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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia


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352-2016
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del día diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

A sus antecedentes: i. escrito recibido en la Secretaría de esta Sala el día 02/02/2017 y firmado por el señor Edwin Geovanny Calderón Linares, mediante el cual indica contestar prevención realizada por este Tribunal, y ii. oficio número 260-01 de fecha 30/01/2017 y recibido en esta sede por correo oficial interno el día 10/02/2017, firmado por el Juez Tercero de Paz suplente de Santa Ana, mediante el cual remite diligencias de auxilio judicial que le fueron solicitadas.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus fue iniciado en contra del Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana y la Cámara Especializada de lo Penal, por el señor Edwin Geovanny Calderón Linares, a su favor, condenado por el delito de atentados contra la libertad individual agravados.

Analizada la pretensión y considerando:

I. El peticionario manifiesta que en la vista pública celebrada en el año 2008 fue absuelto del delito de secuestro, decisión que fue recurrida en casación por la Fiscalía General de la República ante la Sala de lo Penal, la cual revocó el fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio, mismo que se celebró cinco años después en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana y en el cual resultó condenado a treinta años de prisión por el ilícito que fue modificado a atentados contra la libertad individual agravados. En ese sentido, expresa lo siguiente:

1. Que de dicha condena interpuso dos recursos de revisión, los cuales fueron declarados inadmisibles, el segundo fue decidido en resolución del 27/06/2016, en la cual el juez "...decide no admitir el recurso (...) –por afirmar que está– facultado para resolver por escrito (...) en virtud de los principios de celeridad y economía procesal (...) –pero– el artículo 16 prohíbe al juez su intervención por más de una vez en el mismo caso (...) en el Código Penal (...) encontré lo siguiente: 'un mismo juez no puede administrar justicia en una misma causa' (...) en el artículo 491 C.P.P. vigente (...) dice: 'el recurso de revisión se interpondrá ante el juez o tribunal que pronunció la sentencia (...) he llegado a concluir que (...) el artículo 491 C.P.P. como está redactada es –a mi ver– inconstitucional (...) –pues– ordena que el recurso sea presentado ante el mismo juez o tribunal que impuso la sentencia, en contra de una garantía constitucional (...) En todo caso, como se trata de definir si hay conflicto entre el Art. 16 Constitucional, cuarto (4) inciso 2° C.P.P. vigente y derogado y el Art. 433 y 491 C.P.P. vigente y derogado, solo esta honorable Sala puede determinar si hay inconstitucionalidad (...) estoy en prisión inocentemente y contrario a las leyes y la Constitución (...) –pues– dictamen absolutorio significa que se terminó el juicio(...) por todo lo expuesto no he podido tener un revisión imparcial y conforme a derecho (...) pido: (...) [q]ue se declare inconstitucional la letra del primer inciso del artículo 491 del Código Procesal Penal vigente (...) y que la honorable Asamblea proceda a modificar su letra... "(sic).



  1. [P]or ello elabore y [envié] una petición –de recusación– en acuerdo al artículo 4 C.P.P. (...) junto a la noticia que 'no se [admitía] la revisión [recibí] la incluida copia del oficio enviado (...) a la cámara de lo Especializado de San Salvador, solicitándole que ellos resolviesen la petición de recusación (...) recibí de la cámara copia de una notificación que igualmente considero errónea y contraria a derecho en que usaron el N° 4 del art. 70 Pr. Pn, que se refiere a `magistrados' y no a los jueces de sentencia (...) –pues– el escrito de recusación fue dirigido al (...) Juzgado Especializado de Santa Ana y no a la Cámara (...) el juez (...) procedió a enviarlo a la Cámara sin contestarme el mismo, por lo que considero que la respuesta –inadmisibilidad– de la honorable cámara es contraria a derecho..."(sic).

