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  • I./ Introducción y antecedentes

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    Republica bolivariana de venezuela


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    Las cifras a las que se hace referencia en este informe provienen de fuentes de los organismos oficiales del país.




    Índice del Informe

    Capítulo


    Contenido

    Párrafo

    Del

    Hasta

    I./

    Introducción y antecedentes.

    1

    22

    II./

    Procesos establecidos para el examen de fin de decenio.

    23

    25

    III./

    Acción a escala nacional e internacional.

    26

    34

    IV./

    Medidas especificas relacionadas con la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño.

    35

    76

    V./

    Lecciones obtenidas.

    77

    80

    VI./

    Acción futura.

    81

    98

    VII./

    Apéndice:

    1./Indicadores de evaluación de las Metas propuestas en la Cumbre.

    2./Fuentes de los indicadores de evaluación de las Metas propuestas en la Cumbre


    -

    VIII./

    Anexos:

    1./Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

    2./Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

    3./Plan Estratégico para la Protección Integral del Niño, la niña y los adolescentes para el periodo 2000-2006.



    -

    I./ Introducción y antecedentes:


    1. El Informe Nacional de Seguimiento sobre la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, deberá ser observado a través de dos grandes períodos: uno comprendido entre 1990 y 1998, y el otro a partir de 1999 a 2000, que recoge la experiencia de la gestión política desarrollada por el Presidente Hugo Chávez Frías. Ambos períodos para su interpretación están orientados a demostrar, no sólo cambios en la gestión de gobierno, sino el impacto de los cambios políticos estructurales en relación con el desarrollo socio-político del país en el marco de dos concepciones distintas del ejercicio del gobierno.




    1. El período comprendido entre 1990 y 1998, en el que transcurrieron las gestiones gubernamentales de Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera, 1989-1993, 1993-1994 y 1994-1998 respectivamente, se caracterizó por la extinción del modelo de industrialización sustitutiva, que repercutió decisivamente sobre la inviabilidad y colapso de la economía rentista, ocasionando estancamiento, hiperinflación, alza en los precios, desempleo, caída del salario, marginalización, un fuerte endeudamiento externo, caída de la inversión, crisis en la balanza de pagos, descapitalización, pobreza. Se produjo un ajuste estructural con arreglo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde los gobiernos del período, buscando contener sus efectos, intentaron un equilibrio estructural que no alcanzó a superar eficazmente los desajustes políticos y financieros de esa forma de capitalismo de Estado.




    1. En este contexto, la política social comprende la participación del Estado en la prestación de los servicios sociales, en un marco de propósitos que busca la universalidad de su cobertura, la solidaridad en su financiamiento, la adecuada asignación de recursos financieros y la generación de habilidades y oportunidades para la vida social. Esta política social quiso operar, y de hecho así se orientó el gasto, para procurar una relación de coexistencia mínima con los programas asistenciales orientados a los grupos vulnerables que permitieran el mejoramiento de las condiciones de vida. Conjuntamente se diseño y ejecutó una política social cuyo énfasis en las acciones se fundó en la compensación social, colocándose esta intención política, por encima de las acciones para el llamado desarrollo social, vista la poca eficacia que inevitablemente, y por efecto de la crisis, llevaron a un empobrecimiento generalizado de los ciudadanos y en la cual los venezolanos y venezolanas ya no tendrían un acceso de calidad y pertinencia en la educación y en la salud, sino –y de manera comprensible- se operó a través de ”proyectos sociales” que intentaran aliviar sus condiciones de vida y pobreza, sin comprender suficientemente que esta actitud se tradujo en una creciente demanda de cambio y de transformaciones estructurales para reorientar la direccionalidad del Estado.




    1. Así, la política social se centró en la asistencia y la focalización y se dejó de lado la promoción y la universalidad. Con ello se debilitó el conjunto de los servicios sociales que caracterizaban la política, sobre todo en lo que respecta a la educación y salud en su marco de gestión institucional y en el campo de las relaciones sociales, se debilitaron los instrumentos institucionales de acceso y movilidad social, con lo cual se infringió un grave daño a los procesos de integración de los sectores sociales en cuanto a su capacidad de incorporación en la sociedad hacia adentro, lo que a fines de la década terminó golpeando definitivamente las bases de la estabilidad del sistema de gobierno bipartidista, el paternalismo económico del Estado, las reglas de intercambio éticas y las diferencias en las relaciones de conformación del poder político nacional.




