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    Proyecto y Ejecución de la Ingeniería Jurídica


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    Anexos Parte II

    Anexo XVII: Asociaciones Público – Privadas – PPP. Brasil

    Documento de Apresentacao. Unidade PPP Brasil. Parcerías Público Privadas. O interesse público encontra o capital privado. Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao.

    Experiencia Internacional - Ejemplo

    País: Canada

    Sector: Justicia

    Nombre del Proyecto: Downtown Commercial – Law Court Project

    Costo: Superior a los 6 millones de dólares.

    Iniciativa: El proyecto consiste en la construcción de una corte judicial combinada con un espacio comercial en un edificio de tres pisos que sirve como estímulo para el desenvolvimiento del área central de la ciudad de Chiliwack.

    Realizaciones:

    La ciudad y la provincia, conjuntamente, alquilarían una parte del espacio comercial, con la parte sobrante siendo alquilada por empresas privadas a precios de mercado.

    6) Privatización Temporaria (Temporary Privatization)

    La propiedad de una instalación pública ya existente es transferida para un socio privado que la mejora o la expande. La instalación pasa, entonces, a pertenecer y a ser operada por el socio privado por un período específico de contrato o hasta que este recupere la inversión mas un retorno razonable.

    Ventajas


    Si el contrato está bien estructurado con el socio privado, puede obtenerse un cierto control sobre el desempeño, sin incurrir en los costos de propiedad y operación.

    La transferencia de un patrimonio puede resultar en la reducción de costos de operación para el socio público.

    El sector privado puede, potencialmente, mejorar la eficiencia en la construcción y operación de la instalación;

    Acceso de capital privado para construcción e operaciones;

    Riesgos operacionales a cargo del socio privado.

    Desventajas

    Perdida real o aparente de capacidad de control;

    El contrato inicial debe ser bien estructurado para atender todas las posibles alteraciones futuras;

    El sector privado debe ser capaz de determinarles las tarifas a los usuarios, que podrán quedar por encima de aquellas que eran practicadas sobre el control estatal;

    Dificultad para la reposición del socio privado en el caso de quiebra o desempeño insatisfactorio;

    Potencial para que el socio público vuelva a ser el proveedor del servicio o instalación en el futuro en caso de incapacidad del socio privado;

    Desvinculación de funcionarios públicos;

    Cuestiones laboristas en la transferencia de funcionarios del socio público para el privado.

    - Experiencia internacional – Ejemplo

    País: Canada

    Sector: Energía

    Nombre del Proyecto: Cornwall Electric

    Costo: 42,62 Millones de dólares

    Vigencia: 35 años

    Iniciativa: La franquicia estipula que la Cornwall Electric proveerá electricidad para toda la ciudad de Cornwall, Ontario, y necesita el consentimiento del gobierno local para ser cancelada, vendida o transferida a cualquier otra empresa, excepto otra subsidiaria de la franqueadota estatal.

    Realizaciones:

    Esta transacción fue la primera de este tipo realizada en Ontario, en que un municipio poseedor de una instalación para abastecimiento de energía eléctrica transfiere su pose a la iniciativa privada.

    Los funcionarios contratados anteriormente a la sociedad fueron mantenidos con salarios equivalentes, pensiones e beneficios.

    Garantías de que los aumentos de las tasas anuales no ultrapasaran el 3% también fueron estipuladas en el contrato.

    7) Alquila – Desenvuelve – Opera o Compra – Desenvuelve – Opera (Lease – Develop – Operate or Buy – Develop – Operate)

    El socio privado alquila o compra una instalación del gobierno, la expande o moderniza, entonces la opera por medio de un contrato. El socio privado tiene que invertir en la expansión o en la mejoría de la instalación y tiene un período de tiempo específico para recuperar la inversión y tener un retorno.

    Ventajas

    Si el socio privado compra la instalación, hay una inyección de recursos financieros para el socio público;

    El sector público no necesita invertir recursos financieros para su modernización;

    El riesgo de financiamiento puede quedar a cargo del socio privado;

    Oportunidad de mayor generación de rendimientos para ambos socios;

    La modernización de las instalaciones puede resultar en una mejoría de la calidad de los servicios a los usuarios;

    La experiencia del socio privado en la construcción de instalaciones beneficia al socio público;

    Flexibilidad en la implementación;

    Oportunidad para la mejoría de la eficiencia en la construcción;

    Reducción del tiempo de implementación del proyecto.

    Desventajas

    Perdida real o aparente de la capacidad de control;

    Dificultad en el calculo del patrimonio a ser alquilado o vendido;

    Si la instalación es vendida al socio privado, existe la posibilidad de que el socio público vuelva a ser el proveedor del servicio o el operador de la instalación en el futuro en el caso de incapacidad del socio privado;

    Modernizaciones futuras no incluidas en el contrato podrán presentar dificultades para ser incorporadas mas tarde.

    8) Construye – Opera – Transfiere (Build – Operate – Transfer)

    El gobierno contrata un socio privado para financiar y construir una instalación. Una vez lista, el socio privado la opera durante un período en el cuál tiene la oportunidad de recuperar su inversión más una razonable tasa de retorno. Terminado ese período, el socio privado transfiere la instalación para el gobierno.

    Ventajas


    Experiencia del socio privado en la instalación beneficia al socio público;

    El sector público obtiene los potenciales beneficios y las reducciones de costos de las operaciones del sector privado;

    El sector público mantiene el control sobre el nivel de los servicios y las tarifas cobradas;

    Menores costos de proyecto, construcción y operación.

    Desventajas

    Posible dificultad en sustituir al socio privado o cancelar el contrato, en caso de quiebra o desempeño insatisfactorio.

    Experiencia Internacional – Ejemplo

    País: Canada

    Sector: Salud

    Nombre del proyecto: Centracare Psychiatric care Facility

    Costo: 4,03 millones de dólares, pagos por la Cardinal Pomerleau Inc. (socio Privado).

    Vigencia: 25 años

    Iniciativa: El proyecto se trata de una nueva unidad de tratamiento psiquiátrico con 50 camas en New Brunswick.

    Realizaciones:

    La compañía es responsable de la mayor parte de la manutención de la unidad (Ej: cambio de tejado, sistemas mecánicos), mientras que la provincia cobre los gastos operacionales.

    Desactivando la instalación anterior con 1500 camas y estableciendo la sociedad con el sector privado, la provincia redujo significativamente sus costos de construcción y operación.

    9) Construye – Posee – Opera – Transfiere (Build – Own – Operate – Transfer)

    El socio privado obtiene la franquicia exclusive para financiar, construir, operar, mantener, administrar y cobrar por el uso de una instalación por un período de tiempo fijo necesario para amortizar la inversión. Al final de la franquicia, el título se revierte para la autoridad pública.

    Ventajas

    Maximiza recursos financieros del sector privado;

    Asegura la construcción de instalaciones mas eficientes teniendo como base el costo del ciclo de vida;

    La sociedad recibe los beneficios de la instalación sin que se gasten recursos públicos, ni asumidas deudas de largo plazo;

    Todos los problemas iniciales quedan a cargo del operador privado;

    El acceso a la experiencia, gerenciamiento, equipamientos, innovaciones y relaciones laborales del sector privado puede resultar en menores costos;

    Riesgo compartido con el sector privado.

    Desventajas

    El contrato inicial debe ser bien estructurado para atender todas las posibles alteraciones futuras;

    El sector privado puede determinarle el nivel de las tarifas al usuario, a menos que el sector público las subsidie;

    Posible dificultad en sustituir al socio privado o cancelar el contrato, en caso de quiebra o desempeño insatisfactorio.

    10) Construye – Posee - Opera (Build – Own – Operate)

    El gobierno transfiere la propiedad y la responsabilidad por una instalación existente o contrata un socio privado para construir, detener la propiedad y operar una nueva instalación en carácter perpetuo. El socio privado generalmente financia el proyecto.

    Ventajas

    Ningún compromiso del sector público en la provisión y operación de la instalación;

    El sector privado puede operar el servicio mas eficientemente tanto a corto como a largo plazo;

    No hay necesidad de recursos financieros del sector público;

    La posesión permanente de la instalación por parte del socio privado puede incentivarlo a invertir un capital significativo en su implantación.

    Desventajas

    El sector privado puede no operar o construir la instalación o servicio de acuerdo al interés público;

    El sector público no dispone de mecanismos para “regular” el precio del servicio, a menos que este sea específicamente regulado;

    La tasación del bien o servicio ofertado está sujeta a todas las “regulaciones” existentes;

    No hay competencia, hecho que demanda la elaboración de normas y procedimientos regulatorios para la operación y control de precios.

    Experiencia Internacional – Ejemplo

    País: Canada

    Sector: Tecnología de la Información

    Nombre del Proyecto: Atlantic Canada On-Line-ACOL

    Costo: 6,27 millones de dólares, incluyendo proyecto y desenvolvimiento.

    Vigencia: 7 años

    Iniciativa: Combinación de Construye-Posee-Opera (Build-Own-Operate) con Proyecto-Construcción (Design-Build). El proyecto posibilita a sus clientes la obtención, la actualización y el registro de informaciones necesarias a transacciones comerciales de forma bastante ágil.

    Realizaciones:

    Los gobiernos locales son los responsables de las informaciones dadas, como de su actualización.

    Las responsabilidades conjuntas incluyen marketing, política de precios y asistencia de los departamentos para disponer sus bases de datos.

    3.1 Características Básicas

    Para identificar y coordinar los procedimientos de la política del PPP, como para colocarla en práctica, es necesaria la creación de una unidad técnica (Unidad PPP).

    La unidad PPP necesita disponer de especialistas de diversas áreas (Finanzas, Derecho, Ingeniería, Planeamiento, Políticas Públicas, etc), preferentemente con experiencias en los sectores público y privado.

    El trabajo de una unidad PPP incurre básicamente en dos actividades, que pueden o no representar una división en la estructura organizadora:

    Desenvolver y articular las políticas del PPP de modo que sean consistentes con las otras políticas públicas.

    Auxiliar en la identificación de los proyectos-piloto más apropiados, desenvolviendo las metodologías de elaboración de sociedades y diseminando el conocimiento adquirido.

    La implantación por parte del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión de una iniciativa del tipo Sociedad Público-Privada – PPP debe buscar los siguientes objetivos:

    Maximizar el compromiso de los capitales y de las capacitaciones del sector privado en el alcance de los objetivos del Avança Brasil, construyendo una efectiva sociedad entre los sectores público y privado;

    Realizar proyectos-piloto del PPP en los sectores de infraestructura teniéndolos como prioritarios: transportes, energía, telecomunicaciones, agua y otros servicios públicos locales que contemplen la definición de estrategias específicas y modelos referenciales para los sectores interesados;

    Efectivar la transferencia de capital intelectual derivado de experiencias desenvueltas en el campo de los instrumentos innovadores de financiamiento de los proyectos de infraestructura a nivel internacional, desenvolviendo acciones de capacitación y calificación del personal del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, de los ministerios sectoriales y de otras agencias públicas envueltas en los proyectos-piloto;

    Dotar a los ministerios y otras entidades envueltas en los proyectos-piloto de las capacitaciones técnicas específicas necesarias para enfrentar las relevantes y complejas

    3.2 Iniciativa PPP Brasil

    Esta iniciativa prevé la creación de una estructura articulada, de acuerdo con el cuadro a continuación:

    La iniciativa para el desenvolvimiento de Sociedades Público-Privadas se basa en los siguientes componentes:

    Trust Funds nacionales, constituidos para el gobierno brasilero por gobiernos extranjeros interesados en facilitar la realización de proyectos de infraestructura en Brasil;

    Trust Funds administrados por agencias multilaterales, como el Public Private Infrastructure Advisory Facility – PPIAF do Banco Mundial e o Multilateral Innvestment Fund (MIF / FOMIN) del Banco Interamericano para el Desenvolvimiento BID, que operan en el sector de desenvolvimiento de infraestructura con capitales privados;

    Fondos de diversos orígenes tales como ONGs- Organizaciones No Gubernamentales y grupos de negocios privados, interesados en participar del patrocinio de proyectos de infraestructura pública; y

    Recursos presupuestarios, para el programa 0803 – recursos para el desenvolvimiento, acción 7889 – Ingenierías Financieras para la Viabilización de Programas estratégicos, con vistas al fortalecimiento de capacidad institucional de tratar con temas relacionados al planeamiento de inversiones y formas innovadoras de financiamiento y de mercado de capitales.

    Esos recursos deberán, en principio, ser ubicados en el Programa 0803 – Recursos para el Desenvolvimiento, sea en la acción 7889 – Ingenierías Financieras para la Viabilización de Programas Estratégicos, sea en otras acciones integrantes del citado programa, coherente con el modelo de gestión del Avança Brasil.

    Los proveedores de recursos interesados tendrán la posibilidad de seleccionar, conjuntamente con el gobierno, el sector de sus intereses. Los proyectos deberán, prioritariamente, ser elegidos dentro de las oportunidades de inversiones del Estudio de los Centros de Integración y Desenvolvimiento.

    El fondo podrá asumir una naturaleza rotativa: después de la entrega de los Proyectos-Piloto a entes privados para su implantación, los costos incurridos en los estudios y proyectos podrán ser reembolsados por el emprendedor seleccionado, siendo las cantidades así obtenidas utilizadas para realimentar el Fondo.

    3.3 Unidad PPP Brasil

    La Unidad PPP Brasil está siendo creada ad hoc en el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, en el ámbito de la Secretaria de Planeamiento e Inversiones Estratégicas, sobre la supervisión del Departamento de Recursos para el Desenvolvimiento.

    Contará con una Unidad de Gerenciamiento del Programa, que incluirá un equipo de consultores externos calificados.

    La unidad PPP Brasil desenvolverá básicamente las siguientes funciones:

    Definir estrategias y modelos de intervención.

    Articular las actividades del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y gestión, de los Ministerios Sectoriales, de las Agencias y otras entidades envueltas en el proceso de selección de los Proyectos- Piloto.

    Identificar y seleccionar los Proyectos-Piloto y estructurar los esquemas posibles de sociedad Público-Privada.

    Desenvolver acciones de capacitación para el personal de los organismos envueltos en los Proyectos-Piloto.

    Coordinar y contratar la realización de estudios para verificar la viabilidad de los Proyectos-Piloto.

    Asistir a los organismos públicos competentes en las licitaciones para adjudicación de los Proyectos-Piloto a los socios privados y, en la secuencia, participar del cierre de los entendimientos contractuales con los entes socios privados.

    Estructura Inicial / Atribuciones – Propuesta Preliminar

    1) Equipo Nuclear

    Inicialmente, se previó el alquiler, en régimen de tiempo integral, de un Gerente de Programa y de dos Analistas de Planeamiento y Presupuesto de la SPI. Estos técnicos ejercerán la función de contraparte a los consultores internacionales que ayudarán en el proceso de formación de la Unidad PPP Brasil.

    El equipo nuclear deberá tener tres atribuciones básicas:

    Divulgación del concepto y de los beneficios de las soluciones PPP, especialmente junto a los Ministerios sectoriales con jurisdicción sobre los Proyectos-Piloto de PPP;

    Estructuración de la Unidad PPP Brasil, con énfasis en la formación de negocios y perfeccionamiento del aparato legal (Interpretación de la ley nº 8.666 y sugestión de su adecuación a proyectos de PPP), y

    Capacitación en técnicas de PPP, a partir de la experiencia internacional.-

    Otras dos atribuciones, a ser ejercidas en conjunto con monitores seleccionados de la SPI, se refieren a:

    Selección de los casos para los Proyectos-Piloto de PPP; y

    Prospección y atracción de agentes interesados en los Proyectos-Piloto.

    Otras dos atribuciones, a ser ejercidas en conjunto con monitores seleccionados de la SPI, se refieren a:

    Selección de los casos para los Proyectos-Piloto de PPP; y

    Prospección y atracción de agentes interesados en los Proyectos-Piloto.

    Unidad PPP Brasil – Equipo Nuclear

    Jefatura de la Unidad

    Consultores BID

    Consultores

    Partnerships UK

    Técnicos

    Consultores

    SPI

    2) Equipo Expandido



    Deberá existir fuerte interface con los Monitores SPI encargados de acompañar los sectores de donde deberán surgir los proyectos seleccionados para los Proyectos-Piloto de PPP. En el estado actual de los trabajos, puede preverse, en principio, el compromiso de los monitores de las áreas de transportes, energía y saneamiento. Además, todo el equipo técnico de la DRD deberá estar permanente asociado a las actividades relacionadas a la Unidad PPP Brasil.

    Unidad PPP Brasil – Equipo Expandido

    3.4. Proyectos-Piloto

    Los Proyectos-Piloto constituyen el principal resultado operativo de la iniciativa y permiten crear un cuadro de referencia para los sectores interesados.

    Para cada Proyecto-Piloto están previstas dos fases distintas:

    Realización, por la Unidad PPP Brasil en articulación con el Ministerio sectorial respectivo y demás entidades envueltas, de un o más Estudios de Viabilidad por parte de Consultores calificados (empresas de Ingeniería, Estudios de abogados, bancos de inversiones, empresas de consultoría) eventualmente operado en consorcios, que permitan desenvolver, de manera integrada, las alternativas técnicas, jurídicas. Económicas y financieras, modulando los diferentes esquemas de PPP para la implantación del Proyecto-Piloto.

    Licitación, por el Ministerio Sectorial respectivo, con vistas a la selección de los socios privados para la implantación, financiamiento y gestión de los Proyecto-Piloto, basado en el esquema de PPP preelegido.

    IV. ACTIVIDADES PREVISTAS – UNIDAD PPP BRASIL

    Las siguientes frases y sub-frases están previstas para la implementación de la Unidad PPP Brasil:

    4.1. Creación de la Unidad

    En esta fase, la Unidad será asistida por consultores puestos en disposición por el Gobierno Italiano, por intermedio de la Embajada de Italia en Brasil y del Italian Individual Consultant Trust Fund, gerenciado por el BID, y por el Gobierno Británico, gracias a esfuerzos de su Embajada en Brasil y de el Departamento para el desenvolvimiento Internacional – DFID (Department for Internacional Development).

    4.2. Consolidación

    En la fase de consolidación de la Unidad PPP Brasil, esta contará con una Unidad de Gerenciamiento del Programa formada por un equipo de 2 a 3 especialistas externos, coordinada por un gerente. El equipo de especialistas deberá proveer, de modo permanente y en tiempo integral, soporte técnico especializado y deberá viabilizar la operación de todas las actividades del proyecto juntamente con los técnicos de la SPI. La definición de la estructura organizacional de la Unidad PPP Brasil tendrá en cuenta experiencias exitosas de países donde el concepto de PPP ya está ampliamente consolidado y difundido.

    4.3. Financiamiento

    Financiamiento para el funcionamiento de la Unidad PPP Brasil:

    Presupuesto General de la Unión de 2002, Programa 0803 – Recursos para el desenvolvimiento, acción 7889 – Ingenierías Financieras para la Viabilización de los Programas estratégicos, en un valor de R$ 120.000,00.

    Italian Individual Consultant Trust Fund, en un valor aproximado de US$ 120,000.00 (en fase de Viabilización).

    Cooperación del Gobierno Inglés (a ser definida)

    Cooperación del BID ( a ser definida)

    Otras fuentes públicas o privadas (a ser definidas).

    Financiamiento de los estudios de previabilidad:

    Utilización de los Trust Funds nacionales de gobiernos extranjeros y de organismos Multilaterales.

    Otras fuentes públicas o privadas (a ser definidas).

    4.4. Capacitación

    La transferencia de Capital Intelectual cubre dos actividades:

    Capacitación on the job para los funcionarios del Departamento de Recursos para el Desenvolvimiento (DRD) de la Secretaria de Planeamiento e Inversiones Estratégicas – SPI del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, con la utilización de las Best Practices internacionales del PPP en los sectores de mayor interés.

    Capacitación para los demás funcionarios del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, de los Ministerios Sectoriales, de las Agencias y de las otras entidades envueltas en los Proyectos-Piloto. Tales actividades de entrenamiento, además de facilitar los instrumentos conceptuales básicos, apuntar a la adquisición de conocimiento (Know-how) especializado, desenvuelto en el ámbito de las Organizaciones Internacionales, del Banco Europeo de Inversiones, de las Unidades PPP de los gobiernos Europeos y del propio sector privado.

    4.5. Marco Legal

    Análisis y proposición de adecuación de instrumentos legales para la viabilización de proyectos del PPP.

    4.5.1. Estructuración de Estudios de Pre - factibilidad de Proyectos-Piloto

    Identificación de un primer Porfolio de 5 Proyectos-Piloto.

    Definición de las estrategias y de los modelos de intervención del PPP en un marco regulatorio vigente en Brasil.

    Compromiso de los entes responsables (Ministerios Sectoriales, Agencias y otros entes públicos) por los Proyectos-Piloto seleccionados.

    Análisis preliminar de las características de los proyectos y de los esquemas posibles del PPP aplicables al caso concreto.

    4.5.2. Estudio de Viabilidad y Licitación

    Definición del contenido de los términos de referencia para la realización de los estudios de Viabilidad;

    Licitación de los servicios de consultaría técnica, legal, económica y financiera;

    Realización de los estudios de Viabilidad;

    Evaluación de los resultados de los estudios de viabilidad y elección de las modalidades operativas del PPP para implantación de cada Proyecto-Piloto;

    Asistencia para la organización de las licitaciones de concesiones (u otras formas de sociedad Público-Privada) y para la finalización contractual y financiera de las negociaciones del PPP;

    Realización del circuito de presentación (Road Show) de las oportunidades de inversiones del proyecto viabilizado, para emprendedores nacional e internacional.

    4.6. Cronograma de Implementación de la Unidad PPP Brasil

    V. EJEMPLOS DE UNIDADES PPP INSTALADAS EN OTROS PAÍSES

    5.1. Partnerships UK (Reino Unido)

    La Unidad de Partnerships UK es una empresa privada gerencia en líneas comerciales con la misión de servir el interés público, el que la torna, también, un ejemplo de PPP.

    Su objetivo es ayudar a tornar el sector público un cliente más eficaz y asegurar los mejores acuerdos posibles en programas de inversiones financiadas por el sector privado.

    La Partnerships UK ofrece beneficios a ambos sectores:

    Sector Público: ayuda a garantizar que los proyectos sean bien estructurados desde el inicio, impulsando el flujo de inversiones de infraestructura en el Reino Unido.

    Sector Privado: También garantiza que los proyectos sean bien estructurados, ayudando a reducir costos, plazos e insertazas de los licitantes.

    Partnerships UK: La Organización

    La estructura de Partnerships UK fue proyectada de modo que equilibre las disciplinas del sector privado con la misión del sector público. La mayor parte de los miembros de la unidad son oriundos del sector privado, siendo el sector público representado por dos directores no-ejecutivos. El interés público es garantizado por la existencia de un Consejo Consultivo formado por Stakeholders del sector público.

    Como sucesora de la Treasury Task Force, la Partnerships UK coopera con el tesoro, con Departamentos del Gobierno y con la Oficina de Comercio del Gobierno. Opera en el desenvolvimiento de políticas del PPP y en el empadronamiento de contratos, en la evaluación y en la implementación de proyectos y en la prestación de asistencia a sociedades Público-Privadas en dificultad.

    Financieramente, la Partnerships UK procura realizar su misión del sector público, permitiendo, un razonable retorno de capital.

    Como la Partnerships UK puede ayudar

    La Partnerships UK no es una empresa de consultoría. Es una unidad promotora de sociedades Público-Privadas que trabaja en conjunto con segmentos del sector público.

    La Partnerships UK fue constituida para auxiliar al sector público en la realización de:

    Sociedades Público-Privadas desenvueltas e implementadas de manera rápida y eficiente;

    Sociedades Público-Privadas fortalecidas que mantienen relaciones estables con el sector privado;

    Menores gastos de desenvolvimiento; y

    Mejor calidad de gasto.

    Esto es alcanzado por el hecho de que la Partnerships UK trabaja lado a lado con segmentos del sector público a lo largo del proceso de desenvolvimiento, negociación e implementación de una PPP.

    Los intereses de la Partnerships UK están alineados con los intereses del sector público. Su retorno financiero está vinculado al suceso de una PPP, siendo que los costos de desenvolvimiento e implementación son divididos con el sector público. Si el proceso falla, la Partnerships UK pierde parte o la totalidad de su inversión. Si fuese bien sucedido, la Partnerships UK y el sector público dividirían los beneficios.

    La Partnerships UK pretende financiar sociedades Público-Privadas en los segmentos que propicien una mejor calidad del gasto público. Por ejemplo, ella puede proveer financiamiento u otras formas de capital u apoyo donde estos no estuviesen disponibles por mercados financieros establecidos.

    La Partnerships UK también opera con el sector público en la identificación y estructuración de nuevas oportunidades de cooperación con el sector privado. Además de eso, está lista a asistir al sector público en los primeros estadios de una PPP, ayudando a formar proyectos de modo que garantice una mejor calidad por parte del sector privado.

    5.2. PPP Knowledge Centre: Consultoría y Think-Tank (Holanda)

    Creado el 1º de enero de 1999, tiene por función auxiliar al gobierno Holandés en la formulación de políticas de gobierno que provocan la aproximación entre los sectores público y privado, realizando propuestas para proyectos de PPP, transformando experiencias prácticas en normas y regalamientos claros y elaborados velatorios regulares sobre los conocimientos adquiridos.

    El PPP Knowledge Centre está formado por un Consejo Director (Steering Group) y por un Consejo Consultivo (Advisory Council) en los cuales actúan policymakers indicados por el Gobierno y especialistas del sector privado. Juntos, el Consejo Director y el Consejo Consultivo del PPP Knowledge Centre tiene la función de establecer las directrices para el suceso de las PPP en Holanda.

    El Consejo Director del PPP Knowledge Centre

    Formado por representantes del gobierno, el consejo Director del PPP Knowledge Centre determina los programas de trabajo y los proyectos que serán implementados. Todos los documentos y relatorios preparatorios para la toma de decisiones por el consejo de ministros también deben ser aprobados por el Consejo Director, que se reúne periódicamente con el Consejo Consultivo.

    Cada miembro del Consejo Director es, individualmente, responsable por asegurar que las actividades del PPP Knowledge Centre. Esto garantiza que todas las informaciones relevantes sean compartidas, que el trabajo duplicado sea evitado e que el conocimiento y la experiencia del gobierno central sean eficientemente distribuidas y perfeccionadas.

    Actualmente, miembros de los siguientes órganos componen el Consejo Director del PPP Knowledge Centre:

    Ministerio de Hacienda;

    Ministerio de Transporte, Infraestructura y Aguas;

    Ministerio de Vivienda, Planeamiento Espacial y Planeamiento Ambiental;

    Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;

    Ministerio de Economía;

    Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia;

    Ministerio del Interior y de las Relaciones Exteriores;

    Ministerio de Justicia.

    Consejo Consultivo del PPP Knowledge Centre

    El Consejo Consultivo es una entidad informal que se reúne dos o tres veces por año. Está compuesto por especialistas oriundos del sector privado de Holanda y de otros países y por representantes de universidades y del Ministerio de Hacienda.

    La finalidad del Consejo Consultivo es monitorear con una postura crítica y hacer las recomendaciones necesarias a todas las actividades relacionadas al PPP iniciadas por el PPP Knowledge Centre. El resultado es, entonces, discutido con el Consejo Director. Esto asegura una buena interacción entre los sectores público y privado.

    5.3. Unità Tecnica Finanza Di Progetto – UFP (Italia)

    La UFP opera en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda de Italia desde julio del 2000. Está formada por quince especialistas con experiencia internacional en diversas áreas (Derecho, Economía, Finanzas, Ingeniería) y provenientes del sector privado o de la administración pública.

    La UFP tiene tres papeles principales:

    Crear una cultura del PPP en las entidades de administración pública;

    Proveer servicios de consultoría a las administraciones (central, regional y local) con el objetivo de identificar proyectos viables para la participación de capital privado, indicando la forma de aproximarse mejor al mercado y garantizar la calidad de las propuestas;

    Encontrar soluciones y remover los obstáculos legales para el desenvolvimiento del PPP, identificando las mejores prácticas de mercado y trabajando por el empadronamiento de los contratos.

    Actividades de la UFP

    La UFP asiste a 43 administraciones locales y 7 administraciones regionales, además de la administración central. Durante los primeros 12 meses de operación, fue prestada asistencia en la elaboración de 67 proyectos diferentes que, si fueran concretados, representarían una inversión total de un orden de 8.11 billones de dólares. Mientras tanto, se cree que apenas 10 o 12 de esos proyectos serán efectivamente realizados entre 2002 y 2003. En términos geográficos, 37% de esos proyectos están localizados en el norte de Italia, 33% en la región central y 30% en el sur. Los sectores atendidos fueron:

    43% Vivienda e instalaciones gubernamentales;

    22% Transportes;

    21% Centros deportivos;

    6% agua;


    5% Patrimonio público;

    3% Medio ambiente.

