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    Régimen de Propiedad Intelectual


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    Régimen de Propiedad Intelectual
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    El mercado farmacéutico a nivel mundial supera los US$ 300 mil millones anuales, actividad concentrada en unas 100 empresas, en especial norteamericanas. Es la tercera actividad económica mundial, luego de las armas y el petróleo, con un crecimiento anual más allá del promedio del crecimiento económico mundial. (Oxfam)
    os fundamentos para incorporar este tema en las negociaciones de la OMC se basan en que se identificaron distorsiones en el comercio de bienes y servicios resultantes de una protección deficiente e ineficaz y también por el empleo de la propiedad intelectual como barrera al comercio legítimo y al desarrollo social, económico y tecnológico de las naciones.

    Desde entonces los miembros de la OMC han tratado de establecer un marco regulador flexible que abarque diversos intereses y que brinde una retribución por la creación de nuevos bienes y servicios. Este régimen consiste en el Acuerdo de los Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC o TRIPS, según la sigla en inglés).


    Los temas involucrados en los ADPIC son muy amplios: derechos de autor, marcas de fábrica o de comercialización, indicaciones geográficas, medicamentos, dibujos y modelos, patentes, información no difundida, etc. Las posiciones frente a la propiedad intelectual en el continente americano presentan dos tendencias. Los países más ricos, con tecnología avanzada y corporaciones poderosas, buscan el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual, para proteger la inversión y defender la posición dominante de sus empresas en el mercado, al mismo tiempo que son más flexibles cuando se tratan temas de biodiversidad y explotación de variedades vegetales o mecanismos para favorecer el flujo de transferencia de conocimientos y tecnología hacia los países del sur. Por otro lado, en los países en desarrollo se cuestiona que se coloque la protección de la invención por sobre el bienestar social de amplias capas de población, como sería el caso de los medicamentos y la protección de la salud pública.
    El acceso a los medicamentos es uno de los problemas sociales más graves que hoy enfrenta el mundo. Según Acción Internacional para la Salud, el 80% de la producción mundial de medicinas se consume en los países más ricos. Además, cerca de la tercera parte de la población mundial no puede acceder a medicamentos esenciales. (Umaña)

    En la Ronda de la OMC de Doha (2001), los países menos desarrollados tuvieron un logro importante con el reconocimiento de la grave crisis a partir de las pandemias que los afectan, y la aceptación de extender la flexibilidad que existe con las patentes de los medicamentos contra el SIDA, a enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la fiebre amarilla y otras que puedan aparecer en el futuro.


    Apoyándose en políticas públicas exitosas de lucha contra el SIDA, Brasil y Sudáfrica instalaron, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, el debate sobre el efecto de la protección de las patentes en el precio excesivo de los fármacos en los países en desarrollo. Esta cuestión generó tal controversia entre Estados Unidos y la Unión Europea por un lado y los países en desarrollo por el otro, que en la Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Doha se acordó una "Declaración sobre ADPIC y Salud Pública", que prevé que los gobiernos puedan otorgar licencias obligatorias -sin autorización del titular de la patente- para la producción de bienes en situaciones de emergencia nacional. (www.LATN.org.ar)
    La riqueza biológica de países latinoamericanos y el conocimiento tradicional asociado a esa diversidad, son materia de debate en las negociaciones comerciales. Estos recursos y conocimientos son disputados por la voracidad de industrias farmacéuticas y químicas para usarlos de base de nuevas investigaciones y componentes.
    “Los conocimientos tradicionales son útiles en la industria y la agricultura modernas; dos tercios de la población mundial no podría sobrevivir si no obtuvieran alimentos gracias a conocimientos propios... Más del 90% de los alimentos que se consumen en África Central se obtienen mediante prácticas agrícolas nativas. Los conocimientos tradicionales son indispensables para los grupos de riesgo, las mujeres, las poblaciones indígenas y la población rural de los países pobres...” (Umaña)
    ALCA: los borradores de las negociaciones establecen que cada parte asegurará la adopción de medidas para promover y proteger la salud pública, la investigación y el acceso a medicamentos. Sin embargo, promueven la prioridad de los derechos privados de las empresas por encima de los de las comunidades locales y su patrimonio genético y de medicina natural. Permite la práctica de patentar plantas y formas animales, como también semillas. Se invoca a los ADPIC para evitar que los países en desarrollo suministren medicinas genéricas más baratas a los pacientes de SIDA del Tercer Mundo.

