• Los cargos de la Comisión
  • Observaciones iniciales a los cargos

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    Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación


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    Señor:

    Presidente de la Comisión de Juicio Político

    de la Cámara de Diputados de la Nación

    D. José Ricardo Falú



    S / D
    Eduardo Aguirre Obarrio y Gregorio Badeni, en nuestro carácter de letrados apoderados del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eduardo Moliné O´Connor, constituyendo domicilio especial a los fines de la contestación de los cargos formulados por la Comisión de Juicio Político en Viamonte 1519, 3° piso, ante el señor Presidente nos presentamos y decimos:

    I

    PERSONERIA

    El mandato general conferido por el Ministro Eduardo Moliné O´Connor, del cual resulta que estamos habilitados, a igual que los restantes abogados citados en el mismo, para intervenir en estas actuaciones en resguardo de sus derechos e invocando su representación, fue oportunamente presentado ante esa Comisión el 2 de abril de 2002.

    Tal hecho no puede escapar al conocimiento de los miembros de aquella, así como tampoco el espacio físico donde fue reservado o archivado.

    Sin embargo, cuando el día 11 de julio del corriente año, a las 11,40 horas, el Dr. Martín Camilo Galli Basualdo se constituyó en la sede de la Comisión de Juicio Político para retirar la documentación que había sido puesta a disposición de nuestro representado conforme a la nota que le fue cursada el día 10 de julio, se le informó que no era posible concretar la entrega de aquella sin exhibir el poder que acreditara su personería. Tal decisión, adoptada por personal de la Comisión siguiendo las instrucciones del señor Presidente, fue claramente arbitraria y lesiva para los derechos de nuestro mandante (ver documento N° 1).

    Es que, reiteramos, mal podía ignorar el señor Presidente la existencia de ese mandato y que, conforme al mismo, el Dr. Galli Basualdo revestía el carácter de mandatario.

    Le recordamos al señor Presidente que, ese mandato, había sido conferido por escritura N° 69, pasada al folio 179, del Registro Notarial N° 1863 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 28 de febrero de 2002.

    En horas de la tarde del 11 de julio, reiteramos el pedido para que se hiciera entrega de aquella documentación, invocando el carácter de letrados del Dr. Moliné O´Connor. Nuestra petición fue, nuevamente, desestimada “por no tener autorización expresa suficiente del Dr. Moliné O´Connor” (ver documento N° 2).

    Finalmente, el 11 de julio, a las 17,45 horas, nos presentamos agregando copia del nuevo mandato general que nos otorgó nuestro representado, que se extiende a los mismos profesionales citados en la escritura N° 69. En esa oportunidad, recién nos fue entregada la documentación requerida. De todas maneras, y como consecuencia, nuestro representado no tuvo los elementos necesarios para analizar la seriedad de los cargos durante, prácticamente, un día. Así, el plazo de 4 días y doce horas concedido para la contestación de los cargos, se vio reducido a 3 días y 12 horas.

    Para evitar cualquier nuevo cuestionamiento de nuestra personería, acompañamos en este acto bajo el N° 3 fotocopia del poder general que nos otorgó el Dr. Moliné O´Connor por escritura N° 309, pasada al folio 688, del Registro Notarial N° 1863 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 11 de julio de 2003.

    Declaramos, bajo fe de juramento, que el mandato acompañado, a igual que el que se adjuntó con la presentación de fecha 2 de abril de 2002, son copia fiel de sus originales y que ambos están en vigencia a la fecha de esta presentación.

    II

    OBJETO

    Que venimos, en tiempo y forma de ley, a contestar la nota por Usted remitida el día 10 de julio de 2003, para brindar la información pertinente sobre los cargos formulados por la Comisión que preside, conforme a lo que establece el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político.

    Desde ya, y por las razones que expondremos, solicitamos a esa Comisión que, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento Interno, resuelva la improcedencia del juicio público requerido respecto de nuestro representado, sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho que se desarrollan a continuación.



    CONSIDERACIONES PRELIMINARES

    A primera vista se advierte que se han tomado en cuenta tres causas resueltas por la Corte Suprema en desacuerdo con las ideas de la mayoría de los componentes de esa Comisión.

    Van, pues, algunas observaciones preliminares.

    Es preciso aclarar que, según consta en el Acta de Reunión de Comisión, de fecha 3 de julio de 2003, la declaración de la admisibilidad formal de los cargos contra el Dr. Moliné O’Connor se realizó con la presencia –y el voto- de menos de la mitad de los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación.

    Presumiblemente por aplicación de una norma reglamentaria –de lo que no se dejó constancia en el Acta- la reunión comenzó a las 11:30 horas, encontrándose ausentes DIECIOCHO DIPUTADOS, y con la presencia de CATORCE LEGISLADORES ÚNICAMENTE. De modo que la calificación de “unánime” a la referida decisión, sólo importa el pronunciamiento de menos del 44% del total de integrantes de dicha Comisión.

    Quienes votaron afirmativamente en la reunión son los diputados: Falú, Johnson, Martínez, Cettour, Conte Grand, Di Cola, González A., Hernández S., Iparraguirre, M. De Ferreira, Minguez, Nieto Brizuela, Polino y Tanoni. De los nombrados, los diputados Falú, Iparraguirre, Nieto Brizuela y Minguez son, a su vez, denunciantes –con otros diputados- en las causas cuya procedencia formal votaron.

    Por consiguiente, el criterio en que se sustentan los cargos contra el Dr. Moliné O’Connor, que presuponen error o desacierto en los fallos de la Corte Suprema, en realidad está fundado en la opinión minoritaria de la Comisión, conformada por CATORCE DIPUTADOS, quienes han puesto en movimiento este delicado mecanismo constitucional.

    En nuestro derecho, el último y más importante intérprete del sentido de los textos constitucionales es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no los miembros denunciantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo saben ellos.

    No tienen la suma del poder público, ni pueden interferir en la Justicia ni imponer las propias interpretaciones que su política del momento ansíe. Porque el sistema de gobierno establecido por la Constitución Nacional consiste en que, mientras la legislatura y el Presidente se van renovando periódicamente y por el voto popular, no sucede lo mismo con el Poder Judicial, cuyos integrantes, incluida la Corte Suprema, son designados para que permanezcan en sus cargos aunque las cámaras modifiquen su composición y las ideas presidenciales varíen.

    De modo que alterar ese método, substituyéndolo por el peso del número de legisladores, así sean todos, va contra el sistema de la República que regla la Constitución. Es grave que los miembros denunciantes de la Comisión de Juicio Político actúen mecánicamente, y fijen fecha para presentar su acusación, mostrando así que no les interesa qué pueda decirse contra sus argumentos, porque acusarán de todas maneras. Eso es despreciar el derecho de defensa.

    También puede notarse el cuidado que los miembros que declararon la admisibilidad de los cargos y los miembros denunciantes de la Comisión han puesto para eludir la exposición de lo que sucedió en cada uno de los casos. Porque con esa explicación basta para que la gente advierta su sinrazón.

    Además no dicen en qué consiste lo malo que ven, sino que lo substituyen por calificativos. Por ejemplo, ya el primer cargo es “haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento”. Y eso no es un cargo, porque a menos que entremos en el campo del derecho autoritario, los cargos deben expresar hechos, y después vendrá la calificación (Esto se explica, por ejemplo, en Derecho y razón, de Luigi Ferrajoli, principalmente en cuanto a la garantía procesal de necesidad de prueba y posibilidad de refutación (147), y “no se puede probar, y todavía menos contradecir, una acusación indeterminada o expresada mediante valoraciones, tanto inverificables como no confutables” (pág. 129), “suele ignorarse, o al menos descuidarse, el problema de la semántica del lenguaje judicial en que los actores del proceso exponen los hechos y las pruebas” (pág. 125).

    En vez, la transcripta es una frase, en la que no se dice porqué el proceso administrativo es fraudulento.



    Nos encontramos ante un Juicio Político, fuera de todo marco constitucional y legal, violatorio de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, y aniquilador –definitivamente- de la independencia del Poder Judicial.

    La destitución se funda, como hemos visto, en la voluntad de los Poderes Políticos, disconformes con la opinión vertida por el Dr. Moliné O’Connor – y otros Jueces- en las decisiones adoptadas en el ejercicio de su función jurisdiccional.

    No sólo no existe esta causal de remoción en la Constitución Nacional, sino que tampoco existe en ninguno de los países que integran la comunidad civilizada.

    La protección de las libertades de los ciudadanos reposa en un sistema que garantiza la independencia de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado; y esa garantía es ilusoria, si los jueces pueden ser destituidos por las sentencias que dicten en ejercicio de su función.

    El juez es el último garante del honor, la libertad y la fortuna del pueblo de la Nación; pero esa garantía desaparece y se transforma en un mero enunciado vacío de contenido, si su inamovilidad en el cargo no es efectiva.

    A partir de ahora, ha desaparecido la independencia del Poder Judicial de nuestro régimen constitucional real: los jueces, para resolver, no solo tendrán en cuenta el texto de la Constitución y de las leyes para garantizar las libertades, sino también ponderarán las consecuencias que sobre sus personas y sobre su cargo pueden tener sus decisiones.-

    Si la sentencia que dicten tendrá un efecto no deseado por las autoridades sobre la economía –desde principios de 2002 se ha hablado de esto con relación al “corralito”-, la suerte del Juez puede estar echada; lo mismo, si la decisión versa sobre la libertad de alguna persona o la libertad de pensar, o cualquiera de las garantías esenciales de nuestro sistema constitucional, el juez puede tener su cargo en juego por la decisión que adopte.

    Si los miembros que declararon admisibles los cargos y los miembros denunciantes deciden cuáles sentencias motivan la remoción de los jueces, la única jurisprudencia vigente será la que ellos determinen y definirán cuál debe ser la opinión de los jueces bajo apercibimiento de ser removidos.

    Esta cuarta instancia parlamentaria, inexistente en el mundo entero, implica que nadie quedaría fuera del alcance irrestricto de la voluntad del gobierno del turno, pues quien buscara refugio en los Tribunales se encontraría con que el Juez que meramente piense en que fallar en su favor será removido, y sustituido por otro que tenga otro criterio.

    El daño al país es profundo y será perdurable; no solo por la pérdida de protección de los derechos de sus habitantes, sino por la aniquilación de la seguridad jurídica que pone en grave riesgo su prosperidad y futuro. ¿Quién invertirá dentro del país si sus ahorros no pueden ser garantizados pro un Juez independiente? ¿Quién traerá sus capitales para contribuir al progreso general, si las reglas jurídicas no están garantizadas por un Poder Judicial cuya permanencia en los cargos defiende de la coincidencia de sus decisiones con la voluntad del Poder Político.

    El daño será irreparable, o por lo menos pasarán años antes de que pueda tenerse fe en el sistema judicial, que es la condición necesaria para que pueda tenerse fe en el país.-

    No pueden dejar de señalarse los profundos y graves vicios que oscurecen el procedimiento impreso a este juicio político:

    El agravio a la garantía de defensa en juicio, mediante:


    1. El Presidente de la Comisión; Dr. Falú, ha dicho que los descargos deben probar la inocencia del Juez imputado lo que implica que toda persona es culpable salvo que pruebe lo contrario. Gravísimo planteo que hace retroceder el marco jurídico de este proceso a la Edad Media, aniquilando una de las más grandes conquistas del derecho constitucional, la presunción de inocencia.

    2. La concesión de brevísimos plazos para ejercer la defensa, disminuidos al dificultar el acceso a la documentación.

    3. La formulación de cargos de una vaguedad que agravia la garantía del debido proceso, pues sobre actuaciones de centenares y miles de fojas se acusa de legitimación de procedimientos fraudulentos, u oscuros intereses, u obstrucción de procedimientos, sin indicar los hechos concretos que configurarían tan graves acusaciones.

    4. Las denuncias iniciadas por los propios miembros denunciantes de la comisión de juicio político que tienen prohibido la iniciación autónoma del procedimiento de remoción porque está vedado que actúe de oficio, con el agravante de que los mismos denunciantes son instructores y votan sobre la procedencia de sus propias denuncias.

    5. La intervención de diputados que desde antes de llegar el momento de resolver sobre si procede o no la destitución, han expresado que la remoción debe concretarse en el más rápido plazo posible.