    Evaluación de los resultados de la UFP

    Hasta el momento se puede concluir que un primer obstáculo a ser enfrentado es la legislación en vigor en Italia que impone normas extremadamente prescriptas. Otro problema de la legislación es el énfasis en los productos y no en los servicios.

    También la publicidad de los documentos de planeamiento constituye un obstáculo para el éxito de la implementación de los proyectos del PPP. Para que una propuesta sea admitida ella debe estar inserida en el plano trienal de proyectos públicos. La cuestión lleva a la necesidad de darle suficiente publicidad a esos planos trienales, que muchas veces no son divulgados adecuadamente.

    Otro obstáculo serio es la solicitación hecha a los que se proponen para la realización de estudios y documentos extremadamente detallados y que demandan altas inversiones financieras en un estadio todavía muy preliminar de las negociaciones.

    Finalmente, las limitaciones de la Ley Merloni (Lei Merloni) que establece que la compensación de la administración pública al concesionario no puede exceder el 50% del costo de construcción de la infraestructura y que la duración de las concesiones no puede pasar el período de treinta años.

    Abordaje hecho por el Gobierno

    Énfasis en proyectos de infraestructura considerados estratégicos;

    Mejor nivel de prestación de cuentas por el Gobierno Central, respetando las prerrogativas de los gobiernos locales;

    Simplificación de procedimientos para liberar autorizaciones y licencias;

    Preferencia por contratos en que los riesgos de construcción son totalmente transferidos al socio privado, que prefinancia todos los costos de construcción.

    Cuadro Resumen de las Modalidades del PPP

    Participación

    PrivadaProyectoFinanciamientoConstrucciónOperaciónManutenciónPosesiónO & M***Socio PrivadoSocio privado*D – BSocio Privado*Socio Privado***T.O.Socio Privado*Socio PrivadoSocio PrivadoSocio Privado*W.A.A.*Socio PrivadoAmpliaciónSocio PrivadoSocio Privado*L- PSocio

    PrivadoSocio PrivadoSocio Privado**TemporariaT.P.**MejoríaSocio PrivadoSocio PrivadoTemporariaL-D-O / B-D-O**MejoríaSocio PrivadoSocio PrivadoOpcionalB-O-T*Socio PrivadoSocio PrivadoSocio PrivadoSocio Privado*B-O-O-T*Socio PrivadoSocio PrivadoSocio PrivadoSocio PrivadoTemporariaB-O-O*OpcionalOpcionalSocio PrivadoSocio PrivadoSocio Privado

    O & M Operations and Maintenance

    D-B Design- Build

    T.O. Turnkey Operation

    W.A.A. Wrap around Addition

    L-P Lease- Purchase

    T.P Temporary PrivatizationL-D-O / B-D-O Lease-Develop-Operate or Buy-Develop-Operate

    B-O-T Build-Operate-Transfer

    B-O-O-T Build-Own-Operate-Transfer

    B-O-T Build-Own-Operate

    B-O-O Build-Own-Operate

    * Participación Pública

    Anexo XVIII: Asociaciones Público Privadas. Documentos de Trabajo

    Universidad de Yale

    Public-Private Partnerships for the Urban Environment

    Options and Issues

    Written By:

    Elizabeth Bennett

    Peter Grohmann

    Brad Gentry

    New York, 1999



    I Background
    A. Current Trends In The Delivery Of Urban Infrastructure Services
    Cities around the world are growing at an unprecedented rate. Over the past three decades, the number of people living in the cities of developing countries has more than tripled. This urban growth continues to be accompanied by an alarming increase in the number of people living in poverty. Today, one out of four people living in cities does so in absolute poverty; another one in four is classified as relatively poor.
    The rapid concentration of hundreds of millions of people in urban areas has placed an extraordinary strain on governments – both national and local – to meet their citizens’ basic needs. Many governments are finding that their existing water, sanitation, and energy infrastructures are unable to service their rapidly expanding populations. In addition, governments realise that their limited financial resources are not sufficient to cover the needed expansion of these services. Even where governments do find the resources to subsidize public utilities, service is often still poor and sectors of the population largely unserved.
    It is the poor who suffer the most from these circumstances. The World Health Organization estimates that 25 to 30 percent of urban residents in Latin America, Africa, and the Middle East lack access to potable water. Municipal authorities collect less than half of the waste generated each day in these large cities and, in many cities, slums and squatter settlements have no access to waste disposal services.
    B. Finding Solutions Through Public-Private Partnerships
    It is becoming increasingly clear that governments cannot meet the continually growing demand for water, waste and energy services acting alone. Governments are finding that their tax revenues are not providing sufficient resources to meet these needs, and official development assistance has not been able to fill the gap. New approaches to addressing these problems that involve collaboration among an increasing number of stakeholders are urgently needed. Public-private partnerships are one of the most promising forms of such collaboration.
    The term “public-private partnership” (PPP) describes a spectrum of possible relationships between public and private actors for the cooperative provision of infrastructure services (see Figure 1). The only essential ingredient is some degree of private participation in the delivery of traditionally public-domain services. Private actors may include private businesses, as well as non-governmental organizations (NGOs) and community-based organizations (CBOs). In this context, CBOs typically represent directly one or several communities, while NGOs are intermediaries between government and communities, and often provide communities with technical and financial assistance for the development of their projects. Through PPPs, the advantages of the private sector – innovation, access to finance, knowledge of technologies, managerial efficiency, and entrepreneurial sprit – are combined with the social responsibility, environmental awareness, and local knowledge of the public sector in an effort to solve urban problems.
    In cities throughout the world, private firms have demonstrated their ability to improve the operation of infrastructure services. However, it is important to bear in mind that private involvement does not provide an automatic solution to urban infrastructure problems. Private sector involvement changes, but by no means eliminates public sector responsibilities. The business sector is driven by profit, and if unregulated, this pursuit of financial gain can lead to under-investment in the human and social capital that is necessary for meeting basic infrastructure needs. Governments must maintain responsibility for ensuring that adequate and affordable infrastructure services are provided to all citizens. Whether they exercise this responsibility as a provider, partner, or regulator will depend on the government’s needs, constraints and capacity.
    C. How Public-Private Partnerships Typically Get Started
    Whether you are coming from the public or the private sector, getting involved in a PPP may not seem like a desirable solution at first. Most organizations prefer to stay on paths they know, sharing goals and work practices with other groups that think and act like them – governments working with governments, businesses with other businesses. Although governments and private firms have long worked together under simple arrangements that typically involve purchasing private sector products for public services, both parties are reluctant to enter more complex relationships, such as those presented by the provision of infrastructure services. Governments are often concerned that private businesses will take advantage of them, while businesses tend to consider government approaches to be burdensome and a waste of time.

    So, what does it take to coax these groups off their traditional paths and persuade them to work together to address urban environmental problems? Generally, it takes a widely acknowledged crisis – one multiple groups acknowledge as affecting their core interests. In the case of urban infrastructure, the substantial problems facing so many cities constitute such crises and have been key drivers in the formation of new PPPs. These problems have been coupled with a broader global trend toward decentralization, which is shifting infrastructure responsibilities from national to municipal governments. Faced with their new responsibilities and often severely limited resources, municipal governments are turning to the private sector to find solutions.

    Sometimes, even in the absence of a significant crisis, an individual, group, or organization will realize that separate, uncoordinated actions are creating redundancies and missed opportunities for optimizing the use of scarce resources. Such “champions” can be government officials, NGOs, business people, or citizens who – through their personal motivation – make partnerships happen. In other cases, they are service providers who stand to profit from the partnership. Although one hopes that progress can be made in the absence of a crisis, in practice, the inertia that keeps many of us on our familiar paths is usually only broken by a pressing need to work together.
    II Five Common Public-Private Partnership Options

    Spectrum Of Public-Private Partnership Options



    If your municipality is considering private sector involvement, you will find that you have a spectrum of PPP options from which to choose, ranging from “awareness building” to full privatization (see Figure 1). There are virtually an infinite number of individual points on the spectrum, with new models for cooperation being developed all the time. The broadest definition of PPPs is any form of cooperation between public and private actors. The narrowest is joint ownership of a business.


    This paper focuses on the five major types used to provide urban water and waste services, namely: service contracts; build-operate-transfer (BOT) contracts for new treatment plants; concessions; joint ventures; and community-based provision. Other major forms of public-private cooperation that are not addressed in this paper but are relevant to urban environmental services include:
    Building the awareness of either government or private parties on the opportunities for improving the delivery of environmental services through the spectrum of collaborative approaches;
    Agreeing on the basic frameworks for community or private action through participatory mechanisms ranging from Local Agenda 21 processes, to negotiation of contractual terms;
    Passive investment by either private investors in government operations (such as through their purchase of municipal bonds in some countries) or by government investors in private operations (through equity, debt or guarantees offered by institutions such as the International Finance Corporation, as well as through grants); and
    Traditional public contracting for the private provision of design and construction services.
    Many of the options presented can be used to improve the delivery of water and waste services in your city. Choosing among them depends upon a number of issues, including the:

    Degree of control desired by the government;


    Ability of governments and private parties to provide the desired services;
    Legal frameworks for private investment and regulatory oversight; and
    Availability of financial resources from the public and private sectors.
    Following are brief summaries of the five most common types of public-private partnerships for the provision of urban water and waste services. Each summary discusses the role of the public and private sector partners, financing structures, and the potential strengths and weaknesses associated with each option.
    B. Operation, Maintenance and Service Contracts
    Role of the Public and Private Sector Partners
    Under an operation, maintenance and service contract (“service contract”), the public sector essentially hires a private organization to carry out one or more specified tasks or services for a period of five to seven years. The public sector remains the primary provider of the infrastructure service and only contracts out portions of its operation to the private organization. The private sector must perform the service at the agreed upon cost and must typically meet performance standards set by the public sector. Governments generally use traditional competitive bidding procedures to award service contracts, which tend to work well given the limited time frame and narrowly defined nature of these contracts.

    Examples of service contracts in the water sector include the operation of a water treatment plant, provision of water distribution services, meter reading, billing and collection operations, and the operation and maintenance of standpipes (see box below). Examples from the solid waste sector include waste collection, the production and distribution of trash receptacles, street-sweeping services, fleet maintenance, and the operation of a landfill or transfer station. In 1994, Bogota issued four different service contracts for waste collection and street sweeping services for four separate sections of the city, along with an operation and maintenance contract for local landfill operations.


    Financing Structures
    Under a service contract, the government pays the private business a pre-determined fee for the service, which may be based on a one-time fee, unit cost, or other basis. One financing option involves a cost-plus-fee formula, where costs such as labor are fixed, and the private business participates in a profit sharing system. The private contractor does not typically have a relationship with the end-users and all financial interactions are made directly with the government. The government is responsible for funding any capital investments needed to expand or improve the system.
    Potential Strengths
    Service contracts provide a relatively low-risk option for expanding the role of the private sector, and going through the process of awarding them helps governments gain a more complete understanding of their infrastructure systems.
    Service contracts have great potential to provide better system operation, allowing the government to obtain improvements in performance and efficiency through technology transfer and the acquisition of technical and/or managerial capacity.
    Service contracts are generally the most competitive form of privatization. Since the contracts are reissued frequently, contractors should be under continuous pressure to keep costs low. Also, because service contracts are limited in scope, the barriers to entry are fairly low. For example, more businesses have the capacity to install water meters or repair water pipes than to operate an entire urban water system. This not only increases competition, but also provides a greater opportunity for the government to award the contract to a local business without sacrificing cost or quality.
    Potential Weaknesses
    Service contracts do not involve significant infusions of private capital, nor do they necessarily create a base from which to optimize entire infrastructure systems. As a result, the contractor's effectiveness in improving the service performance is limited by the government’s ability to provide the necessary capital investments and direction.
    Service contracts leave the government in charge of many of the most explosive political issues – the fee imposed for services and the ownership of the underlying assets. Therefore, they do little to separate the operator from political intervention.
    Municipalities are often under pressure to award service contracts to the lowest bidder without considering the businesses’ ability to provide high quality service. This can stifle the private sector’s incentives to propose innovative solutions to providing the service both during the bidding process and during service provision.

    Mexico City, Mexico – Private Sector Management of Water and Sewerage Systems

    The water and sewerage systems in Mexico City are well developed, but face many operating challenges. The aquifer that is the main source of Mexico City’s water supply is overused, and the drinking water distribution network suffers from major leakage, with losses of up to 30 percent. Less than half of the water consumed by the system is billed, and only 70 percent of those bills are paid. In 1997, the government projected an operating deficit of 2.6 million pesos.
    In developing responses, the government did not need much initial capital, given that the existing network reaches 98 percent of the population for drinking water and 94 percent for sewerage. What the government did need was technical and commercial expertise in water operations and decided to get this by involving the private sector. The government also believed that phasing in private management would alleviate some of the political problems anticipated over efforts to increase fee collection rates.
    The government chose to enter into a phased program of contracts with the private sector. First, competition was built into the process by dividing the city into four zones and the issuing of four tenders. The lowest price for performing the tasks in each phase won the contracts, which were awarded to four different companies for 10-year terms in October 1993. Second, each contract anticipated three phases of work. Phases 1 and 2 involved identifying customers, and designing and implementing a more effective billing system. The government pays the contractors directly on a simple fee-for-service basis for this work. In Phase 3 (not necessarily performed after Phase 1 and 2 depending on the local system needs), the principal task is to make improvements in the physical distribution system. In this phase, the contractors’ compensation is tied to revenue earned (fees collected from customers).

    The fall of the peso, and a dispute from a losing bidder, caused delays in commissioning the work. Still, the installation of water meters is continuing, an important step in discouraging excess consumption. A leak detection program has also been initiated to help with bill collection and to reduce water losses by a third or more.

    C. Build-Operate-Transfer Contracts
    Role of the Public and Private Sector Partners

    Build-operate-transfer (BOT) contracts are designed to bring private investment into the construction of new infrastructure plants. Under a BOT, the private sector finances, builds and operates a new infrastructure facility or system according to performance standards set by the government. The operations period is long enough to allow the private company to pay off the construction costs and realize a profit, typically 10 to 20 years. The government retains ownership of the infrastructure facilities and becomes both the customer and the regulator of the service.


    BOTs tend to work well for new facilities that require substantial financing. Governments generally issue BOT contracts for the construction of specific infrastructure facilities, such as bulk supply reservoirs, drinking water or wastewater treatment plants, waste transfer stations, and waste disposal stations. BOTs typically involve the construction and operation of only one facility and not the entire system.
    Financing Structures
    Under BOTs, the private sector provides the capital to build the new facility. In return, the public sector agrees to purchase a minimum level of output to ensure that the private operator recovers its costs during operation. This requires that demand be estimated up front, which can cause problems for the public sector partner if demand is overestimated. The size and time frames associated with BOTs require the development of sophisticated and often complicated financing packages.
    Potential Strengths
    BOTs are an effective way to bring private money into the construction of new infrastructure facilities or into the substantial renovation of existing ones.
    BOT agreements tend to reduce market and credit risks for the private sector because the government is the only customer, reducing the risks associated with insufficient demand and ability to pay. Private sector partners will avoid BOT arrangements where the government is unwilling to provide assurances that the private sector investment will be paid back.
    The BOT model has been used to build new power plants in many developing countries. This history means that potential financial partners and operators have less of a learning curve to climb in structuring such transactions in the water and waste sectors, which often increases their appeal to the private sector.
    Potential Weaknesses
    BOTs generally involve only one facility, which limits the private sector actor’s ability to help optimize system-wide resources or efficiencies. BOTs can, however, provide a platform for increasing local capacity to operate infrastructure facilities.
    BOTs provide some competitive incentives for efficiency since private companies must compete to win the contracts. However, the length and complexity of BOTs make these contracts difficult to design, a fact that often negates the positive effects of the initial competition. For example, most BOTs have to be renegotiated once they are underway and these negotiations are essentially conducted in the absence of competition.

    Izmit, Turkey – BOT for Construction and Operation of a New Drinking Water Plant

    Seven years of negotiation led, in 1995, to the signing of a $933 million BOT contract for the construction of a new drinking water plant in Izmit, a coastal town southeast of Istanbul. The plant will serve all 1.2 million of Izmit’s residents. Thames Water of Britain is the lead investor in the consortium to build and operate the plant, which will revert to the state 15 years after operations begin.
    Being the largest privately financed water supply project in the world, Izmit has an innovative financing structure. First, there is substantial local participation. Thames has agreed to work with two local Turkish contractors who share in 70 percent of the equity. Furthermore, the municipality is also a shareholder (15 percent) in the project. Perhaps the most critical aspect of the Izmit financing, however, is that the Turkish central government is guaranteeing 85 percent repayment of construction costs. This guarantee opened the doors to international finance in the face of concerns over “political risks” in Turkey. Two Japanese firms took another 15 percent of the equity and arranged for $180 million in debt, repayable in untied aid. Export credit agencies in Britain, France and Japan also helped the financing arrangements by covering political and commercial risks, and dividing the debt financing.
    The Izmit agreement is “take-or-pay,” obligating the city to pay for a minimum and maximum amount of water delivered by the project company. If the municipality defaults, the lenders have recourse with the Turkish government.

    Hong Kong – BOT for the Construction and Operation of a Solid Waste Transfer Facility

    Hong Kong issued a BOT for the construction and operation of its solid waste transfer facilities, which include a transfer station and fleet of transfer trucks. The government pre-qualified several firms based on their past experience in designing and operating transfer stations and then held a competitive tendering process to select the winning firm. The bidding documents laid out technical and environmental performance requirements, maintenance requirements, and equipment replacement schedules. The station has been built and is currently in operation. The government conducts regular inspections of the transfer facilities to verify that the specified requirements are being met.

    D. Concessions


    Role of the Public and Private Sector Partners
    Under a concession, the government awards the private contractor (concessionaire) full responsibility for the delivery of infrastructure services in a specified area, including all related operation, maintenance, collection and management activities. The concessionaire is responsible for any capital investments required to build, upgrade, or expand the system, and for financing those investments out of the tariffs paid by the system users. The public sector is responsible for establishing performance standards and ensuring that the concessionaire meets them.
    In essence, the public sector’s role shifts from being the provider of the service to the regulator of its price and quantity. Such regulation is particularly critical in the water sector, given that water is a public good and its delivery systems are natural monopolies. The fixed infrastructure assets are entrusted to the concessionaire for the duration of the contract, but they remain government property. Concessions are usually awarded for time periods of over 25 years. The duration depends on the contract requirements and the time needed for the private concessionaire to recover its costs.
    In the waste sector, the government might award a concession to build and run a recycling or waste-to-energy facility. In the water sector, a concession might entail the full provision of water services for a designated geographic area. Most water concessions to date have been done in capital cities or at the national level. In part, this may be due to the greater size, and hence financial strength, of these concessions. It may also be due to the fact that they are being driven by national government leaders as part of their broader push for private sector involvement.
    Financing Structures
    The private sector operator is responsible for all capital and operation costs – including infrastructure, energy, raw materials, and repairs during the contract life. In return, the private operator collects the tariff directly from the system users. The tariff is typically established by the concession contract, which also includes provisions on how it may be changed over time. In a few rare cases, the government may choose to provide back-up financing to help ensure that the concessionaire can recover its capital expenditures by the end of the contract.

    Potential Strengths


    Concessions are an effective way to bring private money into the construction of new infrastructure facilities or into the substantial renovations of existing ones.
    Combining the responsibility for investments and operations gives the concessionaire strong incentives to make efficient investment decisions and to develop innovative technological solutions, since any gains in efficiency will directly increase profits. In many countries, concessions have been successful in both improving infrastructure services and reducing fees.
    Concessions are less prone to political interference than government-operated utility services because the service stays under the same operator regardless of changes in political positions.
    Potential Weaknesses
    Large-scale concessions can be politically controversial and difficult to organize. In particular, concessions often suffer from a failure to undertake sufficient dialogue and joint planning prior to entering into binding contractual commitments.

    Although concession contracts specify performance targets, price adjustment mechanisms, and service standards, governments generally find that they need to regulate concessions. This often requires governments to expand significantly their regulatory capacity.


    It is difficult to set bidding and contractual frameworks for concessions that are likely to evolve over a period of 25 years of more. No one can predict in advance – with the level of certainty applied in traditional public sector bid specifications – the most efficient and effective ways to provide the desired service over that period of time. A number of ways to combine predictability and flexibility are being explored, ranging from having the bidders offer a total amount of investment based upon a specified service fee without specifying how the total investment will be allocated, to contractual provisions for revisions of capital investment programs throughout the contract term.
    Some argue that the benefits of open competition are limited in the concession market since such a small number of international companies are able to run a concession. In addition, concessions essentially create a monopoly, which then protects the concessionaire from most forms of competition during contract renegotiations.

    Aguas Argentinas, Buenos Aires – Water and Sewerage Concession

    As part of Argentina’s extensive privatization program in the early 1990s, control over Buenos Aires’ water and sewerage system was awarded to Aguas Argentinas (“AA”), a consortium led by the French company Lyonnaise des Eaux. In order to win the bid, AA offered the greatest reduction in then-existing water tariffs. In addition, AA agreed to a 30-year investment plan of US$4 billion to connect 100 percent of the population in the concession area to drinking water and 90 percent to sewerage.

    Since winning the concession, AA has connected over half a million new residents to drinking water and 300,000 to sewerage. Drinking water supplies have grown and quality has improved. Increased efficiency has led to economic and environmental benefits through the reduced use of chemicals. Commercial incentives have led AA to check water quality more frequently than required by regulation and to re-examine how to address the wastewater treatment issues.


    Argentina’s overlapping authorities to regulate environmental matters have caused some confusion. It is unclear whether AA is subject only to the regulatory structure authorizing the concession, including environmental standards enforced by a specially created regulatory body, or also to separate, conflicting legislation enforced by the national environment ministry as well as provincial and municipal authorities. Efforts are underway to clarify the regulatory requirements so that the concessionaire can operate in a more certain regulatory climate and proceed on projects that have been delayed due to the confusion over authority.

    E. Joint Ventures (Mixed-Capital Partnerships)


    Role of the Public and Private Sector Partners
    Joint venture PPPs are alternatives to full privatization in which public and private organizations assume co-responsibility and co-ownership for the delivery of infrastructure services. Under a joint venture, the public and private sector partners can either form a new company or assume joint ownership of an existing company (e.g., the public sector sells shares of an existing municipal company to the private sector) that provides urban infrastructure services. In either case, it is essential that the company be independent from the municipality. Joint ventures are generally used in combination with other types of PPPs. For example, the government awards the newly established mixed capital firm with a service, BOT, or concession contract for the provision of urban infrastructure services.
    Joint venture PPPs provide a vehicle for “true” public-private partnerships in which governments, businesses, non-governmental organizations and others can pool their resources and generate shared “returns” by solving local infrastructure issues. Under joint ventures, the government is the ultimate regulator, but it also is an active shareholder in the operating company. From this position, it may share in the operating company’s profits and help ensure the wider political acceptability of its efforts. The private sector partner often has the primary responsibility for performing daily management operations.
    Under a joint venture, the public and private sector partners must work together from the earliest possible stages, often forming an institutional vehicle (sometimes called a “shadow company”) or Project Development Entity during the pre-investment or development phase of the project. This vehicle provides a forum for direct collaborative dialog between the public and private sector partners as they work to develop the final project. In a more basic form, this can be a formal working group. Some projects have formed jointly capitalized companies specifically to work on developing the project during this initial phase.
    Financing Structures
    Under the joint venture PPP model, both the public and the private sector partners must be willing to contribute to the cost of the project’s feasibility studies from the outset and be prepared to invest in the new company when it is formed. Mixed-capital PPPs require that both parties accept the idea of shared risk and shared reward. In other words, each must be willing to make quantifiable contributions throughout the project development and implementation process. Optimally, the company should be financially independent. However, the government can choose to provide subsidies to the company or its users if necessary.
    Potential Strengths
    Joint ventures combine the advantages of the private sector – dynamism, access to finance, knowledge of technologies, managerial efficiency, and entrepreneurial sprit –with the social responsibility, environmental awareness, local knowledge, and job generation concerns of the public sector.
    Under a joint venture, both the public and private sector partners have invested in the company and therefore both have a strong interest in seeing the venture work. This often allows for better conflict management.
    Full responsibility for investments and operations gives the public and private sector partners a large incentive to make efficient investment decisions and to develop innovative technological solutions, since any gains in efficiency will directly increase their profits.
    Early participation by the public and private sector partners allows for greater innovation and flexibility in project planning and helps ensure that both the public and private partners are able to optimize their goals.

    Early investment by the public and private sector partners reduces the transaction costs associated with more traditional tender of concessions or BOTs.


    Potential Weaknesses

    In some cases local government shareholders also have regulatory responsibilities, which can lead to a conflict of interest for the municipality in maintaining both public accountability and an eye on maximizing returns to the venture. This can increase the risk of political interference and reduce potential gains from private sector management.


    Private sector organizations tend to focus on the “bottom line” – governments on the process. These differences are often manifested in the timetables each sector considers reasonable and can create barriers during the project development phase.
    The early involvement of both parties that is required for joint ventures typically precludes the use of traditional public tender procedures and promotes the use of alternative procedures such as direct negotiation. This can raise concerns about transparency and corruption, which can affect political acceptability and additional private sector investment.

    Cartagena, Colombia – Joint Venture in Water Service Provision

    Facing huge inefficiencies and poor service, the government of Cartagena liquidated the public water and sewerage utility. In its place, it created a mixed-capital company – Acuacar – to serve the city’s 750,000 inhabitants. Acuacar is jointly owned by the government of Cartagena and Aguas de Barcelona, a Spanish provider of water services. It has been awarded a 26-year operation and maintenance contract, and assumed control of the system in 1995. The City of Cartagena continues as the sole owner of the system, with full responsibility for funding any needed expansion. Aguas provides operating services and receives a fixed percentage of total revenues and divided distributions from Acuacar’s profits. The new company is regulated, in theory, by a national commission, but in practice the oversight responsibilities have been unclear.
    Acuacar has proved considerably more responsive to its users than the former utility and has undertaken substantial investments in maintenance and rehabilitation – the first investments to occur after an 11-year hiatus. Water quality has also improved.

    However, given the scope of needed investments, on the order of $250 million over five years, and the fact that the private shareholder has no responsibility to invest, it is unclear how extensive further improvements can be. Savings from improved management appear insufficient to generate the needed level of investment or creditworthiness.



    F. Community-Based Provision
    Roles of the Public and Private Sector Partners
    Community-based provision starts when financial limitations prevent the government from providing adequate waste and water services to sectors of the population, forcing these residents to rely on their own means of serving their needs. Community-based providers might include individuals, families, or local micro-enterprises. Often, such activities are not recognized by and not well integrated into the formal system. In many cities, however, where local governments, and/or NGOs have recognized, organized, and assisted these informal groups, service has improved. CBOs play a key role in organizing poor residents into taking collective action and in representing their interests in negotiations with NGOs and governments. NGOs provide inputs into the management process, mediating negotiations between the CBOs and the wider political party, networking, disseminating information, and promoting policy reform.
    Many poor residents make their living in community-based solid waste management by acting as door-to-door collectors, street and dumpsite scavengers, and as traders and dealers in waste materials. In the water sector, community-based providers might buy water in bulk from the local utility and sell it in their community in buckets. Community-based providers might also help install “group taps” to provide service to three to six households using only one tap. Other water options include “communal water point service” where 20 to 30 households install metered taps off the main system and regulate their own water use, paying the bill collectively.
    Financing Structures
    Community-based provision typically involves low initial costs, as the “capital” is already established in the local providers and their materials. Initial organizational and material costs are often provided by NGOs, private charities, official development assistance, the government or by the community itself. Maintenance costs should be generated by local charges or revenues. Local knowledge generally allows for the development of least cost solutions, which keep expenses low.
    Potential Strengths
    Community-based provision taps into local knowledge, which often results in the more efficient provision of services and prevents against bad investments.
    Community-based arrangements typically reduce initial investment costs by integrating local resources, e.g. labour, local materials, as well as guarding building materials, supervising workers and provisions, etc.
    Community-based provision can provide local residents with a stable form of income, which can improve local economic conditions.
    Community groups are dynamic and often able to respond better to customer demand, which will result in more sustainable infrastructure services.
    Community-based services often cover areas with difficult access for formal providers, especially in the waste sector (e.g. steep hills, settlements with very small access ways).
    Potential Weaknesses
    The two main concerns with community-based provision are coverage and scale. Although community-based projects are successful in some neighborhoods, they are often unable to move to a larger scale or to be replicated in other neighborhoods.
    To build up sustainable community-based infrastructure projects can take more time than business partners and the government are willing to accept.
    Governments are sometimes reluctant to support community-based providers because their informal methods of service provision are viewed as illegal and unstable.

