• Agricultura.
  • Propiedad Intelectual.
  • Inversiones.
  • Compras gubernamentales

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    Las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) e implicancias de género


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    3.2 Las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) e implicancias de género





    L
    La realidad ha demostrado que el modelo de reducciones arancelarias recíprocas impulsado por el GATT puede aplicarse con éxito a negociaciones entre países de dimensiones económicas equivalentes, pero puede no ser adecuado para acuerdos entre un conjunto heterogéneo de economías.

    (Espino y Azar).


    os acuerdos comerciales están vinculados estrechamente con la competitividad, es decir, la
    capacidad de una economía para lograr un desempeño ventajoso de sus productos en el mercado internacional. Desde la perspectiva neoliberal, para lograr que la participación sea justa para todos es necesario eliminar barreras comerciales arancelarias y para-arancelarias e intercambiar concesiones para ampliar el acceso al mercado.

    El sistema de comercio multilateral se incentivó con la creación del GATT1 en 1947, pero fue después de la ronda de Uruguay celebrada en 1994, que se amplían los alcances del comercio incluyendo disposiciones sobre inversiones, servicios y propiedad intelectual y se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta institución está actualmente integrada por gobiernos de 148 países, con una secretaría en Ginebra. En su seno se negocian acuerdos comerciales y condiciones para ponerlos en práctica de manera equitativa, como mecanismos de solución de controversias, política de competencia o medidas anti-dumping. Cada dos años se realizan reuniones ministeriales (como las que se llevaron a cabo en Seattle, Doha y Cancún y a fines de 2005 se efectuará en Hong Kong); las decisiones se toman por consenso, en el supuesto de que todos los países miembros tienen la misma entidad dentro de la organización. Esto evidentemente es muy relativo, en la medida que existen enormes asimetrías entre países, que derivan en diferencias manifiestas de poder y capacidad para hacer prevalecer sus intereses propios. Las negociaciones de la OMC, que en teoría permiten a todos los miembros participar por igual en la toma de decisiones, no han sido transparentes, democráticas ni participativas. El descontento con el actual régimen de comercio mundial está muy extendido entre las organizaciones de la sociedad civil en muchos países: tanto las entidades comerciales de la economía mundial en general como la OMC, están siendo fuertemente cuestionadas. Si bien los países en desarrollo participan en las instancias de regulación y coordinación que se dan en la OMC, esta situación no evita la distribución desproporcionada de los costos y beneficios que tanto la liberalización como la instrumentación de las obligaciones de los diversos acuerdos, generan entre las economías del norte y del sur.

    Desde otras perspectivas y sobre todo desde los negociadores gubernamentales, el carácter multilateral de la OMC permite un mayor juego de alianzas en bloques o regiones, aumentando la capacidad de negociación de los países más débiles.



    En la reunión ministerial de la OMC que se celebrará en Hong Kong 148 países trazarán las reglas que regirán el comercio agrario mundial durante las próximas décadas. De su resultado depende el futuro de millones de pobres, cuyo medio de vida es la agricultura. Las necesidades son claras:


    • Una inversión muy superior a la actual en los mercados y en las infraestructuras rurales para promover el desarrollo agrario.

    • Permitir a los países pobres regular el comercio para promover la seguridad alimentaria y el medio de vida de los agricultores.

    • Poner término al dumping practicado por los países ricos, que exportan productos a precios muy inferiores a su coste de producción.

    • Garantizar un mayor acceso de los productos de los países pobres a los mercados de los países ricos.

    Sin embargo, la realidad es que los países ricos han diseñado la agenda del desarrollo a su antojo para satisfacer sus propios intereses, que podríamos resumir de la siguiente forma: mantener el régimen de aranceles y los subsidios a sus productores y obligar a los países en desarrollo a abrir sus mercados para dar salida a sus excedentes, haciendo caso omiso de las consecuencias negativas que dichas prácticas pueden tener para los países pobres.

    Oxfam Internacional, 2005

    A continuación se especifican temas o áreas que están en juego y son parte de las negociaciones en el ámbito de la OMC, y sus implicancias desde un enfoque de género.