    En otro sentido, las negociaciones no discuten el tema de trato nacional que sería necesario profundizar debido a los diferentes niveles entre los países, dado que ésta es una situación que favorece a los países desarrollados. Tampoco existe nada especificado sobre industrias culturales, a pesar de que para países en vías de desarrollo es importante proteger sus derechos en esta materia. El debate en este campo es la tensión entre la prevalencia de la identidad cultural y la dimensión económica y comercial.


    Las industrias culturales son aquellas que producen, reproducen y comercializan bienes y servicios siguiendo criterios económicos que inciden en la dinámica social: folclore, artesanías, radio, música, televisión, publicidad, espectáculos en vivo, libros, revistas y periódicos. Hay una tensión entre los intereses culturales y comerciales.
    La estrategia de Estados Unidos es consolidar los aspectos comerciales relacionados con la propiedad intelectual que no están definidos en el ALCA, a través de los acuerdos bilaterales recientes.
    TLCAN: fue el primer acuerdo que fijó normas sustantivas sobre el tema y definió estándares muy elevados: se extendió el plazo de protección de patentes a veinte años para productos farmacéuticos, químicos y biológicos y se eliminaron incentivos a las industrias locales.

    No se hace referencia al trato de nación más favorecida, ni al trato diferenciado y tampoco a la transferencia de tecnología.

    Para ingresar al bloque, México se vio obligado a reformar su régimen de propiedad intelectual. Esto implicó por ejemplo, dar protección ampliada de los derechos y trato nacional a los laboratorios del norte y la garantía en retrospectiva a las innovaciones patentadas. No se admite el uso de medicamentos genéricos.

    Los costos de aceptar las medidas para los que no estaba preparado y en un período de tiempo muy corto para realizar ajustes, fueron muy graves para la población y la economía mexicana.


    TLC Chile- Estados Unidos: este acuerdo prevé sanciones para la piratería y la falsificación, derechos adicionales para internet y software. Incluye un capítulo sobre marcas de fábrica y de servicio. Para Chile, Estados Unidos es, por lejos, el principal proveedor de bienes de telecomunicación e informática con un monto que superó en el 2000, los 650 millones de dólares.

    Contiene la cláusula de trato nacional y no tiene efectos retroactivos. Se especifica también la ampliación de plazos para patentes y establecimiento de patentes para plantas. En este sentido, restringió la concesión de licencias obligatorias y estableció instrumentos que limitan la introducción de genéricos.


    ( CAFTA: se establece protección, trato no discriminatorio y trato nacional para productos y marcas de patentes estadounidenses y fortalecimiento de los secretos industriales. También se extienden las licencias de patentes farmacéuticas, impidiendo la comercialización de genéricos si ya hay una versión patentada en el país. Aunque las reglas de la OMC permiten la competencia de medicamentos genéricos, el CAFTA define entre 5 y 10 años de pausa para abrir la competencia a los genéricos. Así, el CAFTA asegura a los laboratorios una extensión del monopolio de sus medicamentos de alto precio. Y eso coloca en una situación de exclusión a miles de centroamericanos que no pueden acceder a ellos.
    En la negociación del CAFTA, el gobierno de Guatemala se vio forzado a cambiar su legislación nacional que permitía las drogas genéricas. La industria farmacéutica estadounidense, representada por su gobierno, prevaleció sobre el derecho de Guatemala a la salud. (Oxfam)

    En el caso de El Salvador la protección de las patentes han encarecido los medicamentos en alto grado, estos costos recaen en los enfermos pero también en las mujeres que en su mayoría toman la responsabilidad familiar en este tema, donde la mayoría posee una carga promedio de familia de tres hijos. En el mismo sentido, un estudio realizado en Costa Rica reveló que las medidas de propiedad intelectual incluidas en el CAFTA aumentaría el costo de algunos medicamentos en un 800%. Además, ese capítulo del CAFTA haría más difícil que gente pobre y las comunidades indígenas protejan sus conocimientos tradicionales, tales como música, artesanía o medicinas tradicionales. Las provisiones de propiedad intelectual en el CAFTA permitirían, por ejemplo, a “empresas farmacéuticas poner patentes sobre las plantas y medicinas naturales que las comunidades indígenas han utilizados por siglos.” Las mujeres frecuentemente son las guardianas de ese conocimiento tradicional y las artesanías tradicionales son fuentes importantes de ingresos, de la misma forma que el uso de medicinas tradicionales es importante para la salud de sus familias. (Women´s EDGE)