    La Sirena, Cali, Colombia – Community-Based Provision of Water Services

    In La Sirena, urban settlements lie on steep hillsides that require pumping water at very high costs. With 53 percent of the residents engaged in the “informal economy,” this area has minimal financial resources on which to fall back. The community sought assistance from SIRENA, an inter-regional center for water supply and drainage, which helped establish a multi-stage filtration mechanism and a PVC (piping) network to render and distribute potable water throughout the settlements. Since its construction in 1987, a user-elected Action Committee of volunteers has established a differentiated tariff regime according to type of household (households with tenants versus single family households). The Committee also employs two operators who monitor water quality and conduct daily network inspections.
    In 1996, the community succeeded in funding improvements by obtaining outside financing. Tariffs pay for operation and maintenance costs, but future expansion will involve additional external financial support or direct financing. This example shows that organized communities can operate and maintain water systems if they have the necessary institutional support and technologies they are able to understand.

    Quito, Ecuador – Community Based Provision of Waste Services

    The community group, Barrio El Carmen, in Quito presents an interesting example of a partnership between the government and a community group for the provision of solid waste management services. This low-income neighborhood of about 250 families is located in the southern portion of Quito. With political support from a city council member, and some promotional assistance from a local religious organization, the neighborhood is operating an alternative method for solid waste management, based on communal effort and micro-enterprise initiative. Households sort their waste, which is then collected by members of the micro-enterprise. The micro-enterprise sells the recyclables to traders or companies, and most organic waste goes to local farms for compost. Non-recyclables and the remaining organic waste are collected on a weekly basis by the municipality and transported to the city’s dumpsite.
    To promote this initiative, the municipality has doubled the amount of money earned by the micro enterprise through the sale of its recyclables, investing those resources in local projects selected by the community. Since the program began, an illegal dumpsite in a nearby gorge has disappeared, allowing the area to be used for recreational activities. Several surrounding neighborhoods have now asked the Barrio El Carmen to manage their solid waste.
    G. Summary of Five Common Public-Private Partnership Options
    Table 1 provides a summary of the five common PPP options discussed above. It breaks down each option by asset ownership, degree of regulatory intensity, source of investment, potential for labor concerns, and the estimated time scale for contract preparation.
    Table 1. Summary of Five Common Public-Private Partnership Options

    ServiceBOTConcessionJoint VentureCommunity-BasedAsset ownershipPublicPublicPublicJoint CommunityRegulatory IntensityModerateHighHighModerateModerateSource of InvestmentPublicPrivatePrivateJointNGO, Private or PublicLabor ConcernsModerateHighHighLowLowTime Scale for Contract PreparationModerateHighHighHighLow

    H. Tailoring Public-Private Partnerships to the Local Context
    As the examples above illustrate, PPPs are context-based. The methods used by other cities will not necessarily work perfectly for your communities. Collectively, however, these examples of PPPs provide a rich “menu” of ideas and models from which your local government can choose. Flexibility is key. It needs to be present in the choice of parties to play the different roles, as who will best serve varies from city to city. Flexibility also needs to be present in the choice of response in order to maximize effectiveness and optimize system efficiency. The most successful cooperative arrangements come from a flexible, opportunistic approach, drawing from experiences in other cases. For example, smaller municipalities often have projects that are too small in scale to attract a significant collection of private investors. These municipalities may have more success by offering multi-sectoral contracts, or by joining forces with neighboring municipalities in the bidding process, thereby offering potential private sector partners better economies of scale.
    Often the best PPP option does not fall neatly into one of the categories described above, but combines components from various more traditional PPP options. For example, Cartagena is a joint venture with an operating contract to run the new treatment plant; concession contracts may include the construction of a new treatment plant; or community-based provision may develop into a more formal service contract with the supporting NGO or local micro-enterprise.
    III Fundamental Issues Underlying PPPs
    A. Building Strong Foundations

    Strong foundations for PPPs are based on complementary goals and an enabling regulatory and political environment. Partnerships can only work to the extent that the goals of the major stakeholders are mutually compatible (i.e., acceptable services for acceptable prices and levels of return) and understood and accepted by all parties. In addition, partnerships need legislative, administrative, political and social environments that support the process of developing the partnership and achieving its objectives over time.


    Compatible Goals
    Government, business, and community leaders must understand and respect each other’s goals. As a government, you may initially have difficulty accepting the profit motive of private businesses, just as companies may be tempted to walk away from the more administrative decision-making processes used in the public sector. Local communities may not have patience for your need to address other areas of the city.
    To resolve these differences, all parties must focus on the broader, complementary goals to be achieved. It is important to realize that public and private goals do not necessarily need to be the same for partnerships to work – they must merely be compatible. For example, both the public and private sectors want to raise general standards of living – governments and communities to alleviate poverty, businesses so that more people can afford their products. Both sectors also want to build more links at the local level, particularly in “emerging markets” – businesses to support market growth, governments and communities to promote development and idea exchange. Both want to provide efficient service – governments and communities to keep costs low and to increase coverage, businesses to increase profits.
    Enabling Environments
    An enabling regulatory, legal and political environment is the cornerstone of sustainable private sector participation. Early on, the public sector must establish an appropriate legal framework for contract procurement and private sector investment. It is very important that mechanisms be put into place to minimize the likelihood or appearance of corruption. Unpredictable and unfair procurement and investment processes reduce both political acceptability and the interest of many private investors.
    The government must also establish clear regulatory frameworks and implement appropriate tariff regimes and subsidy mechanisms. The creation of a regulatory framework alone, however, does not necessarily guarantee effective regulation. As all local governments are different, the public and private sectors will face a steep learning curve as they try to define and regulate their relationships with each other and their roles in providing services. In particular, the public sector needs to define a clear allocation of responsibilities between the national and municipal governments, and a clear statement of its role as a provider and regulator.
    In general, private sector companies prefer that the contract serve as the major regulatory mechanism, and that local governments have very limited regulatory discretion once it is in place. Highly specific contract terms that establish duties, performance targets, rules for changing prices, and dispute resolution procedures, allow the private sector better to predict the profitability of the venture and decide what it is worth bidding for the contract. Given these preferences, governments will have to make important judgements about the degree of regulatory discretion they are willing to give up, particularly for long-term contracts. Once again, corruption can be a concern here, this time in terms of public acceptance of the PPP.
    Some governments raise concerns about an imbalance between their limited means and capabilities as regulators and the capacity of experienced private operators. Decentralization has tended to aggravate this imbalance by giving municipalities more responsibility for providing public services from fewer resources. In situations where municipalities are limited by financial constraints and have little enforcement capacity, the central government may need to provide financial and regulatory support. In any case, mechanisms that strengthen public administration and regulatory bodies are necessary to reduce this imbalance and improve the public sector’s negotiating power. Such reforms might include changes to the legal system that improve enforcement of regulatory frameworks or macroeconomic reforms to alleviate poverty and reduce inequality.
    Bad political climates caused by the pressure of election cycles, the potential instability of new democracies, personal agendas of government officials, and the special status of some services (particularly access to water), can also create barriers to starting or maintaining public-private collaborations. Governments must provide assurances whenever possible to private sector partners that such political factors will not disrupt their contractual partnerships.

    B. Importance of the Public Acceptance


    Government and business leaders cannot build partnerships alone – political and social acceptance of private sector involvement is essential. The people must see private sector participation as beneficial for the partnerships to last over time. Public support of private sector involvement over the long term will depend primarily on the delivery of promised services and benefits at reasonable costs. Therefore, it is of the utmost importance that mechanisms be developed to ensure that the organization providing the service, whether it is the public or the private sector, is accountable to its customers.
    Public support will also depend on the ability of the partnership to meet the needs of all stakeholders. For example, public sector workers can be a source of tremendous opposition to increased private involvement in the provision of services. Contracts should ensure the employment or placement of public employees and local residents to the greatest degree possible. There are a variety of options for placing public employees. These include transfers to the private sector operation, contracting workers for use by the private sector operator, placement in other public jobs, and offers of severance packages to workers who are not interested in the other options.
    Public support will depend in part on the provision of affordable and sustainable services to historically disadvantaged sectors of the population. Service coverage requirements should always be part of the contract proposal evaluation criteria. Options for making this work include multi-level services and corresponding multi-level tariffs, which allow higher income areas to cover the costs of lower income ones.
    C. Moving from Public Sector to Private Sector Management
    In entering into public private partnerships, governments generally switch from being a provider to a regulator of the service. This means that governments must become sophisticated in their understanding of what private firms can and cannot offer. Governments must ensure that basic social needs are met while the individual goals of the other parties are honored. Such role changes often require substantial capacity building, which may include the following:
    Strategic planning, financial modeling, and infrastructure investment planning;
    Developing financial packages for the contract;
    Setting effective tariffs and service levels;
    Managing contracts and monitoring contract compliance; and
    Re-prioritizing budgets to adjust for new development priorities.
    Private sector involvement does not relieve the municipality of its responsibility to ensure adequate provision of the service. Given the nature of environmental services such as waste and water, it is inevitable that public regulation of the private involvement will be necessary. Developing such regulatory frameworks can be challenging. Governments must find the appropriate balance between making a partnership attractive to private firms and protecting the rights and interests of their citizens.
    Regulations must not just be designed to protect public interests, but must also create the conditions under which private firms can operate effectively and efficiently. For example, the municipality can increase private sector confidence by demonstrating that it will implement its commitments predictably. This might include, for example, undertaking tariff adjustments or purchasing land. Wherever possible, governments should develop public sector regulatory frameworks that will facilitate similar future projects.
    D. Pricing Issues
    Before getting involved in a PPP, governments should be aware of some key pricing issues. Pricing issues are a particular concern for long-term PPPs such as BOTs, concessions, and joint ventures. At the beginning, the public sector often does not have any way to know what the true long-term costs and benefits of the package will be. Even when information is available, it is rarely incorporated into pricing structures.
    Other pricing concerns include the use of subsidies and the political acceptance of the higher prices that typically accompany private involvement. Under concessions and other large-scale privatization efforts, the private operator often inherits inappropriate tariff structures that give operators and consumers the wrong incentives. Experience shows that unless clear tariff adjustment policies are built into the contract, political factors will continue to affect tariff setting after the private sector becomes involved.
    The method for determining tariffs should be transparent and should specify objective criteria that would initiate adjustments. For example, if low tariffs cause private operators to lose money when providing service to the poor, then service to the poor will suffer. The public sector must correct these disincentives by making it profitable to serve the poor using tools such as subsidies. Given the social benefits associated with urban environmental services, for which private partners are not necessarily fully compensated, such public sector financing of these investments should be justified.
    E. Contract Procurement Issues: Ensuring Transparency and Evaluating Performance
    Most governments have rules requiring some form of competitive bidding for the procurement of any private sector good or service. In addition, most international lending institutions and assistance organizations require the use of competitive bidding procedures as a condition of the loan or assistance. Governments generally cite three reasons for using a competitive bidding procedure:
    It ensures transparency in the contract award;
    It provides a market mechanism for selecting the best proposal, typically resulting in the lowest costs; and
    It stimulates interest among a broad range of potential investors.
    Traditional procurement of basic operation and maintenance and service contracts can be a relatively straightforward process – due in large part to the high level of certainty regarding the nature of the services. Under conditions of certainty, such processes have generally worked well to inhibit corruption and get the best possible value for the government.

    Despite these successes, the structures and time scales associated with more complex PPPs such as BOTs, concessions and joint ventures, make the traditional ‘competitive bidding’ procurement process a less efficient vehicle for forming contractual relationships between the public and private sectors. Four characteristics of traditional procurement help to explain why:


    Traditional public tender is designed to work under conditions of certainty – large-scale PPPs start and generally evolve under conditions of uncertainty;
    Traditional public tender is designed only to get the lowest price for a given product or service – large-scale PPPs often involve multiple design proposals and look for criteria other than the lowest prices (including use of local firms and fostering local economic development);
    Traditional public tender generally prohibits informal communication between the public and private sectors – communication is the cornerstone of a successful large-scale PPPs (particularly joint ventures) and must start at the earliest possible stage of the process; and
    Traditional public tender is a time-intensive process. Private sector groups are results driven – they are engaged in the partnership to improve their bottom line. High transaction costs and long delays in contract awards will serve as barriers to private sector participation, particularly for smaller scale service contracts and joint ventures.
    Despite the inherent incompatibility of traditional procurement practices, fear of corruption and high costs make governments and lending institutions reluctant to embrace alternative procurement procedures. Effective cooperation among governments, businesses, NGOs, and others is difficult to achieve under the best conditions. It is close to impossible if there is not a high level of trust, or at least predictability, in the process.
    If people think there are irregularities going on, many will be unwilling to invest their time or resources. Even the appearance of corruption will dissuade many private investors from involvement. A recent World Bank study shows a negative correlation between investment and growth and corruption (as perceived by private investors and businesses). In addition, the presence of corruption has been shown to greatly increase the cost of any public service to the public. Therefore, any procurement process that does not control corruption will never get a good value for the public. The credibility of the parties involved, as well as the transparency of the process used, are critical determinants of long-term success. Getting the service at a good value is the key objective.
    Alternative procurement options such as direct negotiation must be designed to prohibit corruption and get the best value for the public. Mechanisms for prohibiting corruption might include: imposing stricter penalties on civil servants who accept bribes; penalizing firms that paid the bribe and prohibiting them from contracting with the government for a specified period; and encouraging local and international NGOs, as well as the media, to play a ‘watchdog’ role in the procurement arena. Mechanisms for ensuring good value might include benchmarking costs against the similar provision of services in other cities, and providing for periodic cost renegotiations.
    IV Basic Guidelines for Entering into a PPP
    While PPPs by their nature are dynamic and tend not to conform to a simple model, for the purposes of generating some basic guidelines it is helpful to view the PPP development process in four stages:
    Project preparation.

    Analysis of different PPP options.

    Soliciting private sector participation.

    Establishing a durable partnership.


    A. Project Preparation
    The government should assess the current infrastructure service. This type of analysis will include an internal review of the following: (1) existing assets including infrastructure, capital and tariff regimes; (2) current service coverage; (3) general customer satisfaction; and (4) current balance sheet (revenues vs. costs).
    The government should outline broad goals for improvements. These include setting coverage objectives and service standards, as well as ensuring transparency, efficiency and customer satisfaction.
    If it appears that private sector participation might be an option, the next step should be the development of a multidisciplinary review team. The review team should then conduct a more thorough evaluation of the current system and evaluate the technological, financial, social, political and legal feasibility of various solutions. It is important that the review team identifies and actively involves key stakeholders such as local residents, NGOs, development committees, and community organizations in a meaningful way throughout the process. It is also of the utmost importance that this process be transparent and that the views of all stakeholders be actively solicited.
    Smaller municipalities may need to contract out some of these assessment services. Such contracts should be issued using a competitive bidding process when possible to help ensure the government is getting the best possible advice.
    B. Analysis of Different PPP Options
    Once the assessment is complete, the review team should establish a clear set of feasible infrastructure improvement priorities. It is important that the goals of broad coverage, affordable services, transparency, efficiency, and customer satisfaction be kept in mind throughout this process. The review team can then evaluate various PPPs options against these lists. This process may involve the use of cost/benefit models.
    When exploring different PPP options, governments should engage in open dialogues with a range of potential private sector partners. Traditional public procurement requirements can sometimes serve as barriers to this type of communication. Where this presents a problem, governments should consider alternative forms of procurement.
    Governments may want to consider a possible role for third parties. Third parties can act as a catalyst for or facilitator of the project development. They often provide a vehicle for developing a trust and confidence level between the public and private sector parties that helps to resolve problems. Third parties also provide increased transparency and mitigate the likelihood of corruption, as all decisions must be justified to them. Many experts agree that the more people that are accountable for a decision, the less likely corruption is to occur. Third parties can also teach governments about the successes and challenges faced by other governments struggling with similar problems.
    C. Soliciting Private Sector Participation
    Soliciting private sector participation generally involves procurement procedures. This means that governments will have to determine what type of procurement process will get them the best value for the best service, while avoiding corruption. Presently, the two main options are competitive bidding and direct negotiations (see Section III.E. for a more complete discussion of the limitations of various contract procurement options).
    In any PPP procurement, every effort must be made to ensure that all guidelines encourage innovation and reward creativity to the greatest degree possible. One way to encourage innovation is to minimize specific requirements in bidding documents while specifying the desired end goal of the project or service – allowing the private sector to develop the best possible ideas for meeting the goals.
    One concern with performance-based design criteria is that the government may not be able to discern which projects will be the most effective at actually meeting the standards. Finding ways for governments to evaluate multi-factor design proposals is an issue that needs closer analysis. In the short-term, however, third parties and expert review panels can greatly assist the government in making such decisions. In addition, one inherent benefit of joint ventures is that prospective private sector partners are not likely to propose projects that they do not firmly believe will work, as the private sector partner is not just a contractor with the government, but a financial partner. As such, if the proposed project fails, the private sector partner gets no return on its investment.
    While finding ways to encourage innovation is good for the project if it builds capacity, it may not be viewed as good by private sector partners who may fear that they will not be compensated appropriately for their ideas or “intellectual property” in the event they are not awarded the contact. Procurement processes must address the issue of intellectual property rights. Often this is done by compensating private sector organisations if the government uses their idea, even if they are not awarded the contract.
    D. Establishing a Durable Partnership
    Governments clearly want to establish PPPs that are sustainable over time. Essential ingredients of durable PPPs include:
    Resource Commitments: All partners should have to commit resources (financial, human, capital) to increase their interest in seeing the partnership succeed.
    Participation and Transparency: The interests of all major stakeholders must be reflected in project development. Special attention should be paid to meeting the needs of the poor. Broad participation in the collaborative process must be sought at strategic points to maximize the acceptability and sustainability of the solution developed. Transparency on the basic features of the project (framework, fees, and ownership) is key.
    Capacity Building: Projects requiring substantial institutional change or large capital investments will require capacity building of all stakeholders: (a) consumers on the nature of the service they are receiving and the costs associated with its provision; (b) providers, particularly local organizations, on entrepreneurial skills; and (c) governments on adopting the frameworks for and overseeing the provision of the services.
    Patience: Projects requiring substantial institutional change or large capital investments require lots of time. Careful attention must be paid to the balance between responding rapidly to the most pressing crises and developing integrated solutions that will last. Political cycles and the desire for immediate improvement in crisis situations often lead to the development of time frames that are too short. These short time horizons lead to unrealistic expectations and unsustainable solutions. Major institutional change (such as building regulatory capacity) and major private investments both take time. It is not realistic to expect that private sector involvement will quickly overcome public institutional and operational inefficiencies and immediately compensate for a history of insufficient public sector resources.
    Flexibility: All partnerships are context-based and locally distinct. Partnerships should draw from other experiences, but be opportunistic about exploiting the comparative advantage of local resources. Over the long-term, changes in investment plans, technology choices, and priority actions will be necessary in response to unforeseen circumstances. Including clear procedures for making such changes over the life of the project will reduce the chance they will have a negative impact on the partnership.
    Social responsibility: Infrastructure services provide goods that should be available to everyone. Improving infrastructure services is about making people’s lives better, especially those of the urban poor. Governments should always make changes that promote increased access and better quality service. An emphasis on social responsibility will also increase political gain, as better service will lead to greater political acceptance.
    Environmental Responsibility: PPPs must also take seriously the importance of environmentally responsible service provision. Urban infrastructure services are directly linked to issues of environmental quality. Water is a scarce resource. To ensure long-term sustainability, efforts must be made to ensure it is provided in a way that does not substantially impact local ecosystems. Similarly, wastewater must be treated in a manner that ensures minimal impacts on the environment. Waste collection and disposal must also minimize environmental harms. Although mechanisms to ensure environmental responsibility often involve more substantial initial investments, the benefits to society – public health protection, ecosystem sustainability, and responsible use of scarce resources – generally more than justify these capital outlays. Assurances for environmentally responsible service provision and the use of “eco-efficient” technologies should be built into all contractual agreements.
    V Conclusion

    It is often easier to stay on the paths we know. Governments working with governments, private businesses with other private businesses. Whether you are coming from the public or private sector, PPPs may not seem like a desirable solution at first. However, a closer look at the benefits such relationships can offer provides a strong argument for their use. Through PPPs, the advantages of the private sector – dynamism, access to finance, knowledge of technologies, managerial efficiency, and entrepreneurial sprit – are combined with the social responsibility, environmental awareness, local knowledge, and job generation concerns of the public sector. In cities throughout the world, governments have found that private sector involvement can greatly improve the quality of their infrastructure services while expanding coverage and lowering costs, thereby improving the lives of their citizens.


    VI Additional Readings
    Cointreau-Levine, S. 1994. Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Services in Developing Countries. Volume 1: The Formal Sector. Urban Management Programme. The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development.
    Gidman, P., Blore, I, Lorentzen, J. & Schuttenbelt, P. 1995. Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure Services. UMP Working Paper Series 4, Nairobi: UNDP/Habitat/World Bank.

    Idelovitch, E. and K. Ringskog. 1995. Private Sector Participation in Water Supply and Sanitation in Latin America. The World Bank.


    Organizacion Panamericana de la Salud. 1997. Modelos de Privatization del Manejo de Residuos Solidos Urbanos en America Latina. Organizacion Panamericana de la Salud, Oranizacion Mundial de la Salud, Division de Salud Y Ambiente.
    Rivera, D. 1996. Private Sector Participation in the Water Supply and Wastewater Sector: Lessons from Six Developing Countries. The World Bank.
    World Bank. 1997. Tool Kits for Private Participation in Water and Sanitation. The World Bank.

    Public-Private Partnerships for the Urban Environment


    United Nations Development Programme

    Bureau for Development Policy

    One United Nations Plaza - New York, New York - 10017 USA

    Telephone: +1 (212) 906-5367 - Fax: +1 (212) 906-5896


    To find out more information on PPPUE or to access the PPPUE databases, downloadable technical reports and research papers, please visit PPPUE on the Web at: http://www.undp.org/pppue

    The United Nations Development Programme (UNDP) helps people in 174 countries and territories to help themselves, focusing on poverty eradication and democratic governance. In support of these goals, UNDP is frequently asked to help create and implement policies that are more responsive to the needs of ordinary people, and to help societies rebuild in the aftermath of war and humanitarian emergencies. UNDP is also an advocate for increased development assistance and a more inclusive global economy.

    The views expressed in this publication are those of the author and do not necessarily represent those of the United Nations or UNDP.
    Engaging the Private Sector Through Public-Private Partnerships

    The Honourable J. Hugh Faulkner, P.C.

    Executive Chairman, Sustainable Project Management
    ABSTRACT
    This article focuses on case studies of public-private partnership projects. It outlines features of those projects, such as selection criteria for project sites, selection criteria for private sector partners, and larger networks of support, which seem to contribute to the success of such projects. Several specific sites are described in brief as are some auxiliary programs which serve to encourage and support these site-specific efforts. A list of some lessons learned from these seminal public-private partnership projects provides some guidance for the future.
    The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in 1992 signaled the start of a new era. The conference adopted Agenda 21, a far-ranging program of reform, and 150 government leaders from around the world approved other important outcomes. The degree of change agreed to for the global economic, political, and social system was so fundamental that the process risked foundering in inertia.
    One clear message from Rio was that the task ahead was too much, and too important, for governments alone. New partnerships had to be forged—and the business community, among others, was enjoined to get involved. Conference participants were very clear that the private sector had to engage actively in implementing the sustainable development agenda.
    Agenda 21 talked boldly about new roles through new partnerships: business and industry “should be full participants” in the post-Rio process, the public and private sectors “should strengthen partnerships to implement the principles and criteria for sustainable development,” and the public sector “should establish procedures” to allow an “expanded role” for the private sector. In short, UNCED urged the public sector—governments, UN agencies, international financial institutions—to put aside its traditional suspicion, even distrust of business, and work with it as a full-fledged partner in implementing Agenda 21. This represented a sea change in attitude: recognition, at last, that the private sector has a powerful contribution to offer at three levels:
    • by improving corporate environmental performance throughout business and industry;

    • by creating, through a policy dialog with government, the right framework conditions; and

    • by becoming actively involved in specific projects that support sustainable development goals.
    The first two had, and still have, their difficulties. But the third was always likely to be a particular challenge. The traditional approach to bringing the private sector into public projects has not been successful in financial, social, or human terms. This is particularly true in urban areas. There, despite huge investments in new infrastructure, cities and towns in developing countries and emerging economies are overwhelmed by seemingly intractable problems of waste, poor sanitation and sewerage, air pollution, and inadequate water supplies. This experience demonstrated that ways must be found for enlisting the private sector in implementing successful sustainable development projects.

    UNCED’s urgent insistence that the private sector should have an expanded role in moving Agenda 21 forward, in collaboration with the public sector, provided the key to unlocking the door to a completely different approach: the concept of public-private partnerships (PPP). The immediate post-Rio challenge was moving PPP from concept to action.


    After Rio, the Business Council for Sustainable Development (BCSD)—which had produced a major report, Changing Course, for UNCED—decided its work had to continue. As its Executive Director, I was charged with developing a new BCSD work program for approval at the Council meeting in December 1992. The UNDP and other international agencies were invited to explore ways in which to work together. It became clear quickly that there were real institutional barriers to forging partnerships. Despite the goodwill and enthusiasm of Rio—even the determination to change—each “house” had its own rules, administrative procedures, objectives, and priorities, and each expected the other potential partner to do business on their terms. Even today, “institutional barriers” and an apparent lack of “political will” to reform them remain the most stubborn and powerful obstacles to real change.
    Fortunately, UNDP was prepared to experiment and initiated efforts to create the framework to allow a partnership with BCSD and the private sector to happen. BCSD, as a Secretariat, had far fewer constraints because we were new and small, had no history of administrative buildup, and had the flexibility to be as “entrepreneurial” as needed.
    The UNDP-BCSD discussions focused on where we could cooperate most effectively. We decided to start on urban infrastructure problems—water, waste, and energy efficiency—in the developing world, which were more likely to worsen before they improved. There was, we agreed, an urgent need to mobilize new sources of finance, technology, and management. We decided to develop the Public-Private Partnership model.
    Sustainable Project Management (SPM) was set up in 1994 specifically to initiate this approach. During that year, SPM became an important activity within BCSD, working with UNDP on developing pilot demonstration PPP projects through the ground-breaking Public-Private Partnerships for the Urban Environment (PPPUE) program. The initial response to these projects convinced BCSD and UNDP to move more aggressively in developing the model. In January 1995, SPM became an independent, not-forprofit enterprise.

    Today, SPM is involved in more than 20 projects worldwide— some of them with UNDP, some others with ODAs directly, and the rest involving SPM and private partners—that are focused on ecoefficiency, technology cooperation, and capacity building. Crucially, the private sector is participating in them through viable new public- private enterprises. And SPM’s experience to date shows that public-private partnerships work, bringing a badly needed infusion of technology, finance, and management to tackle desperately serious urban problems.


    WHY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS?
    Water, waste, and energy services in developing countries have traditionally been the exclusive responsibility of public authorities. But these agencies cannot, on their own, meet the continually expanding demand for services.

    They lack the funds to improve and develop services. They have difficulties identifying and affording new, eco-efficient technologies. They lack the skills to manage the services efficiently. They cannot cope any longer. Also, while traditional development assistance plays a vital role in enabling governments to meet urban and other environmental challenges, the international flow of official development assistance (ODA) is a fraction of what is needed. There is an urgent need to find new sources of financing, as well as technology and management.


    The private sector has financial, technological, and management resources as well as a proven track record of providing lower production costs, delivering services more efficiently, maintaining capital equipment at a higher standard, making decisions faster than public bureaucracies, and offering consumers greater choice. So, why not privatize the services? Certainly, this is an option, but it has its limitations. Governments need to remain involved in providing these essential services. Their involvement guarantees a degree of public accountability, preserves the public service ethos, ensures the protection of all sections of society, and underwrites the delivery of social and environmental, as well as economic benefits; that is, it meets sustainable development as well as purely financial goals.
    The public-private partnership model—where the public and private sectors assume co-ownership and co-responsibility for providing high-quality city services—is an alternative to both a publicsector monopoly (traditionally delivering substandard services) and full privatization.
    NEW PUBLIC-PRIVATE ENTERPRISES
    Through the PPP initiatives, SPM in partnership with UNDP is translating the concept of public-private partnerships into action by creating new enterprises, owned jointly by public authorities and private companies, to deliver reliable, affordable, profitable, ecoefficient urban infrastructure services. These enterprises pool the best features of the two sectors: the dynamism, access to finance, knowledge of technologies, managerial efficiency, and entrepreneurism of the private sector with the social responsibility, environmental awareness, local knowledge, and job creation concerns of the public.

    Community participation is a central element, from a project’s conception to its management. Capacity building—training local people to adapt, develop, and operate clean technologies—is another key component.


