medio de personas de su nacionalidad, lengua y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a consecuencia de la guerra, a falta de parientes próximos o amigos que estén en condiciones de hacerlo.

Se encargará a una sección especial de la oficina creada en virtud de las prescripciones del artículo 136, que se ocupe de tomar las medidas convenientes para identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se posean acerca del padre, la madre o cualquier otro pariente.

La potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas de preferencia que hubieren podido ser adoptadas, con anterioridad a la ocupación, a favor de los niños menores de quince años, de mujeres encintas (sic) y de madres de criaturas de menos de siete años, en todo cuanto ataña a la nutrición, a los cuidados medicinales y a la protección contra los efectos de la guerra.

ARTICULO 51.- La potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en sus contingentes armados o auxiliares. Queda prohibida toda presión o propaganda encaminada a conseguir alistamientos voluntarios.

Tampoco podrá obligar a trabajar a las personas protegidas a menos que cuenten más de dieciocho años de edad; sólo podrá tratarse, en todo caso, de trabajos necesarios para las necesidades del ejército de ocupación o de servicios de interés público, de la alimentación, del alojamiento, del vestuario, de los transportes o de la sanidad de la población del país ocupado. No podrá obligarse a las personas protegidas a ningún trabajo que las lleve a tomar parte en las operaciones militares. La potencia ocupante no podrá obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde se hallen desempañando un trabajo impuesto.

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde se encontraren las personas de que se trata. Cada persona requisada seguirá residiendo, en la medida de lo posible, en el lugar de su habitual trabajo. Este habrá de ser equitativamente remunerado y proporcionado a las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores.

Será aplicable a las personas protegidas sometidas a los trabajos de que se trata en el presente artículo, la legislación vigente en el país ocupado con relación a las condiciones de trabajo y a medidas de amparo, especialmente en cuanto atañe a salarios, duración de jornadas, equipos, formación previa e indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales.

Las requisiciones de mano de obra no podrán, en ningún caso, conducir a una movilización de trabajadores bajo régimen militar o semimilitar.

ARTICULO 52.- Ningún contrato, acuerdo u ordenanza podrá lesionar el derecho de cada trabajador, sea o no voluntario, donde quiera que se encuentre, a dirigirse a los representantes de la potencia protectora para solicitar su intervención.

Toda medida conducente a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país ocupado, con vistas a inducirlos a laborar para la potencia ocupante, queda prohibida.

ARTICULO 53.- Está prohibido a la potencia ocupante, destruir bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a organismos públicos, y a agrupaciones sociales o cooperativas, salvo en los casos en que tales destrucciones las hicieren necesarias las operaciones bélicas.

ARTICULO 54.- Está vedado a la potencia ocupante modificar el estatuto de los funcionarios o magistrados del territorio ocupado o tomar, respecto a los mismos, sanciones o medidas cualesquiera de coacción o discriminación por haberse abstenido del ejercicio de sus funciones debido a argumentos de conciencia.

Esta última prohibición no ha de ser obstáculo para la aplicación del párrafo segundo del artículo 51. Deja intacto el poder de la potencia ocupante para apartar de sus cargos a los titulares de funciones públicas.

ARTICULO 55.- En la medida de sus recursos, la potencia ocupante tiene el deber de asegurar el aprovisionamiento de la población en víveres y productos medicinales; deberá especialmente importar vituallas, elementos medicinales y cualquier otro artículo indispensable cuando los recursos del territorio ocupado resulten insuficientes.

La potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o elementos medicinales existentes en territorio ocupado más que por las fuerzas y la administración de ocupación; habrá de tener en cuenta las necesidades de la población civil. Bajo reserva de lo estipulado en otros convenios internacionales, la potencia ocupante tomará las medidas conducentes a que toda requisición sea indemnizada en su justo valor.

Podrán las potencias protectoras, en cualquier momento, verificar sin trabas el estado de los aprovisionamientos en víveres y medicamentos en los territorios ocupados, so reserva de las restricciones pasajeras impuestas por imperiosas necesidades militares.

ARTICULO 56.- En toda la medida de sus medios, la potencia ocupante tiene el deber asegurar y mantener en el concurso de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y servicios médicos de hospital, así como la sanidad y la higiene pública en el territorio ocupado, adoptando en particular y aplicando medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias. Se autorizará al personal médico de todas categorías a desempeñar esta misión.

Si se creasen nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos competentes del Estado no estuviesen ya funcionando en ellos, las autoridades de ocupación procederán, si ha lugar, al reconocimiento prescrito en el artículo 18. En circunstancias análogas, las autoridades de ocupación deberán proceder igualmente al reconocimiento del personal de los hospitales y vehículos de transporte a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21.

Al adoptar las medidas de sanidad e higiene, así como al ponerlas en vigor, la potencia ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del territorio ocupado.

ARTICULO 57.- La potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que provisionalmente y en caso de urgente necesidad para cuidar heridos y enfermos militares, y siempre a condición de que se tomen, a tiempo, las medidas apropiadas para garantizar la asistencia y el tratamiento de las personas hospitalizadas, así como dar abasto a las exigencias de la población urbana.

No podrán requisarse el material y las existencias de los hospitales civiles, mientras sean necesarios para la población civil.

ARTICULO 58.- La potencia ocupante habrá de permitir a los ministros de cultos la asistencia espiritual a sus correligionarios.

Aceptará los envíos de libros y objetos necesarios para las prácticas religiosas, facilitando su distribución en territorio ocupado.

ARTICULO 59.- Cuando la población de un territorio ocupado o una parte de ella resulte insuficientemente avituallada, la potencia ocupante aceptará las obras de socorro hechas a favor de dicha población, facilitándolas en todo lo posible.

Tales obras, que podrán ser emprendidas ya sea por el Estado o por un organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistirán principalmente en envíos de víveres, productos medicinales y vestuarios.

Todos los Estados contratantes deberá (sic) autorizar el libre paso de estas remesas, asegurando su protección.

Una potencia que autorice el libre paso de envíos destinados a territorios ocupados por una parte adversaria en el conflicto, tendrá no obstante derecho a verificar los envíos, reglamentar su paso según horarios e itinerarios prescritos, y obtener de la potencia protectora garantías suficientes de que los envíos de que se trata van destinados al socorro de la población necesitada y no han de ser utilizados en provecho de la potencia ocupante.

ARTICULO 60.- Los envíos de socorros no descargarán en nada a la potencia ocupante de las responsabilidades que le imponen los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar en modo algunos (sic) los envíos de socorros, de la afectación que les haya sido asignada, salvo en los casos de necesidad urgente, en interés de la población del territorio ocupado y previo consentimiento de la potencia protectora.

ARTICULO 61.- El reparto de los envíos de socorro mencionados en los artículos precedentes se hará con el concurso y bajo la fiscalización de la potencia protectora. Esta función podrá ser delegada, como consecuencia de acuerdo entre la potencia ocupante y la potencia protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial.

No se percibirá ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado sobre estos envíos de socorro, a menos que semejante percepción resulte necesario en interés de la economía del territorio. La potencia ocupante deberá facilitar la rápida distribución de dichos envíos.

Todas las partes contratantes se esforzarán por permitir el tránsito y el transporte gratuitos de estos envíos de socorro destinados a territorios ocupados.

ARTICULO 62.- Bajo reserva de imperiosas razones de seguridad, las personas protegidas que se encuentren en territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de auxilio que les sean remitidos.

ARTICULO 63.- Bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas a título excepcional por imperiosas consideraciones de seguridad de la potencia ocupante:

a) las sociedades nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y del Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir las actividades en conformidad con los principios de la Cruz Roja tales y como están definidos por las conferencias internacionales de la Cruz Roja. Las demás sociedades de socorros deberán poder continuar sus actividades humanitarias en similares condiciones;

b) la potencia ocupante no podrá exigir, en el personal y la estructura de dichas sociedades, ningún cambio que pueda causar perjuicio a las actividades arriba mencionadas.

Iguales principios se aplicarán a la actividad y al personal de organismos especiales de carácter no militar, ya existentes o que sean creadas a fin de garantizar las condiciones de existencia de la población civil mediante el mantenimiento de servicios esenciales de utilidad pública, la distribución de socorros y la organización de salvamentos.

ARTICULO 64.- La legislación penal del territorio ocupado se mantendrá en vigor, salvo en la medida en que pueda ser derogada o suspendida por la potencia ocupante si esta legislación constituyese una amenaza para la seguridad de dicha potencia o un obstáculo para la aplicación del presente convenio. Bajo reserva de esta última consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando respecto a todas las infracciones previstas por esta legislación.

La potencia ocupante podrá sin embargo someter la población del territorio ocupado a las disposiciones que resulten indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente convenio, y asegurar la administración regular del territorio así como la seguridad, ya sea de la potencia ocupante, de los miembros y bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, y de los establecimientos y líneas de comunicación por ella utilizados.

ARTICULO 65.- Las disposiciones penales decretadas por la potencia ocupante no entrarán en vigor más que después de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de la población en la lengua de ésta. No podrán tener efecto retroactivo.

ARTICULO 66.- La potencia ocupante podrá entregar a los acusados, en caso de infracción a las disposiciones penales promulgadas por ella en virtud del párrafo segundo del artículo 64 a sus tribunales militares, no políticos y normalmente constituídos, a condición de que éstos funcionen en el país ocupado. Los tribunales de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado.

ARTICULO 67.- Los tribunales sólo podrán aplicar disposiciones legales anteriores a la infracción y conformes a los principios generales del derecho, especialmente en lo que concierne al principio de la proporcionalidad de las penas. Deberán tomar en consideración el hecho de que el acusado no sea súbdito de la potencia ocupante.

ARTICULO 68.- Cuando una persona protegida cometiere una infracción únicamente con el propósito de perjudicar a la potencia ocupante, pero sin que dicha infracción implique atentado a la vida o la integridad corporal de los miembros de las fuerzas o de la administración de ocupación, cree un peligro colectivo serio o acarree (sic) graves daños a los bienes de las fuerzas, de la administración de ocupación o de las instalaciones por ellas utilizadas, la persona de que se trate quedará expuesta al internamiento o al simple encarcelamiento, entendiéndose que la duración de este internamiento o este encarcelamiento habrá de ser proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento serán, respecto a tales infracciones, las únicas medidas con pérdida de libertad que puedan tomarse contra las personas de referencia. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente convenio podrán libremente convertir la pena de prisión en internamiento de la misma duración.

Las disposiciones de carácter penal promulgadas por la Potencia ocupante en armonía con los artículos 64 y 65 no pueden prever la pena de muerte en cuanto a las personas protegidas, salvo en los casos en que éstas resultaren culpables de espionaje, actos graves de atentados contra las instalaciones militares de la potencia ocupante, o infracciones con malicia que causaren la muerte de una o varias personas, y a condición de que la legislación del territorio ocupado, vigente antes de la ocupación, aplique la pena capital en casos tales.

No podrá dictarse la pena de muerte contra una persona protegida, más que después de haber llamado la atención del tribunal, en particular, acerca del hecho de que el reo, por no ser súbdito de la potencia ocupante, no se halla obligado respecto a ella por deber alguno de fidelidad.

En ningún caso podrá dictarse la pena de muerte contra una persona protegida cuya edad fuere de menos de dieciocho años en el momento de la infracción.

ARTICULO 69.- En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida de cualquier pena de prisión a que pueda ser condenada una persona protegida acusada.

ARTICULO 70.- Las personas protegidas no podrán ser detenidas, enjuiciadas o condenadas por la potencia ocupante a causa de acciones cometidas u opiniones expresadas con anterioridad a la ocupación o durante una interrupción temporal de ésta, so reserva de infracciones a las leyes y costumbres de la guerra.

Los ciudadanos de la potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado refugio en el territorio ocupado, no podrán ser detenidos, enjuiciados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas después del comienzo de las hostilidades o por delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostilidades que, según la legislación del Estado cuyo territorio se halle ocupado, hubieran justificado la extradición en tiempo de paz.

ARTICULO 71.- Los tribunales competentes de la potencia ocupante no podrán dictar condena alguna a la que no haya precedido proceso regular.

A todo acusado enjuiciado por la potencia ocupante, se le informará sin retraso por la dicha potencia, de cuantos temas de acusación se hayan formulado contra él, en lengua que pueda comprender, y la causa será instruída con la mayor rapidez posible. A la potencia protectora, se le informará de cada motivo de enjuiciamiento formulado por la potencia ocupante contra personas protegidas cuando dichos motivos puedan acarrear sentencia de muerte o pena de encarcelamiento por dos años a lo más; podrá dicha potencia, en cualquier instante, informarse del estado del procedimiento. Además, la potencia protectora tendrá derecho a conseguir, a petición suya, toda clase de información respecto al procedimiento de que se trata y a cualquier otra causa incoada por la potencia ocupante contra personas protegidas.

La notificación a la potencia protectora, tal y como está prevista en el inciso segundo del presente artículo, deberá efectuarse inmediatamente, y llegar en todo caso a la potencia protectora tres semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si a la inauguración de los debates no se aportase la prueba de haber sido integralmente respetadas las prescripciones del presente artículo, la audiencia no podrá tener lugar. La notificación deberá comprender en particular los elementos siguientes:

a) identificación de acusado;

b) lugar de su residencia y de la detención;

c) especificación de los temas de la acusación (con mención expresa de las disposiciones penales en que esté basada);

d) indicación del tribunal a quien corresponda juzgar el asunto;

e) lugar y fecha de la primera audiencia.