  1. También se reclama de la inadmisibilidad del recurso de revisión emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, por haber decidido "...los méritos sin una audiencia (...) Si el escrito no [cumplía] con la normativa y objetivos de ley, entonces no se [admitía]. Pero revisar los 'motivos' sin admitir el recurso en 'aras de economía y tiempo' no es un principio que este por sobre las garantías que la Constitución nos brinda..."(sic).

4. Califica de injusto que el juez que lo condenó admita que está de acuerdo con el fallo absolutorio emitido en el primer juicio, en cuanto que la sentencia fue dictada conforme a los requisitos legales "...entonces no hay lugar a dudas de que el est[á] diciendo que el dictamen absolutorio del A Quo en el primer juicio fue correcto y que yo nunca debí enfrentar un doble enjuiciamiento por la misma causa, una vez que fui absuelto (...) el juez Linares dice que no es doble juzgamiento pues el no 'conoció' en el primer juicio (...) se le olvidó que (...) el artículo 9 del Código Procesal Penal es el que en acuerdo al artículo once, de no ser enjuiciado en m[á]s de una ocasión por la misma causa (...) el hecho de no haber el –juez– conocido del caso con anterioridad no excusa el doble enjuiciamiento (...) (e)l primer juicio fue legal y conforme a derecho. El veredicto de absolución debió mantenerse y yo en libertad (...) el problema [está] en permitir un segundo juicio después de no haber sido 'vencido' en el primero 'con arreglo a las leyes' (...) sostengo que he sido juzgado dos veces por el mismo delito. Esto es la violación a una garantía constitucional que ya les explique (...) estoy en prisión inocentemente y contrario a las leyes y la Constitución (...) pido: (...) se declare doble juzgamiento en mi caso, anulándose la sentencia y la pena; y se me pongan en libertad..."(sic).

II. 1. En relación con el planteamiento indicado en el número 1 del considerando precedente, por resolución del 13/01/2017 se previno al señor Calderón Linares para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva, señalara de manera concreta y clara: los argumentos lógico jurídicos que permitan evidenciar el contraste normativo que propone entre el contenido de cada una de las disposiciones legales y constitucionales que señala y la incidencia en los derechos tutelados por medio del proceso de hábeas corpus.

La aludida prevención fue notificada personalmente al peticionario el día 30/01/2017, tal como consta en el acta suscrita por este y el señor notificador del Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, agregada al folio 33 de este proceso constitucional.

2. En virtud de dicha comunicación, el señor Calderón Linares remitió a esta Sala escrito de contestación oportunamente –el día 02/02/2017–, en el cual expresa lo siguiente:

"...El artículo dieciséis (16) de la Constitución: 'un mismo juez no puede serlo en diversas instancias en una misa causa' (...) aun más claro en el artículo cuatro (4) de nuestro Código Procesal Penal, que en su inciso segundo dice: 'un mismo juez no puede administrar justicia en diversas etapas, instancias o grados en una misma causa' (...) el posible problema estriba en que (...) difícilmente una persona humana (juez) admita en un escrito de revisión que se cometió] un error al aplicar las leyes, (...) existen dos ob[s]t[á]culos muy fuertes para este juez o tribunal marche hacia atrás (...) ya hay una idea u opinión 'preconcebida' Sobre este caso en la mente del sentenciador. Esto provoca que este inclinado a negar admisión del recurso. Segundo es el propósito del artículo 16 de la Constitución evitar esta clase de situaciones en aras de dar cumplimiento al [predecesor] artículo 11 de la misma Constitución; tercero, el motivo m[á]s fuerte (...) se encuentra (... ) en el artículo 310 inciso seis C.P.P. (...)