    One fundamental point is that these new public-private enterprises are bringing business solutions—not aid or debt—to urgent urban problems. SPM and UNDP agreed at the outset that if the private sector was to be involved, the structure had to have a proper business dimension. This meant finding ways of turning those problems into viable businesses. So the new mixed-capital enterprises are intended to be profitable companies, charging users an economic, not a subsidized, price for their services. Their survival will depend on profitability and quality of performance—powerful incentives for them to supply services of the right standard and at the right price.
    THE SPM-UNDP APPROACH
    The new for-profit public-private enterprises represent an innovation in tackling urban problems. Similarly, the process leading to their formation also represents a dramatic break with past approaches. Every SPM-UNDP project has to meet clear and specific criteria:
    • be demand-driven and address a priority problem;

    • fully involve the public and private sectors from the outset;

    • demonstrate a strong potential for attracting private-sector participation, including the possibility of reasonable profit ability;

    • use eco-efficient technologies;

    • provide an opportunity for improving local social conditions through job creation, training, and overall improvement of city services and urban living conditions;

    • respect local cultural values and established traditions; and

    • involve local stakeholders, non-governmental organizations (NGOs), and community groups in its development.
    Private-sector partners must also meet sharply defined criteria before they qualify to be involved in projects. They must:
    • be willing to contribute to the cost of the project’s feasibility studies from the outset;

    • be prepared to invest in the new company when it is formed;

    • preferably have experience operating the eco-efficient technologies to be used by the new company;

    • in the case of international firms, have experience operating in a developing country;

    • have the support of its own government’s development agency; and

    • strongly support and advocate eco-efficiency and local participation.


    SPM-UNDP projects are small to medium-scale—typically between $5 million and $30 million—but vital to making a real difference in ordinary people’s lives by tackling some of the most urgent urban environmental problems in developing countries. Most of the PPP projects have been found through the BCSD regional network, private-sector initiatives, local as well as international, local UNDP country offices, and ODA agencies. They are focused on the areas of water and sanitation, waste management, energy services, and the eco-efficient use of natural resources, and they address a range of issues—water pollution, inadequate water supply, insufficient sanitation infrastructure, excessive waste of natural resources in industrial production processes, inadequate or nonexistent waste management procedures, environmentally unsound technologies, lack of environmental education, lack of environmental considerations in development initiatives, and ineffective and wasteful energy sources and technologies. The intention is that they are replicable, that is, they address problems of common concern to other cities in the region, and even beyond, and can be easily transplanted there.
    The new public-private companies running the projects include a mix of partners: national, regional, and municipal authorities; national development banks and utilities from the public sector; and from the private sector, local and international companies, banks, entrepreneurs, equipment manufacturers, technology suppliers, management groups, chambers of commerce, trade unions, NGOs, and consumer organizations. But these direct investors represent only the tip of a much bigger iceberg. One striking feature of the UNDP-SPM program has been its rapid expansion into an international network—including four global networks that SPM and UNDP have cultivated in order to forge a unique collaboration between scores of public and private institutions, committed to tackling urban challenges in a comprehensive way.
    This network is composed of:
    • scientific, academic, and technology institutes, chaired by the Massachusetts Institute of Technology;

    • NGO communities in both developing and industrial countries that are willing to work with the public-private partnership approach;

    • governments, national development agencies, UN agencies, and multilateral financial institutions; and

    • BCSD chapters and other private-sector organizations or corporations committed to sustainable development.


    CASE STUDIES
    The current PPPUE program includes projects in Latin America, Africa, Asia, and Eastern Europe. Following is a sample of these. In each, the most important feature is that they are making an important impact and are successful because of the partnership between

    the public and the private sectors:


    MANIZALES, COLOMBIA
    The city of Manizales is at the center of one of the most important coffee-producing regions in Colombia. Consisting mostly of small coffee producers using outdated coffee washing technologies, the region represents a challenge to the authorities. The main challenge was coping with the polluting effects of this industry so vital to the Colombia economy.
    Armed with a better locally-developed technology, local managerial talents, and local finance, the project partners proceeded to design one of the most interesting and well integrated projects of the PPP.
    The Manizales project originated in a wide-ranging attempt to address critical issues related to water supply and quality, including the problems caused by coffee producers using a traditional, highly polluting coffee washing process, in which washing 1 kilo of coffee beans generates 40 liters of highly toxic water that is generally poured back into the rivers and streams on the plantations. Soil erosion through deforestation and domestic waste pollution of rivers were other issues. With the assistance of SPM and UNDP, a new company was registered and capitalized to examine the business potential of a new, water-economical coffee-washing process, to manage a reforestation program, and to provide an urban domestic waste collection service to outlying municipalities. The shareholders include the government of Caldas state, the departmental water supply and distribution companies, the electricity utility, the local cooperative of coffee growers, and a provincial financial institution. The company, called Agua Pura SA, was set up in late 1994. It has developed a business plan for a full domestic solid waste collection, disposal, and recycling operation, covering 21 municipalities (50,000 households) and 5,000 commercial businesses, with an initial investment of $3.5 million. Agua Pura SA expects sales in year one of $1.4 million.
    The Manizales project has considerable potential for replicability. Five other cities in the state of Caldas are interested in undertaking similar initiatives. So, too, are five other Colombian states. In addition, other coffee-producing countries, including Honduras and Costa Rica, have expressed interest in replicating the development of the coffee-washing project. One of the most attractive features of the Manizales project is that it has consisted of an exclusively country-driven initiative in which UNDP and SPM were only catalysts and brokers. The capital, the management talents, and the technology were purely national.
    HARARE, ZIMBABWE
    The project in Harare envisages the creation of an energy-environment management enterprise to bring eco-efficient technologies to the Willowvale Industrial Park, an industrial area just six miles from the center of Zimbabwe’s capital, in order to improve energy and water management practices there. There are about five industrial parks in the area of Harare and additional parks are in the process of development. This represents a great challenge to the authorities since, if unchecked, the pollution at these industrial parks could render them major environmental hot spots. The fact that there are other industrial parks in the process of development presents both challenges and opportunities to the government. The opportunities are that the present project, if successful, could provide a basis for replicability in other industrial parks.
    The Willowvale park is surrounded by high-density, low income suburbs with growing populations. These growing populations, the proximity to the center of the city of Harare, and the need to address the problem of deteriorating services for this important constituency, drove the authorities in Zimbabwe to explore the alternative of public-private partnerships being promoted by SPM and UNDP as a way to address the growing environmental problems of the city. A pre-feasibility study involved 25-30 companies in the park, together with the City of Harare (water supply), the power utility (ZESA), and the local Industrial Development Corporation, alongside five companies physically in the Industrial Park, as well as the Confederation of Zimbabwe Industry. A shadow company has been formed, and a leading German investment and development company (DEG) is funding a full technical and economic feasibilitystudy paving the way, in due course, for a business plan and bankable document, and the creation of a company in which the major shareholders are the government entities participating in the project and a selected number of private companies interested in joining. The Zimbabwe Government, with three ministries signing the original statement of intent, is firmly behind this project, which could be replicated at other existing industrial areas and be used for major new industrial park developments.
    OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

    Ostrava is an example of an existing private company—needing to expand but lacking the resources to do so, looking for financial partners, and being prepared to consider a PPP—combined with keen interest by the public sector in investing in the new partnership. The existing company produces plastic protection for underground electric cables, using recycled plastic from municipal solid waste. There is a fast-growing demand for its products. Three municipalities and 13 towns in the district are interested in participating in a new mixed-capital enterprise because they see the project as a test for possibly developing waste management solutions on a regional basis. Certainly, the opportunities exist along with the need to tackle the problem of substantial urban waste in the area—the legacy of intense industrial activity there. Other private companies are reportedly willing to become involved too.


    SPM and UNDP have proposed a regional development company, which—if the plastic recycling project works—would initiate other activities, either to rationalize existing waste management practices, and/or to introduce new ones, such as composting, fly ash transformation, and hazardous waste incineration.
    SPISSKA NOVA VES, SLOVAK REPUBLIC

    In the municipality and region of Spisska Nova Ves, a new company, the Spisska Regional Environmental and Energy Company (SREEC), will become the vehicle for PPP. It is a joint venture between the municipality (40%) and a Slovak private company, Pluralité-Mega (60%). Supported by SPM and the Swiss and Canadian governments, SREEC will create subsidiaries, or operating companies, with local and international partners and investors to implement projects in district heating and energy efficiency, forest management linked with housing development, a capacity building center for community development, and solid waste management.


    SREEC is a regional business development tool committed to eco-efficiency and PPPs. By combining local investors with international technology companies, it becomes a vehicle for technology transfer. It is a flexible investment instrument capable of responding to local concerns and opportunities.
    It was district heating problems that brought SPM into Spisska. Once there, and after discussions with the Mayor and others, new projects began to emerge. SREEC became the instrument for developing these opportunities into new businesses. In all our projects, we create these PPP development companies early in the process. The new district heating company is now operational, with two international investors. The old district heating company has been merged into the new one. Now efforts are under way to replicate the model in the region and in neighboring companies. The housing company project is now under way too.
    METAP III: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
    REGIONAL INITIATIVE

    The Public Private Partnerships Programme, and SPM, have been retained as the main advisory agent in the implementation of the World Bank/UNDP-funded PPP initiative of Phase Three of the Mediterranean Environmental Technical Assistance Programme (METAP). So far, SPM and UNDP have conducted project-finding missions to Jordan, Turkey, Lebanon, Morocco, Egypt, and Tunisia and have identified urban waste collection and recycling, as well as industrial waste collection and disposal, as just two promising areas.


    These missions have shown that while the economic, political, legislative, and operating environments of the different countries inevitably pose problems and challenges specific to each country, the PPP potential throughout the METAP region is significant. By establishing sustainable business partnerships, PPP projects will provide a real opportunity to build on the thorough and farreaching environmental technical assistance already provided in Phases One and Two of the METAP program, and the extremely promising replication and capacity building potential would tie in with other METAP regional activities.
    LESSONS LEARNED

    SPM and UNDP now have enough experience under their belts to draw some important lessons from the PPP approach.


    CHOOSE THE RIGHT PROJECTS

    There is no shortage of potential projects for the PPP approach. Early meetings invariably produce a long shopping list of possibilities. The key is to choose the right project, one that meets the criteria set out earlier, and has real commitment from the public and private sectors locally to make it succeed. This is especially important when it is the first project in the country and therefore the first exposure to the new PPP model.


    EVERY PROJECT NEEDS A CHAMPION

    Ideally in fact, every project needs two champions—one from each sector. High-level local political commitment is particularly important. For example, the progress achieved with the Manizales project owes much to the fact that it had a high-profile champion, the former Governor of the Department of Caldas, at an early stage. But without private sector involvement, the new company could not be a success.


    LOCAL SUPPORT IS CRITICAL

    Identifying local support has been extremely important to the success of SPM projects to date. The local UNDP office—the Resident Representative—has proved an invaluable ally in leading on the ground by advising on local priorities, contributing contacts, and offering a “visiting card” link to government and NGOs. The collaboration with NGOs can be particularly fruitful. This is certainly the situation with the Southern Centre for Energy and the Environment in Harare and with Fundacolon and ANDI in Manizales.


    EACH PROJECT NEEDS HAND-HOLDING ALL THE TIME

    Normally, this is an SPM role. SPM’s task is also to find a dynamic, committed local project development manager to ensure onsite follow-up on each project and to keep the momentum going. Otherwise, the project can slip for many reasons associated with the novelty of the process. We really need a local partner, an extended arm of SPM.


    PACKAGE THE PROJECTS PROPERLY

    Small or medium-sized projects need to be packaged to attract investor interest. Larger projects have their own dynamic. Smaller ones have disproportionately higher transaction costs and political risks. If you add in the innovation of securing eco-efficiency goals and waste minimization, the crucial importance of packaging, brokering, negotiating, persuading, and convincing becomes clear. Current public institutional tendering procedures for smaller projects make little economic sense in terms of both cost and delay. Nor has the process satisfactorily shown that all interests are necessarily fully protected. We have to develop new ways of securing the alleged benefits of tendering without the costs in time and money.

    PM\UNDP\ODAs expect to produce some recommendations on this shortly.
    THE PROCESS TAKES TIME

    There are no short cuts to a PPP project. The host government has to be persuaded of the concept. Projects have to be identified. SPM’s catalyst role has to be understood. The process needs to be explained carefully at the outset. Private investors have to be found. Public and private partners have to be brought together. It is a complicated and time-consuming jigsaw to piece together and it begins with careful groundwork and preparation. But proper preparation is the essential ingredient to the political and economic viability of the project.


    RECONCILE DIFFERENT CULTURES

    Administration cultures (the public sector) and entrepreneurial cultures (the private sector) are fundamentally different. The former is procedure/process driven; the latter, results driven. Issues like the cost of time delays or indecision can be important barriers to partnership and have handicapped public projects using the old, traditional approach. Yet there is no inherent reason why the public sector should be less efficient than the private sector. The PPP model is designed to cut through this problem by stimulating the public sector into understanding that it shares responsibility, and the cost of issues like delay and indecisiveness.


    BUILDING MUTUAL TRUST IS VITAL

    The public and private sectors have little experience of working together except on the basis of supplier and customer. Normally, they are not working partners who share ownership of, as well as responsibility for, a successful project. The PPP model, in which SPM acts as catalyst, marriage broker, and midwife for the project, provides the vehicle for developing a trust and confidence level that helps to iron out problems and avoid the traditional adversarial posturing between the two sectors. Getting both sides to the table to consider problems together and identify joint solutions is a critical first step. This gives them a shared interest in the success of the new company. Through working together they come to understand each other’s constraints and expectations.


    A key step in the process is to get both parties to sign a Memorandum of Interest with a budget and an Executive Committee to manage the feasibility stage. Getting the partners into a legal structure early on in the process, and requiring them to agree on objectives and invest a modest amount of capital up front, is an important test of intent. This process provides three key ingredients: joint ownership, commitment, and management structures Partnership leads naturally into the new operating company.
    BUILD A PLATFORM FOR POLICY CHANGE

    Shared project experience can become a platform for policy change at the government level. Subsidized services are a case in point. When governments are investors in an operating company, which must pay wages and debt obligations, as well as return a profit, they look at user fees with a fresh perspective.


    OTHER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
    CAPACITY BUILDING CENTERS

    SPM’s Capacity Building Centers (CBC) initiative brings the public-private partnership model to bear on finding a new approach to capacity building that goes beyond training by integrating technology adaptation and other eco-efficiency services.


    Each CBC involves partners from both the public and private sector, supported by the same global network of private companies, scientific and academic communities, international financial institutions (including development banks and agencies), and NGOs that is part of the PPPUE program. The sector-specific CBCs provide practical capacity building programs for large, medium, and small companies and/or industries, focused on eco-efficient principles, practices, and technologies —including technology transfer—and also support the creation and management of small, self-sustaining community enterprises. This approach aims to remove the sources of frustration inherent in current training practices. To train an individual without engaging the employer’s commitment to that person’s future activity is frustrating for the employee. Similarly, to restrict capacity building to the training of individual employees is likely to frustrate employers. To be effective, capacity building must focus as much on the company (or institution) as the individual. More important, the company must feel and have a sense of ownership of the program. The days of free training programs are, or should be, numbered. If it is worth doing, it is worth paying for.
    The SPM initiative is being supported by two Canadian entities, Interel and Pluralité International, by the World Business Council for Sustainable Development, and by the International Secretariat for Water. Examples of CBCs are found in Pereira, Colombia, and in Hanoi, Vietnam.
    FINANCE FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

    Another SPM initiative within the framework of public-private partnerships is the establishment of two new entities in India to help micro and small enterprises move to eco-efficiency: the Indian Micro Enterprises Development Foundation (IMEDF) and the Indian Micro Enterprises Development Finance Corporation (IMEDFIN), a non-banking finance company. The aim is to leverage eco-efficiency change by micro enterprises, supported and provided by IMEDF, through credit provided by IMEDFIN.


    This approach has a number of innovative features:

    • Public-private partnerships are central from the outset.

    •Credit is linked with eco-efficient technology.

    • The focus is on using credit to introduce eco-efficient technologies to the micro enterprise sector to generate surpluses to make the enterprises sustainable.

    • Credit will be an important vehicle for achieving vertical and horizontal linkages among the micro, small, medium, and large sectors—for example, through financing the development of ancillaries in the small and micro sectors.

    • Credit will be integrated with technical and management support services to ensure business success.

    • Commercial and social objectives will be integrated. IMEDF and IMEDFIN will meet a real need in a sector where appropriate market instruments have not been designed. In mobilizing the resources to get them operational, however, we have encountered the view among the public and private sectors, social activists, and NGOs that the small and micro sectors are still a government problem, risk is high while return is low, and there are no opportunities for a competitive return on investment. We need to change this thinking.
    NEXT STEPS

    The need for urban infrastructure projects is enormous, and the demand for PPP projects is growing among both municipal authorities and prospective private investors. As a result, the Public-Private Partnerships for the Urban Environment program is to be expanded into a second worldwide phase. Under the leadership of UNDP, a Project Development Facility (PDF) is being created to provide the mechanism for identifying and developing more projects. The aim is to raise $10 million in contributions from the donor community to finance the initial phase of 30-50 projects over a five-year period. Some governments have already committed to support the PDF. SPM and UNDP anticipate that within this period the PDF will become self-financing and eventually become an independent corporation operating under the management and supervision of its participating shareholders. The PDF will experiment with a number of activities designed to raise income, such as endowment funds, consultancy services, dividends to the Facility, royalties, and revolving funds.


    The new program will retain the key essentials of the pilot phase, including the PPPUE network of partners—governments, NGOs, local communities, academic and training institutions, technological institutes, and of course, the private sector—coordinated by a small, core management team provided by SPM and UNDP.
    CONCLUSIONS

    The public-private partnership model initiated by SPM and UNDP through the PPPUE program, is fully in tune with Agenda 21’s call for more private-sector participation in reform in cooperation with the public sector. UNDP says that it is “one of the most promising forms of cooperation now emerging for sustainable development.”


    The PPPUE program, in particular, has led to four specific innovations:
    IT USES ODA TO LEVERAGE PRIVATE SECTOR INVESTMENT

    Through a relatively small amount of initial “risk” capital, governments involved in the program can create an attractive opportunity to involve private business at a much more substantial level. A front-end expenditure of development assistance funds to initiate a potential project can catalyse public- and private-sector investments many times greater.


    IT ESTABLISHES LINKAGES BETWEEN INVESTMENT AND CAPACITY BUILDING

    One drawback of private-sector investments is they lack an enabling environment—human skills, strong institutions, legal framework. So they often fail. Conventional development projects also fail to produce effective enterprises or institutions able to generate sufficient revenues to sustain themselves over time. Public-private partnership ventures link the best investment practices of the private sector with the experience of development practitioners in creating an effective enabling environment with all the supporting mechanisms in place to make the projects sustainable.


    IT IS A NEW TYPE OF PROJECT MANAGEMENT

    The program is a pioneer in sustainable project management— one that emphasizes eco-efficiency, stakeholder participation, replicability, and a more comprehensive and sustaining approach to development. The focus and priorities are different and so are the results.


    IT ACCELERATES TECHNOLOGY TRANSFER

    Municipal authorities have no experience of what eco-efficient technologies are available, let alone which to choose. SPM, supported by its international network, overcomes this problem by facilitating the identification of the technology choice for each particular PPP project and negotiating the terms of its transfer between the public and private sectors. In essence, the public-private partnership model offers a real opportunity to cut through much of the inefficiency and waste of the traditional approach to urban problems, and provides workable solutions that meet urgent major needs.

    Most of the developing world’s cities are under threat from a potentially lethal cocktail of growing social, economic, environmental, and human problems. Even in its expanded role, the PPPUE program can only scratch the surface. But the concept of using a public-private approach to provide business solutions, not aid, to this situation is one that offers real prospects for a breakthrough.

    Anexo XIX: Ley de Expropiaciones. Argentina


    EXPROPIACIONES

    Modifícase el régimen actual.

    LEY Nº 21.499

    Buenos Aires, 17 de enero de 1977.

    En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

    EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

    TITULO I

    Calificación de utilidad pública

    ARTICULO 1º — La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

    TITULO II

    Sujetos de la relación expropiatoria

    ARTICULO 2º — Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.

    Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.

    ARTICULO 3º — La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o privado.

    TITULO III

    Objeto expropiable

    ARTICULO 4º — Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.

    ARTICULO 5º —La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

    ARTICULO 6º — Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.

    Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

    ARTICULO 7º — La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.

    ARTICULO 8º — Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.

    En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales.

    Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotación efectuada por el expropiado.

    En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el juez.

    ARTICULO 9º — Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad en los términos del artículo 51, incisos b) y c).

    TITULO IV

    La indemnización

    ARTICULO 10. — La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.

    ARTICULO 11. — No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

    ARTICULO 12. — La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

    ARTICULO 13. — Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación para los bienes inmuebles, o las oficinas técnicas competentes que en cada caso se designarán, para los bienes que no sean inmuebles. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento.

    ARTICULO 14. — Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del bien al expropiante.

    ARTICULO 15. — No habiendo avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión será decidida por el juez quien, respecto a la indemnización prevista en el artículo 10 y sin perjuicio de otros medios probatorios, requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los noventa días.

    Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble que se expropiará, se tasarán conforme a lo establecido para los bienes que no sean inmuebles.

    ARTICULO 16. — No se considerarán válidos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la vigencia de la ley que declaró afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.

    ARTICULO 17. — No habiendo avenimiento acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la intervención de las oficinas técnicas a que alude el artículo 13, deberá sustanciarse prueba pericial. Cada parte designará un perito y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

    TITULO V


    Del procedimiento judicial

    ARTICULO 18. — No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.

    ARTICULO 19. — El proceso tramitará por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.

    Promovida la acción se dará traslado por quince días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicarán edictos durante cinco días en el diario de publicaciones legales de la Nación y en el de la Provincia correspondiente.

    Si existieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el plazo que el juez estime prudencial debiendo tener presente lo dispuesto en los artículos 15 y 17.

    Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computados desde que el Secretario certificare de oficio sobre la producción de la misma.

    Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llamará autos para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro de los treinta días de quedar firme aquella providencia. El cargo de las costas del juicio, como así su monto y el de los honorarios profesionales, se regirán por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por las respectivas leyes de aranceles.

    Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el mencionado Código.

    ARTICULO 20. — La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión.

    Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 22, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del efectivo pago.

    En tal caso, los intereses se liquidarán a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.

    Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.

    ARTICULO 21. — Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será competente el juez federal del lugar donde se encuentre el bien a expropiar con jurisdicción en lo contencioso-administrativo. Tratándose de bienes que no sean inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

    Los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, tramitarán ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal.

    ARTICULO 22. — Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el juez respectivo el importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del bien.

    ARTICULO 23. — El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no está embargado ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición de sus bienes.

    ARTICULO 24. — La litis se anotará en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.

    ARTICULO 25. — Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se determine por las oficinas técnicas mencionadas en el artículo 13.

    Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 23.

    ARTICULO 26. — Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.

    ARTICULO 27. — La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilará en juicio por separado.

    ARTICULO 28. — Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo gravamen.

    ARTICULO 29. — El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas serán a su cargo.

    Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.

    ARTICULO 30. — Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización.

    ARTICULO 31. — La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.

    ARTICULO 32. — Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

    TITULO VI

    Plazo de la expropiación

    ARTICULO 33. — Se tendrá por abandonada la expropiación —salvo disposición expresa de ley especial— si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica.

    No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas.

    ARTICULO 34. — Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.

    En tal supuesto se aplicarán las siguientes normas:

    a) El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y notificará al propietario el importe resultante.

    b) Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse sólo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.

    c) Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecido, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación del valor del bien, de conformidad con las normas de los artículos 10 y 11.

    d) La indemnización será reajustada en la forma prevista en el artículo 10.

    e) Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24.

    f) Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si éste estuviera determinado. Con tal finalidad una vez firme dicho valor, será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expidan los Registros en relación con el inmueble afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos en este artículo, los escribanos que las autoricen deberán dejar expresa constancia del conocimiento por el adquirente de la afectación, o de su consentimiento del valor firme, según corresponda.

    TITULO VII

    De la retrocesión

    ARTICULO 35. — Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computado desde que la expropiación quedó perfeccionada en la forma prevista en el artículo 29.

    ARTICULO 36. — Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.

    Tampoco se considerará que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignare uno complementario o que tiende a integrar y facilitar el previsto por la ley.

    ARTICULO 37. — La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento.

    ARTICULO 38. — La retrocesión no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o gestión administrativa.

    ARTICULO 39. — Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el artículo 35, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le asigne al bien el destino que motivó la expropiación; transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignara al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obra aprobados, la acción de retrocesión quedará expedita, sin necesidad de reclamo administrativo previo.

    Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo administrativo previo.

    ARTICULO 40. — Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la expropiación, y por esa circunstancia quedare desvinculado de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.

    ARTICULO 41. — Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.

    ARTICULO 42. — Para que la retrocesión sea procedente se requiere:

    a) Que la expropiación que la motive haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el artículo 29.

    b) Que se de alguno de los supuestos que prevé el artículo 35 y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el artículo 39.

    c) Que el accionante, dentro del plazo que fije la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de éste en concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere. Si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante. Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante.

    ARTICULO 43. — Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.

    ARTICULO 44. — Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.

    ARTICULO 45. — La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.

    ARTICULO 46. — La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante, o contra éste y los terceros a quienes hubiere sido transferido el bien.

    ARTICULO 47. — El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión, y la naturaleza de la litis, serán los establecidos para el juicio de expropiación.

    ARTICULO 48. — Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado.

    ARTICULO 49. — La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión.

    ARTICULO 50. — La acción por retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el artículo 29, al bien se le dio un destino ajeno al que la determinó, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieren transcurrido los plazos previstos en los artículos 35 y 39.

    El trámite previsto en el artículo 39 suspende el curso de esta prescripción.

    TITULO VIII

    De la expropiación irregular

    ARTICULO 51. — Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

    a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.

    b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.

    c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.

    ARTICULO 52. — No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.

    ARTICULO 53. — El que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa.

    ARTICULO 54. — En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el artículo 10 y siguientes de la presente ley.

    ARTICULO 55. — Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto fueren aplicables.

    ARTICULO 56. — La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable la referida acción.

    TITULO IX

    De la ocupación temporánea

    ARTICULO 57. — Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.

    ARTICULO 58. — La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.

    ARTICULO 59. — La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.

    ARTICULO 60. — Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad.

    ARTICULO 61. — La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Pública.

    ARTICULO 62. — La ocupación temporánea normal apareja indemnización, siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación.

    La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.

    ARTICULO 63. — El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivó su ocupación.

    ARTICULO 64. — Ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años; vencido este lapso, el propietario intimará fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de expropiación irregular.

    ARTICULO 65. — El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al juicio de ocupación temporánea normal.

    ARTICULO 66. — Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa no puede alterar la sustancia del mismo ni extraer o separar de éste elementos que lo integren, sin perjuicio del supuesto previsto en el artículo 62, última parte.

    ARTICULO 67. — Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de éstos se harán valer sobre el importe de la indemnización.

    ARTICULO 68. — Las cuestiones judiciales que promoviese el propietario del bien ocupado están exentas de reclamación administrativa previa.

    ARTICULO 69. — La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante tomó posesión del bien.

    ARTICULO 70. — La acción del propietario del bien ocupado para requerir su devolución prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante debió devolver el bien.

    TITULO X


    Disposiciones complementarias

    ARTICULO 71. — Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro título, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa de mil pesos ($ 1.000), a cien mil pesos ($ 100.000), al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y resolver como corresponda. La multa se exigirá por vía ejecutiva.

    ARTICULO 72. — La presente ley se aplicará exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su vigencia.

    No obstante, en los juicios en trámite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento, en la forma prevista en el artículo 13.

    ARTICULO 73. — Deróganse las leyes números 13.264, 17.484 y 19.973 y el artículo 10 de la Ley Nº 14.393.

    ARTICULO 74. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

    VIDELA.

    Julio A. Gómez.



    FE DE ERRATA

    LEY Nº 21.499

    Se hace saber que en la publicación de la mencionada ley, efectuada en la edición del Boletín Oficial del día 21/1/77, se deslizaron los siguientes errores de imprenta:

    Artículo 10. — Donde dice: "valores efectivos". — Debe decir: "valores afectivos".

    Artículo 24. — Donde dice: "Indisponibles". — Debe decir: "indisponible".

    Artículo 26. — Donde dice: "quedarán los arrendamientos". — Debe decir: "quedarán resueltos los arrendamientos".

    Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "daclaración". — Debe decir: "declaración".

    Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "dispones". — Debe decir: "disponer".

    Artículo 51, inc. c). — Donde dice: "el derecho del titular". — Debe decir: "al derecho del titular".

    Artículo 71. —Donde dice: "que en virtud de la presente ley del Estado". — Debe decir: "que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado".

    DECRETO-LEI N. 3.365 – DE 21 DE JUNHO DE 1941
    Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública< p> O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,

    DECRETA:

    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

    Art. 1º A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em toda o território nacional.

    Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

    § 1º A desapropriação do separo aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo.

    § 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa.

    Art. 3º Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

    Art. 4º A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensaveis à continuação da obra e as que se destinam á revenda.

    Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:

    a) a segurança nacional;

    b) a defesa do Estado;

    c) o socorro público em caso de calamidade;

    d) a salubridade pública;

    e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;

    f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

    g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saude, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

    h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;

    i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiénica ou estética;

    j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

    k) a preservação e conservação dos monumentos históricos, e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

    l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;

    m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

    n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

    o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;

    p) os demais casos previstos por leis especiais.

    Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

    Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.

    Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuizo da ação penal.

    Art. 8º O Poder Legislativo poderá, tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários a sua efetivação.

    Art. 9º Ao Poder Judiciário é Vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

    Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

    Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

    DO PROCESSO JUDICIAL

    Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juizo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

    Art. 12. Somente os juizes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação.

    Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruida com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

    Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se os autos suplementares.

    Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

    Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

    Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

    Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio.

    Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho.

    Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz.

    Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessivel, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juizo certificarão.

    Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.

    Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

    Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, até que se lhe habilite o interessado.

    Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz.

    Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará, por sentença no despacho saneados.

    Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em carteiro até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

    § 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

    Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões o, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.

    § 2º Antes de proferido o despacho saneados, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo.

    Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, O juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.

    Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias afim de publicar a sentença.

    Art. 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.

    Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módicas para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento.

    Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da declaração de utilidade pública, não se incluirão direitos de terceiros contra o expropriado.

    Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as uteis, quando feitas com autorização do expropriante.

    Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

    Parágrafo único. Se a propriedade estiver sujeita ao imposto predial, o "quantum” da indenização não será inferior a 10, nem superior a 20 vezes o valor locativo, deduzida previamente a importância do imposto, e tendo por base esse mesmo imposto, lançado no ano anterior ao decreto de desapropriação.

    Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

    § 1º O juiz recorrerá ex-officio quando condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida.

    § 2º Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), observar-se-á o disposto no art. 839 do Código de Processo Civil.

    Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registo de imoveis.

    Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.

    DISPOSIÇÕES FINAIS

    Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

    Art. 32. O pagamento do preço será feito em moeda corrente. Mas, havendo autorização prévia do Poder Legislativo, em cada caso, poderá efetuar-se em títulos da divida pública federal, admitidos em bolsa, de acordo com a cotação do dia anterior ao do depósito.

    Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

    Parágrafo único. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

    Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

    Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

    Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados á Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-à em perdas e danos.< p> Art. 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização.

    O expropriante prestará caução, quando exigida.

    Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela dessa, procriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.

    Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.

    Art. 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela superveniência destas.

    Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

    Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos alem dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada.

    Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.

    Art. 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias nos Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.

    Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941, 120º da Independência e 53º da República.

    GETULIO VARGAS.

    Francisco Campos.

    Anexo XX: Leyes de Expropiaciones República Federativa de Brasil

    DECRETO-LEI N. 3.365 – DE 21 DE JUNHO DE 1941


    Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública< p> O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,

    DECRETA:

    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

    Art. 1º A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em toda o território nacional.

    Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

    § 1º A desapropriação do separo aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo.

    § 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa.

    Art. 3º Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

    Art. 4º A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensaveis à continuação da obra e as que se destinam á revenda.

    Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:

    a) a segurança nacional;

    b) a defesa do Estado;

    c) o socorro público em caso de calamidade;

    d) a salubridade pública;

    e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;

    f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

    g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saude, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

    h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;

    i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiénica ou estética;

    j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

    k) a preservação e conservação dos monumentos históricos, e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

    l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;

    m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

    n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

    o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;

    p) os demais casos previstos por leis especiais.

    Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

    Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.

    Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuizo da ação penal.

    Art. 8º O Poder Legislativo poderá, tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários a sua efetivação.

    Art. 9º Ao Poder Judiciário é Vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

    Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

    Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

    DO PROCESSO JUDICIAL

    Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juizo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

    Art. 12. Somente os juizes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação.

    Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruida com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

    Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se os autos suplementares.

    Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

    Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

    Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

    Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio.

    Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho.

    Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz.

    Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessivel, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juizo certificarão.

    Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.

    Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

    Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, até que se lhe habilite o interessado.

    Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz.

    Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará, por sentença no despacho saneados.

    Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em carteiro até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

    § 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

    Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões o, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.

    § 2º Antes de proferido o despacho saneados, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo.

    Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, O juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.

    Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias afim de publicar a sentença.

    Art. 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.

    Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módicas para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento.

    Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da declaração de utilidade pública, não se incluirão direitos de terceiros contra o expropriado.

    Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as uteis, quando feitas com autorização do expropriante.

    Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

    Parágrafo único. Se a propriedade estiver sujeita ao imposto predial, o "quantum” da indenização não será inferior a 10, nem superior a 20 vezes o valor locativo, deduzida previamente a importância do imposto, e tendo por base esse mesmo imposto, lançado no ano anterior ao decreto de desapropriação.

    Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

    § 1º O juiz recorrerá ex-officio quando condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida.

    § 2º Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), observar-se-á o disposto no art. 839 do Código de Processo Civil.

    Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registo de imoveis.

    Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.

    DISPOSIÇÕES FINAIS

    Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

    Art. 32. O pagamento do preço será feito em moeda corrente. Mas, havendo autorização prévia do Poder Legislativo, em cada caso, poderá efetuar-se em títulos da divida pública federal, admitidos em bolsa, de acordo com a cotação do dia anterior ao do depósito.

    Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

    Parágrafo único. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

    Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

    Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

    Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados á Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-à em perdas e danos.< p> Art. 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização.

    O expropriante prestará caução, quando exigida.

    Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela dessa, procriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.

    Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.

    Art. 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela superveniência destas.

    Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

    Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos alem dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada.

    Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.

    Art. 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias nos Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.

    Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941, 120º da Independência e 53º da República.

    GETULIO VARGAS.

    Francisco Campos.

    LEI Nº 2.786, DE 21 DE MAIO DE 1956
    Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade pública.
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

    Art 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 9.811, de 9 de setembro de 1946.

    Art 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 15 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:

    "Art. 15............................................................................... ................................................

    1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

    a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

    b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

    c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

    d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

    § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

    § 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória."

    Art 3º O art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:

    "Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

    Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante."

    Art 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:

    "Art. 27. ................................................................................ ............................................

    1º A sentença que fixar o valor da indenização quando êste fôr superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários de advogado, sôbre o valor da diferença.

    § 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao impôsto de lucro imobiliário."

    Art 5º O art. 32 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a ter a seguinte redação:

    "Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.

    Art 6º O parágrafo único do artigo 33 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passará a constituir § 1º, acrescentando-se-lhe um parágrafo:

    "Art. 33............................................................................... .............................................

    2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34."

    Art 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será aplicável aos processos em curso.

    Art 8º Revogam-se as disposições em contrário.

    Rio de Janeiro, 21 de maio de 1956; 135º da Independência e 68º da República.

    JUSCELINO KUBITSCHEK

    Nereu Ramos

    LEI Nº 2.786, DE 21 DE MAIO DE 1956

    Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade pública. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

    Art 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 9.811, de 9 de setembro de 1946.

    Art 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 15 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:

    "Art. 15............................................................................... ................................................

    1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

    a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

    b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

    c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

    d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

    § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

    § 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória."

    Art 3º O art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:

    "Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

    Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante."

    Art 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:

    "Art. 27. ................................................................................ ............................................

    1º A sentença que fixar o valor da indenização quando êste fôr superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários de advogado, sôbre o valor da diferença.

    § 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao impôsto de lucro imobiliário."

    Art 5º O art. 32 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a ter a seguinte redação:

    "Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.

    Art 6º O parágrafo único do artigo 33 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passará a constituir § 1º, acrescentando-se-lhe um parágrafo:

    "Art. 33............................................................................... ................................................

    2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34."

    Art 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será aplicável aos processos em curso.

    Art 8º Revogam-se as disposições em contrário.

    Rio de Janeiro, 21 de maio de 1956; 135º da Independência e 68º da República.

    JUSCELINO KUBITSCHEK

    Nereu Ramos
    LEI Nº 4.686, DE 21 DE JUNHO DE 1965
    Acrescenta parágrafo ao art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública).
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

    Art 1º O atual parágrafo único do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação de Utilidade Pública) passará a ser o § 1º, acrescentando-se ao mesmo artigo a seguinte disposição:

    "§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou o Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado".

    Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

    Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

    Brasília, 21 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República.


    H. CASTELLO BRANCO

    Milton Soares Campos


    LEI Nº 6.306, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975
    Altera o § 2º do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

    Art 1º O § 2º do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentado ao mesmo artigo pela Lei nº 4.686, de 21 de junho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

    "Art. 26 - ................................................................................ .....................................

    ................................................................................ .............................................................

    2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República".

    Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

    Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
    ERNESTO GEISEL

    Armando Falcão

    João Paulo do Reis Velloso
    LEI Nº 6.306, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975
    Altera o § 2º do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

    Art 1º O § 2º do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentado ao mesmo artigo pela Lei nº 4.686, de 21 de junho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

    "Art. 26 - ................................................................................ .....................................

    ................................................................................ .............................................................

    2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República".

    Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

    Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
    ERNESTO GEISEL

    Armando Falcão

    João Paulo do Reis Velloso

    LEI Nº 9.785, DE 29 DE JANEIRO DE 1999.


    Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

    Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:< p> Art. 1º O art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 6.602, de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com as seguintes alterações:

    "Art. 5º ................................................................................ .............................................

    ................................................................................ ...................................................................”

    "i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;" (NR)

    "§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão."

    Art. 2º O inciso I do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pelas Leis nºs 6.216, de 30 de junho de 1975, e 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte item 36:

    "Art. 167. ................................................................................ ..........................................

    I - ................................................................................ ......................................................

    “36) da imissão provisória na posse, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando concedido à União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, para a execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado às classes de menor renda."

    “.......................................................................... ..............................................................”

    Art. 3º A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:

    "Art. 2º ................................................................................ ..............................................

    ................................................................................ ....................................................................

    “§ 2º (VETADO)

    “§ 3º (VETADO)

    § 4º Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

    § 5º Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não.

    § 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

    I - vias de circulação;

    II - escoamento das águas pluviais;

    III - rede para o abastecimento de água potável; e

    IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar."

    "Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal." (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "Art. 4º ................................................................................ ..............................................

    “I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem." (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    “§ 1º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento." (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "Art. 7º ................................................................................ .............................................”

    "Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos." (NR)

    "Art. 8º Os Municípios com menos de cinqüenta mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação de diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta Lei." (NR)

    "Art. 9º Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18." (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    “§ 3º Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das conseqüências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente, quanto as aprovações conseqüentes."

    "Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:" (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos." (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    “Art. 12. ................................................................................ ...........................................”

    "Parágrafo único. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação."

    "Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições:" (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas." (NR)

    "§ 1º Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão.

    § 2º Nos Municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de noventa dias para a aprovação ou rejeição e de sessenta dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização."

    "Art. 18. ................................................................................ ...........................................”

    "I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º;" (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras;" (NR)

    “.......................................................................... ..............................................................”

    "§ 4º O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.

    § 5º No caso de que trata o § 4º, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos."< /font>

    "Art. 26. ................................................................................ ............................................

    ................................................................................ .................................................................."

    "§ 3º Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil.

    § 4º A cessão da posse referida no § 3º, cumpridas as obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante, de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.

    § 5º Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse referida no § 3º converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao Registro de Imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote.

    § 6º Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação."

    "Art. 40. ................................................................................ ............................................

    ................................................................................ .................................................................”

    "§ 5º A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei, ressalvado o disposto no § 1º desse último.”

    “Art.43. ................................................................................ ............................................”

    Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for o caso, em pecúnia ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas."

    "Art. 50. ................................................................................ ............................................

    ................................................................................ ..................................................................”

    "Parágrafo único. ................................................................................ ..............................

    ................................................................................ ..................................................................”

    "II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4º e 5º, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave." (NR)

    "Art. 51. ................................................................................ ............................................

    "Parágrafo único. (VETADO)

    "Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos.< p> Parágrafo único. Às ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo Poder Público respectivo.”

    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

    Brasília, 29 de janeiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

    FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

    Clovis de Barros Carvalho

    RETIFICAÇÃO

    LEI Nº 9.785, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

    (Publicada no Diário Oficial de 1º de fevereiro de 1999, Seção 1)

    Na página 6, 2ª coluna, nas assinaturas,

    LEIA-SE : Fernando Henrique Cardoso, Renan Calheiros, Clóvis de Barros Carvalho

    Anexo XXI: Asuntos Laborales

    MERCOSUL/GMC/RES. Nº 115/96

     

    PAUTA NEGOCIADORA PRIORITÁRIA DO SGT-10 (ASSUNTOS TRABALHISTAS, EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL)



    TENDO EM VISTA: o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, as Resoluções Nº 20/95 e 38/95 do Grupo Mercado Comum e a Recomendação Nº 1/96 do SGT-10 (Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social). 

    CONSIDERANDO:

    Que a Resolução nº 20/95 instruiu os Subgrupos de Trabalho e as Reuniões Especializadas a elaborar propostas de pauta negociadora, indicando as tarefas prioritárias, definidas à luz das necessidades da presente etapa do processo de integração, prazo razoável para sua execução e meios necessários para sua realização.

    Que a Resolução nº 38/95 instruiu o SGT-10 a revisar sua proposta de pauta negociadora a fim de adaptá-la ao formato definido pela Resolução nº 20/95.


    O GRUPO MERCADO COMUM

    RESOLVE:


     

    Art. 1 - Aprovar a pauta negociadora prioritária para o SGT-10 (Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social), do item 1.3 ao item VIII, que figura como anexo e integra a presente Resolução.

     

    TAREFAS PRIORITÁRIAS E PRAZOS

     

    I - RELAÇÕES TRABALHISTAS



    Tarefas propostas:

    1.3. Atualização do estudo comparativo das legislações trabalhistas dos países do MERCOSUL, com vistas à identificação dos traços comuns e singulares de tais legislações que podem afetar positiva ou negativamente o processo de integração regional.

    Justificativa: o estudo proporciona o conhecimento das normas aplicáveis às relações de trabalho e subsídios sobre a incidência do fator trabalho no custo dos bens e serviços produzidos no MERCOSUL.

    Ações:

    a) Análise da evolução dos institutos de proteção do trabalho dos países do Bloco após a conclusão do estudo comparativo realizado até meados de 1994, com intercâmbio obrigatório e prévio a cada reunião das modificações ocorridas na legislação trabalhista de cada país, assim como das modificações no nomenclador nacional e no documento que trata da síntese das assimetrias mais relevantes.

    b) Realização de reunião para avaliação das implicações das mudanças recentes no direito trabalhista dos quatro países sobre a proteção dos trabalhadores nacionais e não-nacionais e sobre os custos relativos da força de trabalho em qualquer Estado Parte.

    c) Elaboração de propostas de harmonização referentes às assimetrias mais relevantes em matéria de relações e condições de trabalho, levando-se em conta as características próprias dos países e com o objetivo de melhorar as condições de vida e de trabalho na região.

    Prazo: 24 meses.

    1.4. Realização de estudos comparativos sobre os institutos de natureza jurídica e prática de relações coletivas de trabalho adotados pelos países do MERCOSUL, com vistas a possibilitar sua progressiva incorporação ao sistema de composição de interesses conflitivos entre capital e trabalho, em ritmo e forma compatíveis com as exigências das sucessivas etapas do processo de integração regional.

    Justificativa: o estudo comparado proporciona o conhecimento recíproco do estágio alcançado pelos países no campo das relações coletivas de trabalho e uma alavança para fomentar a utilização da negociação livre, voluntária, dinâmica e permanente na relação capital-trabalho.

    Ações:

    a) Continuação do estudo comparado entre as legislações e outros marcos normativos e as práticas nacionais que dizem respeito às formas de relações coletivas do trabalho.

    b) Proposição de medidas capazes de fomentar e dinamizar as relações coletivas.

    c) Estabelecimento de meios de intercâmbio e cooperação entre os países do MERCOSUL para o desenvolvimento das relações coletivas de trabalho, em especial as experiências de negociação coletiva.

    d) proposição das formas de abordagem do tema nas etapas futuras do MERCOSUL.

    Prazo: 24 meses.

    II - CUSTOS LABORAIS

    Tarefa proposta:

    2.1. Realização de estudos sobre custos laborais em setores econômicos específicos e relevantes para o processo de integração, com o propósito de mensurar o impacto do fator trabalho no custo final de bens e serviços produzidos pelos países do MERCOSUL.

    Justificativa: o estudo possibilita o conhecimento recíproco dos custos laborais e sua influência na competição entre produtos e serviços no MERCOSUL.

    Ações:

    a) Intercâmbio dos documentos de avaliação sobre os estudos realizados pelos consultores técnicos.

    b) Conclusões do modelo de mensuração dos custos trabalhistas, desenvolvido pela Comissão 1, do antigo SGT 11, e da análise do estudo complementar elaborado pelos consultores técnicos.

    c) Seleção dos doze (12) setores econômicos que devem ser objeto do estudo de custos laborais, levando-se em conta sua importância para o processo de integração, maior susceptibilidade às assimetrias dos encargos trabalhistas, maior intercâmbio comercial, maior desenvolvimento nacional e maior impacto social.

    d) Levantamento dos custos laborais nos setores econômicos selecionados, levando-se em conta os dispositivos legais, decisões normativas e convenções coletivas.

    e) Discussão de propostas referentes ao tema.

    Prazo: 12 meses.

    III - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO



    Tarefas propostas:

    3.1. Formulação de propostas para aproximação de normas regulamentadoras de saúde e segurança e meio ambiente de trabalho na esfera do MERCOSUL, com vistas a melhorar os meios e mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes ocupacionais e oferecer uma adequada proteção aos trabalhadores.

    Justificativa: a promoção da saúde e da integridade física e mental dos trabalhadores deve constituir um objeto central nos esforços comuns dos países do MERCOSUL.

    Ações:

    a) Continuação dos estudos comparativos das normas de saúde e segurança e meio ambiente de trabalho em vigor nos países do Bloco, nos setores de maior intercâmbio comercial, maior desenvolvimento nacional e maior impacto social.

    b) Definição dos parâmetros relativos à segurança e saúde e meio ambiente de trabalho e ao manejo dos fatores que afetam o meio ambiente externo.

    c) Proposição de diretivas comuns de saúde e segurança e meio ambiente de trabalho, assim como dos serviços preventivos essenciais à saúde física e mental dos trabalhadores.

    d) Estabelecimento de mecanismos permanentes de intercâmbio de informações e de cooperação entre os países do Bloco em matéria de saúde e segurança no trabalho, envolvendo a realização de oficinas de trabalho, seminários, treinamentos e eventos análogos.

    Prazo: 24 meses.

    3.2. Organização de um banco de dados sobre substâncias químicas e outros agentes perigosos e nocivos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, com o objetivo de se estabelecer normas de manipulação e transporte dos referidos produtos.

    Justificativa: o incremento da circulação de cargas perigosas ou de alto risco entre os países do Bloco requer a tomada de medidas que preservem a saúde e a integridade física e mental dos trabalhadores e protejam o meio ambiente.



    Ações:

    a) Sugestão ao GMC que apresente ao Instituto das Nações Unidas para o Treinamento e a Pesquisa (UNITAR) uma solicitação de cooperação aos países do MERCOSUL para o estabelecimento de políticas nacionais integradas e planos de ação para gestão racional de substâncias químicas.

    b) Inventário e classificação das substâncias químicas e agentes de alto risco à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente.

    c) Definição dos meios adequados de identificação, manipulação, transporte e armazenagem dessas substâncias e produtos.

    d) Proposição das normas e dos parâmetros relativos aos procedimentos mencionados no item c.

    e) Realização de gestões de coordenação para o cumprimento das letras c e d junto ao SGT 3 (Regulamentos Técnicos), ao SGT 5 (Transportes e Infra-Estrutura), ao SGT 6 (Meio Ambiente) e ao Comitê Técnico nº 1, da Comissão de Comércio do MERCOSUL.

    Prazo: 12 meses.

    3.3. Padronização da comunicação sobre saúde e segurança ocupacional utilizada na rotulagem, sinalização e especificação técnica dos produtos, maquinas e equipamentos, visando a redução dos riscos de acidentes do trabalho e a integridade física e mental dos trabalhadores.

    Justificativa: o aumento da circulação de insumos e produtos no MERCOSUL requer a uniformização das informações que concorram para a preservação da saúde e segurança de quem os manipula.

    Ações:

    a) Definição das formas de padronização dos signos utilizados na rotulagem, sinalização e especificação técnica de produtos, máquinas e equipamentos.

    b) Elaboração das normas e orientações relativas aos procedimentos mencionados, inclusive com uso de comunicação trilíngüe.

    c) Sugestão das medidas requeridas para a adoção das normas e procedimentos a serem empregados na rotulagem, sinalização e especificação técnica de produtos, maquinas e equipamentos.

    d) Realização de gestões de coordenação para o cumprimento das letras a, b e c junto ao SGT 3 (Regulamentos Técnicos), ao SGT 5 (Transportes e Infra-Estrutura), ao SGT 9 (Energia) e ao Comitê Técnico nº 1, da comissão de Comércio do MERCOSUL.

    Prazo: 12 meses.

    IV - INSPEÇÃO DO TRABALHO

    Tarefas propostas:

    4.1. Instituição de mecanismos permanentes de intercâmbio de informações e de cooperação na área da inspeção do trabalho entre os países do MERCOSUL, com vistas a assegurar o cumprimento das legislações trabalhistas nacionais.

    4.1.1. Estabelecimento de intercâmbio específico da ação da inspeção de segurança e saúde no trabalho em relação a estruturas organizacionais, fiscalização, estatísticas e participação de trabalhadores e empregadores.

    Prazo de execução da tarefa 4.1.1: 12 meses.

    Justificativa: o intercâmbio de experiências e a cooperação entre os serviços inspecionais contribui para o aprimoramento do desempenho da inspeção do trabalho.

    Ações:

    a) Promoção de seminários técnicos tripartites sobre inspeção do trabalho.

    b) Estabelecimento de mecanismos de intercâmbio permanente de informações, dados estatísticos e relatórios anuais conforme dispõe o art. 21 da Convenção nº 81, da OIT, a respeito da inspeção do trabalho.

    c) Troca de experiências entre os serviços inspecionais dos países do MERCOSUL, envolvendo visitas e treinamentos de agentes da inspeção do trabalho.

    d) Proposição de sistemas de inspeção eficientes para enfrentar temas de interesses comuns, tais como combater as fraudes trabalhistas, otimizar a utilização de recursos humanos e materiais, propiciar a manutenção dos postos de trabalho, fomentando a priorização do trabalho preventivo e educativo da inspeção do trabalho, promover a capacitação permanente dos agentes da inspeção do trabalho, conforme estabelecido no item 3º da Ata nº 1/96, do 1º Seminário Técnico Tripartite sobre a Inspeção do Trabalho no MERCOSUL, realizado em Brasília.

    Prazo: 24 meses.

    4.2. Proposição de coordenação de mecanismos de controle, no âmbito das inspeções do trabalho, capazes de melhorar o cumprimento das normas trabalhistas.

    Prazo: 24 meses.

    V - ESTRUTURA DO MERCADO DE TRABALHO E POLÍTICAS DE EMPREGO

    Tarefas Propostas:

    5.1 Levantamento de indicadores e difusão de informações sobre o comportamento dos mercados de trabalho, com descrições precisas das metodologias adotadas, para efeitos comparativos dos perfis e desenvolvimentos dos mesmos, tendo-se como meta a compatibilização dos indicadores .

    Justificativa: Os países do Mercosul atribuem significados diferenciados às expressões utilizadas na descrição e medição dos mercados de trabalho nacionais e dos fenômenos que os atingem. O levantamento de indicadores viabiliza a troca de experiências entre os países membros, além do conhecimento recíproco dos respectivos mercados nacionais.

    5.2 Realização de diagnósticos nacionais setoriais para verificar os impactos do processo de integração nos itens emprego e formação profissional em setores selecionados.

    Justificativa: Torna-se necessário o reconhecimento dos mercados de trabalho e verificação do impacto sobre os setores relacionados.

    5.3 Criação de um Observatório permanente para acompanhamento do perfil e desenvolvimento do mercado de trabalho - com gestão tripartite. O referido Observatório se propõe como um espaço de investigação do presente e de elaboração de perspectiva do futuro sobre as questões do mundo do trabalho, devendo ser um órgão de consulta, subordinado ao SGT. O Observatório teria como objetivos: congregar instituições que realizam pesquisas, levantamentos, mapeamentos e desenvolvem algum tipo de observação sobre os temas que são seu objeto; promover pesquisas, levantamentos e mapeamentos; criar, manter e divulgar uma base de dados disponibilizada pelas instituições congregadas e/ou pelo próprio Observatório; analisar e produzir diagnósticos, propostas de ação, de políticas ou de formas de encaminhamento dos problemas estudados; realizar avaliação de experiências, políticas e projetos. Seriam priorizadas, contudo, as temáticas relativas a estatísticas setoriais e agregadas, referências bibliográficas e políticas nacionais de emprego em uso. As tarefas 1.1, 1.2 e 2.2 e o item II são consideradas partes do processo de institucionalização do Observatório.

    Justificativa: A criação de um Observatório, de caráter permanente, permitiria aos governos, empresários e trabalhadores um acompanhamento das oscilações e modificações do mercado de trabalho.

    Ações:

    a) levantamento de informações sobre processos de convergência metodológica iniciados no âmbito da Comissão 3 do antigo SGT 11;

    b) levantamento de informações sobre iniciativas nacionais de realização de diagnósticos sobre impactos do processo de integração sobre o mercado de trabalho;

    c) realização de seminário;

    d) realização dos diagnósticos nacionais setoriais.

    - Ações destinadas à evolução da estrutura necessária para criação do Observatório permanente para acompanhamento do perfil e desenvolvimento dos mercados de trabalho:

    a) centralização das informações sobre estrutura do mercado de trabalho e políticas de emprego nos países membros;

    b) intercâmbio de informações sobre políticas nacionais de emprego e instrumentos de proteção aos desempregados e requalificação profissional (o intercâmbio deve ser permanente);

    Prazo: 06 meses para a criação da estrutura necessária à criação do Observatório (desenho institucional e conteúdo discutidos e finalizados), 6 meses para o funcionamento experimental e outros 6 meses para o seu funcionamento efetivo.

    VI - FORMAÇÃO PROFISSIONAL



    Tarefas Propostas:

    6.1 criação de um sistema de Certificação Ocupacional para reconhecimento e equivalência de certificações ocupacionais entre os países membros;

    Justificativa: A circulação de trabalhadores implica reconhecimento e equivalência de certificações ocupacionais entre os países. Como nenhum dos países membros possui um sistema de certificação, trata-se de excelente oportunidade para que este seja estruturado em bases compatíveis entre os parceiros.

    6.2 construção de um Sistema de Informações sobre Formação Profissional;

    Justificativa: A partir do diagnóstico já elaborado, no âmbito do antigo SGT 11, sobre sistemas de formação profissional nos países membros, cabe estruturar um sistema de informação a agentes públicos e privados - empresas, trabalhadores, governo - que apresente o leque de alternativas de formação, em bases contínuas, visando disponibilizar, aos interessados nos quatro Estados Partes, informações sobre os centros subregionais de formação profissional e as oportunidades que os mesmos oferecem.

    Ações:


    Prazo: 12 meses, para conclusão da tarefa.

    6.3 desenvolvimento de programas de cooperação técnica entre institutos de formação profissional, devendo o SGT 10 buscar um caráter de articulação entre os diversos institutos de Formação Profissional e suas iniciativas em curso, estimulando a cooperação.

    Justificativa: A cooperação técnica, no âmbito do Mercosul, deve observar um caráter de articulação entre os institutos de formação profissional, públicos e / ou privados, e suas iniciativas em curso.

    Prazo: 24 meses

    VII - MIGRAÇÕES TRABALHISTAS

    Tarefas Propostas:

    7.1 avaliar o trabalho dos consultores contratados pelo BID sobre fluxos migratórios no Mercosul.

    Justificativa: O GMC aprovou projeto de cooperação técnica, proposta pelo antigo SGT 11 e financiada pelo BID, relativo aos fluxos migratórios intra-Mercosul. Uma vez concluído este trabalho, o mesmo deve ser avaliado pelos respectivos países visando destacar aquelas questões consideradas relevantes para avançar em seu tratamento.

    Prazo: imediato

    7.2 avaliar o trabalho dos consultores contratados pelo BID sobre harmonização de normas para livre circulação de trabalhadores no Mercosul.

    Justificativa: Uma vez concluído o referido trabalho, compete ao SGT 10 a avaliação do mesmo.

    Prazo: imediato

    7.3 realizar estudos, com os recursos próprios de cada país, sobre a situação do trabalho em zonas fronteiriças, contemplando a necessidade de tratamento bilateral / setorial para determinadas questões e de intercâmbio das informações já levantadas em iniciativas nacionais.

    Justificativa: Como fora acordado na última reunião do SGT, este tema merece ser abordado com maior aprofundamento.

    Ações:


    a) Elaborar propostas para tratamento da migração laboral em zonas fronteiriças tomando como prioridades os setores da construção civil, comércio fronteiriço, transporte e atividades agrícolas sazonais.

    Prazo : 12 meses

    7.4 Manter atualizados os estudos comparativos das normas de imigração e emprego de trabalhadores imigrantes em vigor em cada Estado Parte, bem como dos compromissos decorrentes da adesão a tratados multilaterais relativos à matéria, com vistas à identificação de aspectos passíveis de tratamento comum por parte dos países do Mercosul e à adequação dos institutos migratórios aos objetivos da integração regional.