    En la reunión Ministerial de la OMC en Cancún en el 2003, el “Grupo de los 20” liderado por países del sur lograron frenar las apetencias de las economías más ricas. Esta posibilidad de juego está ausente cuando se trata de acuerdos bilaterales, en que países de menor desarrollo relativo tienen que negociar de manera aislada.
    Agricultura. Las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC establecen conjuntos de reglas sobre el comercio de alimentos dirigidas a reducir los aranceles de importación y restringir las políticas agrícolas nacionales de apoyo a los agricultores, la capacidad de mantener reservas de alimentos de emergencia, el establecimiento de reglas de seguridad alimentaria y el suministro de alimentos, y tiene como meta la supresión de subsidios o incentivos de gobierno a la producción o a la exportación. La reducción de aranceles tiende a mejorar el acceso de las corporaciones agroproductoras a los mercados agrícolas. Sin embargo, el comercio internacional de bienes agropecuarios padece en los hechos de graves distorsiones por la persistencia de los subsidios a la producción o a la exportación que sostienen las economías más poderosas. Por otro lado, la concentración de la tierra y la actividad agrícola en un pequeño grupo de grandes transnacionales, pone en riesgo formas de vida tradicionales de las poblaciones rurales más pobres que ven afectado su consumo nutricional.

    La producción alimentaria dominada por las corporaciones agroproductoras en las Américas amenaza la supervivencia de pequeños productores agrícolas y comunidades indígenas, y traen como consecuencia que gran parte de la población rural se transforme en trabajadores desempleados y migrantes que debe vender su trabajo a cualquier costo a cambio de comida. Así, afectada la producción doméstica y de autosubsistencia, se genera un franco deterioro de la soberanía alimentaria de estados y pueblos y se incrementan la pobreza y la desnutrición. Las mujeres desde su rol tradicional de responsables de la alimentación de su familia, ven aumentado su trabajo para compensar el fracaso del mercado y del estado para suministrarlos.

    (Declaración de la RIGC, 2003)

    El comercio de la agricultura debería proteger a los pequeños productores, al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria nacional a través de mecanismos especiales de salvaguarda, que garanticen el acceso de toda la población a alimentos de primera necesidad.


    Las políticas de protección a la agroindustria de Estados Unidos y la Unión Europea a través de subsidios masivos, producen una distorsión en el mercado global y tiene efectos de dumping para los alimentos en los países en desarrollo, lo que amenaza la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.


    Millones de agricultores en los países en desarrollo no pueden vivir de lo que producen debido a la competencia de las importaciones baratas de alimentos, muchas veces subsidiadas. El arroz, el alimento básico más importante del mundo, es un claro ejemplo de la gravedad del problema. Los países ricos se han valido del FMI y del Banco Mundial, así como de agresivos acuerdos comerciales bilaterales, para abrir los mercados de los países pobres a las inundaciones de arroz, incluido el arroz subsidiado procedente de los EE.UU. Ahora tratan de aprovechar las normas de la OMC para echar las puertas abajo de forma definitiva. Pero las reglas comerciales deben promover el desarrollo, no minarlo. Cualquier nuevo acuerdo en el seno de la OMC debe permitir a los países pobres regular el comercio en beneficio de la seguridad alimentaria y los medios de vida de los agricultores. (Oxfam Internacional, 2005)