ARTICULO 72.- Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios para su defensa, pudiendo citar testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un defensor calificado de su elección, el cual podrá visitarlo con entera libertad y al que se le darán las facilidades convenientes para preparar su defensa.

Si el acusado no hubiere escogido defensor, la potencia protectora lo proporcionará uno. Si el infractor debe responedr (sic) de una acusación grave y no tiene potencia protectora, la potencia ocupante le conseguirá un defensor, so reserva del consentimiento del presunto reo.

A todo acusado, a menos que a ello renuncie libremente, le asistirá un intérprete tanto durante la instrucción de la causa como en la audiencia ante el tribunal. Podrá, en cualquier momento, recusar al intérprete y solicitar su substitución.

ARTICULO 73.- Todo sentenciado tendrá la facultad de utilizar los recursos prescritos en la legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plenamente de sus derechos de apelación, así como de los plazos asignados para ejercerlos.

El procedimiento penal previsto en la presente sección se aplicará, por analogía, a las apelaciones. Si la legislación aplicada por el tribunal no previese posibilidades de apelación, el codenado (sic) tendrá derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la potencia ocupante.

ARTICULO 74.- Los representantes de la potencia protectora tendrán derecho a asistir a la audiencia de cualquier tribunal que juzgue a una persona protegida, a menos que los debates hayan de tener lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad de la potencia ocupante; ésta avisará entonces a la potencia protectora. Deberá remitirse a la potencia protectora, notificación en que conste la indicación del lugar y la fecha de la apertura del juicio oral.

Cuantas sentencias se dicten, implicando pena de muerte o prisión por dos o más años, habrán de ser comunicadas, con explicación de motivos y lo más rápidamente posible, a la potencia protectora; constará en ella la notificación efectuada conforme al artículo 71, y en caso de sentencia que implique pena de privación de libertad, la indicación del lugar donde haya de ser purgada. Las demás sentencias serán consignadas en las actas del tribunal, pudiendo ser examinadas por los representantes de la potencia protectora. En el caso de condenas a pena de muerte o a penas de privación de libertad de dos o más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que a partir del momento en que la potencia protectora haya recibido comunicación de la sentencia.

ARTICULO 75.- En ningún caso podrá negarse a los sentenciados a muerte el derecho de pedir gracia.

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de la expiración de un plazo de por lo menos seis meses, a partir del momento en que la potencia protectora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confirmando la condena a muerte o la negativa del indulto.

Este plazo de seis meses podrá ser acortado en ciertos casos concretos, cuando resulte de coyunturas graves y críticas que la seguridad de la potencia ocupante o de sus fuerzas armadas está expuesta a una amenaza organizada; la potencia protectora recibirá siempre notificación de la reducción del plazo, y tendrá siempre la posibilidad de dirigir con oportunidad de tiempo protestas, a propósito de tales condenas a muerte, a las autoridades ocupantes competentes.

ARTICULO 76.- Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado, y de ser condenadas deberán extingir (sic) en él sus penas. Estarán separadas, si ello es posible, de los demás presos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente al menos al régimen de los establecimientos penitenciarios del país ocupado.

Se les darán los cuidados médicos exigidos por el estado de su salud.

Quedarán igualmente autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.

Las mujeres serán recluídas en locales separados y colocadas bajo la inspección inmediata de mujeres.

Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial prescrito para los menores de edad.

Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita de los delegados de la potencia protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a tenor de las disposiciones del artículo 143.

Además gozarán del derecho a recibir por lo menos un paquete de socorro cada mes.

ARTICULO 77.- Las personas protegidas inculpadas o condenadas por los tribunales en territorio ocupado serán entregadas, al fin de la ocupación, con su expediente respectivo, a las autoridades del territorio liberado.

ARTICULO 78.- Si la potencia ocupante estimase necesario, por razones imperiosas de seguridad, tomar medidas de seguridad respecto a las personas protegidas, podrán imponerles, a lo más, una residencia forzosa o proceder a su internamiento.

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán en armonía con un procedimiento regular que habrá de ser fijado por la potencia ocupante, a tenor de las disposiciones del presente convenio. Semejante procedimiento debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieren las decisiones, habrán de ser objeto de revisión periódica, a ser posible semestralmente, mediante un organismo competente constituído por la dicha potencia.

Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que en consecuencia hayan de abandonar su domicilio, se beneficiarán sin restricción alguna de cuanto se dispone en el artículo 39 del presente convenio.

SECCION IV

Reglas Relativas al Trato de los Internados

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 79.- Las partes contendientes no podrán internar a personas protegidas más que con arreglo a las disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78.

ARTICULO 80.- Los internados conservarán su plena capacidad civil, ejerciendo los derechos de ella derivados en la medida compatible con el estatuto de internados.

ARTICULO 81.- Las partes contendientes que internaren a personas protegidas tendrán la obligación de proveer gratuitamente a su manutención y de facilitarles las atenciones médicas que exija su estado de salud.

Para el reembolso de estos gastos, no se hará rebaja alguna en los subsidios, jornales o créditos de los interesados.

Correrá a cuenta de la potencia protectora la manutención de las personas que dependan de los internados, si careciesen de medios suficientes de subsistencia o fueran incapaces de ganarse por sí mismos la vida.

ARTICULO 82.- La potencia en cuyo poder se hallen los internados procurará agruparlos en la medida de lo posible, según su nacionalidad, su lengua y sus costumbres. Los ciudadanos de una misma nación no habrán de ser separados a causa de la diversidad de lengua.

Durante el internamiento, los miembros de una misma familia, y en particular los padres e hijos, estarán reunidos en el mismo lugar, con excepción de los casos en que las necesidades del trabajo, razones de salud, o la aplicación de las disposiciones prescritas en el capítulo IX del presente convenio hiciesen necesaria la separación temporal. Los internados podrán pedir que sus hijos, dejados en libertad sin vigilancia de los padres, sean internados con ellos.

En toda la medida de lo posible, los miembros internados de la misma familia serán reunidos en los mismos locales, alojándoseles aparte de los otros internados. Se les concederán las facilidades necesarias para hacer vida familiar.

CAPITULO II

Lugares de Internamiento

ARTICULO 83.- La potencia en cuyo poder estén los internados no podrá emplazar los lugares de internamiento en regiones particularmente expuestas a los peligros de la guerra.

Comunicará, por intermedio de las potencias protectoras, a las potencias enemigas toda la información oportuna sobre la situación geográfica de los parajes de internamiento.

Siempre que las consideraciones de orden militar lo consienta, se señalarán los campos de concentración con las letras IC colocadas de modo que puedan ser claramente vistas desde lo alto del aire; sin embargo, las potencias interesadas podrán convenir en cualquier otra manera de señalamiento. Sólo los campos de internamiento podrán ser señalados de ese modo.

ARTICULO 84.- Habrán de alojarse los internados separadamente de los prisioneros de guerra y de las personas privadas de libertad por otras causas.

ARTICULO 85.- La potencia en cuyo poder estén tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias y posibles para que las personas protegidas sean alojadas, desde el comienzo del internamiento, en edificios o acantonamientos que posean todas las garantías de higiene y salubridad, y garanticen protección eficaz contra los rigores del clima y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán emplazados los lugares permanentes de internamiento en regiones malsanas o donde el clima resultare pernicioso para los internados. En cuantos casos estuvieren éstos internados en una región insalubre o donde el clima resultase pernicioso para la salud, habrán de ser transferidos tan rápidamente como las circunstancias lo permitan a otro lugar donde no sean de temer tales riesgos.

Los locales deberán quedar completamente al abrigo de la humedad y estar suficientemente alumbrados y calentados, especialmente, entre la caída de la tarde y la extinción de los fuegos. Los dormitorios habrán de ser lo bastante espaciosos y aireados; los internados dispondrán de convenientes camastros, de jergones y mantas suficientes, habida cuenta de la edad, del sexo y del estado de salud de los internados, así como de las condiciones climatológicas del lugar.

Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias en armonía con las exigencias de la higiene y mantenidas en constante estado de limpieza. Se les dará cantidad suficiente de agua y de jabón para los cuidados diarios de pulcritud corporal y del lavado de ropas; a tal efecto, se les facilitarán las instalaciones y las conveniencias necesarias. Tendrán además a su disposición instalaciones de duchas y baños. Se les dará el tiempo necesario para los cuidados de higiene y los trabajos de limpieza.

Siempre que fuere necesario, como medida excepcional, alojar temporalmente a mujeres internadas no pertenecientes a un grupo familiar en el mismo lugar de internamiento que los hombres, habrán de montarse obligatoriamente dormitorios e instalaciones sanitarias aparte.

ARTICULO 86.- La potencia en cuyo poder se encuentren pondrá a disposición de los internados, sea cual fuere su religión locales apropiados para el ejercicio de los cultos.

ARTICULO 87.- A menos que los internados no dispongan de otras facilidades análogas, se instalarán cantinas en todos los lugares de internamiento, a fin de que tengan la posibilidad de conseguir, a precios que en ningún caso deberán ser superiores a los del comercio local, substancias alimenticias y objetos usuales, incluso jabón y tabaco, que puedan servir para mejorar su bienestar y su comodidad personal.

Los beneficios de las cantinas se ingresarán al crédito de un fondo especial de asistencia que habrá de crearse en cada lugar de internamiento y estará administrado en provecho de los internados del lugar de que se trate. La junta de internados, prevista en el artículo 102, tendrá derecho de inspección sobre la administración de las cantinas y la gestión de este fondo.

Al disolverse un lugar de internamiento, el saldo a favor del fondo de asistencia será transferido al fondo correspondiente de otro paraje de la misma clase para internados de igual nacionalidad, y caso de no existir un tal paraje, a un fondo central de asistencia que habrá de ser administrado en beneficio de todos los internados en poder de la potencia en cuyo territorio se encuentren. En caso de liberación general, estos beneficios serán conservados por la dicha potencia, salvo acuerdo distinto concertado entre las potencias interesadas.

ARTICULO 88.- En cuantos lugares de internamiento queden expuestos a bombardeos aéreos y otros riesgos de guerra, se montarán abrigos adecuados y en número suficiente para garantizar la conveniente protección. En caso de alarma, los internados podrán acogerse a ellos lo más rápidamente posible, excepción hecha de aquéllos que deban participar en la protección de sus acantonamientos contra tales peligros. Les será igualmente aplicable cualquier medida de protección que se tomare a favor de la población.

Se tomarán en todos los lugares de internamiento precauciones contra el riesgo de incendios.

CAPITULO III

Alimentación y Vestuario

ARTICULO 89.- La ración alimenticia cotidiana de los internados será suficiente en cantidad, calidad y variedad para garantizarles el equilibrio normal de salud e impedir las deficiencias nutritivas; habrá de tenerse en cuenta el régimen a que se hallen habituados los internados.

Recibirán éstos, además, los medios de condimentar ellos mismos los suplementos de alimentación de que dispongan.

Se les surtirá de agua potable suficiente. El uso del tabaco será autorizado.

A los trabajadores se les dará un suplemento de alimentación proporcionado a la naturaleza del trabajo que efectúen.

Las mujeres encintas (sic) y parturientas, como los niños menores de quince años, recibirán suplementos nutritivos adecuados a sus necesidades fisiológicas.

ARTICULO 90.- Se darán a lo (sic) internados todas las facilidades necesarias para proveerse de vestuario, calzado y ropas interiores de muda, en el momento de su detención así como para conseguirlos ulteriormente, si necesario fuere. Caso de no poseer los internados vestimenta adecuada al clima, y que no les sea posible obtenerla, la potencia en cuyo poder estén se la facilitará gratuitamente.

El vestuario que la potencia en cuyo poder estén los internados les suministre a éstos y las marcas exteriores que ponga en él, no deberán tener ni carácter infamante ni prestarse al ridículo.

A los trabajadores se les procurará un traje de faena, incluso la vestimenta de protección apropiada, por doquiera que el trabajo lo exija.

CAPITULO IV

Higiene y Asistencia Médica

ARTICULO 91.- Cada lugar de internamiento poseerá una enfermería adecuada, colocada bajo la autoridad de un médico calificado, donde los internados reciban los cuidados de que puedan tener necesidad así como un régimen alimenticio apropiado. Se reservarán locales aislados a los enfermos de afecciones contagiosas o mentales.

Las mujeres parturientas y los internados atacados de enfermedad grave, o cuyo estado necesite tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización, serán admitidos en todo establecimiento calificado para su tratamiento, recibiendo cuidados que no habrán de ser inferiores a los que se den al resto de la población.

Serán tratados los internados, de preferencia, por personal médico de su propia nacionalidad.

No podrá impedirse a los internados que se presenten a las autoridades médicas, para ser examinados. Las autoridades médicas de la potencia en cuyo poder estén los internados entregarán a cada uno de ellos, a petición suya, una declaración oficial donde se apunte la naturaleza de su enfermedad o de sus heridas, la duración del tratamiento y la asistencia recibida. A la agencia central de que trata el artículo 140, se le remitirá copia de esta declaración.