    1. La nueva visión del desarrollo que asume la gestión del Presidente Hugo Chávez Frías (1999-2000) proviene del examen sobre las limitaciones financieras que establece el impacto sobre el ajuste macroeconómico y que imponen las restricciones fiscales sobre la inversión social, que obliga al Estado a tener un sentido claro sobre las prioridades y la estrategia con la cual puede abordarse la política de desarrollo social, en el contexto del gasto público y las orientaciones de la inversión, esto se hace posible teniendo claro el desempeño de la política social frente a las implicaciones que los modelos de universalidad y gratuidad contemplan y los esquemas focalizados de asistencialismo provoca.




    1. En este sentido, la formulación de una política social implicó que “la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva de capital social se articulara equilibradamente con la acumulación física individual y colectiva, para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social” (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 1999).




    1. Orientar la política social, en el nuevo contexto de gestión política que ha permitido el logro de avances concretos expresados en la aplicación de una política de bandas con precios justos que ha permitido favorecer los ingresos petroleros, una disminución record de la inflación, el equilibrio macro-económico con saldos favorables en la balanza de pagos, el crecimiento inusitado de las reservas internacionales, el control de las tasas de interés, el incremento del empleo y de los salarios en términos relativos, mejorando progresivamente el control del gasto fiscal y en la cual el Estado, concentre sus actividades en aquellos sectores favorables a generar efectos secundarios de importancia en la creación de bienestar, en la solución a problemas de distribución de ingreso y riqueza, procurando garantizar la calidad de los servicios sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y seguridad alimentaria, para promover una reorganización del ingreso de las familias con bajos recursos promoviendo el ahorro y elevando la capacidad adquisitiva sin provocar cambios monetarios que pudieran afectar la inversión social para el desarrollo humano, interés prioritario de la actual gestión de gobierno.




    1. Se ha tratado de elevar la calidad de vida de la población más allá de lo que podrían mejorarlo sus propios ingresos a través del acceso que podrían tener a los servicios sociales en los canales de movilidad social, siendo que el consumo de bienes y servicios sociales por parte de la ciudadanía se mantiene en rangos importantes de seguridad nutricional y por tanto debe ser visto como parte de su ingreso. Estos componentes de la política son los que expresan en lo concreto los efectos de una política de naturaleza social fundada en los derechos humanos y son los que hacen del consumo en bienes y servicios sociales como valore agregado del ingreso que reciben las familias como parte del gasto social que el Estado realiza para incidir en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.




    1. En atención a esto el gasto que hace el Estado en la satisfacción de las necesidades ciudadanas se convierte en la inversión pública necesaria para producir situaciones de bienestar, de manera que la política económica pase a constituirse en la política social, y esta pueda asumir su función estratégica como parte de la política económica, generando recursos humanos, entorno social e institucional y procurando calidad de vida como capital social.




    1. En el periodo 1990-1998 Venezuela acude a la Cumbre Mundial de la Infancia con una delegación presidida por el entonces Presidente de la República (Sr. Carlos Andrés Pérez), los acuerdos suscritos por Venezuela en la Cumbre permitieron inscribir al país en las acciones siguientes:




      1. En enero de 1991 se crea la Comisión asesora de la Presidencia de la República para la Conferencia del Niño, integrada por los representantes de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la atención de la infancia en Venezuela. La Secretaria ejecutiva de dicha comisión estuvo a cargo del Ministerio de la Familia.

      2. Se realizó una Conferencia Nacional sobre los Derechos de los Niños que permitió aprobar los lineamientos generales del Plan Nacional de Acción para la década del 90 convenidos con las Naciones Unidas en el Plan de Acción de la Cumbre, se suscribe el acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos subnacionales a favor de la infancia, y se determinan los lineamientos de los planes regionales de acción en concordancia con el Plan Nacional de Acción.

