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Segunda etapa de la Educación a Distancia en Colombia


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Segunda etapa de la Educación a Distancia en Colombia.


Esta segunda etapa se inicia con la primera regulación formal por parte del Estado a este tipo de educación denominado a Abierta y a Distancia; comienza desde este momento a vislumbrarse no solo como una metodología sino como algo más, “un nuevo paradigma pedagógico que se sustenta sobre una nueva concepción de la educación” (González et al, 2000, p. 77).

Mediante el Decreto 2412, además de reglamentar, dirigir e inspeccionar la educación abierta y a distancia y crear el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia (ICFES), con funciones de promoción, asesoría, capacitación, supervisión y evaluación de los programas a distancia, establece el Programa Nacional de Educación Abierta y a Distancia con la coordinación del gobierno y las instituciones oficiales y privadas que se interesen perteneciente a la Educación Superior.

Dentro de sus funciones y facultades, el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, decidió no crear una Universidad unimodal, pero sí invitar a las instituciones existentes a ofrecer programas a distancia. El gobierno colombiano convirtió a la Unidad Universitaria del Sur (UNISUR) en el centro de innovación en materia de Educación a Distancia y le asigna funciones de responsabilidad con respecto al desarrollo total del sistema a través de la Ley 52 de 1981. La segunda experiencia importante en Colombia, está relacionada con la creación de los programas de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Francisco de Paula Santander en 1983 (García, 1994).

A este Decreto, le sigue el Decreto 1820 de 1983, dedicado también a la Educación Abierta y a Distancia y amplía la definición:


Entiéndase por Educación Abierta y a Distancia, el conjunto de actividades y programas de carácter temporal o definitivo, formales y de extensión o educación permanente, que adelanten las Instituciones legalmente facultadas para ello, de acuerdo con planes de formación o capacitación total o parcialmente desescolarizados, que se ofrecen a quienes acrediten la calidad de bachiller en cualquiera de sus modalidades, y conduce a la obtención de títulos o certificados, o a la acumulación de derechos académicos en una de las modalidades educativas de Formación intermedia profesional, Formación Tecnológica, Formación Universitaria y Formación avanzada o de posgrado. (p. 1)
Mediante este Decreto se crean los Centros Regionales de Educación a Distancia y su carácter de no seccionales, se abre la posibilidad de usar la radio y la televisión estatal para apoyar el desarrollo y la calidad de estos programas.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se dan pasos positivos en materia educativa en Colombia. Como efecto de ésta, en 1992 se expidió la Ley 30, Ley General de Educación Superior, que define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. En cuanto a los programas a distancia solo se encuentra abierta la posibilidad, para todas las Instituciones de Educación Superior, de ofertar programas en la metodología de Educación Abierta y a Distancia, de conformidad con la Ley 30.

El Decreto 2566 de 2003, que establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos, define características para la oferta y desarrollo de programas académicos en la metodología a distancia los cuales aparecen en algunos incisos en esta normatividad cuando a regulado para los programas presenciales, dando a entender que este tipo de programas a distancia deben cumplir lo mismo que los tradicionales más aquello que lo hace diferente en cuanto a la utilización de las TIC y sus características propias ya definidas en otras normas.

De las ultimas regulaciones del Estado está la Ley 1182 de 2008 que regula el registro calificado de programas de Educación Superior, no hace requerimientos específicos a la Educación Abierta y a Distancia hoy llamada Educación Virtual, y lo mismo sucede con el Decreto 1295 de 2010 que operacionaliza esta ley, estableciendo las pautas de lo que todo programa ofrecido en virtualidad debe cumplir con respecto a las condiciones de calidad, respetando las especificidades de cada uno. Recientemente no han surgido nuevas reglamentaciones específicas para la Educación a Distancia, a pesar de los avances significativos en este tipo de educación.


Con base a lo anterior, se puede inferir que desde lo jurídico, la Educación a Distancia, bien sea que utilice las estrategias tradicionales de esta modalidad o que utilice los adelantos y desarrollos de las TIC, en lo que se llama enseñanza virtual, sigue siendo una metodología. Desde el ámbito jurídico, Colombia se encuentra en mora en legislar lo pertinente con el ingreso a la tercera generación de la Educación a Distancia, caracterizada de acuerdo con Facundo (2002), por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y sus alumnos. Mediante el computador conectado a una red telemática, el correo electrónico, los grupos de discusión y otras herramientas que ofrecen estas redes, el profesor interactúa personalmente con los estudiantes para orientar los procesos de aprendizaje y resolver, en cualquier momento y de forma más rápida, las inquietudes de los aprendices, y todos sabemos de los adelantos desde las diferentes Instituciones de educación superior en el ofrecimiento de programas virtuales, por lo tanto se hace necesario la formalización de la misma desde la política pública del Estado.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC han abierto un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren; nos obligan a pensar en nuevas formas de enseñar y aprender, gracias al acceso rápido, el intercambio y diversas formas de información, a la posibilidad de interactividad y de colaboración entre los diferentes actores educativos, así como la simulación de modelos que permitan análisis más profundos de situaciones, fenómenos y procesos, opciones que deben ser aprovechadas por las Instituciones de Educación Superior.

En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de elaborar una propuesta de ley que regule la educación superior a distancia en Colombia y posibilite la fundamentación de una política pública específica y acorde con la sociedad del conocimiento para este tipo de educación. La Educación Abierta y a Distancia es sin duda una alternativa pedagógica de formación personal y profesional para amplios sectores de la población nacional e internacional que por circunstancias económicas, geográficas, laborales acronológicas o cronológicas han sido excluidas o no han podido acceder al sistema tradicional de educación superior.

Existen en Colombia experiencias positivas de algunas iniciativas de universidades públicas y privadas que desde esfuerzos particulares han contribuido a mejorar la calidad educativa y a elevar los índices de inclusión social de la educación superior a distancia, lo mismo no puede afirmarse frente a las tímidas políticas de Estado colombiano con relación a este tipo de educación, las cuales han dado mayor prioridad a la regulación y financiación de la educación superior tradicional. En la Educación Superior tradicional, al igual que en la Educación Superior a Distancia, los sistemas de información y de comunicación han sido incorporados de manera progresiva, hecho que no ha sido coherente con la normatividad estatal; al respecto cada día surgen nuevas voces y conciencias criticas de estudiosos, comunidades académicas y sectores sociales que claman y exhortan al Estado para que adelante verdaderas políticas educativas que realmente contribuyan con la transformación de la Educación Superior a Distancia.

A pesar de su relativa aparición, las resistencias, prejuicios y la falta de apoyo que ha existido hacia la Educación a Distancia en Latinoamérica y Colombia, esta ingeniosa modalidad de educación ha tenido un impacto significativo en los procesos de inclusión, equidad social en diversos contextos geográficos y socioeconómicos en los que la educación presencial o tradicional nunca ha hecho presencia. Con sus aciertos y debilidades ha contribuido a la democratización de la Educación Superior y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en Colombia

Frente al actual contexto, las instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia vienen aunando esfuerzos para lograr consensos en la elaboración de un conjunto de propuestas para su presentación a diversas instancias del Gobierno Nacional, con el propósito de facilitar el desarrollo proactivo de la modalidad de Educación a Distancia en el ámbito de la educación superior colombiana. Se espera que estas propuestas contribuyan al reconocimiento de la diversificación de las modalidades y metodologías formativas del sistema educativo, para que la sociedad colombiana amplifique el espectro de la inclusión social educativa con calidad de impacto en los procesos de equidad social y democratización solidaria de la sociedad por la vía educativa (Salazar & Melo, 2013).




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