• Sala II - CFP 12152/2015/27/CA5 MARRODAN, Flavia M. y otros s/procesamiento Juzgado 11 - Secretaría 22

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    Sala II cfp 12152/2015/27/CA5 marrodan, Flavia M. y otros s/procesamiento Juzgado 11 Secretaría 22


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    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


    Poder Judicial de la Nación


    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

    CFP 12152/2015/27/CA5




    Sala II - CFP 12152/2015/27/CA5
    MARRODAN, Flavia M. y otros
    s/procesamiento
    Juzgado 11 - Secretaría 22
    ////////////////nos Aires, 11 de noviembre de 2016.
    VISTOS: Y CONSIDERANDO:
    I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por las defensas técnicas de Cristina Fernandez de Kirchner - Dr. Carlos Alberto Beraldi-; Pedro Martín Biscay -Dres. Alejandro Rúa y Paula Honisch-; Sebastián Andrés Aguilera -Dres. Cosme Victorio Rombolá y Elena Carubin-; Miguel Angel Pesce -Dra. Andrea Casaux-; Alejandro Vanoli Long Biocca y Flavia Matilde Marrodan -Dras. Ana García y Sheila Borzani Papel-; Alejandro Formento y German David Feldman -Dr. Hernán Canessa-; Juan Miguel Cuattromo -Dr. Ignacio Zunino-; Axel Kicillof -Dr. Guillermo Acuña Anzorena-; Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Pavan y David Rene Jacoby -Dr. Nicolás Corleto-; y Bárbara Emilia Domatto Conti y Mariano Beltrani -Dr. Agustín Alsina; contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado cuya fotocopia se encuentra agregada a fs. 471/543 de este incidente, a través de la cual dispuso los procesamientos de los nombrados en orden a sus responsabilidades en el hecho prima facie calificado como infracción 173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del

    Código Penal, ordenando el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de quince millones de pesos.


    1. En líneas generaleslas defensas

    confluyen en un argumento central: la naturaleza política del tema en debate hace que debiera hallarse excluido de todo examen jurídico penal. Pero también, han sido en su mayoría coincidentes en punto a que el a quo ha omitido evaluar los elementos presentados en sus descargos.

    El Dr. Beraldi agregó que la resolución se inscribe en la maniobra de carácter delictivo que es objeto de investigación de la causa CFP 4211/16 de trámite por ante el Juzgado n° 12 de este fuero. Deriva de ello que lo decidido se trata de un acto irrito. Además de hallarse sin fundamentos válidos y con una arbitraria imputación, sostiene que se ha soslayado que el supuesto perjuicio es el resultado de la intervención del actual gobierno.
    Por su parte, los Dres. Rúa y Honisch sostuvieron que existen diferencias en la imputación entre la indagatoria y el procesamiento. Que este último es arbitrario y erróneo en lo que atañe a la interpretación de las normas del Banco Central de la República Argentina –artículo 18 de la Carta Orgánica- y de la Constitución Nacional –art. 75, inciso 11-, expidiéndose erradamente sobre cuestiones políticas.
    A su turno, los Dres. Rombolá y Carubin también se hicieron eco del argumento vinculado al error de información del juez en materia de operatoria monetaria macroeconómica, que se revela ante su insistencia en afirmar que “precio de mercado” es el de
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    Nueva York, o pretender tomar como referencia el mercado paralelo, extralegal, marginal.
    Para la Dra. Casaux, la resolución se encuentra teñida de razones políticas donde no interesa la prueba de descargo, pues la decisión se hallaba pre concebida. Señala que se mutó la imputación de vender contratos a valores inferiores a modificar los límites. Sostuvo que la resolución está plagada de desaciertos técnicos, como por ejemplo la afirmación de que el BCRA fija la cotización del dólar futuro cuando en realidad el BCRA interviene en el mercado donde se fija la cotización. Asimismo, atacó el encuadre jurídico asignado al hecho.
    Este último aspecto también fue cuestionado por los Dres. García y Borzani Papel, quienes aludieron a la imposibilidad de atribuir coautoría a quienes no detentan la administración de los bienes, a la vez que tampoco se especificó ni la modalidad de la figura reprochada ni su momento consumativo más allá de una hipótesis. Señalaron que el valor de los futuros estaba en línea con el presupuesto 2016 aprobado por ley 27.198, en tanto que el mecanismo de precio es el mismo que el adoptado en el año 2005. Por último, aludieron a la razonabilidad de los aumentos de las posiciones abiertas a poco que se repare en la incertidumbre típica que genera en los mercados todo período electoral.

