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Se abre la sesión a las dieciséis horas. El señor presidente: Buenas tardes, señorías


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680000241

2.5. Pregunta sobre la intención del Gobierno de seguir impulsando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que el Ministerio Fiscal ordene la instrucción de las causas judiciales, así como limitar o eliminar la institución de la acusación popular.

(Núm. exp. 680/000241)

Autora: CELIA CÁNOVAS ESSARD (GPPOD)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Celia Cánovas. Tiene la palabra su señoría.
La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, presidente.

Señor Catalá, de las filtraciones de las conversaciones telefónicas del caso Lezo, que todo el mundo conoce, destaco la que tenía el señor González, hoy en la cárcel, expresidente de la Comunidad de Madrid, con el exministro señor Zaplana, exdiputado, exsenador, hoy alto cargo de Telefónica, y conversaciones que tuvo también con miembros o exmiembros del Consejo General del Poder Judicial. En estas conversaciones se habla con toda naturalidad de que es mejor este fiscal -fiscal general-, este fiscal anticorrupción, este fiscal para la Audiencia Nacional, se menciona incluso el nombre del señor Moix, que curiosamente después es nombrado pese a no tener las cualidades necesarias. Pero también se le menciona a usted, señor Catalá, varias veces, como persona que facilita esta situación, persona facilitadora de los hechos, porque si no, no tiene sentido.

Entendemos que este hecho es muy grave: que un ministro de Justicia sea mencionado por presuntos –hablo de presunción− corruptos en una conversación telefónica. Creo que esto quiebra toda la credibilidad que los ciudadanos puedan tener en la justicia y en el Ministerio de Justicia, naturalmente. Lo malo es que estos cambios que propugnaban estos presuntos corruptos en las conversaciones se producen, como he dicho anteriormente, en la realidad y el Gobierno, con su actuación –hoy el presidente del Gobierno se ha negado a responder sobre la corrupción que existe en España− demuestra que está interesado en acotar y controlar más que nunca las investigaciones de las tramas de corrupción, en impartir órdenes desde la Fiscalía General del Estado, es decir, en controlar toda investigación contra los miembros aforados, o sea, cargos políticos electos. ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos cuando ocurren estas cosas? Ninguna.

En cuanto a la acusación popular, una de sus propuestas consiste en que sea suprimida o reducida a su mínima expresión. Entendemos que esta propuesta es un insulto a la inteligencia, precisamente porque esta acusación popular ha sido la única que ha denunciado, que ha instruido un procedimiento ante la inactividad del Ministerio Fiscal. Me remito a conocidos casos que obvio señalar por ser sobradamente conocidos.

Y ante esto, señor Catalá, le quisiera preguntar si después de las noticias del denominado caso Lezo -en el que se han puesto de manifiesto circunstancias que pueden poner en entredicho, o mejor dicho, ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal- el ministerio piensa seguir impulsando la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal en el sentido de que el Ministerio Fiscal sea el que ordene la instrucción de las causas judiciales, así como eliminar o limitar la institución de la acusación popular.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.

Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señora Cánovas, permítame que empiece poniendo de manifiesto mi disconformidad con alguna de sus consideraciones. Usted dice que en algunas noticias se pone de manifiesto la pérdida de imparcialidad por parte del Ministerio Fiscal. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, yo creo que el Ministerio Fiscal es una institución, las instituciones al final son personas, reglas y una organización, y los 2500 fiscales que cada día trabajan en defensa del interés general no pueden ser acusados impunemente de no ser imparciales, porque hacen su trabajo con total cualificación.

Y para que puedan trabajar bien, señoría, precisamente lo que necesitan es tener buenas herramientas, y las herramientas de los juristas, de los fiscales, son las leyes, los medios materiales y un número suficiente de dotaciones. Tenemos que dotar a los fiscales de mejores herramientas para que hagan mejor su trabajo. Por eso, es muy necesario reformar la Ley de enjuiciamiento criminal, y no es que lo diga yo, no es que lo diga este Gobierno: lo vienen diciendo la doctrina, las asociaciones de fiscales, lo vienen diciendo gobiernos anteriores -el Gobierno del Partido Socialista- y el Partido Socialista firmó un acuerdo con Ciudadanos el año pasado donde se planteaba la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal para que el fiscal lleve a cabo la investigación. Me parece que el consenso es bastante amplio para que tengamos una ley del siglo XXI, una ley que agilice la investigación y que termine las causas cuanto antes sin que se dilaten como está pasando, lamentablemente, pues tardan años y años la investigación y el enjuiciamiento de las causas penales.

Estoy seguro de que su señoría estará de acuerdo con eso, con que hay que agilizar el funcionamiento de la Justicia. Por lo tanto, me parece que es bastante evidente la necesidad de una reforma de nuestra ley del siglo XIX, y en ese contexto, en el de la reforma, en el de una nueva ley, con un fiscal investigador, con una actualización de los procedimientos, sin duda también habrá que revisar la institución de la acusación popular. ¿Usted cree que la acusación popular es una garantía de vigilancia y una garantía de que nada queda al margen del control de la Fiscalía y de los juzgados? Bueno, yo creo que existen mecanismos suficientes en un Estado de derecho para no tener que confiar a sindicatos espurios la acción de la Justicia.



Confiemos en las instituciones, confiemos en la Fiscalía y también en la justicia y no hará falta que alguien, que no sabemos muy bien qué intereses defiende, lo que ha ocurrido, como sabe su señoría, en algunas ocasiones, tenga que ejercer esa acusación popular. Revisemos la acusación popular; revisemos qué delitos pueden seguir ejerciéndose en esa vía y quién está legitimado para iniciarla. En todo caso, señoría, confiemos en la justicia. No puede ser que cuando el Tribunal Supremo archiva alguna causa que tiene que ver con personas de su partido sea un magnífico tribunal y que cuando el mismo ponente de esa sentencia es nombrado fiscal general del Estado se convierte en alguien de cuya imparcialidad se duda.

Por lo tanto, sería muy conveniente que apoyásemos las instituciones, que reformásemos las leyes en el sentido que sea necesario, y que fortaleciésemos nuestro Estado de derecho.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

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