    6. Las actuaciones constituyen, como el año pasado, un juicio a la Corte, no a un solo Juez, pues al cuestionarse las sentencias, se cuestiona a la institución. Un Juez de la Corte no puede dictar una sentencia: para que haya sentencia, se necesitan cinco firmas, previa deliberación de los nueve miembros.

    Se aparenta que no hay juicio a la Corte mediante el procedimiento de atacar a sus miembros uno por uno; pero si se remueve al Dr. Moliné O’Connor por Magariños, Macri, Meller, habrá cosa juzgada respecto de los Dres. Belluscio, López, Vázquez, Boggiano (Nazareno ya renunció), y si la Comisión no promoviera la destitución, se encontrarían incursos probablemente en incumplimiento de sus deberes; y los Dres. Petracchi y Fayt, se expidieron en cuanto a la inapelabilidad extraordinaria de las resoluciones como las dictadas en “Meller” en más de una oportunidad.

    Mediante el cumplimiento de meras “formas”, y no la sustancia de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso, se aparenta, cumplir, pero no se cumple la Constitución.

    Atacando a los jueces por el contenido de sus sentencias, destruye la independencia del Poder Judicial definitivamente y éste se convierte en un subordinado de los Poderes Políticos.

    Dios nos guarde de este escenario, y los señores Diputados adviertan la responsabilidad histórica que les cabe si convierten al Poder Judicial de la Constitución, protector último de sus habitantes, en un montón de escombros.


    III

    INTRODUCCION: IMPROCEDENCIA SUSTANCIAL DEL JUICIO POLITICO

    Sin perjuicio de rebatir todos y cada uno de los cargos formulados a nuestro mandante y de neutralizar las irregularidades perpetradas en estas actuaciones, afirmamos que, el procedimiento iniciado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, es improcedente por la sola formulación de las causales por las que ha sido promovido.

    La forma republicana de gobierno que adopta la Constitución Nacional en su artículo 1°, tiene como presupuesto fundamental la división de poderes.

    En el caso, ese principio básico de la organización nacional, ha sido transgredido por la imputación de mal desempeño que se formula exclusivamente sobre la base del contenido de las sentencias dictadas por el magistrado en ejercicio de su función.

    La solución de controversias por la vía jurisdiccional es la función exclusiva y excluyente del Poder Judicial de la Nación, que compete a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores de la Nación (art.116 de la Constitución Nacional).

    No puede el Poder Ejecutivo de la Nación ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art.109 de la Constitución Nacional). Y tampoco puede el Poder Legislativo de la Nación, sustituir a los jueces en la asignación del contenido de los fallos, aunque esa función pretenda ser ejercida, por vía indirecta, mediante la amenaza de destitución por no coincidir con el sentido de tales decisiones.

    El solo enunciado de las imputaciones formuladas contra el Dr. Moliné O´Connor revela que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se ha investido del papel de tribunal judicial, de instancia superior a la de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Cabe recordar, al respecto, que no ha sido el Dr. Moliné O’Connor quien ha dictado los fallos que se mencionan en las imputaciones, sino el Máximo Tribunal de la Nación.

    Por tratarse de un tribunal colegiado, las decisiones de la Corte Suprema sólo pueden ser adoptadas con el voto coincidente de, al menos, cinco de los jueces que lo integran. Tal es lo acontecido con las causas invocadas por la Comisión para acusar solamente al Dr. Moliné O’Connor de mal desempeño.

    Ello revela que la mencionada Comisión parlamentaria exhibe su desacuerdo con una o varias sentencias de la Corte Suprema y, erigida en juzgador del Tribunal, elige a uno de los magistrados que las suscribieron, sin motivo particular alguno, para imputarle mal desempeño por el sentido de la decisión adoptada por la mayoría de los jueces que integran la Corte.

    La inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta (art. 110 de la Constitución Nacional), es la garantía de la independencia de los jueces y de la vigencia del sistema republicano de gobierno.

    Alfredo Palacios, en ocasión del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que: “... así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por opiniones que emita en desempeño de su mandato; ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de separación de poderes” (Alfredo Palacios, “La Corte Suprema ante el Tribunal del Senado”, Ed. Jus, Buenos Aires, 1947, pág.252).

    Esa doctrina centenaria y universal, iniciada con Montesquieu, recogida y afianzada por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y toda su doctrina y jurisprudencia, y jamás controvertida en nuestro derecho, defendida firmemente por nuestros más insignes constitucionalistas y legisladores, amenaza con ser abandonada por la formulación del cargo de mal desempeño por la opinión vertida por un juez en las sentencias que suscribió con otros magistrados.

    La vigencia de la doctrina que concibe a la independencia del Poder Judicial como indisolublemente unida a la independencia de criterio de los magistrados y a la inamovilidad en sus cargos, es continuamente afianzada por organismos y asociaciones nacionales e internacionales de la más variada índole.

    Precisamente, la independencia de criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pretende avasallar mediante el ataque individual a uno de los jueces que la sostienen, acaba de ser reconocida por la U.B.A.

    En el informe del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se puede leer con toda claridad que no hay fallos en que solo votaron jueces llamados oficialistas. Siempre vota al menos uno no oficialista. Obviamente, dado que son minoría (4 sobre 9), tampoco hay desde entonces fallos en que sólo votaron jueces denominados no oficialistas.

    Este estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires (ver N. Guillermo Molinelli, La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a los poderes políticos a través del control de constitucionalidad, 1983-1998), a través de un análisis sistemático de los votos durante el período 1935-1998 comparó los períodos de las diferentes cortes supremas y en especial las normas declaradas inconstitucionales en cada período y si estas normas habían sido dictadas por el gobierno que en forma contemporánea ejercía la Presidencia. El resultado es el siguiente:

    - que la llamada “mayoría oficialista” no se expresa como tal en el 91% de los fallos.

    - que el control judicial se ejerce, lo que se comprueba con este dato: la Corte Suprema encontró inconstitucionalidades en 85 fallos como mínimo, en 43 antes y 37 luego de la ampliación.

    - La Corte ampliada de 1990 no manifestó una especial reverencia al gobierno de Carlos Menem, pues declaró la inconstitucionalidad de normas dictadas por ese gobierno en 15 oportunidades, mientras que en la Corte de 1983/90 solo hubo una declaración de inconstitucionalidad de normas dictadas por Alfonsín. Por lo tanto, concluye en estudio de la UBA, no hubo una “reverencia particular hacia las normas emanadas durante la Presidencia de Menem, lo que es un hallazgo interesante en cuanto no coincide con la percepción popular al respecto” (Informe citado, pag. 18).

    También se afirma que en la declaración de inconstitucionalidad, el “71% (de los fallos) fueron unánimes y que los fallos que encontraron a la llamada mayoría oficialista fueron sólo 10” (pag. 16 del citado Informe).

    Se expresa en el Informe de la UBA una “interesante cantidad de normas declaradas inconstitucionales por la Corte desde 1983 y en particular desde 1990, con importantísimas consecuencias patrimoniales para el Fisco Nacional… indicio de que existe un cierto grado de independencia” (cuyo grado el estudio no determina), pág. 19.

    Se indica que ha habido en 1990-1998 “pocos cambios de jurisprudencia” (pág. 22).

    Para tener una idea de la importancia de las decisiones de la Corte contra el Estado en los años noventa debe tenerse en cuenta que entre 1992 y 1994 se emitieron Bocones y se pagó en efectivo por un importe de $ 9.500.000.000 (pag. 18), por lo que mal puede descalificarse a la Corte como “adicta” o “automática”.

    Estas conclusiones, emanadas de la Universidad de Buenos Aires, demuestran que no hay hechos que avalen una “dependencia” de la Corte 1990-1998 respecto del gobierno de Carlos Menem, y que la calificación de “mayoría automática” es un slogan descalificador que no refleja una realidad verificable en los fallos.

    Esto no solo es grave sino que gravísimo en cuanto sustenta el ataque institucional que hoy padecen los miembros del tribunal designados durante el período 1990-1999.

    También, otro informe según Ambito Financiero (15/7/2003) da un repaso por la jurisprudencia publicada en Fallos de la Corte y comprueba que esa mal llamada mayoría no alteró la concepción jurídica entonces vigente. Por un parte, la jurisprudencia no ha cambiado con la ampliación de la Corte (salvo en cuestiones técnicas como ser la prescripción comercial y fiscal -Fallos 314:1704 y 313:1366- o el agotamiento de la instancia administrativa -Fallos 322:76-). Por la otra, los casos señalados como consecuencia de la mayoría automática han sido resueltos por aplicación de principios tradicionales enraizados en la jurisprudencia nacional y el derecho constitucional norteamericano (e.j. falta de caso, falta de legitimación, cuestiones políticas, etc). Por ende, en estos supuestos, la jurisprudencia no sólo no cambió, sino que, por el contrario, el Tribunal se dedicó a cimentar sólidamente esos principios.

    Si la formación de una mayoría automática de apoyo al Poder Ejecutivo tuvo lugar, sería lógico encontrar multitud de sentencias a favor de esa rama del gobierno. Sin embargo son escasos los casos en que una sentencia de la Corte Suprema con la mencionada mayoría ha beneficiado al Poder Ejecutivo. En realidad parece absurdo hablar de beneficiar al Poder Ejecutivo cuando se dan casos donde, por ejemplo, se consideró la falta de legitimación de los actores que cuestionaban una determinada política o acto de gobierno. Si bien esto implicaba el rechazo del recurso y por ende dejar vigente la norma atacada, está claro que el Tribunal no podría modificar las reglas centenarias que exigen la existencia de un caso o una cuestión justiciable.

    El magistrado, Dr. Miguel Angel Caminos, en su carácter de Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, declaró el 2 de julio de 2003, con motivo de la celebración del 75° aniversario de esa prestigiosa entidad, que “…perseveramos en reclamar la irrestricta observancia de las garantías establecidas en beneficio de la comunidad, para asegurar que los magistrados, en sus funciones, sólo se encuentren sujetos a la Constitución y a las leyes que están llamados a interpretar y aplicar y que, por ello, no puedan ser juzgados por el contenido de sus sentencias a menos que éstas constituyan delito, porque de lo contrario se trastocaría su libertad de conciencia. Se trata de garantías absolutas por la naturaleza de la materia que preservan, y como tales no deben ser relativizadas por interpretaciones facilistas que respondan a situaciones de crisis sociales o económicas, porque es precisamente en los momentos difíciles o graves cuando más se requiere que funcionen en plenitud para alejar cualquier influencia que pueda desviar el sentido de las decisiones judiciales”.

    Añadió que “En defensa de la independencia del Poder Judicial, no podíamos permanecer silenciosos frente a la crisis de extrema gravedad institucional por la que hoy atraviesa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que derivó en la reciente renuncia de su presidente. Por eso, frente a manifestaciones que podían avasallarla, nos pronunciamos por el respeto irrestricto de la división de los poderes del Estado, y reclamando por la celosa preservación de esa atmósfera de respeto e independencia que debe rodear al más alto Tribunal del país, que es, como lo definiera Joaquín V. González, “intérprete final e irrevocable de todas las reglas, doctrinas y poderes que contiene la Constitución Nacional, así relativas a los particulares a quienes obliga o ampara, como a las autoridades y Estados que de ella derivan su mayor fuerza y majestad”, sentido de respeto en el que está insito el cuidado de la dignidad y solemnidad de los jueces que la integran”.

    La “American Bar Association” , en el informe redactado el 4 de julio de 1997 formuló “Recomendaciones” relativas a “problemas relacionados con la independencia de los jueces” , que por su actualidad y aplicación al caso, conviene transcribir:

    “El desacuerdo con una decisión determinada de un juez no es una base apropiada para iniciar el procedimiento de acusación. Los funcionarios públicos deberán abstenerse de amenazar con la iniciación del procedimiento de acusación basado en sus percepciones de la interpretación -efectuada por el magistrado- acertada o equivocada de la ley, en una resolución determinada.”

    El informe pondera que, en doscientos años, ningún juez fue removido en base a sus decisiones, señalando que así como es inapropiado para un miembro del Congreso amenazar a un juez de acusación y remoción por un fallo que considera impopular, el juez está resguardado con la necesaria independencia para resistir un juicio fundado en esa clase de imputaciones.

