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VIII.Ramírez Carbajo, Julieta “La notificación electrónica en el marco del Expediente Digital: ¿avance o retroceso?”


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VIII.Ramírez Carbajo, Julieta “La notificación electrónica en el marco del Expediente Digital: ¿avance o retroceso?”


Publicado en: LLGran Cuyo2014 (septiembre), 813

Cita Online: AR/DOC/2917/2014

Sumario: I. Introducción. II. Algo de historia sobre la migración al Expediente Digital. III. Marco Legislativo de dicha migración: ¿Acompañando o imponiendo un nuevo paradigma? IV. ¿Celeridad vs. Seguridad Jurídica? V. Prueba y error: aprendiendo en pos de una mayor versatilidad del sistema. VI. ¿Qué pasa con los Expedientes en los cuales ya se había constituido domicilio y estaba en trámite al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa sobre notificaciones electrónicas? VII. Conclusión.

La notificación electrónica en el marco del Expediente Digital: ¿avance o retroceso?

I. Introducción

La temática en torno a la notificación electrónica en el marco del Expediente Digital, resulta ardua, sobre todo, porque más allá de su implementación, con aciertos y desaciertos, la transición se transforma en una especie de "zona gris" en donde los operadores del sistema, tanto abogados como empleados del Poder Judicial muestran sus más variadas resistencias.

Es verdad que todo cambio genera diferentes niveles de oposiciones, y que la sociedad reclama mayor celeridad y transparencia en la actividad de los poderes públicos, en donde el Poder Judicial no es la excepción.

Pero también es cierto que muchas veces, desde las dependencias de los respectivos Poderes Judiciales, en las diferentes Provincias, surgen explicación que buscan "minimizar" los argumentos que se oponen al avance y al cambio inexorable, sin privarlos por ello de razón.

Me refiero a que se ve cualquier posibilidad de reflexión sobre la materia como un ataque a los avances tecnológicos, en pos de los cuales todos debemos bregar.

Este artículo pretende ser justamente eso: la posibilidad de generar un espacio de pensamiento, en donde analicemos el recorrido que la implementación de las notificaciones electrónicas ha tenido y tiene, específicamente en la Provincia de San Luis, pero no de un modo dogmático sino generando y a la vez procure ser realista en cuanto a sus defectos y deficiencias, para hacer un aporte y superarlos.

II. Algo de historia sobre la migración al Expediente Digital

Desde el año 2008 el Poder Judicial de la Provincia de San Luis está implementando, como señaláramos antes, con muchos aciertos y otros tantos desaciertos, un sistema de Gestión Informático de Administración de Justicia (GIAJ-TRAMIX) en la totalidad de las dependencias judiciales, es decir, en todos los fueros, instancias y circunscripciones territoriales.

La herramienta tecnológica, en un primer momento, fue el Sistema de Gestión Informático denominado: IURIX, que demostró ser deficiente, y que hubo que cambiar por el TRAMIX y luego, finalmente por el que hoy se encuentra en uso, que se denomina: GIAJ-TRAMIX.

Claramente una versión más versátil y mejorada que el anterior sistema de gestión informático originario.

Esa herramienta tecnológica, en todas sus versiones, fue adquirida por medio de una Licitación Pública, convocada por la Universidad de La Punta, la cual es una entidad autárquica, que se caracteriza en muchos ámbitos y actividades por ser el brazo ejecutor de políticas del gobierno provincial, sobre todo en materia de desarrollo tecnológico dentro de la provincia.

Ahora, si hacemos un repaso cronológicamente de los hechos, el primer paso concreto y firma hacia la construcción del Gobierno Electrónico, fue la construcción en el año 2001 de un anillo informático que enlaza con fibra óptica y radio enlace (según las características de la geografía de nuestra provincia) a todas las localidades con más de veinte habitantes. Esta plataforma de servicios públicos electrónicos se conoce popularmente con el nombre de "Autopista de la Información" (AUI).

A dicha plataforma de servicios públicos electrónicos se han sumado numerosas antenas wi-fi, que facilitan el acceso gratuito a internet desde todas las localidades, o casi todas, de la provincia.

Confluye ese anillo en un Data Center que administra los servicios y guarda la información de todo el espectro público provincial, en el cual se ha construido una Sola Cofre de PKI, que reúne los más altos estándares internacionales para garantizar los procesos de Firma Digital.

