• PRONUNCIAMIENTO La insostenible deuda pública ahora también será ilegítima
  • “especulativo”

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    Sociedad de Economía Política del Paraguay1978787_1379028182374298_28309650_n

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    PRONUNCIAMIENTO

    La insostenible deuda pública ahora también será ilegítima

    El fallo otorgado el 1º de marzo por la Corte Suprema de Justicia a favor de la “acción declarativa de certeza constitucional” solicitada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña, en diciembre pasado, para ejecutar la nueva emisión de bonos del Tesoro Público por 558 millones de dólares, con base en la Ley Nº 5554/2016 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO 2016, que continúa en vigencia en el presente año, agrega un nuevo factor de riesgo al acelerado crecimiento de la deuda pública paraguaya durante el actual gobierno.

    En efecto, el nuevo factor de riesgo es la inestabilidad y ruptura política entre el Ejecutivo y el Legislativo, al prescindirse de la aprobación del Congreso Nacional para dicha emisión, en vista de que la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2017, sancionada por Legislativo, fuera vetada totalmente por el Presidente de la República, debido a los cambios incorporados por los senadores en el Proyecto de Ley, entre ellos el recorte a los bonos del Tesoro Público solicitados, a 350 millones de dólares.

    Llama la atención, la negativa del ministro de Hacienda a la apertura a la negociación que la Cámara de Senadores ofreció para concederle el pedido en marzo 2017, previo aseguramiento de la partida destinada al pago de las cuotas de amortización de los préstamos externos (57%), y a cambio de información suficiente sobre los proyectos de inversión a los que debieran ser aplicados el 43% de los bonos a ser emitidos.

    Sobre todo, llama la atención porque ha preferido seguir otro camino, de mayor riesgo para la soberanía y economía nacional, que incluye: (i) “la certeza constitucional” en mano, figura inexistente en la Constitución Nacional, aunque aplicada en un par de ocasiones a pedido de sectores políticos, bajo presión al Poder Judicial; (ii) la contratación de dos equipos de abogados, uno nacional y otro extranjero, y (iii) la visita oficial del ministro de Hacienda y del Presidente del Banco Central del Paraguay, a Nueva York, para convencer a los agentes del sector financiero internacional, de la legalidad de la emisión y de la buena salud de la economía paraguaya como acreedora.

    Sin embargo, los agentes financieros internacionales conocen la situación de la economía paraguaya con base en el informe de las calificadoras de riesgo. Según éstas, la economía paraguaya está en la situación prevista por “la calificación de riesgo soberano” para el grado “especulativo”, que indica con BB, el riesgo “cuestionable”, definido por su “capacidad moderada con riesgo a medio plazo” (para la Standard & Poor´s) y Ba1, de “posible incumplimiento” (para la Moody´s)1. En esta situación de confrontación con el Congreso Nacional las autoridades económicas del actual gobierno no sólo exponen al país a mayores riesgos económicos y sociales de los ya existentes, sino que también alimentan los riesgos de quiebre institucional al optar por la estrategia mencionada, y al hacerlo en medio de la inestabilidad política general relacionada con la búsqueda de la enmienda constitucional para la re-elección presidencial prohibida por la Constitución Nacional.




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