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Evolución de la ciudadanía y los derechos ciudadanos en Colombia


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Evolución de la ciudadanía y los derechos ciudadanos en Colombia.


En América Latina, el concepto de ciudadanía estuvo permeado por problemáticas de la época colonial e influenciada por la modernidad europea. De la primera toma elementos de la discusión sobre los derechos de gentes o de los indios entre Bartolomé de Las Casas y Ginés Sepúlveda. En la época colonial se miró con inferioridad al indígena y al negro y como ideal al espíritu ilustrado del hombre europeo. Con respecto a la modernidad europea, recibe influencia de los ideales de la ilustración, la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Francia de 1789. Se le atribuye a Antonio Nariño el haber introducido en Colombia el concepto de ciudadanía al traducir y publicar en 1793 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Con el proceso de Independencia iniciado desde (1810) el concepto de ciudadanía fue utilizado con orgullo patriótico en arengas y documentos políticos.

La Constitución del Estado de Antioquia (1812) equipara ciudadanía y defensa de la patria al establecer que “todo ciudadano es soldado nato o defensor de la patria entretanto que sea capaz de llevar armas” (p 460). Con la participación de los indígenas y negros en el proceso de independencia de 1810- 1815 y 1819 el concepto de ciudadanía fue asumido en el discurso como elemento de integración nacional y de igualdad social, pero en la práctica tal igualdad no se evidenciaba con los grupos minoritarios y las mujeres. Los aborígenes, negros esclavos y mestizos, así como las mujeres, fueron excluidos de la nominación de ciudadanos. Solo los hombres libres gozaban de este privilegio.

Con la Constitución de 1821 se les reconoció la libertad de manera parcial a los hijos de negros esclavos pero con la condicionante de que deberían trabajar y permanecer en compañía de los amos de la madre hasta cumplir los 18 años. Libertad que solo vino a darse en 1851 bajo el gobierno de José Hilario López. Con la promulgación de la constitución de 1843 se estableció muchas limitantes para obtener la calidad de ciudadano, esta norma instauraba: tener 21 años de edad por lo menos; ser dueño de bienes raíces situados en el país que valiesen por lo menos $300; poseer una renta de $150 al año, saber leer y escribir y pagar al fisco la contribución directa respectiva. Se estima que en 1843 existían 1682 votantes en una población de cerca de dos millones de habitantes (Pérez, 1883, p. 179).

Con la instauración de la época republicana, los criollos -hijos de españoles nacidos en América- que tenían formación ilustrada, comenzaron a detentar los mejores espacios de la administración pública. Fueron estos hombres ilustrados los que a través de las constituciones liberales de 1851, 1853 y 1863 abolieron algunas medidas económicas de tipo colonial como la esclavitud y los resguardos, al mismo tiempo que promulgaban derechos fundamentales como el derecho al voto masculino, la libertad de prensa y religiosa. Estas constituciones reconocieron la soberanía del individuo, abolieron la pena de muerte, impulsaron la libertad individual, de prensa y religiosa. Sin embargo, muchos prejuicios raciales y de género permanecieron ligados a la visión etnocentrista europea que aún imperaba en la clase dirigente de finales del siglo XIX.

En 1880 el conservador Rafael Núñez asumió el poder presidencial. Núñez abolió la Constitución de 1863 e instauró la de 1886 que rigió el orden jurídico y político durante más de 100 años. La Constitución de 1886 disolvió los estados federalistas y declaró a Colombia como república unitaria; reconoció el sufragio universal de hombres para las elecciones de concejos municipales, mientras que para la elección de representantes estableció la cualificación de saber leer y escribir o tener renta y patrimonio (el derecho de las mujeres a la ciudadanía solo reconoce en 1953 bajo el gobierno Rojas Pinilla). Concedió al catolicismo como la religión oficial del Estado y hasta 1930 le entregó el control ideológico de la educación, que incluía las responsabilidades de vigilancia e inspección. La iglesia Católica denunciaba y suspendía a los maestros que no respetaran la educación católica. Se excluyó la participación activa del Estado en la educación y se estableció que la educación sería obra de los particulares (Jaramillo, 1982a; Helg 1987).

El gobierno de Núñez desincentivó la participación política e influyó fuertemente en la consolidación de Colombia como un Estado moderno. Limitó los derechos civiles en casos de conmoción interior y restableció la pena de muerte y limitó la libertad de prensa. Reconoció los cabildos como sistema de gobierno indígena. Al clero y a la policía se le concedió la formación de una ciudadanía virtuosa. La fuerza policiva podía arrestar a quienes estando en un templo no guarden el debido respeto y reverencia, y arrestar a quienes profieran en público palabras obscenas, perseguir a los vagos, impedir que en actos públicos se ejecuten acciones escandalosas.

Mediante la Carta Magna de 1991 se ha proclamado formalmente en Colombia el Estado Social de Derecho. Esta Constitución consagra una variedad de principios que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones, la participación, el pluralismo, la solidaridad, la tolerancia y la autonomía. Incluye igualmente mecanismos jurídicos para que los ciudadanos, puedan exigir su reconocimiento. En ella se incorporan diversos mecanismos de participación ciudadana: el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. La Constitución de 1991 otorga iniciativa legislativa a los ciudadanos y opciones de cabildo abierto para trascender el mero derecho de elegir y ser elegido. Introdujo el voto programático que aún no ha sido apropiado por los ciudadanos.

La Constitución del 91 incorporó normas institucionales para equilibrar y fortalecer el principio de separación de poderes entre el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Principios como el control político, la elección popular de gobernadores, la eliminación de las suplencias en las listas para senadores y diputados, etc., promovieron la clara distinción entre administración pública, administración de la de justicia y el oficio del Parlamento. De igual manera consolidó el proceso de secularización al separar tajantemente la convicción religiosa de la administración del Estado. Estableció la libertad religiosa y reconoció que Colombia es un país multicultural y pluriétnico; amplió las garantías para la libre asociación y organización política; incluyó órganos de control del Estado como la contraloría, la personería y la procuraduría. Aunque persisten prácticas clientelistas, burocráticas, crisis y desconfianza hacia los partidos tradicionales, no existe una política sistemática de formación ciudadana por parte del Estado, los medios y la educación, la constitución de 1991 introduce valiosos elementos jurídicos que posibilitan derechos y nuevos espacios de inclusión y participación de los grupos indígenas y afrocolombianos.




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