En palabras de la Dra. Ana María Boiero, responsable del área de la Secretaría de Informática Judicial: "Esa infraestructura tecnológica está disponible para poder pensar y ejecutar las más ambiciosas políticas de Justicia Electrónica, constituyéndose en una ventaja de altísimo valor en comparación con otras jurisdicciones del país. Cabe destacar que la AUI (Autopista de la Información) como ha dado en llamarse a esta plataforma tecnológica, no solo le permite a la justicia puntana estar integradas en su misma sino que también la enlaza con todo el resto del aspecto publico provincial, lo que abre las puertas para que la comunicación con los Registros públicos, Policía Penitenciaria, Rentas y todos los organismo con los que interactúa habitualmente, se concrete a través de una Intranet Provincial, sin necesidad de recurrir a Internet". (1)

Es decir, que resulta claro que se está apuntando a realizar en poco tiempo un Gobierno Digital, en donde el control de la información y las bases de datos serán manejadas por una única entidad (ya actualmente es así, aun con todas las imperfecciones del sistema) que es una entidad autárquica, es decir con autonomía política y económica, que no depende en absoluto del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

El Colegio de Abogados, en su momento presidido por el Dr. Guillermo Belgrano Rawson, presentó en los años 2008 y 2009 numerosos reclamos, por diversas vías, para que dicho sistema, y su corazón, la base de datos (expedientes judiciales, sumarios administrativos, etc., etc.) no quedara con una sola Adjudicación en manos de una entidad que no se encuentra sometida a ningún control institucional o judicial.

Dichos reclamos y planteos fundados fueron desoídos. Más tarde, posteriores gestiones del Colegio de Abogados, se limitaron a refrendar lo que ya estaba hecho: y hoy el Colegio otorga la Firma Digital, por una cifra alta e importante, a los profesionales que se la requieran, no siendo en la actualidad un requisito cumplido ni siquiera por la mitad de los profesionales del foro.

III. Marco Legislativo de dicha migración: ¿Acompañando o imponiendo un nuevo paradigma?

Desde el Poder Legislativo se hizo un obediente acompañamiento a dicho proceso de cambio: parecería que se trataba de la imposición de un nuevo paradigma más que de su escucha legislativa.

En un primer momento se sanciona la Ley Provincial V-0591-2007 que dispone la adhesión a la Ley Nacional 25.506 de Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 428-MP-2008.

De este modo, con esta norma se crea la infraestructura de Firma Digital de la provincia respetando los lineamientos de la ley nacional y organizando localmente los procesos de generación de certificados de firma digital por entender que dicha facultad instrumental no ha sido delegada constitucionalmente.

En ese momento el Superior Tribunal de Justicia se constituyó en Autoridad de Registro de Firma Digital de todos sus agentes interno, de los integrantes del Jurado de Enjuiciamientos, de Magistrados y de los miembros del Consejo de la Magistratura, como también de las autoridades de la Justicia electoral provincial y de los Peritos inscriptos.

Luego se procedió a avanzar con la reforma procesal, dictando cuatro normas provinciales que han sido fundamentales: Ley provincial N° V-699-2009, Ley N°VI-688-2009, Ley N° VI-689-2009 y Ley N° VI-0711-2010.

Ley provincial N° V-699-2009 tiene la particularidad de ser la Ley Marco, que legitima todo el proceso de informatización, al reconocer plena validez jurídica al expediente digital o electrónico. El proyecto que le dio origen fue presentado por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2009, tomando como antecedente legislativo la Ley Uruguaya N° 18.237 del año 2007, norma ésta que tiene también la virtud de haber inspirado legislaciones similares en la Provincia de Tucumán, y luego inspiró también el proyecto de Ley de Expediente electrónico que se aprobara recientemente en el Congreso de la Nación, como Ley N° 26.685 cuyo Decreto Reglamentario es el N° 919/2011- (Promulgado el 30 de Junio de ese mismo año).

El breve texto legal afirma en su único artículo de fondo: "Autorizase el uso de expediente electrónico, de documento electrónico, de comunicaciones electrónicas, de firma digital y de domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalente convencionales. Facultase al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis para reglamentar su uso y disponer su gradual implementación mediante Acordadas, debiendo las mismas publicar en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia y difundirse mediante su incorporación al sitio Web del Poder Judicial con suficiente antelación a la fecha de entrada en vigencia que en cada caso se establezca".