    Apartarse de esa doctrina universal, importaría un severo retroceso para la ubicación de la República Argentina en el concierto mundial de naciones, comprometiéndola, inclusive, en el cumplimiento de tratados internacionales que a partir de 1994 tienen jerarquía constitucional.

    El Pacto de San José de Costa Rica -Convención Americana sobre Derechos Humanos-, en el artículo 8, “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, hipótesis que sería conceptualmente imposible de alcanzar si los jueces pudiesen ser destituidos por el contenido de sus sentencias.

    El Tribunal Constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en la causa “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú”, en fecha 31 de enero de 2001, promovida a raíz de una denuncia relativa a la ilegal remoción de tres magistrados del Tribunal Constitucional del país demandado.

    Los jueces habían sido destituidos como culminación de un proceso político de presión y hostigamiento originado en un pronunciamiento judicial adverso al gobierno. Ponderó el Tribunal los argumentos de la Comisión Interamericana, en el sentido de que la independencia de los jueces, amparada por el artículo 8 de la Convención, debía ser valorada en el caso con relación a la posibilidad de los magistrados de dictar decisiones contrarias a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como así también al carácter en que debe actuar el Congreso como juez en el procedimiento de destitución de los magistrados. Dijo que: “Cualquier acto estatal que afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención”. Señaló también que “puesto que la inamovilidad de los jueces se encuentra implícitamente garantizada en el artículo 8.1 de la Convención, en caso de que un juez tenga que ser removido, esta decisión debe ser tomada luego de un procedimiento establecido en la Constitución, pues ello, además de evitar la arbitrariedad, garantiza la independencia de los jueces ante los demás poderes del Estado y ante los cambios político -electorales.” Halló que en el caso en estudio se dio “una confabulación de los tres poderes públicos” y expresó que:

    “El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría, como efectivamente sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno.”

    Hizo mérito, asimismo, de que el Congreso había violado los criterios de “imparcialidad subjetiva” dado que varios hechos reflejaban que: “la mayoría del Congreso ya tenía una convicción formada respecto al caso”, pues consideró que 40 congresistas, entre ellos varios integrantes de las Comisiones Investigadora y Acusadora, habían tomado partido públicamente acerca del sentido en que debía resolverse la cuestión judicial sometida a decisión de los magistrados, que después fueron destituidos.

    La Corte Interamericana, por su parte, destacó que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de independencia de los jueces”. Agregó que: “Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier Juez en un estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento”.

    Finalmente, la Corte concluyó que: “... es evidente que el procedimiento de juicio político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el requisito de la imparcialidad del juzgador. Además, la Corte observa que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional.”

    Por ello, juzgó que: “el Estado violó el derecho a la protección judicial...consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana”, en virtud de lo cual y del resultado de las restantes cuestiones sujetas a decisión, impuso al Estado una severa sanción pecuniaria, consistente en el pago de los salarios caídos -dos de los magistrados ya habían sido repuestos en sus cargos- y de las sumas fijadas por la Corte en concepto de costas y gastos.

    Nuestra Corte Suprema de Justicia jamás se apartó de esos principios y destacó en numerosos fallos que no podrá lograrse una administración imparcial de justicia si los jueces carecen de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento y si se viesen sometidos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias pudieran ser objetables (Fallos 274:415). También es doctrina constante que el eventual error judicial en materia opinable, no puede determinar el enjuiciamiento del magistrado (Fallos 271:175), pues si cada juez se hallase sujeto al temor de responder patrimonialmente por la más mínima equivocación, sólo un mendigo o un tonto aceptaría desempeñar ese cargo (“Miller v. Hope”, House of Lords, April 1, 1824).

    En ese marco homogéneo de pensamiento democrático, se instala desde antiguo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica, al señalar:

    “Es un principio general de fundamental importancia de toda administración de justicia que un funcionario judicial, cuando ejerce las facultades que le han sido conferidas, tenga libertad para actuar de acuerdo con sus propias convicciones, sin miedo a sufrir consecuencias personales” (“Bradley v. Fischer”, 80 U.S. 13 Wall. 335-1871).

    Podrían completarse libros enteros con citas de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, del presente y del pasado, sin que exista en ellas fisura alguna que pudiese dar lugar a dudas acerca de lo que constituye el objeto del presente capítulo: la absoluta imposibilidad constitucional y legal de iniciar proceso de destitución a un magistrado por la opinión vertida en sus sentencias.

    Por cierto que este principio no es extraño a la doctrina del Congreso de la Nación. Reiteradamente ha sostenido que no le corresponde interferir en la órbita del Poder Judicial, aprobando o desaprobando sus sentencias (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1899, págs. 828/829; dictamen de la Comisión de Juicio Político de rechazo in limine en los expedientes acumulados 3531-D-92, 3745-D-92 y 158-P-92).

    Asimismo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, tiene resuelto que "no corresponde que el Parlamento interfiera en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, y ésa ha sido la doctrina que tradicionalmente ha seguido el Congreso...Sostener que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado...Desaparecería así el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento; no sólo por la enorme presión que significa en el ánimo del juez pensar en alzarse frente a la ley dictada por el órgano que tiene en sus manos removerlo, sino porque el Congreso podría destituirlo de inmediato, conservando como jueces sólo a aquellos que no declararan la inconstitucionalidad de sus leyes" (Labor Legislativa-Comisión de Juicio Político- año 1998, pág. 711 y siguientes).

    También los señores Legisladores han tenido ocasión de expedirse en el marco legal que compete al desempeño del Consejo de la Magistratura, en forma concreta e inapelable sobre el mismo punto que aquí se examina, pues dispone el art.14 de la ley 24.937:

    Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias.”

    A pesar de tan claro texto legal, y de que en nuestro derecho, el último y más importante intérprete del sentido de los textos constitucionales es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el curso que toma este procedimiento de juicio político revela que ese intérprete final ha de ser la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

    Por ello, en forma coincidente con las normas constitucionales y legales citadas, con la doctrina y jurisprudencia nacionales y extranjeras y con la doctrina emanada del Congreso de la Nación, la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación debe rechazar, sin más, la formación de causa en virtud de las imputaciones sub examine y ordenar el archivo de las actuaciones, dando cumplimiento de tal modo a su deber constitucional, con ajuste las disposiciones y principios que rigen el caso.

    IV

    INCORPORACION DE DOCUMENTOS Y PRODUCCION DE PRUEBAS

    Conforme al artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político, “Si del estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia del juicio político, se procederá a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario”, a fin de obtener elementos probatorios para la comprobación de los “hechos investigados”.

    En el marco de esa instrucción sumarial, que es la etapa en que nos encontramos, el requerimiento de documentos y la producción de ciertas pruebas es una facultad indiscutible de la persona imputada (conf. art. 73 del Código Procesal Penal). No solamente en resguardo de su inviolable derecho de defensa, sino también para evitar la prosecución de una causa que, posteriormente, se compruebe que era manifiestamente improcedente. Improcedencia que se puede evitar mediante una diligente instrucción sumarial.

    Conforme a la notificación cursada a nuestro mandante el 10 de julio de 2003, se destaca que estaban a su disposición “los expedientes referenciados, sus anexos y los elementos constitutivos de indicios o semiplena prueba de causales graves (art. 12, primera parte, del Reglamento Interno), que hacen a la procedencia del juicio político”.

    Como el tratamiento de las denuncias formuladas contra el Dr. Moliné O´Connor se concretó el 3 de julio, es comprensible que, en el lapso de 7 días, no se hubieran recolectado la totalidad de los elementos que podrían servir de sustento, o no, a los cargos expuestos.

    Consideramos que corresponde remediar este defecto propio de un apresuramiento innecesario y que, por las razones indicadas en el segundo párrafo de este capítulo se proceda a:

    1) En el caso “Macri”:

    1.1) Requerir la remisión al seno de la Comisión de la totalidad de las causas penales relacionadas con dicho caso que se detallan seguidamente: (i) "Macri, Francisco y otro s/recurso de casación", que tramitara por ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal bajo el n 1378, y originariamente ante el (ii) Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, bajo el n° 2646, y posteriormente ante (iii) la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, bajo el n 4-1378. Como el cargo formulado por la Comisión se basa sobre la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en particular sobre el voto concurrente que emitió nuestro representado, en resguardo del derecho de defensa corresponde tener a la vista la totalidad de los antecedentes que determinaron aquella sentencia. Ello se impone para poder evaluar los elementos fácticos que lucen en tales causas penales y que componen un expediente judicial que concluye con una sentencia. Componentes fácticos que, a igual que los legales, son los que determinan un pronunciamiento judicial.



    Cabe aclarar que, en la documentación existente en la Comisión, sólo se registran las actuaciones que lucen de fs. 9630 a 9648. Pero no las anteriores de fs. 1 a 9629 cuya remisión se solicita, por ser indispensables para el ejercicio del derecho de defensa e, inclusive, para que los miembros de la Comisión de Juicio Político tengan cabal conocimiento sobre los antecedentes determinantes de la sentencia que cuestionan.

    1. En el caso "Meller":

      1. La totalidad de las causas penales promovidas con relación al caso "Meller". Solamente nos fueron entregadas algunas actuaciones desarrolladas en la Oficina de Anticorrupción, entre las cuales figuran fotocopias de ciertas piezas de una causa penal, tales como: sentencia del juez federal Jorge Ballestero del 30 de diciembre de 2002 disponiendo el archivo de la causa penal Nº 9618/01; dictamen del fiscal federal Gerardo Di Masi del 27 de diciembre de 2002 requiriendo el archivo de esas actuaciones; sentencia del juez de primera instancia del 9 de diciembre de 2002 rechazando una medida de no innovar presentada por la Oficina de Anticorrupción; sentencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal del 6 de febrero de 2003 confirmando la denegación de esa medida de no innovar; diversas cédulas remitidas a la Oficina de Anticorrupción notificando resoluciones judiciales. Pero, a igual que en el caso anterior, como la formulación de cargos se basa sobre el contenido de la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia, corresponde requerir y poner a nuestra disposición copia íntegra de la causa penal Nº 9618/01 y de cualquier otra sustanciada por el caso "Meller".

      2. Corresponde requerir, y poner a nuestra disposición, fotocopias de todas las actuaciones administrativas que, a fs. 163 de los autos "Meller Comunicaciones S.A. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ Recurso de Hecho" le fueron oportunamente remitidas a la Corte Suprema de Justicia como antecedentes de base a los fines de la resolución judicial del caso. La Comisión de Juicio Político, solamente nos entregó fotocopia del expediente que corresponde al recurso de hecho pero, en la carátula de ese expediente judicial, precisamente, se mencionan "6 agregados ver fs. 163" que en su momento fueron reclamados por la Corte Suprema y luego devueltos a la autoridad administrativa. El análisis de tales antecedentes, que fue realizado antes de que la Corte dictara su sentencia, se impone en esta ocasión debido a que los cargos se relacionan con el contenido de esa sentencia.

    1. Un tema crucial, como el referente a si los jueces pueden ser destituidos de sus cargos por la causal de mal desempeño debido al contenido de sus sentencias, debería contar con la opinión que emitan las entidades más calificadas del país en materia jurídica. Nos referimos a la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y a la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Solicitamos, se les requiera una opinión fundada sobre el particular para constatar la seriedad jurídica de los cargos formulados y en resguardo del derecho de defensa del Dr. Moliné O´Connor.

    2. Por la activa participación que tuvieron en los casos "Meller", "Magariños" y "Macri", solicito la declaración de los testigos siguientes que podrán ser interrogados libremente:

      1. El Dr. Juan Carlos Cassagne, con domicilio en Reconquista 360, 6º piso.

      2. El Dr. Ricardo Gil Lavedra, con domicilio en Avenida Santa Fe 1643, 1º piso.

      3. El Dr. Agustín Gordillo, con domicilio en Viamonte 749, 10º piso, oficina 8.

      4. El Dr. Alejandro Carrió, con domicilio en 25 de Mayo 555, 16º piso.

    1. Destacadas personalidades del ámbito jurídico formularon declaraciones públicas, cuya ratificación y desarrollo se imponen a los fines del debido esclarecimiento de los hechos sobre los cuales se sustentan los cargos:

      1. El Dr. Lino Palacio, con domicilio en Maipú 864, 9º piso, quien publicó una carta de lectores en la edición del diario La Nación correspondiente al día 13 de julio de 2003.