    Justificativa: o fluxo migratório no espaço do Mercosul reclama atitudes de cooperação e de coordenação de procedimentos nessa área.

    Ações:

    a) Atualização do estudo dos compromissos internacionais referentes ao trabalhador imigrante, assumidos por cada país do MERCOSUL;



    b) Continuação do exame das disposições normativas internas de cada país concernentes ao emprego de trabalhadores imigrantes;

    c) Sugestão de formas de coordenação entre as ações dos países membros do Mercosul em matéria de imigração e emprego de imigrantes e de mecanismos permanentes de intercâmbio e cooperação entre os serviços nacionais de imigração.

    Prazo: 12 meses

    d) avaliar o nível de controle no cumprimento das normas vigentes sobre migrações de mão-de-obra em cada Estado Parte, visando elaborar um diagnóstico da situação atual .

    Prazo: 12 meses a partir da conclusão da tarefa de avaliação das consultorias.

    7.5 Incorporar como critério adicional de seleção por setores de atividade objeto dos diagnósticos setoriais de emprego as migrações de mão-de-obra.

    Prazo: imediato

    VIII - SEGURIDADE SOCIAL



    Ação Proposta:

    Sem prejuízos para as discussões relativas ao Acordo Multilateral de Previdência Social, e seu Ajuste Administrativo, e sua aprovação, retomar-se-ão as ações que possibilitem no futuro a realização de estudos sobre os sistemas de seguridade social da região, sendo necessário, para tanto, implementar metodologias e indicadores comuns para estes estudos.


    MERCOSUL/GMC/RES N° 153/96
    AMPLIAÇÃO DA PAUTA NEGOCIADORA DO SGT N° 10 (ASSUNTOS TRABALHISTAS, EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL)

    TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto; a Resolução N° 115/96 do Grupo Mercado Comum; a Recomendação N° 2/96 do SGT N° 10 - Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social -.

    CONSIDERANDO :

    A conveniência de ampliar a Pauta Negociadora do SGT N° 10;

    GRUPO MERCADO COMUM

    RESOLVE:


    Art. 1 - Incorporar à Pauta Negociadora do SGT N° 10 - Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social - a seguinte Tarefa:

    “Tarefa - Análise da dimensão social do processo de integração. Diversas alternativas para sua formulação institucional.

    Justificativa - Necessidade de contar com um instrumento que oriente a convergência e/ou a concorrência dos objetivos sociais.

    Ação - Elaboração de um plano de atividades com a finalidade de cumprir com esta tarefa. Para isto as delegações prepararão propostas que levarão em consideração os trabalhos já realizados pelo Subgrupo”.

    XXIV GMC - Fortaleza, 13/12/96

    Anexo XXII: Acuerdo de Recife y Reglamentaciones complementarias


    ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTEGRADOS EN FRONTERA ENTRE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR (ACUERDO DE RECIFE)

    (MERCOSUL/CMC/DEC. 05/93)



    Los Estados Parte del MERCOSUR, concientes de la necesidad de adoptar una normativa común, que recoja principios esenciales del Tratado de Asunción, tendientes al más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, al mejoramiento de sus Interconexiones y al cumplimiento de lo establecido en el cronograma de Las Leñas, respecto del control Integrado en frontera acuerdan las medidas técnicas y operativas que regulan el marco general de dicho control.

    CAPITULO I - DEFINICIONES

    ARTÍCULO 1: A los fines del presente ACUERDO se entiende:

    a) " CONTROL ": Verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes a la entrada y salida de personas, mercaderías y medios de transporte de personas y de cargas por los puntos de frontera.

    b) " CONTROL INTEGRADO ": Actividad realizada en uno o más lugares, utilizando procedimientos administrativos y operativos compatibles y semejantes en forma secuencial y, siempre que sea posible, simultánea, por los funcionarios de los distintos organismos que intervienen en el control.

    c) " AREA DE CONTROL INTEGRADO ": Parte del territorio del País Sede, incluidas las instalaciones donde se realiza el control integrado por parte de los funcionarios de dos países.

    d) " PAIS SEDE ": País en cuyo territorio se encuentra asentada el Área de Control Integrado.

    e) " PAIS LIMITROFE ": País vinculado por un punto de frontera con el País Sede.

    f) " PUNTO DE FRONTERA ": Lugar de vinculación entre los Países, habilitado para el ingreso y egreso de personas, mercaderías y medios de transporte de personas y cargas.

    g) " INSTALACIONES ": Bienes muebles o inmuebles afectados al Área de Control Integrado.

    h) " FUNCIONARIO ": Persona, cualquiera sea su categoría, perteneciente a los organismos encargados de realizar los controles.

    i) " LIBRAMIENTO ": Acto por el cual los funcionarios afectados al control integrado autorizan a los interesados a disponer de los documentos, vehículos, mercaderías o cualquier otro objeto o artículo sujeto a dicho control.

    j) " ORGANISMO COORDINADOR ": Organismo que determinará cada Estado Parte y que tendrá a su cargo la coordinación administrativa en el Área de Control Integrado.

    CAPITULO II - DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONTROLES

    ARTÍCULO 2: El control del país de salida se efectuará antes del control del país de entrada.

    ARTÍCULO 3: Los funcionarios competentes de cada país ejercerán, en el Área de Control Integrado, sus respectivos controles aduaneros, migratorios, sanitarios y de transporte. A tales efectos deberá considerarse que:

    a) La jurisdicción y competencia de los funcionarios del País Limítrofe se considerarán extendidas hasta dicha Área.

    b) Los funcionarios de ambos países se prestarán ayuda para el ejercicio de sus respectivas funciones en dicha Área, a los efectos de prevenir e investigar las infracciones a las disposiciones vigentes, debiendo comunicarse, de oficio o a solicitud de parte, cualquier información que pueda ofrecer interés para el servicio.

    c) El País Sede se obliga a prestar su cooperación para el ejercicio pleno de todas las funciones antedichas y, en especial, al inmediato traslado de personas y bienes hasta el límite internacional, a los fines de su sometimiento a las leyes y a la jurisdicción de los tribunales del país, en cuanto correspondiere.

    ARTÍCULO 4: A los efectos de la realización del control integrado, deberá entenderse que:

    a) Autorizada que fuera la entrada de personas y/o bienes se otorgará a los interesados - de corresponder - la documentación habilitante para su ingreso al territorio.

    b) Para el caso que el País Sede sea el país de entrada y no se autorizara la salida de las personas y/o bienes por las autoridades del País Limítrofe, aquellos deberán retornar al territorio del país de salida a los efectos a que hubiere lugar.

    c.1) En el caso que fuera autorizada la salida de personas y no autorizado su ingreso por la autoridad competente, por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, aquellas no podrán ingresar al territorio del país de entrada, debiendo regresar al país de salida.

    c.2) Si fuera autorizada la salida de bienes y no fuera autorizado su ingreso por aplicación de disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas o bien por no ser posible concederlo con los controles efectuados en el Área de Control Integrado, aquellos podrán ingresar al territorio a los efectos que se realicen los controles y/o intervenciones a que hubiere lugar.

    ARTÍCULO 5: Los organismos nacionales competentes celebrarán acuerdos operativos y adoptarán sistemas que complementen y faciliten el funcionamiento de los controles aduaneros, migratorios, sanitarios y de transporte, dictando para ello, los pertinentes reglamentos de aplicación.

    CAPITULO III - DE LA PERCEPCIÓN DE TRIBUTOS, TASAS Y OTROS GRAVAMENES

    ARTÍCULO 6: Los organismos de cada país quedan facultados a percibir, en el Área de Control Integrado, el importe de los tributos, tasas y otros gravámenes conforme a las legislaciones vigentes en cada país. Las recaudaciones correspondientes al País Limítrofe, serán trasladadas o transferidas libremente por los organismos competentes a su país.

    CAPITULO IV - DE LOS FUNCIONARIOS

    ARTÍCULO 7: Las autoridades del País Sede proveerán a los funcionarios del País Limítrofe, para el ejercicio de sus funciones, la misma protección y ayuda que a sus propios funcionarios.

    Por otra parte, los organismos del País Limítrofe tomarán los recaudos pertinentes a los efectos de asegurar la cobertura médica de sus funcionarios en servicio en el País Sede. A su vez, éste se compromete a brindar la asistencia médica integral, que la urgencia del caso requiera.

    ARTÍCULO 8: Los Organismos Coordinadores del Área de Control Integrado deberán intercambiar la nómina completa de los funcionarios de los organismos que intervienen en dicha área, comunicando de inmediato cualquier modificación introducida en la misma.

    Asimismo, las autoridades competentes del País Sede se reservan el derecho de solicitar el reemplazo de cualquier funcionario perteneciente a la institución homóloga del otro país, que cumple funciones en el Área de Control Integrado, cuando existan razones justificadas.

    ARTÍCULO 9: Los funcionarios no comprendidos en la nómina mencionada en el ARTÍCULO 8, los despachantes de aduana, agentes de transporte, importadores, exportadores y otras personas del País Limítrofe, ligados al tránsito internacional de personas y al tráfico internacional de mercaderías y a medios de transporte, estarán autorizadas a dirigirse al Área de Control Integrado, con la acreditación de su cargo, función o actividad, mediante la exhibición del respectivo documento.

    ARTÍCULO 10: Los funcionarios que cumplan funciones en el Área de Control Integrado deberán llevar en forma visible, los distintivos de sus respectivos organismos.

    ARTÍCULO 11: El personal de las empresas prestatarias de servicios estatales o privadas, del País Limítrofe, estará también autorizado a dirigirse al Área de Control Integrado mediante la exhibición de documentación que así lo identifique, cuando vaya en servicio de instalación o mantenimiento de los pertinentes equipos del País Limítrofe, llevando consigo las herramientas y el material necesario.

    CAPITULO V - DE LOS DELITOS E INFRACCIONES COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE CONTROL INTEGRADO

    ARTÍCULO 12: Los funcionarios que cometieren delitos en el Área de Control Integrado, en ejercicio o con motivo de sus funciones, serán sometidos a los tribunales de su país y juzgados por sus propias leyes.

    Los funcionarios que cometieren infracciones, en las Áreas de Control Integrado, en ejercicio de sus funciones, violando reglamentaciones de su país, serán sancionados conforme las disposiciones administrativas de ese país.

    Fuera de los supuestos contemplados en los párrafos anteriores, los funcionarios que incurrieren en delitos o infracciones, serán sometidos a las leyes y tribunales del país donde aquellos se perpetraren.

    CAPITULO VI - DE LAS INSTALACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y BIENES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES

    ARTÍCULO 13: Estarán a cargo:

    a)Del País Sede:

    1. Los gastos de construcción y mantenimiento de los edificios.

    2. Los servicios generales, salvo que se acuerde un mecanismo de coparticipación o compensación de las erogaciones.

    b)Del País Limítrofe:

    1. La provisión de su mobiliario, en cuyo caso deberá coordinar con la autoridad competente del País Sede.

    2. La instalación de sus equipos de comunicaciones y sistemas de procesamiento de datos, así como de su mantenimiento y el mobiliario necesario para ello.

    3. Las comunicaciones que realicen sus funcionarios en dichas áreas, mediante la utilización de equipos propios, que serán consideradas como comunicaciones internas de dicho país.

    ARTÍCULO 14: El material necesario para el funcionamiento del servicio del País Limítrofe en el País Sede, o para los funcionarios del País Limítrofe en razón de su servicio, estará exento de restricciones de carácter económico, derechos, tasas, tributos y/o gravámenes de cualquier naturaleza a la importación y exportación en el País Sede.

    Tampoco se aplicarán dichas restricciones a los vehículos que utilicen los funcionarios del País Limítrofe, tanto para el ejercicio de sus funciones en el País Sede, como para regresar a su domicilio.

    CAPITULO VII - DISPOSICIONES FINALES

    ARTÍCULO 15: Los organismos nacionales competentes adoptarán las medidas conducentes a la más rápida adaptación de las instalaciones existentes, a los efectos de la pronta aplicación de las disposiciones del presente ACUERDO.

    ARTÍCULO 16: Los países signatarios deberán arbitrar las medidas necesarias, para que los organismos encargados de ejercer los controles a los que se refiere el presente ACUERDO, funcionen las 24 horas de cada día, durante todos los días del año.

    ARTÍCULO 17: Los países quedan facultados a exhibir sus símbolos patrios, emblemas nacionales y de los organismos nacionales que presten servicio en las Áreas de Control Integrado, en las oficinas y en los sectores que le fueron asignados en tales Áreas.

    ARTÍCULO 18: Los Estados Parte, en la medida de lo posible y cuando las instalaciones existentes y el movimiento que se registra así lo aconsejen, propenderán al establecimiento de los controles integrados, con el criterio de país de entrada / país sede.

    ARTÍCULO 19: El presente Acuerdo se denominará "ACUERDO DE RECIFE".
    Anexo XXIII: Protocolo de Brasilia
    (MERCOSUR/CMC/Decisión 01/91)

    PROTOCOLO DE BRASILIA PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

    La República Argentina, La República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Estados Partes";

    En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 y en el anexo lll del Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991, en virtud del cual los Controversias que regirá durante el período de transición;

    RECONOCIENDO la importancia de disponer de un instrumento eficaz para asegurar el cumplimiento del mencionado Tratado y de las disposiciones que de él deriven;

    CONVENCIDOS de que el Sistema de Solución de Controversias contenido en el presente Protocolo contribuirá al fortalecimiento de las relaciones entre las Partes sobre la base de la justicia y de la equidad;

    HAN CONVENIDO lo siguiente:

    CAPITULO l

    AMBITO DE APLICACION

    Artículo 1.

    Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, así como de las decisiones del Consejo del Mercado Común y de las resoluciones del Grupo Mercado Común, serán sometidas a los procedimientos de solución establecidos en el presente Protocolo.

    CAPITULO ll

    NEGOCIACIONES DIRECTAS

    Artículo 2.

    Los Estados Partes en una controversia procurarán resolverla, ante todo, mediante negociaciones directas.

    Artículo 3.

    1.Los Estados Partes en una controversia informarán al Grupo Mercado Común, a través de la Secretaría Administrativa, sobre las gestiones que se realicen durante las negociaciones y resultados de las mismas.

    2.Las negociaciones directas no podrán, salvo acuerdo entre las partes, exceder un plazo de quince (15) días a partir de la fecha en que uno de los Estados Partes planteó; la controversia
    CAPITULO lll

    INTERVENCION DEL GRUPO MERCADO COMUN

    Artículo 4.

    1.Si mediante las negociaciones directas no se alcanzare un acuerdo o si la controversia fuere solucionada solo parcialmente, cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá someterla a consideración del Grupo Mercado Común.

    2.El Grupo Mercado Común evaluará la situación, dando oportunidad a las partes en la controversia para que expongan sus respectivas posiciones y requiriendo, cuando lo considere necesario, el asesoramiento de expertos seleccionados de la lista a que se hace referencia en el Artículo 30 del presente Protocolo.

    3.Los gastos que demande ese asesoramiento serán sufragados en montos iguales por los Estados Partes en la controversia o en la proporción que determine el Grupo Mercado Común.

    Artículo 5.

    Al término de este procedimiento el Grupo Mercado Común formulará recomendaciones a los Estados Partes en la controversia tendiente a la solución del diferendo.

    Artículo 6.

    El procedimiento descripto en el presente capítulo no podrá extenderse por un plazo mayor a treinta (30) días, a partir de la fecha en que se sometió la controversia a la consideración del Grupo Mercado Común.

    CAPITULO IV

    PROCEDIMIENTO ARBITRAL

    Artículo 7.

    1.Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos referidos en los capítulos ll y lll, cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá comunicar a la Secretaría Administrativa su intención de recurrir al procedimiento arbitral que se establece en el presente Protocolo.

    2.La Secretaría Administrativa notificará de inmediato la comunicación al otro u otros Estados involucrados en la controversia y al Grupo Mercado Común y tendrá a su cargo los trámites para el desarrollo de los procedimientos.

    Artículo 8.

    Los Estados Partes declaran que reconocen como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver todas las controversias a que se refiere el presente Protocolo.

    Artículo 9.

    1.El procedimiento arbitral se sustanciará ante un Tribunal ad hoc compuesto de tres (3) árbitros pertenecientes a la lista a que se hace referencia en el Artículo 10.

    2.Los árbitros serán designados de la siguientes manera:

    i) cada Estado parte en la controversia designará un (1) árbitro. El tercer árbitro, que no podrá ser nacional de los Estados Partes en la controversia, será designado de común acuerdo por ellos y presidirá el Tribunal Arbitral.

    Los árbitros deberán ser nombrados en el término de quince (15) días, a partir de la fecha en la cual la Secretaría Administrativa haya comunicado a los demás Estados partes en la controversia la intención de uno de ellos de recurrir al arbitraje;

    ii) Cada Estado Parte en la controversia nombrará además un árbitro suplente, que reúna los mismos requisitos, para reemplazar al árbitro titular en caso de incapacidad o excusa de éste para formar el Tribunal Arbitral, sea en el momento de su integración o durante el curso del procedimiento.

    Artículo 10.

    Cada Estado Parte designará diez (10) árbitros, los que integrarán una lista que quedará registrada en la Secretaría Administrativa. La lista, así como sus sucesivas modificaciones, será puesta en conocimiento de los Estados Partes.

    Artículo 11.

    Si uno de los Estados Partes en la controversia no hubiera nombrado su árbitro en el término indicado en el Artículo 9, éste será designado por la Secretaría Administrativa entre los árbitros de ese Estado, según el orden establecido en la lista respectiva

    Artículo 12.

    1.Si no hubiere acuerdo entre los Estados Partes en la controversia para elegir el tercer árbitro dentro del plazo establecido en el Artículo 9, la Secretaría Administrativa, a pedido de cualquiera de ellos, procederá a su designación por sorteo de una lista de dieciséis (16) árbitros confeccionada por el Grupo Mercado Común.

    2.Dicha lista, que también quedará registrada en la Secretaría Administrativa, estará integrada en partes iguales por nacionales de los Estados Partes y por nacionales de terceros países.

    Artículo 13.

    Los árbitros que integren las listas a que hacen referencia los Artículos 10 y 12 deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversias.

    Artículo 14.

    Si dos o más Estados Partes sostuvieren la misma posición en la controversia, unificarán su representación ante el Tribunal Arbitral y designarán un árbitro de común acuerdo en plazo establecido en el Artículo 9.2.i)

    Artículo 15.

    El Tribunal Arbitral fijará en cada su sede en alguno de los Estados Partes y adoptará sus propias reglas de procedimiento. Tales reglas garantizarán que cada una de las partes en la controversia tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y argumentos y también asegurarán que los procesos se realicen en forma expedita.

    Artículo 16.

    Los Estados partes en la controversia informarán al Tribunal Arbitral acerca de las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y harán una breve exposición de los fundamentos de hecho o de derecho de sus respectivas posiciones.

    Artículo 17.

    Los Estados partes en la controversia designarán sus representantes ante el Tribunal Arbitral y podrán designar asesores para la defensa de sus derechos.

    Artículo 18.

    1.El Tribunal Arbitral podrá, a solicitud de la parte interesada y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las partes, dictar las medidas provisionales que considere apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio Tribunal establezca, para prevenir tales daños.

    2.Las partes en la controversia cumplirán, inmediatamente o en el plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional hasta tanto se dicte el laudo a que se refiere el Artículo 20.

    Artículo 19.

    1.El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, de las decisiones del Consejo del Mercado Común, de las resoluciones del Grupo Mercado Común, como así también de los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

    2.La presente disposición no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir una controversia ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.

    Artículo 20.

    1.El Tribunal Arbitral se expedirá por escrito en un plazo de sesenta (60) días, prorrogable por un plazo máximo de treinta (30) días, a partir de la designación de su Presidente.

    2.El Laudo del Tribunal Arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por el Presidente y los demás árbitros. Los miembros del Tribunal Arbitral no podrán fundamentar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de la votación.

    Artículo 21.

    1.Los laudos del Tribunal Arbitral son inapelables, obligatorios para los Estados partes en la controversia a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ello fuerza de cosa juzgada.

    2.Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince (15) días, a menos que el Tribunal Arbitral fije otro plazo.

    Artículo 22.

    1.Cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá, dentro de los quince (15) días de la notificación del laudo, solicitar una aclaración del mismo o una interpretación sobre la forma en que deberá cumplirse.

    2.El Tribunal Arbitral se expedirá dentro de los quince (15) días subsiguientes.

    3.Si el Tribunal Arbitral considerare que las circunstancias lo exigen, podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida sobre la solicitud presentada.

    Artículo 23.

    Si un Estado parte no cumpliere el laudo del Tribunal Arbitral en el plazo de treinta (30) días, los otros Estados partes en la controversia podrán adoptar medidas compensatorias temporarias, tales como la suspensión de concesiones u otras equivalentes, tendientes a obtener su cumplimiento.

    Artículo 24.

    1.Cada Estado Parte en la controversia sufragará los gastos ocasionados por la actuación del árbitro por él nombrado.

    2.El Presidente del Tribunal Arbitral recibirá una compensación pecuniaria, la cual, juntamente con los demás gastos del Tribunal Arbitral, serán sufragados en montos iguales por los Estados partes en la controversia, a menos que el Tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción.

    CAPITULO V

    RECLAMOS DE PARTICULARES

    Artículo 25.

    El procedimiento establecido en el presente capítulo se aplicará a los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, de las decisiones del Consejo del Mercado Común o de las resoluciones del Grupo Mercado Común.

    Artículo 26.

    1.Los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado parte donde tengan su residencia habitual o la sede de sus negocios.

    2.Los particulares deberán aportar elementos que permitan a la referida Sección Nacional determinar la verosimilitud de la violación y la existencia o amenaza de un perjuicio.

    Artículo 27.

    A menos que el reclamo se refiera a una cuestión que haya motivado la iniciación de un procedimiento de Solución de Controversias bajo los Capítulos ll, lll o lV de este Protocolo, la Sección Nacional del Grupo Mercado Común que haya admitido el reclamo conforme al Artículo 26 del presente capítulo podrá, en consulta con el particular afectado:

    a) Entablar contactos directos con la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado parte al que se atribuye la violación a fin de buscar, a través de consultas, una solución inmediata a la cuestión planteada; o b) Elevar el reclamo sin más trámite al Grupo Mercado Común.

    Artículo 28.

    Si la cuestión no hubiere sido resuelta en el plazo de quince (15) días a partir de la comunicación del reclamo conforme a lo previsto por el Artículo 27 a), la Sección Nacional que realizó la comunicación podrá, a solicitud del particular afectado, elevarla sin más trámite al Grupo Mercado Común.

    Artículo 29.

    1.Recibido el reclamo, el Grupo Mercado Común, en la primera reunión siguiente a su recepción, evaluará los fundamentos sobre los que se basó su admisión por la Sección Nacional. Si concluyere que no están reunidos los requisitos necesarios para darle curso, rechazará el reclamo sin más trámite.

    2.Si el Grupo Mercado Común no rechazare el reclamo, procederá de inmediato a convocar a un grupo de expertos, que deberá emitir un dictámen acerca de su procedencia en el término improrrogable de treinta (30) días a partir de su designación.

    3.Dentro de ese plazo, el grupo de expertos dará oportunidad de ser escuchados y de presentar sus argumentos al particular reclamante y al Estado contra el cual se efectuó el reclamo.

    Artículo 30.

    1.El grupo de expertos a que se hace referencia en el Artículo 29 estará compuesto por tres (3) miembros designados por el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos, éstos serán elegidos por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de una lista de veinticuatro (24) expertos. La Secretaría Administrativa comunicará al Grupo Mercado Común el nombre del experto o de los expertos que hubieren recibido la mayor cantidad de votos. En este último caso, y salvo que el Grupo Mercado Común lo decida de otra manera, uno de los expertos designados no podrá ser Nacional del Estado contra el cual se formuló el reclamo ni del Estado en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del Artículo 26.

    2.Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados Partes designará seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestiones que puedan ser objeto de controversia. Dicha lista quedará registrada en la Secretaría Administrativa.

    Artículo 31.

    Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente involucradas.

    Artículo 32.

    El grupo de expertos elevará su dictámen al Grupo Mercado Común. Si en ese dictámen se verificare la procedencia del reclamo formulado en contra de un Estado Parte, cualquier otro Estado Parte podrá requerirle la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si su requerimiento no prosperare dentro de un plazo de quince (15) días, el Estado Parte que lo efectuó podrá recurrir directamente al procedimiento arbitral, en las condiciones establecidas en el Capítulo lV del presente Protocolo.

    CAPITULO VI

    DISPOSICIONES FINALES

    Artículo 33.

    El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor una vez que los cuatro Estados Partes hayan depositados los respectivos instrumentos de ratificación. Tales instrumentos serán depositados ante el Gobierno de la República del Paraguay que comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

    Artículo 34.

    El presente Protocolo permanecerá vigente hasta que entre en vigor el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo lll del Tratado de Asunción.

    Artículo 35.

    La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo.

    Artículo 36.

    Serán idiomas oficiales en todos los procedimientos previstos en el presente Protocolo, el español y el portugués, según resulte aplicable.

    Hecho en la ciudad de Brasilia a los diecisiete días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y uno en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo y enviará copia debidamente autenticada del mismo a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

    POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

    CARLOS SAUL MENEM                            GUIDO DI TELLA

    POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

    FERNANDO COLLOR                                FRANCISCO REZEK

    POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

    ANDRES RODRÍGUEZ                               ALEXIS FRUTOS VAESKEN

    POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

    LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA         HECTOR GROS ESPIELL

    Anexo XXIV: Código Aduanero del Mercosur


    Código Aduanero del Mercosur y sus normas de aplicación

    MERCOSUR/GMC/RES Nº 13/94

    CODIGO ADUANERO DEL MERCOSUR Y SUS NORMAS DE APLICACION

    VISTO el Tratado de Asunción, el Cronograma de Las Leñas aprobado por Decisión Nº 1/92 del Consejo del Mercado Común, la Decisión Nº 13/93 del Consejo Mercado Común, estableciendo los Requisitos Mínimos para la puesta en vigencia de la Unión Aduanera, y

    CONSIDERANDO:

    Que los Estados Partes del MERCOSUR poseen, en sus legislaciones nacionales normativas en materia aduanera que regulan los aspectos referentes a la administración, control y procedimientos de importación y exportación de bienes.

    Que estas normativas presentan disparidades que, de subsistir con posterioridad al establecimiento de la Unión Aduanera, podrían provocar distorsiones en los flujos comerciales.

    Que el tratamiento normativo en materia aduanera debe ser uniforme en todo el territorio aduanero del MERCOSUR a los efectos de garantizar una correcta aplicación e instrumentación del Arancel Externo Común del MERCOSUR.

    Que el Cronograma de Las Leñas establece plazos para la elaboración del Código Aduanero MERCOSUR, que necesitan ser adaptados a la luz de las definiciones que se vayan produciendo en temas que deben ser incorporados en esta legislación básica aduanera del MERCOSUR.

    EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE:

    Artículo 1. Encomendar a los SGT Nos. 1,5,6,8 y 10 que remitan al SGT Nº 2 Asuntos Aduaneros las definiciones sobre los temas necesarios para la finalización del Proyecto de Código Aduanero del MERCOSUR y sus Normas de Aplicación, a medida que ellas se vayan produciendo. El SGT Nº 2 Asuntos Aduaneros informará a los SGT señalados, antes del 31 de agosto de 1994, la lista de los temas cuya definición se requiere.

    Artículo 2. Instruir al SGT Nº 2 Asuntos Aduaneros para que incorpore las definiciones referidas en el Artículo 1 y las resultantes del XIV GMC Y VI CMC al Proyecto de Código Aduanero del MERCOSUR y sus Normas de Aplicación. En el supuesto que los trabajos que elabore el SGT Nº 2 Asuntos Aduaneros se extiendan más allá de la fecha de puesta en funcionamiento de la Comisión de Comercio, dichos trabajos deberán ser tomados a su cargo por ésta. En cualquiera de las circunstancias, el Proyecto de Código Aduanero MERCOSUR y sus Normas de Aplicación deberán estar concluídas antes del 30 de noviembre de 1994, a los efectos de someterlos a consideración del GMC.

    Artículo 3. Requerir del SGT Nº 2 Asuntos Aduaneros que ponga en práctica un programa de capacitación de los funcionarios de las Administraciones Aduaneras y otros organismos involucrados de los Estados Parte, a fin de garantizar la correcta instrumentación y aplicación del Arancel Externo Común y del Código Aduanero del MERCOSUR y sus Normas complementarias, a partir del 1/1/95.

    Los términos de referencia del Programa deben elaborarse antes del 31/8/94.


    Anexo XXV: Reglamentación de Transito en Frontera MERCOSUR
    MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 14/00

    REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR.

    VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 18/99 del Consejo del Mercado Común y el Acuerdo N° 9/00 de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR.

    CONSIDERANDO:

    Que mediante la Decisión CMC N° 18/99 se establecieron las bases para la implementación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo.