También queda establecido que dicho plexo normativo deberá ser enriquecido posteriormente, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, mediante Acordadas (cuando la vía requerida revista carácter reglamentario) o por nuevas leyes (cuando la legislación vigente requiera correcciones).

En ejercicio de esa facultad reglamentaria, el Superior Tribunal de Justicia dispuso, mediante la Acordada N° 121/2011 y modificatorias, la notificación por Secretaría de todos los proveídos que deban notificarse al domicilio legal, sin importar los fueros o instancias, mediante la confección de cedulas electrónicas firmadas digitalmente, la obligación de los abogados y demás auxiliares de la justicia de obtener en un plazo perentorio su dirección de correo electrónico ante la Secretaria de Informática Judicial y constituirlo en los expedientes en que intervengan y la instrumentación del sistema de notificación de los internos del Servicio Penitenciario.

Éstos cuentan además con un servicio de videoconferencias que le permite entrevistarse con los jueces sin necesidad de ser trasladados a tribunales, lo que otorga mayor inmediatez en el ejercicio de sus derechos.

Por medio de la Ley N° VI-688-2009 se incorporó al Código Procesal Civil y Comercial, el Artículo 135 Bis, y se dispone que las notificaciones que deban practicarse en el domicilio legal, podrán ser realizadas por medios electrónicos o informáticos a través de documentos firmados digitalmente confirme lo determine y reglamente el Superior Tribunal de Justicia. También dispone que se dejará constancia impresa en el expediente del ejemplar enviado agregándose además el correspondiente reporte técnico.

Esta Ley modifica también el Artículo 40 del Código de Procedimiento agregando como "carga procesal" la obligación de constituir un domicilio electrónico junto al domicilio legal. Similar prescripción se incorporó en el Artículo 39 del Código Procesal Laboral, sancionado por Ley VI.0711-2010.

La Ley N° VI-689-2009 hace lo propio, reformando y actualizando el procedimiento de notificaciones en el Código Procesal Criminal.

El proceso de Notificación Electrónica en San Luis presenta algunas particularidades respecto a los implementados en otras provincias.

La funcionalidad del sistema se instrumentó mediante la generación de la cédula desde el expediente electrónico, a partir del proveído que la ordena, en forma automática y eligiendo la opción correspondiente es firmada digitalmente por el Secretario y el proceso culmina con el envío del archivo (cedula electrónica) a una bandeja de salida de la casilla de correo de la dependencia notificante, y desde allí al domicilio electrónico constituido por el letrado. Este último será también una casilla de correo que el Poder Judicial le ha creado en servidores propios al profesional, por lo que, en principio, todo el circuito se completa con mayor seguridad y en mínimo tiempo.

IV. ¿Celeridad vs. Seguridad Jurídica?

Dice una Revista Jurídica en uno de sus artículo que refieren a la temática, a la cual citaré expresamente: "... Demostrar, en fin, que el acoso tecnológico ha venido en son de paz y que sumarse al progreso no es claudicar, sino crecer" (Dra. Ana María Boiero, Revista Judicial, Ano VI, N° 16, San Luis, Marzo de 2006, Artículo "El Acoso tecnológico y los beneficios de la claudicación").

De su lectura me surge reflexionar sobre la expresión "acoso en son de paz", ¿no se trata de un verdadero oxímoron?

No resulta menos cierto que la realidad nos dice que el avance tecnológico es irreversible, y no solo eso, sino que llegó para quedarse.

Muchos, sobre todos aquellos que disfrutamos de viajar por el mundo, celebraremos la posibilidad (cuando dicha posibilidad exista en realidad) de poder revisar los Expedientes "completos" desde cualquier lugar del globo. Especialmente si puede ser desde playas paradisíacas.

¿Quién se resistiría a las mieles de la ubicuidad que genera el uso de internet?

¿Quién sería tan asincrónico en su planteo, de oponerse a este tipo de "beneficios de la claudicación"?

Ahora si a aquello que claudicamos no es a nuestras resistencias y a nuestra "antigua forma de hacer las cosas", sino a la seguridad jurídica en nombre de la celeridad en la tramitación de expedientes, créanme que no creo que tenga visos de equidad dicho trueque.

Se suele argumentar que "despapelizar" el expediente es un pos de un comportamiento más ecológico: este tipo de afirmación se estrella con las prácticas cotidianas, al menos en nuestra Provincia de San Luis, en donde en este momento nos obligan a los abogados a presentar tres o cuatro copias (según la entidad que sea destinataria) en soporte papel, de oficios o pedidos de informes, más el requisito nuevo de notificar electrónicamente.

