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S.C.J.Mza., sala II, 13-03-2008 ““C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”


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S.C.J.Mza., sala II, 13-03-2008 ““C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”


Fojas: 274

En Mendoza, a trece días del mes de marzo del año dos mil ocho reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 81.227, caratulada: “C.G.T. y OTROS c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION DE INCONSTITUCIONA-LIDAD".

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada n° 5845 quedó determinado el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: Dr. Herman A. Salvini; segundo: Dr. Pedro J. Llorente; tercero: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

ANTECEDENTES:

A fs. 76/86 comparecen la Confederación General del Trabajado (C.G.T.), la Unión Obreros de la Construcción República Argentina (U.O.C.R.A.), el Consejo Direc-tivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Men-doza (A.T.E.), el Sindicato Unido Obreros de Estaciones de Servicios, Playas de Estacionamiento, Garaje y Gomerías de Cuyo, El Sindicato de Trabajadores del Personal de las Industrias Quími-cas de Palmira, el Sindicato de Obreros de Taxi de Mendoza, la Unión Obrera Metalúr-gica de la República Argentina (U.O.M.R.A.), la Asociación de Supervisores de la In-dustria Metalúrgica de la República Argentina (A.S.I.M.R.A.), la Asociación Obrera Minera Argentina (A.O.M.A.), el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza (S.I.V.E.N.D.I.A.), el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuyo y afines de Mendoza y el Sindicato de Trabajadores de la Industrias de la Alimentación de Mendoza (S.T.I.A.), e interponen acción de inconstitucionalidad respecto del art. 1 de la Ley 7195, en cuan-to modifica el Código Procesal Laboral en su artículo 34, incs. 3 y 4.

Las Asociaciones Gremiales que intervienen actúan en representación de los trabajadores en su calidad de titulares de los intereses de sus asociados (art. 31, inc. a) de la Ley 23551) y afirman que se encuentran plenamente legitimadas para iniciar el proce-so de marras.

Denuncian que la modificación introducida por la cuestionada ley afecta los derechos colectivos de interés público de los trabajadores que representan y mediante la interposición de esta acción buscan resguardar el derecho elemental de los trabajadores a contar con la debida asistencia técnica en el proceso judicial por ellos iniciado (art. 22 del C.P.L.); a no ser discriminado por analfabetismo o incapacidad, como así también a resguardar el derecho de los mismos a tenerlos por notificados cuando reciban la reso-lución en un ámbito fehaciente de control.

También como ciudadanos y organizaciones naturales de nuestra sociedad y en virtud de revestir gran parte de sus afiliados la calidad de justiciables, se proponen res-guardar el proceso de formación de las leyes que ponen en cabeza del Poder Legislativo la obligación de dictar todas aquellas que se conciernan al procedimiento judicial (art. 99 inc. 12 de la Constitución Provincial). Consecuentemente, buscan proteger la indepen-dencia del Poder Judicial y muy especialmente, en lo atinente al control constitucional de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos (art. 144, inc. 3 de la Constitución Pro-vincial).

Su pretensión es la declaración de inconstitucionalidad de los incs. 3) y 4) del art.34 del C.P.L. modificado por la ley 7195 en cuanto disponen la notificación en el expediente del litigante que intervenga en el proceso de las resoluciones enumeradas en el art. 35 del mismo cuerpo legal (inc. 3) y la sustitución de la notificación por cédula al domicilio legal por la notificación electrónica (inc.4).

Afirman que las disposiciones cuestionadas en su validez constitucional trans-greden los arts. 16, 18, 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 36 de la Carta Inter-nacional Americana de Derechos Sociales; art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica; art. 22 del C.P.L.; arts. 1, 99 inc. 12 y 148 de la Constitución Provincial y art. 13, inc. 3 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Genéricamente señalan que los incisos cuestionados violan no sólo derechos elementales reconocidos a los trabajadores y a todo ser humano, sino también violentan la normativa constitucional que contempla el mecanismo de formación de leyes y que incide lógicamente, en la independencia del Poder Judicial en su rol de Control de Cons-titucionalidad.

En cuanto la notificación directa en el expediente al litigante que interviene en el proceso establecida en el inc. 3 del art. 34 del C.P.L., consideran que viola la obligato-riedad del patrocinio letrado establecido en el art.22 del mismo código adjetivo; así co-mo al art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto establece el derecho del inculpado de defenderse siendo asistido por un defensor de su elección y el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; y los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional en cuanto establecen el derecho constitucional de defensa en juicio y debido proceso legal.

Alegan que el legislador provincial en su afán de modificar leyes con el objeto de eficientizar y acelerar la justicia laboral, dicta una norma por la cual impide que el trabajador cuente con la asistencia técnica de su defensor y más aún, en un acto de rele-vancia como lo es el de la notificación de alguno de los actos y/o resoluciones que re-fiere el art. 35 del C.P.L., tales como el traslado de la demanda, de sus contestaciones, de las excepciones , la citación para absolver posiciones y para el reconocimiento de documentos, las audiencia de conciliación y de vista de causa, las sentencias que no han sido dictadas en audiencia, etc.

Destacan que la gravedad de la situación creada por la norma se verifica cuando a quien se pretende notificar es un trabajador analfabeto o incapacitado, porque la norma alude a aquellos que “... no supieren o no pudieren firmar....”

De forma tal que no sólo se restringe la protección del trabajador, violando la finalidad tuitiva de la ley laboral sino que también se desconoce la condición humana del individuo al no ser tratado sobre bases igualitarias.

En cuanto a la notificación electrónica establecida en el inc. 4) del art. 34 del C.P.L., destacan que se debe tener en cuenta que la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros, una resolución judicial, y que en nuestro derecho procesal, en principio, las notificaciones se regulan por la teoría de la recepción y no del conocimiento que de las mismas puedan tener los litigantes, adoptan-do el criterio chiovendano según el cual este sistema tiene ventajas que resultan inne-gables en cuanto a la seguridad y certeza absolutas que deben primar en juicio.

A su entender la norma puesta en crisis importa el abandono liso y llano de las normas constitucionales que resguardan los principios de contradicción y bilateralidad del proceso judicial y, por lógica razón, del derecho a la jurisdicción de los litigantes (art. 18 de la C.N.).

Y ello es así porque el justiciable, y aún más en el caso del trabajador que goza-ba de la garantía del efectivo conocimiento del acto procesal producido en el expediente mediante la recepción de la notificación en el domicilio previsto por la ley de fondo, hoy ve cercenado su derecho al verse sometido compulsivamente a un sistema incierto y por demás inseguro de notificación, como lo es el envió de un correo electrónico a un domi-cilio virtual no previsto en la legislación pertinente (código civil).

Sostienen que la remisión de un correo electrónico (e-mail) no da certeza que el justiciable lo reciba y por en-de, corre el riesgo cierto de no poder ejercer plenamente los derechos de impugnación que la ley adjetiva le asegura.

Además se hace necesaria la intervención de un proveedor de servicios de inter-net el cual no reviste la calidad de oficial público que requiere cualquier notificación; muy por el contrario, nos encontramos con una persona jurídica del derecho privado que no está sujeto a compromiso alguno y menos aún a garantizar la recepción el correo electrónico porque tampoco es dueño de la provisión de internet.

Manifiestan que no resulta desatinado afirmar que la notificación comentada lejos de perfeccionar al proceso laboral lo precariza y debilita en los términos propuestos y todo ello en detrimento no sólo del principio protectorio sino también de los derechos de defensa e igualdad del trabajador garantizados por los arts. 16 y 18 de la C.N.

Por último, argumentan que la norma en cuestión viola el principio de división de poderes porque faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a implementar cualquier otro método de notificación en el futuro para los casos que ella determine. De forma tal que se alude a hipótesis procesales que tan sólo pueden ser determinadas en un código de procedimientos y obviamente, mediante el mecanismo de formación de leyes constitucionalmente admitido, en un todo conforme lo dispuesto por el art. 99 de la C.P..

Concluyen que aceptar que la Suprema Corte, mediante acordadas (norma inferior) dis-ponga típicas normas de procedimiento atinentes a la determinación de las resoluciones y/o actos y/o diligencias que deban ser notificadas por correo electrónico, fax y otro método, significa violentar la Carta Magna Provincial ya que importa una indebida de-legación de las funciones que el Pueblo Soberano ha atribuido a los legisladores en for-ma exclusiva y excluyente.

Además, trasgrede el rol que específicamente le fue otorgado a la Suprema Corte mediante el art. 148 de la C.P., transformándola en juez y parte interesada pues se le autoriza a modificar, mediante acordada, el Código Procesal Laboral.

