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Situacion actual y perspectivas del comercio electronico en la region


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SEMINARIO – TALLER: “SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN LA REGION”


SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Desde hace varios años, el gobierno colombiano ha buscado masificar el uso de las tecnologías de la información con miras a aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno y socializar el acceso a la información, según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo para los años 1998 a 2002.


Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen una oportunidad a los países en vías de desarrollo para que den un salto en su evolución política, social y cultural, disminuyendo la brecha que Los separa de los países desarrollados. Adicionalmente permiten el desarrollo de una nueva economía (e-economy), la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización del acceso a la información y la adquisición y utilización eficaz del conocimiento, fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna al constituirse en un elemento generador de conocimiento, crecimiento e igualdad social.
Recientes estudios del Banco Mundial sobre desarrollo económico1 señalan que lo que distingue a los países avanzados de los subdesarrollados es no sólo que éstos últimos tienen menos capital sino también menos conocimientos. Las TI y las comunicaciones son una herramienta indispensable para utilizar eficientemente la información, lo que permite desarrollar una economía basada en el conocimiento al facilitar la adquisición, absorción y comunicación; adicionalmente, su uso masivo permite crear un entorno económico atractivo, que facilita la participación de la sociedad colombiana en la nueva e-economía y constituye un factor alternativo de crecimiento económico.
En desarrollo de esta política, Colombia ha estado al tanto de las discusiones originadas en el ámbito mundial en materia de comercio electrónico, al considerar que este constituye un elemento necesario para impulsar la actividad económica nacional.
I. ANTECEDENTES
Desde mediados de los años 90, en Colombia se comenzó a desarrollar el tema de las TIC y mediante el Plan Nacional de Desarrollo (1998-2000) se definieron objetivos gubernamentales en materia de telecomunicaciones que buscaban lograr que este sector contribuyera al aumento de la productividad y la competitividad y a consolidar el proceso de descentralización; uno de los objetivos consiste en propiciar el desarrollo de la infraestructura colombiana de la información.
En febrero del año 2000 se aprobó el programa de Agenda de Conectividad para lograr la masificación del uso de las TIC y con ello el aumento de la competitividad del sector productivo, la modernización de las instituciones públicas y de gobierno y la socialización del acceso a la información y a la educación en el país, mediante programas y proyectos específicos para trabajar con la comunidad, el sector productivo y el gobierno. Dentro de esta estrategia se definió que el Estado debe convertir en propósito nacional la asimilación y masificación de las TIC, en particular Internet y ser un promotor en la creación de condiciones favorables para el desarrollo de estas tecnologías.
En este mismo sentido, se expidió la Directiva Presidencia 002, la cual reglamentó las políticas que las organizaciones gubernamentales deberán cumplir para la introducción de las TIC.
Adicionalmente se creó un grupo interinstitucional de expertos en materia de comercio electrónico, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y la participación de miembros del sector público, privado y académico. Este grupo ha analizado y desarrollado las políticas de comercio electrónico nacionales, así como ha definido la posición de Colombia en el seno de los diferentes organismos internacionales que tratan el tema del comercio electrónico, a los cuales pertenecemos.
En este orden de ideas, vemos la gran importancia de nuestra participación en las discusiones de comercio electrónico dentro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el ALCA y la OMC.
CNUDMI, establecida en 1966 por la Asamblea General de la ONU, es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional. Conscientes que las disparidades existentes entre las distintas legislaciones nacionales generan obstáculos al comercio, se creó esta Comisión con el mandato de fomentar la armonización y la unificación progresiva del derecho mercantil internacional. Para tales efectos, la Comisión lleva a cabo sesiones anuales y se encuentra dividida en 3 grupos de trabajo para la realización de las labores preparatorias de los temas a tratar, uno de los cuales consiste en Comercio Electrónico y se reúnen una o dos veces al año. Esta Comisión cuenta en la actualidad con 36 Estados miembro, entre los cuales se encuentran miembros de la Aladi como Brasil (2001), México (2001), Paraguay (2004), Colombia (2004), Argentina y Uruguay (2004 - alternan anualmente); igualmente, todos los Estados que no son miembros, así como las organizaciones internacionales interesadas, pueden asistir como observadores a las sesiones de la Comisión. De esta manera, Colombia participó como observador en la (CNUDMI) hasta 1998, año en el cual comenzamos a participar como Estado miembro.