Se concederá gratuitamente al internado, el tratamiento así como la remesa de cualquier aparato necesario para la conservación del buen estado de su salud, especialmente de prótesis dentales o de toda otra clase, y de gafas.

ARTICULO 92.- Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas a los internados. Tendrán éstas por objetivo, en particular, el control del estado general de salud y nutrición y el estado de limpieza, así como el descubrimiento de dolencias contagiosas, tales como la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el paludismo. Implicarán especialmente la anotación del peso de cada internado y, por lo menos una vez al año, un examen radioscópico.

CAPITULO V

Religión, Actividades Intelectuales y Físicas

ARTICULO 93.- Gozarán los internados de toda libertad para el ejercicio de su religión, incluso la asistencia a los oficios de su culto, a condición de que se ajusten a las ordenanzas corrientes de disciplina, prescritas por las autoridades en cuyo ámbito se encuentren.

Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados para practicar plenamente su ministerio entre sus correligionarios. A tal efecto, la potencia en cuyo poder estén atenderá a que sean repartidos de modo equitativo entre los varios lugares de internamiento donde se encuentren los confinados que hablen la misma lengua y pertenezcn (sic) a la misma religión. Si no los hubiera en número bastante, se les otorgarán las facilidades convenientes, entre ellas los medios de transporte, para transladarse de un lugar de internamiento a otro, autorizándolos para girar visitas a quienes se hallen en hospitales. Los ministros de un culto gozarán, para los actos de su ministerio, de la libertad de correspondencia con las autoridades religiosas del país donde estén detenidos y, en la medida de lo posible, con los organismo (sic) religiosos internacionales de su confesión. Esta correspondencia no estará considerada como parte del contingente aludido en el artículo 107, pero quedará sometida a las disposiciones del artículo 112.

Cuando los internados no dispongan del auxilio de ministros de su culto o cuando estos últimos resulten en número insuficiente, la autoridad religiosa local de la misma confesión podrá designar, de acuerdo con la potencia en cuyo poder se encuentren los internados, un ministro del mismo culto que el de los internados, o bien, en el caso de que ello sea posible desde el punto de vista confesional, un ministro de culto similar o un laico calificado. Este último disfrutará de las ventajas inherentes a la función asumida. Las personas así designadas deberán conformarse a todos los reglamentos establecidos por la potencia en cuyo poder se encuentren, en interés de la disciplina y de la seguridad.

ARTICULO 94.- La potencia en cuyo poder se encuentren los internados estimulará las actividades intelectuales, docentes, recreativas y deportivas de éstos, dejándolos libres de ejercitarlas o no. Tomará cuantas medidas sean posibles para la práctica de esas actividades, poniendo en particular a su disposición locales adecuados.

Se dará a los internados toda clase de posibilidades a fin de permitirles que prosigan sus estudios o acometan otros nuevos. Se garantizará la instrucción de los niños y adolescentes; podrán éstos frecuentar escuelas, ya sea en el interior o en el exterior de los lugares de internamiento.

Los internados gozarán de la facultad de dedicarse a ejercicios físicos, y participar en deportes y juegos al aire libre. Se reservarán para este uso emplazamientos especiales en todos los lugares de internamiento. Se dejarán sitios adecuados para los niños y adolescentes.

ARTICULO 95.- La potencia en cuyo poder se encuentren los internados no podrá emplearlos como trabajadores a menos que ellos lo pidan. Quedan prohibidos en todo caso: el empleo que, impuesto a una persona protegida, no internada, constituiría una infracción a los artículos 40 ó 51 del presente convenio, y los trabajos de carácter degradante o humillante.

Al cabo de un período de trabajo de seis semanas, los internados podrán renunciar a trabajar en cualquier momento, previo aviso de ocho días.

Estas disposiciones no constituyen obstáculo al derecho de la potencia en cuyo poder se hallen, a obligar a los internados médicos, dentistas u otros miembros del personal sanitario a ejercer su profesión en bien de sus cointernados; al empleo de internados en trabajos de administración y entretenimiento del lugar del internamiento; al encargo a esas personas de trabajos de cocina o domésticos de otra clase; y finalmente al empleo de faenas destinadas a proteger a los internados contra bombardeos aéreos u otros peligros de guerra. Sin embargo, a ningún internado podrá obligársele a realizar tareas para las cuales hubiera sido declarado inepto físicamente por un médico de la administración.

La potencia en cuyo poder se hallen los detenidos asumirá entera responsabilidad por todas las condiciones de trabajo, de asistencia médica, de abono de jornales o recompensas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Las condiciones de trabajo así como las indemnizaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales estarán conformes con la legislación nacional y la costumbre; en ningún caso habrán de ser inferiores a las aplicadas para trabajos de la misma índole en la misma región. Los jornales quedarán determinados de manera equitativa por acuerdo entre la potencia en cuyo poder se hallen los detenidos, éstos y, eventualmente, los patronos distintos de la potencia en cuyo poder se hallen, habida cuenta de la obligación para esta potencia de atender gratuitamente a la manutención del detenido y de proporcionarle los cuidados medicinales que necesite su estado de salud. Los internados empleados de modo permanente en los trabajos a que se refiere el tercer párrafo, recibirán de la potencia en cuyo poder se encuentren un jornal equitativo; las condiciones de trabajo y la reparación por accidentes y enfermedades profesionales no será (sic) inferiores a las que rijan para faenas de la misma naturaleza en la región de que se trate.

ARTICULO 96.- Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. Las autoridades competentes de la potencia en cuyo poder se hallen los detenidos y el comandante del lugar de internamiento serán responsables por la observancia en los dichos destacamentos de cuanto dispone el presente convenio. El comandante llevará al día una relación de los destacamentos de trabajo dependientes de él, comunicándola a los delegados de la potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario que visitaren los lugares de internamiento.

CAPITULO VI

Propiedad Personal y Recursos Financieros

ARTICULO 97.- Quedan autorizados los internados a conservar sus objetos y efectos de uso personal. No podrán quitárseles las cantidades, cheques, títulos, etc., así como los artículos de valor de que sean portadores, si no es con arreglo a los procedimientos establecidos. En todo caso, se les dará un recibo detallado.

Las cantidades deberán ser anotadas al crédito de la cuenta de cada internado, según lo dispuesto en el artículo 98; no podrán ser convertidas en otra moneda, a menos que así lo exija la legislación del territorio donde se halle internado el propietario, o con el consentimiento suyo.

Los objetos que tengan sobre todo un valor personal o sentimental no podrán quitárseles a sus dueños.

Las mujeres interesadas sólo podrán ser registradas por mujeres.

Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numerario el saldo a su favor de la cuenta llevada a tenor del artículo 96; así como cuantos objetos, cantidades, cheques, títulos, etc., les hubieran sido retirados durante el internamiento, excepción hecha de los objetos o valores que la potencia en cuyo poder estuvieren los internados que la potencia en cuyo poder estuvieren los internados debe guardar en virtud de la legislación en vigor. En caso de que un bien fuera retenido como consecuencia de dicha legislación, el internado recibirá un certificado detallado.

Los documentos familiares y los documentos de identidad que lleven los internados, no podrán retirárseles más que contra recibo. En ningún momento habrán de quedar los internados sin justificantes de identidad. De no poseerlos, se les extenderán documentos especiales por las autoridades en cuyo poder se encuentren, los cuales harán las veces de justificantes identificatorios hasta el final del internamiento.

Los internados podrán conservar una determinada suma en metálico o en forma de bonos de compra, a fin de hacer sus adquisiciones.

ARTICULO 98.- Todos los internados percibirán regularmente subsidios para poder adquirir substancias y objetos tales como tabaco, enseres de aseo, etc. Estos subsidios podrán revestir la forma de créditos o bonos de compra.

Por otro parte, los internados podrán recibir gratificaciones de la potencia de quien sean súbditos, de las potencias protectoras, de cualquier organismo que los socorra o de sus familias, así como las rentas de sus bienes a tenor de lo legislado por la potencia en cuyo poder se encuentren. Las sumas de los subsidios asignados por la potencia de origen habrán de ser las mismas para cada categoría de internados (inválidos, enfermos, mujeres encinta, etc.), y no podrán ser fijadas por esta potencia ni distribuidas por la potencia en cuyo poder se encuentren los internados a base de distingos prohibidos en el artículo 27 del presente convenio.

Para cada internado, la potencia en cuyo poder se encuentren los internados llevará una cuenta regular a cuyo crédito se anotarán los subsidios de que se habla en el presente artículo, los jornales devengados por el internado y los envíos de dinero que se le hagan. Se apuntarán igualmente a su crédito las cantidades que se les retiren y que queden a su disposición en virtud de la legislación vigente en el territorio donde se hallare el internado. Se le concederá toda clase de facilidades compatibles con la legislación vigente en el territorio interesado, para remitir subsidios a su familia o a personas que dependan económicamente de él. Podrá extraer de dicha cuenta las cantidades necesarias para sus gastos personales, en los límites marcados por la potencia en cuyo poder se encuentre. Le serán otorgadas en todo tiempo facilidades razonables para consultar su cuenta o conseguir estados de ella. Esta cuenta será comunicada, a petición, a la potencia protectora e irá con el internado en caso de translado.

CAPITULO VII

Administración y Disciplina

ARTICULO 99.- Todo lugar de internamiento quedará colocado bajo la autoridad de un oficial o funcionario responsable elegido de entre las fuerzas militares regulares o en los escalafones de la administración civil regular de la potencia en cuyo poder se encuentren los internados. El oficial o funcionario jefe del recinto de internamiento, poseerá, en la lengua oficial o en cualquiera de los idiomas oficiales de su patria, el texto del presente convenio, asumiendo la responsabilidad por su aplicación. Al personal de vigilancia se le pondrá al corriente de las prescripciones del convenio y de las ordenanzas relativas a su cumplimiento.

Se fijarán en el interior del recinto de internamiento y en idioma que puedan comprender los internados, el texto del presente convenio y los de los acuerdos especiales concertados conforme a éste, o se entregarán a la junta de internados.

Los reglamentos, órdenes y avisos de cualquier índole habrán de ser comunicados a los internados, exponiéndolos en el interior de los parajes de internamiento en lengua que ellos puedan comprender.

Todas las órdenes y advertencias dirigidas individualmente a los internados, deberán darse igualmente en lengua comprensible para los mismos.

ARTICULO 100.- La disciplina en los lugares de internamiento habrá de ser compatible con los postulados humanitarios y no implicará, en ningún caso, ordenanzas que impongan a los internados fatigas físicas perjudiciales a su salud o padecimientos de orden físico o moral. Quedan prohibidos los tatuajes o imposiciones de marcas o signos corporales de identificación.

Quedan igualmente prohibidos el establecimiento o pases prolongados de listas, los ejercicios físicos de castigo, las maniobras militares y los regateos de alimentación.

ARTICULO 101.- Tendrán derecho los internados a presentar a las autoridades en cuyo poder se encuentren, peticiones respecto al régimen a que se hallen sometidos.

Igual derecho tendrán, sin restricciones, a dirigirse ya sea por intermedio de la junta de internados, o directamente, si lo estimaren necesario, a los representantes de la potencia protectora, para indicarles los asuntos sobre los cuales puedan tener motivos de queja en cuanto al régimen de internamiento.

Tales peticiones y quejas habrán de ser transmitidos con urgencia y sin enmiendas. Aunque las quejas resultaren inmotivadas, no podrán imponerse castigos en consecuencia.

Las juntas de internados podrán enviar a los representantes de la potencia protectora partes periódicos acerca de la situación en los lugares de internamiento y las necesidades de la gente internada.

ARTICULO 102.- En cada recinto de internamiento, los confinados elegirán libremente, cada semestre y en escrutinio secreto, a los miembros de un comité con misión de representarlos ante las autoridades de la potencia en cuyo poder estén, ante las potencias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja o ante cualquier otro organismo que los socorra. Los miembros de este comité serán reelegibles.

Los internados escogidos entrarán en funciones después que su elección haya sido sancionada por la autoridad tenedora. Habrán de comunicarse a las potencias protectoras interesadas, los motivos de negativas o eventuales destituciones.

ARTICULO 103.- Los comités de internados deberán favorecer el bienestar físico, moral e intelectual de los internados.

En particular, caso de que los internados quisieran organizar entre ellos un sistema de ayuda mutua, semejante organización será de la incumbencia de los dichos comités, independientemente de las tareas que especialmente les confíen otras disposiciones del presente convenio.

ARTICULO 104.- Los miembros de comités o juntas de internados quedan exentos de cualquiera otra clase de trabajo, si con ello resultaren entorpecidas sus funciones.

Dichos miembros podrán nombrar, entre los internados, a los auxiliares que les resulten necesarios. Se les concederán todas las facilidades convenientes y, en particular, las libertades de movimiento necesarias para el desempeño de sus quehaceres (visitas a destacamentos de trabajo, recibo de mercancías, etc.).

También se les darán facilidades para su correspondencia postal y telegráfica con las autoridades en cuyo poder se encuentre, con las potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y sus delegados, así como con los organismos que socorran a los internados. Los miembros de los comités que se encontraren en los destacamentos gozarán de las mismas facilidades para su correspondencia con el comité del principal lugar de internamiento. Estas correspondencias no serán ni limitadas ni consideradas como parte del contingente mencionado en el artículo 107.

