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III. Protección frente a las detenciones arbitrarias y respeto del derecho a un juicio imparcial


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III. Protección frente a las detenciones arbitrarias y respeto
del derecho a un juicio imparcial

28. Durante el último año, la población carcelaria del Afganistán descendió de 32.157 detenidos y presos adultos y menores de edad en 2013 a 27.859 (al 22 de octubre de 2014). Esa cifra comprende los 12.221 detenidos y los 15.638 presos recluidos en las instalaciones de la Dirección Central de Prisiones y en los centros correccionales y de rehabilitación de menores de todo el Afganistán.

29. La población penitenciaria incluía a 7.555 personas detenidas o encarceladas en relación con el conflicto armado, pero excluía a las personas que se encontraban bajo la custodia de la Policía Nacional o la Dirección Nacional de Seguridad en espera de juicio. En la mayoría de los casos, los detenidos en relación con el conflicto permanecen privados de libertad de forma arbitraria durante períodos de tiempo prolongados, en violación de los límites temporales prescritos y de las garantías procesales de la legislación afgana, en particular el Código de Procedimiento Penal de 2014. La mayor parte de esos detenidos no tienen acceso a un abogado defensor, no han sido informados de los cargos que se les imputan y no han comparecido ante un tribunal mientras permanecen bajo la custodia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad.

30. El trato que reciben los detenidos en relación con el conflicto mientras se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad sigue siendo un grave problema de derechos humanos. En 2014, al igual que en años anteriores, los casos de tortura consistieron, por lo general, en el uso de técnicas coercitivas de interrogatorio en que los funcionarios afganos infligían grandes dolores y sufrimientos a los detenidos, principalmente con el fin de obtener una confesión o información. Se ha identificado una nueva tendencia, consistente en subcontratar la tortura a pequeños centros de detención aislados a los que las organizaciones que vigilan las condiciones de detención no tienen acceso debido a inseguridad que impera en el Afganistán. La UNAMA y el ACNUDH tienen previsto publicar a principios de 2015 su tercer gran informe sobre las cuestiones de derechos humanos que suscita el trato recibido por las personas detenidas en relación con el conflicto.

31. Una de las principales recomendaciones formuladas por la UNAMA y el ACNUDH en su informe de 2013 sobre la detención, que casi dos años después sigue sin aplicarse, es la creación de un mecanismo nacional independiente de prevención de la tortura conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que el Afganistán aún no ha ratificado, que podría depender de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y tendría la autoridad y la capacidad necesarias para inspeccionar todos los centros de detención. La UNAMA y el ACNUDH también alientan al Gobierno a que invite al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a visitar el Afganistán para que pueda prestar asesoramiento sobre las medidas necesarias para resolver el problema de la tortura y los malos tratos.

32. A lo largo de 2014, las actividades de vigilancia de la UNAMA y el ACNUDH se centraron principalmente en la aplicación por el Gobierno del Decreto Presidencial Nº 129, que el ex Presidente Karzai había emitido el 16 de febrero de 2013 en respuesta al informe publicado por una delegación de investigación del Gobierno que había validado las conclusiones presentadas por la UNAMA en su informe de enero de 2013. En ese Decreto se ordenaba a la Dirección Nacional de Seguridad, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo que investigaran las denuncias de tortura, enjuiciaran a los presuntos autores, pusieran en libertad a los detenidos y presos privados de libertad arbitrariamente, facilitaran el acceso de los detenidos a los abogados defensores y al personal médico con el fin de impedir la tortura y la detención arbitraria y garantizaran la rendición de cuentas, y que informaran de esta cuestión a la Oficina del Presidente cada tres meses. Las conclusiones de la UNAMA y el ACNUDH indican que, a pesar de los avances logrados en 2013, en algunos centros de detención se sigue torturando y maltratando a personas detenidas en relación con el conflicto, y son pocas las denuncias de tortura que se investigan y desencadenan enjuiciamientos o la adopción de medidas disciplinarias. Las medidas adoptadas por el Gobierno, como las investigaciones internas y la creación de un cuerpo de funcionarios de derechos humanos en la Dirección Nacional de Seguridad, no son lo suficientemente sólidas como para prevenir y erradicar la tortura. El Decreto Presidencial Nº 129 por sí solo no es un elemento disuasorio eficaz de la tortura; es preciso mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para poner fin a la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia.