A fs. 115/16 comparece el Poder Ejecutivo de la Provincia y manifiesta que no se opone a la pretensión de los actores advirtiendo que no debe interpretarse su presenta-ción como un allanamiento. Denuncia que ejerció su derecho de veto a la sancionada ley a través del Decreto 570/04. Destaca que, en sustancia, no discrepa de los argumen-tos expuestos por los demandantes y que acatará los términos de la sentencia para lo cual sólo solicita se le exima de la imposición de costas.

A fs. 121/22 comparece Fiscalía de Estado y manifiesta que la materia de la ac-ción promovida no compromete el interés fiscal, no afecta el patrimonio del Fisco Pro-vincial y por ello, teniendo en cuenta la contestación efectuada por la Provincia de Men-doza, limitará su intervención al contralor de la legalidad del proceso y estará a lo que resuelva el Tribunal en la sentencia que se dicte.

A fs. 123 se unifica la personería de los accionantes en la Confederación General de Trabajadores (CGT).

A fs. 148 luce la resolución que dispone separar de la causa al Dr. Carlos Böhm e integrar la Sala con la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

A fs 158 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes.

A fs. 245 y 246/55 obran los alegatos presentados por la Provincia de Mendoza y la parte actora, respectivamente.

A fs. 263/66 se expide en dictamen el Sr. Procurador General de esta Suprema Corte quien, por las razones que expone, aconseja hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad deducida

De conformidad con lo establecido en el Art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente la acción interpuesta?.

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, qué solución corresponde?.

TERCERA CUESTIÓN: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. HERMAN A. SALVINI, dijo:

Atento los términos en los que ha quedado planteada la causa, a mi entender, se impone el análisis de los siguientes temas: 1- legitimación de la parte actora y 2- validez constitucionalidad de las normas atacadas.

Pero en forma previa considero conveniente, a los fines de la adecuada solución del planteo constitucional efectuado, realizar algunas precisiones en relación al tema objeto de debate, consistente en las notificaciones en el proceso y la vía procesal utiliza-da, consistente en la acción de inconstitucionalidad.

A- CONSIDERACIONES PREVIAS:

1- La notificación en el proceso judicial:

De la lectura de la demanda interpuesta surge que los actores cuestionan el sis-tema de notificación implementado por la ley 7195, con especial referencia a los incs. 3 y 4 del art. 34 del C.P.L. que modifica.

En la causa se reedita el debate generado entre los que sostienen que las razones de celeridad y economía no pueden imponerse sobre el valor seguridad y justicia, cuyo rango superior priorizan.

Esta discusión ha llevado a erigir como contrapuestas a la notificación formal y expresa (personal, por cédula, por oficio) donde hay un acto real de transmisión, de la notificación tácita (automáticas o implícitas o fictas e incluso las edictales), donde no existe un acto formal y directo de transmisión al interesado. Así se ha llegado a afirmar que: "…. La seguridad jurídica exige notificaciones expresas; la celeridad y buena fe, exigen que las notificaciones sean automáticas…." (Conf. Podetti, Ramiro j. "Tratado de los actos procesales", pg. 264.)

Entiendo que este supuesto conflicto es aparente y ambos valores, considerados como antagónicos, en realidad se pueden complementar y articular armoniosamente. En tal sentido, la doctrina procesal moderna sostiene que: "…es usual establecer como ex-tremos opuestos de una cuerda tensa en la organización de los procesos, la polaridad entre garantía y eficacia" y si bien "la máxima expresión del debido proceso está consti-tuida por la efectividad del contradictorio, la pauta señera en materia de eficacia es la que puede expresarse así: la justicia tardía no es justicia". Ejemplifican luego: la crea-ción de un adecuado sistema de notificaciones constituye un eje esencial para plasmar el valor del contradictorio; pero desde el punto de vista de la duración de los procesos y de la función que el juicio debe cumplir en el sistema de protección de los derechos, el mo-do de regular las notificaciones puede constituir, so pretexto del respeto al derecho de defensa, un verdadero salvavidas de plomo, absolutamente disfuncional para el valor eficacia. Por eso, sin propiciar el sistema draconiano del nuevo Código de Venezuela, que ha reducido la notificación por cédula sólo a la resolución que dispone el traslado de la demanda, propician todo un sistema de reducción de tiempos y, fundamentalmente, limitan la facultad judicial de notificar por cédula a aquellas resoluciones que no se en-cuentran expresamente previstas por la ley procesal, pues si lo estuviesen, el juez, dicen, no podría disponer que se notifique a domicilio lo que el código ordena se notifique por lista (conf. Morello, Augusto y Kaminker, Mario E., "Las notificaciones y la duración de los procesos (Replanteos y modernización en la política procesal), ED. 158-1075 158-1075 ).

Evidentemente el instituto procesal de la notificación adquiere fundamental im-portancia en la armonización de los valores "seguridad#celeridad" a fin de lograr el ob-jetivo de la administración de justicia que lleva a la "seguridad de una justicia eficiente" y que haga operativo la máxima constitucional de "afianzar la justicia".

En materia de notificaciones procesales la seguridad jurídica está destinada a evitar sorpresas y descuidos, a preservar el principio de bilateralidad de la audiencia, a garantizar el derecho de defensa (LL 1993-A-128; LL 1993-A-961). En esencia, el ba-samento de las notificaciones procesales es la fórmula audiatur et altera parts (óigase a la otra parte) lo que nos conduce a la regla de oro del derecho procesal: "nadie puede ser condenado sin ser oído". Y, para oír a las partes, es necesario notificarlas. ( Jofré, To-más: "Manual de Procedimientos (Civil y Penal)", 5° Ed. , T. I, LL 1941-269 1941-269 ). Por ello, se potencia en este tópico la vigencia de la seguridad jurídica, la certeza de saber a qué atenerse ante un acto procesal, un llamamiento del tribunal o una intimación o requeri-miento.

Frente a ello resta preguntarse si en materia de notificaciones procesales el valor seguridad jurídica es absoluto o funciona combinado con otros principios como el de celeridad, buena fe y lealtad en el debate judicial.

La respuesta al interrogante depende del principio que informe el sistema de notificación que determine el legislador en la materia, es decir, si se rige por la teoría de la recepción, del conocimiento o si se adopta una postura ecléctica.

Los sistema procesales que adoptan la teoría de la recepción determinan que las notificaciones en el proceso se rigen por ese principio, produciendo plenamente sus efectos cuando han sido observadas las normas establecidas por la ley para que el acto notificado llegue a su destinatario, prescindiendo del conocimiento efectivo que se tenga de su contenido.

Así lo entiende Chiovenda, exponente máximo de este criterio extremo, para quien resulta irrelevante jurídicamente el conocimiento que la parte tenga del acto, si éste no ha sido notificado. (Conf. Chiovenda, Giuseppe: "Instituciones de Derecho Pro-cesal Civil", por E. Gomez Orbaneja, Madrid, Revista de Derecho Privado, T. III, 1940, pg. 148).

Este sistema se funda en la seguridad jurídica, o valor "seguridad", al que lo eri-ge en un valor absoluto.

Los sistemas procesales que se enrolan en la teoría del conocimiento consideran que la carencia de notificación o su deficiencia en cuanto a los requisitos formales fija-dos por la ley, no es óbice para reconocer eficacia notificatoria al conocimiento del acto logrado por otros medios (ej. notificación tácita o ficta).

Este sistema se funda en los principios de celeridad y lealtad en el debate judi-cial, a los que les da un valor superior (L.L. 1981-D-948).

Los sistemas procesales que adoptan la teoría ecléctica entienden que las teorías enunciadas no son antitéticas y pueden funcionar amalgamadas, sin inconvenientes, en un marco de complementación (L.L. 1989-C-144).

De forma tal que una cosa es que el conocimiento se presuma sin admitir prueba en contrario cuando la notificación se ha practicado con las formalidades legales, "y otra -ya inaceptable- deducir de esa premisa que nunca el conocimiento efectivo puede suplir la notificación formal" (Conf. Colombo, Carlos J.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado. T. I, 1969, Ed. Abeledo Perrot, pg. 672).

Según esta postura el principio de conocimiento funciona supletoriamente (ante la falta o irregularidad del acto de notificación) siempre que de las circunstancias que rodean el caso concreto se pueda inferir lo inequívoco de él.

La armonía de estas posiciones contrapuestas debe surgir de una solución tran-saccional de manera tal que puede decirse: el valor seguridad jurídica rige en materia notificatoria, a través de su consustancial principio de bilateralidad de la audiencia. Pero esa vigencia no puede elevarse a la categoría de axioma o de principio absoluto. Debe actuar en un marco de complementación con los principios de celeridad y buena fe pro-cesal, con el fin de agilizar los procesos. (Conf. Maurino, Alberto L. "El valor seguri-dad en el régimen de las notificaciones", J.A. 2000-II-884)

En definitiva "… en materia de notificaciones, el problema consiste en compati-bilizar la necesidad de certeza de que la noticia llegue al destinatario, con la de que el proceso avance sin retrocesos y con la mayor celeridad…" (LL 1989-C-144).