El contraste entre los artículos 16 de la Constitución y el cuatro numeral dos del C.P.P. y el 433 C.P.P. actual está en que el último contradice directa y claramente el mandato del artículo 16 de la Constitución. Al negarme (...) acceso al recurso de revisión, sumariamente me eliminó mi única oportunidad legal de atacar la 'cosa juzgada' y por lo tanto los alegados vicios: doble enjuiciamiento por el mismo delito, un juicio sin v[í]ctima, y la modificación de la calificación jurídica sin la oportunidad de defenderme esto, en vista de que nunca ocurri[ó] el tal secuestro, puesto que el niño estaba en custodia de su t[í]a y hermana del padre, y otros vicios encubiertos; es equivalente a una seria y grave injusticia. Si no fuese porque el artículo 491 C.P.P. manda a que el escrito de revisión sea presentado ante el mismo juez que dicto sentencia (...) yo hubiese tenido una clara oportunidad (quizás) ante otro juez imparcial quien podría haber dictaminado justamente sobre el doble enjuiciamiento, un juicio sin v[í]ctima y un caso 'fabricado' ..."(sic).

III. A partir de un análisis integral de lo propuesto en los dos escritos del señor Calderón Linares se determina que reclama –en síntesis– lo siguiente: i. que presentó un segundo recurso de revisión contra su sentencia condenatoria firme ante el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, con base en el art. 431 numeral 4 del Código Procesal Penal derogado –según consta en la documentación que anexa–, el cual fue declarado inadmisible, a ese respecto alega la inconstitucionalidad de los artículos 433 del Código Procesal Penal derogado y 491 inciso 1° del vigente por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República, pues considera que no corresponde al mismo tribunal que emitió la sentencia condenatoria firme resolver su recurso de revisión por vulnerar el principio de imparcialidad del juzgador; ii. que presentó ante el juez que lo condenó escrito de recusación, sin embargo recibió respuesta de la cámara de segunda instancia respectiva, inadmitiendo su petición según lo dispuesto en el artículo 78 del C.P.P. derogado, cuando él no dirigió la recusación a esa sede; iii. que el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana declaró inadmisible su recurso de revisión sin señalar audiencia, únicamente alegando que no se cumplían los requisitos de la normativa; iv. finalmente sostiene que ha sido juzgado vulnerándosele la garantía de prohibición de doble juzgamiento, al haber sido absuelto en un primer juicio y condenado en el segundo respecto al mismo hecho, por decisión de la Sala de lo Penal de esta Corte; y, v. en razón de todo lo indicado, pide que se anule su condena y sea puesto en libertad, pues se encuentra "inocentemente en prisión".

1. Respecto al primer reclamo el actor alega la inconstitucionalidad de los artículos 433 del Código Procesal Penal derogado y 491 inciso 1° del vigente por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución, considerando que no corresponde al mismo Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana resolver los recursos de revisión interpuestos contra su sentencia condenatoria firme, pues ello vulnera el principio de imparcialidad del juzgador.

A. Al respecto, es preciso acotar que dentro de la tipología elaborada por este Tribunal en la jurisprudencia de este proceso constitucional se ha establecido la figura del hábeas corpus contra ley, concebido en razón de que las vulneraciones o afectaciones en la libertad física del individuo pueden provenir de una ley o de su aplicación, cuando su contenido sea contrario a la Constitución. Así, existe una distinción entre las leyes de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa.

En cuanto a las primeras implica que una ley es de acción automática cuando sus preceptos tienen un carácter obligatorio con su sola entrada en vigencia, por lo que no es necesaria la existencia de un acto de autoridad para que puedan ocasionar un perjuicio directo en los sujetos a los cuales va dirigida la norma, por ejemplo, las leyes cuyos preceptos revistan una forma general, pero que designan personas o comprenden individuos innominados, pero bien definidos por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentren.