    ( Tratado Comunidad Andina y Estados Unidos: Este acuerdo, aún en negociación, amplía la concepción de trato nacional que está presente en otros acuerdos, ya que define un trato no menos favorable que a sus propios nacionales no sólo para proveedores de los países firmantes, sino para todos los miembros de la OMC. Por otra parte Estados Unidos hace concesiones en el tema de patentes de segundos usos, de plantas y animales y de métodos médicos. Colombia, Ecuador y Perú hicieron propuestas puntuales en lo relacionado con la prolongación de patentes por demoras injustificadas y en lo que tiene que ver con el proceso de otorgamiento de las mismas. Los EEUU han reclamado conceder cinco años de exclusividad a los datos de prueba de aquellos medicamentos que no han sido patentados en los países andinos y a los que no han cumplido aún los 20 años de protección de la que goza una patente. Eso limitaría la producción de genéricos.

    Para la Asociación Internacional de la Salud (AIS), los datos de prueba resultan una "puerta" para ampliar bajo diferentes mecanismos los plazos de monopolio de las farmacéuticas transnacionales. El principal problema sería el que actúe como una "seudo patente" al restringir el uso de la versión genérica del medicamento, así como el evitar el uso de mecanismos de emergencia como la licencia obligatoria.


    CAN-Comunidad Andina: Los países miembros habían buscado la armonización de normas que regulan la propiedad intelectual. Los acuerdos contienen un régimen común de propiedad industrial que regula patentes, modelos, marcas, indicaciones geográficas, entre otras. Se excluía el patentamiento por segundos usos (es decir una invención que esta patentada con un fin y puede ser usada para varios fines).
    MERCOSUR: En este caso sólo se unifica la normativa relacionada a marcas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.


    Los nuevos acuerdos no necesariamente tienen que partir del umbral de acuerdos ya firmados. Es posible apoyarse en la Declaración de la OMC de Doha, que relativiza el monopolio legal de las patentes frente al objetivo de la salud pública, para adaptar los derechos de propiedad intelectual a las características y necesidades de cada país.




    El sector de servicios

    Los servicios aportan gran parte de las ganancias y del empleo de las economías desarrolladas y en desarrollo. Desde hace décadas, su nivel de crecimiento es superior a otras ramas de la economía.

    Las negociaciones comerciales sobre el tema son de gran importancia y deben estar orientadas a proporcionar el acceso universal y equitativo a los servicios privados y públicos indispensables para el desarrollo económico y humano.

    En el marco de la OMC se pactó el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por sus siglas en inglés), que propone la liberalización gradual de los servicios a partir de 2000 y que se abrió posteriormente a nuevas negociaciones. El objetivo fundamental es restringir la provisión de servicios por parte de los gobiernos, para que estos sean contratados a empresas transnacionales. El espectro de servicios abarcado es sumamente amplio, incluyendo salud, cuidados hospitalarios, educación, servicios jurídicos, museos, bibliotecas, provisión de agua, energía, servicios postales, transporte y muchos otros sectores. Sin embargo, se exceptúan aquellos servicios que según la legislación vigente es de incumbencia exclusiva del estado, como la administración de justicia.


    “La liberalización del comercio de servicios de salud genera al menos tres desafíos para los países latinoamericanos:

     Regular el mercado de seguros de salud para que el ingreso de aseguradoras extranjeras permita mejorar la eficiencia sin empeorar el acceso a los servicios de salud;

     Resolver la portabilidad de los seguros de salud (atención a pacientes extranjeros) para desarrollar el potencial exportador de servicios de salud;

     Encontrar mecanismos para compensar la "fuga de cerebros" y para regular el ingreso temporal de los profesionales”. (Salvador)




    Los servicios de enseñanza han sido incluidos entre los 160 servicios cuya liberalización puede negociarse y comprometerse de acuerdo a los principios y normas de la OMC. Los cerca de us$ 13 mil millones al año que el sector educativo mueve en la región sumado al hecho de que es cada vez menos frecuente que las instituciones educativas sean puramente públicas o privadas, convierten a la educación en un “mercado emergente ” atractivo para los inversionistas. Entre las ventajas de la liberalización se señalan el ingreso de recursos de inversión, la apertura a un mayor número de oportunidades educativas y la posibilidad de intercambiar libremente ideas y conocimientos. Entre las desventajas se enumeran el riesgo de que la aplicación de las reglas comerciales dé lugar a la supresión de la financiación pública, la pérdida del perfil del estado como ente generador, regulador y evaluador del funcionamiento del sistema educativo, el gradual reemplazo de las escuelas públicas por una oferta de establecimientos privados y el aumento de las brechas sociales y educativas a causa de la privatización. (Gajardo y Gómez)

    La liberalización de los servicios de salud requiere de una fluida comunicación entre los negociadores comerciales y los responsables de las políticas de salud. Estos últimos, no pueden quedar al margen de estas decisiones.