El moderno derecho procesal, sin renegar del principio de seguridad, potencia o prefiere las formas notificatorias basadas en la celeridad procesal, con miras a la abre-viación del proceso. Por ello en los ordenamientos procesales se establece como princi-pio general la notificación automática, mientras que la notificación por cédula se regula como excepción de las primeras. Y este es el sistema en el que se enrola nuestro C.P.C. y C.P.L. (art. 66 del C.P.C. , art. 34 del C.P.L).

La ley 7195, a mi entender, ha intentado profundizar y consolidar la armoniza-ción de los valores jurídicos en juego (seguridad-celeridad) enriqueciéndolos con el de economía procesal al imprimir en el sistema notificatorio la celeridad en su trámite con el menor costo posible, tanto desde el punto de vista administrativo (a través de la des-afectación de personal que cumplen la función de "receptor-diligenciador" a quien se le reasignan en otras tareas optimizando la gestión judicial), como profesional (se libera a los letrados de la tarea de ayudar en la confección de las cédulas) y económico (se redu-cen los costos y se permite la optimización de las partidas presupuestarias en aras tam-bién de una mejor gestión judicial).

Esta ley dispuso la modificación del art. 34 del C.P.L. introduciendo un sistema notificatorio amplio que comprende desde la notificación por el retiro del expediente hasta la notificación electrónica.

Cabe destacar que este medio de notificación (electrónica) ya había sido introdu-cido en el proyecto de modificación del C.P.L. elaborado en el año 2001 por la Comi-sión de Reforma de la Justicia, constituida en acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y el Poder Ejecutivo Provincial e integrada por Asociación de Magistra-dos, la Federación de Colegios de Abogados, las Cátedras de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, la Facultad de Derecho de la UNC y la Universidad Marcelina Champagnat, y la Asociación de Abogados Laboralistas. Es decir que contó con el consenso de todos los actores jurídicos involucrados en la espe-cialidad.

En materia de notificaciones la Comisión destacó que se trataba de uno de los trámites más burocrático y engorroso. Razón por la cual se consideró que toda idea que tendiera a automatizar esa diligencia procesal redundaría en directos beneficios de acor-tamientos de los procesos laborales. Además se puso de relieve que la meta ideal, a tra-vés del avance de la informatización, sería la supresión de la notificación como acto procesal de conocimiento (Informe sobre las conclusiones del debate sobre ponencias de reforma del Código Procesal Laboral).

En ese orden de ideas se propuso la modificación del C.P.L. incorporando el art. 35 ter, a través del cual se introdujo la notificación por medios electrónicos incorpo-rando la tecnología de la comunicación para el conocimiento de los actos judiciales por las partes y en especial los abogados y demás auxiliares de la justicia, mediante el uso de la informática judicial, electrónica, internet o cualquier otro instrumento tecnológico de comunicación.

A tal efecto se facultaba a la Suprema Corte de Justicia a implementar el sistema idóneo y más económico y práctico posible sin incurrir en excesos reglamentarios ni adoptar un sistema determinado con la inflexibilidad que otorgan las disposiciones lega-les.

Se enunció así una serie de pautas y principios que la Corte debía tener presente en el momento de diseñar el sistema de comunicación electrónica que resultara más idó-neo para la finalidad prevista.

Es decir que en el ámbito laboral mendocino ha existido consenso en cuanto a la necesidad y conveniencia de adoptar y/o utilizar este medio de notificación.

La ley 7195 receptó esta inquietud e incorporó esta modalidad de notificación en los siguientes términos: Inc. 4) Notificación a domicilio legal electrónico o informático: Se practicará por vía de correo electrónico, fax o cualquier otro método que en el futuro se implemente para los casos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Provincia mediante Acordada, dejándose constancia impresa en el expediente del envío de la noti-ficación, realizada por el Tribunal con indicación de fecha y hora, la que sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal. Hasta tanto se disponga la obligatoriedad de esta forma de notificación, las partes voluntariamente podrán consentir la misma, a cuyo efecto deberán denunciar su domicilio electrónico.»

La norma en cuestión activó el dictado de una seria de Acordadas y Resolucio-nes de Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia (N° 19851 bis, 20112; 21038 bis, 21056), a través de las que se fue estableciendo la forma en que quedó diseñada la noti-ficación electrónica. Previo a lo cual se recabó asesoramiento de especialistas en seguri-dad informática; se sometió el sistema a la evaluación de la Oficina Nacional de Tecno-logía Informáticas (ONTI) y Ar-Cert; se tramitó la certificación de firmas de los recepto-res intervinientes; se realizó una experiencia piloto con un grupo de abogados que ad-hirieron voluntariamente al sistema; se capacitó y entrenó especialmente al personal asignado; se afectó dos servidores dotados de un fire wall en forma exclusiva para el proyecto, todo entre otras medidas, y con el claro y específico fin de asegurar que las notificaciones cumplidas por ese medio fueran íntegras, inviolables y garantizaran la identidad del firmante y su contenido.

De forma tal que la notificación electrónica quedó regulada, en cuanto a su modo de ejecución y efectos, en los siguientes términos:

"…a) - La Dirección de Informática del Poder Judicial proveerá una casilla elec-trónica, en un servidor del Poder Judicial, a cada uno de los abogados matriculados en la Provincia de Mendoza, a la que los profesionales ingresarán con su apellido y número de matrícula y acceder a las cédulas que les han sido remitidas, “notificacio-nes.jus.mendoza.gov.ar.”

b) - El Receptor del Tribunal o quien lo reemplace confeccionará la cédula, la signará con firma electrónica y enviará la notificación a la base de datos creada al efecto en el servidor del Poder Judicial. Imprimirá el documento y lo agregará al expediente. El sistema registrará la fecha y hora en que el documento en ingrese a la base de datos y quede disponible para el destinatario de la notificación. La fecha del documento, en con-secuencia, coincidirá con la fecha de recepción de la notificación. La fecha que el sis-tema coloque en el documento será prueba suficiente de la efectiva notificación. Las personas que firmen la notificación estarán debidamente identificadas para conocimien-to de los destinatarios.

c) - La notificación se tendrá por cumplida al día siguiente hábil posterior a la fecha que el sistema coloque en la cédula, la que coincide con la del depósito de la cé-dula de notificación en la base de datos existente en el servidor del Poder Judicial y con el momento en que el documento queda visible y consultable por el destinatario de la comunicación.

d) – La base de datos de las notificaciones podrá ser auditada, por orden judicial dictada de oficio o a pedido de parte.

e) - La totalidad de las casillas electrónicas involucradas en la descripción del proceso residirán en un servidor del Poder Judicial, destinado exclusivamente a ese efec-to y serán consideradas “oficiales”. Las mismas estarán destinadas exclusivamente para esta tarea y serán administradas por personal de este Poder. Todas las cédulas deberán ser firmadas electrónicamente por el Receptor o quien lo reemplace en el futuro.

f) - El Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, “Manuel A. Saez”, reforzará la capacitación a los agente judiciales involucrados, sobre la nueva herramienta a utilizar para comunicar los actos procesales que deban notificarse por cédula al domi-cilio legal dentro de la Justicia Laboral de toda la Provincia…." (Acordada n° 20112).

Si bien la ley 7195 (B.O. : 09/08/2004) disponía en su art. 2 que "… La presente ley comenzará a regir a partir de los quince días de su publicación oficial y será aplica-ble a todos los procesos, inclusive los que se encuentran en trámite, sin perjuicio de la validez de los actos de notificación que se encuentren en curso….", la vigencia efectiva de la notificación electrónica se produjo a partir del 01-06-07 según lo dispuso por la Resolución de Presidencia n° 21056, modificatoria de la Resolución n° 21038 bis.

Esa Resolución estableció que : "….. 1)….. a partir del 01 de junio de 2007, las notificaciones del fuero laboral que deban realizarse en el domicilio legal se practiquen exclusivamente por vía electrónica, conforme lo prescripto por Acordada N° 20.112 2) Exclúyase de lo dispuesto en el artículo anterior a las notificaciones que dispongan co-rrer traslados o vistas y que, en consecuencia, deban ser acompañadas de copias, las que se continuarán notificando mediante cédula en soporte papel…."

Definitivamente así quedó conformada la forma y alcance de la notificación electrónica instituida por la ley 7195, la que es cuestionada en su valor constitucional por los accionantes.

En cuanto a la notificación en el expediente dispuesta por la ley 7195 en el art. 34, inc. 3 del C.P.L., no constituye un modo inédito de notificación ya que reconoce como antecedente el art. 67 del C.P.C. cuya aplicación resultaba supletoria en función del art. 108 del C.P.L.