      2. El Dr. Ricardo Gil Lavedra, cuyo domicilio ya fue denunciado, quien, en declaraciones efectuadas a Radio 10, según informa Infobae el 4 de junio de 2003, declaró con referencia a un discurso del Presidente de la República que "es muy malo para la república la interferencia de un poder a otro y remarcó que debe cesar este clima de confrontación permanente. No me parece lógica esta actitud. Cualquiera sea el juicio que nos merezcan los miembros de la Suprema Corte, no son los hombres, sino la institución la que debemos empezar a respetar".

      3. El Dr. Jorge Bacqué, ex miembro de la Corte Suprema, con domicilio en Avda. Santa Fe 1317, 3º piso, 5º, quien, según informa Infobae el 4 de junio de 2003, manifestó: "Me parece que todo este asunto alrededor de la Corte es un gran mamarracho, francamente me parece lamentable. Nadie puede pensar que le tenga simpatía a la actual Corte, pero como institución, la Corte debe ser defendida. Inventar un juicio político porque se considera que no conviene que siga, es muy malo para la República".

      4. El Dr. Julio Strassera, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 1577, 8º piso, quien, en declaraciones ante Radio 10 difundidas por Infobae el 5 de junio de 2003 declaró: "Es un asunto muy grave. Cuidado con fabricar juicios políticos para disponer de vacantes. Porque son los mismos diputados que, el año pasado, le cerraron el juicio, y ahora quieren reflotar estos mismos juicios. Es muy grave. Se corre un riesgo muy alto contra el sistema republicano. Porque mañana viene otro Presidente al que no le gusta la composición de la Corte y los echa de un plumazo. Salvemos los principios republicanos".

      5. El Dr. José Miguel Onaindia, domiciliado en Leandro N. Alem 639, 9º "C", quien, en declaraciones a Radio 10 difundidas por Infobae el 7 de junio de 2003 declaró: "La decisión del gobierno de Néstor Kirchner de embestir contra la Corte Suprema de Justicia genera enfrentamiento entre poderes. Estamos frente a una injerencia indebida por parte del Poder Ejecutivo. Crear un conflicto de poderes no es sano para el estado de derecho".

    1. En este marco de declaraciones testimoniales, también solicitamos el testimonio del Ministro de Justicia, señor Gustavo Beliz, con motivo de sus graves imputaciones y cargos formulados sobre la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Para el supuesto que Beliz opte por contestar las preguntas por escrito sin asistir a la sede de la Comisión de Juicio Político, presentaremos oportunamente el interrogatorio de estilo.

    2. Se libre requerimiento al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, para que remita copias del expediente Nº 40522/95 caratulado "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Contrato Administrativo", del cual resulta que ciertas obligaciones asumidas por ENTEL, similares a las resultantes del caso "Meller", no deberían ser soportadas por el Estado Nacional sino por las empresas telefónicas privadas.

    3. Se citará aprestar declaración testimonial a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en la sede del mismo para que expresen si i) dicho organismo tiene resuelto que los Magistrados judiciales no pueden ser removidos de sus cargos por el contenido de sus sentencias. La citación abarcará a:

    8.1) Dr. Horacio Vicente Billoch Caride.

    8.2) Dr. Angel Francisco Pardo.

    8.3) Dr. Jorge Alfredo Agundez.

    8.4) Dr. Manuel Justo Baladrón.

    8.5) Dr. Sergio Oscar Dugo.

    8.6) Dr. Enrique Pedro Balsa.

    8.7) Dr. Guillermo Ernesto Sagües.

    8.8) Dr. Eduardo Alejandro Roca.

    9) Se requiera informe al Consejo de la Magistratura de la Nación para que comunique si, con motivo de algunas de las causas penales vinculadas al caso “Macri” se han recibido, y en qué fecha, pedidos de remoción de los jueces Ana María C. de Durañona y Vedia, Amelia Lydia Berraz de Vidal, Gustavo M. Hornos, César Osiris Lemos, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Gustavo Losada y Marcelo Ignacio Aguinsky. Asimismo, de haber sido presentados, cuál es el curso que se les dio a los mismos.

    10) Se requiere a la Comisión de Juicio Político que informe si, con referencia a los casos “Macri”, “Meller” y “Magariños” existen denuncias presentadas ante ellas solicitando, en forma conjunta o indistinta, por todas o algunos de tales casos, pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Dres. Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio.

    11) Se requiera a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Nación informen si, con motivo de la acusación en un juicio político a los magistrados judiciales se sostuvo que ellos no podían ser removidos por el contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron en tal sentido y acompañando copia auténtica de las versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones correspondientes.

    12) Como prueba, acompañamos 46 artículos y desgrabaciones de programas periodísticos citados en el curso de esta presentación.

    A fin de esclarecer debidamente los hechos en el marco del procedimiento establecido por el artículo 12 del Reglamento Interno, y en resguardo del derecho de defensa de nuestro representado, solicitamos se ordene la producción de las medidas de prueba enunciadas.

    Sin perjuicio de lo solicitado “ut supra”, se solicitan las siguientes medidas de prueba:



    13) Se oficie al Consejo de la Magistratura a los fines de que remita:

      1. Copia certificada de la versión estenográfica de la reunión del 1° de julio de 2003, es especial conteniendo los dichos del consejero Yoma.

      2. Copia certificada de todas las actuaciones relacionadas con el pedido de avocación del Dr. Magariños en relación a la sanción impuesta por la Corte Suprema.

      3. Copia certificada de la Resolución N° 123/99 del Consejo de la Magistratura.-

      4. Copia certificada de la decisión que adoptó por mayoría el 1° de julio del 2003 en relación al caso Magariños y dictámenes de todas las comisiones que intervinieron en el trámite –incluidas las disidencias que existieron en cada comisión- y del pleno y de sus disidencias.

    14) Se oficie a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que remita:

      1. Copia certificada del Expediente Nº 4128/01 iniciado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tramitó el sumario al juez Magariños.

      2. Copia certificada de la Acordada 52/98 y de las siguientes resoluciones: Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”; Resolución 51/99 del 19 de octubre de 1999 en el caso “Intervención dispuesta en Exptes. 27/99, 98/99 y 139/99 S.G. del C.M.”; Resolución 1/00 del 3 de febrero de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Apelación en lo Civil s/ relevamiento en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43”; Resolución 31/00 del 25 de abril de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Casación Penal s/ eleva actuaciones”; Resolución 33/00 del 4 de mayo de 2000 en el caso “Justicia Nacional del Trabajo s/ relevamiento”; Resolución 21/01 del 3 de abril de 2001 en el caso “Leoni de Capozzi, Gladys Nilda s/ avocación (apercibimiento)”; y Resolución N° 36/02 del 21 de mayo de 2002 en el caso “Actuación por publicación en carta de lectores en diario Clarín de fecha 25/8/98”, y S.10-24.700/98, “Robbio, Mario A. s/ avocación -causa n° 737”, del 21/12/99 (Fallos 322:3289).

      3. Copia certificada del Reglamento para la Justicia Nacional.

      4. Copia del caso "Fernández Prieto".

    15) Al Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, para que informe porqué remitió una nota a la Corte Suprema de Justicia en la cual destacaba que, en el caso Nº 12.315 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Ministerio había recibido nuevas observaciones de los peticionarios cuestionando los argumentos defensivos expuestos por el Estado Argentino y porqué precisó que entre los dictámenes elevados por los codenunciantes en apoyo de su postura, figuraba uno emitido por el Dr. Héctor Magariños entre cuyos antecedentes presentados figuraba el de ser Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

    16) A la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para que informe (i) si emitió un comunicado al iniciarse el juicio político y cual fue su contenido; (ii) si sus asociados acostumbran a asesorar a la Defensoría General y otras dependencias o poderes del estado en los casos contenciosos a nivel internacional y con que fundamentos; (iii) si la conducta referida en el punto anterior se ajusta al comportamiento ético que se espera de los magistrados de la justicia nacional.

    17) A Editorial La Ley, para que informe si el Dr. Héctor Magariños publicó un artículo en La Ley 1999-D-661, remita un ejemplar e informe la difusión que tuvo el mismo, incluyendo cantidad de ejemplares y donde fue distribuido.-

    18) A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que informe si se encuentra en su poder una copia del dictamen elaborado por el Juez Magariños y si lo ha utilizado en la acusación que formuló al estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    19) Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa caratulada “Macri, Francisco y otro s/recurso de casación”, que tramitara por ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal bajo el no. 1378, y originariamente ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, bajo el n° 2646, y posteriormente ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, bajo el no. 4-1378, a cuyo fin se libre el pertinente oficio.

    20) Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa que bajo el número 10.120 se siguiera ante el Juzgado en lo Penal Económico no. 6 de esta ciudad contra Francisco Macri y Raúl Martínez.



    21) Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa que tramitara ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico no. 2 de esta ciudad contra Francisco Macri y Raúl Martínez por infracción a la Ley Penal Tributaria.

    22) Se libre oficio a la Dirección General Impositiva a los efectos de que se remita todas aquellas actuaciones labradas en vinculación con el pago de la pretensión fiscal por un monto de $ 7.044.345 con relación al hecho investigado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 2 aludido más arriba.

    23) Se libre oficio al Consejo de la Magistratura a los efectos de que se informe sin con motivo de alguno de los expedientes que aparecen vinculados con las decisión arribada por la Cámara Nacional de Casación Penal existen actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio político respecto de los magistrados Ana María C. Durañona y Vedia, Amelia Lydia Berraz de Vidal, Gustavo M. Hornos, César Osiris Lemos, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Gustavo Losada y Marcelo Ignacio Aguinsky.

    24) Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del recurso de hecho M 286 deducido por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal en los autos “Macri, Francisco y otro s/evasión fiscal -causa 2646- “existen actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio político respecto de los Dres. Guillermo A. F. López, Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez, quienes aparecen firmando junto con el Dr. Eduardo Moliné O´Connor el voto de la mayoría.

    25) Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del expediente “Magariños” existen actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio político respecto de los Dres. Guillermo A. F. López, Adolfo Roberto Vázquez, y Augusto C. Belluscio quienes aparecen firmando junto con el Dr. Eduardo Moliné O´Connor el voto de la mayoría.

    26) Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del expediente “Meller” existen actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio político respecto de los Dres. Guillermo A. F. López, Adolfo Roberto Vázquez, o Antonio Boggiano quienes aparecen firmando junto con el Dr. Eduardo Moliné O´Connor el voto de la mayoría.

    27) Se libre oficio al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe con relación a los juicios políticos que tuvieron lugar hasta la fecha, si en alguna oportunidad se decidió que los magistrados no podían ser sometidos a juicio político con motivo del contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron en tal sentido y acompañando además copia autenticada de las versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones correspondientes.

    28) Se libre oficio al Presidente de la Cámara de Senadores de la Nación a los efectos de que se informe con relación a los juicios políticos que tuvieron lugar hasta la fecha, si en alguna oportunidad se decidió que los magistrados no podían ser sometidos a juicio político con motivo del contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron en tal sentido y acompañando además copia autenticada de las versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones correspondientes.

    29) Se libre exhorto vía diplomática, o bien se instrumente de la forma en que esa Comisión disponga, al señor relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, con domicilio en 8-14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10, Switzerland (República Suiza), a los efectos de que se expida (i) acerca de si el trámite del juicio político al que se ve sometido el Dr. Eduardo Moliné O´Connor se ajusta a las normas consagradas al efecto por las Naciones Unidas y (ii) acompañe además copia de “Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura”.

    30) Se libre oficio a cada uno de los tribunales inferiores en que intervinieron en las causas que se somete a juicio político a mi defendido para que informen el plazo de tiempo empleado para dictar sentencia en las causas “Meller” y “Magariños”.

    31) Se libre oficio al titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8 a fin de requerirle tenga a bien remitir a esa comisión la causa no. 9618/01 caratulada “N.N. s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios” o, en su defecto, copia integra de la misma.

    32) Se oficie al tribunal arbitral de obras pública a fin de que sean remitidos a esa Comisión los siguientes expedientes: i) expediente no. 010711 ENTEL (e.l.); (ii) expte. TAOP No. 2346/98 con todos sus agregados y vinculados.-

    33) Se oficie al Ministerio de Economía (Dirección General de Asuntos Jurídicos) a fin de que sean remitidos los expedientes EXP-S01:0285493/2002 y Expte. no. 0288520-02.