    La negociación de servicios puede hacerse por lista positiva o negativa. La lista positiva se utiliza en el AGCS y MERCOSUR, e implica que la liberalización y trato nacional sólo se aplican a sectores explícitamente aceptados. Los sectores o modos de suministro en donde no se llega a compromiso específico, se consideran no liberalizados.

    La lista negativa se implementa en la mayoría de los acuerdos regionales en los que participa Estados Unidos. Implica que se liberalizan todos los sectores, excepto aquellos para los que los países expresan reserva. En general las listas negativas consolidan mayores niveles de liberalización, porque centran la negociación en las reservas que plantean los países.


    La privatización de los servicios públicos que plantea el CAFTA supone dos tipos de efectos negativos. El primero es que grandes capas de la población no cuentan con los ingresos suficientes como para acceder a estos servicios privatizados. El segundo, es que implica la pérdida de puestos de empleo en el sector público, uno de los trabajos más seguros y estables. En El Salvador, por ejemplo, un 70% de las mujeres trabaja en el sector de servicios. La apertura implicó una fuerte pérdida de empleo formal, que está siendo reemplazado por empleo informal con condiciones laborales precarias, por ejemplo trabajo en supermercados de doce horas de duración y sin prestaciones sociales. (Oxfam)
    El proceso de apertura en Colombia se realizó en dos etapas. Durante la primera se liberalizó el régimen de inversión financiera. Durante la segunda etapa se introdujeron los servicios de infraestructura esencial como telecomunicaciones, que culminaron en un monopolio que desincentivó la inversión e impidió la cobertura a todo el territorio.
    ALCA: En las negociaciones del ALCA, se pretende ampliar los alcances de liberalización de servicios: debería tener cobertura universal de todos los sectores de servicios. Se otorgan nuevos poderes e inmensas facultades a las empresas de servicios en un TLCAN expandido. Si se acordaran derechos de trato nacional en este campo, todos los servicios públicos de todos los niveles de gobierno se abrirían a la competencia de empresas extranjeras con fines de lucro. Los gobiernos por su parte, estarían impedidos de adoptar medidas que tiendan a dar un trato preferencial a prestadores nacionales. (Barlow)
    Por primera vez en un acuerdo de comercio internacional, las empresas de servicio transnacionales contarán con derechos competitivos en una gama completa de suministros de servicios gubernamentales y tendrán el derecho de enjuiciar a cualquier gobierno que se resista a indemnizarlas financieramente. También se incluye el tema de transparencia, que implica que se hagan de conocimiento público todas las medidas que afecten al comercio de servicios. Los miembros del ALCA contarán con la capacidad para negar los beneficios del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con los criterios establecidos.
    Caricom y Mercado Común Centroamericano: se ha avanzado en los temas sobre telecomunicaciones incluida la armonización de la regulación doméstica. En cuanto a los servicios profesionales el tema ha sido más limitado en el reconocimiento de títulos. Lo cierto es que este acuerdo afecta no sólo el empleo de las personas, sino también la forma en que se brindan los servicios a la población. Muchos de los servicios, además de ser esenciales, no pueden ser prestados de otra manera que a través de una actividad monopólica. Esto puede condicionar que se realicen sólo las inversiones más rentables, con la consecuencia de limitar el abastecimiento de agua, o la operación de las redes sanitarias, o el suministro de energía eléctrica a zonas alejadas de las urbes. Por eso la privatización y transformación de los servicios públicos en mercancías es un factor que impide el acceso universal a los mismos.

    Sólo el AGCS reconoce la importancia del movimiento de personas para el comercio. Los servicios empresariales y profesionales podrían ser una oportunidad para empresas pequeñas que puedan ser competitivas en el mercado internacional. Un avance importante en esta materia es que se aplica a todas las personas sin importar el nivel de calificación ni actividades que desempeñen.


