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Ciudadanía y teorías modernas de la democracia


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Ciudadanía y teorías modernas de la democracia.


La ciudadanía hace referencia tanto a las constituciones y la normatividad jurídica, que definen sus características y alcances legales, como a los ideales políticos que regulan los significados del concepto y las prácticas sociales que hacen posible la convivencia entre los sujetos. La ciudadanía agencia los derechos y deberes que se establecen en la normatividad fundamental de la Constitución Política, a las prácticas sociales de convivencia que implican reconocimiento y responsabilidad de parte de los integrantes de la comunidad política, y a las explicaciones conceptuales que definen diversas teorías filosóficas de la democracia. Son los ideales políticos proyectados en las teorías de la democracia los que configuran la interpretación conceptual del término ciudadanía (Cortina, 1997, pp. 36-38; Velasco, 2005, p. 93).

En Occidente, la reflexión teórica sobre la democracia se ha ido decantando sobre la base de una disputa en la que se identifican dos bandos en conflicto: por un lado, la corriente de pensadores que defienden una concepción liberal, y por el otro, la denominada tradición republicana o comunitarista de la democracia. Habermas (1999); Cortina (1997) y Mouffe (2003) han dominado a ambas como la reflexión filosófica de la política en el último medio siglo. La concepción liberal de la democracia, plantea la idea de una sociedad constituida a partir del contrato social suscrito por sus miembros. Para que sea posible la vida en común, el Estado, como representante de las decisiones soberanas de la sociedad, debe ser capaz de asegurar la relación privada entre las personas y su trabajo social estructurado en los límites de la economía de mercado. Mientras el Estado asegure la libertad de compromisos y acuerdos, sean estos del ciudadano con la Administración Pública o de los ciudadanos entre sí en el contexto de la economía de mercado, la democracia liberal a través de sus instituciones mantiene y salvaguarda que los derechos y deberes adquiridos entre unos y otros se cumplan legítimamente, es decir, procedan de acuerdo con las normatividades establecidas jurídicamente. Así, los ciudadanos que persiguen sus intereses dentro del marco de la ley, pueden participar libremente en los procesos de toma de decisión a través de la elección de representantes y de la conformación de los gobiernos. La democracia liberal asegura la libertad de participación en tanto sea posible la libertad de asociación y libre empresa.

En contraposición al liberalismo, en la interpretación comunitarista de la democracia, la ciudadanía se hace realidad en las prácticas colectivas de autodeterminación. Esta concepción de la democracia recuerda que las instituciones de la libertad garantizadas jurídicamente sólo tienen el valor que les concede una ciudadanía habituada a la libertad política y acostumbrada a la perspectiva del «nosotros» propia de las prácticas autogestionarias. La ciudadanía, entonces, es concebida como la participación autónoma de los ciudadanos en una comunidad ético-cultural que se autodetermina, y cuyas decisiones, que tienen implicaciones para el bien común, son alcanzadas por la vía del diálogo democrático. En la definición de ciudadanía, la concepción comunitarista de la democracia subraya la capacidad que tienen los sujetos de lograr una autocomprensión ética de su propia comunidad. Los ciudadanos se integran en la comunidad política como las partes en el todo, de manera que sólo pueden construir su identidad personal y social bajo el horizonte de las tradiciones comunes y de las instituciones políticas reconocidas.

Y sin embargo, esta concepción ética de la democracia choca de frente con el pluralismo cultural y étnico que caracteriza a las sociedades contemporáneas, y en el cual los intereses y valoraciones de un grupo pueden entrar en conflicto con los intereses y orientaciones valorativas de otro, sin que haya posibilidad de un consenso. Por lo tanto, las consideraciones éticas de la participación política que promueve el comunitarismo pueden ser útiles desde el punto de vista de comunidades cerradas y afianzadas culturalmente, que cada vez son más escasas, pero no lo son en las sociedades que se integran desde perspectivas éticas bien distintas y que chocan a la hora de definir los valores y principios que son comunes y que la constituyen como comunidad política (Habermas, 1999, p. 238).

En la concepción deliberativa de la democracia, que propone Jürgen Habermas (1999), la comunidad que se auto-determina, desde perspectivas éticas y culturales distintas, tiene que lograr acuerdos de intereses y compromisos. Debe hacer una elección racional de medios en relación a un fin, apelar a fundamentaciones morales y a comprobaciones de coherencia jurídica, todo bajo condiciones comunicativas que posibilitan resultados racionales. En otras palabras, las comunidades no solo pueden apelar a consideraciones sobre el bien común desde un marco de referencia ético (comunitarismo) o a las regulaciones establecidas por la ley para la libre asociación (liberalismo), sino que tienen, además, la opción de invocar en los procesos de entendimiento institucionalizados cuestiones relativas a la justicia. Estas se aplican a todos los miembros de la comunidad política, compartan o no desde su perspectiva ética o económica los principios definidos como justos. En nuestro contexto, el aborto, el matrimonio entre parejas de homosexuales y la explotación minera de los páramos son tres casos que ilustran perfectamente la disyuntiva comunitarista y liberal entre lo ético y lo legal.


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