    34) Se libre oficio al Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación a fin de que informe, con relación al reclamo de la empresa Meller S.A. -directamente vinculado a la causa objeto de investigación-, acerca de la totalidad de las actuaciones administrativas cumplidas con motivo de la pretensión de cobro de las acreencias que fueran reconocidas a dicha empresa, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de noviembre del 2002.

    35) Se libre requerimiento al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal No. 9, para que remita copias del expediente no. 40.522/95 caratulado “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Telefónica de Argentina SA s/contrato administrativo”, del cual resulta que ciertas obligaciones asumidas por ENTEL, similares a las resultantes del caso “Meller”, no deberían ser soportadas por el Estado Nacional sino por las empresas telefónicas privadas.

    36) Se oficie a El Derecho, con domicilio en Tucumán 1438, para que informe si el Dr. Juan Carlos Bonzón Rafart publicó un artículo El Derecho, tomo 187, pág. 566 y sgtes. comentando el fallo de Casación “Macri”, y que opinión formula en ese caso, artículo del cual se acompaña copia respectiva.-

    37) Se acompaña en la presente copia certificada del expediente N° 19.442/2003 que tramita por el Juzgado N° 2, Secretaría No. 3 en lo Contencioso Administrativo Federal “Meller S.A.- Meller Comunicaciones S.A.-UTE c/ PEN-LEY 25561 DTO 1570/01 214/02 (Caja Valores) s/ Proceso de Conocimiento Ley 25561. En caso de negarse su autenticidad se solicita oficio al Juzgado mencionado a fin de que remita el original o copia certificada del expediente.

    38) Se requiera de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y a la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, a los fines de que emitan un dictamen sobre los casos que son motivo de juzgamiento en base a los siguientes puntos:

    38.1) Si las decisiones en los casos “Macri”, “Meller” y “Magariños” se encuentran ajustadas a la letra de la Constitución y de la ley, sin perjuicio de la posibilidad de emitir alguna disidencia;


      1. Si las decisiones en los casos “Macri”, “Meller” y “Magariños” resultan razonables de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

      2. Si corresponde someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el contenido de las sentencias que éstos han dictado y con que alcances;

    39) Se cite a los siguientes testigos:

    • Ana María C. Durañona y Vedia, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, domiciliada en Comodoro Py 2002, de esta Ciudad.

    • Amelia Lydia Berraz de Vidal, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, domiciliada en Comodoro Py 2002, de esta Ciudad.

    • Gustavo M. Hornos, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, domiciliada en Comodoro Py 2002, de esta ciudad.

    • César Osiris Lemos, Juez del Tribunal en lo Penal Económico n 2, domiciliado en Comodoro Py 2002.-

    • Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Juez del Tribunal en lo Penal Económico no. 2, domiciliado en Comodoro Py 2002.-

    • Gustavo Losada, Juez del Tribunal en lo Penal Económico n° 2, domiciliado en Comodoro Py 2002.

    • Marcelo Ignacio Aguinsky, Juez del Juzgado en lo Penal Económico no. 6, domiciliado en Av. De los Inmigrantes 1950.

    • Jorge L. Landaburu, abogado, con domicilio en 25 de Mayo 555, 16° piso. Capital Federal.

    • Luis A. Rodríguez, abogado, cuyo domicilio deberá requerirse al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

    • Alejandro Carrió, abogado, domiciliado en 25 de mayo 555, Piso 16.

    • Ricardo Gil Lavedra. Abogado, domiciliado en Avda Santa Fe 1643, Piso 1°.

    • Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para que explique porque remitió una nota a la Corte Suprema explicando que había un juez de la nación que había firmado un dictamen, con domicilio en Esmeralda y Arenales.

    • Al titular de la Defensoría General de la Nación, Callao 970 de esta ciudad.

    • Dr. Juan Carlos Bonzon Rafart, cuyo domicilio deberá requerirse al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.-

    • Rodolfo Barra, abogado con domicilio en Avda. Corrientes 316 Primer Piso de esta ciudad.

    V

    NATURALEZA DEL JUICIO POLITICO Y FUNCION DE LA COMISIÓN DE JUICIO POLITICO

    Las manifestaciones públicas vertidas por varios diputados, por integrantes de la Comisión de Juicio Político, por el señor Presidente e, inclusive, por algunos funcionarios del órgano ejecutivo del Gobierno nacional, ponen de relieve un desconocimiento preocupante, desde la óptica constitucional, sobre la naturaleza del llamado “juicio político” y sobre las funciones que desempeña aquella Comisión.

    Desconocemos si tales expresiones responden a una finalidad de política agonal incompatible con el curso de este procedimiento, o si fueron formuladas para satisfacer requerimientos de algún funcionario público, o para confundir a la ciudadanía, buscando un anticipado consenso al resultado pretendido. Pero, cualquiera que fuera la real motivación, se impone la necesidad de precisar jurídicamente qué es el “juicio político” y cuál es la función de la Comisión de Juicio Político.

    Solicitamos se nos excuse si incurrimos en alguna reiteración de conceptos vertidos en ocasión del procedimiento seguido ante la misma Cámara en el año 2002, pero ello resulta ineludible para asegurar en plenitud, en estas actuaciones, el ejercicio de legítima defensa.

    El mecanismo establecido por los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus cargos, o por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, o por la comisión de delitos comunes.

    Si bien la Ley Fundamental no designa a ese procedimiento con el rótulo de “juicio político”, ha sido aceptado por la generalidad de la doctrina y en la práctica congresual. En efecto, el artículo 59 alude a un “juicio público” y no a un “juicio político”.

    Los antecedentes mediatos de este procedimiento los encontramos en el juicio de residencia de la época colonial y en el impeachment inglés, aunque presenta importantes diferencias con ellos.

    El juicio de residencia consistía en una investigación impuesta por el derecho indiano al cual quedaban sujetos los virreyes, gobernadores y magistrados coloniales cuando concluían sus funciones. Se fundaba sobre el principio de responsabilidad inherente a toda función de gobierno, y como un freno necesario para obligarlos a estar atentos y ajustados a sus deberes (conf. Joaquín V. González, “Manual de la Constitución Argentina”, pág. 501, Ed. Estrada, Bs. As. 1983).

    A diferencia del juicio político, el juicio de residencia era ineludible. Se trataba de una verdadera rendición de cuentas que se llevaba a cabo para determinar la eventual responsabilidad de los ex funcionarios. En cambio, el juicio político constituye un “antejuicio” que apunta a la destitución del funcionario que está en ejercicio de su cargo con prescindencia de la verificación de una eventual responsabilidad jurídica (conf. Germán Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T.II, pág. 189, Ediar, Bs. As. 1986), que está sujeta a la consideración excluyente del Poder Judicial.

    El impeachment inglés, que comenzó a ser aplicado en 1376, consistía en la acusación formulada contra un individuo por la Cámara de los Comunes ante la Cámara de los Lores, con motivo de conductas consideradas opuestas a los intereses del Estado. Se utilizó para separar de sus cargos a los ministros de la Corona, por cuanto no era aplicable al monarca ni a los jueces. Su tramitación solamente estaba condicionada a circunstancias de orden político relacionadas con el manejo de los negocios públicos. Esta, seguramente, fue la razón por la que dejó de aplicarse desde 1805, cuando se consolidó en Gran Bretaña el régimen de gabinete, que determina la renuncia solidaria de sus integrantes por el simple hecho de no obtener un voto de confianza o ser objeto de un voto de censura por la Cámara de los Comunes, procedimiento coherente en el marco de un sistema parlamentario para concretar la destitución (conf. Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, T. IX, pág. 457, Plus Ultra, Bs. As. 1977/1988).

    En cambio, el llamado juicio político, es una institución propia de los Estados que tienen una organización ejecutiva de tipo presidencial. Mediante él no se hace efectiva la responsabilidad política solidaria propia del sistema parlamentario, como tampoco la responsabilidad jurídica por la comisión de hechos delictivos, que está reservada explícitamente al Poder Judicial.

    Nuestros constituyentes, al incluir el llamado juicio político, se basaron sobre el texto constitucional de los Estados Unidos que, a su vez, se inspiró en el impeachment inglés, aunque adecuándolo al sistema presidencialista. Como se trata de un juicio donde se considera la responsabilidad política del funcionario en función del principio de idoneidad requerido por el artículo 16 de la Ley Fundamental, resulta razonable que el juzgamiento se atribuya a un órgano político y representativo, y que el fallo condenatorio se limite a producir la destitución del acusado y, eventualmente, su inhabilidad para ocupar cargos públicos en el futuro.

    Pero esa responsabilidad no tiene carácter absoluto, porque solamente puede basarse sobre algunas de las tres causales que prevé el artículo 53 de la Constitución.

    Si bien las razones que motivan la sustanciación de un juicio político no son susceptibles de revisión judicial si se basan sobre algunas de esas causales, el pronunciamiento condenatorio que emane del Senado queda sujeto al control del Poder Judicial en la medida que configure la violación sustancial de algunas de las garantías y derechos que la Constitución reconoce a todos los habitantes del país (conf. Fallos C.S. 308:961), y otro tanto respecto del proceso instructorio.

    El carácter político que se atribuye a este procedimiento, no responde a una concepción de política agonal, sino de alta política arquitectónica, que queda sujeta al imperio de la ley. El sólo hecho de que tal procedimiento esté impuesto por una ley –la Constitución-, quiere decir que no puede transitar por carriles políticos arbitrarios, sino de conformidad a los preceptos legales.

    Resulta ilustrativo que, en los Estados Unidos, cuando se aplica este procedimiento, la Cámara de Representantes se designa como “Grand inquest of the Nation”, y al Senado como “High Court of Impeachment”. Es que, las etapas inquisitorias anteriores a la acusación, y la propia acusación, son por su naturaleza una función judicial que la Constitución asignó al Congreso (conf. Bernard Schwartz, “Los poderes del Gobierno”, T. I, pág. 150, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1966) y que, por ende, debe ser ejercida preservando los derechos y garantías de tipo jurisdiccional que, la Constitución federal y los tratados internacionales sobre derechos humanos, reconocen con meridiana claridad.

    Si el procedimiento no se adecua a tales reglas, estará al margen de la Constitución careciendo de toda validez. Así, Sánchez Viamonte enseñaba que el juicio político aplicado a los magistrados judiciales es “una institución judicial para quienes ejercen el poder jurídico mediante la aplicación de la ley” (“Manual de Derecho Constitucional Argentino”, pág. 278, Kapelusz, Bs. As. 1958).

    Está claro que, esa referencia, no tiene vigencia tan sólo cuando la Cámara de Diputados formula su acusación, y cuando el Senado asume el rol de tribunal judicial. Se extiende a todo el procedimiento del juicio político, que arranca cuando la Comisión de Juicio Político resuelve abrir la instancia instructoria que prevé el artículo 12 de su Reglamento Interno. Es que, “mal podría sostenerse que el enjuiciamiento de los jueces puede hacerse discrecionalmente y librado al arbitrio de las Cámaras legislativas”, porque, en tal hipótesis, el juicio político dejaría de “servir a su elevada finalidad institucional con que ha sido concebido, subvirtiéndose y desnaturalizándose, cuando interfiere con el no menos importante principio de la división de los poderes, acertadamente reputado como el baluarte de la libertad civil y política. Asimismo, el juicio político contradice los propósitos que lo inspiran, cuando sirve de instrumento a la pasión, a la baja política, a la venganza o no se respetan en su tramitación de resolución los sagrados mandatos de la justicia y la seguridad jurídica del individuo” (Segundo V. Linares Quintana, ob. cit., págs. 454 y 456).

    En sentido similar, se pronuncian, en orden al estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso legal, Germán Bidart Campos (ob. cit., pág. 188) y Humberto Quiroga Lavié (“Constitución de la Nación Argentina Comentada”, pág. 291, Zavalía, Bs. As. 2000).

    El procedimiento del llamado juicio político comienza cuando, la Comisión de Juicio Político procede “a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario” (art. 12 del Reglamento Interno). Abrir la instancia, mediante la sustanciación del sumario, significa el inicio de una etapa de instrucción, que concluye con el despacho que emite la Comisión (conf. Humberto Quiroga Lavié, ob. cit., pág. 301).