Por otro lado, las leyes heteroaplicativas son aquellas que contienen un mandamiento que no afecta a persona alguna por su sola entrada en vigencia, dado que se necesita de un acto de autoridad para que la norma despliegue sus efectos y vincule por consiguiente la aplicación de los preceptos normativos a una situación jurídica concreta, y es hasta entonces cuando se produce o puede producir un perjuicio real al particular:

Así, al contrario de lo que ocurre con las leyes autoaplicativas, en las leyes heteroaplicativas se requiere que una autoridad administrativa o judicial constate y declare la existencia de los elementos del supuesto legal en el caso concreto, y a partir de dicha constatación y declaración es que nace la obligatoriedad del precepto en cuanto a la regulación respectiva o consecuencia jurídica. Es decir que una ley es heteroaplicativa cuando la norma establece una regulación obligatoria con vista a determinadas circunstancias abstractas cuya individualización requiere la realización de hechos concretos que las produzcan particularmente, como por ejemplo, las leyes que imponen sanciones por la ejecución o la omisión de ciertos actos – verbigracia, resolución de HC 12-2002 de fecha 5/12/2002–.

B. Acotado lo anterior, en la pretensión que nos ocupa se tiene que el actor alega la inconstitucionalidad del artículo 433 del Código Procesal Penal derogado aplicado a su caso particular, por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República, por considerar que no corresponde al mismo tribunal que emitió la sentencia condenatoria resolver los recursos de revisión interpuestos contra dicho pronunciamiento, por vulnerar el principio de imparcialidad del juzgador.

A ese respecto, esta Sala advierte que el peticionario no señala argumentos fácticos que permitan evidenciar alguna actuación concreta que atribuya al Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana en aplicación del artículo 433 del Código Procesal Penal derogado y que haya sido parcializada, pues hace un señalamiento que parte de sus propias especulaciones al sostener de forma genérica que la disposición legal citada le niega el acceso al recurso de revisión, pues un juez que cometió un error al aplicar las leyes "difícilmente" lo reconocerá y modificará, por tener "una idea y opinión preconcebida sobre el caso (...) –y porque– admitir un error o vicio puede inducir a incriminar[s]e en una violación al último inciso del art. 310 C. Pn...", por lo que no ha podido presentar sus motivos de revisión ante un juez imparcial.

Así, el planteamiento del favorecido se funda en su particular apreciación de los supuestos motivos por los cuales la autoridad demandada se encuentra "impedida" de conocer un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia condenatoria por ella dictada, cuestión que, en esos términos, no configura un reclamo que habilite su conocimiento por medio de un hábeas corpus contra ley heteroaplicativa.

En este punto es preciso indicar que la ley dispone mecanismos idóneos para proteger el principio de imparcialidad judicial –por medio del procedimiento de excusa y recusación, según sea el caso–, por lo que la sola afirmación de que un tribunal no es imparcial al conocer en revisión de sus propios pronunciamientos por manifestar que ya tiene una "idea preconcebida del caso" no es suficiente para conocer de un hábeas corpus contra ley heteroaplicativa, pues se omite señalar las razones fácticas que fundamentan ese concreto planteamiento.

Debe señalarse que la revisión de la sentencia condenatoria está habilitada de forma limitada para los casos descritos en el Código Procesal Penal. Algunos de estos supuestos se refieren a la comprobación de aspectos ajenos a la actividad desarrollada por el juzgador que emitió la sentencia, es decir, no cuestionan la corrección del fallo dictado por el mismo, sino que se basan en situaciones sobrevinientes a la condena.

Por tanto, es necesario que el actor plantee alguna argumentación que revele que, a pesar de ello, está comprometida la imparcialidad de la sede judicial, en la causal específica aplicada al caso concreto, pues debe recordarse que se trata de un hábeas corpus contra ley heteroaplicativa y no de un proceso constitucional abstracto que permite el análisis autónomo de las normas, argumentación de la cual carece el planteamiento del peticionario.

También la sola mención de las disposiciones legales y constitucionales indicadas por el actor resulta insuficiente para conocer los argumentos que permitan evidenciar el supuesto contraste normativo que debiera plantearse a la Sala. Por tanto, la propuesta del actor carece de contenido constitucional respecto del cual pronunciarse y deberá declararse improcedente su pretensión.

2. En cuanto al segundo planteamiento el actor reclama de la declaratoria de inadmisibilidad de su petición de recusación del juez que lo condenó, emitida por la cámara de segunda instancia respectiva.