    Los y las trabajadores/as temporales que ofrecen sus servicios de distintos niveles en el exterior hacen transferencias a su país de origen en calidad de remesas.


    La principal fuente de remesas a Colombia es Estados Unidos, luego vienen los países de la Unión Europea y Venezuela. América Latina y el Caribe es de lejos el destino más importante de las remesas que se transfieren desde Estados Unidos, cuyo monto es superior a US$ 18 billones anuales. (Umaña)


    Inversiones

    El AGCS incorpora las inversiones a la noción de suministro de servicios, considerando aquellas que cubren los movimientos permanentes de capitales (inversión extranjera directa). Los acuerdos en que interviene Estados Unidos, incluyen también el movimiento de capitales temporales. Estos acuerdos tienen un capítulo diferenciado para inversiones, en tanto que en el AGCS están integradas.


    “En tanto los gobiernos han liberalizado los regímenes regulatorios, la competencia por atraer inversión extranjera directa (IED) se ha acentuado. Este tipo de competencia involucra la concesión de incentivos fiscales y financieros por parte de los gobiernos nacionales y subnacionales y es principalmente intrarregional. Más aún, la competencia en este último nivel tiende a incrementarse día a día. Mientras los gobiernos demuestran un interés colectivo en detener las "guerras de incentivos", continúan llevándolas a cabo individualmente ante el temor a una desviación de la inversión hacia otras economías que ofrecen mayores estímulos”. (Chudnovsky y López)
    Los países, e incluso estados o provincias dentro de los países, comienzan a competir entre sí para atraer las inversiones a través de incentivos cada vez más amplios. Otros factores que inciden en la orientación de la IED son la capacidad organizativa de los y las trabajadores/as, el nivel de fortaleza de la organización sindical y el costo de la mano de obra. Los acuerdos también limitan la posibilidad de los gobiernos de ejercer un control efectivo sobre el flujo de capitales de corto plazo, que pueden tener graves efectos sobre la estabilidad macroeconómica de los países en desarrollo con mercados poco sofisticados y de alta volatilidad. Además, los acuerdos como el TLCAN plantean el arbitraje para resolver disputas, que da derecho a los agentes privados a entablar reclamaciones, inclusive relacionadas a controles de los flujos de capitales especulativos de corto plazo.
    ( ALCA: en los documentos que se negocian, se otorga a las empresas el derecho de enjuiciar al gobierno por ganancias perdidas actuales o futuras que surjan a raíz de acciones de ese gobierno, sin importar la legalidad de dichas acciones o el propósito por el cual fueron efectuadas.

    Establece un "marco legal justo y transparente para promover las inversiones mediante la creación de un entorno estable y previsible que proteja al inversionista, sus inversiones y flujos relacionados, sin crear obstáculos para las inversiones provenientes del exterior del hemisferio”. Son los mismos derechos de la relación inversionista-estado que constan actualmente en el TLCAN, en algunos caso potenciándolos, por ejemplo en las definiciones básicas de inversión e inversionista, el alcance de su aplicación, el tratamiento nacional y de nación más favorecida, la expropiación e indemnización por pérdidas o ganancias, y negocios que se pierdan debido a la creación o implementación de normativas ambientales o laborales, y solución de controversias.


    ( TLCAN: tiene amplias disposiciones sobre la libre transferencia de capitales incluida la repatriación de utilidades y activos, y libre convertibilidad. Incluye también la cláusula de nación más favorecida sujeta a excepciones. Prohíbe la adopción de requisitos de desempeño y limita el otorgamiento de incentivos y ventajas para los inversionistas que cumplan determinados requisitos de desempeño. También incluye disposiciones que protegen a los inversionistas sobre las expropiaciones e indemnizaciones. Dispone el uso de árbitros para resolver disputas, da derecho a los agentes privados a realizar reclamaciones, y aún cuando se trate de inversiones especulativas, se penaliza la imposición de controles a los flujos de capitales.
    ( CAN: tiene amplias disposiciones sobre la libre transferencia de capitales incluida la repatriación de utilidades y activos. Las disposiciones están sujetas a la regulación de cada país, y relacionadas con la inversión extranjera directa. El trato nacional está supeditado a cada país condicionando el alcance de las garantías, y no incluye la cláusula de nación más favorecida. No contiene disciplinas sobre requisitos de desempeño ni sobre transferencia de tecnología. El movimiento de personas se encuentra limitado a los consumidores, pero no se ha avanzado en la liberalización de las migraciones permanentes, aunque es un tema previsto para futuras negociaciones.
    ( TLC Estados Unidos - Chile: contiene la cláusula de trato nacional que cobija a los inversionistas y de nación más favorecida. También incluyen disposiciones que protegen a los inversionistas sobre las expropiaciones e indemnizaciones. Las reclamaciones ante los tribunales sólo pueden hacerse efectivas cuando los controles se han impuesto por más de un año.
    ( TLC Comunidad Andina - Estados Unidos. Está aún en período de negociación. En la mesa de inversiones, el principal tema fue la deuda pública, incluida en la definición de inversión, según la posición inicial de Estados Unidos. Los países andinos no aceptaron, pero este tema está incluido en los TLC que firmó Estados Unidos con otros países. Estados Unidos planteó una contrapropuesta y el tema está incorporado en un paquete de negociación. Los andinos pidieron que no se incluya la deuda bilateral en el concepto de inversión, es decir, aquella de Estado a Estado, así como la deuda privada, lo cual fue aceptado.