No podrá transferrise (sic) a ningún miembro de comité, sin haberle dejado tiempo suficiente para poner a su sucesor al corriente de los asuntos en curso.

CAPITULO VIII

Relaciones con el Exterior

ARTICULO 105.- En cuanto hayan internado a personas protegidas, las potencias en cuyo poder se encuentren pondrán en su conocimiento, así como en el de la potencia cuyos súbditos sean y de la potencia protectora, las medidas previstas para la ejecución de lo dispuesto en el presente capítulo; igualmente notificarán toda modificación a dichas medidas.

ARTICULO 106.- A todo internado se le pondrá en condiciones, tan pronto como sea internado o a lo más tarde una semana después de su llegada a un lugar de internamiento, y lo mismo en caso de enfermedad o de transferencia a otro lugar de internamiento o a un hospital, de enviar a su familia, por una parte, y a la agencia central prevista en el artículo 140, por otra parte, una tarjeta de internamiento redactada, si es posible, con arreglo al modelo anexo al presente convenio, para informarles sobre su dirección y su estado de salud. La (sic) dichas tarjetas serán transmitidas con toda la rapidez posible, no pudiendo ser retrasadas de ninguna manera.

ARTICULO 107.- Se les permitirá a los internados que expidan y reciban cartas y tarjetas postales. Si la potencia en cuyo poder se encuentren los internados estimase necesario reducir el número de cartas y tarjetas expedidas por cada internado, el número no podrá ser inferior a dos cartas y cuatro tarjetas por mes, redactadas en cuanto sea posible según los modelos que figuran en el presente convenio. Las limitaciones aportadas a la correspondencia dirigida a los internados, sólo podrá ordenarlas su potencia de origen, eventualmente a instancias de la potencia en cuyo poder se encuentren los internados. Tales cartas y tarjetas habrán de ser transportadas en un plazo razonable; no podrán ser retardadas ni detenidas por motivos disciplinarios.

Los internados que estén mucho tiempo sin noticias de sus familias o que se encontraren en la imposibilidad de recibirlas o darlas por la vía ordinaria, así como aquellos que estén separados de los suyos por considerables distancias, quedarán autorizados a expedir telegramas, contra abono de las tasas telegráficas en la moneda de que dispongan. Beneficiarán igualmente de esta facilidad en casos de patente urgencia.

Por regla general, la correspondencia será redactada en su legua materna. Las partes contendientes podrán autorizar la correspondencia en otros idiomas.

ARTICULO 108.- Estarán autorizados los internados a recibir, por vía postal o cualquier otro medio, envíos individuales o colectivos que especialmente contengan substancias alimenticias, ropas, medicamentos, libros o cualquiera clase de objetos destinados a sus necesidades en materia de religión, de estudios o de recreos. Tales envíos no podrán liberar, de ningún modo, a la potencia en cuyo poder se encuentren los internados, de las obligaciones que le incumben en virtud del presente convenio.

En caso de que, por razones de orden militar, resulta necesario limitar la cantidad de dichos envíos, la potencia protectora, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que esté socorriendo a los internados, y a quienes se encargue la remesa de los envíos, deberán ser avisados.

Las modalidades relativas a la expedición de los envíos individuales o colectivos serán objeto, si ha lugar, de acuerdos especiales entre las potencias interesadas, que no podrán retrasar en ningún caso el recibo por los internados de los envíos de socorros. Los envíos de víveres y ropas no contendrán libros; en general, los socorros medicinales les serán remitidos en paquetes colectivos.

ARTICULO 109.- A falta de acuerdos especiales entre las partes contendientes sobre las modalidades relativas al reparto de los envíos colectivos de socorros, se aplicará el Reglamento que figura al final del presente convenio.

Los acuerdos especiales a que aquí se alude no podrán restringir, en ningún caso, el derecho de los comités de internados a tomar posesión de los envíos de acuerdos colectivos destinados a los internados, a proceder a su distribución y a disponer de ellos en provecho de los destinatarios.

Tampoco podrán limitar el derecho que tendrán los representantes de la potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo que auxilie a los internados y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos colectivos, a fiscalizar la distribución a sus destinatarios.

ARTICULO 110.- Todos los envíos de socorros destinados a los internados estarán exentos de todos los derechos de entrada, de aduana o de cualquier otra clase.

Quedarán igualmente exentos de toda tasa postal, lo mismo en los países de origen y destino que en los intermediarios, cuantos envíos se hagan, incluso los paquetes postales de socorro así como las remesas de dinero, provenientes de otros países, con destino a los internados o dirigidos por ellos por vía postal, ya sea directamente o por mediación de las oficinas de informaciós (sic) previstas en el artículo 136 y de la agencia central de información de que habla el artículo 140. A tal efecto, se extenderán especialmente a las demás personas protegidas internadas bajo el régimen del presente convenio, las exenciones prescritas en el convenio postal universal de 1947 y en los acuerdos de la Unión postal universal, a favor de los paisanos de nacionalidad enemiga confinados en campos o en prisiones civiles. Los países no partícipes en estos arreglos tendrán la obligación de conceder las franquicias prescritas en igualdad de condiciones.

Los gastos de transporte de los envíos de socorro destinados a los internados que, a causa del peso o por cualquier otro motivo, no puedan serles remitidos por vía postal, correrán a cargo de la potencia en cuyo poder estén los confinados en todos los territorios colocados bajo su control. Las demás potencias participantes en el convenio sufragarán los gastos de acarreo en sus respectivos territorios.

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubiertos con arreglo a lo dispuesto en los incisos precedentes, correrán por cuenta del remitente.

Las altas partes contratantes se esforzarán por rebajar lo más posible las tasas telegráficas para los telegramas expedidos por los internados o que les sean dirigidos.

ARTICULO 111.- En la eventualidad de que las operaciones militares impidiesen a las potencias interesadas cumplir la obligación que les incumbe respecto a garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 106, 107, 108, 113, las potencias protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro organismo sancionado por las partes contendientes, podrán intentar el asegurar el transporte de dichos envíos con medios adecuados (vagones, camiones, barcos o aviones, etc.). A tal efecto, las altas partes contratantes harán cuanto puedan por conseguir estos medios de transporte, autorizando su circulación especialmente con la expedición de los necesarios salvoconductos.

Estos medios de transporte podrán también ser utilizados para remitir:

a) la correspondencia, las listas y los informes cambiados entre la agencia central de información prevista en el artículo 140 y las oficinas nacionales a que se alude en el artículo 136;

b) la correspondencia y las memorias concernientes a los internados que las potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que esté asistiendo a dichas personas crucen con sus propios delegados o con las partes en conflicto.

Las presentes prescripciones no restringirán en nada el derecho de cualquiera de las partes contendientes a organizar, si así lo prefiriesen, otros transportes, y a entregar salvoconductos en las condiciones que pudieran estipularse.

Los dispendios ocasionados por el empleo de estos medios de transporte serán sufragados, proporcionalmente a la importancia de los envíos, por las partes contendientes cuyos súbditos reporten la ventaja de los servicios de que se trata.

ARTICULO 112.- La censura de la correspondencia dirigida a los internados o por ellos expedida, deberá efectuarse en el plazo más breve posible.

El control de los envíos destinados a los internados no habrá de efectuarse en condiciones que pongan en peligro la conservación de las substancias que contenga, y deberá hacerse en presencia del destinatario o de un camarada autorizado por él. La entrega de los envíos individuales o colectivos a los internados no podrá retrasarse so pretexto de inconvenientes para la censura.

Cualquier prohibición dictada por las partes contendientes, por razones militares o políticas, sólo podrá ser transitoria y de la menor duración posible.

ARTICULO 113.- Las potencias en cuyo poder se encuentren los internados darán todas las facilidades razonables para la transmisión, por intermedio de la potencia protectora o de la agencia central prevista en el artículo 140 u otros conductos necesarios, de los testamentos, poderes o cualquier otra clase de documentación destinada a los internados o precedente de ellos.

En todo caso, las potencias en cuyo poder se encuentren los internados facilitarán a éstos la expedición y legalización en buena y debida forma de los dichos documentos; les darán permiso, en particular, para que puedan consultar a un abogado.

ARTICULO 114.- La potencia en cuyo poder se encuentren los internados otorgará a éstos toda clase de facilidades, compatibles con el régimen de internamiento y la legislación vigente para que puedan administrar sus bienes. A tal efecto, podrá autorizarlos a salir del recinto de internamiento en casos urgentes y siempre que las circunstancias lo permitan.

ARTICULO 115.- En todas las ocasiones en que un internado sea parte en procesos ante un tribunal, sea cual fuere la potencia en cuyo poder se encuentre, deberán informar al tribunal, a petición del interesado, de su detención, y dentro de los límites legales, habrá de cuidar de que se tomen todas las medidas convenientes para que no sufran daño alguno a causa de su internamiento, en todo lo concerniente a la preparación y desarrollo de su proceso o la ejecución de cualquier sentencia dictada por el tribunal.

ARTICULO 116.- A cada internado se le permitirá recibir a intervalos regulares, y lo más a menudo posible, visitas, ante todo las de sus familiares.

En casos de urgencia y en la medida de lo posible, singularmente en la eventualidad de fallecimiento o enfermedad grave, el internado quedará autorizado a transladarse al hogar de su familia.

CAPITULO IX

Sanciones Penales y Disciplinarias

ARTICULO 117.- Bajo reserva de las disposiciones del presente capítulo, continuará aplicándose a los internados que cometieren infracciones durante el internamiento, la legislación vigente en el territorio donde se hallaren.

Si las leyes, los reglamentos o las ordenanzas generales declarasen delictivos actos cometidos por los internados, mientras que esos mismos actos no lo fuesen al ser cometidos por personas no internadas, dichos actos no podrán acarrear más que sanciones de orden disciplinario.

Al internado no podrá castigársele más que una sola vez por la misma falta.

ARTICULO 118.- Al determinar la pena, los tribunales o autoridades tomarán en consideración, en la más amplia medida posible, el hecho de no ser el acusado súbdito de la potencia en cuyo poder se halle. Quedan facultados para aminorar la pena asignada a la infracción cometida por el acusado, y no tendrá la obligación, a tal propósito, de atenerse al mínimum de la dicha pena.

Quedan prohibidos todos los encarcelamientos en locales no alumbrados por la luz del día y, en general, cualquier forma cruel.

Los internados castigados no podrán ser tratados de modo distinto a los demás internados, después de haber extinguido las penas que se les hayan impuesto disciplinaria o judicialmente.

La duración de la prisión, preventiva sufrida por el internado será siempre deducida de toda pena de privación de libertad que le haya sido infligida disciplinaria o judicialmente.

A los comités de internados se les pondrá al corriente de todos los enjuiciamientos seguidos contra los individuos cuyos mandatarios sean, así como de los resultados.

ARTICULO 119.- Podrán aplicarse a los internados las siguientes penas:

1) multas de hasta el 50% del jornal previsto en el artículo 95, y ello durante un período que no exceda de treinta días;

2) suspensión de las ventas otorgadas respecto al trato prescrito por el presente convenio;

3) faenas duras que no rebasen dos horas por día, y que sean ejecutadas para el entretenimiento del lugar de internamiento;

4) arrestos.

Las penas disciplinarias no podrán ser, en ningún caso, inhumanas, brutales o peligrosas para la salud del internado. Habrá de tenerse en cuenta su edad, el sexo y el estado de su salud.

La duración de una misma pena no rebasará jamás un m;ximo (sic) de treinta días consecutivos, aun en los casos en que el internado haya de responder disciplinariamente de varias acusaciones, en el momento en que se le condene, sean o no conexos los hechos de que se trate.

ARTICULO 120.- Los internados evadidos o que intentarán evadirse y sean habidos, no serán punibles por ello, aunque fuesen reincidentes, más que con penas disciplinarias.

En derogación del tercer inciso del artículo 118, los internados castigados a causa de una evasión o de tentativa de evasión podrán quedar sometidos a un régimen de vigilancia especial, a condición sin embargo de que ese régimen no afecte al estado de su salud, que sea padecido en un lugar de internamiento, y que no lleve consigo la supresión de ninguna de las garantías concedidas por el presente convenio.

A los internados que hayan cooperado a una evasión o tentativa de evasión, no podrá imponérseles por esa razón castigo disciplinario alguno.

ARTICULO 121.- La evasión o la tentativa de evasión, aunque hubiere reincidencia, no habrá de ser considerada cual circunstancia agravante en el caso de que el internado haya de comparecer ante los tribunales por infracciones cometidas en el curso de la evasión.

Cuidarán las partes contendientes de que las autoridades competentes sean indulgentes respecto a la determinación de si una infracción cometida por un internado ha de ser castigada disciplinaria o judicialmente, en particular en cuanto atañe a los hechos conexos con la evasión o la tentativa de evasión.

ARTICULO 122.- Serán objeto de encuesta inmediata, los hechos que constituyan faltas contra la disciplina. Lo mismo se hará respecto a la evasión o tentativa de evasión; el internado aprehendido será entregado lo antes posible a las autoridades competentes.

Para todos los internados, la detención preventiva en caso de delito disciplinario será reducida al estricto mínimo, no debiendo exceder de catorce días; en todo caso, su duración será deducida de la pena de privación de libertad que le sea aplicada.