De lo señalado, se advierte una errónea interpretación del solicitante con relación a la tramitación de la recusación, pues reclama que si bien fue notificado por parte de la Cámara Especializada de lo Penal de la inadmisibilidad de la misma, por no haberse interpuesto en legal forma, esa decisión es contraria a derecho, en tanto que el no dirigió el escrito a esa instancia, sino al juez que lo condenó y sumado a ello cuestiona los argumentos de la cámara referida para inadmitir su petición.

A ese respecto, el artículo 78 del Código Procesal Penal derogado, regula el tiempo y forma de recusar así: " [l]a recusación será interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba, en las oportunidades siguientes: (...) 4) Si se trata de un magistrado, en el término del emplazamiento del recurso o al deducir el de revisión...". Por su parte, el artículo 79 del mismo cuerpo legal determina el trámite de la recusación de la siguiente forma: "[s]i el juez admite la recusación, procederá como en el caso de excusa; en caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al juez o tribunal competente para su resolución...".

De las disposiciones legales relacionadas y a partir de lo expuesto por el señor Calderón Linares se advierte que el Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana envió su escrito de recusación a la Cámara Especializada de lo Penal, autoridad que finalmente lo resolvió, tal supuesto implica que el juez demandado inadmitió el mismo y por tanto dicha remisión es lo que legalmente procedía realizarse según lo indicado en el último artículo del párrafo anterior; de ahí que, tal actuación se ajusta a lo ordenado por la normativa aludida.

Aunado a ello, en cuanto a su desacuerdo con las razones por las que la cámara de segunda instancia inadmitió la recusación, de la misma resolución cuestionada –la cual adjunta a su pretensión– se evidencia que efectivamente dicha decisión tuvo como base el no haber sido presentada en la forma establecida en la parte final del número 4 del artículo 78 del Código Procesal Penal derogado; esto es, no haber cumplido con las exigencias legales de tiempo y forma para recusar. Tal actuación, también se encuentra legítimamente amparada por el artículo en mención, pues la cámara aludida estaba facultada para analizar si la recusación fue planteada en el momento procesal oportuno –en el término del emplazamiento del recurso–, bajo pena de inadmisibilidad, lo cual no ocurrió en el caso del peticionario y ello originó su rechazo.

En ese sentido, lo resuelto por la Cámara Especializada de lo Penal respecto a la solicitud de recusación, se encuentra dentro de su margen legal de actuación; con lo cual, no es posible identificar un alegato vinculado a circunstancias susceptibles de generar una vulneración al derecho de libertad del peticionario, derivadas de la decisión que se cuestiona, de ahí que, su reclamo se reduce a una mera inconformidad con la declaratoria de inadmisibilidad referida.

3. El señor Calderón Linares también reclama de la declaratoria de inadmisibilidad de su último recurso de revisión aduciendo que el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana realizó una errónea interpretación de la ley y de los motivos alegados en dicho medio impugnativo, al haberlo declarado inadmisible según resolución emitida el día 27/06/2016, por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.

Ahora bien, a partir de los términos propuestos por el actor se determina que pretende que esta Sala, con competencia constitucional, realice la actuación propia de un tribunal de instancia para conocer de la decisión de la autoridad demandada mediante la cual declara inadmisible su segundo recurso de revisión, pues plantea una errónea interpretación de la ley y de los motivos por los cuales fue rechazado ese recurso, lo cual implica un análisis de las razones expuestas por el tribunal en esa decisión para contrastarla con las propias aseveraciones del actor.

Sobre tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que si esta Sala conociera de inconformidades con decisiones judiciales estaría actuando como un tribunal de instancia, lo cual supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela del derecho a la libertad personal y a la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas, en virtud de reclamarse cuestiones de estricta legalidad relacionadas con la inconformidad de la parte actora con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión –ver improcedencia HC 442-2013 del 27/11/2013–.