      3. Se establece la metodología de consulta del Plan en las instancias subnacionales y locales.



    1. En 1992 se formula, elabora y se difunde el Plan Local de Acción en favor de la infancia (PLAFI), dirigido por el Ministerio de la Familia y en la practica sólo se inician estos planes en los siguientes estados: Estado Trujillo (8-1993), Estado Carabobo (9-1993), Estado Barinas (11-1993), Estado Zulia (6-1994), Estado Nueva Esparta (10-1994) y Apure (10-1994). Es entre 1993 y 1994 cuando el PLAFI se irradia hacia los Municipios de los Estados donde comenzó a aplicarse y sólo a partir de 1995 se desarrolla en 6 nuevos estados: Amazonas, Cojedes, Falcón, Guárico, Táchira y Yaracuy. Para 1996 el Plan Local se estaba ejecutando en 18 estados (de los 24 que tiene el país) y en 27 Municipios (de los casi 334 que configuran la división político-territorial del país para ese momento).




    1. En 1995 se establecen los mecanismos para evaluar periódicamente los progresos y los resultados de la ejecución del Plan de Nacional Acción y los Planes Locales que se establecieron para efectuar exámenes periódicos. Dicha evaluación contó con la participación de los órganos gubernamentales, la sociedad civil y las instituciones académicas y representaciones de los 24 estados con la misión de analizar la evolución de las metas de la infancia y sus alcances.




    1. La consulta permitió comprobar e identificar los siguientes resultados:




      1. En el área de protección se destacó que a la fecha (1995) se tenía poca comprensión y conocimiento sobre los principios de la convención de derechos de los niños y la doctrina de protección integral de la infancia y la adolescencia y que había atraso en la adecuación del marco legal a los principios de la Convención. Es decir había ausencia de una política de estado para la protección de la infancia en Venezuela.

      2. Del mismo modo se reconoció la falta de progreso en el área de desarrollo del plan, motivada por la lentitud del proceso de reestructuración y descentralización del Ministerio de Educación, la falta de equidad en la estructura del gasto, la baja calidad de la enseñanza y la alta exclusión escolar, la falta de gestión autónoma de los planteles y la limitada oferta de docentes.

      3. En el área de supervivencia colapsó el modelo de atención del sector salud, con un enfoque centrado más en la enfermedad que en la prevención, con poca articulación entre los diferentes programas y ausencia de mecanismos de evaluación de impacto del mismo y una deficiente coordinación entre el nivel central y los niveles descentralizados.




    1. Las conclusiones de estas mesas técnicas permitieron generar un ambiente de mayor compromiso con la doctrina de derechos consagrada en la Convención, y en consecuencia se adelantaron procesos de movilización social y de proposición de iniciativas legislativas para la reforma de la legislación especializada en niños y adolescentes. Situación esta que se concreta con la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en 1998 y se decreta el vacatio legis para proceder a la descentralización y municipalización de la protección de la infancia en Venezuela.




    1. Para honrar los compromisos asumidos en la Cumbre, Venezuela, en 1997, presentó el Informe sobre las Medidas adoptadas para dar efecto a los Derechos Reconocidos por la Convención y en 1998 presentó un Informe Complementario que suministró información adicional sobre los aspectos señalados en el informe entregado en 1997, estos Informes señalaron:




      1. El amplio proceso de discusión y de difusión del enfoque garantista.

      2. El amplio proceso de consulta alrededor de los planes y el proyecto de ley.

      3. La suscripción de los siguientes Convenios: Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (en 1996); el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (en 1996); y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (en 1996).

      4. La realización de la Conferencia Nacional por los derechos del niño. Esta conferencia realizó un diagnóstico de la situación de la infancia, formuló un Plan Nacional de Acción y se nombró una Comisión Presidencial para los Derechos del Niño.

      5. El Desarrollo de una estrategia comunicacional que abarcó todos los medios de comunicación (radio, prensa escrita y televisión).