    Reafirmando el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con vista al proceso de integración y la importancia de plasmar esas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de intereses comunes como resulta el control migratorio.

    EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

    DECIDE:


    Art. 1 - Aprobar la Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes del MERCOSUR, elevada por la Reunión de Ministros de Interior por el Acuerdo N° 9/00, que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.

    Art. 2 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Decisión a sus ordenamiento jurídicos nacionales antes de 1º de enero de 2001.

     

    XVIII CMC - Buenos Aires, 29/VI/00



    REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE TRANSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

     

    PRIMERO: La definición sobre quiénes podrán beneficiarse con el Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo, en cuanto a nacionalidad de origen y situación migratoria en el país de residencia, se fijará mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, entre los Estados Partes o Asociados, que posean fronteras comunes.



    SEGUNDO: Las localidades fronterizas comprendidas en el régimen, así como el radio de circulación a que habilitará el mismo, se fijarán mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, entre los Estados Partes o Asociados, que posean fronteras comunes.

    TERCERO: La “Tarjeta Tránsito Vecinal Fronterizo” permitirá a su beneficiario cruzar la frontera y permanecer en el territorio del país vecino por un plazo máximo de setenta y dos horas (72 Hs) a contar desde el último ingreso, salvo acuerdo bilateral o trilateral entre los Estados Partes o Asociados que establezcan un plazo mayor.

    CUARTO: La credencial será emitida por el Estado Parte o Asociado de ingreso, previa consulta del Estado Parte o Asociado de egreso.

    En el caso de existir dificultades de tipo tecnológico que imposibiliten el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, o si se tratara de un punto de frontera tripartito, la responsabilidad sobre la emisión de la tarjeta será fijada mediante acuerdos bilaterales o trilaterales según corresponda.

    QUINTO: Para la obtención de la tarjeta T.V.F los interesados deberán presentar:

    a.       Solicitud de obtención.

    b.      Comprobante que acredite domicilio de conformidad con la normativa de la localidad de residencia.

    c.       Documento de Identidad vigente.

    d.      En el caso de que se trate de un menor de edad deberá presentarse autorización de viaje dada por ambos padres o por quien ejerza la representación legal ante escribano público o autoridad competente, o presentar formulario que como Apéndice 1 del presente se acompaña, conforme la legislación interna de cada Estado Parte o Asociado. La condición de menor de edad del peticionante será calificada de acuerdo a la legislación vigente en el Estado Parte o Asociado de su residencia habitual.

    e.       Comprobante de pago de la tarjeta.

    SEXTO: La tarjeta tendrá una validez de tres años.

    SEPTIMO: Para renovar la tarjeta el interesado deberá presentarse treinta días antes de su vencimiento munido de la documentación mencionada en el Art.  QUINTO.

    En caso de extravío deberá acompañarse la documentación del Art. QUINTO y la correspondiente denuncia policial.

    OCTAVO: Toda infracción, en que incurrieran los beneficiarios, a la normativa vigente en el país de ingreso y a las previsiones del presente convenio podrá ser motivo de cancelación del régimen, ello sin perjuicio de las penalidades previstas en las correspondientes legislaciones migratorias.

    NOVENO: Los Estados Partes y Asociados se comprometen a la facilitación para el trámite de obtención de la tarjeta y a la difusión del régimen.

    DECIMO: Incorpórase, como Apéndice 2 del presente, el diseño de “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”.

     

    AUTORIZACIÓN DE MENORES



    Quien/es

    suscribe/n...................................................................................................

    de nacionalidad.........................................................................................

    quien/es se identifica/n con ....................................................................

    con domicilio en............................................................................................................

    en su carácter de padres del menor / en ejercicio de la patria potestad / en representación legal respecto del menor ............................................. circunstancia que acredita/n mediante.....................................................................autoriza/n al mismo a tramitar y utilizar “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo” a fin de cruzar la frontera con destino a..................................................-

    Firma y aclaración Firma y Aclaración

    Certifico que la/s firma/s que antecede/n fue/ron puesta/s en mi presencia por la/s

    persona/s cuyos datos figuran en el presente formulario

    Firma y aclaración del funcionario interviniente

    NOTA: la presente Norma contiene a continuación el Apéndice 2 relativo al diseño de “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”, el cual no consta en soporte informático.

    COMISION DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO. CRITERIOS INTERPRETATIVOS. ACUERDOS DE LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS PAISES DEL CONO SUR.

    ACUERDOS BILATERALES O MULTILATERALES (Artículo 14 — Capítulo I — Artículo 29 Anexo I).

    VI Reunión de la Comisión de Seguimiento (Artículo 16 del acuerdo al Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre - Buenos Aires, setiembre 27 de 1991).

    Esta Comisión interpretando el Capítulo II, Artículo 2 del Anexo I, entiende que resulta aplicable el Acuerdo, cuando se trate de mercaderías destinadas y/o provenientes de los países miembros.

    XVIII REUNION DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS PAISES DEL CONO SUR

    Lima - Perú
    ACUERDO 1.94 (XVIII) — ELIMINACION DE LAS EXIGENCIAS DE INSCRIPCION ADUANERA DE VEHICULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE

    VISTO:


    Lo dispuesto por el Artículo 14 del cuerpo principal, y el Artículo 4 del Anexo I - Aspectos Aduaneros del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre.

    CONSIDERANDO:

    Que la Reunión Extraordinaria de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur, realizada en Brasilia, durante los días 23 y 24 de mayo de 1991, enfatiza la liberalización de normas, tasas y otros aspectos que faciliten el transporte de mercancías y pasajeros.

    Que el citado Artículo 14 posibilita realizar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre los diferentes aspectos considerados en dicho Acuerdo.

    La obligación de las empresas exigida por el Artículo 4 del Anexo referido, de inscribir sus vehículos ante las Administraciones de Aduanas del país de origen. De donde los transportistas internacionales inscriben ante las autoridades de transporte los vehículos utilizados para la prestación de esos servicios y a continuación proceden también a su inscripción ante las autoridades aduaneras, constituyendo eso una duplicación de identificación de esos vehículos ante las autoridades gubernamentales.

    LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS PAISES DEL CONO SUR

    ACUERDAN:

    La autorización emitida por la Autoridad de Transporte del país de origen de la empresa (tratándose de permisos originarios), o de la otra parte (en caso de permisos complementarios), tanto para vehículos de transporte de cargas o de pasajeros deberá presentarse únicamente ante la Aduana del país de partida, no exigiéndose la inscripción ante la Aduana del país de origen.

    ACUERDO 1.96 (XVIII) — APLICACION DEL ANEXO I "ASPECTOS ADUANEROS" A MERCANCIAS PROVENIENTES DE TERCEROS PAISES

    VISTOS:


    El numeral 2 del artículo 2, Capítulo II del Anexo I "Aspectos Aduaneros" del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre, suscripto en Santiago de Chile, en 1989.

    CONSIDERANDO:

    Que el citado numeral 2 expresa que: "Las disposiciones del presente Anexo no son Aplicables al transporte de mercancías provenientes o destinadas a terceros países que no sean países signatarios."

    Que conforme a su tenor literal, podría interpretarse que no resulta procedente aplicar este convenio a las mercancías provenientes o destinadas a terceros países que no sean signatarios".

    Que la situación anterior traería aparejado que los mecanismos de tránsito del Convenio podrían aplicarse sólo a las mercancías provenientes de un país miembro y destinada o otro que tiene la misma condición.

    Que lo anterior resultaría perjudicial para aquellos países que proveen de mercancías de un tercer país y que no pueden llegar directamente a ellos por diversas razones, como ser, las de tipo geográfico, con lo que se marginaría un universo importante de mercancías que lleguen por vía marítima.

    Que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se celebró en los días 26 y 27 de Septiembre pasado la IV Reunión de la Comisión de Seguimiento (Art. 16) del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre.

    Que en la referida IV Reunión, la Comisión, interpretando el Capítulo II, Art 2 del Anexo I, entendió que resulta aplicable el Convenio cuando se trate de mercancías destinadas a/o provenientes de los países miembros.

    Que en consecuencia se hace necesario proponer la modificación del numeral 2 del Art. 2 del Anexo I —Aspectos Aduaneros— del Acuerdo de Transporte Internacional.

    LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LOS PAISES DEL CONO SUR

    ACUERDAN:

    Reemplazar el numeral 2 del artículo 2 del Anexo I —Aspectos Aduaneros— del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, por el siguiente:

    "2.- Las disposiciones del presente Anexo son también aplicables al transporte de mercancías provenientes o destinadas a terceros países que no sean parte".

    ACUERDO 1.97 (XVIII) — APROBACION DEL MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/DECLARACION DE TRANSITO ADUANERO (MIC/DTA)

    VISTO:

    El Artículo 11 del Anexo I - Aspectos Aduaneros del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.



    CONSIDERANDO:

    Que en la IV Reunión de la Comisión de Seguimiento (Artículo 16) del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre se coincidió en la necesidad de instar a las administraciones aduaneras de cada país para que adopten las medidas necesarias para la plena vigencia del Anexo I —Aspectos Aduaneros— de dicho Acuerdo, a los afectos de que el Transporte Internacional Terrestre tenga una total fluidez y no se vea obstaculizado por medida alguna no contenida en dicho Instrumento.

    Que la creación y aceptación por los países miembros de un documento único de tránsito aduanero internacional constituye uno de los medios más eficaces para que el Acuerdo se pueda aplicar integralmente en el ámbito aduanero.

    Que, la utilización del MIC/DTA significa que no será exigible en las Aduanas de Paso de Fronteras de los permisos originarios y complementarios y el comprobante de seguro, por cuanto se entiende que ello ha sido verificado por la Aduana de Partida y, en consecuencia, las Aduanas de Tránsito y de Destino darán fe del cumplimiento de los referidos requisitos en la Aduana de Partida.

    Que, por otra parte, las mercancías amparadas por un MIC/DTA sólo serán objeto de reconocimientos o examen físico en las Aduanas de Tránsito cuando los precintos hayan sido violados o exista presunción fundada de la existencia de la comisión de alguna irregularidad como por ejemplo, tráfico de drogas, fraude, u otros.

    Que la intervención aduanera en los países de tránsito deberá ser efectuada sólo por las Aduanas de Paso de Frontera, sin que sea necesario que las mercancías tengan que trasladarse a la Aduana de la cual depende el paso de frontera.

    Que de acuerdo a lo expuesto, la Subcomisión de Aduanas en cumplimiento de dicho objetivo ha procedido a la aprobación del formulario MIC/DTA, cuyo análisis si iniciará en la Reunión de Expertos preparatoria de ésta.

    Que, en consecuencia, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el Artículo 11 del Anexo I —Aspectos Aduaneros— del citado acuerdo a fin de poner en vigencia la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional.

    LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS PAISES DEL CONO SUR

    ACUERDAN:

    1. Aprobar el Formulario de Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), bilingüe, Español - Portugués, cuyo modelo y su instructivo de llenado integran el presente Acuerdo, conforme con lo establecido en el Artículo 11 - Declaración de las mercaderías y responsabilidad - del Anexo I, Aspectos Aduaneros, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

    2. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se comprometen a aceptar los formularios MIC y DTA aprobados en el marco de la Decisión 257 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para las mercancías y unidades de transporte procedentes de Bolivia y Perú con los alcances del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, a partir de que el formulario MIC/DTA aprobado en este Acuerdo sea puesto en vigencia por Bolivia y Perú.

    3. El Procedimiento establecido en el Numeral 2 de este Acuerdo tendrá carácter temporario hasta la aprobación de un formulario único MIC/DTA para los países del Cono Sur y para los países del Acuerdo de Cartagena o hasta la XIX Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur.

    4. Las administraciones aduaneras deberán coordinar lo concerniente para poner en vigencia al presente Acuerdo.

    MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 14/00

    REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR.

    VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 18/99 del Consejo del Mercado Común y el Acuerdo N° 9/00 de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR.

    CONSIDERANDO:

    Que mediante la Decisión CMC N° 18/99 se establecieron las bases para la implementación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo.

    Reafirmando el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con vista al proceso de integración y la importancia de plasmar esas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de intereses comunes como resulta el control migratorio.

    EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

    DECIDE:


    Art. 1 - Aprobar la Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes del MERCOSUR, elevada por la Reunión de Ministros de Interior por el Acuerdo N° 9/00, que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.

    Art. 2 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Decisión a sus ordenamiento jurídicos nacionales antes de 1º de enero de 2001.

     

    XVIII CMC - Buenos Aires, 29/VI/00



    REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE TRANSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

     

    PRIMERO: La definición sobre quiénes podrán beneficiarse con el Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo, en cuanto a nacionalidad de origen y situación migratoria en el país de residencia, se fijará mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, entre los Estados Partes o Asociados, que posean fronteras comunes.



    SEGUNDO: Las localidades fronterizas comprendidas en el régimen, así como el radio de circulación a que habilitará el mismo, se fijarán mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, entre los Estados Partes o Asociados, que posean fronteras comunes.

    TERCERO: La “Tarjeta Tránsito Vecinal Fronterizo” permitirá a su beneficiario cruzar la frontera y permanecer en el territorio del país vecino por un plazo máximo de setenta y dos horas (72 Hs) a contar desde el último ingreso, salvo acuerdo bilateral o trilateral entre los Estados Partes o Asociados que establezcan un plazo mayor.

    CUARTO: La credencial será emitida por el Estado Parte o Asociado de ingreso, previa consulta del Estado Parte o Asociado de egreso.

    En el caso de existir dificultades de tipo tecnológico que imposibiliten el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, o si se tratara de un punto de frontera tripartito, la responsabilidad sobre la emisión de la tarjeta será fijada mediante acuerdos bilaterales o trilaterales según corresponda.

    QUINTO: Para la obtención de la tarjeta T.V.F los interesados deberán presentar:

    a.       Solicitud de obtención.

    b.      Comprobante que acredite domicilio de conformidad con la normativa de la localidad de residencia.

    c.       Documento de Identidad vigente.

    d.      En el caso de que se trate de un menor de edad deberá presentarse autorización de viaje dada por ambos padres o por quien ejerza la representación legal ante escribano público o autoridad competente, o presentar formulario que como Apéndice 1 del presente se acompaña, conforme la legislación interna de cada Estado Parte o Asociado. La condición de menor de edad del peticionante será calificada de acuerdo a la legislación vigente en el Estado Parte o Asociado de su residencia habitual.

    e.       Comprobante de pago de la tarjeta.

    SEXTO: La tarjeta tendrá una validez de tres años.

    SEPTIMO: Para renovar la tarjeta el interesado deberá presentarse treinta días antes de su vencimiento munido de la documentación mencionada en el Art.  QUINTO.

    En caso de extravío deberá acompañarse la documentación del Art. QUINTO y la correspondiente denuncia policial.

    OCTAVO: Toda infracción, en que incurrieran los beneficiarios, a la normativa vigente en el país de ingreso y a las previsiones del presente convenio podrá ser motivo de cancelación del régimen, ello sin perjuicio de las penalidades previstas en las correspondientes legislaciones migratorias.

    NOVENO: Los Estados Partes y Asociados se comprometen a la facilitación para el trámite de obtención de la tarjeta y a la difusión del régimen.

    DECIMO: Incorpórase, como Apéndice 2 del presente, el diseño de “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”.

     

    AUTORIZACIÓN DE MENORES



    Quien/es

    suscribe/n...................................................................................................

    de nacionalidad.........................................................................................

    quien/es se identifica/n con ....................................................................

    con domicilio en............................................................................................................

    en su carácter de padres del menor / en ejercicio de la patria potestad / en representación legal respecto del menor ................................................................................................ circunstancia que acredita/n mediante.....................................................................autoriza/n al mismo a tramitar y utilizar “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo” a fin de cruzar la frontera con destino a..................................................-

    Firma y aclaración Firma y Aclaración

    Certifico que la/s firma/s que antecede/n fue/ron puesta/s en mi presencia por la/s

    persona/s cuyos datos figuran en el presente formulario

    Firma y aclaración del funcionario interviniente

    NOTA: la presente Norma contiene a continuación el Apéndice 2 relativo al diseño de “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”, el cual no consta en soporte informático.
    Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

    RESOLUCIONES DEL GRUPO MERCADO COMÚN

    MERCOSUR/GMC/RES Nº 08/92: Aprobación del Reglamento Único de Tránsito y Seguridad Vial.

    VISTO


    El Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 1991 y la Recomendación Nro. 1 del Subgrupo de Trabajo Nro.5 Transporte Terrestre, y

    CONSIDERANDO

    Que el referido Subgrupo de Trabajo coincidió en la conveniencia de adoptar en forma inmediata el Reglamento Único de Tránsito y Seguridad Vial aprobado en la XVIII Reunión de Ministros de Transporte y Obras Públicas del Cono Sur

    Por ello,

    EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE

    Artículo 1. Aprobar el Reglamento Único de Tránsito y Seguridad Vial cuyo texto se adjunta como Anexo I

    Artículo 2. Solicitar a los respectivos gobiernos que Instruyan a los Representantes ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para que suscriban, en el marco de la misma un Protocolo Adicional al ACE Nro.18 que incorpore el Reglamento Único de Tránsito y Seguridad Vial.

    IV REUNIÓN SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 5 TRANSPORTE TERRESTRE DEL MERCOSUR

    Montevideo Uruguay

    CONVENIO DE REGLAMENTACIÓN BÁSICA UNIFICADA DE TRÁNSITO DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR

    Los países miembros del MERCOSUR en el afán de favorecer la integración y la seguridad de la circulación internacional por carreteras, caminos y calles, han convenido las siguientes disposiciones:

    CAPITULO I

    DEFINICIONES

    Artículo. I - Los términos y expresiones indicados a continuación, que figuran en las disposiciones del presente Convenio tienen el significado siguiente:

    Vía: Carretera, camino o calle abierto a la circulación pública.

    Calzada: Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos.

    Carril: Parte de la calzada, destinada al tránsito de una fila de vehículos.

    Conductor: Toda persona habilitada para conducir un vehículo por una vía.

    Licencia de conductor: Documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo.

    Peatón: Es la persona que circula caminando en la vía pública.

    Vehículo: Artefacto de libre operación, que sirve para transportar personas o bienes por una vía.

    Remolque: Vehículo construido para ser arrastrado por un vehículo de motor.

    Semirremolque: Remolque construido para ser acoplado a un vehículo de motor, de tal manera que repose parcialmente sobre éste y que una parte sustancial de su carga y su peso, estén soportados por el vehículo.

    Motocicleta: Vehículo de dos ruedas, con o sin sidecar, provisto de un motor de propulsión.

    Caravana o convoy: Grupo de vehículos, que circulan en fila por la calzada.

    Berma o banquina: Parte de la vía contigua a la calzada, destinada eventualmente a la detención de vehículos y circulación de peatones.

    Intersección: Área común de calzadas que se cruzan o convergen.

    Paso a nivel: Área común de intersección entre una vía y una línea de ferrocarril.

    Demarcación: Símbolo, palabra o marca, de preferencia longitudinal o transversal, sobre la calzada, para guía del tránsito de vehículos y peatones.

    Adelantar: Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro que circula en el mismo sentido.

    Estacionar: Paralizar un vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, por un período mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros o cosas.

    Detenerse: Paralización breve de un vehículo para alzar o bajar pasajeros, o cosas, pero sólo mientras dure la maniobra.

    Preferencia de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo de proseguir su marcha.

    Autoridad competente: Organismo de cada Estado Parte, facultado por la normativa vigente para realizar los actos y cumplir los cometidos que el presente Convenio prevé.

    CAPITULO II

    DISPOSICIONES GENERALES

    Artículo.II - 1. Las reglas de circulación que se incluyen en el presente Convenio constituyen una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito vehicular internacional en el territorio de las Partes Contratantes.

    Artículo. II- 2. Cada uno de los Países del Mercosur adoptará las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento en su territorio de las disposiciones del presente Convenio. Artículo. II - 3. Las normas de tránsito en vigor en los territorios de las Partes Contratantes, podrán contener disposiciones no previstas en el presente Convenio que no serán incompatibles con las establecidas en el mismo.

    Artículo. II - 4. El conductor de un vehículo que circule por un país está obligado a cumplir las leyes y reglamentos vigentes en el mismo.

    Artículo. II - 5. En los pasos de frontera, la autoridad competente de cada país pondrá a disposición de los conductores las normas y reglamentos de tránsito vigentes en su territorio.

    CAPITULO III

    REGLAS GENERALES DE CIRCULACIÓN

    De la ubicación de la calzada

    Artículo. III - 1. En calzadas con tránsito en doble sentido, los vehículos deberán circular por la mitad derecha de las mismas, salvo en los siguientes casos.

    1. Cuando deban adelantar a otro vehículo que circule en el mismo sentido, durante el tiempo estrictamente necesario para ello, y volver con seguridad a su carril, dando preferencia a los usuarios que circulen en sentido contrario.

    2. Cuando exista un obstáculo que obligue a circular por el lado izquierdo de la calzada, dando preferencia de paso a los vehículos que circulen en sentido contrario.

    Artículo. III - 2. En todas las vías, los vehículos circularán dentro de un carril, salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar de dirección.

    Artículo. III - 3. En vías de cuatro carriles o más, con tránsito en doble sentido, ningún vehículo podrá utilizar los carriles que se destinan a la circulación en sentido contrario.

    Artículo. III - 4. Se prohíbe circular sobre marcas delimitadoras de carriles, ejes separadores o islas canalizadoras.

    Artículo. III - 5. La circulación alrededor de rotondas será por la derecha, dejando a la izquierda dicho obstáculo, salvo que existan dispositivos reguladores específicos que indiquen lo contrario.

    Artículo. III - 6. El conductor de un vehículo debe mantener una distancia suficiente con el que lo precede, teniendo en cuenta su velocidad, las condiciones meteorológicas, las características de la vía y de su propio vehículo, para evitar un accidente en el caso de una disminución brusca de la velocidad o una detención súbita del vehículo que va delante.

    Artículo. III - 7. Los vehículos que circulan en caravana o convoy deberán mantener suficiente distancia entre ellos para que cualquier vehículo que les adelante pueda ocupar la vía sin peligro. Esta norma no se aplicará a los cortejos fúnebres, vehículos militares, policiales, y en caso de caravanas autorizadas.

    Artículo. III - 8. Los vehículos que transporten materiales peligrosos y circulan en caravana o convoy, deberán mantener una distancia suficiente entre ellos destinada a reducir los riesgos en caso de averías o accidentes.

    Artículo. III - 9. Se prohíbe seguir a vehículos de emergencia.

    De las velocidades

    Artículo. III - 10. El conductor de un vehículo no podrá circular a una velocidad superior a la permitida. La velocidad de un vehículo deberá ser compatible con las circunstancias en especial, con las características del terreno, el estado de la vía y el vehículo, la carga a transportar, las condiciones meteorológicas y el volumen del tránsito.

    Artículo. III - 11. En una vía de dos o más carriles con tránsito en un mismo sentido, los vehículos pesados y los más lentos deben circular por los carriles situados más a la derecha, destinándose los demás a los que circulen con mayor velocidad.

    Artículo. III - 12. No se podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o impida la adecuada circulación del tránsito.

    De los adelantamientos

    Artículo. III - 13. Se prohíbe a los conductores realizar en la vía pública, competiciones de velocidad no autorizadas.

    Artículo. III - 14. El conductor de un vehículo que sigue a otro en una vía de dos carriles con tránsito en doble sentido, podrá adelantar por la mitad izquierda de la misma, sujeto a las siguientes condiciones:

    1. Que otro vehículo detrás de él, no inició igual maniobra.

    2. Que el vehículo delante de él no haya indicado el propósito de adelantar a un tercero.

    3. Que el carril de tránsito que va a utilizar esté libre en una distancia suficiente, de modo tal que la maniobra no constituya peligro.

    4. Que efectúe las señales reglamentarias.

    Artículo. III - 15. El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro que tiene la intención de adelantarle, se acercará a la derecha de la calzada y no aumentará su velocidad hasta que el otro haya finalizado la maniobra de adelantamiento.

    Artículo. III - 16. En caminos de ancho insuficiente, cuando un vehículo adelante a otro que circula en igual sentido, cada conductor está obligado a ceder la mitad del camino.

    Artículo. III - 17. El conductor de un vehículo, en una calzada con doble sentido de circulación, no podrá adelantar a otro vehículo cuando:

    1. La señalización así lo determine.

    2. Accedan a una intersección salvo en zonas rurales cuando el acceso sea por un camino vecinal.

    3. Se aproximen a un paso a nivel o lo atraviesen.

    4. Circulen en puentes, viaductos o túneles.

    5. Se aproximen a un paso de peatones.

    Artículo. III - 18. En los caminos con tránsito en ambos sentidos de circulación, se prohíbe el adelantamiento de vehículos en aquellos casos en que la visibilidad resulte insuficiente.

    Artículo. III - 19. En vías de tres carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos podrán utilizar el carril central para adelantar a otro vehículo que circule en su mismo sentido, quedando prohibida la utilización del carril izquierdo que se reservará exclusivamente a vehículos que se desplacen en sentido contrario.

    Artículo. III - 20. No se adelantará invadiendo las bermas o banquinas u otras zonas no previstas específicamente para la circulación vehicular.

    Artículo. III - 21. En una calzada con dos o más carriles de circulación en el mismo sentido, un conductor podrá adelantar por la derecha cuando:

    1. El vehículo que lo precede ha indicado la intención de girar o detenerse a su izquierda.

    2. Los vehículos que ocupen el carril de la izquierda no avancen o lo hagan con lentitud.

    En ambos casos se cumplirá con las normas generales de adelantamiento.

    De las preferencias de paso

    Artículo. III - 22. Al aproximarse a un cruce de caminos, una bifurcación, un empalme de carreteras o paso a nivel, todo conductor deberá tomar precauciones especiales a fin de evitar cualquier accidente.

    Artículo. III - 23. Todo conductor de vehículo que circule por una vía no prioritaria, al aproximarse a una intersección, deberá hacerlo a una velocidad tal que permita detenerlo, si fuera necesario, a fin de ceder paso a los vehículos que tengan prioridad.

    Artículo. III - 24. Cuando dos vehículos se aproximan a una intersección no señalizada procedentes de vías diferentes, el conductor que observase a otro aproximarse por su derecha cederá el paso.

    Artículo. III - 25. En aquellos cruces donde se hubiera determinado la preferencia de paso mediante los signos "PARE" y "CEDA EL PASO" no regirá la norma establecida en el Artículo. III-24.

    Artículo. III - 26. El conductor de un vehículo que ingrese a la vía pública, o salga de ella, dará preferencia de paso a los demás usuarios de la misma.

    Artículo. III - 27. El conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha, debe dar preferencia de paso a los demás.

    Artículo. III - 28. Todo conductor debe dar preferencia de paso a los peatones en los cruces o pasos reglamentarios destinados a ellos.

    Artículo. III - 29. Los (ILEGIBLE) darán preferencia de paso a los de emergencia cuando éstos emitan las señales audibles y visuales correspondientes.

    Artículo. III - 30. Está prohibido al conductor de un vehículo avanzar en una encrucijada, aunque algún dispositivo de control de tránsito le permita, si existe la posibilidad de obstruir el área de cruzamiento.

    De los giros

    Artículo. III - 31. Los cambios de dirección, disminución de velocidad y demás maniobras que alteran la marcha de un vehículo, serán reglamentaria y anticipadamente advertidas. Sólo se efectuarán si no atentan contra la seguridad o la fluidez del tránsito.

    Artículo. III - 32. El conductor no deberá girar sobre la misma calzada en sentido opuesto, en las proximidades de curvas, puentes, túneles, estructuras elevadas, pasos a nivel, cimas de cuestas y cruces ferroviarios ni aún en los lugares permitidos cuando constituya un riesgo para la seguridad del tránsito y obstaculice la libre circulación.

    Artículo. III - 33. Para girar a la derecha, todo conductor debe previamente ubicarse en el carril de circulación de la derecha y poner las señales de giro obligatorias, ingresando a la nueva vía por el carril de la derecha.

    Artículo. III - 34. Para girar a la izquierda, todo conductor debe previamente ubicarse en el carril de circulación de más a la izquierda, (ILEGIBLE) señales de giro obligatorio. Ingresará a la nueva vía, por el lado correspondiente a la circulación, en el carril de más a la izquierda, en su sentido de marcha.

    Artículo. III - 35. Se podrán autorizar otras formas de giros diferentes a las descriptas en los artículos anteriores, siempre que estén debidamente señalizadas.

    Artículo. III - 36. Para girar o cambiar de carril se deben utilizar obligatoriamente luces direccionales intermitentes de la siguiente forma:

    1. Hacia la izquierda, luces del lado izquierdo, adelante y detrás y siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos horizontalmente hacia afuera del vehículo.

    2. Hacia la derecha, luces del lado derecho, adelante y detrás y siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos hacia afuera del vehículo y hacia arriba.

    Artículo. III - 37. Para disminuir considerablemente la velocidad, salvo el caso de frenado brusco por peligro inminente, y siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos fuera del vehículo y hacia abajo.