2- La acción de inconstitucionalidad

Respecto a la vía procesal intentada este Tribunal tiene dicho que “…el ejercicio del control de constitucionalidad de la normativa cuestionada (en el caso la Ley 7195), constituye sin dudas la tarea más delicada pero la más propia del Poder Judicial, por cuanto al mismo se le ha encomendado la función de la efectiva declaración y aplicación del derecho en el caso concreto. Esto nos lleva a recordar el principio reiteradamente declarado por este Tribunal según el cual una ley en sí misma no es inconstitucional, pero puede ser inconstitucional en su aplicación al caso (LS. 214-461)...”

“...Lo expuesto pone en evidencia la necesidad de extremar la prudencia, como valor por excelencia, en el análisis y resolución del caso traído a estudio, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la “última ratio” a la que debe recurrir el juzgador...” (L.S. 359-152).

También en forma reiterada ha manifestado que no corresponde la declaración de inconstitucionalidad en abstracto, lo que no impide al interesado hacer valer el dere-cho ha obtener la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto en la medida en que se acredite la efectiva lesión de los derechos o garantías constitucionales que le asisten. La declaración de inconstitucionalidad no debe hacerse en términos genéricos o teóricos. No basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. Tal ha sido el criterio de la Corte Suprema (Fallos 256-602;258-255)

En suma, conforme jurisprudencia constante de la Corte Federal, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución, causándole de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el prejuicio que le origina la aplicación de la disposición pues la invocación de agravios meramente conje-turales resultan inhábiles para obtener la declaración de inconstitucionalidad demanda-da.(Fallos 297-108; 299-368;: 300-1010 300-1010 ; 301-866; 302-1013 302-1013 , entre otros).

Los criterios jurisprudenciales transcriptos son los que informan y determinan las pautas de análisis de las acciones como la tramitada en autos y a los que me remitiré para la solución del caso.

B- LA SOLUCIÓN DEL CASO:

En el marco referencial desarrollado en el punto anterior abordaré el análisis constitucional traído a debate, a fin de dar solución a los temas distinguidos al comienzo del tratamiento de la cuestión que nos ocupa, consistentes en 1- la legitimación de la parte actora y 2- la validez constitucional de las normas atacadas.

1- Legitimación de la parte actora:

La legitimidad invocada por la parte actora no ha sido cuestionada por la deman-dada, no obstante lo cual considero de interés analizar el cumplimiento de los recaudos de procedibilidad de la acción porque ese tema está estrechamente ligado a la posibili-dad de acceso a la jurisdicción y la válida interposición de la demanda; además la verifi-cación de la legitimación involucra la determinación de la representatividad que debe prever cualquier legislación procesal (De los Santos, Mabel “Falta de acción. Falta ma-nifiesta de legitimación para obrar”, en “Excepciones procesales”, obra colectiva dirigi-da por J. W. Peyrano. T. 1, 2000, pg. 63 y ss).

Para ello debe tenerse presente que el proceso constituye un medio de satisfacer intereses jurídicamente protegidos y de postular un ideal de justicia que, como elemento axiológico, influye en la sociedad precisada de parámetros que, trascendiendo la esfera material, insuflen un sentido positivo.

De lo contrario la cuestión sobre si la Ley 7195 es o no constitucional, queda reducida a una contienda meramente teórica que no corresponde a los jueces resolver porque éstos no están llamados a pronunciarse sobre casos abstractos y, además, porque cualquiera fuese la decisión a ese propósito, la situación de las partes no variaría.

En el ámbito de reflexión descripto concluyo que los actores detentan la legiti-mación procesal para la interposición de la acción intentada.

Para ello tengo en cuenta que, sin perjuicio del debate que genera el art. 43 de la C.N. en relación a este tipo de demandas y que ha dado lugar a algunas precisiones por parte de la Corte Nacional en el reciente fallo “Defensor del Pueblo de la Nación c. Es-tado Nacional” (26-06-07); la legitimación que reconozco a los actores surge de los arts. 14 bis de la C.N., 1, 2, 3, 23, 31 y ss de la Ley 23551 y 10 del Convenio n° 87 de la OIT, los que en forma inequívoca establecen a favor de las Asociaciones Gremiales la capa-cidad legal y procesal de defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores que los actores invocan.

En el supuesto de autos las organizaciones sindicales intervinientes no hacen más que actuar en la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores incluidos en el ámbito personal de actuación que les incumbe, respondiendo tanto a las facultades que legalmente le han sido otorgadas como al fenómeno de masificación al que asisti-mos, masificación en la producción, en la comercialización, en el consumo, en las co-municaciones. Todo ello impone una participación creciente colectiva y una democrati-zación del acceso a la justicia donde obreros, usuarios de servicios públicos, grupos de personas que se sienten marginados por cualquier razón, claman por su “day in court”. (Conf. Chaumet, Mario E. “Reflexiones sobre la implementación de la decisión judicial compleja: el caso de los intereses supraindividuales”. Lexis Nexis. Doctrina S.J.A. 31-3-04, J.A. 2004-I-1076).

Es decir que nuestro ordenamiento jurídico le da a las organizaciones sindicales la facultad de actuar haciendo valer los derechos e intereses de los trabajadores que las integran, consagrando un vasto ámbito permisivo de la acción sindical como forma de autotutela de los “intereses de los trabajadores”.

En los términos en que ha sido planteada la controversia no cabe duda que las entidades sindicales actuantes ejercen la defensa de los intereses colectivos de los traba-jadores porque los agravios constitucionales que alegan hacen referencia al derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y el acceso a la justicia en igualdad de con-diciones. Estos agravios inequívocamente involucran a un sin número de personas que exceden a los sujetos interesados que, así los titularizan indivisiblemente. No se trata de posiciones subjetivas exclusivas que corresponderían a los casos concretos de trabajado-res que actualmente poseen pleitos instaurados y alcanzados por la normativa cuestiona-da sino que también se la cuestiona respeto de aquellos futuros, en los que aún no se ha acreditado la aplicación del procedimiento de notificación establecido por la Ley 7195, donde existe en la práctica una verdadera "chance". Esta chance constituye también un verdadero interés legítimo que les permite, en su calidad de parte afectada o posible-mente afectada, demandar el control de legalidad y de constitucionalidad del sistema de notificación puesto en crisis, en aras o con el objetivo de mejorar sus chances en el pro-ceso judicial en los que se pretenda el reconocimiento de un derecho laboral vulnerado.

En definitiva tanto en los procesos actuales en los que intervienen los trabajado-res como en los futuros, nos encontramos ante situaciones compartidas que los abarcan en la medida en que se trata de situaciones jurídicas análogas, cualitativamente iguales, referidas a diversos sujetos unidos por el mismo fin.

No se trata de un simple interés en el ataque de la ley.

El reconocimiento de la legitimación y representación invocada por los actores permite ingresar en el tratamiento del segundo tema propuesto.

2- Validez constitucional de la norma cuestionada.

La parte actora cuestiona la constitucionalidad de la ley 7195, sólo en cuanto modifica el inc. 3 y 4 del art. 34 del C.P.L., a través de los cuales se regula la notifica-ción personal en el expediente y la notificación electrónica.

Para una más ordenada resolución de la causa analizaré por separado cada uno de esos incisos.

a- Art. 34 inc. 3: Notificación en el expediente

La norma procesal cuestionada textualmente prescribe: "…. Notificación en el expediente: En oportunidad de examinar el expediente; el litigante o el profesional que intervenga en el proceso como apoderado, tendrá la carga de notificarse expresamente de las resoluciones enumeradas en el Art. 35, la que se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia junto al jefe de Mesa de Entradas. Si no lo hicie-ran, previo requerimiento que les formulará el jefe de Mesa de Entradas, o si el intere-sado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias con la firma de dicho empleado. …"

La parte actora impugna la validez de la norma en cuanto: 1- viola el art. 22 del C.P.L., art. 2, incs. d) y e) del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 16 y 18 de la C.N., porque desconoce el derecho del trabajador a ser asistido por un defensor y el consi-guiente derecho de defensa en juicio y debido proceso legal y 2- viola el principio cons-titucional de igualdad ante la ley porque no discrimina positivamente a los trabajadores analfabetos o discapacidatos.

La demandada no discrepa de los argumentos expuestos por los accionantes y se remite a tal efecto al veto plasmado en el Decreto 570/2004 570/2004 , pero de la lectura del mis-mo no surge su disconformidad con este medio de notificación porque la critica consti-tucional a la reforma establecida en la ley 7195 se concretó sólo respecto de la notifica-ción electrónica receptada en el inc. 4 del art. 34 del C.P.L..