    1. En 1998 se presenta el informe suplementario en el que se destacó:




      1. Los procesos de descentralización de los Servicios de Atención al Menor (niño, niña o adolescente), que sólo alcanzaron 8 estados de lo 24 que tiene el país.

      2. La participación de la sociedad en la atención a la infancia.

      3. Los proceso de adecuación de la legislación venezolana dedicada a la población infantil y juvenil a los principios de la Convención.

      4. La situación de los niños y adolescentes infractores de la ley.

      5. La situación de los niños trabajadores.

      6. La situación del abuso sexual de los niños y adolescentes.

      7. La situación de los niños indocumentados.

      8. Algunas consideraciones sobre adopción internacional.




    1. El Comité de los Derechos del Niño en su vigésimo segundo periodo de sesiones examinó ambos informes y aprobó el 8 de octubre de 1999 sus observaciones finales a sendos documentos, las cuales se refirieron a lo siguiente:




      1. El beneplácito manifiesto para con el proceso de inclusión de los derechos del niño en la nueva constitución.

      2. La preocupación por la ausencia de un Plan Integral que prevea tanto los recursos, como la reforma administrativa necesaria para la aplicación de la legislación.

      3. La necesidad de seguir trabajando para la elaboración de un Sistema Integral de acopio de datos desglosados sobre niño, niñas y adolescentes.

      4. La necesidad de adoptar medidas eficaces para proteger a los niños pertenecientes a grupos indígenas y grupos étnicos.

      5. La necesidad de reformar el sistema de justicia de menores.




    1. EL periodo que comienza en 1999 hacia el 2001, esta caracterizado por una nueva gestión de gobierno presidida por el Sr. Hugo Rafael Chávez, en la que se ratifica la concepción de desarrollo humano y de derechos humanos contenida en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.




    1. Igualmente durante el proceso constituyente que precedió los cambios políticos de la nueva configuración del estado las disposiciones generales, los principios generales y los fundamentos de los derechos humanos fueron incluidos en la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contemplados como derechos y deberes fundamentales en la concepción de reciprocidad pública entre los ciudadanos y el estado, y que fueron finalmente aprobados por el pueblo de Venezuela en diciembre de 1999, mediante referéndum consultivo constitucional.




    1. La Primera Dama de la República Bolivariana de Venezuela asume tanto en la Asamblea Nacional Constituyente, como en la Comisión de Derechos Sociales y Familia la defensa y promoción de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y procura el apoyo de la sociedad civil y el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente Infantil y Juvenil para impulsar la puesta en vigencia de la Ley para el 1 de abril de 2000.




    1. Así mismo con la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se crea el Sistema Nacional de Protección, integrado por todos los organismos estratégicos en materia de infancia (los tribunales de protección del niño y del adolescente, los consejos de derechos, las defensorías de niños y adolescentes, los consejos de protección, los fiscales especializados en niños y adolescentes, el sistema de seguimiento y monitoreo de las políticas públicas dirigidas a la infancia, los fondos de protección y las entidades de atención), propiciando una red nacional en los 24 estados y los 334 municipios, con un equipo humano dedicado a crear las bases para territorializar la acción estatal a favor del fortalecimiento y consolidación de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país, y que actualmente (febrero de 2001) se encuentra en la fase de instrumentación del Plan Estratégico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes aprobado en Consejo de Ministros el 13 de febrero del año 2001.




    1. Venezuela se reinserta en el Sistema de Naciones Unidas para impulsar y apoyar tanto en la Cumbre del Milenio, como en la Conferencia de Jamaica y en la Cumbre de Panamá el enfoque de derechos en las políticas públicas orientados a procurar el desarrollo de políticas integrales que garanticen el desarrollo humano de los pueblos y reitera su compromiso de superar las dificultades estructurales y la ausencia de políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos de los niños y adolescentes para cumplir con las metas de los diez años que se evalúan, en primer término, y garantiza la participación en la próxima Cumbre para suscribir las metas de los próximos diez años y apoyar el movimiento de incorporación activa de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes en el movimiento general a favor de la infancia y la adolescencia, en segundo término.




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