    Los acuerdos más recientes que incluyen como socio a Estados Unidos, apuntan a facilitar el movimiento de capital especulativo que no colabora con la producción, ni con la creación de nuevas fuentes laborales. Aquellos que se quedan en el país (IED) están destinados en muchos casos a la adquisición de empresas ya existentes que se privatizan, sobre todo de electricidad, telecomunicaciones y financieras, cuyos servicios en general son discriminatorios por su alto costo y en algunos casos deficitarios en término de prestación.



    Compras gubernamentales

    Las compras que realizan las entidades públicas son un importante motor del comercio nacional e internacional, constituyendo un mercado de volumen apreciable. No sólo involucran la contratación de empresas para la realización de obras de infraestructura pública, sino también la prestación de servicios, la exploración y explotación de recursos naturales, e inclusive la contratación de profesionales y técnicos.


    En las negociaciones internacionales, se tiende a plantear la necesidad de priorizar las ofertas por calidad y precio, incluyendo criterios de transparencia. Muchos proveedores locales de los países en desarrollo, con niveles menores de competitividad, tienden a quedar desplazados. Esto produce tensión con las políticas dirigidas a apoyar la producción nacional, como las medidas de acción positivas que muchos gobiernos desarrollan para tender a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, o a las empresas de mujeres, por ejemplo. También deberían quedar desactivadas políticas de promoción del tipo “compre nacional”, incluyendo las que implementa Estados Unidos.

    El tratado sobre compras del sector público de la OMC restringe las medidas gubernamentales que favorecen a los proveedores locales. No obstante, por el momento la OMC no ejecuta las reglas de acceso a mercados o trato nacional para la compra de bienes o servicios públicos. A partir de la puesta en práctica del acuerdo pueden surgir perjuicios, por ejemplo para distritos rurales cuya principal actividad es producir bienes agropecuarios que son adquiridos por entidades estatales a través de programas especiales, que son llevados adelante sobre todo por mujeres.


    ALCA: Pretende ampliar la apertura de adquisiciones de servicios y bienes gubernamentales a través de licitaciones en las que podrán competir proveedores de todos los países integrantes del acuerdo, en igualdad de condiciones y sin discriminación. El grupo de negociación ha realizado un inventario de los sistemas de contratación pertinentes, como también una compilación de las estadísticas de compras de cada gobierno.

    TLCAN: Fija disciplinas específicas que se aplican a bienes y servicios, incluyen trato nacional y procedimientos no discriminatorios, así como transparencia en normas técnicas y de selección. Prohíbe el pago de compensaciones y especificaciones técnicas que impliquen obstáculos.

    CAFTA: Establece parámetros para trabajar sobre el tema e incorpora normas similares a las de la OMC, nación mas favorecida y trato nacional.

    CAN: No cuenta con un capítulo sobre compras estatales.

    TLC Estados Unidos- Chile: Establece parámetros para trabajar sobre el tema e incorpora normas similares a las de la OMC.

    MERCOSUR: Los países que lo conforman son reacios a liberalizar totalmente las compras de este sector.

    MCCA: Estudia las posibilidades de establecer un acuerdo donde se podría pactar el tema, sin embargo el convenio centroamericano de incentivos fiscales a la producción industrial da preferencia a los productos de la industria centroamericana siempre que su precio sea igual o inferior a los importados y su calidad comparable.

    CARICOM: Tiene un programa para fomentar las compras regionales de bienes a los estados miembros de la comunidad.







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