Dentro de las recientes reuniones del ALCA, el grupo de comercio electrónico realizó cinco recomendaciones principales: adelantar acciones para definir un marco legal en materia de comercio electrónico a través del cual se facilite la competencia equilibrada entre el comercio tradicional y el comercio electrónico; adelantar acciones para incrementar el uso masivo del Internet y facilitar la relación gubernamental con las comunidades, así como el estímulo a las PYMES para participara de procesos de capacitación y licitaciones en línea; eliminar condiciones arancelarias, aduaneras e impositivas que limiten o desestimulen el uso del comercio electrónico; establecer un tratamiento aduanero simplificado y transparente para facilitar las operaciones internacionales de los consumidores y envíos express y determinar políticas no discriminatorias sobre entidades de certificación, firma electrónica y de neutralidad tecnológica que permitan la libre competencia.
Adicionalmente, Colombia ha adelantado acuerdos con países como Estados Unidos, con quien firmamos una Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico destinada, entre otras cosas, a explorar formas de contribuir al comercio electrónico por medio de la cooperación intergubernamental y de sus sectores productivos, estimular al sector privado para convertirse en e-business y estimularlos para desarrollar el comercio electrónico .
II. SITUACIÓN ACTUAL
Para analizar correctamente la situación colombiana frente al tema del comercio electrónico, es necesario descomponer el análisis en tres aspectos: el aspecto normativo o legal, el aspecto tecnológico y el aspecto cultural.
1. Normatividad
Desde hace varios años, el progreso del comercio electrónico ha sido de gran interés para Colombia pues constituye una alternativa de impulso a nuestro desarrollo y crecimiento de la economía, así como la manera de estar ser competitivos a escala mundial. Previendo la necesidad de modernizar la legislación colombiana para incorporar una normatividad que ofreciera a los usuarios de las tecnologías de la información unos lineamientos claros frente a la esencia y los procedimientos que se utilizarían en este ámbito, se reconoció la necesidad de crear un contexto jurídico que diera validez y seguridad a las transacciones realizadas a través de mensajes de datos.
Así, de manera pionera, Colombia adoptó las recomendaciones realizadas por la CNUDMI. Tras la aprobación en esta Comisión de la Ley Modelo de Comercio Electrónico en 1996 y nuestro ingreso como miembros en 1998, se incorporaron al derecho colombiano los lineamientos en ella establecidos, expidiéndose la Ley 527 del 18 de agosto de 1999, por medio de la cual se definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, se establecieron las entidades de certificación y se dictaron otras disposiciones al respecto. Adicionalmente, el 11 de septiembre de 2000 se expidió el Decreto 1747, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley de Comercio Electrónico en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y firmas digitales y el 26 de octubre de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 26930, definiendo los estándares para la autorización y funcionamiento de entidades certificadoras y auditores. Adicionalmente, se expidió en octubre del año pasado la Resolución 307 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, estableciendo una tarifa plana para el servicio de Internet; mediante la Ley 599 de julio de 2000 se modificó el Código Penal, incluyendo disposiciones que determinan la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones como delitos, lo cual es ampliamente aplicable a la información contenida y divulgada por medios electrónicos.
a. Ley 527 de 1999
Esta ley determina como ámbito de aplicación todo tipo de información en forma de mensaje de datos (salvo en obligaciones contraídas por el Estado en convenios o tratados internacionales y en advertencias escritas que, por disposición legal, deban ir impresas en productos debido al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo) y define conceptos básicos como mensajes de datos (la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medio electrónicos, ópticos o similares como el Intercambio Electrónico de Datos –EDI– Internet, correo electrónico, el telegrama, teles o telefax, entre otros), comercio electrónico (los asuntos que surjan de toda relación comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar), firma digital (definida como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que determina que se ha obtenido con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado), Entidad de Certificación (aquella persona que está autorizada y facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos y cumplir otras funciones relativas a las firmas digitales), Intercambio Electrónico de Datos, EDI (la transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, estructurada bajo normas técnicas convenidas) y Sistema de Información (todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar mensajes de datos). De esta manera, se establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.
Los puntos más importantes introducidos mediante esta ley son:

  • Requisitos jurídicos de los mensajes de datos: la ley determina la obligación de aceptar los mensajes de datos como documentos, registros o información solicitada por las normas, siempre y cuando sea accesible para posterior consulta y se garantice su integridad (permanece el contenido original, de manera completa e inalterada). De requerirse una firma, debe entenderse satisfecho este requisito con un mensaje de datos que permita identificar al iniciador, su aprobación sobre el contenido del dato y la no alteración del mensaje original, mediante un método confiable y apropiado; es decir que la ley solicita que se garantice la confidencialidad, integridad y autenticación del contenido del mensaje de datos. Adicionalmente, los mensajes de datos serán admisibles como medio de prueba y en ninguna actuación administrativa o judicial se podrá negar eficacia, validez o fuerza obligatoria o probatoria a la información consignada en un mensaje de datos por el simple hecho de ser un mensaje de datos; para su valoración deberán emplearse los criterios establecidos para todas las pruebas.

  • Comunicación de los mensajes de datos: teniendo en cuenta que existen unos procedimientos determinados para identificar la veracidad del iniciador, se entiende que un mensaje ha sido enviado y proviene de él cuando este procedimiento se cumple y se identifica la identidad del iniciador, cuando actúa una persona facultada por el mismo o cuando el iniciador (o en su nombre) programa un sistema de información que operar automáticamente. En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración; la oferta y aceptación de un contrato podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. Las partes pueden acordar que se acuse recibo, por medio del cual se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje de datos; sin embargo, esto no implica que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido, salvo que se indique en el acuse de recibo que el mensaje cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma.

  • Expedición, recepción y lugar: salvo acuerdo en contrario, un mensaje de datos se tiene por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje en su nombre. Así mismo y si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción, el momento de recepción del mensaje de datos será en el momento en que éste ingrese en el sistema de información designado o en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos, de haber sido enviado a otro sistema; si no se ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. El mensaje de datos se entiende expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido el lugar donde el destinatario tenga el suyo; si las partes tienen mas de un establecimiento, será el que guarde más estrecha relación con la operación subyacente o su establecimiento principal, si no existe operación alguna. Si no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual.

  • Incorporación por remisión: cuando en un mensaje de datos se haga remisión total o parcial a directrices, normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones o términos fácilmente accesibles con la intención de incorporarlos como parte del contenido o hacerlos jurídicamente vinculantes, se presume que esos términos están incorporados por remisión a ese mensaje de datos, salvo acuerdo en contrario.

  • Comercio electrónico en transporte de mercancías: cuando la ley requiera que se lleven a cabo por escrito o mediante documento emitido en papel actos como la notificación del cláusulas y condiciones del contrato, la promesa de entrega de la mercancías, la indicación de las marcas, número, cantidad, peso de las mercancías, la concesión, adquisición, renuncia, transferencia o negociación de algún derecho sobre mercancías, entre otros, quedará satisfecho dicho requisito cuando se lleve a cabo por medio de uno o más mensajes de datos, lo cual no afectará los derechos y obligaciones de las partes.

  • Firmas Digitales: cuando se fije una firma digital en un mensaje de datos, se presume que el suscriptor tenía la intención de acreditar ese mensaje y ser vinculado con su contenido; la firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que la firma manuscrita si es única a las persona que la usa, es susceptible de ser verificada, esta bajo control de la persona que la usa, está ligada a la información o mensaje inalterados y está conforme a las reglamentaciones del gobierno.

