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Jurisprudencia sobre la naturaleza y alcance del derecho de acceso a la información como derecho fundamental autónomo


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1. Jurisprudencia sobre la naturaleza y alcance del derecho de acceso a la información como derecho fundamental autónomo


  1. Distintos tribunales de la región han señalado el carácter de derecho fundamental autónomo del derecho de acceso a la información. Así por ejemplo, al decidir un recurso de amparo interpuesto como consecuencia de la negación de una Junta de Educación de suministrar información relacionada con los estados o Balances financieros, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en decisión de 15 de enero de 200312, enfatizó la importancia del acceso a la información como mecanismo de control ciudadano de la función administrativa. En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad que controlaba la información, así como el carácter público de la misma, ordenó que fuera suministrada.




  1. El Tribunal reseñó que “[…] la Constitución Política garantiza el libre acceso a los ‘departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público’, derecho fundamental que en la doctrina se ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa, puesto que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de las administraciones públicas es el instrumento o mecanismo para alcanzar el fin propuesto que consiste en que los administrados se impongan de la información que detentan aquéllas”13.




  1. En este orden de ideas, la Sala Constitucional estableció que “[e]l contenido del derecho de acceso a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados –bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos”14.




  1. En desarrollo de lo anteriormente señalado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en sentencia de 5 de septiembre de 200815 identificó el derecho de acceso a la información como un derecho público, subjetivo y preferente. En esta oportunidad el tribunal resolvió un recurso de amparo interpuesto por un periodista del periódico La Nación por la violación del derecho de acceso a la información y del derecho de petición, como consecuencia de la denegación por parte del Ministerio de Hacienda de suministrarle información sobre la adquisición de deuda pública costarricense por parte de la República Popular de China. El Ministerio adujó que tenía prohibido revelar los datos solicitados en virtud de la regulación legal en materia de secreto bursátil.




  1. El tribunal sostuvo que “[…] el derecho a la información es considerado como una garantía jurídica indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer, en mayor o menor medida, su participación en las tareas públicas y desde este punto de vista, se trata de un derecho público y subjetivo. Es un derecho público por cuanto exige la intervención del Estado para procurar información sobre las actividades que desempeñan los órganos gubernamentales, además, es un derecho subjetivo, por cuanto supone un poder jurídico, susceptible de regulación por el ordenamiento jurídico. Ese derecho a la información, además, tiene un carácter preferente al considerarse que garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre; garantía que reviste una especial trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática”16.




  1. También el Juzgado Letrado de Segundo Turno de Mercedes (Uruguay), mediante decisión del 11 de septiembre de 2009, Sentencia No. 48, amparó el derecho de acceso a la información del director de un periódico, luego de que el presidente de la Junta Departamental le negara la información solicitada sobre los gastos en publicidad y el nombre de los medios de comunicación, programas o periodistas con los cuales la Junta había contratado publicidad.




  1. En esta ocasión, el Juez resaltó que el derecho a la información es fundamental al sostener que este “[…] es un derecho básico, inherente a la personalidad humana […], siendo el derecho de acceso a la información pública un desprendimiento del mismo. […] [E]l derecho de acceso a la información pública es uno de los derechos de la tercera generación, dado que es un derecho individual y que también es un derecho colectivo de toda la sociedad y está relacionado con la transparencia de la gestión pública, con la necesidad de investigar, analizar e informar a la opinión pública sobre el contenido de los documentos públicos[…]”17.




  1. Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de Perú mediante decisión de 28 de mayo de 201018, ordenó a una universidad, suministrar la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión; el número de reclamos administrativos interpuesto contra la institución, relacionados con la calidad académica y la modalidad de examen de ingreso; y sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que contara la institución.




  1. En esta oportunidad la Sala se refirió al carácter fundamental del derecho de acceso a la información así como al reconocimiento nacional e internacional que se le ha dado al mismo. Señaló que “el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77”19.




  1. El mismo Tribunal en sentencia de 29 de enero de 2003 declaró fundada la acción de habeas data interpuesta por el recurrente con el fin de que le fuera entregada de modo completo y accesible la información que había solicitado, relacionada con los gastos efectuados por el ex presidente Alberto Fujimori y su comitiva durante los más de 515 días en que estuvo fuera del país en el transcurso de su mandato presidencial. Al respecto, la recurrente solicitó que se especificara: a) el monto asignado por concepto de viáticos; b) el monto asignado por concepto de gastos de representación; c) los costos de los pasajes aéreos, por cada uno de los viajes realizados; d) los gastos de combustible y operación del avión presidencial, y e) el monto asignado para gastos de la comitiva presidencial, entre otros.




  1. Al proteger el derecho de acceso a la información, la Sala expresó: “[e]l derecho de acceso a la información pública evidentemente se encuentra estrechamente vinculado a uno de los contenidos protegidos por la libertad de información. Y al igual de lo que sucede con esta última, debe indicarse que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna”20.




  1. En el mismo sentido la Corte Constitucional de Colombia ha destacado en múltiples oportunidades el carácter autónomo del derecho de acceso a la información. Así por ejemplo, en la Sentencia T-1029 de 2005, la Corte ordenó que la Alcaldía de Bogotá expidiera en el término de cuarenta y ocho horas, la totalidad de las propuestas presentadas en un proceso de contratación estatal, que le habían sido negadas a un ciudadano, bajo el argumento de que tenían el carácter de reservadas de acuerdo con las normas de una entidad internacional que participaba en el proceso.




  1. Para la Corte colombiana el derecho de acceso a la información encuentra fundamento en el modelo constitucional, participativo y pluralista, que adopta como uno de sus postulados el control ciudadano de la actividad estatal, finalidad para la cual resulta indispensable el conocimiento de los documentos públicos.




  1. La consecuencia de la existencia de un derecho fundamental autónomo de acceso a la información es que los ciudadanos quedan facultados para la “[…] consulta y reproducción de todos los documentos públicos, con excepción de los excluidos por mandato de la ley […]”21. Además, ante su vulneración procede la acción de tutela para buscar la protección efectiva de este derecho constitucional fundamental.




  1. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 3er. Turno de Asunción, Paraguay, se pronunció también acerca del carácter autónomo del derecho de acceso a la información. El proceso que dio origen a esta sentencia fue una solicitud realizada por el señor Picco Portillo al Intendente Municipal de la Ciudad de Lambaré, por la cual le pedía “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de Royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”. El Intendente se negó a proveer esta información, por lo que el señor Picco Portillo acudió al recurso de amparo, y luego de que no le fuera concedido este recurso, interpuso un recurso de nulidad del mismo.




  1. Al resolver la nulidad, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 3er. Turno de Asunción, por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. 51 del 2 de mayo de 2008, afirmó que el derecho de acceso a la información “encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de 'lo público', es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”. De esta forma, el Tribunal indicó que el acceso a la información era un derecho fundamental, esencial para la formación y fortalecimiento de un régimen democrático22.



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