Las copias en soporte material tienen un destino incierto, la mayoría de las veces, y entonces la tan mentada "celeridad" que proclaman los defensores acérrimos de la digitalización cae por su propio peso.

No es que mandar un mail más o un mail menos cambie nuestro ritmo de trabajo como operadores jurídicos.

Pero queda claro que no se está pudiendo prescindir del todo del papel y que ello genera una doble tramitación para el abogado: ahora también en soporte digital, gravando la carga procesal de algún modo.

Podrán decirme que estamos en una etapa transicional, y que mis colegas en el futuro, los que se reciban a partir del 2014, ya ingresaran al sistema teniendo Firma Digital.

Hoy por hoy, si bien la letra de la ley la exige, como requisito ineludible, son contados, en proporción al número total que integra el fuero, los profesionales que han gestionado su firma digital.

En favor podría decir que es verdad que el Poder Judicial se ha "agiornado" y ha creado sendas Secretarías Informáticas y puestos "ad hoc" para cubrir dichos desafíos y para poder llevar adelante la migración hacia el Expediente digital.

V. Prueba y error: aprendiendo en pos de una mayor versatilidad del sistema

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis dispuso modificaciones sobre el plan de implementación en materia de notificaciones electrónicas.

Desde fines de 2009, cuando se sancionó la convalidación del expediente papel con el expediente digital tras incorporar la firma digital, que la provincia de San Luis se encuentra en pleno proceso de implementación de nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales.

En este marco el Superior Tribunal de Justicia de San Luis dispuso reformas al plan de aplicación de la notificación electrónica teniendo en cuenta "la experiencia recogida en esta fase de implementación". Los cambios impulsados surgen a reís de respetar procedimientos que hacen al debido proceso.

VI. ¿Qué pasa con los Expedientes en los cuales ya se había constituido domicilio y estaba en trámite al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa sobre notificaciones electrónicas?

Entre los cambios realizados por el Acuerdo 203/2011 se dispuso que "el escrito judicial de constitución de domicilio que se agregue en los expedientes en trámite en los que exista una constitución anterior, deberá ser proveído en el término de tres días y notificado a la contraparte para surtir efecto legal".

Con respecto a la inscripción como peritos, los interesados "deberán constituid domicilio electrónico" donde "le serán dirigidas todas las notificaciones que se originen en el trámite de inscripción.

Para constituir tal trámite la Secretaría de Informática Judicial de Superior Tribunal de Justicia podrá generar casillas de correo electrónico para los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que tengan competencia en las tres circunscripciones judiciales. Correos a donde se dirigirán todos los oficios y notificaciones.

El proceso del expediente digital data de 2008, cuando la Justicia de San Luis compró un Sistema de Gestión Integral de Administración de Justicia (GIAJ Tramix) que contempla el expediente electrónico con uso de firma digital en los documentos emanados del Poder Judicial Provincial.

A fines del año 2009 se concretó legislativamente con la sanción de una ley que convalidó el expediente papel con el expediente digital o electrónico. El proceso actualmente se encuentra en plena implementación.

VII. Conclusión

Es cierto que la migración a un sistema íntegramente digitalizado, y prescindente del papel se dificulta por el momento.

Habrá que seguir por el camino iniciado, dictando Acuerdos y sancionando normas específicas en pos del perfeccionamiento el Sistema de Gestión informática.

Muchas de las normas más importantes se encuentran en vigencia y a los profesionales nos quedará una adaptación consciente a un nuevo paradigma: la notificación vía mail en una manifestación más del mismo.

Ahora bien, si con ese tiempo que ganemos, producimos mejores escritos judiciales y nutrimos a nuestro ejercicio profesional, leyendo sobre diversas temáticas, habrá valido la pena tanta celeridad.

Se tratará entonces de plantearnos, ya no a nivel sistema, sino a nivel profesional y personal, en qué decidimos usar los 53 minutos que ganamos con cada píldora virtual contra la sed.

 (1) Dra. Ana María Boiero, responsable de la Secretaría de Informática Judicial dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, artículo titulado "Expediente Electrónico con firma digital: el caso San Luis- Objetivo Despapelización: una tarea ardua y compleja" publicado en la Revista Jurídica de la provincia.





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