  • Entidades de Certificación: la ley establece que podrán ser entidades de certificación las personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y las cámaras de comercio, que previa solicitud sean autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio al cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno y contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios correspondientes, contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos y que los representantes y legales administradores no sean personas condenadas a penas privativas de la libertad (excepto por delitos políticos culposos) o suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la ética. Estas entidades podrán emitir certificados sobre las firmas digitales y la verificación respecto de la alteración entre el envío y la recepción del mensaje de datos y ofrecer servicios de registro y estampado cronológico y de archivo y conservación de mensajes de datos, en contraprestación de una remuneración establecida por estas entidades.

  • Certificados: los certificados, además de estar digitalmente firmados por la entidad, deberán contener nombre, dirección y domicilio del suscriptor, identificación del suscriptor nombrado en el certificado, clave pública, metodología para verificar la firma y número de serie del certificado. De esta manera y salvo acuerdo entre parte, se entiende que un suscriptor ha aceptado un certificado cuando la entidad, a solicitud de este, lo ha guardado en un repositorio; el suscriptor podrá solicitar a la mismo entidad la revocación del mismo por voluntad propia, pero será obligado a hacerlo en el evento de pérdida o peligro a uso indebido de su clave privada, so pena de responsabilidad. Se establece que los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de certificación extranjeras podrán ser reconocidos en los mismo términos por las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando sean reconocidos por una entidad de certificación que garantice la regularidad de los detalles del certificado, su validez y vigencia.

  • Suscriptores de firmas digitales: estas personas tienen el deber de recibir o generar la firma digital, suministrar la información que requiera la entidad de certificación, mantener el control de la firma digital y solicitar oportunamente la revocación de los certificados. Así mismo serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la entidad de certificación y por incumplimiento de sus deberes.

  • Superintendencia de Industria y Comercio: esta entidad ejercerá las facultades que le han sido asignadas respecto a las entidades de certificación, así como autorizar la actividad de las entidades de certificación, velar por el funcionamiento y eficiente prestación del servicio por parte de estas, realizar visitas de auditoría, revocar o suspender la autorización para operar como entidad de certificación, solicitar la información pertinente par el ejercicio de sus funciones, imponer sanciones a las entidades que no cumplan con sus obligaciones, ordenar la revocación de certificados cuando la entidad de certificación los emita sin cumplimiento de los requisitos, designar los repositorios y entidades de certificación, emitir certificados en relación con las firmas digitales de las entidades de certificación, e impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales deben sujetarse las entidades de certificación. Adicionalmente, podrá imponer sanciones a las entidades de certificación, según la naturaleza y gravedad de la falta.

b. Decreto 1747 de 2000


Este decreto profundiza las disposiciones contenidas en la Ley 527 frente a las entidades certificadoras, los certificados y las firmas digitales. De esta manera define conceptos como iniciador (persona que envíe o genere un mensaje de datos), suscriptor (persona a cuyo nombre se expide un certificado), repositorio (sistema de información utilizado para almacenar y recuperar certificados y otra información relacionada con los mismos), clave privada (valores que, utilizados conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, sirven para generar la firma digital de un mensaje de datos), clave pública (valores que son utilizados para verificar que una firma digital fue generada con la clave privada del iniciador), certificado en relación con firmas digitales (mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide como al suscriptor y contiene la clave pública de éste), estampado cronológico (mensaje de datos firmado por una entidad de certificación que sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un periodo de tiempo), entidad de certificación cerrada (entidad que ofrece servicios propios de las entidades de certificación, sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello), entidad de certificación abierta (la que ofrece los servicios de las entidades de certificación tales que su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el suscritor y recibe remuneración por esto) y declaración de prácticas de certificación – DPC (manifestación de la entidad de certificación sobre las políticas y procedimientos que aplica para la prestación de sus servicios).
Teniendo en cuenta que nuestra legislación determina la existencia de entidades de certificación abiertas o cerradas, dependiendo de la finalidad de las mismas, este Decreto establece que las entidades de certificación cerradas deberán acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que sus representantes no están incursos en causales de inhabilidad previstos en la ley 527 y que están en capacidad de cumplir los estándares mínimos que fije la Superintendencia para obtener su autorización de funcionamiento. Por su parte y respecto a las entidades de certificación abiertas, la Superintendencia de Industria y Comercio determina que éstas deberán particularizarse y acreditar ente dicha entidad la personería jurídica o condición de notario o cónsul, que sus administradores no están incursos en las causales de inhabilidad mencionadas, la declaración de prácticas de certificación satisfactoria, un patrimonio mínimo de 400 salarios mínimos, la constitución de las garantías requeridas, la infraestructura y recursos requeridos, un informe inicial de auditoría satisfactorio y un mecanismo de ejecución inmediata para revocar los certificados expedidos.
Este Decreto establece la posibilidad de reconocer los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de certificación extranjeras, lo cual se hará mediante certificado expedido por parte de entidades de certificación autorizadas en Colombia para ello.
Adicionalmente, las entidades de certificación responderán por los perjuicios que causen en ejercicio de su cargo y las entidades responderán por el cumplimiento de sus deberes, la correcta actualización de cierta información y los perjuicios que ocasionen una vez cumplidas las formalidades para su revocación.