    El Dr. Canessa propició la nulidad de lo decidido por basarse en definiciones económicas erradas, dogmáticas y arbitrarias.


    En similares términos se expidió el Dr. Zunino, para quien la resolución carece de rigor técnico, se encuentra

    basada en elementos parciales, testimonios no objetivos y artículos de prensa, omitiendo valorar gran cantidad de prueba relevante.
    El Dr. Acuña Anzorena pone énfasis en que la doctrina económica aún no se pone de acuerdo sobre lo que es precio de mercado, sin perjuicio de lo cual para la justicia parece clara la respuesta. Señaló que es el propio Sr. Juez quien reconoce que la operatoria no tuvo fines delictivos, sino el de mantener el tipo de cambio, utilizándose para ello un instrumento legal de política monetaria. Concluyó afirmando que los perjuicios son, en definitiva, producto de la devaluación.

    En su oportunidad, el Dr. Corleto afirmó que el a quo efectuó una valoración equivocada, sin pruebas y con una mala interpretación de las normas reguladoras de la Comisión Nacional de Valores, no logrando acreditar ni mínimamente la supuesta subordinación a que alude. Agrega que se ha soslayado que la intervención dominante y monopólica del BCRA es en varios mercados y con diferentes instrumentos a través del tiempo.


    Finalmente, el Dr. Alsina afirmó que el fallo tiene estricta motivación política, encontrándose anclado en artículos periodísticos y unos pocos testimonios. No sólo contiene errores conceptuales sobre temas económicos sino también sobre temas jurídicos, tanto en lo que hace al dolo como a la coautoría y responsabilidad objetiva. Concluye señalando que el perjuicio económico es, en todo caso, achacable al actual gobierno.
    Por último, es de indicar que todas las partes cuestionaron subsidiariamente el monto del embargo fijado por considerarlo excesivo.
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    III. El primer examen se relaciona con la validez de la decisión adoptada por el a quo, atendiendo a los planteos que las defensas han introducido en torno a ello.
    Sobre tal cuestión, se observa que los agravios de las partes no provienen de la falta de fundamentación o arbitrariedad sino en sus diferencias con la lógica valorativa seguida por el Sr. Juez de grado al evaluar las constancias que lo llevaron a resolver de modo contrario a las pretensiones de las defensas, mas dichas circunstancias resultan ajenas a la instancia de nulidad propiciada y encontrarán adecuado cauce de tratamiento dentro del examen propio de la apelación deducida.
    Se impone, por ende, el rechazo de la
    sanción propiciada.

    Catálogo: documentos -> 000
    000 -> Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver
    000 -> Sentencias corte suprema de justicia de la nación relevadas
    000 -> Becas para los estudios en francia y programas de cooperacióN
    000 -> Sentencia n° causa n° 38
    000 -> El Senado y Cámara de Diputados tribunal nacional de casación por arbitrariedad
    000 -> A la cuestion objeto de la convocatoria, por la mayoríA, el dr. Mario daniel adaro, dijo
    000 -> En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de junio de dos mil once, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma
    000 -> I. A. Fundamentos del doctor Pablo D. Heredia: 1o Que el art. 15 de la ley 26. 361 sustituyó el texto del art. 36 de la ley 24. 240 sobre Defensa del Consumidor incorporando, entre otras disposiciones atinentes a las ope
    000 -> Exteriorizacion voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el pais y en el exterior
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