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Jurisprudencia sobre la titularidad universal del derecho de acceso a la información


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2. Jurisprudencia sobre la titularidad universal del derecho de acceso a la información


  1. Los órganos judiciales de la región también se han referido a la titularidad universal del derecho de acceso a la información, característica que implica que no es necesario acreditar un interés directo, ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos23. La mayoría de las sentencias citadas en este documento y en los informes anuales anteriores, resaltan la naturaleza universal del derecho de acceso a la información. Baste por ello, mencionar solo algunas de las referencias más importantes al tema en cuestión.




  1. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, al resolver un amparo interpuesto por un ciudadano frente a la obstrucción para acceder a información controlada por un colegio de médicos y cirujanos, relacionada con el desempeño y acreditación profesional de los miembros del mismo, reiteró que toda persona tiene derecho de acceder a información. En este sentido el tribunal estableció que “[e]l derecho a la información es uno de los derechos del ser humano y está referido a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser propiciado por el propio Estado”24. Esta tesis fue reiterada, entre otras, en la sentencia citada de la misma Corte, sobre el derecho de un periodista a conocer información sobre la compra, por parte de la República Popular de China, de deuda pública costarricense. En esta oportunidad, el Tribunal resaltó que “[e]l sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Carta Magna lo es toda persona o todo administrado, por lo que el propósito del constituyente fue reducir a su mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y publicidad administrativas”25.




  1. La misma Corte en Sentencia del año 2003 ordenó a una Junta de Educación suministrar la información que le había sido solicitada en relación a su presupuesto, sin que pudiera exigir para ello requisitos adicionales26. Para el tribunal los datos solicitados por el recurrente sobre los estados o balances financieros de la Junta de Educación se constituyen en “información que en tanto atañe a un órgano público y a fondos públicos le debe ser suministrada al impugnante, sin que se encuentre cubierta por ningún tipo de reserva o de acceso restringido.[En este sentido] [e]l recurrente no tiene por qué indicarle a la Junta de Educación la investigación a la que se refiere en su solicitud inicial, puesto que, tal extremo no es una condición para el goce y ejercicio pleno del derecho contenido en el ordinal 30 de la Constitución Política. Para los efectos de resolver este recurso, no tiene trascendencia ninguna la circunstancia de haber invitado al recurrente a una reunión con los miembros de la Junta de Educación para clarificarle algunos aspectos concernientes a la información que oportunamente solicitara y la negativa de éste a asistir, puesto que, desde un principio pudieron brindársela sin necesidad de mayores explicaciones”27.




  1. También la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de Perú mediante la sentencia que ordenó suministrar información relacionada con la calidad educativa de una Universidad, estableció que el derecho de acceso a la información consiste “en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales”28. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal en la decisión citada en la cual se solicitó información sobre los gastos que se habían generado como consecuencia de los viajes adelantados por un ex presidente de este país y su comitiva. Allí se destacó que “[…] el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática”29.




  1. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 3er. Turno de Asunción, por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. 51 del 2 de mayo de 2008, reseñada antes, manifestó que para exigir el acceso a la información no era necesario acreditar un interés específico en ella, sino que cualquier persona está habilitada para pedir información a las entidades públicas. En su criterio, exigir como requisito para entregar información la acreditación del interés para acceder a ella, es una exigencia “impropia y ajena al ejercicio del derecho a la información, ya que éste se tiene y se justifica por sí mismo, según las finalidades genéricas de participación y control en la vida democrática”30.




  1. La titularidad universal del derecho de acceso a la información guarda directa relación con la inexigibilidad de acreditar interés directo en la información solicitada, de ahí que los tribunales hayan señalado que no se deben motivar las solicitudes de información pública por los peticionarios. Al respecto, el Tribunal Constitucional de Perú en resolución de 3 de septiembre de 2009 admitió una demanda que había sido declarada improcedente por una Sala Especializada en Derecho Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por considerar, entre otros, que el demandante no había desvirtuado la posible afectación a la investigación que se generaría con el pedido de información.




  1. Al respecto el Tribunal señaló que la argumentación mencionada “trastoca el correcto orden y la carga de la prueba que existe en los procesos de hábeas data. En primer lugar, las solicitudes de acceso a la información pública prima facie no tienen por qué ser motivadas. Así lo indica la Constitución [cuando] dispone que la información de carácter público se solicita ‘sin expresión de causa’, lo que es una consecuencia evidente frente a la naturaleza de la información, que por ser pública no debe explicarse los motivos para los que se desea tal información, salvo que incidiera en la intimidad personal, la seguridad nacional o lo prescrito por la ley”31.




  1. En este orden de ideas, “si existe la duda sobre el carácter público o no de cierta información, ello debe ser explicado por la Administración, la cual debe acreditar que se está ante una de las excepciones de acceso a la información pública”32.



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