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    18 de enero de 2016

    Ref.: Caso No. 12.798



    Gómez Murillo y otros (Fecundación in Vitro)

    Costa Rica
    Señor Secretario:
    Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso 12.798 – Gómez Murillo y otros respecto del Estado de Costa Rica (en adelante “el Estado”, “el Estado costarricense” o “Costa Rica”).
    El caso se relaciona con la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación, consagrados en los artículos 5, 7, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
    Estas violaciones ocurrieron como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la Fecundación in Vitro, prohibición que ha estado vigente en Costa Rica desde el año 2000 tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Como se indica en el informe de fondo 1/15, en virtud del principio de economía procesal y tratándose de una problemática de alcance general ya resuelta por ambos órganos del sistema interamericano, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica con referencia al análisis de derecho y artículos aplicados tanto en su informe de fondo 85/10 respecto del caso 12.361 - Artavia Murillo y otros, como en la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por la Corte Interamericana en el mismo caso.

    El Estado de Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de abril de 1970 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980.


    La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales.
    Señor

    Pablo Saavedra Alessandri, Secretario

    Corte Interamericana de Derechos Humanos

    Apartado 6906-1000

    San José, Costa Rica
    Anexos

    De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe de fondo 1/15 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 1/15 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Costa Rica mediante comunicación de 18 de febrero de 2015, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento de cuatro prórrogas al Estado de Costa Rica, las recomendaciones del informe de fondo continúan en situación de incumplimiento.


    Específicamente, desde la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y otros, el Estado informó de varios proyectos de ley, los cuales no habían podido avanzar debido a las múltiples objeciones por parte de diputados. El Estado informó que en atención a dicha situación, el Gobierno emitió un Decreto Ejecutivo en el cual levantó la prohibición y reguló algunos aspectos de la implementación de la técnica. El Decreto Ejecutivo mediante el cual se levantó la prohibición y se regularon algunos aspectos de la implementación de la técnica, fue impugnado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La referida Sala dictó medidas cautelares para suspender los efectos del Decreto hasta tanto se pronuncie sobre los recursos presentados. En su último informe y en respuesta a la consulta expresa de la Comisión, el Estado indicó que el promedio para la decisión de acciones de inconstitucionalidad en 2014 fue de 18 meses, con lo que “es factible estimar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría tardar al menos un año más en resolver la acción de inconstitucionalidad” sobre el referido Decreto Ejecutivo. Por otra parte, y no obstante el requerimiento de la Comisión, el Estado no presentó información sobre avances en el otorgamiento de reparaciones individuales a favor de las víctimas.
    En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 1/15, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas del caso.
    En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11.2 (derecho a la vida privada y familiar), 17.2 (derecho a fundar una familia) y 24 (igualdad ante la ley e igual protección de la ley) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de Derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
    En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:


    1. Levantar la prohibición de la fecundación in vitro en el país a través de los procedimientos legales correspondientes.




    1. Asegurar que la regulación que se otorgue a la práctica de la Fecundación in Vitro a partir del levantamiento de la prohibición, sea compatible con las obligaciones estatales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, que las personas y/o parejas que lo requieran y así lo deseen, puedan acceder a las técnicas de la Fecundación in Vitro de forma que dicho tratamiento contribuya efectivamente a su finalidad.



    1. Reparar integralmente a las víctimas del presente caso tanto en el aspecto material como moral, incluyendo medidas de satisfacción por los daños ocasionados.

    Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano las cuales ya fueron abordadas mediante los peritajes recibidos por la Honorable Corte en el marco del caso Artavia Murillo y otros. En ese sentido, se solicita a la Corte Interamericana que disponga el traslado de la prueba pericial ofrecida por la Comisión en el referido caso.


    La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre la persona que, a la fecha, actúa como peticionario en el trámite del caso:
    Huberth May Cantillano

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

    firmado en el original

    Elizabeth Abi-Mershed



    Secretaria Ejecutiva Adjunta






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