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Jurisprudencia sobre la obligación de contar con un procedimiento administrativo de acceso a la información: simple, rápido y gratuito


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11. Jurisprudencia sobre la obligación de contar con un procedimiento administrativo de acceso a la información: simple, rápido y gratuito


  1. Uno de los estándares del derecho de acceso a la información es la existencia de un procedimiento administrativo simple, rápido y gratuito. Sobre este tópico el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 3er. Turno de Asunción ha resaltado la importancia de contar con un recurso rápido para exigir el derecho a la información. Según lo manifestado por este tribunal en el Acuerdo y Sentencia Número 51 “el derecho a la información, como derecho fundamental, no toleraría, por su propia índole la dilación que procede de un litigio contencioso”59.




  1. Por su parte, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica citada que resolvió un recurso de amparo en contra del Colegio de Médicos y Cirujanos, ante la exigencia de dinero que este organismo le hacía a los ciudadanos para permitirles acceder a la información solicitada, indicó: “[…] en criterio de este Tribunal, este cobro [$0.75 por la información sobre cada médico colegiado] se constituye en un límite irrazonable y desproporcionado para obtener información totalmente pública, como lo es en este caso la lista de los médicos especialistas en cirugía plástica debidamente colegiados, partiendo de las facultades y derechos que entraña para las personas este derecho [a la información]60”.




  1. A su turno, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-872 de 2003 resolvió una demanda ciudadana de constitucionalidad en contra del Decreto 1799 de 2001 que dictaba normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y establecía que todos los documentos correspondientes al proceso de evaluación eran de carácter reservado.




  1. La Corte declaró la inconstitucionalidad de las expresiones que ordenaban que los documentos y las decisiones del proceso de evaluación fueran de carácter reservado, además, recordó la importancia de que en las democracias los ciudadanos puedan acceder a información lo cual implica que el Estado debe responder de manera clara, oportuna, cierta, actualizada y accesible a las solicitudes de los administrados.




  1. Para resolver el caso, la Corte Colombiana hizo referencia directa a artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Opinión Consultiva 5 de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que “[…] el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal”61.




  1. En referencia al Informe del año 2001 de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la CIDH y a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Corte declaró que estos documentos “[…] constituyen directivas de comportamiento dirigidas a los Estados y que además sirven como criterio auxiliar de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”62.




  1. Concluyó el tribunal colombiano reiterando la regla de la publicidad de la información y la excepción del secreto y estableciendo la existencia de un deber de jerarquía constitucional del Estado Colombiano y de las autoridades públicas de “[…] entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado”63.




  1. La Corte Suprema de Costa Rica resolvió un recurso de amparo interpuesto por la vulneración del derecho de petición como consecuencia de la información incompleta que recibió el demandante luego de que solicitó al programa “El Estado de la Nación” información general sobre las consultorías, coordinaciones e investigaciones que había realizado en los últimos cinco años. En esta decisión, el tribunal resaltó la obligación de las autoridades que administran información pública, de suministrarla de modo completo, rápido y accesible. De esta forma, teniendo en cuenta la naturaleza de la información solicitada así como el reconocimiento y alcance que se le ha dado al derecho de petición dentro del ordenamiento jurídico costarricense, la Corte le ordenó al director del programa que entregara la información solicitada por el demandante, dentro de un plazo determinado.




  1. El Tribunal afirmó que “la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha establecido con claridad que mediando una solicitud de información por parte de un administrado ante una dependencia pública, ésta debe respetar en todo momento los plazos establecidos para dar contestación, todo de conformidad con el numeral 27 de la Constitución Política, en relación con el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”64.




  1. En este orden de ideas el Tribunal declaró violado el derecho de petición del actor al establecer que en el caso concreto “[l]o solicitado por el amparado es pura y simplemente información general sobre las consultorías, coordinaciones e investigaciones que se han realizado en los últimos cinco años en el Programa “Estado de la Nación” […]. En este particular, si bien por oficio […] de 7 de octubre de 2009, se brindó una respuesta al petente sobre esa solicitud, está no satisface las exigencias del derecho pues, lo obliga a extraer de los anexos, el nombre de aquellos que han brindado servicios profesionales al Programa accionado; con el agravante que no se le indicaron, claramente, cuáles fueron los montos que percibieron esos consultores por sus servicios -puesto que, solamente, se le indican las tarifas correspondientes a las ponencias y la coordinación de las investigaciones- ni el rubro retenido por impuesto sobre la renta”65.




  1. Por otra parte, el Tribunal Constitucional del Perú, sostuvo que teniendo en cuenta el contenido del derecho de acceder a la información, así como su trascendencia dentro de los regímenes democráticos, la información que sea suministrada por las autoridades competentes debe cumplir con ciertos requisitos mínimos66.




  1. De acuerdo al Tribunal “el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados cuando, p.ej. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información, independientemente de su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa”67.




  1. Por lo anterior el Tribunal aseguró que “si mediante el derecho en referencia se garantiza el acceso, conocimiento y control de la información pública, a fin de favorecer la mayor y mejor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, así como la transparencia de la actuación y gestión de las entidades gubernamentales, entonces, un mínimo de exigencia que imponen que esos fines se puedan cumplir, es que la información sea veraz, actual y clara”68.



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