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Regla de gasto


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REGLA DE GASTO

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar en sus respectivos ámbitos un limite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos y del que se excluirán las transferencias vinculadas a sus sistemas de financiación.

El artículo 12 de la LOEPSF señala que “la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, entendiéndose por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones de desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Publicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación”.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la LOEPSF, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas establecerá los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones.

Para la fijación del límite de gasto por parte de las Comunidades Autónomas coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria es preciso que se establezca con carácter previo, los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas. En tal sentido, el artículo 16 de la LOEPSF señala que aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formulará una propuesta de estos objetivos para cada Comunidad Autónoma, la cual deberá ser informada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hecho que no se ha producido en el presente ejercicio.

La limitación que se realiza sobre el gasto de las Comunidades Autónomas debe ser también interpretada, tal como hace la LOEPSF, a la luz de que las administraciones deben realizar una correcta gestión financiera que les lleve a no tener déficits estructurales. Es decir, ajustar las estructuras de las administraciones a lo que serán sus ingresos ordinarios, no financiando con ingresos excepcionales gastos estructurales. Esta buena práctica financiera, elevada a rango de Ley Orgánica, lleva a que no se acumulen altos niveles de deuda.

El objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 fijado para las Comunidades Autónomas (CCAA) en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 15 de julio de 2015, es del -0,1% del PIB para las CCAA y para el conjunto de Administraciones Públicas (AAPP) del -1,4% del PIB. Dicho acuerdo establece la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea, en un 2,2% en términos nominales para 2017.

El 29 de abril de 2016 el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, con un objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 para las CCAA del -0,5% del PIB y para el conjunto de las AAPP del -2,9% del PIB. Dicho acuerdo no fijó la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para 2017.

Posteriormente, el 2 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea decidió, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, una revisión de los objetivos de estabilidad permitiendo un objetivo de déficit para el conjunto de las AAPP del -3,1% para 2017.

En el momento de elaborar el presupuesto no han sido aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2017 para el Conjunto de las AAPP y para cada uno de sus subsectores adaptados a la citada decisión del Consejo de la Unión Europea a pesar de la tramitación de una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir que un Gobierno en funciones pueda revisar los objetivos ya fijados.

Sin embargo, resulta evidente que los objetivos de estabilidad fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 pueden verse modificados de forma inminente por un nuevo gobierno. Ello supondría que la elaboración de un presupuesto en base a un objetivo de déficit que va a ser modificado conllevaría en estos momentos la limitación de recursos, y por ende la realización de unos presupuestos más restrictivos de los que resultarían de la transposición de la decisión del Consejo de la Unión Europea, de 2 de agosto de 2016.

Por otro lado, el Gobierno, en el Plan Presupuestario 2017, ha revisado moderadamente a la baja las previsiones de crecimiento del PIB real en 2017, desde el 3,0% que se recogía en la Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 al 2,3% para 2017, lo que previsiblemente disminuirá la tasa de referencia finalmente autorizada.

Para la determinación del limite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, se ha tenido en cuenta el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas (-0,5% del PIB regional en el 2017) fijado por el Consejo de Ministros celebrado el 29 de abril de 2016 y una tasa de referencia conservadora del 1,8%.

Ante la posibilidad del establecimiento final de un objetivo de estabilidad presupuestaria inferior al -0,5% del PIB el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017 dispone en su articulado que “El Gobierno podrá adoptar los acuerdos de no disponibilidad de créditos precisos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria y deuda pública, salvo cuando afecte a gastos vinculados a ingresos. La no disponibilidad de crédito se tramitará en todo caso cuando el objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para este ejercicio, establecido en términos de capacidad o necesidad de financiación según el Sistema Europeo de Cuentas 2010, sea inferior al considerado en la elaboración de estos presupuestos”.

La guía para la determinación de la Regla de Gasto para Comunidades Autónomas aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas señala que el gasto computable de un determinado año se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio y en caso de no disponer de esta información debido al momento del ejercicio, se realizará de conformidad con la información disponible en el momento del cálculo.

Por ello, se ha partido del importe de la previsión de cierre del presupuesto de gastos para 2016 en sus capítulos no financieros, una vez deducidos los intereses de la deuda, corregido por los ajustes de gastos correspondientes en materia de Contabilidad Nacional para 2016. A este importe se ha restado la financiación afectada estatal y europea y las transferencias vinculadas a los sistema de Financiación de las CCAA y de los Cabildos Insulares. El importe resultante determina el gasto computable calculado de acuerdo el artículo 12 de la LOEPSF y al cual se habrá de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.




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