33. El único caso de imputación, enjuiciamiento (a mediados de abril 2014) y posterior encarcelamiento de autores de actos de tortura de que tienen conocimiento la UNAMA y el ACNUDH es el de dos funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad en la provincia de Uruzgan. En otros pocos casos, los funcionarios de la Dirección que habían cometido actos de tortura o malos tratos fueron reasignados a otras funciones o simplemente tuvieron que comprometerse a no volver a delinquir. No se tiene conocimiento de ningún agente de la Policía Nacional que haya sido investigado o procesado por denuncias de tortura o malos tratos.

34. Los abogados defensores tienen acceso a los centros de detención provinciales de la Dirección Nacional de Seguridad, aunque por lo general solo pueden acceder a los detenidos una vez concluida la etapa de investigación. El Departamento de Asistencia Letrada del Ministerio de Justicia no dispone de capacidad suficiente para paliar por sí solo la escasez actual de abogados defensores de oficio. La mayor parte de los profesionales médicos que trabajan en los centros de detención carecen de independencia, ya que rinden cuentas directamente a la Dirección Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior y temen sufrir represalias si respaldan la constatación de maltrato físico o tortura.

35. El Tribunal Supremo ha publicado instrucciones para los jueces, en las que se les recuerda que deben rechazar las confesiones obtenidas mediante tortura y desestimar las causas que se apoyen únicamente en pruebas obtenidas de esa forma. Sin embargo, esas obligaciones no se respetan en la práctica, y los fiscales y jueces suelen ignorar o desestimar las denuncias de confesiones obtenidas por la fuerza. Las confesiones constituyen la base principal para fundamentar un caso y justificar la condena dictada por el tribunal.

36. En respuesta a las conclusiones del informe de la UNAMA y el ACNUDH de 20 de enero de 20131, la ISAF suspendió los traslados de los detenidos que había capturado a 35 centros de detención afganos y volvió a diseñar su proceso de certificación de centros penitenciarios para incluir inspecciones y ampliar la capacidad y la formación de todos los agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad encargados de los lugares de detención y de los interrogatorios respecto de los principios de los derechos humanos y las técnicas de interrogatorio no coercitivas. En 2014, la UNAMA y el ACNUDH no documentaron incidentes de tortura de personas detenidas por las fuerzas internacionales después de su traslado a centros de detención afganos. No obstante, la UNAMA y el ACNUDH sí registraron incidentes de personas que habían sido detenidas por las fuerzas de seguridad nacionales en operaciones que contaban con apoyo militar internacional y que posteriormente habían sido torturadas por las autoridades encargadas de la detención en el Afganistán. La Misión Apoyo Decidido de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que sucederá en 2015 a la ISAF, no incluye un componente de vigilancia de los centros de detención. En 2014, el Gobierno del Afganistán siguió dedicando atención y recursos a la elaboración del informe del Estado parte al Comité contra la Tortura. Entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una conferencia de ámbito provincial y otras tres de ámbito nacional para recabar la participación de funcionarios gubernamentales de 13 instituciones (relacionadas, en particular, con la seguridad, la justicia y la sociedad civil) en el proceso de elaboración del informe. En noviembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores también publicó una recopilación de obras escritas por académicos de renombre sobre la cuestión de la tortura en el Afganistán. En octubre de 2014, el Presidente Ghani visitó la prisión central de Kabul y ordenó a las autoridades que vigilaran constantemente la situación de los detenidos e informaran al respecto.

37. El 8 de octubre fueron ejecutados cinco hombres que habían sido condenados por robo a mano armada y violación en grupo en Paghman. Antes de su ejecución, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribió al Presidente Ghani para pedirle que suspendiera la aplicación de la pena, a fin de llevar a cabo un examen judicial para comprobar que se había respetado el derecho de los acusados a un juicio imparcial. Aunque no cabía duda de que el delito cometido había sido atroz, el Alto Comisionado expresó su grave preocupación por que el proceso judicial que había desembocado en la condena a muerte de esos hombres no hubiera respetado las normas nacionales e internacionales de imparcialidad procesal. La UNAMA y el ACNUDH habían recibido denuncias fidedignas de que los condenados habían sido maltratados durante la prisión preventiva y privados de representación jurídica adecuada, y de que, durante el proceso judicial, el fundamento jurídico de la acusación no había quedado claro. El Alto Comisionado instó al Gobierno a que estableciera una moratoria de las ejecuciones y ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. A mediados de octubre, el Presidente Ghani anunció que el Gobierno examinaría todos los casos en que el reo hubiera sido condenado a muerte por los tribunales.


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