Las prescripciones de los artículos 124 y 125 se aplicarán a los internados detenidos preventivamente por faltas disciplinarias.

ARTICULO 123.- Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y autoridades superiores, las penas disciplinarias sólo podrán ser dictadas por el jefe del lugar de internamiento o por un oficial o funcionario responsable a quien él haya delegado su poder disciplinario.

Antes de dictarse una pena disciplinaria, el internado acusado será informado concretamente de los hechos que se le reprochan. Estará autorizado a justificar su conducta, a defenderse, a convocar testigos y a recurrir, en caso necesario a los oficios de un intérprete calificado. Se tomará la decisión en presencia del acusado y de un miembro del comité de internados.

Entre la decisión disciplinaria y su ejecución, no mediará más de un mes.

Cuando se condene a un internado con nueva pena diciplinaria (sic), un plazo de al menos tres días habrá de separar la ejecución de cada una de las condenas, siempre que la duración de una de ellas sea de diez días o más.

El jefe del lugar de internamiento deberá llevar un registro de las penas disciplinarias dictadas, el cual será puesto a disposición de los representantes de la potencia protectora.

ARTICULO 124.- En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos penitenciarios (cárceles, penitenciarías, presidios, etc.) para cumplir en ellos penas disciplinarias.

Los locales donde se extingan las penas disciplinarias se ajustarán a las exigencias de la higiene, conteniendo desde luego material de dormitorio suficiente; se pondrá a los reclusos en condiciones de mantenerse en estado de limpieza.

Las mujeres internadas, que extingan penas disciplinarias, estará (sic) detenidas en locales distintos de los de los hombres, colocándoselas bajo la vigilancia inmediata de mujeres.

ARTICULO 125.- Los internados a quienes se haya castigado disciplinariamente tendrán la facultad de hacer ejercicio diario y al aire libre, al menos durante dos horas.

Estarán autorizados, a solicitud suya, a presentarse a la vista médica diaria; se les darán los cuidados que exija su estado de salud y, eventualmente, pasarán a la enfermería del lugar de internamiento o a un hospital.

Quedarán autorizados a leer y escribir, así como a enviar y recibir cartas. En cambio, los paquetes y envíos de dinero podrán no entregárseles hasta la extinción de la pena; en espera de ese momento, se pondrán en manos del comité de internados, el cual remitirá a la enfermería los efectos de calidad efímera que puedan encontrarse en los paquetes.

A ningún internado castigado disciplinariamente podrá privársele del beneficio de las disposiciones, contenidas en los artículos 107 y 143.

ARTICULO 126.- Los artículos del 71 al 76 inclusive habrán de ser aplicados por analogía a los procedimientos seguidos contra los internados que se encuentren en el territorio nacional de la potencia en cuyo poder se hallen.

CAPITULO X

Traslado de los Internados

ARTICULO 127.- El traslado de internados se llevará siempre a cabo con humanidad. Se efectuará, en general, por ferrocarril u otros medios de transporte y en condiciones iguales, al menos, a las que se usan para los desplazamientos de las tropas de la potencia en cuyo poder se hallen. Si excepcionalmente han de hacerse los traslados a pie, no podrán realizarse más que si el estado físico de los internados lo consiente, no debiendo en ningún caso imponérseles fatigas excesivas.

La potencia en cuyo poder se hallen suministrará a los internados, durante el traslado, agua potable y alimento en cantidad, calidad y variedad suficientes para mantenerlos en buena salud, así como ropas, alojamientos convenientes y la asistencia médica necesaria. Tomará cuantas medidas de precaución sean oportunas para garantizar su seguridad durante el traslado, estableciendo, antes de la marcha, la lista completa de los internados trasladados.

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las mujeres parturientas, no habrán de ser trasladados, si el estado de su salud corriera peligro con el viaje, a menos que su seguridad no lo exija imperativamente.

Si el frente de combate se acerca a un lugar de internamiento, los internados que en él se encuentren no serán trasladados a menos que el traslado pueda efectuarse en suficientes condiciones de seguridad, o corriesen más peligro quedándose donde estén que emprendiendo la marcha.

La potencia en cuyo poder se hallen, al decidir el traslado de los internados, habrá de tener en cuenta los intereses de éstos, con vistas especialmente a no aumentar las dificultades de repatriación o del tornaviaje al lugar de su domicilio.

ARTICULO 128.- En caso de traslado, se les avisará a los internados oficialmente la marcha y se nueva dirección postal; el aviso se les dará lo bastante pronto para que puedan preparar los equipajes y advertir a sus familias.

Quedarán autorizados a llevarse sus efectos personales, su correspondencia y los paquetes que se les hayan remitido; el peso del equipaje podrá reducirse si las circunstancias del traslado lo exigieran, pero en ningún caso a menos de veinticinco kilos por internado.

Les serán trasmitidos sin demora la correspondencia y los paquetes enviados al antiguo lugar de internamiento.

El jefe de éste, de consuno con el comité de internados, adoptará cuantos arreglos fueren necesarios para llevar a cabo el traspaso de los bienes comunes de los confinados así como la impedimenta que éstos no puedan llevar consigo, a causa de la restricción dispuesta a tenor del inciso segundo del presente artículo.

CAPITULO XI

Fallecimientos

ARTICULO 129.- Los internados podrán poner sus testamentos en manos de las autoridades, quienes garantizarán su custodia. En caso de fallecimiento de un internado, su testamento será remitido con urgencia a las personas por él designadas.

El fallecimiento de cada internado será comprobado por un médico, extendiéndose un certificado en que se expliquen las causas de la muerte y sus circunstancias.

Se redactará un acto oficial de defunción, debidamente registrada, con arreglo a las prescripciones vigentes en el territorio donde se halle el lugar del internamiento, remitiéndose copia certificada conforme lo antes posible a la potencia protectora así como a la agencia de que se trata en el artículo 140.

ARTICULO 130.- Se cuidarán las autoridades en cuyo poder estuvieren los internados, de que los fallecidos en cautiverio sean enterrados dignamente, si es posible con arreglo a los ritos de la religión a que pertenezcan, y de que sus sepulturas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que se las pueda localizar en cualquier momento.

A los internados fallecidos, se les enterrará individualmente, salvo en casos de fuerza mayor que impongan la tumba colectiva. Los cadáveres sólo podrán ser incinerados por imperiosas razones de higiene o a causa de la religión del muerto o también si hubiese expresado tal deseo. En los casos de incineración, se hará constar ello, con indicación de motivos, en el acta de defunción. Las cenizas serán conservadas cuidadosamente por las autoridades en cuyo poder se encuentren los internados, debiendo ser entregadas lo más pronto posible a las familias, si éstas lo pidieren.

En cuanto las circunstancias lo consientan y lo más tarde al fin de las hostilidades, la potencia en cuyo poder se encuentren los internados, transmitirá a las potencias de quienes éstos dependan, por intermedio de las oficinas de información previstas en el artículo 136, listas de enterramientos de los internados fallecidos. En estas listas se dará toda clase de detalles necesarios para la identificación de los muertos y la exacta localización de sus sepulturas.

ARTICULO 131.- Toda muerte o herida grave de internado causada o sospechosa de haber sido causa (sic) por otro internado o cualquier otra persona, así como todas las defunciones cuya causa sea desconocida, constituirán motivo para una inmediata encuesta oficial por parte de la potencia en cuyo poder se encuentren los internados.

A la potencia protectora se le notificará inmediatamente el caso. Se tomarán declaraciones a todos los testigos, redactándose y remitiéndose a la dicha potencia el oportuno parte.

Si la pesquisa emprendida demostrase la culpabilidad de una o varias personas, la potencia en cuyo poder se encuentren los internados dará cuantos pasos resulten necesarios para el enjuiciamiento del culpable o de los culpables.

CAPITULO XII

Liberación, Repatriación y Hospitalización en Países Neutrales.

ARTICULO 132.- Toda persona internada será puesta en libertad por la potencia en cuyo poder se encuentren tan pronto como dejen de existir los motivos de su internamiento.

Además, las partes contendientes harán cuanto puedan para concertar, durante las hostilidades, acuerdos relativos a la liberación, repatriación, retorno al lugar de domicilio u hospitalización en país neutral de ciertas categorías de internados y, en particular, de niños, mujeres encintas y madres con criaturas de pequeña edad, heridos y enfermos o internados que hayan padecido largo cautiverio.

ARTICULO 133.- El internamiento cesará lo más rápidamente posible al fin de las hostilidades.

Desde luego, los internados en el territorio de una de las partes contendientes, que se hallaren sujetos a proceso penal por infracciones no exclusivamente punibles con castigos disciplinarios, podrán ser retenidos hasta el fin del enjuiciamiento y, eventualmente, hasta la extinción de la pena. Igual se dice para quienes hayan sido condenados anteriormente a penas de privación de libertad.

Mediante acuerdo entre la potencia en cuyo poder se hallen los internados y las potencias interesadas, deberán constituirse comisiones, al fin de las hostilidades o de la ocupación territorial, para la búsqueda de los internados dispersos.

ARTICULO 134.- Al término de las hostilidades, habrán de esforzarse las altas partes contratantes, lo mismo que al fin de la ocupación, por asegurar a todos los internados el tornaviaje a sus últimos domicilios, o facilitarles la repatriación.

ARTICULO 135.- La potencia en cuyo poder se hallen los internados sufragará los gastos del regreso de los internados libertados a los lugares de su residencia en el momento del internamiento o, si los hubiere aprehendido en el curso de su viaje o en alta mar, los dispendios necesarios para que puedan terminar el viaje o retornar el punto de partida.

Si la potencia en cuyo poder se encuentren los internados negase el permiso para residir en su territorio a un internado liberado que con anterioridad tuviere allí su domicilio normal, habrá de pagar ella los gastos de su repatriación. Sin embargo, si el internado prefiriese volver a su patria bajo su propia responsabilidad, o para cumplir órdenes del gobierno a quien deba obediencia, la dicha potencia quedará exenta del pago de los gastos más allá de su jurisdicción. La potencia en cuyo poder se hallen los internados no tendrá obligación de sufragar los gastos de repatriación de todo individuo que hubiese sido internado por su propia solicitud.

De ser trasladados los internados conforme al artículo 45, la potencia que efectúe el traslado, así como la que los acoja, se pondrán de acuerdo acerca de la parte que cada una de ellas debe sufragar.

Las disposiciones de que se trata no podrán ser contrarias a los arreglos especiales que se hubieren concertado entre las partes contendientes a propósito del canje y de la repatriación de sus súbditos en poder del enemigo.

SECCION V

Oficinas y Agencia Central de Información

ARTICULO 136.- Desde el comienzo de un conflicto y en todos los casos de ocupación, cada una de las partes contendientes constituirá una oficina oficial de información a cuyo cargo correrá el recibir y transmitir informes sobre las personas protegidas que se hallen en su poder.

En el plazo más breve posible, cada una de las partes contendientes transmitirá a la dicha oficina de información noticias relativas a las medidas por ella tomadas contra toda persona aprehendida desde más de dos semanas atrás y puesta en residencia forzada o internada. Además, encargará a sus servicios competentes que suministren rápidamente a la mencionada oficina los detalles concernientes a los cambios ocurridos en el estado de las dichas personas protegidas, tales como traslados, liberaciones, repatriaciones, evaciones (sic), hospitalizaciones, nacimientos y defunciones.

ARTICULO 137.- La oficina nacional de información remitirá con urgencia, por lo (sic) medios más rápidos, y por intermedio, de un lado, de las potencias protectoras y, del otro, de la agencia central prevista en el artículo 140, los informes atañederos a las personas protegidas, a la potencia cuyos ciudadanos sean las dichas personas, o a la potencia en cuyo territorio tengan su residencia. Las oficinas responderán igualmente a cuantas peticiones les sean dirigidas a propósito de personas protegidas.

Las oficinas de información transmitirán los detalles relativos a una persona protegida, salvo en los casos en que la transmisión pudiera reportar perjuicio al interesado o a su familia. Aún en casos tales, no podrán negarse los pormenores de que se trate a la agencia central, la cual oportunamente advertida de las circunstancias, tomará las necesarias precauciones apuntadas en el artículo 140.

Cuantas comunicaciones escritas haga una oficina serán autenticadas con firma o sello.

ARTICULO 138.- Las noticias recibidas por la oficina nacional de información y por ella retransmitidas habrán de ser suficientes para que se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar rápidamente a su familia. Contendrán para cada persona, al menos, el apellido de familia, los nombres, el lugar y la fecha completa del nacimiento, la nacionalidad, el último domicilio, las señas particulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha y el carácter de la medida tomada respecto a la persona de que se trate, así como el lugar londe (sic) haya sido aprehendida, la dirección a donde deba dirigírsele la correspondencia, el nombre y las señas de la persona a quien deba informarse.

Lo mismo, transmitiránse regularmente, de ser posible cada semana, informes relativos a la salud de los internados enfermos o heridos de gravedad.

ARTICULO 139.- Incumbirá por otra parte a la oficina nacional de información, el recoger todos los objetos de valía dejados por las personas protegidas a que se refiere el artículo 136, en particular en casos de repatriación, liberación, fuga o fallecimiento, transmitiéndolos directamente a los interesados o, si necesario fuese, por medición de la agencia central. Habrán de ser enviados estos objetos en paquetes sellados por la oficina; irán acompañados los paquetes de justificantes precisos sobre la identidad de los individuos a quienes pertenezcan los efectos, así como de un inventario completo de cada paquete. Serán consignados, de manera detallada, el recibo y el envío de los objetos valiosos de este género.