c. Resolución 26930 de 2000


Esta Resolución, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de autorizar a las entidades de certificación en el territorio nacional y velar por su funcionamiento y eficiente prestación del servicio, establece los estándares tecnológicos para el funcionamiento de las entidades de certificación y sus auditores. Así, la Superintendencia determina los respectivos requisitos para convertirse en entidades de certificación cerradas y abiertas, la información de deben presentar y el procedimiento para su cesación de actividades; igualmente señala los requisitos y deberes de las firmas auditoras y sus informes de auditoría, los estándares para algoritmos de firma, generación de par de claves, generación de firma digital, certificados en relación con la firma digital y listas de certificación revocados. También determina que los sistemas de las entidades de certificación deben tener un sistema confiable que adopte políticas, planes y procedimientos de seguridad y regula el contenido de los certificados por ellas expedidos.
d. Resolución 307 de 2000
Esta Resolución, expedida el 2 de octubre por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, busca promover el acceso a Internet a través de la imposición de planes tarifarios. De esta manera, la CRT determinó unas tarifas máximas para el acceso a Internet, que deberán observar los operadores de TPBCL y los operadores de valor agregado y telemáticos que presten este servicio (ISP); estas tarifas pueden ser actualizadas anualmente y están sujetas al régimen de subsidios y contribuciones, según estratos.
e. Código Penal
El año pasado se modificó el Código Penal, incorporando delitos a la violación de la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones, tales como la violación ilícita de comunicaciones (art. 192), el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre particulares (art. 193), la divulgación y empleo de documentos reservados (art. 194), el acceso abusivo a un sistema informático (art. 195), la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 196) y la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores (art. 197). De esta manera, se da más seguridad a las transacciones realizadas por medios electrónicos pues existe una sanción penal para su violación.

En el ámbito internacional, se aprobará próximamente en el seno de la CNUDMI la Ley Modelo de Firmas Electrónicas, en cuya preparación participó activamente en Colombia. Si bien la legislación colombiana ya incluye una normatividad respecto a las firmas electrónicas, se hicieron comentarios pertinentes al proyecto de ley de la CNUDMI sobre disposiciones allí contenidas. Nuestro primer comentario fue encaminado hacia la necesidad de preservar un vínculo entre la normatividad en materia de comercio electrónico, siendo un objetivo de esta Comisión la armonización y unificación del derecho en este ámbito con miras a proporcionar seguridad jurídica y disminuir la incertidumbre sobre las relaciones comerciales electrónicas; entre Ley Modelo de Comercio Electrónico y la Ley Modelo de Firmas Electrónicas no se mostró suficiente correlación, pues en la segunda no se hace referencia específica a algunos lineamientos ya contenidos en la Ley Modelo de Comercio Electrónico, como los relativos a los equivalentes funcionales. Adicionalmente comentamos sobre aspectos técnicos contenidos en el Proyecto de Ley Modelo y diferencias mínimas entre Proyecto de Ley Modelo de Firmas Electrónicas y nuestra legislación nacional, en tanto en la primera se habla de entidades de certificación abiertas y cerradas dependiendo de si se derivan de una relación contractual o no, mientras en Colombia, estos conceptos tienen definiciones diferentes (se diferencias dependiendo de los costos de la certificación y/o la relación y efectos ante terceros).