Cabe aclarar que los actores cuestionan esta norma en la medida en que por “liti-gante” o "interesado" se entienda que hace referencia al trabajador, porque obviamente esos términos son omnicomprensivos de todos los sujetos que pueden actuar en un pro-ceso laboral (trabajador, empleador, Sindicato, ART, asociación de empleadores; los que pueden actuar indistintamente como actor o demandado. Vg. cuando el empleador de-manda por consignación o por exclusión de la tutela sindical, o cuando el sindicato de-manda por el cobro de la cuota sindical, etc).

De forma tal que en relación al resto de los posibles litigantes o interesados que no sean trabajadores, los actores no esgrimen la existencia de ninguna lesión constitu-cional. Por ello analizaré la aplicación de la norma sólo respecto del trabajador en su calidad de actor o demandado en el proceso.

La norma cuestionada en alguna medida transcribe el art. 67 del C.P.C. que regu-la este medio de notificación y cuya aplicación era supletoria en función de la disposi-ción contenida en el art. 108 del C.P.L.

El art. 67 del C.P.C. prevé la notificación del interesado cuando "…comparezca personalmente a notificarse….". Media aquí un acto voluntario expreso por parte del liti-gante. Pero la redacción dada al inc. 3 del art. 34 del C.P.L. establece "la carga" de noti-ficarse y su incumplimiento genera “la sanción” de tenerlo por notificado, de lo que se deja constancia en el expediente mediante la atestación que a tal efecto realice el Jefe de Mesa de Entradas.

Queda claro que el sistema de notificación implementado es absolutamente compulsivo y con un doble agravante:

• El primer agravante consiste en que no asegura o garantiza la efectiva notificación, que en definitiva debe-ría ser el fin perseguido.

Y es así porque la interpretación literal de la norma lleva a concluir que la notifi-cación se produce cuando simplemente se examine el expediente no cuando el trabaja-dor concurra expresamente a notificarse como lo dispone el art. 67 del C.P.C.. Es decir que el trabajador que concurre al Tribunal al sólo efecto de interiorizarse sobre el estado de su expediente y por el sólo hecho de examinarlo se lo tendría por notificado de todas las resoluciones establecidas en el art. 35 del C.P.L.

Pero el examen del expediente no puede ser asimilado a la notificación de lo resuelto en la causa, cuando el que lo realiza es el trabajador. Obviamente la compleji-dad de un proceso determina la necesidad de contar con los conocimientos técnicos jurí-dicos para comprender cabalmente la trascendencia del contenido y consecuencias que derivan de las resoluciones judiciales, especialmente las consignadas en el art. 35 del C.P.L.

Y digo que no garantiza la efectiva notificación porque si bien la norma determi-na que al examinar el expediente expresamente deberá notificarse de las resoluciones es-tablecidas en el art. 35 del C.P.L. dejando constancia de ello la que "…se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia junto al Jefe de Mesa de Entradas….", lo cual en principio garantizaría la existencia de un conocimiento, aunque más no sea somero, de la existencia y contenido de la resolución en cuestión; en la prác-tica este extremo no queda claramente establecido porque seguidamente la norma esta-blece que "…. Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el Jefe de Mesa de Entradas, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias con la firma de dicho empleado. …"

La expresión “...si no lo hicieran...” puede referirse a la negativa a notificarse o a la negativa a suscribir la diligencia. Es decir que el texto resulta equívoco porque puede dar lugar a interpretar que si el trabajador no quisiera darse por notificado, previo reque-rimiento, se lo tendrá por notificado con la sola atestación realizada por el Jefe de Mesa de Entradas de esa negativa, aún cuando no tomara conocimiento de la resolución co-rrespondiente. Como también podría interpretarse que si el trabajador no quiere firmar la diligencia junto al citado agente, no obstante haber tomado conocimiento efectivo de la resolución que se le intenta notificar, lo mismo se lo tendrá por cumplida la notificación con la atestación indicada.

La poco feliz redacción de la norma violaría el principio de razonabilidad porque no hay una adecuación del medio utilizado con el fin perseguido de la notificación y genera más dudas que certeza sobre la correcta y adecuada notificación del trabajador. • El segundo agravante consiste en que la norma se refiere a la notificación de resoluciones de fundamental trascendencia en la defensa de los derechos de los traba-jadores como las consignadas en el art. 35 del C.P.L., donde a través de la notificación por cédula el legislador (procesal) ha querido asegurar el conocimiento más certero del interesado en aras de una mayor garantía de la defensa, excepcionándolo del principio general de la notificación ficta establecida en el antiguo art. 34 y hoy modificado inc. 1 del mismo artículo del C.P.L.

Ello podría traducirse en la práctica en la pérdida de derechos esenciales y sobre todo de carácter procesal, como la interposición de las vías recursivas correspondientes.

Pero no obstante que la norma ofrece algunas dudas respecto de la interpretación que opera en su aplicación, este hecho no resulta suficiente para declarar la inconsti-tucionalidad de la misma, porque como he precisado nos encontramos en presencia de un problema de "interpretación".

No puede argumentarse razonablemente y en forma anticipada que el sistema de notificación en el expediente implementado en la reforma que se analiza sea inconstitu-cional sobre la base de argumentaciones meramente hipotéticas sin que exista la valora-ción y análisis en el caso concreto.

Debo aclarar que “...una cosa son las leyes equivocadas y otras las inconstitucio-nales” (Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa: “Atribuciones de los Superiores Tribunales de Provincia”, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. Mendoza. 1991, pag. 21). Y que “.. a los Tribunales de justicia les está vedado el examen de la conveniencia y del acierto de medidas normativas adoptadas en el ámbito de las atribu-ciones propias del Poder Legislativo...” (C.S.J.N. Fallos 249,51; 251-21).

Es que la declaración de inconstitucionalidad no debe intervenir con las decisio-nes y las valoraciones políticas adoptadas para las transformaciones de las instituciones jurídicas, sobre todo de orden procesal y a través de las cuales se intenta "…introducir cambios que la sociedad está reclamando…" (fs. 3677 Libro de sesiones de la H.C.S.), es decir que no se puede sustituir la voluntad del legislador ni incidir en la voluntad de los cambios legislativos introducidos.

Ello así y en el sub litem no verifico la existencia de una trasgresión objetiva, clara e insalvable a las normas laborales de orden público que resulte repugnante a las garantías constitucionales, mediante las cuales el Estado ejercita la tutela del trabajo, o bien que se configure la desnaturalización o supresión de derechos laborales; sino que por el contrario entiendo que en la aplicación de la norma debemos seguir la pauta inter-pretativa aceptada por la Corte Federal según la cual cuando un texto admite dos inter-pretaciones, una que lo torna inconstitucional y otro constitucional, debe preferirse la segunda.

Para ello la interpretación y aplicación del inc. 3) del art. 34 del C.P.L. que se analiza deberá llevar inexorablemente a la conclusión que este medio de notificación no puede llevar, en ningún supuesto, al desconocimiento de los derechos del trabajador ni a considerar que ha mediado un consentimiento que implique renuncia por parte del “li-tigante-trabajador”.

La consecuencia indicada se logra si se concluye que la notificación realizada al trabajador en el expediente no suple la notificación que de esa o esas resoluciones deba realizarse por cédula en el domicilio legal de los supuestos contemplados en el art. 35 del C.P.L.

La solución propuesta es la que mejor se compadece con la interpretación consti-tucional de la norma por las siguientes razones:

1- La asistencia letrada en el momento de la notificación no es un requisito pro-cesal que haga a la validez del acto ni es esencial a los fines de la defensa en juicio y debido proceso.

El segundo párrafo del art. 33 del C.P.L. no considera a la notificación entre las actuaciones que enumera y en las que determina que el patrocinio letrado es obligatorio.

Es más, a la notificación de la demanda, cuya trascendencia en el proceso es innegable por ser la generadora de la relación jurídico-procesal, la ley la reviste de for-malidades específicas que tienden al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso, aspecto consustancial a la seguridad jurídica (LL 1997-D-504), tales como que debe ser realizada por cédula y en el domicilio real, pero no exige la asistencia jurídica del interesado en el acto.

Si nos colocamos en el supuesto hipotético de la notificación de una demanda al trabajador (por ejemplo la demanda de exclusión de la tutela sindical o la demanda de daños y perjuicios establecida en el art. 135 de la L.C.T.), la misma se realizará por cé-dula y en el domicilio real del dependiente e incluso puede ser notificada en una persona distinta siempre que se verifique que el domicilio es efectivamente el del trabajador de-mandado. En este acto no se exige la presencia del patrocinante y hasta la fecha no se ha puesto en duda la validez constitucional de este acto.

La misma situación se concreta en el supuesto de la notificación de las audien-cias de vista de causas o de conciliación, o de la citación para absolver posiciones, etc.. Las mismas se realizan por cédula en el domicilio real del actor y no se exige el patroci-nio en el acto de notificación.