    Bienes. Las sucesivas rondas de negociación de la OMC estuvieron centradas en temas arancelarios, estableciéndose aranceles máximos para todos los países. Como resultado, se llegó a una fuerte reducción de aranceles, abriendo los mercados a la producción más competitiva, muchas veces en detrimento de la producción nacional de las economías menos aventajadas. También se tiende a eliminar los compromisos de cuotas de adquisiciones. Tal es el caso de la eliminación de cuotas de importación establecidas para la industria textil y de indumentaria. En los últimos 30 años, el comercio de este tipo de productos se rigió por un sistema de cuotas, que fueron acordadas a través de negociaciones bilaterales. Estas cuotas garantizaban el acceso de los países en desarrollo a los grandes mercados de Estados Unidos y Europa. A partir de 2005 la OMC dispuso eliminar todas las cuotas de textiles y ropa, para dejar liberalizando la competencia. El impacto en el mundo, y sobre todo en muchos países en desarrollo, será enorme: se estima que millones de trabajadores quedarán desempleados a consecuencia del cierre o relocalización de fábricas. Sólo las empresas más poderosas podrán sobrevivir, basando su competitividad en buena medida en la reducción de costos laborales. Se estima que China, India y Pakistán absorberán entre el 50 y el 80 por ciento de las exportaciones de ropa y textiles a los países más ricos, a expensas de muchos otros productores en el sur.


    La mayor parte de la producción textil y de indumentaria que ingresa al mercado de los Estados Unidos está elaborada por mujeres jóvenes del mundo en desarrollo – cerca del 80 % –, de 16 a 25 años, forzadas a trabajar muchas horas por salarios por debajo de los niveles de subsistencia, en condiciones que violan los estándares reconocidos de derechos humanos y laborales.

    (National Labor Committee, 2004)



    Por otro lado, la OMC ha consolidado una legislación en materia de salvaguardias, es decir, de compensaciones frente al daño o amenaza de daño grave al mercado nacional, por ejemplo, frente a operaciones de dumping. Pero se ha avanzado poco en materia de reglamentación anti-dumping, es decir, cómo se lo define y tipifica y en normas multilaterales de competencia que permitan controlar los abusos de la posición dominante (Umaña).


    Servicios. Este acuerdo tiene como mandato limitar las acciones del gobierno con respecto a servicios por medio de un conjunto de reglamentaciones jurídicas y de sanciones comerciales ejecutadas por la OMC. El propósito fundamental es restringir el suministro de servicios de todos los niveles por parte del gobierno; si bien no se exige la privatización, ésta queda implícita. De ponerse en práctica el acuerdo, los gobiernos no tendrían fundamentos legales para la provisión de servicios públicos. Las negociaciones responden al objetivo de renovar las legislaciones de los países imponiendo normas que le brinden amplias posibilidades de rentabilidad en áreas de interés para los países desarrollados como comunicación, servicios financieros, e inversiones, turismo, educación, etc. y facilitar el acceso de las empresas transnacionales a compras gubernamentales en innumerables áreas, incluyendo sanidad, cuidado hospitalario, servicios hídricos, servicios postales, transportes, teledifusión y muchos otros sectores, dejando sólo unos pocos en la esfera de actuación gubernamental, como la seguridad nacional y los bancos centrales.

    La preocupación, sobre todo entre los movimientos sociales, se basa en la inclusión de servicios básicos (como educación, salud o el suministro de agua), dado que son sectores esenciales para el bienestar y el potencial humano, y no deberían ser parte de ninguna negociación comercial.



    El encarecimiento de servicios tendrá repercusión sobre la calidad de vida de los hogares, limitando el acceso a los mismos de una considerable porción de la población. En la discusión de la liberalización de los servicios, es evidente la total ausencia de consideraciones sobre la reproducción social en los debates económicos y de los negociadores gubernamentales.
    El comercio de servicios afecta necesariamente a las mujeres como trabajadoras, consumidoras y proveedoras en el mercado, sus familias y sus comunidades. Tanto en el sector formal como el informal, las mujeres terminan haciéndose cargo de suplir los servicios que el Estado deja de proveer, a partir de su responsabilidad en el trabajo reproductivo socialmente asignada.
    Propiedad Intelectual. El Acuerdo de los Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) establece reglas mundiales sobre patentes y marcas registradas. Actualmente ha trascendido mucho más allá del alcance inicial de proteger invenciones originales o productos culturales, ya que incluye también la práctica de patentar plantas o semillas.
    El acuerdo sobre patentes farmacéuticas (ADPIC) protege las patentes de los grandes laboratorios de muy pocos países desarrollados, mientras impide a una mayoría de países con una industria farmacéutica débil o nula, desarrollar sus capacidades de investigación, innovación y producción de drogas genéricas y medicinas esenciales para proteger la vida. También afecta los saberes ancestrales sobre medicinas naturales, muchas veces patrimonio de mujeres indígenas y campesinas, que no tienen acceso ni información suficiente para patentarlos. Se intensifica así en la práctica la monopolización del conocimiento y se profundizan las diferencias entre países ricos y pobres. De este modo se amplía la brecha tecnológica entre países industrializados y los países en desarrollo, facilitando la concentración del poder económico.