    Tal temperamento fue compartido por la Comisión cuando, en su nota del 18 de marzo de 2002, accedió parcialmente al pedido de prórroga formulado por nuestro mandante, citando el artículo 346 del Código Procesal Penal.

    Aceptando este punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar el 31 de enero de 2001 la sentencia N° 71, expresó que toda denuncia o queja “formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esta etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa" (consid. 74). Añadió que, a su criterio, constituía una irregularidad que, los legisladores que hubieran cuestionado el funcionamiento del Tribunal Constitucional del Perú, "luego participaron en las diferentes comisiones y subcomisiones que se nombraron en el proceso en estudio" (consid. 78).

    Es un procedimiento, si se quiere, de carácter mixto. Es político por la naturaleza de las causales constitucionales que lo impone, y porque es un órgano político el que interviene en su sustanciación. Pero. esa naturaleza política, reiteramos, no se relaciona con el concepto de política agonal al cual es tan proclive la clase política. No se relaciona con los fenómenos de conquista y conservación del poder, sino con el concepto de política arquitectónica (Juan Francisco Linares, “La política como técnica social”, Revista Jurídica de Buenos Aires 1962, pág. 220; Maurice Duverger, “Introducción a la política”, pág. 16, Ariel, Barcelona 1964).

    Pero también tiene naturaleza jurídica porque no configura una atribución discrecional del Congreso, sino sujeta a los límites establecidos por la Constitución. No solamente respecto a su estructuración en los artículos 53, 59 y 60 de la Ley Fundamental, sino también en orden a la rigurosa aplicación y respeto de todos los derechos y garantías individuales que ella establece, y que han sido objeto de reglamentación por los tratados internacionales sobre derechos humanos previstos en su artículo 75, inciso 22.

    De manera que, aunque la sustanciación esté a cargo de un órgano político -el Congreso- su curso debe ajustarse estrictamente a las normas jurídicas que tutelan los derechos humanos, tal como lo enseñaba Carlos Sánchez Viamonte (ob.cit.), que le asignan una naturaleza jurídica. Y, asimismo, cuando involucra a magistrados judiciales, reviste el carácter de una institución judicial. Tales circunstancias determinan que el actual procedimiento revista carácter jurisdiccional y no meramente político. Asimismo, si bien no es susceptible de reglamentación mediante una ley, pues abarca atribuciones constitucionales propias y diferentes de cada Cámara del Congreso, sí es susceptible de ello en virtud de una reglamentación interna.

    A tal fin, responden el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento Interno de la Comisión que Usted preside. En ambos, encontramos disposiciones regulatorias del procedimiento que estamos cursando. Ellas son lo suficientemente amplias y genéricas como para avalar la postura que hemos expuesto en orden a su carácter jurídico y judicial. Ninguna de ellas presenta el rigor propio de las normas procesales de índole penal o civil, de manera que la interpretación de aquellas no puede quedar sujeta a las limitaciones provenientes de estas últimas. Por el contrario, ellas deben ser interpretadas en función de los principios teleológicos que inspiran a la Constitución Nacional: la libertad y dignidad de la persona humana como valor supremo de la organización política global. Principios que, inclusive en caso de duda, avalan la aplicación del principio “in dubio pro libertate” cuando entramos a debatir el alcance de los derechos y garantías de los individuos (Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de Interpretación Constitucional”, pág. 273 y sig., Abeledo Perrot, Bs. As. 1998).

    En síntesis, el “juicio político” que regula la Constitución Nacional en su articulado, tiene carácter jurisdiccional y, en el curso de su sustanciación que se inicia en el ámbito de la Comisión de Juicio Político, tanto ella como las Cámaras del Congreso carecen de potestades absolutas, arbitrarias, discriminatorias o discrecionales en orden a sus efectos.

    Ese procedimiento, que ni siquiera recibe la denominación de “juicio político” en la letra de la Ley Fundamental, sino de “juicio público” (art. 59 C.N.), es una excepción al principio general que concentra la actividad jurisdiccional del Estado en el Poder Judicial y, como toda excepción, debe ser objeto de una interpretación restrictiva (conf. Segundo V. Linares Quintana, ob. cit., págs. 579 y sig.). Interpretación restrictiva que, en modo alguno, permite soslayar los principios y garantías que conforman el debido proceso legal. Ni por parte de la Comisión de Juicio Político, en su carácter de instructor; ni de la Cámara de Diputados, en su condición de fiscal; ni por el Senado en su papel constitucional de juez.

    El carácter jurisdiccional del “juicio político”, proviene del hecho de estar regulado en la Constitución Nacional, que no puede ser objeto de interpretaciones aisladas o fragmentarias de sus contenidos, sino de una interpretación sistemática. De una regla hermenéutica que la considere como un conjunto de preceptos inescindibles cuyo significado debe resultar de un análisis armónico de todas las partes de su texto (conf. Segundo V. Linares Quintana, ob. cit., pág. 401 y sig.).

    Tal circunstancia determina que, en el “juicio político”, se apliquen todas las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos a las personas que están sujetas a cualquiera de las manifestaciones del poder jurisdiccional del Estado. Los jueces, la Comisión que Usted preside y las cámaras del Congreso, jamás pueden desconocer tales garantías a menos que se decida dejarlas sin efecto mediante la reforma de la Constitución conforme al sistema de su artículo 30, o a la denuncia de los tratados sobre derechos humanos en la forma prevista por su artículo 75, inciso 22.

    Sin embargo, y tal como se describirá a continuación, la actuación desplegada por la Comisión de Juicio Político ha desconocido los principios más elementales constitutivos del debido proceso legal apartándose, inclusive, de la doctrina impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictar la sentencia N° 71 del 31 de enero de 2001. Sentencia que, como ya hemos dicho, impone la aplicación de las reglas del debido proceso legal en los pedidos de remoción de magistrados judiciales.

    Solución, esta última, que se adecua plenamente a los principios expuestos en el artículo 18 de la Constitución federal y en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Precisamente, esta última impone el deber de conceder a todo inculpado el tiempo y los medios adecuados para su defensa, y que se presuma su inocencia hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad.

    Conforme a manifestaciones vertidas por integrantes de la Comisión de Juicio Político y otros diputados, aquellas garantías no serían exigibles en el marco de la instrucción de un “juicio político”. Ello sería así porque, la decisión de remover a nuestro representado estaría respaldada por una suerte de “clamor popular” reflejado en presuntas encuestas de opinión. Nada más inexacto en el marco de un sistema constitucionalista sobre el cual se asienta el Estado de Derecho, como figura opuesta al Estado de Policía.

    Sobre el particular, en el célebre caso “Horta c/ Harguindeguy” (Fallos C.S. 137:47), nuestra Corte Suprema de Justicia destacó que “la doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo, es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas que las que ya le ha otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el art. 30 de la Constitución. Entretanto, ni el legislativo ni ningún departamento del gobierno pueden ejercer lícitamente otras funciones que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquéllas. Cualquiera otra doctrina es incompatible con la Constitución, que es la única voluntad popular expresada en dicha forma”. Y, si esta conclusión no complace a los miembros de la Comisión de Juicio Político debido a la naturaleza del órgano que la emitió, de todas maneras deben acatarla fielmente en función de la doctrina vinculante expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dictó la ya citada sentencia N° 71 del 31 de enero de 2001.

    VI

    NULIDADES E IMPUGNACIONES

    El procedimiento sustanciado hasta el presente contiene numerosas irregularidades determinantes de su nulidad, cuya declaración desde ya se solicita.

    No nos corresponde analizar si ellas son fruto de la negligencia o de la forma precipitada que se gestó este “juicio político” para nuestro mandante, o si esto último respondió a un diseño concebido en concurrencia con funcionarios del Poder Ejecutivo, que tomaron indisimulada injerencia en un procedimiento estrictamente legislativo.

    Cabe, en cambio, puntualizar algunas irregularidades que tornan nulo de nulidad absoluta a este procedimiento.

    A

    ES INVIABLE LA REMOCION DE LOS JUECES EN RAZON DEL CONTENIDO DE SUS SENTENCIAS

    La totalidad de los cargos formulados respecto de nuestro mandante, aluden al contenido de sus votos en ciertas sentencias y resolución emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Se hace mención de presuntos criterios jurídicos contradictorios; en el desconocimiento de ciertas normas jurídicas; y hasta de una finalidad política encubierta. Son, todas ellas, apreciaciones subjetivas que, al margen de no ser veraces, carecen de toda entidad para fundamentar la sustanciación de un juicio político.

    En modo alguno puede, algún órgano legislativo, juzgar el acierto o el error de las resoluciones judiciales. En estos años de normalidad institucional, en innumerables ocasiones hemos asistido al impulso de juicios políticos con motivo de las opiniones sustentadas por los jueces en sus fallos. Reclamar la existencia de un Poder Judicial independiente y solicitar la remoción de un magistrado por el criterio sostenido en una sentencia es una contradicción en los términos. Es que, la independencia del juez se vincula, inescindiblemente, con la imposibilidad de invocar el sentido de sus pronunciamientos como causal de mal desempeño.

    De no ser así, las sentencias dictadas no serían el reflejo del libre pensamiento de los jueces sino del que sustentan los órganos de control (llámese el Congreso, para los jueces de la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento, para el resto de los magistrados), conclusión que demuestra, con su mero enunciado, lo insostenible de los principios que conducen a ella. Sólo sería admisible, en este esquema, lo que opinan las cámaras del Congreso o el Jurado de Enjuiciamiento, para interpretar la Constitución y las leyes. Función que, constitucionalmente, ha sido reservada al Poder Judicial.

    En esta línea de pensamiento se enrola el juez Marcos A. Grabivker, al sostener que la independencia de los jueces para resolver los casos que les son sometidos a juzgamiento ha sido un principio cardinal y estratégico en la construcción de nuestro sistema de organización política. El mencionado sistema se cimenta sobre ciertas pautas, entre las cuales figura la libertad de decidir sin presiones, influencias o coacciones provenientes de los otros poderes del Estado. Cita el caso "Bradley vs. Fischer" (80 US (13 Wall) 335 de 1871), en el cual la Suprema Corte de los Estados Unidos destacó que "un juez debe ser libre para juzgar según sus convicciones personales sin temor que ello le podrá acarrear consecuencias personales", y que "el cuestionamiento de las bases jurídicas de un fallo atenta contra la independencia del juez".

    Añade que, igual temperamento, fue adoptado por la Unión Internacional de Magistrados en la conferencia celebrada en Río de Janeiro en marzo de 1995; el Estatuto del Juez Iberoamericano; el Estatuto del Juez Europeo, aprobado en Sevilla en 1992; por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1985, mediante la Resolución 40/144 de su Asamblea General; por el reporte de la Comisión de División de Poderes e Independencia Judicial de la American Bar Association el 4 de julio de 1997 ("Remoción de Magistrados-Pretensión de decidir la apertura del procedimiento en razón del contenido de las sentencias", La Ley 1999-F-905).

    Por cierto que este principio no es extraño a la doctrina del Congreso de la Nación , a la que se ha aludido supra y a la que aquí cabe remitirse para evitar repeticiones innecesarias.

    Nunca en Estados Unidos se llegó al extremo de remover a un juez solo por el contenido de sus sentencias. En 1805 el Congreso llegó a acusar al Justice Samuel Chase por su decisión en el caso de la “Alien and Sedition Act” (2 U.S. 137 [1803]) pero el Senado correctamente lo absolvió. Tal como señaló Stephen Burbank al testificar ante la Comisión:

    “Desde la conclusión del procedimiento contra el Juez Samuel Chase hasta el presente la opinión generalizada que incluye a muchos funcionarios de las ramas políticas es que la invocación del procedimiento de juicio político no es una respuesta apropiada para contrarrestar decisiones judiciales no populares”.

    Y en abril de 1996 el Chief Justice Rehnquist, en una conferencia en la American University, señaló que el caso de Justice Chase daba “la seguridad al poder judicial que los actos judiciales, sus decisiones no serían la base para removerlos de sus oficinas a través de un juicio político y que ese había sido el principio rector en la Cámara de Diputados y en el Senado desde ese día hasta la fecha”.

    En síntesis, 200 años de precedentes avalan la tesis de que no es posible someter a jueces a un procedimiento de juicio político solo por el contenido de sus sentencias.