2. Infraestructura
Si bien hemos logrado grandes avances en materia normativa, el panorama tecnológico no es tan positivo.
Siendo uno de nuestros objetivos crear un entorno económico atractivo con miras a lograr un crecimiento económico al incentivar las inversiones extranjeras y fomentar la creación de compañías locales, es necesario obtener dicho ambiente adecuando la infraestructura física del país (vías de comunicación, puertos, redes de comunicación), multiplicando la mano de obra disponible y mejorando su educación y capacitación. Para lograr esto, resulta indispensable desarrollar una sociedad en la que se fomente el uso y aplicación de las TIC.
Según el documento CONPES del 9 de febrero de 2000 realizado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, la capacidad para procesar eficientemente la información está sujeta al nivel de desarrollo del país en cuanto a infraestructura de información, la cual mide la capacidad de recibir y enviar información en formatos de voz, texto y video2, infraestructura computacional, la cual mide la capacidad para recibir, manipular y transmitir información digital a través de computadores personales e Internet3, e infraestructura social, la cual mide la capacidad de los ciudadanos para aprovechar las TIC4.
En este sentido, la diferencia del promedio colombiano frente al promedio mundial en el caso de la infraestructura de la información no es muy marcada, debido, en gran parte, a la liberalización del mercado y los cambios introducidos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios (el Estado pasó de ser operador a desempeñar funciones de regulación, vigilancia y control). En los últimos años se ha iniciado una política encaminada al aumento de la cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones para mejorar el acceso de los servicios de telefonía en todo el territorio nacional.
En cuanto a la infraestructura computacional, la situación de disparidad es evidente. Según cifras contenidas en este documento, la densidad de computadores apenas llega a 34 por cada 1.000 habitantes en Colombia, mientras que el promedio en América Latina es de 40. Adicionalmente, se observa que la infraestructura nacional de Internet está muy rezagada respecto a la gran mayoría de países, incluidos los latinoamericanos; Colombia tiene menos de la mitad de las conexiones a Internet que debería tener dado su nivel de ingresos, lo cual se debe, en parte, a que los proveedores del servicio de Internet (ISP) solamente prestan el servicio en menos del 50% de las ciudades del país (en 57 ciudades). Inclusive con el sistema de tarifa especial para conexión de Internet las cifras son poco alentadoras: para el año 1998, únicamente el 0.05% de la población colombiana estaba conectada a Internet y para mediados del año 2000, los usuarios de Internet eran aproximadamente 600.000 (1.5%).
Conexiones a Internet per Cápita (1998)




Conexiones (Hosts) a Internet / 1.000 Habitantes

Finlandia

107.10

USA

87.20

Reino Unido

22.60

Corea

4.22

Chile

2.03

Argentina

1.73

Brasil

1.05

México

0.93

Venezuela

0.61


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$FILE -> El Comercio Electrónico en México
reuniones.nsf -> La economia del ecuador transita por la ruta del proceso de modernizacion, por lo que se han llevado a cabo una serie de reformas estructurales
reuniones.nsf -> País: Ecuador
reuniones.nsf -> Impacto de la crisis de Estados Unidos en Colombia
nsfaladi -> Actividad v-15: Estudio comparado sobre la definición y consideración de los temas vinculados a las tic en otros esquemas de integración
nsfaladi -> Identificación de factores endógenos y exógenos que inciden en la participación de los países de menor desarrollo económico re
reuniones.nsf -> Aplicación del acuerdo sobre la agricultura
reuniones.nsf -> Plan Nacional de Promoción de Exportaciones
reuniones.nsf -> Las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas
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