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Schvarzer, Jorge


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Prestaciones sociales y bienes públicos
La legislación fue estableciendo una serie de beneficios sociales para los trabajadores que se sumaba a los que estos obtenían en sus negociaciones por rama o sector con los empleadores. Una primer tanda de decisiones a mediados de la década del cuarenta marcó hitos en ese sentido y creó una lógica que se mantuvo a lo largo del tiempo; de hecho, medidas de ese mismo carácter fueron tomadas por casi todos los gobiernos que sucedieron al primer peronismo hasta mediados de la década del setenta.

En 1945 se estableció el pago de un sueldo anual complementario (aguinaldo) a todos los trabajadores. Ese mismo año se legisló el derecho a vacaciones pagas de duración variable según la antigüedad del empleado en su puesto; más tarde se extendió el régimen de retiro por edad (hasta entonces sectorial) a todos los trabajadores, financiado con un aporte sobre el salario de cada uno. En 1957 se fijaron asignaciones obligatorias a los trabajadores con familia, solventadas con un aporte del conjunto de asalariados. En 1958 se estableció el pago a jubilados y pensionados de un porcentaje fijo del salario correspondiente de los trabajadores en actividad. En 1964 se legisló el llamado salario mínimo, vital y móvil que se debe regular periódicamente en función de las variaciones en el costo de la vida. En 1970 se creó un régimen general y obligatorio de obras sociales, para atender la salud de los trabajadores y sus familias, cuya operación y control se otorgó a los sindicatos.

Esa masa de beneficios sociales no tuvo siempre la misma eficacia pero se fue estableciendo como un complejo sistema de protección social reconocido y defendido por los asalariados. Sus costos fueron (y son) difíciles de evaluar y, al igual que sus beneficios, no siempre recayeron en los sectores propuestos. El aporte jubilatorio de los trabajadores en actividad, por ejemplo, era superior en los primeros años del régimen al costo de sostener a los retirados; el excedente sirvió en los hechos como un impuesto cobrado por el Tesoro que éste aplicaba a gastos generales. Desde mediados de la década del sesenta, en cambio, la masa de jubilados (que pasó del 4% de los asalariados en 1950 al 16% en 1970) elevó las erogaciones del sistema. El régimen de jubilaciones encaró gastos mayores a sus ingresos y su creciente déficit demandó aportes especiales del presupuesto público. A medida que la población envejecía y se reducían las posibilidades de percibir los fondos previstos, esa evolución planteó problemas para el equilibrio de ese último que se hicieron más y más difíciles. El déficit generó una tendencia a reducir el ingreso medio de los jubilados (pese a las normas legales) que cayó del 90% del percibido por los trabajadores activos a mediados de la década del cincuenta a sólo el 60% a comienzos de la década del setenta y a valores relativos menores aún en el período siguiente6.

A esas prestaciones sociales se sumaron otras derivadas de sucesivas políticas públicas destinadas a abaratar bienes esenciales para los sectores populares. Las primeras medidas incluyeron una reducción de los precios del transporte urbano y suburbano poco después de su nacionalización, en 1947, que representaron un apreciable subsidio oficial. En efecto, la caída de las tarifas reales del transporte se transformó en un déficit de las empresas respectivas que repercutió en el Tesoro nacional. Ya a mediados de la década del cincuenta, el subsidio del estado a la empresa ferroviaria era uno de los mayores rubros del presupuesto nacional y un factor que frenaba la posibilidad de llevar a cabo planes de inversión y mejora en ese sistema, considerado estructuralmente deficitario7.

Las protestas sociales contra el alza de las tarifas eléctricas en la segunda mitad de la década del cincuenta llevaron a la estatización de las empresas del sector y a una política de tarifas diferenciales que tendió a subsidiar a los sectores más pobres. Los resultados fueron semejantes a los mencionados para el ferrocarril aunque no tan marcados como aquellos debido a la presión del Banco Mundial; ese organismo internacional aprobó, desde la década del sesenta, una serie de préstamos para el desarrollo del sistema local de energía a condición de que se aplicaran tarifas "adecuadas".

La presión y permanencia del proceso inflacionario llevó a repetidas coyunturas en las cuales la política económica giraba en torno al índice de precios vía el control administrativo de los aumentos de sus principales rubros. En esos casos, el ministro de Economía procuraba contener las tarifas de servicios públicos (sobre todo en los rubros que medía el indicador del costo de la vida), o ciertos bienes de oferta privada, como la carne (cuya incidencia en el índice se mantuvo siempre muy alta debido a la fuerte propensión a su consumo por parte de los sectores populares). Esas políticas eran revertidas cuando el aumento de los costos hacía imposible seguir manteniendo tarifas "políticas" (en el caso de las empresas públicas) u operaciones a pérdida (en el caso de la oferta privada) con la consiguiente explosión de los índices en el momento de ajuste.

Una de las medidas de esa estrategia que tuvo gran impacto fue la prohibición (renovada por un largo período) de corregir los alquileres de las viviendas de acuerdo al índice del costo de la vida. Dicha norma logró que las erogaciones en ese rubro bajaran del 18% del presupuesto de un asalariado en 1943 a sólo el 3% en la década del sesenta (antes de ser eliminada definitivamente)8.

A esos beneficios sociales, prácticamente imposibles de medir pero de enorme impacto en la distribución local del ingreso, así como en la dinámica del sistema productivo local, se agregaron subsidios directos no menos estratégicos. Uno de los mayores consistió en la política de otorgar créditos para vivienda a plazos de 25 años con tasas de interés que no tenían en cuenta el proceso inflacionario; en consecuencia, esos créditos se pagaban en cuotas de igual monto nominal pero cuyo poder adquisitivo se erosionaba por la inflación. A las tasas de alzas de precios vigentes en la Argentina eso implicaba que el valor real de la cuota caía a la mitad en el tercer año y a menos de una décima parte de su valor original en el décimo; el subsidio implícito se acercaba al 80% del valor de la vivienda. Ese sistema permitió construir y entregar hasta cien mil uniades anuales durante la primera mitad de la década del cincuenta que beneficiaron a otras tantas familias obreras; el costo real fue una descapitalización acelerada del organismo que las financiaba (el Banco Hipotecario Nacional) y la demanda de continuos aportes de fondos adicionales. La crisis del Banco, a partir del momento en que el Tesoro encontró serias dificultades para continuar haciendo aportes de tal magnitud, obligó a suspender el sistema; su lógica se retomó a comienzos de la década del setenta mediante la creación de un Fondo financiado por un aporte sobre los salarios. Las cuotas seguían sin ajustarse a la inflación y el Fondo sólo pudo mantenerse mientras se produjo el aporte. En este último caso, operaba como un subsidio que pagaba el conjunto de los asalariados a quienes lograban obtener el crédito correspondientes (que desde el principio incluyó decisiones de favor político, o bien de corrupción lisa y llana).

En resumen, durante varias décadas, el panorama político económico argentino incluyó beneficios sociales a los trabajadores y un sistema de subsidios cuyos montos y efectos no son fáciles de medir pero pueden imaginarse. La extensión de ese último sistema generó la parálisis de varias empresas públicas, aparte del quiebre virtual del Banco Hipotecario Nacional. Las más afectadas fueron los ferrocarriles, que llegaron a un estado de obsolescencia inédito a la década del setenta (y continuaron su deterioro en las décadas siguientes) y el servicio de provisión de agua potable y cloacas que en la práctica suspendió sus inversiones desde mediados de la década del cincuenta de modo que el porcentaje de la población servida por ella decayó en forma continua.


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