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Relatoría especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos


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BUENAS PRÁCTICAS JUDICIALES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA



  1. Introducción




  1. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta este segundo informe sobre buenas prácticas judiciales en materia de acceso a la información en las Américas1. Este documento es el resultado de numerosos encuentros académicos y con la sociedad civil realizados durante el año 2010 en distintos países de América, en los que se dieron cita jueces, académicos, representantes de entidades estatales y de organizaciones civiles, para compartir experiencias nacionales sobre el derecho de acceso a la información2.




  1. Este derecho, en los últimos años, ha tenido un notable desarrollo en los países de la región, lo que se constata tanto por la incorporación en sus ordenamientos jurídicos de disposiciones constitucionales que lo reconocen y de cuerpos legales que lo desarrollan, como en las leyes de transparencia y acceso a la información aprobadas en distintos países de la región3.




  1. Resulta igualmente innegable la creciente importancia de los jueces nacionales en la garantía de los derechos humanos, tendencia de la que no escapa el derecho de acceso a la información. En efecto, el contenido de este derecho fundamental es dinámico y se enriquece con las decisiones judiciales que precisan su aplicación y protección en situaciones específicas, de esta manera concretizan las previsiones de los instrumentos internacionales, las normas constitucionales y las leyes nacionales.




  1. Por esta razón, la Relatoría ha puesto su empeño en elaborar este segundo informe que presente algunas de las decisiones judiciales que constituyen buenas prácticas en materia de protección y garantía del derecho fundamental de acceso a la información. El informe está dividido en dos partes, la primera sobre el concepto de buenas prácticas y la segunda incluye los casos y decisiones judiciales seleccionados.




  1. En la primera parte la Relatoría se refiere al concepto de buenas prácticas judiciales en materia de derechos humanos y en materia de acceso a la información, con el fin de establecer los parámetros que permitieron hacer la selección de las decisiones judiciales y los elementos que permiten calificarlas como buenas prácticas.




  1. En la segunda parte se presenta un capítulo de casos en el que se recogen sentencias de distintos países de la región, organizadas temáticamente de acuerdo con los estándares interamericanos sobre acceso a la información y reseñadas de manera que se comprenda fácilmente la forma como cada decisión constituye un desarrollo local de esos estándares regionales.




  1. Algunos países de la región han encomendado la garantía del derecho de acceso a la información a organismos especializados de naturaleza no judicial, como es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México (IFAI) o del Consejo para la Transparencia de Chile. Las decisiones de estos órganos especializados son de enorme importancia y han producido un avance notable en la protección del derecho de acceso a la información en sus respectivos países. Su estudio, en particular en cuanto respecta al IFAI que lleva cerca de ocho años de funcionamiento4, merecería un volumen separado. Sin embargo, dado que en la mayoría de los Estados la protección de este derecho sigue encomendada a los jueces nacionales, en este informe nos limitaremos a exponer decisiones judiciales con algunas importantes excepciones especialmente en el caso de Chile dada la reciente implementación de la ley y la importancia de resaltar, por ello mismo, las decisiones del Consejo.




  1. Finalmente, cabe destacar que la realización de un informe sobre buenas prácticas judiciales tiene como finalidad dar a conocer aquellas decisiones que ilustran de manera adecuada el alcance y contenido del derecho de acceso a la información, que enriquecen la doctrina y la jurisprudencia, a la vez que incorporan nuevos desarrollos y elevan los estándares regionales. De esta manera se consolida el diálogo entre los órganos del sistema y las jurisdicciones nacionales que favorece a los ciudadanos del continente, contribuye a la garantía y protección de sus derechos, al ejercicio efectivo de la ciudadanía y al control del poder público y por esa vía, al fortalecimiento del sistema democrático en la región.



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