En conclusión no visualizo el agravio constitucional denunciando si estas notifi-caciones son realizadas en el expediente y en forma personal al trabajador en la medida en que ella no sustituya la que debe ser realizada por cédula en el domicilio legal.

2- La solución propuesta responde al texto literal de la norma:

En la misma se establece la carga de notificarse expresamente de las resolucio-nes enumeradas en el art. 35 del C.P.L., sin que se disponga que este tipo de notificación reemplaza o sustituya a la forma de notificación dispuesta en este artículo.

Si esa fuera la intención del legislador así lo habría dispuesto como lo hizo en el inc. 4 del art. 34 en oportunidad de regular la notificación electrónica. Aquí en forma categórica se estableció que “...sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal...”

3- Es coherente con los principios constitucionales que rigen la materia laboral y con la directiva dada por el legislador al momento de la sanción del C.P.L.:

Los principios constitucionales generales y los especiales laborales son normas como todas las otras, y frente a un principio expreso no se ve qué diferencia habría entre interpretar la norma y juzgar el caso con base en él o con base en alguna norma específi-ca. El reconocimiento del valor normativo de los principios ha venido a transformar el carácter y la función de los mismos cobrando así una nueva dimensión puesto que los principios constitucionales desempeñan un papel constitutivo frente a las reglas, además de tener y desarrollar un carácter normativo propio, lo cual constituye una solución ade-cuada para la protección de los derechos más radicales y permanentes como el defensa en juicio y debido proceso que destacan los actores.

Conforme con ello el legislador del C.P.L. dejó establecido en el art. 108 las pautas que el juez laboral debe respetar al aplicar las disposiciones procesales y aunque hace referencia a la aplicación supletoria de normas entiendo que no existe ningún obs-táculo ni justificación que impida que esas pautas se constituyan en principios de ac-tuación del juzgador en la aplicación de las normas procesales laborales en general.

El citado artículo concretamente establece que el juez al aplicar las normas de rito “...lo harán teniendo presente las características del proceso laboral y de manera que consulten los enunciados de la declaración de los derechos del trabajador y los fines de justicia social perseguidos por el derecho del trabajo...”

Estas pautas han sido actualizadas por el legislador en la modificación introduci-da. Así expresamente se destacó la necesidad de dar mayor celeridad al proceso "… teniendo en cuenta que la mayoría de las indemnizaciones laborales o que tiene que ver con las cuestiones de dinero de los obreros…." (fs. 64 de la 18° Sesión de Tablas de la H.C.D.) "…Acá hay una materia específica que es el Derecho Laboral con el que tene-mos que tener especial cuidado porque se trata de proteger derechos de carácter alimen-tario de los trabajadores y las notificaciones deben dar garantías de certeza que se pone a conocimiento de la parte la noticia que el tribunal emite…" (fs. 3678 del Libro de Sesio-nes de la H.C.S.).

Queda claro entonces que el legislador no ha olvidado el carácter tuitivo del de-recho laboral y la operatividad del principio protectorio establecido en el art. 14 bis de la C.N. y que en ese marco legal debatió y redactó la norma en cuyo sentido propongo que sea interpretada.

4- Responde a la intención del legislador:

El mismo claramente destacó en la exposición de motivos o fundamentos del proyecto de reforma que fue sancionado que "… en los casos de notificación en el expe-diente, y atento que en la práctica no se efectúa este tipo de notificación, es conveniente imponer la carga al profesional, tal como está previsto en el art. 142 del Cód. Proc. Ci-vil de la Nación, y con la posibilidad de la atestación por parte del Jefe de Mesa de En-tradas ante la negativa del profesional, valiendo la misma como notificación. Ello a fin de terminar con la falacia de haber tomado conocimiento del acto procesal y esperar la cédula demorando el trámite del proceso innecesariamente…." (el destacado me perte-nece)

Es decir que la intención del legislador fue hacer operativa la notificación com-pulsiva sólo respecto de los profesionales o letrados, no respecto del trabajador. No obs-tante la incoherente técnica de redacción llevó a incluir en el texto no sólo al profesional que intervenga en el proceso como apoderado, sino también al "litigante", donde tam-bién quedó alcanzado el trabajador.

La seria contradicción apuntada entre la finalidad perseguida por la norma según la intención del legislador y la redacción definitiva de la misma, genera en la práctica procesos lógicos de desconfianza e interrogantes que desde la función del control de constitucionalidad a cargo de este Superior Tribunal no pueden ser respondidos en for-ma general y a priorísticamente.

Los jueces debemos debatirnos entre objetivos nobles y valoraciones favorables para un cambio del sistema de notificaciones en aras de agilizar la justicia laboral con el fin último de proteger al trabajador y los créditos alimentarios objeto de los procesos en los que el mismo es parte. Pero la redacción del sistema de notificación en el expe-diente implementado por la reforma genera más dudas e interrogantes que respuestas certeras y eficaces que conformen a toda la comunidad. Sin embargo ello no autoriza a adoptar una postura generalizada a favor o en contra del sistema implementado si no media un caso concreto donde se puedan visualizar los agravios que en forma hipotética plantean los actores.

5- La solución propuesta es la que mejor responde al "sistema" jurídico estable-cido en la especialidad:

En este orden de ideas considero que una razonable inteligencia de la ley, impo-ne la necesidad de armonizar el texto legal con su sentido y finalidad práctica, teniendo en cuenta que un excesivo rigor formal en la aplicación normativa, puede conducir a conclusiones antitéticas, lo que revertirá en un inadecuado servicio de justicia, ínsito en el debido proceso legal. El Juez no debe ceñirse a las palabras de la ley, sino elevarse e interpretarla a la luz de los principios constitucionales y los emergentes de los tratados internacionales incorporados a la ley fundamental, y esa interpretación debe realizarse en forma sistemática, pues el derecho positivo no es un conjunto de normas desar-ticuladas, sino un sistema.

En tal sentido se ha expedido este Tribunal afirmando que "….. Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la "ratio legis" computando la totalidad de sus principios de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Este propósito no debe ser ol-vidado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instru-mentación legal. La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no lleve a la pérdida de un derecho ni que el apego a la letra desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción…." (LS. 331-090) "…. La aplica-bilidad directa de la Constitución, con todo su sistema de principios y de valores, lleva a que la interpretación y el proceso aplicativo del derecho, lejos de poder entenderse como una operación mecánica pase a ser algo necesario y rigurosamente axiológico…".(LS 308-116)

En nuestra provincia este argumento se refuerza con lo dispuesto por los arts. 48 y 148 de la Constitución Provincial que consagra la operatividad inmediata de los dere-chos y garantías constitucionales y esta doctrina es ya pacífica en la jurisprudencia local.

Además no podemos olvidar que nos encontramos ante una norma de carácter procesal o de forma que no puede contradecir la sustancia del derecho que se pretende realizar. Es decir que la norma adjetiva es el medio para hacer efectivo el derecho sus-tancial que se discute y no puede constituirse en un obstáculo o impedimento para su realización. Y es principio de hermenéutica jurídica fundamental buscar la armonización y correcta articulación de las normas procesales con las sustánciales.

6- No viola el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la C.N.:

La redacción dada a la norma es compresiva de la totalidad de los litigantes que intervienen en un proceso judicial por lo que entiendo que en los supuestos subjetivos especiales denunciados por los actores (trabajadores analfabetos o discapacitados), en la medida en que la aplicación de la reforma procesal les produzca una afectación de sus derechos constitucionales autorizaría la deducción de planteos procesales con funda-mento en los arts.1040, 1041, 1045 y cc del C.C. más que habilitar la declaración de in-constitucionalidad pretendida.

En conclusión la solución propuesta es la que, a mi entender, guarda coherencia con la naturaleza del contrato laboral y los principios que inspiran la materia y la in-terpretación de las normas procesales laborales, así como la intención del legislador que inspiró la reforma introducida. Permite, además, dejar de lado valoraciones genéricas y políticas, de modo de preservar los roles de los poderes políticos por un lado y las facul-tades jurisdiccionales por el otro.

A modo de síntesis y con el fin de precisar el sentido y alcance de la interpreta-ción del art. 34, inc. 3) del C.P.L. que propongo, deberá entenderse que sólo la notifi-cación realizada al trabajador en el expediente no suple la notificación que de esa o esas resoluciones deba realizarse en el domicilio legal según lo dispuesto por el art. 35 del citado cuerpo legal, cuando el mismo concurre al Tribunal sin asistencia letrada. De forma tal que si el trabajador concurre a examinar el expediente acompañado por el pro-fesional que lo patrocina o representa en la causa, la notificación en el expediente supli-rá la prevista en citado art. 35.