ARTICULO 140.- Se creará en cada nación neutral, una agencia central de información referente a las personas protegidas y en especial a los internados. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá a las potencias interesadas, si lo juzgare conveniente, la organización de una tal agencia que podrá ser la misma prevista en el artículo 123 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato a los prisioneros de guerra.

Se encargará a esta agencia la concentración de cuantos informes del carácter previsto en el artículo 136 pueda lograr por vías oficiales o particulares; los transmitirá lo más rápidamente posible al país de origen o de residencia de las personas interesadas, excepción hecha de los casos en que dicha transmisión pueda perjudicar a las personas a quienes se refieran los pormenores, o a su familia. A tal efecto, le darán las partes contendientes todas las facilidades convenientes.

Las altas partes contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien de los servicios de la agencia central, serán invitadas a suministrar a ésta el apoyo financiero que les haga falta.

No habrán de ser las disposiciones precedentes consideradas momo (sic) restricciones a la actividad humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja o de las sociedades de beneficencia mencionadas en el artículo 142.

ARTICULO 141.- Las oficinas nacionales de información y la agencia central de información gozarán de porte franco de toda materia postal, así como de las exenciones previstas en el artículo 110, y, en todo cuanto sea posible de franquicia telegráfica o al menos de importantes rebajas de tarifa.

TITULO IV

Ejecución del Convenio

SECCION I

Disposiciones Generales

ARTICULO 142.- Bajo reserva de las medidas que estimasen indispensables para garantizar su seguridad o toda otra necesidad razonable, las potencias en cuyo poder se encuentren los internados dispensarán la mejor acogida a las organizaciones religiosas, sociedades de beneficencia o cualquier otro organismo que acudiere en auxilio de las personas protegidas. Les concederán todas las facilidades necesarias, así como a sus delegados debidamente autorizados, para visitar a las personas protegidas, para distribuirles socorros, material de todas clases destinado a fines docentes, recreativos o religiosos, o para contribuir a la organización de sus asuetos en el interior del recinto de internamiento. Los organismos o sociedades citados podrán constituirse ora en el territorio le (sic) la potencia en cuyo poder se encuentren los internados, ora en otro país, o podrán tener carácter internacional.

La potencia en cuyo poder se encuentren lo internados tendrá facultad para limitar el número de sociedades y organismos cuyos delegados estén autorizados para ejercer su actividad en su territorio y bajo su fiscalización, a condición desde luego de que la limitación no impida aportar ayuda eficaz y suficiente a todas las personas protegidas.

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja en este terreno será, en cualquier momento, reconocida y respetada.

ARTICULO 143.- Los representantes o delegados de las potencias protectoras estarán autorizados a trasladarse a todos los parajes donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares de internamiento, detención o trabajo.

Tendrán acceso a todos los locales utilizados por personas protegidas y podrán conversar con ellas sin testigos, por intermedio de un intérprete si ello fuere necesario.

Estas visitas sólo podrán prohibirse a causa de imperiosas necesidades militares, y solamente a título excepcional y transitorio; su frecuencia y duración no podrán ser limitadas.

A los representantes y delegados de las potencias protectoras, se les dejará toda libertad para la ejecución de los lugares que deseen visitar. La potencia en cuyo poder se encuentren los internados u ocupante (sic), la potencia protectora y, eventualmente, la potencia de origen de las personas que hayan de ser visitadas, podrán entenderse ente sí para que se permita a compatriotas de las interesados participar en las visitas.

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja gozarán de idénticas prerrogativas. La designación de estos delegados quedará sometida a la sanción de la potencia bajo cuya autoridad se hallen los territorios donde deban ejercer su actividad.

ARTICULO 144.- Las altas partes contratantes se comprometen a difundir lo más posible, en tiempo de paz y tiempo de guerra, el texto del presente convenio en sus respectivos países y especialmente a incorporar su estudio a los programas de instrucción militar y, si posible fuera, también civil, a fin de que sus principios sean conocidos de la totalidad de la población.

Las autoridades civiles, militares, de policía y otras cualesquiera que, en tiempo de guerra, asuman responsabilidades respecto a las personas protegidas, deberán poseer el texto del convenio y estar al corriente de sus disposiciones.

ARTICULO 145.- Las altas partes contratantes se comunicarán por intermedio del consejo federal suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las potencias protectoras, las traducciones oficiales del presente convenio, así como las leyes y ordenanzas que adoptaren para garantizar su aplicación.

ARTICULO 146.- Las altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para fijar las sanciones penales adecuadas que hayan de aplicarse a las personas que cometieren o diesen orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves al presente convenio que quedan definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de dichas infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante los propios tribunales de ella, fuere cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiriese, y según las condiciones previstas en su propia legislación, entregarlas para enjuiciamiento a otra parte contratante interesada en el proceso, en la medida que esta otra parte contratante haya formulado contra ellas suficientes cargos.

Cada parte contratante adoptará las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las prescripciones del presente convenio, aparte de las infracciones graves que son definidas en el artículo siguiente.

En cualquier circunstancia, los acusados gozarán de garantías de procedimiento y de libre defensa que no resulten inferiores a las prescritas en los artículos 105 y siguientes del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo al trato de los prisioneros de guerra.

ARTICULO 147.- Las infracciones graves a que alude el artículo anterior son las que implican cualquiera de los actos siguientes, si se cometieren contra personas o bienes protegidos por el convenio: homicidio adrede, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o a la salud, las deportaciones y traslados ilegales, la detención ilegítima, coaccionar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la potencia enemiga, o privarla de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente según las estipulaciones del presente convenio, la toma de rehenes, la destrucción y apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de modo ilícito y arbitrario.

ARTICULO 148.- Ninguna alta parte contratante tendrá facultad para exonerarse a sí mismo o exonerar a otra parte contratante, de responsabilidades incurridas por ella o por otra parte contratante, a causa de infracciones previstas en el artículo precedente.

ARTICULO 149.- A instancias de las partes contendientes, se abrirá una encuesta, según la modalidad que fijen entre si las partes interesadas, a propósito de cualquier presunta violación del convenio.

Si no pudiere llegarse a un acuerdo acerca del procedimiento de la encuesta, las partes se entenderán entre si para elegir un árbitro que decida sobre el procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las partes contendientes le pondrán fin, reprimiéndola lo más rápidamente posible.

SECCION II

Disposiciones Finales

ARTICULO 150.- El presente convenio está redactado en francés e inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.

El consejo federal suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del convenio en los idiomas español y ruso.

ARTICULO 151.- El presente convenio, que llevará la fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 1950, en nombre de las potencias representadas en la conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949.

ARTICULO 152.- El presente convenio será ratificado lo antes posible, debiendo depositarse en Berna las ratificaciones.

Del depósito de cada instrumento de ratificación, se levantará acta, una copia de la cual, certificada conforme, será remitida por el consejo federal suizo a todas las potencias en cuyo nombre haya sido firmado el convenio o notificada la adhesión.

ARTICULO 153.- Entrará en vigor el presente convenio seis meses después que hayan sido depositados por lo menos dos instrumentos de ratificación.

Ulteriormente, entrará en vigor, para cada parte contratante, seis meses después del depósito de su instrumento de ratificación.

ARTICULO 154.- En las relaciones entre las potencias obligadas por el convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra, trátese del de 29 de julio de 1899 o del de 18 de octubre de 1907, y que tomen parte en el presente convenio, este último completará las secciones II y III del reglamento que figura en anexo a los dichos convenios de La Haya.

ARTICULO 155.- Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente convenio quedará abierto a la adhesión de toda potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.

ARTICULO 156.- Las adhesiones serán notificadas por escrito al consejo federal suizo, produciendo efecto seis meses después de la fecha en que las reciba.

El consejo federal suizo comunicará las adhesiones a todas las potencias en cuyo nombre haya sido firmado al convenio o notificada la adhesión.

ARTICULO 157.- Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 darán efecto inmediato a las ratificaciones depositadas y a las adhesiones notificadas por las partes contendientes antes o después del comienzo de las hostilidales (sic) o de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o adhesiones recibidas de las partes contendientes la hará el consejo federal suizo por la vía más rápida.

ARTICULO 158.- Cada una de las altas partes contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente convenio.

La denuncia se notificará por escrito al consejo federal suizo, el cual comunicará la notificación a los gobiernos de todas las altas partes contratantes.

La denuncia producirá sus efectos un año después de la notificación al consejo federal suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la potencia denunciante esté ya envuelta en un conflicto no producirá efecto alguno hasta que la paz se haya concertado y, en todo caso, mientras las operaciones de liberación, de repatriación y de establecimiento de las personas protegidas por el presente convenio no se hayan terminado.

La denuncia sólo será válida respecto a la potencia denunciante. No producirá efecto alguno sobre las obligaciones que las partes contendientes tengan que cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

ARTICULO 159.- El consejo federal suizo hará registrar el presente convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El consejo federal suizo informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas, de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que pueda recibir respecto al presente convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, después de haber depositado sus respectivos plenos poderes, han firmado el presente convenio.

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en los idiomas francés e inglés, debiendo depositarse el original en lso (sic) archivos de la Confederación Suiza. El consejo federal suizo transmitirá una copia certificada conforme del convenio a cada uno de los Estados signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al mismo.

ANEXO I


Proyecto de Acuerdo Relativo a Zonas y Localidades Sanitarias y de Seguridad

ARTICULO 1.- Las zonas sanitarias y de seguridad quedarán estrictamente reservadas para las personas aludidas en el artículo 23 del convenio de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, y en el artículo 14 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra así como del personal encargado de la organización y la administración de las dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las personas que en ellas se encuentren concentradas.

Sin embargo, las personas cuyo domicilio permanente se halle en el interior de las zonas de que se trata, tendrán derecho a residir en ellas.

ARTICULO 2.- Las personas que se encontraren, por la razón que fuese, en una zona sanitaria y de seguridad, no deberán dedicarse a ningún trabajo que pueda tener relación directa con las operaciones militares o la producción de material de guerra, ni en el interior ni en el exterior de dicha zona.

ARTICULO 3.- La potencia que cree una zona sanitaria y de seguridad tomará todas las medidas apropiadas para impedir el acceso a las mismas a cuantas personas carezcan de derecho a entrar o encontrarse en ellas.

ARTICULO 4.- Las zonas sanitarias y de seguridad habrán de adaptarse a las condiciones siguientes:

a) no representarán más que una pequeña parte del territorio controlado por la potencia que las haya creado;

b) deberán tener escasa densidad de población con relación a sus posibilidades de acogida;

c) se hallarán alejadas y desprovistas de toda obligación militar y de toda instalación industrial o administrativa de importancia;

d) no estarán situadas en regiones que, según toda probabilidad, puedan tener importancia para el desarrollo de la guerra.

ARTICULO 5.- Las zonas sanitarias y de seguridad quedarán sometidas a las obligaciones siguientes:

a) las vías de comunicaciones y los medios de transporte que posean no habrán de ser utilizados para desplazamientos de personal o material militar ni siquiera en tránsito;

b) no serán militarmente defendidas en ninguna circunstancia.

ARTICULO 6.- Las zonas sanitarias y de seguridad estarán señaladas con bandas oblicuas rojas en fondo blanco trazadas en la periferia y sobre los edificios.

Las zonas únicamente reservadas a heridos y enfermos podrán ser marcadas con cruces rojas (medias lunas rojas, leones y soles rojos) en fondo blanco.

De noche, podrán serlo igualmente por medio de un alumbrado adecuado.

ARTICULO 7.- Ya en tiempo de paz o al comienzo de las hostilidades, cada potencia comunicará a todas las demás altas partes contratantes la lista de zonas sanitarias y de seguridad asentadas en el territorio por ella controlado, debiendo avisarles de cualquier otra zona creada en el transcurso de un conflicto.

Tan pronto como la parte adversaria haya hecho la notificación de referencia, la zona quedará normalmente constituída.

No obstante, si la parte contraria estimase que alguna de las condiciones impuestas por el presente acuerdo quedara patentemente sin cumplir tendrá la facultad de negarse a reconocer la dicha zona, comunicando su negativa a la parte de quien dependa la zona o subordinando su reconocimiento al establecimiento del control prescrito en el artículo 8.

ARTICULO 8.- Cada potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias y de seguridad establecidas por el adversario, tendrá derecho a pedir que una o varias comisiones fiscalicen si se han cumplido las condiciones y obligaciones enunciadas en el presente acuerdo.

A tal efecto, los miembros de las comisiones especiales gozarán, en todo tiempo, de libre acceso a las diferentes zonas, pudiendo residir en ellas de manera permanente. Se les darán toda clase de facilidades para que puedan desempeñar su misión de control.

ARTICULO 9.- En el caso de que las comisiones especiales descubriesen hechos que les parezcan contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, avisarán de ello inmediatamente a la potencia de quien dependa la zona de que se trata, fijándole un plazo de cinco días como máximo para que remedie la situación; lo advertirán a la potencia que haya reconocido la zona.