    Del estacionamiento

    Artículo. III - 38. En zonas urbanas la detención de vehículos para el ascenso y descenso de pasajeros y su estacionamiento en la calzada, está permitido cuando no signifique peligro o trastorno a la circulación. Deberá efectuarse en el sentido que corresponde a la circulación, a no más de treinta centímetros del cordón de la acera o del borde del pavimento y paralelo a los mismos.

    Artículo. III - 39. Los vehículos no deben estacionarse ni detenerse en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo a la circulación, especialmente en la intersección de carreteras, curvas, túneles, puentes, estructuras elevadas y pasos a nivel, o en las cercanías de tales puntos.

    En caso de desperfecto mecánico u otras causas, además de colocar los dispositivos correspondientes al estacionamiento de emergencia, el conductor tendrá que retirar el vehículo de la vía.

    Artículo. III - 40. Cuando sea necesario estacionar el vehículo en vías con pendientes pronunciadas, el mismo debe permanecer absolutamente inmovilizado, mediante su sistema de frenos u otros dispositivos adecuados a tal fin.

    Artículo. III - 41. Fuera de zonas urbanas, se prohíbe detener o estacionar un vehículo sobre la faja de circulación si hubiere banquina o berma.

    De los cruces de Vías Férreas

    Artículo. III - 42. Los conductores deberán detener sus vehículos antes de un cruce ferroviario a nivel y solo podrán continuar después de comprobar que no existe riesgo de accidente.

    Del transporte de cargas

    Artículo. III - 43. La carga del vehículo estará acondicionada dentro de los límites de la carrocería, de la mejor forma posible y debidamente asegurada, de forma tal que no ponga en peligro a las personas o a las cosas.

    En particular se evitará que la carga se arrastre, fugue, caiga sobre el pavimento, comprometa la estabilidad y conducción del vehículo, oculte las luces o dispositivos retrorreflectivos y la matrícula de los mismos, como así también afecte la visibilidad del conductor.

    Artículo. III - 44. En el transporte de materiales peligrosos, además de observarse las respectivas legislaciones nacionales, deberá cumplirse estrictamente con lo siguiente:

    1. En la Carta de Porte o documentación pertinente, se consignará la identificación de los materiales, su correspondiente número de Naciones Unidas y la clase de riesgo a la que pertenezca.

    2. En la cabina del vehículo se deberá contar con instrucciones escritas para el caso de accidentes.

    3. El vehículo debe poseer la identificación reglamentaria del país transitado.

    De los peatones

    Artículo. III - 45. Los peatones deberán circular por las aceras, sin utilizar la calzada ni provocar molestias o trastornos a los demás usuarios.

    Artículo. III - 46. Pueden cruzar la calzada en aquellos lugares señalizados o demarcados especialmente para ello. En las intersecciones sin cruces peatonales delimitados, desde una esquina hacia otra, paralelamente a una de las vías.

    Artículo. III - 47. En aquellas vías públicas donde no haya acera, deberán circular por las bermas (banquinas) o franjas laterales de la calzada, en sentido contrario a la circulación de los vehículos.

    Artículo. III - 48. Para cruzar la calzada en cualquiera de los casos descritos en los artículos anteriores, los peatones deberán hacerlo caminando lo más rápidamente posible, en forma perpendicular al eje y asegurándose de que no exista peligro

    De las Perturbaciones del Tránsito

    Artículo. III - 49. Está prohibido arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública, o cualquier otro obstáculo que pueda dificultar la circulación o constituir un peligro para la seguridad en el tránsito.

    Artículo. III - 50. Cuando por razones de fuerza mayor no fuese posible evitar que el vehículo constituya un obstáculo o una situación de peligro para el tránsito, el conductor deberá inmediatamente señalizarlo para los demás usuarios de la vía, tratando de retirarlo tan pronto como le sea posible.

    Artículo. III - 51. La circulación en marcha atrás o retroceso, solo podrá efectuarse en casos estrictamente justificados, en circunstancias que no perturben a los demás usuarios de la vía, y adoptándose las precauciones necesarias.

    Artículo. III - 52. La circulación de los vehículos que por sus características o la de sus cargas indivisibles, que no pueden ajustarse a las exigencias reglamentarias, deberá ser autorizada en cada caso, con carácter de excepción, por la autoridad competente de cada país.

    CAPITULO IV

    LOS CONDUCTORES

    Generalidades

    Artículo. IV - 1. Se conducirá con prudencia y atención, con el objeto de evitar eventuales accidentes, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

    Artículo. IV - 2. El conductor de cualquier vehículo deberá abstenerse de toda conducta que pueda constituir un peligro para la circulación, las personas, o que pueda causar daños a la propiedad pública o privada.

    De las Habilitaciones para conducir

    Artículo. IV - 3. Todo conductor de un vehículo automotor debe ser titular de una licencia habilitante que le será expedida por la autoridad de tránsito competente en cada país.

    Para transitar, el titular de la misma, deberá portarla y presentarla al requerimiento de la autoridades nacionales competentes.

    Artículo. IV - 4. La licencia habilita exclusivamente para la conducción de los tipos de vehículos correspondientes a la clase o categoría que se especifica en la misma y será expedida por la autoridad competente de acuerdo a la normativa vigente en cada país.

    Artículo. IV - 5. Para obtener la habilitación para conducir, el aspirante deberá aprobar:

    1. Un examen médico sobre sus condiciones psicofísicas.

    2. Un examen teórico de las normas de tránsito.

    3. Un examen práctico de idoneidad para conducir.

    Artículo. IV - 6. La licencia de conducir deberá contener como mínimo la identidad de su titular, el plazo de validez y la categoría del vehículo que puede conducir.

    Artículo. IV - 7. Podrá otorgarse licencia de conducir a aquellas personas con incapacidad física siempre que:

    1. El defecto o deficiencia física no comprometa la seguridad del tránsito o sea compensado técnicamente, asegurando la conducción del vehículo sin riesgo.

    2. El vehículo sea debidamente adaptado para el defecto o deficiencia física del interesado.

    El documento de habilitación del conductor con incapacidad física indicará la necesidad de uso del elemento corrector del defecto o deficiencia y/o de la adaptación del vehículo.

    Artículo. IV - 8. La licencia de conductor deberá ser renovada periódicamente para comprobar si el interesado aún reúne los requisitos necesarios para conducir un vehículo.

    Artículo. IV - 9. Los Países signatarios de este Convenio reconocerán la licencia nacional de conducir expedida por cualquiera de las partes contratantes.

    De la suspensión de las Habilitaciones para conducir

    Artículo. IV - 10. La autoridad competente de cada país establecerá y aplicará un régimen de inhabilitación temporal o definitiva de conductores, teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones.

    CAPITULO V

    LOS VEHÍCULOS

    Generalidades

    Artículo. V - 1. Los vehículos automotores y sus remolques, deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento y en condiciones de seguridad tales, que no constituyan peligro para sus conductores, demás ocupantes del vehículo y otros usuarios de la vía pública, ni causen daños a las propiedades públicas o privadas.

    Artículo. V - 2. Todo vehículo deberá estar registrado de acuerdo a las normas que cada país establezca.

    Artículo. V - 3. El certificado de registro debe contener como mínimo la siguiente información:

    1. Número de registro o placa.

    2. Identificación del propietario.

    3. Marca, año, modelo, tipo de vehículo y los números de fábrica

    Artículo. V - 4. Todo vehículo automotor deberá identificarse mediante dos placas, delantera y trasera, con el número de matrícula o patente.

    Los remolques y semirremolques se identificarán únicamente con la placa trasera.

    Las placas deberán colocarse y mantenerse en condiciones tales que sus caracteres sean fácilmente visibles y legibles.

    De los diferentes elementos

    Artículo. V - 5. Todo vehículo automotor, para transitar por la vía pública, deberá poseer como mínimo el siguiente equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento:

    1. Sistema de dirección que permita al conductor controlar con facilidad y seguridad la trayectoria del vehículo en cualquier circunstancia.

    2. Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada amortiguación de los efectos que producen las irregularidades de la calzada y contribuya a su adherencia y estabilidad.

    3. Dos sistemas de frenos de acción independiente, que permitan controlar el movimiento del vehículo, detenerlo y mantenerlo inmóvil.

    4. Sistemas y elementos de iluminación y señalización que permitan buena visibilidad y seguridad en la circulación y estacionamiento de los vehículos.

    5. Elementos de seguridad, matafuego, balizas o dispositivos reflectantes independientes para casos de emergencia.

    6. Espejos retrovisores que permitan al conductor una amplia y permanente visión hacia atrás.

    7. Un aparato o dispositivo que permita mantener limpio el parabrisas asegurando buena visibilidad en cualquier circunstancia.

    8. Paragolpes delantero y trasero, cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que disminuyan los efectos de impactos.

    9. Un parabrisas construido con material cuya transparencia sea inalterable a través del tiempo, que no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a través de él y que en caso de rotura, quede reducido al mínimo el peligro de lesiones corporales.

    10 . Una bocina cuyo sonido, sin ser estridente, se oiga en condiciones normales.

    11. Un dispositivo silenciador que reduzca sensiblemente los ruidos provocados por el funcionamiento del motor.

    12. Rodados neumáticos o de elasticidad equivalente que ofrezcan seguridad y adherencia aún en el caso de pavimentos húmedos o mojados.

    13. Guardabarros, que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, barro, piedras, etc.

    14. Los remolques y semirremolques deberán poseer el equipamiento indicado en los puntos 2), 4), 12) y 13), además de un sistema de frenos y paragolpes trasero.

    15. Cinturones de seguridad.

    Artículo. V - 6. En las combinaciones o trenes de vehículos deberán combinarse las siguientes normas:

    1. Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno de los vehículos que forman la combinación o tren, deberán ser compatibles entre sí.

    2. La acción de los frenos de servicio, convenientemente sincronizada, se distribuirá de forma adecuada entre los vehículos que forman el conjunto.

    3. El freno de servicio deberá ser accionado desde el comando del vehículo tractor.

    4. El remolque que deba estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo que actúe automática e inmediatamente sobre todas las ruedas del mismo, si en movimiento se desprende o desconecta del vehículo tractor.

    Artículo. V - 7. Las motocicletas y bicicletas deberán contar con un sistema de frenos que permita reducir su marcha y detenerlas de modo seguro.

    Artículo. V - 8. Los vehículos automotores no superarán los limites máximos reglamentarios de emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o comprometer su salud y seguridad.

    Artículo. V - 9. Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona, que sirvan para acondicionar y proteger la carga deberán instalarse de forma que no sobrepasen los limites de la carrocería y estarán debidamente asegurados. Todos los accesorios destinados a proteger la carga deberán reunir las condiciones previstas en el Art. III - 43.

    Artículo. V - 10. El uso de la bocina está en general prohibido. Solo se permite usarla justificadamente a fin de evitar accidentes.

    Artículo. V - 11. Queda prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido.

    Artículo. V - 12. Los vehículos que se autoricen a transportar cargas que sobresalgan de la carrocería de los mismos, deberán ser debidamente señalizados, de acuerdo la reglamentación de cada país.

    CAPITULO VI

    SEÑALIZACIÓN VIAL

    Artículo. VI - 1. El uso de las señales de tránsito estará de acuerdo a las siguientes reglas generales:

    1. El número de señales reglamentarias habrá de limitarse al mínimo necesario. No se colocarán señales sino en los sitios donde sean indispensables.

    2. Las señales permanentes de peligro habrán de colocarse a suficiente distancia de los objetos por ellas indicadas, para que el anuncio a los usuarios sea eficaz.

    3. Se prohibirá la colocación sobre una señal de tránsito, o en su soporte, de cualquier inscripción extraña al objeto de tal señal, que pueda disminuir la visibilidad, alterar su carácter o distraer la atención de conductores o peatones.

    4. Se prohibirá la colocación de todo tablero o inscripción que pueda prestarse a confusión con las señales reglamentarias o hacer más difícil su lectura.

    Artículo. VI - 2. En las vías públicas, se dispondrá siempre que sea necesario, señales de tránsito destinadas a reglamentar la circulación, advertir y orientar a conductores y peatones.

    Artículo. VI - 3. La señalización de tránsito se efectuará mediante señales verticales, demarcaciones horizontales, señales luminosas y ademanes.

    Artículo. VI - 4. Las normas referentes a la señalización de tránsito serán las establecidas por la autoridad competente de cada país, de conformidad con los Convenios Internacionales de los que fueren signatarios.

    Artículo. VI - 5. Queda prohibido en las vías públicas la instalación de todo tipo de carteles, señales, símbolos y objetos que no fueran permitidos por la autoridad competente.

    Artículo. VI - 6. Toda señal de tránsito deberá ser colocada en una posición que resulte perfectamente visible y legible de día y de noche, a una distancia compatible con la seguridad.

    Artículo. VI - 7. Las zonas de la calzada destinadas al cruce de señalización vertical o señalización luminosa.

    Artículo. VI - 8. Los accesos a locales con entrada o salida de vehículos, contarán con las señales luminosas de advertencia, en los casos que determine la autoridad de tránsito competente.

    Artículo. VI - 9. Cualquier obstáculo que genere peligro para la circulación, deberá estar señalizado según la reglamentación de cada país.

    Artículo. VI - 10. Toda vía pública pavimentada deberá contar con una mínima señalización antes de ser habilitada.

    Artículo. VI - 11. Las señales de tránsito, deberán ser protegidas contra cualquier obstáculo o luminosidad capaz de perturbar su identificación o visibilidad.

    Artículo. VI - 12. Las señales, de acuerdo a su función específica se clasifican en:

    1. De reglamentación. Las señales de reglamentación tienen por finalidad indicar a los usuarios de las condiciones, prohibiciones o restricciones en el uso de la vía pública cuyo cumplimiento es obligatorio.

    2. De advertencia. Las señales de advertencia tienen por finalidad prevenir a los usuarios de la existencia y naturaleza del peligro que se presenta en la vía pública.

    3. De información. Las señales de información tienen por finalidad guiar a los usuarios en el curso de sus desplazamientos, o facilitarle otros indicaciones que puedan serle de utilidad.

    Artículo. VI - 13. Las señales luminosas de regulación del flujo vehicular podrán constar de luces de hasta tres colores con el siguiente significado:

    1. Luz roja continua: indica detención a quien la enfrente. Obliga a detenerse en línea demarcada o antes de entrar a un cruce.

    2. Luz roja intermitente: los vehículos que la enfrenten deben detenerse inmediatamente antes de ella y el derecho a seguir queda sujeto a las normas que rigen después de haberse detenido en un signo de "PARE".

    3. Luz amarilla o ámbar continua: advierte al conductor que deberá tomar las precauciones necesarias para detenerse a menos que se encuentre en una zona de cruce o a una distancia tal que su detención coloque en riesgo la seguridad del tránsito.

    4. Luz amarilla o ámbar intermitente: los conductores podrán continuar la marcha con las precauciones necesarias.

    5. Luz verde continua: permite el paso. Los vehículos podrán seguir de frente o girar a izquierda o derecha, salvo cuando existiera una señal prohibiendo, tales maniobras.

    6. Luz roja y flecha verde: los vehículos que enfrenten esta señal podrán entrar cuidadosamente al cruce, solamente para proseguir en la dirección indicada.

    Artículo. VI - 14. Las luces podrán estar dispuestas horizontal o verticalmente en el siguiente orden: roja, amarilla y verde, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, según corresponda.

    Artículo. VI - 15. Los agentes encargados de dirigir el tránsito serán fácilmente reconocibles y visibles a la distancia, tanto de noche como de día.

    Artículo. VI - 16. Los usuarios de la vía pública están obligados a obedecer de inmediato cualquier orden de los agentes encargados de dirigir el tránsito.

    Artículo. VI - 17. Las indicaciones de los agentes que dirigen el tránsito prevalecen sobre las indicadas por las señales luminosas, y éstas sobre los demás elementos y reglas que regulan la circulación.

    Artículo. VI - 18. Las siguientes posiciones y ademanes ejecutados por los agentes de tránsito significan:

    1. Posición de frente o de espaldas con brazo o brazos en alto, obliga a detenerse a quien así lo enfrente.

    2. Posición de perfil con brazos bajos o con el brazo bajo de su lado, permite continuar la marcha.

    Artículo. VI - 19. La autoridad competente podrá establecer la preferencia de paso en las intersecciones, mediante señales de "PARE" o "CEDA EL PASO".

    El conductor que se enfrente a una señal de "PARE" deberá detener obligatoriamente su vehículo y permitir el paso a los demás usuarios.

    El conductor que se enfrente a una señal de "CEDA EL PASO" deberá reducir la velocidad, detenerse si es necesario y permitir el paso a los usuarios que se aproximen a la intersección por la otra vía.

    CAPITULO VII

    ACCIDENTE Y SEGURO OBLIGATORIO

    Artículo. VII - 1. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación de los vehículos.

    Artículo. VII - 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las respectivas legislaciones nacionales, todo conductor implicado en un accidente deberá:

    1. Detenerse en el acto, sin generar un nuevo peligro para la seguridad del tránsito, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

    2. En caso de accidentes con víctimas, procurar el inmediato socorro de las personas lesionadas.

    3. Señalizar adecuadamente el lugar, de modo de evitar riesgos a la seguridad de los demás usuarios.

    4. Evitar la modificación o desaparición de cualquier elemento útil a los fines de la investigación administrativa y judicial.

    5. Denunciar el accidente a la autoridad competente.

    Artículo. VII - 3. En accidentes en los que resulten lesionados, muertos o daños materiales, serán aplicados los procedimientos civiles y penales establecidos en cada país.

    Artículo. VII - 4. El conductor de un vehículo que efectúe transporte en los términos del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre, debe portar el comprobante del seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceras personas, con cobertura vigente.

    CAPITULO VIII

    Infracciones y Penalidades

    Artículo. VIII - 1. Se considera infracción de tránsito el incumplimiento de cualquier disposición de la normativa pertinente del país en que el vehículo estuviese circulando.

    Artículo. VIII - 2. Las sanciones a que dieran lugar las infracciones de tránsito, serán aplicadas por la autoridad competente en cuya jurisdicción se hubieran producido, de acuerdo a su régimen legal, independientemente de la nacionalidad del registro del vehículo.

    Artículo. VIII - 3. Los vehículos que no cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y no ofrezcan la debida seguridad en el tránsito, serán retirados de la circulación.

    La autoridad competente podrá autorizar su desplazamiento precario estableciendo las condiciones en que ello deberá hacerse.

    Artículo. VIII - 4. Los plazos de detención de los vehículos en establezcan las normas específicas de cada país.

    Artículo. VIII - 5. Las infracciones a lo establecido en este Reglamento no excluyen Las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, según lo establecido por la legislación vigente en cada país.

    Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

    RESOLUCIONES DEL GRUPO MERCADO COMÚN

    MERCOSUR/GMC/RES Nº 58/97: Atenuación de las Asimetrías Vinculadas al Transporte Terrestre

    VISTO:


    El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Resolución Nº38/95 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº3/97 del SGT Nº5 "Transporte e Infraestructura".

    CONSIDERANDO:

    La necesidad de identificar aquellas condiciones que inducen situaciones de desigualdad en las operaciones de transporte terrestre.

    La conveniencia de que este tema sea considerado de tratamiento continuo, para lograr el cumplimiento de la tarea oportunamente identificada.

    EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

    Art. 1 Considerar de tratamiento permanente por el SGT Nº 5 "Transporte e Infraestructura", la tarea de identificación de las asimetrías vinculadas al transporte internacional terrestre para ir eliminando progresivamente sus efectos negativos, en la competitividad de las empresas prestatarias del servicio.

    Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

    RESOLUCIONES DEL GRUPO MERCADO COMÚN

    MERCOSUR/GMC/RES Nº 59/97: Programa de Trabajo para el Desarrollo de la Red Básica de Infraestructura Vial del MERCOSUR

    VISTO:


    El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Resolución Nº 38/95 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº 8/97 del SGT Nº 5 "Transporte e Infraestructura".

    CONSIDERANDO:

    Que la constitución del Mercado Común del Sur tiene como uno de sus objetivos fundamentales la integración de los mercados nacionales, de modo de acelerar los procesos de desarrollo de los Estados Partes.

    Que la identificación y desarrollo de una red básica de infraestructura vial para el transporte en el ámbito del Mercado Común del Sur, contribuye al logro de dichos objetivos.

    Que el desarrollo de una red vial básica a nivel del MERCOSUR, sólo puede llevarse a cabo de manera progresiva, tendiendo en su evolución hacia la implementación de una red intermodal de transporte.

    EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

    Art. 1 Aprobar el desarrollo de la red básica de infraestructura vial del MERCOSUR sobre la base del programa de trabajo consensuado que figura como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

    Art. 2 Encomendar al SGTN° 5 "Transporte e Infraestructura" la coordinación y seguimiento de las acciones tendientes a dar cumplimiento a la presente Resolución.

    PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RED BÁSICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MERCOSUR

     

    1. OBJETIVO DEL PROGRAMA


    Desarrollar la RED BÁSICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MERCOSUR

    2. OBJETIVO DE LA RED

    Dicha Red se constituirá en el marco general de referencia destinado a incentivar las acciones de los Estados Parte, encaminadas a realizar proyectos que garanticen la circulación segura y continua de los vehículos que se ajusten a los requisitos técnicos y operativos del MERCOSUR.

    3. LINEAMIENTOS BÁSICOS

    La Red Básica de Infraestructura Vial del MERCOSUR, se desarrollará en forma progresiva y deberá:

    a. Garantizar la movilidad sostenible de personas y bienes en las mejores condiciones de seguridad posible, teniendo en cuenta los objetivos del Mercado Común.

    b. Permitir una utilización óptima de las capacidades existentes.

    c. Vincular en forma directa sin puntos de estrangulamiento, a los Estados Parte entre sí, mediante una Red continua.

    d. Unir los principales puntos de conexión de los países entre sí y definir aquellos que los vincularán con los países extra zona.

    4. LÍNEAS DE ACCIÓN

    4.1. En una primera etapa

    En base a criterios de selección previamente consensuados entre los Estados parte, se definirá una Red preliminar de Infraestructura Vial.

    4.2. En una segunda etapa se realizará:

    4.2.1. El relevamiento de las características de los tramos definidos: descripción, tipo de calzada, estado, tránsito medio diario anual, etc.

    4.2.2. El relevamiento de los planes de inversión, a desarrollarse sobre la Red Preliminar definida, en el período 1998-2000.

    4.2.3. Diagnóstico y evaluación preliminar de la Red definida.

    4.3. En una tercera etapa se procederá a:

    4.3.1. Realización de distintos estudios que tomando como ámbito de ejecución de la Red definida, permitan contar con la información básica necesaria para:

    a) la adecuación de las condiciones de la infraestructura existente,

    b) el desarrollo de acciones de investigación y armonización de normas técnicas de diseño de infraestructura,

    c) el seguimiento y revisión periódica de los emprendimiento en ejecución y programados sobre la red.

    4.3.2. Redefinición a partir de los estudios realizados de la Red Básica de Infraestructura Vial.

    4.3.3. Recomendar la realización de las gestiones para el logro de la cooperación y celebración de acuerdos apropiados con terceros países afectados o interesados en el desarrollo de la Red.

    4.4. En una cuarta etapa

    Realización de los estudios necesarios para integrar la Red Básica de Infraestructura Vial a las redes de los distintos modos de transporte conformando la RED DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL DE TRANSPORTE DEL MERCOSUR.
    Anexo XXVI: Acuerdo Parcial de Transporte Internacional Terrestre ALADI
    Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre

    FECHA: 1 de enero de 1990

    MIEMBROS: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

    RESUMEN DE DISPOSICIONES

    Disposiciones Generales (Capítulo I)

    Objeto:


    Artículo 1: Los términos de este Acuerdo se aplicarán al transporte internacional terrestre entre los países signatarios, tanto en transporte directo de un país a otro como en tránsito a un tercer país.

    Artículo 2: El transporte internacional de pasajeros o carga solamente podrá ser realizado por las empresas autorizadas, en los términos de este Acuerdo y sus Anexos.

    Artículo 3: Las empresas serán consideradas bajo jurisdicción del país en que:

    Estén legalmente constituidas.

    Estén radicados y matriculados los vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios; y

    Tengan domicilio real de acuerdo a las disposiciones legales del país respectivo.

    Trato Nacional:
    Artículo 5: Cada país signatario asegurará a las empresas autorizadas de los demás países signatarios, sobre la base de reciprocidad, un tratamiento equivalente al que da a sus propias empresas.
    Medidas especiales:
    Artículo 8: Los países signatarios adoptarán medidas especiales para el transporte, por vías férreas o carreteras, de cargas o productos que, por sus características, sean o puedan tornarse peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública, o el medio ambiente.
    Reconocimiento:
    Artículo 9: Los documentos que habilitan para conducir vehículos, expedidos por un país signatario, serán reconocidos como válidos por los demás países signatarios.
    Sobre los Anexos:
    Artículo 10: El transporte de mercancías efectuado bajo el régimen de tránsito aduanero internacional se realizará conforme a las normas que se establecen en el Anexo “Aspectos Aduaneros”.
    Artículo 12: Las autoridades migratorias de cada país signatario autorizarán el ingreso y estada de los tripulantes en su territorio por el tiempo que permanezca el vehículo en que viajan, conforme al procedimiento establecido en el Anexo “Aspectos Migratorios” del presente Acuerdo.
    Artículo 13: Las empresas de transporte por carretera que realicen viajes internacionales deberán contratar seguros por las responsabilidades emergentes del contrato de transporte, ya sea de carga, de personas y de su equipaje -acompañado o despachado- y la responsabilidad civil por lesiones o daños ocasionados a terceros no transportados, de acuerdo a las normas que se establecen en el Anexo “Seguros” del presente Acuerdo.
    Artículo 15: El presente Acuerdo no significa en ningún caso restricción a las facilidades que, sobre transporte y libre tránsito, se hubiesen concedido los países signatarios.
    Transparencia:
    Artículo 18: Cuando uno de los países signatarios adopte medidas que afecten al transporte internacional terrestre, deberá ponerlas en conocimiento de los otros Organismos Nacionales Competentes antes de su entrada en vigencia.
    Organismos Nacionales Competentes:
    Artículo 16: Los países signatarios designarán sus Organismos Nacionales Competentes para la aplicación del presente Acuerdo, cuyas autoridades o sus representantes constituirán una Comisión destinada a la evaluación permanente del Acuerdo y sus Anexos, de modo de proponer a sus respectivos gobiernos, las modificaciones que su aplicación sugiera. La Comisión se reunirá por convocatoria de cualquiera de los países signatarios, lo que deberá hacerse con una antelación mínima de 60 días.
    Disposiciones Finales (Capítulo IV)
    Artículo 58: Los países signatarios designan como organismos nacionales competentes para la aplicación del presente Acuerdo en sus respectivas jurisdicciones a los siguientes:

    Argentina: Secretaría de Transportes (Subsecretaría de Transportes Terrestres).

    Bolivia: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

    Brasil: Ministerio dos Transportes (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Rede Ferroviária Federal).

    Chile: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

    Paraguay: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Dirección de Transporte por Carretera).

    Perú: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de Circulación Terrestre).

    Uruguay: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección Nacional de Transporte).

    Artículo 59: Cada Organismo Nacional Competente será responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo dentro de su país.

    El Capítulo II establece las disposiciones para el Transporte Internacional por Carretera y el Capítulo III establece las disposiciones para el Transporte Internacional de Mercancías por Ferrocarril.


    Entrada en vigencia y duración:
    Artículo 61: El presente Acuerdo entrará en vigencia partir del 1o. de febrero de 1990 para los países que lo hayan puesto en vigor administrativamente en sus respectivos territorios. Para los demás países, entrará en vigencia a partir de la fecha en la cual lo pongan en vigor administrativamente en sus territorios y tendrá una duración de cinco años prorrogables automáticamente por períodos iguales.
    Adhesión y Denuncia:
    Artículo 62: El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante negociación , de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI.

    La adhesión se formalizará una vez que se hayan negociado los términos de la misma entre los países signatarios y el país solicitante, mediante la suscripción de un Protocolo Adicional al presente Acuerdo, que entrará en vigor 30 días después de su depósito en la Secretaría General de la ALADI.


    Artículo 63: Cualquier país signatario del presente Acuerdo podrá denunciarlo transcurridos tres años de su participación en el mismo. Al efecto, notificará su decisión con sesenta días de anticipación, depositando el instrumento respectivo en la Secretaría General de la ALADI, quien informará de la denuncia a los demás países signatarios. Transcurridos ciento veinte días de formalizada la denuncia, cesarán automáticamente para el país denunciante los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo.

    Anexo XXVII: Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa

    Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

    DECISIONES DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN

    MERCOSUR/CMD/DEC NO. 05/92: Aprobación del "Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa."
    Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa.

    Los Gobiernos de la REPUBLICA ARGENTINA, de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, de la REPUBULICA DEL PARAGUAY y de la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY;

    CONSIDERANDO que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) previsto en el Tratado de Asunción implica el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración;


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