En este caso se deberá dejar debida constancia de la asistencia letrada del traba-jador en el acto de notificación y la suscripción de la misma por el profesional actuante.

b- Art. 34, inc. 4: Notificación electrónica:

El artículo establece “...Notificación a domicilio legal electrónico o informático: Se practicará por vía de correo electrónico, fax o cualquier otro método que en el futuro se implemente para los casos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Provincia mediante Acordada, dejándose constancia impresa en el expediente del envío de la noti-ficación, realizada por el Tribunal con indicación de fecha y hora, la que sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal.

Hasta tanto se disponga la obligatoriedad de esta forma de notificación, las par-tes voluntariamente podrán consentir la misma, a cuyo efecto deberán denunciar su do-micilio electrónico….»

Los accionantes denuncian la inconstitucionalidad de la ley porque consideran que afectan el derecho de defensa y debido proceso en la medida en que abandona el principio de recepción de la notificación y precariza el proceso laboral desconociendo los derechos fundamentales del trabajador a quien la Constitución Nacional le dispensa una protección especial. Además, consideran que se afecta la división de poderes en la medida en que faculta a la Suprema Corte a implementar el método de notificación.

Adelanto mi opinión en el sentido de rechazar la acción intentada en función de las siguientes razones:

1- La reforma constituye una respuesta a las propuestas o reclamos de "jure con-dendum" para la adecuación del sistema de notificaciones a los avances tecnológicos en materia de comunicaciones:

Este hecho fue admitido por la Comisión de Reforma de la Justicia a la que antes hice referencia donde destaqué la amplia participación de todos los actores jurídicos in-volucrados en la materia laboral y que constituyó el primer antecedente de proyecto que adoptara la notificación electrónica como medio de notificación.

También se encuentra expresamente consignado en la discusión parlamentaria, oportunidad en la que se dijo: “...es la opinión, creo yo generalizada, por no decir uná-nime de la ciudadanía, en cuanto a la rapidez que es necesaria en la Justicia...” “...desde el problema técnico de lo que significa la computadora y todo ese proceso hasta la segu-ridad jurídica para los contendientes en un proceso laboral, creemos que está por sobre esto, la voluntad de algunos magistrados y colaboradores de la Justicia, de intentar pro-ducir cambios que la sociedad está reclamando ..” (pg. 3677 Libro de Sesiones de la HCS)

La notificación electrónica no es otra cosa que la respuesta jurídica ante las nue-vas tecnologías y frente a la realidad que se impone. Habitualmente el derecho va detrás de los hechos, los reconoce para luego regularlos, por ello el derecho y los operadores jurídicos no pueden ser fugitivos de la realidad.

Así la computadora, en una de sus funciones, la de instrumento que sirve para almacenar palabras y poder volcarlas en un soporte, tuvo como antecedente la maquina de escribir.

En 1913 la ley 9151 eliminó el requisito del art. 998 del Código Civil de que las escrituras públicas debían ser hechas por el mismo escribano. Hasta 1874 la Remington fabricó las primeras máquinas de escribir en escala comercial, y su uso se generalizó hacia 1920. En el orden nacional el derecho dio respuestas, como la Acordada de las Cá-maras Civiles del 2 de agosto de 1950 por la que se permitió que las escrituras pudieran hacerse a máquina; una Acordada de 1937 autorizó que los testimonios de escrituras fueran otorgadas en formularios, y otra de 1952 que lo fueran en forma fotográfica, esto es, mediante fotocopiadora, máquina que había sido patentada en 1938.

En la década de los años 50, la computadora se extendió por el mundo y llegó a la Argentina y articulada con internet permitió el uso del correo electrónico o e-mail, y los jueces advirtieron que ampliaba la gama de posibilidades que brindaba el correo tra-dicional, en carácter de medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografías , archivos completos, etc.; y aceptando que no es un ins-trumento privado en los términos del art. 1012 del Código Civil por la carencia de firma, lo asimilaron al instrumento particular no firmado que prevé el art. 1190, inc. 2 del C.C.. En el año 2001 la ley 25506 asumió la necesidad de reglas legales para la nueva tecno-logía, a cuyo fin estableció la equivalencia entre el documento digital y el documento escrito y previó un procedimiento matemático de firma digital para los casos en que la ley requiera una firma manuscrita.

Este instrumento técnico que posee carta de ciudadanía en nuestro país no puede ser desconocido por el derecho procesal.

Ante circunstancias como la descripta cualquier observador advierte que se plan-tea una alternativa en los términos binarios que señalaba Josserand: o el Derecho se ade-cua a la nueva realidad, o ésta prescinde del Derecho, porque una regla sólo está viva si está en marcha, como toda sociedad y todo hombre. Y aunque la ley por lo general con-trola los temerarios saltos hacia el futuro con la mano fuerte del pasado y combate la tecnología de hoy con instrumentos de ayer, va de suyo que cuando los hechos pres-cinden del Derecho, la juridicidad es puesta en crisis y la sociedad también deja de lado a los operadores jurídicos.(conf. Alterini, Atilio Anibal “Respuestas ante las nuevas tec-nologías: sistemas, principios y jueces” La Ley on line 03-12-07)

Frente a lo expuesto y ante la realidad cambiante que se impone donde nos en-contramos con países vecinos como Uruguay que han dictado leyes ( 18237 en fecha 26-12-07) donde se establece el expediente electrónico en todos los procesos promovidos ante al Poder Judicial, considero que discusiones como la planteada en autos resultan ociosas.

2- Nadie tiene un derecho adquirido a un determinado método de notificación:

Podrá objetarse que la discusión no está dirigida a cuestionar este medio de noti-ficación sino a que el mismo supla a la notificación por cédula como lo dispone la ley 7195. Pero aún en esta tesitura es preciso recordar lo que la Corte Suprema ha señalado y que es obvio, en cuanto que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones y que la derogación de una ley común por otra posterior no afecta derecho alguno emanado de la Constitución Nacional (Fallos 244:259; 267:247 y sus citas; 273:14 ; 307:134; 1108 ; 308:885 ; 310:1080, 1924 ; 313:1007 , entre muchos otros) y que los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan (Fallos 308:1631 , entre muchos otros) cuya inalterabilidad no se supone.

En función de ello no considero que medie ninguna transgresión a los derechos constitucionales de los trabajadores por el sólo hecho que el legislador modifique el me-dio o instrumento de notificación.

Lo contrario llevaría a erigir a las notificaciones procesales en una suerte de “res petra” que se resisten a ser modificadas o actualizadas en el tiempo y de acuerdo con las necesidades del proceso y la defensa de los derechos que se debaten en él.

3- La ley 7195 goza de la presunción de legitimidad:

La misma ha sido debidamente sancionada y promulgada, es decir, dictada de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, todo lo cual le otorga la presunción de legitimidad indicada.

Ello determina que opere plenamente y obliga a ejercer el control de constitu-cionalidad con sobriedad y prudencia, de forma tal que, únicamente cuando la repug-nacia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable pro-cederá su declaración de inconstitucionalidad. Extremo éste que no verifico que se haya acreditado en el supuesto de autos.

Así, y en los términos en que ha quedado instrumentado el sistema de notifica-ción electrónica luego del dictado de las Acordadas y Resoluciones de Presidencia de este Supremo Tribunal (N° 19851 bis, 20112, 21038 bis, 21056), compruebo que se han adoptado todas las previsiones del caso a través de experiencias de pruebas con adhesio-nes voluntarias de letrados del foro, evaluación de los organismos técnicos acreditados en la materia, certificación de firmas digitales, capacitación del personal, adquisición y afectación exclusiva de equipos apropiados con las medidas de seguridad de última ge-neración; considero que se ha dado cumplimiento con la “cadena de custodia” que ga-rantiza la certeza y confiabilidad del sistema puesto en crisis por los actores.

Y esa confiabilidad se garantiza a través de las auditorias que se autorizan reali-zar por orden judicial ya sea de oficio o a pedido de parte (art. I- inc.d) de la Acordada n° 20112).

Estas medidas no han sido cuestionadas ni controvertidas por los demandantes ni han aportado pruebas que acrediten la inoperancia de las mismas frente a la vulneración de los derechos y garantías constitucionales que denuncian.

4- El planteo de inconstitucionalidad efectuado con-tiene una formulación abs-tracta:

Los actores no han cumplido con la exigencia de explicitar y demostrar que los trabajadores a quienes representan padecen un detrimento actual y directo o futuro pero cierto de un derecho constitucionalmente amparado.

La supuesta lesión constitucional invocada es sólo eventual o hipotética.

En estos términos se estaría pretendiendo una declaración genérica de inaplicabi-lidad por inconstitucionalidad de la norma que origina el reproche, lo que excede el ám-bito de la acción de inconstitucionalidad.