    Por otra parte es muy difícil para los jueces explicar sus propias sentencias. El juez habla a través de sus sentencias y por una cuestión ética le es muy difícil hacer comentarios extrajudiciales sobre lo que ha resuelto. Pero a los poderes políticos les corresponde entonces acatar las decisiones de la justicia, no atacarlas.

    Un claro ejemplo de liderazgo lo encontramos con el caso de Nelson Mandela. Cuando la Corte Suprema de Sudáfrica declaró contrarios a derecho una serie de delegaciones de facultades que el congreso de ese país había hecho en el Presidente Mandela, éste declaró que la Corte había dado la última palabra y que al Ejecutivo sólo le cabía obedecer su decisión (Stephen Bright, “Political attacks on the judiciary: Can justice be done amid efforts to intimidate and remove judges from office for unpopular decisions?” en New York University Law Review, Vol. 72, p. 308, 1997).

    En tal sentido, Enrique Hidalgo, destaca que la Comisión de Juicio Político resolvió que "si el Congreso de la Nación pretendiera imponer su punto de vista respecto de cada cuestión susceptible de diversa opinión, grande sería el daño a la magistratura, tanto por la pérdida de respeto, crédito y solemnidad que ésta sufriría, como por cuanto sería ilusoria la independencia de aquel Poder para adoptar decisiones conforme a derecho según su ciencia y conciencia (siempre dentro del marco de razonable opinabilidad que presenta la materia jurídica, y mientras no se pueda presumir que la opinión dada no corresponde al leal pensamiento del magistrado, sino que ella es interesada por pasiones o intereses económicos u otra razón que desvirtúe la magna función de impartir justicia). Y esto no es baladí, y por eso desde antiguo se lo ha respetado como un principio liminar de las sociedades justas, y así se dijo que "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, carece de constitución" (art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789) ("Controles constitucionales sobre funcionarios y magistrados", pág. 120, Ed. Depalma, Bs.As. 1997).

    Sobre la misma base, el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados de la Nación, tiene resuelto que, "Si el juez resolvió la pretensión dentro de un marco razonablemente compatible con la legislación aplicable, más allá de su acierto o error, su actuación no traduce un apartamiento del regular desempeño jurisdiccional, en los límites y con el alcance provisional de la decisión adoptada: medida cautelar" (Causa N° 3).

    También destacó que "Así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por opiniones que emita en desempeño de su mandato; ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de la separación de poderes" (Causa N° 3).

    Por su parte, el Consejo de la Magistratura, al dictar la Resolución N° 212/01 recaída en el expediente N° 89/2001, del 11 de julio de dicho año, desestimando la denuncia formulada contra el Dr. Roberto Falcone, destacó que "...reiteradamente se ha dicho que debe procurarse evitar que se utilice la solicitud de sanciones disciplinarias o inclusive la amenaza de juicio político, como herramientas para condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, lo cual constituye un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos judiciales". Tras citar fallos atinentes a la independencia del Poder Judicial y dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos C.S. 305:113 y 305:1751), añadió que "No cabe, pues, por la vía de una denuncia de la índole de la examinada en el presente expediente, cercenar la libertad de deliberación y decisión de que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento".

    En igual postura se inscribe María Angélica Gelli (“Constitución de la Nación Argentina”, pág. 696, Ed. La Ley, Buenos Aires 2001).

    Consideramos un grave atentado contra la independencia del Poder Judicial que se pretenda revisar el criterio con el cual son falladas las causas por los magistrados del Poder Judicial. De ser así, siempre pendería sobre los jueces la amenaza de enjuiciamiento, con lo que su libertad de decisión se vería coartada pues no tendrían que decidir según su criterio sino compulsando el que pudieran sustentar los integrantes del Congreso, cuya función en un régimen republicano de división de los poderes no es la de juzgar.

    Si el criterio que objetamos se consagrara, ello significaría lisa y llanamente el fin de la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes del Gobierno. El fin de la independencia del Poder Judicial es el fin del régimen republicano de gobierno que consagra la Constitución. Así lo expresó hace ya más de dos siglos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toute société dans laquelle la garantie des droits n´est pas assurée, ni la séparation des pouvouirs déterminée, n´a point de constitution” (Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución).

    Ese criterio ha sido recientemente señalado por organismos internacionales.

    Así, el 19 de febrero de 2002, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se dirigió al Representante Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, embajador extraordinario y plenipotenciario Horacio Emilio Solari, a fin de llamar la atención del Gobierno argentino sobre las normas contenidas en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, particularmente los arts. 1 y 17, que dicen así:

    “1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

    “17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario”.

    Por su parte, el Grupo Iberoamericano de Trabajo de la Unión Internacional de Magistrados se reunió durante el año 2002 en la ciudad de Asunción, con asistencia de delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Uruguay, y acordó que “la independencia del poder judicial –prevista en beneficio de la sociedad y no de los jueces, y fundamental para la vigencia del estado de derecho- se sustenta esencialmente en la garantía de la inamovilidad y en el ejercicio de la magistratura sin restricciones, influencias, amenazas, presiones e intromisiones indebidas” (considerando 1°) y que “afectan dichos principios las iniciativas genéricas e improvisadas, como … el juicio político a magistrados por el contenido de sus sentencias (considerando 2°), resolvió lo siguiente:

    1°) Rechazar del modo más enérgico las iniciativas referidas, que se oponen a los postulados de estas organizaciones internacionales que promueven especialmente la independencia judicial.

    2°) Constituir una comisión integrada por las asociaciones de magistrados de Brasil, Costa Rica, Chile, España, México y Portugal a fin de que siga la evolución de la situación planteada e informe a este Grupo Iberoamericano de U.I.M.

    3°) Poner en conocimiento del Comité de Presidencia de la Unión Internacional de Magistrados y, por su intermedio, a su Consejo Central, el caso de referencia.

    4°) Adoptar las medidas necesarias para que, en su caso, intervengan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité para el Resguardo de la Independencia Judicial de las Naciones Unidas”.

    La disconformidad expuesta por algunos miembros de la Comisión o denunciantes, acerca del contenido jurídico de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de los votos emitidos por nuestro representado, en modo alguno son causal suficiente para la sustanciación de estas actuaciones. Y, en cuanto a las motivaciones de índole extrajurídica que le fueron atribuidas, son notoriamente falsas. Se basan sobre juicios de valor de aquellos por el sólo hecho de no haber acogido sus intereses políticos o jurídicos. Sobre el particular, y con referencia a la amenaza del "juicio político", Grabivker destaca que "Es especialmente lamentable -como se ha demostrado en la experiencia- que aquella herramienta de presión sobre los jueces sea utilizada, también, por algunos hombres políticos que, incluso, desempeñan funciones públicas en los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales, actuando así sólo por razones o intereses partidarios, por supuestas "razones de Estado", o aun por mezquinos intereses personales" (ob.cit.).

    En igual sentido, advirtiendo este riesgo, Segundo V. Linares Quintana escribe que, el juicio político, "deja de servir a su elevada finalidad institucional con que ha sido concebido, subvertiéndose y desnaturalizándose, cuando interfiere con el no menos importante principio de la división de los poderes, acertadamente reputado como el baluarte de la libertad civil y política. Asimismo, el juicio político contradice los propósitos que lo inspiran, cuando sirve de instrumento a la pasión, a la baja política, a la venganza o no se respetan en su tramitación de resolución los sagrados mandatos de la justicia y la seguridad jurídica del individuo" (ob. cit., pág. 456).

    Ese principio ha sido violado por la Comisión de Juicio Político que, sin atender a la Constitución (la Corte es Suprema, en el sentido de que es la máxima autoridad que interpreta el derecho) y a la ley (no se puede sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias, art. 14 ley 24.937) han sometido a hostigamiento y presión al Presidente de la Corte, obligándolo a renunciar y ,en la consecución de un plan anunciado homogéneamente por todos los periódicos del país, han formulado cargos contra el Dr. Moliné O´Connor por sus opiniones en ciertos fallos.

    B

    VICIOS EN LA FORMACION DE LA COMISIÓN DE JUICIO POLITICO

    En el Libro de Actas de la Comisión (fs. 86), resulta que ella estaría integrada por 31 personas. Si bien, entre los diputados presentes y ausentes se llega al número de 30, en esa oportunidad -29 de mayo de 2003- se destaca que la vacante producida por la renuncia del diputado Sergio Acevedo será cubierta por el diputado Gerardo Conte Grand.

    A fs. 89, el 5 de junio de 2003, se deja constancia que “concurren además los señores diputados Obei y Conte Grand quienes integrarán la Comisión en reemplazo de los diputados Acevedo y Díaz Bancalari”. En la nómina de los 30 legisladores presentes y ausentes no figuran los nuevos miembros, pero sí Díaz Bancalari. Al margen que el apellido de uno de los diputados entrantes es Obeid y no “Obei”, éste aparece reemplazando al diputado Acevedo que, a fs. 86, ya había sido sustituido por el diputado Conte Grand.

    A fs. 91, el 12 de junio de 2003, la nómina de los diputados presentes y ausentes es de 30 y, en ella, prosigue figurando Díaz Bancalari y no Obeid y Conte Grand, pese a que se deja constancia que asistieron a la reunión con otros diputados que no la integran: “Daniel Esain, Alberto Natale, Atilio Tazzioli, Franco Caviglia, Carlos Sonegui y Guillermo Cantini”.

    A fs. 94, el 19 de junio de 2003, el total de diputados presentes y ausentes prosiguió siendo de 30 con inclusión de Díaz Bancalari y sin mención de Conte Grand y Obeid.

    A fs. 99, el 26 de junio de 2003, el total de miembros presentes y ausentes se elevó a 31 porque, en la nómina, fueron incluidos los diputados Obeid y Conte Grand y excluido el diputado Díaz Bancalari. Igual situación se había registrado a fs. 98 el 25 de junio de 2003.

    A fs. 105, el 3 de julio de 2003, la nómina de diputados presentes y ausentes es de 32 porque se vuelve a mencionar al diputado Díaz Bancalari y se incluyen a los diputados Obeid y Conte Grand. De manera que, reemplazado y reemplazante, figuran como miembros de la Comisión. Se trata de una irregularidad operada en la reunión donde fueron enunciados cuatro expedientes declarados admisibles para la sustanciación de los sumarios respecto de nuestro representado.

    A fs. 108, el 10 de julio de 2003, oportunidad en la que se resolvió correr traslado de los cargos a nuestro mandante, la nómina de diputados presentes y ausentes fue de 32 estando incluidos los reemplazantes Obeid y Conte Grand, así como también el reemplazado Díaz Bancalari.

    Del Libro de Actas de la Comisión solamente resulta la renuncia presentada por Sergio Acevedo, pero no la de Díaz Bancalari que, conforme a fs. 89, habría sido reemplazado por el diputado Conte Grand. Pero, el hecho de proseguir figurando Díaz Bancalari como miembro de la Comisión, mal resultaba admisible asignar esa calidad al diputado Conte Grand que estuvo presente en las reuniones de fs. 105 y 108 avalando las decisiones adoptadas respecto de nuestro representado.

    Este vicio, resultante de la irregular integración de la Comisión de Juicio Político determina, necesariamente, la nulidad de las decisiones adoptadas a fs. 105 y 108 por participar en ellas un diputado designado en reemplazo de otro –Díaz Bancalari- que prosigue figurando como miembro de la Comisión.

    C

    DEFECTOS DE TRAMITACION Y PRORROGA DE PLAZO

    Reiteradas declaraciones periodísticas de legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo, que reproducen profusamente los medios de comunicación, expresan que “el juicio político fracasó el año pasado porque fue dirigido contra la Corte en su totalidad, por eso ahora se dirige contra cada uno de los jueces de manera individual”. Estas afirmaciones, expuestas inclusive por el Presidente de la Comisión, revelan que se persigue idéntico objetivo al citado el año pasado: remover a todos o casi todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero mediante un “efecto dominó”.