Si a la expiración de ese plazo, la potencia de quien dependa la zona no hubiese hecho caso del aviso, la parte adversaria podrá declarar que no se considera obligada por el presente acuerdo respecto a la zona de que se trata.

ARTICULO 10.- La potencia que hubiere creado una o varias zonas sanitarias y de seguridad, así como las partes adversarias a quienes de hubiese comunicado su existencia, nombrarán o harán que se designen por las potencias protectoras o por otras potencias neutrales, las personas que puedan formar parte de las comisiones especiales a que se alude en los artículos 8 y 9.

ARTICULO 11.- Las zonas sanitarias y de seguridad no podrán, en ninguna clase de circunstancias, ser atacadas debiendo ser en todo tiempo protegidas y respetadas por las partes contendientes.

ARTICULO 12.- En la eventualidad de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias y de seguridad que en él se encontraren deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales.

Sin embargo, la potencia ocupante podrá modificar su afectación, después de haber garantizado la suerte de las personas acogidas a ellas.

ARTICULO 13.- El presente acuerdo se aplicará igualmente a las localidades que las potencias afectaren al mismo objetivo que las zonas sanitarias y de seguridad.

ANEXO II

Proyecto de Reglamento Relativo a los Socorros Colectivos a Internados Civiles

ARTICULO 1.- Quedan autorizados los comités de internados para distribuir los envíos de socorros colectivos a su cargo a todos los internados administrativamente incorporados a su lugar de internamiento, así como a los que se encuentren en hospitales o en cárceles y otros establecimientos penitenciarios.

ARTICULO 2.- La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según las instrucciones de los donantes y en armonía con el plan establecido por los comités de internados; no obstante, el reparto de auxilios medicinales se efectuará, preferentemente, de acuerdo con los jefes médicos, los cuales podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, las dichas instrucciones en la medida que lo exijan las necesidades de sus enfermos. En el marco así definido, este reparto se llevará siempre a cabo de la manera más equitativa.

ARTICULO 3.- A fin de poder comprobar la cantidad así como la calidad de las mercancías recibidas, redactando al respecto relaciones detalladas con destino a los donantes, los miembros de los comités de internados tendrán libertad para ir a las estaciones u otros lugares cercanos al lugar de su internamiento, a donde lleguen las remesas colectivas.

ARTICULO 4.- Los comités de internados gozarán de facilidades convenientes para fiscalizar si la distribución de socorros colectivos, en todas las subdivisiones o los anexos de su lugar de internamiento, se ha efectuado conforme a lo dispuesto.

ARTICULO 5.- Se autorizará a los comités de internados a llenar así como a hacer que se llenen por miembros de los dichos comités en los destacamentos de trabajo o por los médicos mayores de lazaretos y hospitales, los formularios o interrogatorios destinados a los donantes y relativos a los auxilios colectivos (distribución, necesidades, cantidades, etc, etc.). Estos formularios e interrogatorios serán remitidos, debidamente cumplimentados, a los donantes sin tardanza alguna.

ARTICULO 6.- Al objeto de garantizar un reparto regular de los socorros colectivos a los confinados en su lugar de internamiento y de poder hacer frente, eventualmente, a las necesidades provocadas por la llegada de nuevos contingentes de internados, los comités de internados quedarán autorizados para constituir y mantener reservas suficientes de auxilios colectivos. Dispondrán, a tal efecto, de almacenes adecuados; cada almacén estará provisto de dos cerraduras; la llave de una la poseerá el comité de internado, y la de la otra el jefe del lugar de internamiento.

ARTICULO 7.- Las altas partes contratantes y las potencias en cuyo poder se hallen los internados, en particular autorizarán, en toda la medida de lo posible, y bajo reserva de la reglamentación relativa al avituallamiento de la población, cuantas compras se efectúen en su territorio para distribución de socorros colectivos a los internados; igualmente facilitarán las transferencias de fondos y otras medidas financieras, técnicas o administrativas efectuadas para las compras.

ARTICULO 8.- Las disposiciones precedentes no constituyen obstáculo al derecho de los internados a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un lugar de internamiento o en el curso de un traslado, ni a la posibilidad, para los representantes de la potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualesquiera otro organismo humanitario que acudiese en ayuda de los internados y al que se haya encargado la transmisión de dichos socorros, de garantizar la distribución a los destinatarios por cuantos medios juzgaren oportunos.

ANEXO III

TARJETA DE INTERNAMIENTO

Anverso

Escríbase claramente y con letras mayúsculas - l. Nacionalidad



2. Apellidos 3. Nombres 4. Nombre del padre

(con todas sus letras)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Fecha del nacimiento 6. Lugar de nacimiento

7. Profesión

8. Dirección anterior al internamiento

9. Dirección de la familia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* 10. Internado el:

(o)


Procedente de (hospital, etc.)

* 11. Estado de salud

12. Dirección actual

13. Fecha 14. Firma

* Táchese lo inútil - No se debe añadir nada a estas indicaciones - Véanse explicaciones al dorso.

Dorso


SERVICIO DE INTERNADOS CIVILES Porte franco

TARJETA POSTAL

Aviso importante

Esta tarjeta ha de ser llenada por cada

persona en cuanto haya sido internada

y cada vez que cambien de dirección, AGENCIA CENTRAL

a causa de traslado a otro lugar de DE INFORMACION SOBRE

internamiento o a un hospital. PERSONAS PROTEGIDAS

Esta tarjeta nada tiene que ver con la

tarjeta especial que cada internado tiene Comité Internacional

permiso para enviar a su familia. de la CRUZ ROJA

(Dimensiones de la tarjeta de internamiento: 10 x 15 cm)

ANEXO III (cont.)

CARTA


SERVICIO DE INTERNADOS CIVILES

____


Porte franco

A

Calle y número



Lugar de destino

(con letras mayúsculas)

Provincia o depatramento (sic)

Nación (con letras mayúsculas)

Remitente:

Nombre y apellidos

Fecha y lugar del nacimiento

Dirección del internamiento

(Dimensiones de la carta: 29 x 15 cm.)

ANEXO III (cont.)

TARJETA DE CORRESPONDENCIA

Anverso


SERVICIO DE INTERNADOS CIVILES Porte franco

TARJETA POSTAL

Remitente: A

Nombre y apellidos Calle y número

Fecha y lugar de Lugar de destino

Nacimiento (con letras mayúsculas)

Dirección del internamiento. Provincia o departamento

Nación


(con letras mayúsculas)

Dorso


Fecha

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escríbase únicamente sobre las rayas y con toda claridad

(Dimensiones de esta tarjeta: 10 x 15 cm.)

México, D. F. a 15 de abril de 1953.- Pablo Campos Ortiz.- Rúbrica.

(VEASE ARCHIVO ANEXO)

PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

TEXTO ORIGINAL.

Protocolo publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial de la Federación, el jueves 10 de abril de 2003.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El trece de diciembre de dos mil, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El Protocolo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintidós de octubre de dos mil dos, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de noviembre del propio año.

El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo el tres de febrero de dos mil tres, fue depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el cuatro de marzo del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el once de marzo de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil, cuyo texto en español es el siguiente:

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, en los planos nacional, regional e internacional,

Recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales y subregionales a que, cuando procediera, se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo,

Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos,

Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros foros internacionales, no existe un instrumento universal que aborde todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas,

Preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que causan graves perjuicios a los Estados afectados,

Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un instrumento internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, particularmente por mar,

Convencidos de que complementar el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta forma de delincuencia,

Han convenido en lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;

b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;

c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad:

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o

ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo;

d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales delitos.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 6

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

a) El tráfico ilícito de migrantes;

b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso;

ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento.

c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que:

a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o

b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno.

II. Tráfico ilícito de migrantes por mar

Artículo 7

Cooperación

Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.

Artículo 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar

1. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad del Estado Parte interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner término a la utilización del buque para ese fin. Los Estados Parte a los que se solicite dicha asistencia la prestarán, en la medida posible con los medios de que dispongan.

2. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a:

a) Visitar el buque;

b) Registrar el buque; y

c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado del pabellón.

3. Todo Estado Parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas previstas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas.

4. Los Estados Parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro Estado Parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.

5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del presente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que convenga con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados Parte no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.

6. Cada Estado Parte designará a una o, de ser necesario, a varias autoridades para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todos los demás Estados Parte dentro del mes siguiente a la designación.

7. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e internacional, según proceda.

Artículo 9

Cláusulas de protección

1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo:

a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo;

b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o de su carga;

c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado;

d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en:

a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar; ni en

b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas

Artículo 10

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre asuntos como:

a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Parte, así como todo robo o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como las formas de detectarlos;

e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; y

f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 14

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según proceda.

2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:

a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje;

b) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados;

c) La compilación de información de inteligencia criminal, en particular con respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales; y

e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte que tengan conocimientos especializados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los Estados Parte harán todo lo posible por suministrar los recursos necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 6.

Artículo 15

Otras medidas de prevención

1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en marcha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión pública sea más consciente de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados.

2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados Parte cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que los migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.

3. Cada Estado Parte promoverá o reforzará, según proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socieconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo.

Artículo 16

Medidas de protección y asistencia

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará, en consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados Parte tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.

5. En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuando proceda, incluida la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y a la comunicación con dicho personal.

Artículo 17

Acuerdos y arreglos

Los Estados Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a:

a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; o

b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 18

Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito

1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el derecho interno, tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de ese Estado Parte en el momento de su entrada en el Estado receptor.

3. A petición del Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional de ese Estado Parte o tiene derecho de residencia permanente en su territorio.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona.

6. Los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales que proceda para aplicar el presente artículo.

7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el derecho interno del Estado Parte receptor.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multilateral aplicable o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que rija, parcial o totalmente, la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

IV. Disposiciones finales

Artículo 19

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 20

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 21

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 22

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 23

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen, el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 24

Denuncia


1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 25

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil.

Extiendo la presente, en veintiún páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diez de marzo de dos mil tres, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

PROYECTO DE CONVENCION REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DEL ARMADOR EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE O DEFUNCION DE LAS GENTES DE MAR

TEXTO ORIGINAL.

Proyecto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 12 de febrero de 1941.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en la vigésimaprimera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en Ginebra el mes de octubre de mil novecientos treinta y seis, fué adoptado un proyecto de Convención referente a las Obligaciones del Armador en caso de enfermedad, accidente o defunción de las gentes de mar, siendo el texto de dicha Convención, el siguiente:

PROYECTO DE CONVENCION REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DEL ARMADOR EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE O DEFUNCION DE LAS GENTES DE MAR.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, reunida en dicha ciudad el 6 de octubre de 1936, en su vigésimo primer período de sesiones,

Después de haber resuelto aprobar diversas proposiciones relativas a las obligaciones del armador en caso de enfermedad, accidente o defunción de las gentes de mar, cuestión incluida en el segundo punto de la Orden del Día del período de sesiones,

Después de haber resuelto que dichas proposiciones tomarían la forma de un proyecto de Convención Internacional, aprueba, hoy día vigésimocuarto de octubre de mil novecientos treinta y seis, el siguiente proyecto de Convención, que llevará el nombre de Convención sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o de accidente de las gentes de mar, de 1936:

ARTICULO 1

1.- La presente Convención se aplicará a toda persona empleada a bordo de un buque, que no sea un buque de guerra, matriculado en un territorio en el que la presente Convención esté en vigor y que efectúe, en forma habitual, la navegación marítima.

2.- Sin embargo, todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá prever en su legislación nacional las excepciones que juzgare necesarias en lo que se refiere:

a).- A las personas empleadas a bordo:

I.- De los buques que pertenezcan a una autoridad pública, cuando dichos buques no tengan una afectación comercial;

II.- De los barcos de pesca costeña;

III.- De los barcos de un tonelaje bruto inferior a veinticinco toneladas;

IV.- De los barcos de madera, de construcción primitiva, tales como los "dhows" y los juncos.

b).- Las personas empleadas a bordo por cuenta de un patrón que no sea el armador;

c).- Las personas empleadas exclusivamente en los puertos, en la reparación, limpieza, carga o descarga de los barcos;

d).- Los miembros de la familia del armador;

e).- Los pilotos.

ARTICULO 2

Las obligaciones del armador deberán cubrir los riesgos:

a).- De enfermedad o de accidente ocurridos entre la fecha estipulada en el contrato de enganche para el principio del servicio y el vencimiento del contrato;

b).- De fallecimiento que resultare de determinada enfermedad o determinado accidente.

2.- Sin embargo, la legislación nacional podrá prever excepciones:

a).- Cuando el accidente no ocurriere en el servicio del barco;

b).- Cuando el accidente o la enfermedad fuera imputable a un acto intencional o a una falta intencional, o a la mala conducta del enfermo, del herido o del fallecido;

c).- Cuando la enfermedad o achaque haya sido disimulado voluntariamente en el momento de la contratación.

3.- La legislación nacional podrá prever que las obligaciones del armador no se aplicarán en lo relativo a la enfermedad, ni en lo concerniente al fallecimiento imputable directamente a la enfermedad, cuando la persona empleada se hubiere negado a someterse a un examen médico en el momento de ser contratada.