Y ello es así porque la materia procesal constitucional que constituye el objeto de la acción está determinada por los conflictos generados cuando la aplicación de nor-mas generales que en el caso particular infringen la supremacía constitucional (S.C.Mza. J.A. Rep. 1988-378 1988-378 ; L.S. 191-188).

5- No se generan situaciones de indefensión:

La notificación electrónica establecida en la ley 7195 no produce una variación abrupta en las reglas de juego a las que debía atenerse el litigante que lo coloque en gra-ve indefensión.

Por el contrario se mantiene el principio de notificación mediante un acto real de transmisión a través del correo electrónico de los actos considerados fundamentales y exceptuados de la notificación tácita, según lo prescribe el art. 35 del C.P.L.

Sólo varía el lugar donde dicha transmisión se realiza, del domicilio legal se di-rigen a la casilla electrónica personal e invulnerable del letrado que interviene en la causa y que reside en el servidor del Poder Judicial habilitado a tal fin.

Se mantiene el formato de una cédula e incluso puede ser impresa, llevándola a soporte papel, si es voluntad del interesado.

Se mantiene la notificación por cédula y en el domicilio legal de aquellas resolu-ciones que disponen correr traslado o vista y que deban ir acompañadas de copias para el traslado. (Resolución de Presidencia n° 21056).

Se concreta en la práctica una apertura al cambio sin que medie un abonado de los valores y principios que informan el derecho laboral y la garantía constitucional del debido proceso, aspecto consustancial a la seguridad jurídica.

6- El sistema notificación electrónica es seguro:

El mismo es expresamente previsto por la ley y su implementación o aplicación no queda en la esfera de presunción del juzgador (Eisner, Isidoro “Una reacción saluda-ble en tema de notificaciones judiciales y seguridad jurídica” LL 1989-C-144)

No sólo la previene la ley sino que además la reglamentación de la misma reali-zada por la Suprema Corte ha descartado en su totalidad las críticas que le efectúan los demandantes.

7- No vulnera el principio de división de poderes sino que por el contrario res-guarda el equilibrio de poderes del sistema republicano consagrado en la Constitución y el principio de supremacía constitucional:

En el tema es suficientemente ilustrativo las manifestaciones vertidas por los legisladores en oportunidad de sancionar la ley, de donde surge claramente que no existe una delegación legislativa sino la delegación de la reglamentación o sistematización de la ley.

En la oportunidad se dijo “...si se pueden cometer errores creo que la misma Jus-ticia los va a subsanar, tan así es que en el inciso 4) de este proyecto de ley dice clara-mente que va a estar bajo el paraguas de una futura acordada que tiene que dictar la Cor-te Suprema para intentar minimizar los riesgos, no generalizar de golpe esta mo-dificación llevándola a toda la Provincia ni a todas las notificaciones necesarias en el proceso laboral, de tal manera que teniendo como base fundamental el criterio superior de intentar modificar el proceso judicial y teniendo el resguardo suficiente de que no se va a obstaculizar o que esta modificación va en detrimento de la seguridad jurídica del proceso....”

Y, además, se agregó “...el inciso 4) es el punto en que se habla de internet, esto que es la tecnología, lo moderno, y está diciendo algo muy simple: la Corte reglará esto. Si nosotros no somos capaces, el Poder Legislativo, de pensar que la Corte de la Provin-cia va a reglar un procedimiento adecuado en la implementación práctica de esto, esta-mos perdidos. Si no somos capaces de confiar en la Corte, una cosa que nos están pi-diendo....las Cámaras Laborales, y lo ha dicho el presidente de la Corte en su discurso, que están tratando de establecer procedimientos más ágiles y una correcta administra-ción de justicia sobre la base de mejorarla y desde la Legislatura le decimos que no, le estamos dando un pésimo mensaje a toda la colectividad mendocina. Si no podemos confiar en lo que va a hacer la Suprema Corte de la Provincia, en reglar esto en las si-tuaciones mediante acordadas, que es la forma en que la Corte siempre ha ejercido su poder legislativo. Cada poder del Estado tiene los tres poderes en sí mismo, la Corte tiene este poder reducido a legislar, que es a través de la acordada y que es como se ha implementado siempre la reforma.

Cuando se reformó el Código de Procedimientos Penal dijimos: “La Corte regla-rá por acordada, cómo se va a hacer”. Lo hicimos en Mendoza, lo hacen en Córdoba, en Santa Fe y lo hacen en la Nación, porque no hay otra manera de implementar estos deta-lles que no los podemos legislar acá...” (fs. 3677/3678 3677/3678 y 3680 del Libro de sesiones de la H.C.S.)

C- CONCLUSIÓN:

A modo de síntesis considero que los incs. 3 y 4 del art. 34 del C.P.L. modifica-dos por la ley 7195 supera el test de razonabilidad, especialmente si existe conformidad con la interpretación propuesta del primero, en el sentido de considerar que la notifica-ción en el expediente, cuando se realiza al trabajador que asiste solo (sin asistencia letra-da) a compulsarlo, no suple la que corresponda realizar de esa misma resolución en el domicilio legal, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 35 de ese cuerpo legal.

Ello impide la declaración de inconstitucionalidad en los términos demandados, lo que no obsta que el interesado haga valer el derecho a obtener la declaración de in-constitucionalidad en el caso concreto y en la medida en que acredite la efectiva lesión de los derechos y garantías constitucionales que le asisten.

Por ello y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, consi-dero que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad deducida.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. Pedro J. Llorente y Aída Kemelmajer de Carlucci por sus fundamentos adhieren al voto precedente.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HERMAN A.SALVINI, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. Pedro J. Llorente y Aída Kemelmajer de Carlucci adhieren al voto precedente.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. HERMAN A. SALVINI, dijo:

Teniendo en cuenta el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestio-nes debatidas lo que ha determinado la falta de controversia por parte de la demandada y Fiscalía de Estado, y que las dificultades interpretativas que genera la norma cuestiona-da ha determinado en la actora razones valederas para litigar, corresponde imponer las costas en el orden causado.

En cuanto a la regulación de honorarios tratándose de una acción declarativa que no tiene traducción económica directa se han de regular teniendo en consideración las pautas contenidas en el art. 10 de la ley arancelaria (LS 319-072), determinándose los honorarios del patrocínate en la suma de pesos seis mil ($ 6.000)

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. Pedro J. Llorente y Aída Kemelmajer de Car-lucci adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 13 de marzo de 2008.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I. No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad entablada por la Confedera-ción General del Trabajado (C.G.T.), la Unión Obreros de la Construcción República Argentina (U.O.C.R.A.), el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabaja-dores del Estado de Mendoza (A.T.E.), el Sindicato Unido Obreros de Estaciones de Servicios, Playas de estacionamiento, Garaje y Gomerías de Cuyo, El Sindicato de Tra-bajadores del Personal de las Industrias Químicas de Palmira, el Sindicato de Obreros de Taxi de Mendoza, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (U.O.M.R.A.), la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la Repúbli-ca Argentina (A.S.I.M.R.A.), la Asociación Obrera Minera Argentina (A.O.M.A.), el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza (S.I.V.E.N.D.I.A.), el Sin-dicato de Trabajadores de la Industria del Cuyo y afines de Mendoza y el Sindicato de Trabajadores de la Industrias de la Alimentación de Mendoza (S.T.I.A.)

II. Imponer las costas en el orden causado (arts. 36 del C.P.C.).

III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Elcira G. de la Rosa, Felix Olmos, Omar r. Saenz, Adolfo E. Marengo, Daniel Lucero Brudesan , Norman Edgardo Pessina y Carlos C. Guiñazú, en la suma de pesos dos mil ($ 2.000) en conjunto; a los Dres. Marcelo H. Venier, Carlos A. Venier (Mat. 824) y Carlos A. Venier (h), Claudia Mazurenco y Mirta Zelarrayán, en la suma de pesos cuatro mil ($ 4000) en conjunto. Omitir la regulación de honorarios del resto de los profesionales de la Provincia de Mendoza y Fiscalía de Estado por aplicación de la ley 5394. Regular los honorarios co-rrespondientes a la instancia recursiva de fs. 223/24 y a cargo de la parte actora, a la Dra. Elcira G. de la Rosa en la suma de pesos cuatrocientos veinte ($ 420), al Marcelo H. Venier en la suma de pesos ochocientos cuarenta ($ 840) y al Dr. Pedro A. García Espetxe en la suma de pesos seiscientos ($ 600) (arts. 2, 3, 13, 15, sgtes y cc. de la ley 3641).

NOTIFÍQUESE.

Voces: DEFENSA EN JUICIO ~ DERECHO PROCESAL ~ ERROR EXCUSABLE ~ ESCRITO JUDICIAL ~ EXCESO RITUAL MANIFIESTO ~ EXPRESION DE AGRAVIOS ~ INFORMATICA JURIDICA ~ SISTEMA INFORMATICO




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