Asimismo, se ha sostenido que la facultad de analizar la procedencia de un recurso de revisión es una atribución exclusiva conferida a la autoridad judicial que emitió la sentencia condenatoria en el momento de realizar el juicio de admisibilidad de ese medio de impugnación –por ejemplo, improcedencias HC 172-2010 del 9/2/2011 y HC 231-2011 del 2/9/2011–.

Con base en lo anterior, si esta Sala analizara el planteamiento propuesto por el actor estaría conociendo sobre los conceptos que sustenta la pretensión del recurso de revisión interpuesto en el mes de junio de 2016, lo que convertiría a esta sede –según se indicó– en una instancia más dentro del proceso penal, desnaturalizando de tal manera la función constitucional que le ha sido encomendada.

En atención a lo anterior, lo argumentado muestra un vicio insubsanable que imposibilita a este Tribunal efectuar un análisis constitucional del fondo de lo propuesto al señalarse un asunto de estricta legalidad fundado en la inconformidad con una decisión judicial y, en consecuencia, se torna inoperante la tramitación del presente hábeas corpus hasta su completo desarrollo, siendo pertinente finalizar el mismo de manera anormal a través de la declaratoria de improcedencia.

4. El actor además reclama la vulneración a la garantía de prohibición de doble juzgamiento, al haber sido absuelto en un primer juicio y condenado en el segundo, por decisión emitida por la Sala de lo Penal de esta Corte en recurso de casación.



  1. Con relación a tal planteamiento, se debe señalar que esta Sala ya emitió una decisión desestimatoria en el hábeas corpus con referencia HC 67-2009 del 15/3/2010, en el cual sostuvo –entre otros aspectos– que "... lo ocurrido fue la revocatoria por parte del tribunal de segunda instancia competente de la decisión que inicialmente le favoreció (...) [al imputado], producto de la interposición del recurso de apelación. Actuación que se encuentra contemplada dentro del diseño del proceso penal sobre aquellas decisiones que –como el sobreseimiento- admiten este medio impugnativo, siempre que se cumplan con los requisitos de tiempo y forma para su interposición.

La queja del pretensor únicamente se refiere a que al haberse dictado una resolución que lo dejó en libertad por parte del Juzgado (...) de Instrucción, no era posible la continuación de su procesamiento por el mismo delito; sin embargo, no señala alguna circunstancia que permita identificar que dicha decisión -el sobreseimiento- había adquirido firmeza y que por ello resultara inadmisible la interposición de un recurso contra ella. Como se ha dicho, si bien es cierto el sobreseimiento es una decisión encaminada a paralizar el trámite del proceso –ya sea provisional o definitivamente-, también lo es que de acuerdo a la legislación procesal penal es susceptible de impugnación –artículo 312 del Código Procesal Penal–...".

Por ello, esta Sala concluyó que no se cumplían los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para calificar la existencia de doble juzgamiento "... dado que el sobreseimiento emitido a su favor no había adquirido firmeza y por tanto, era sujeto de impugnación, luego de la cual la autoridad judicial competente revocó aquella y ordenó la continuación del mismo proceso con la medida cautelar de detención provisional en su contra. Es así que la actuación judicial no ha transgredido garantías constitucionales que afecten de manera directa el derecho de libertad del favorecido, impidiendo a esta Sala estimar la pretensión planteada por el favorecido...".



  1. Del criterio jurisprudencial reseñado este Tribunal advierte que el contenido fáctico de la pretensión planteada en aquel proceso y en este es similar, pues –como se indicó– se discute que un tribunal superior conoció de un medio de impugnación contra una decisión que ponía fin al proceso penal –para el caso que nos ocupa, contra una sentencia absolutoria– y anuló la misma, decretando que continuara el proceso penal al ordenar la reposición del juicio, siendo este último el motivo por el cual se alegó en ambos casos la existencia de la vulneración a la prohibición de doble juzgamiento.