ARTICULO 3

Para los fines de la presente Convención, la asistencia a cargo del armador comprende:

a).- El tratamiento médico y la suministración de medicinas y demás medios terapéuticos de calidad y en cantidad suficiente;

b).- La alimentación y el alojamiento.

ARTICULO 4

1.- La asistencia deberá seguir a cargo del armador hasta la curación del enfermo o del herido, o hasta que se compruebe el carácter permanente de la enfermedad o de la incapacidad.

2.- Sin embargo, la legislación nacional podrá prever que la asistencia a cargo del armador se limitará a un período que no podrá ser inferior a dieciséis semanas, a partir del día del accidente o del principio de la enfermedad.

3.- Por otra parte, si existiere un sistema de seguro obligatorio contra la enfermedad o un sistema de reparación de los accidentes de trabajo, que estuviere en vigor para los marinos en el territorio en que esté matriculado el barco, la legislación nacional podrá prever:

a).- Que el armador dejará de ser responsable hacia una persona enferma o herida a partir del momento en que dicha persona tenga derecho a la asistencia médica en virtud del sistema de seguro o de reparación;

b).- Que el armador dejará de ser responsable a partir del momento prescrito por la ley para la concesión de la asistencia médica en virtud del sistema de seguro o de reparación a los beneficiarios de dicho sistema, aun cuando la persona enferma o herida no estuviere amparada por el mencionado sistema, a condición de que no se le excluya de éste por concepto de cualquier restricción concerniente en particular a los trabajadores extranjeros o a los trabajadores que no residan en el territorio en donde el barco esté matriculado.

ARTICULO 5

1.- Cuando la enfermedad o el accidente tenga por resultado una incapacidad de trabajo, el armador deberá pagar:

a).- Mientras que el enfermo o el herido permanezca a bordo, la totalidad de su salario;

b).- A partir del desembarque, si el enfermo o el herido tiene obligaciones de familia, la totalidad o una parte del salario, según lo prevenido por la legislación nacional, hasta la curación o hasta la comprobación de carácter permanente de la enfermedad o de la incapacidad.

2.- Sin embargo, la legislación nacional podrá limitar la responsabilidad del armador, en cuanto al pago de la totalidad o de parte del salario, a una persona desembarcada, a un período que no podrá ser inferior a dieciséis semanas a partir del día del accidente o del principio de la enfermedad.

3.- Además, si existiere un sistema de seguro contra la enfermedad obligatorio o un sistema de reparación de los accidentes del trabajo que esté en vigor para los marinos en el territorio en donde el barco esté matriculado, la legislación nacional podrá prever:

a).- Que el armador dejará de ser responsable hacia una persona enferma o herida a partir del momento en que dicha persona tenga derecho a las prestaciones en efectivo en virtud del sistema de seguro o de reparación;

b).- Que el armador dejará de ser responsable a partir del momento en que la ley prevenga para la concesión de las prestaciones en efectivo en virtud del sistema de seguros o de reparación a los beneficiarios de dicho sistema, aun cuando la persona enferma o lesionada no estuviere amparada por dicho sistema, a condición que no quede excluida con motivo de cualquiera restricción que concierna especialmente a los trabajadores que no residan en el territorio en donde el buque esté matriculado.

ARTICULO 6

1.- El armador deberá cubrir los gastos de repatriación de cualquier enfermo o herido desembarcado en el transcurso de la travesía con motivo de una enfermedad o de un accidente.

2.- El puerto de repatriación deberá ser:

a).- O el puerto de contratación;

b).- O el puerto de salida del barco;

c).- O un puerto del país del enfermo o del herido; o del país del que sea nacional el enfermo o el herido;

d).- U otro puerto fijado de común acuerdo entre el interesado y el capitán o el armador, con la aprobación de la autoridad competente.

3.- Los gastos de repatriación deberán comprender todos los gastos relativos al transporte, al alojamiento y a la alimentación del enfermo o del herido durante el viaje, así como los gastos de mantenimiento del enfermo o del herido hasta el momento fijado para su salida.

4.- Si el enfermo o el herido estuviere en estado de trabajar, el armador podrá librarse de la obligación de repatriación a su cargo, procurándole un empleo adecuado a bordo de un barco que se dirija a uno de los destinos previstos en el párrafo 2 del presente artículo.

ARTICULO 7

1.- El armador deberá sufragar los gastos de los funerales en caso de fallecimiento ocurrido a bordo, o de fallecimiento ocurrido en tierra cuando, en el momento de su muerte, el difunto hubiera tenido derecho a asistencia a cargo del armador.

2.- La legislación nacional podrá prever el reembolso, por una institución de seguros, de los gastos cubiertos por el armador, cuando el sistema de seguros sociales o de reparación estipulare una prestación por concepto de gastos funerarios.

ARTICULO 8

La legislación nacional deberá exigir del armador o de su representante, que tome medidas para poner a salvo los bienes dejados a bordo por el enfermo, el lesionado o el fallecido considerado por la presente Convención.

ARTICULO 9

La legislación nacional deberá prever disposiciones con el objeto de asegurar una solución rápida y poco costosa de los litigios a que pudieren dar lugar las obligaciones del armador en virtud de la presente Convención.

ARTICULO 10

El armador podrá ser eximido de las obligaciones estipuladas en los artículos 4, 6 y 7 de la presente Convención, en la medida en que dichas obligaciones fueren asumidas por los poderes públicos.

ARTICULO 11

La presente Convención, así como las legislaciones nacionales, en lo que concierne a las prestaciones debidas en virtud de la presente Convención, deberán ser interpretadas y aplicadas de manera a asegurar la igualdad de trato a todos los marinos, sin distinción de nacionalidad, de residencia o de raza.

ARTICULO 12

Nada de lo que contenga la presente Convención afectará a cualquiera ley, juicio, costumbre o convenio entre los armadores y los marinos, que asegure condiciones más favorables que las previstas por la presente Convención.

ARTICULO 13

1.- En lo concerniente a los territorios mencionados por el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, todo Miembro de la Organización que ratifique la presente Convención deberá acompañar a su ratificación una declaración que haga conocer:

a).- Los territorios para los cuales se compromete a aplicar, sin modificaciones, las disposiciones de la Convención;

b).- Los territorios para los cuales se compromete a aplicar las disposiciones de la Convención con modificaciones, y en qué consisten esas modificaciones;

c).- Los territorios para los cuales la Convención resulta inaplicable y, en esos casos, las razones por las cuales es inaplicable;

d).- Los territorios para los cuales reserva su decisión.

2.- Los compromisos mencionados en los incisos a) y b) del primer párrafo del presente artículo serán reputados parte integrante de la ratificación y surtirán idénticos efectos.

3.- Todo Miembro podrá renunciar, por una nueva declaración, a todo o parte de las reservas contenidas en su declaración anterior en virtud de los incisos b) y c) o d) del párrafo primero del presente artículo.

ARTICULO 14

Las ratificaciones oficiales de la presente Convención se comunicarán al Secretario General de la Sociedad de Naciones y serán registradas por él.

ARTICULO 15

1.- La presente Convención sólo comprometerá a los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el Secretario General.

2.- Entrará en vigor doce meses después de que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Secretario General.

3.- En lo futuro, dicha Convención entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que su ratificación haya sido registrada.

ARTICULO 16

Tan luego como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas, el Secretario General de la Sociedad de Naciones notificará este hecho a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Les notificará asimismo el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demás Miembros de la Organización.

ARTICULO 17

1.- Todo Miembro que haya ratificado la presente Convención podrá denunciarla a la expiración de un período de diez años después de la fecha de la entrada en vigor inicial de la Convención, por un acto comunicado al Secretario General de la Sociedad de Naciones, y registrado por él. La denuncia no surtirá efecto sino un año después de haber sido registrada.

2.- Todo Miembro que haya ratificado la presente Convención y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo anterior, no hiciere uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará comprometido por un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo, podrá denunciar la presente Convención a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en el presente artículo.

ARTICULO 18

Al vencimiento de cada período de diez años a contar de la entrada en vigor de la presente Convención, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General un informe acerca de la aplicación de la presente Convención y resolverá si hay lugar a inscribir en la Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

ARTICULO 19

1.- En caso que la Conferencia aprobara una nueva Convención de revisión, total o parcial, de la presente Convención, y a menos que la nueva Convención lo disponga de otro modo:

a).- La ratificación por un Miembro de la nueva Convención de revisión implicará, de pleno derecho, a pesar del artículo 17 anterior, la inmediata denuncia de la presente Convención, siempre que la nueva Convención de revisión haya entrado en vigor;

b).- A partir de la fecha de la entrada en vigor de la nueva Convención de revisión, la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación de los Miembros.

2.- La presente Convención seguirá, en todo caso, en vigor, en su forma y tenor actuales, para los Miembros que la hubieren ratificado y que no ratificaren la Convención de revisión.

ARTICULO 20

Ambos textos, en francés y en inglés, de la presente Convención, harán fe.

Que la preinserta Convención fué aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día doce de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, y ratificada por el Ejecutivo de la Unión el seis de junio de mil novecientos treinta y nueve, se efectuó el depósito del Instrumento de Ratificación el catorce de septiembre del mismo año de mil novecientos treinta y nueve.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo octogésimo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los catorce días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y uno.- Manuel Avila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla.- Rúbrica.- Al C. Licenciado Miguel Alemán, Secretario de Gobernación.- Presente.

PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO A LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO

TEXTO ORIGINAL.

Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 7 de agosto de 1935.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación.

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

"LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en la séptima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra, del diecinueve de mayo al diez de junio de mil novecientos veinticinco, se aprobó un Proyecto de Convenio relativo a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo, siendo el texto y la forma del mencionado convenio, los siguientes:

PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO A LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la Sociedad de las Naciones,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su séptima reunión,

Después de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y a los nacionales, víctimas de accidentes del trabajo, segunda cuestión comprendida en el orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de proyecto de convenio internacional, adopta en este día, cinco de junio de mil novecientos veinticinco, el siguiente proyecto de convenio que se someterá a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y de las Partes correspondientes de los demás Tratados de Paz:

ARTICULO 1º

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio, se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que lo haya ratificado y que fueran víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo tratado que asegure a sus propios nacionales, en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

Esta igualdad de trato será otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes, sin ninguna condición de residencia. Sin embargo, en lo que se refiere a los pagos que un Miembro, o sus nacionales, hayan de hacer fuera de su propio territorio en virtud de este principio, las disposiciones que hayan de tomarse se regirán, si fuera necesario, por arreglos particulares estipulados con los Miembros interesados.

ARTICULO 2º

Para la reparación de los accidentes ocurridos a los trabajadores ocupados de una manera temporal o intermitente en el territorio de un Miembro por cuenta de una empresa domiciliada en el territorio de otro Miembro, podrá determinarse por acuerdo especial entre los Miembros interesados que se aplicará la legislación de este último.

ARTICULO 3º

Los miembros que ratifiquen el presente convenio y en los cuales no exista un régimen de indemnización o de seguros a tanto alzado de accidentes del trabajo, convienen en instituir un régimen de este género, en un plazo de tres años a contar de la ratificación.

ARTICULO 4º

Los Miembros que ratifiquen el presente convenio se obligan a prestarse mutuamente asistencia con objeto de facilitar su aplicación, así como la ejecución de sus leyes y reglamentos respectivos en materia de reparación de accidentes del trabajo, y a comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, que lo notificará a los demás Miembros interesados, toda modificación de las leyes y reglamentos vigentes en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

ARTICULO 5º

Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demás Tratados de Paz, se comunicarán al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, que las registrará.

ARTICULO 6º

El presente convenio entrará en vigor tan pronto como el Secretario General haya registrado las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

Este convenio sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido registrada en la Secretaría.

En lo sucesivo, el presente convenio entrará en vigor para cada Miembro en la fecha del registro de su ratificación en la Secretaría.

ARTICULO 7º

Inmediatamente que hayan sido registradas en la Secretaría las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el Secretario General de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de dicha organización. También les notificará el registro de las ratificaciones que se le comuniquen ulteriormente por cualesquiera otros Miembros de la Organización.

ARTICULO 8º

Bajo reserva de las disposiciones del artículo 6º, todo Miembro que ratifique el presente convenio, se compromete a aplicar las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, lo más tarde, el 1º de enero de 1927, y a tomar las medidas que fueran necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.

ARTICULO 9º

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, con arreglo a las disposiciones del artículo 21 del Tratado de Versalles y de los artículos correspondientes de los demás Tratados de Paz.

ARTICULO 10

Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, contado desde la entrada en vigor del convenio, por medio de una comunicación al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien la registrará. La denuncia no surtirá efectos hasta pasado un año desde la fecha de su registro en la Secretaría.

ARTICULO 11

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar, por lo menos una vez cada diez años, a la Conferencia General, un informe sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en el orden del día de la Conferencia, la cuestión de la modificación de dicho convenio.

ARTICULO 12

Harán fe tanto el texto francés como el inglés del presente convenio.

Que el proyecto de Convenio preinserto fue aprobado por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el día veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fue ratificado por el Ejecutivo de la Unión el dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificación fue depositado en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dos días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, José Angel Ceniceros.- Rúbrica.- Al C. Secretario de Gobernación.- Presente."

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 23 de julio de 1935.- El Secretario de Gobernación, Silvano Barba González.- Rúbrica.

Al C.


21/10/2018 04:33 a10/p10

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