    Las negociaciones sobre propiedad intelectual priorizan los derechos privados de las empresas por sobre los de las comunidades locales, su patrimonio genético y su medicina natural. Más del 90% de las patentes de organismos vivientes o microorganismos vegetales, animales o humanos están en manos de corporaciones del norte, así como los procesos de identificación, aislamiento y remoción de material genético.




    Las mujeres, los grupos históricamente segregados, las pequeñas y medianas empresas, generalmente descapitalizadas en los países en desarrollo, serían incapaces de competir con la presencia no regulada de las grandes empresas trasnacionales.
    Inversiones. Aunque la inversión es considerada un factor clave para el crecimiento en América Latina, cuyos gobiernos tienen una capacidad regulatoria débil, la inversión extranjera directa (IED) ha tenido como objetivo maximizar los lucros a través de la explotación de la mano de obra barata y de los recursos naturales, sin tomar en cuenta el desarrollo sustentable.
    La experiencia muestra que la IED tiende a concentrarse en sectores particulares, tales como zonas francas, con escasos vínculos dinámicos con otras áreas de la economía. Al mismo tiempo, la IED tiende a explotar el trabajo femenino, aprovechando los beneficios de la discriminación laboral y la segregación ocupacional basada en el género y la competencia entre los países en desarrollo para atraerla, a través de la reducción de las regulaciones laborales y de los estándares ambientales, lo que resulta en condiciones de trabajo cada vez más precarias.

    El proceso de desregulación del flujo de capitales, junto con la flexibilización de la legislación de protección al trabajo, ha sido fomentado no sólo en los acuerdos comerciales sino básicamente desde las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), transformándose en uno de los pilares de los cambios económicos de la última década.


    La incorporación de las inversiones (junto con otros factores considerados “nuevos temas”) en la arena de negociación de la OMC como parte del comercio, es una pugna de intereses que tiene por objetivo favorecer a las corporaciones.

    Compras gubernamentales. La OMC puede reglamentar el acceso internacional a las compras de los gobiernos en los distintos niveles (municipal, estadual o provincial y nacional). Su fin es igualar las oportunidades a empresas nacionales o extranjeras en las compras del sector público. Sin embargo, estas reglas no están todavía en plena ejecución. Evidentemente este tema atrae el interés de grandes empresas transnacionales que pretenden acceder a mercados importantes, como son algunos conglomerados urbanos gigantescos.

    Estas disposiciones afectarían las medidas que favorecen a los proveedores locales o nacionales, a través de normas de contenido nacional o reglas de inversión en la comunidad. Si este tema fuese incorporado a las negociaciones de la OMC, los gobiernos se verían forzados a abandonar herramientas de políticas nacionales de “acción positiva” y desarrollo, que dan prioridad en las compras, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), a las empresas o cooperativas de mujeres, etc., porque esto se contrapondría al principio del tratamiento no discriminatorio (o “trato nacional”) para empresas extranjeras. El lenguaje sobre compras gubernamentales tendría un impacto adverso sobre la capacidad de los gobiernos de desarrollar políticas industriales que promuevan las Pymes y el capital local, como parte de un desarrollo económico sustentable de largo plazo, que sea sensible a las cuestiones de género.

    Esta legislación, de ponerse en práctica, iría contra la conveniencia del país de origen, de la equidad de género, de la erradicación de la pobreza y de otras preocupaciones sociales y limitaría la acción regulatoria del gobierno según intereses, necesidades y prioridades nacionales.



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