En la pretensión objeto de estudio, según manifestación expresa del pretensor, la Sala de lo Penal de esta Corte ordenó la realización de un nuevo juicio luego de conocer de un recurso de casación interpuesto contra su primer sentencia –absolutoria–; de manera que –al igual que en el precedente jurisprudencial citado– la primera decisión emitida a favor del señor Calderón Linares tampoco causó ejecutoria al haber sido impugnada de acuerdo con las reglas previstas en la ley adjetiva correspondiente.

Por tanto, el análisis de fondo en torno a la pretensión planteada, también sería igual al realizado en la sentencia de hábeas corpus con referencia 67-2009 del 15/3/2010, pues ambos casos parten de una base en común: alegar la existencia de doble juzgamiento a causa de una decisión emitida por un tribunal de alzada que, en cumplimiento de sus atribuciones en el conocimiento de los recursos, revocó –para el caso anuló– una resolución y ordenó la continuación del proceso penal en virtud de la reposición del juicio, lo que posibilita utilizar la jurisprudencia dictada en el mencionado proceso.

Es decir, esta Sala ya ha determinado mediante una sentencia de fondo la inexistencia de doble juzgamiento cuando, ante la utilización de un recurso –en este caso de casación–, se deja sin efecto una decisión judicial y se dispone continuar la tramitación del proceso respectivo, con la orden de celebrar un nuevo juicio, dado los efectos decididos en el medio de impugnación.

Por consiguiente, habiéndose comprobado la existencia de un defecto objetivo de la pretensión de hábeas corpus, derivado de la existencia de una decisión jurisdiccional desestimatoria previa, cuya relación y presupuestos jurídicos coinciden con los del presente caso, esta Sala en atención al principio de respetar lo decidido en un precedente constitucional prescindirá de la tramitación completa de este proceso a fin de evitar un desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional, ver improcedencias dictadas en los procesos de HC 24-2010 del 18/3/2010 y HC 13-2013 del 8/2/2013.

En consecuencia, se evidencia un vicio en la pretensión de hábeas corpus que impide el conocimiento del fondo de lo planteado, siendo procedente finalizar el presente proceso constitucional de forma anormal por medio de una declaratoria de improcedencia.

5. A partir de todo lo planteado por el señor Calderón Linares, solicita a esta Sala la declaratoria de nulidad la sentencia condenatoria emitida en su contra y que se ordene su libertad; sin embargo, este Tribunal ha sostenido que en relación con la aplicación del régimen de las nulidades, en esta sede no es posible analizar su ocurrencia, dado que dicha declaratoria se postula como el régimen de inexistencia exigido por una disposición legal, en interés de salvaguardar los valores o principios que consagra, de modo que elimina el valor o efecto jurídico de un acto por haberse realizado en contravención a esa disposición, denotando la eficacia de la norma que pretende hacerse valer ante actos contrarios a ella, lo cual conlleva a una interpretación de la legalidad que únicamente corresponde realizar al juez en materia penal, siendo ello distinto a la declaratoria de una vulneración constitucional para la cual si está facultada esta Sala –ver improcedencia HC 232-2013 de fecha 9/1/2013–.

Y es que, aun y cuando se reconozca una vulneración constitucional, ello no supone bajo ninguna circunstancia que este Tribunal determine la existencia de nulidades dentro de un proceso penal, pues no está habilitado –como se dijo– para efectuar la interpretación de la legalidad que subyace en ese tipo de alegatos, siendo ello aspectos cuyo conocimiento le corresponde eh exclusiva al juez penal –resoluciones de HC 118-2008 del 15/7/2010 y 11-2011 del 8/4/2011–.

Por lo anterior se concluye, que la pretensión incoada tiene vicios en su contenido, los cuales se constituyen como un obstáculo para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte de este Tribunal y que torna inoperante la continuación del proceso, siendo pertinente declarar la pretensión improcedente.



Por las razones expuestas y con base en los artículos 2 y 11 inciso 2° de la Constitución de la República, 13 y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE:


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