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Jurisprudencia sobre el derecho a conocer los salarios o ingresos provenientes de recursos públicos


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6. Jurisprudencia sobre el derecho a conocer los salarios o ingresos provenientes de recursos públicos


  1. El Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, en sentencia del primero de septiembre de 201040, resolvió un amparo interpuesto por un periodista al que le fue negada parcialmente la información solicitada sobre la nómina de la Cámara de Diputados de República Dominicana. De acuerdo a la solicitud del periodista, la Oficina de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados adjuntó la lista de datos relativos a posición, salario devengado, direcciones, departamentos y unidades de la institución, cantidad de funcionarios y empleados, así como el total bruto del gasto aplicado a nómina. Sin embargo, la entidad omitió enviar el nombre de los funcionarios argumentando que de este modo protegía el derecho a la privacidad de éstos.




  1. Para establecer si la información requerida por el periodista formaba parte de la esfera privada de los funcionarios públicos, el Tribunal aclaró lo que se entendía por datos personales estableciendo que éstos son informaciones sobre el individuo relativas a su domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico o social, características físicas, morales o emocionales, fotografías y todas las inherentes a su persona e intimidad. De acuerdo a lo anterior, sostuvo que si bien el nombre es lo que identifica y distingue a la persona, al tratarse de una nómina de empresa pública, los nombres de sus empleados y funcionarios constituyen información pública41.




  1. En este orden de ideas el tribunal afirmó que de acuerdo a la regulación legal en la materia, el listado de empleados, funcionarios y legisladores, es información de carácter público, y que su publicidad no afecta la privacidad o intimidad de la persona. Por lo anterior, adujo que la información requerida no puede ser entendida como una excepción de la obligación del Estado de entregar información42.




  1. Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en decisión de 11 de junio de 201043, decidió amparar el derecho a acceder a la información administrativa del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ante la negación de la Directora de Desarrollo Humano y Organizacional de esa entidad de suministrar en detalle la información solicitada relacionada con i) el total de puestos con salario único y salario base más pluses, ii) las áreas en que se encuentran cada uno de ellos, iii) el monto salarial por categoría para las modalidades de salario único y salario base más pluses. La autoridad recurrida indicó que el detalle de los salarios de cada plaza en particular, se puede suministrar siempre y cuando los trabajadores así lo autoricen. En esta oportunidad el Tribunal estableció que la solicitud del recurrente debía ser atendida ya que la información que solicitaba era de carácter público.

  2. Al respecto, la Sala Constitucional afirmó que “la autoridad recurrida confunde el alcance de la solicitud del recurrente pues lo que está requiriendo es el salario base y único de cada categoría descrita en la tabla de referencia y no —como lo entiende— los salarios de los empleados considerados en forma individual. De ahí que, la información solicitada es de claro interés público y, en esa medida, puede ser legítimamente solicitada por cualquier administrado. Así las cosas, la denegatoria verificada en el sub lite, configura una lesión del derecho de acceso a la información administrativa en su vertiente ad extra”44.


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