    Los señores legisladores seleccionaron, en principio, tres causas sobre las que se pronunció la Corte Suprema de Justicia: “Meller”, “Macri” y “Magariños” y, careciendo de toda autoridad sobre el particular, "juzgó" que desaprobaba los fallos del Tribunal y que, el hecho de haberlos suscripto, configuraría una causal de mal desempeño del cargo. Quienes dictaminaron o votaron en tales casos contradiciendo la línea de pensamiento de los denunciantes y miembros de la Comisión, además de nuestro mandante y el Dr. Nazareno -quien renunció a su cargo de juez de la Corte- son los ministros Belluscio, Vázquez, López y Boggiano. A ellos, se añade el Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra.

    Una vez seleccionados los fallos, el paso siguiente fue el de "seleccionar a los jueces" de manera individual para ocultar el fin perseguido: la remoción colectiva. Así, la primera elección recayó sobre el ministro Fayt quien, oportunamente, presentó sus descargos. La segunda sobre el Dr. Nazareno y la tercera sobre nuestro representado.

    Inmediatamente, y conforme a las declaraciones de algunos legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo, se proseguirá con otros jueces y el Dr. Becerra tal como, en el curso del corriente mes, fue informado por diversos medios de prensa.

    Analizando las recientes publicaciones del diario La Nación, advertimos:


    1. Por cadena nacional, el presidente de la República "pidió remociones en la Corte. Reclamó al Congreso que acelere los enjuiciamientos contra algunos miembros del máximo tribunal” (5 de junio, pág. 8).

    2. "El gobierno espera un efecto dominó. Si cae Nazareno, el oficialismo cargará contra el resto de la mayoría automática" (19 de junio, pág. 6).

    3. "Analizan los siguientes pasos contra la Corte. Diputados espera un gesto de Kirchner" (26 de junio, pág. 6).

    4. "Beliz, contra Moliné O´Connor y López" (29 de junio, pág. 10). A la pregunta "¿Coincide con quienes dicen que Moliné O´Connor fue el cerebro de la mayoría automática?", Beliz contestó: "No sé, ni siquiera lo conozco. Pero me alegra que muchos legisladores estén pensando que las causales que investigaron sobre Nazareno no deben archivarse". Singular premonición porque, los tres expedientes en que se formulan cargos a nuestro mandante, también fueron fuente de cargos para el Dr. Nazareno. Además la decisión de no archivar, citada por Beliz, se hizo efectiva por la Comisión de Juicio Político el 3 de julio (fs. 105 del Libro de Actas).

    5. El día 29 de junio, en las págs. 16 y 17, se publicó un aviso de propaganda de la Presidencia de la Nación donde, entre los logros que habría conseguido el Presidente de la República en sus primeros treinta días de gobierno, figura: "Solicitud de enjuiciamiento político a miembros de la Suprema Corte de Justicia".

    6. "Comenzó el enjuiciamiento a Moliné. La Comisión de Juicio Político de Diputados lo anunció luego de una llamada de Kirchner; hay cuatro causas en su contra" (4 de julio, pág. 6).

    7. "Beliz acusó a Moliné O´Connor de dictar fallos oscuros y opacos" (12 de julio, pág. 8).

    En otras publicaciones se advierte:

    8) "El discurso de Kirchner apuntó contra Nazareno, y Diputados reaccionó como un resorte para iniciarle juicio político. El jefe de la Corte es el primer objetivo, pero no el único. También está en la mira Moliné O´Connor" (Clarín, 8 de junio).

    Tales publicaciones y las declaraciones que reflejan de los diversos protagonistas políticos, ponen en evidencia la existencia de un plan concebido para concretar la separación de todos o casi todos los jueces de la Corte Suprema. Plan, cuya ejecución fue dispuesta desde la Presidencia de la Nación y acatada dócilmente por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juicio Político.

    La realidad descripta por los medios de prensa demuestra que, lamentablemente, se está incurriendo en una violación del régimen republicano de gobierno mediante la deliberada y organizada intromisión arbitraria de los órganos ejecutivo y legislativo en el funcionamiento del Poder Judicial. Demuestra que no existen causales válidas para provocar la remoción de los jueces de la Corte por mal desempeño de sus funciones, sino la mera disconformidad con el funcionamiento independiente del Poder Judicial.

    Los efectos esenciales en la promoción del proceso de enjuiciamiento, se proyectan sobre la formulación de las imputaciones en tres causas judiciales. Como el agravio recae sobre los conceptos jurídicos vertidos en ellas, las imputaciones son comunes a todos los jueces que firmaron los fallos, pero sólo se parcializan para lograr debilitar la posición de cada magistrado de manera individual y no en función de actos o conductas particulares sino colectivas.

    Así, en el expediente 3033-D-03, caso "Meller", los cargos A y C son absolutamente genéricos e infundados. Se reprocha, "haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y haber abdicado del control de constitucionalidad. Por su parte, la imputación B se asemeja, sugestivamente, al fallo de un tribunal superior en grado al que dictó la sentencia, pero se suma una imputación que, por su mera formulación, agravia a las garantías constitucionales que preservan el principio de inocencia y de defensa en juicio. Imputaciones que ya fueron claramente expuestas por el presidente de la Comisión en las declaraciones que emitió para Infobae y que se difundieron el 27 de junio de 2003. Conforme a ellas, el imputado tiene el deber de probar su inocencia. Conclusión manifiestamente absurda en nuestro régimen legal.

    Produce verdadera preocupación que, una Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, enuncie como subsumible dentro del mal desempeño la admisión o desestimación de un recurso judicial. Pero más aun que lo haga destruyendo el principio constitucional de la inocencia amparándose en una "presunción" que no concreta en modo alguno. Así, como la sentencia no es del agrado de los legisladores, se "presume" que el juez actuó por "otros intereses". Pero ¿cuáles son esos "intereses"?, y ¿sobre qué bases se los "presume"? Nada se dice sobre el particular.

    En el caso "Magariños", los cargos consisten en defender la competencia de un organismo que integra el Poder Judicial, cuya jefatura recae constitucionalmente sobre la Corte Suprema de Justicia. La formulación de los cargos expresa una postura predeterminada. No se trata de la consecuencia de una investigación o indagación acerca de un eventual mal desempeño. También, en el caso "Macri", se formulan imputaciones propias de un tribunal de alzada, totalmente ajenas a la noción de "mal desempeño" de un juez y sí contestes con la expresión de desacuerdo con el sentido dado al fallo.

    Analizando el curso impuesto a los expedientes que corresponden a los casos "Meller", "Magariños" y "Macri", conforme a las constancias obrantes en el Libro de Actas de la Comisión, resulta evidente que no se cumplieron los pasos previstos en el Reglamento Interno de ella.

    A fs. 106, en la reunión del 3 de julio de 2003, se destacó, con referencia al expediente Nº 3033-D-03 (caso "Meller"), que "de su estudio surge que reúne las condiciones subjetivas y objetivas para ser declarado admisible en lo que respecta al Dr. Moliné O´Connor... Resulta declarado admisible por unanimidad". Luego, la Comisión delegó en su presidente "todas las diligencias necesarias para la sustanciación" del sumario que prevé el artículo 12 del Reglamento Interno, sugestivamente en uno de los denunciantes.

    Ahora bien, el expediente Nº 3033-D-03 ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2003, siendo promovido por los diputados Falú e Iparraguirre contra nuestro mandante y los ministros de la Corte Vázquez, López y Boggiano. Resulta sorprendente que, en menos de 24 horas, los miembros de la Comisión de Juicio Político hubieran realizado el estudio previo del expediente y verificado la existencia de "indicios ciertos o semiplena de causales graves que hagan a la procedencia del juicio político" (art. 12 del R.I.).

    Igual determinación se adoptó con los expedientes Nº 2503-D-03 (ingresado el 10 de junio) y Nº 2645-D-03 (ingresado el 13 de junio de 2003), referentes al caso "Magariños". Pero, con un vicio grave adicional. A fs. 109, en la reunión del 10 de julio de 2003, cuando se formulan y aprueban los cargos por el caso "Magariños", se cita un expediente que no fue considerado en la reunión del 3 de julio (fs. 105). Es el expediente Nº 3040-D-03 que ingresó el 2 de julio de 2003 requiriendo el juicio político de nuestro representado y de los jueces Belluscio, López y Vázquez. Ese expediente en ningún momento fue sometido al procedimiento que impone el artículo 12 de Reglamento Interno, ni se dispuso a su respecto el análisis previo que ordena el artículo 9 del Reglamento. Tal circunstancia configura una grave irregularidad que acarrea la nulidad de lo actuado.

    También se siguió ese criterio con el expediente Nº 3062-D-03 (caso "Macri") que, habiendo ingresado por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 3 de julio a las 11 horas, en la reunión de ese mismo día (fs. 105) celebrada a las 11,30 horas, fue declarado admisible a los fines de los artículos 9 y 12 del Reglamento Interno. Es evidente que, en todos los casos, existía una decisión predeterminada u ordenada por alguien, sin que los miembros de la Comisión tuvieran tiempo material suficiente para cumplir con los pasos previos que impone su Reglamento Interno. Es admisible la celeridad en los procedimientos, siempre y cuando no se traduzca en una grosera parodia de la antesala de un "juicio político".

    Pero hay más irregularidades. En la reunión del 10 de julio de 2003 (fs. 108), cuando se formularon los cargos contra nuestro mandante, el instructor designado -diputado Falú- expresó que se habían adoptado todas las medidas instructorias y producido las pruebas pertinentes, pero sin indicar cuáles eran. Medidas y pruebas que, a tenor de la documentación extraída de la Comisión, resultan manifiestamente inexistentes.

    Asimismo, a fs. 108, y con referencia al caso "Meller", el instructor informó que “sólo faltaría la reciente resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal que ordenó que el Estado se abstuviera de efectuar el pago a la empresa”. Reconoce que la instrucción no estaba concluida. Pero, además, no se había recibido el expediente judicial N° 35.232 correspondiente a dicha causa y que habría sido solicitado a la Cámara Federal Criminal y Correccional conforme se dejó constancia en el expediente N° 3033-D-03.

    Los defectos sustanciales que presenta la instrucción sumarial que impone el artículo 12 del Reglamento Interno, demuestra la forma precipitada, superficial y distante de las reglas del debido proceso legal en que se desarrolló y desarrolla la labor de la Comisión de Juicio Político. Ningún esfuerzo serio se ha realizado para la comprobación de los hechos investigados, ni para ajustarse a la normativa contenida en el Reglamento Interno de la Comisión. Todo ello configura, reiteramos, una parodia que, como tal, debe ser declarada nula de nulidad absoluta por lesionar los principios que conforman el debido proceso legal y las normas jurídicas que lo regulan.

    A las razones citadas en este capítulo, se añade el plazo irrisorio de 4 días hábiles y 12 horas concedido para la formulación de los descargos. Plazo que, como ya hemos visto, se redujo en un día ante la negativa del presidente de la Comisión para que se nos hiciera entrega de la documentación sobre la cual se basan los cargos.

    Ese plazo no se compadece con el de 11 días hábiles concedido en el año 2002 durante un procedimiento similar. Plazo que, en aquella oportunidad, fue prorrogado por 3 días aplicando el artículo 346 del Código Procesal Penal. En definitiva, fueron 14 días hábiles contra 3 días y 12 horas reconocidos en esta ocasión.

    Desde ya, y en resguardo del derecho de defensa, solicitamos la ampliación del plazo a un término no inferior al de 10 días hábiles, tal como el que prevé el artículo 354 del Código Procesal Penal. Para el supuesto que no nos sea concedida esa prórroga, tal como aconteció en el caso del Dr. Nazareno, formulamos expresa reserva de derechos para recurrir por la vía judicial pertinente para la tutela del derecho de defensa que le asiste a nuestro representado.

    D

    EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

    El segundo párrafo del artículo 90 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, cuando las denuncias se formulan contra jueces de distritos donde, alguno de los miembros de la Comisión de Juicio Político, ejerzan su profesión de abogado o procurador, ellos deberán excusarse de intervenir en las actuaciones.

    En el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la excusación no se extiende a todos los abogados, sino solamente a aquellos que están matriculados para intervenir ante el fuero federal ya que, solamente ellos están habilitados para efectuar peticiones ante ese Tribunal ejerciendo el arte de abogar.

    Cuando, oportunamente planteamos esta cuestión, en el año 2002, la Comisión resolvió que: “Al punto III no ha lugar por notoriamente inadmisible e improcedente dado que la norma invocada (art. 90 del Reglamento de la H.C.D.N.) se refiere a los jueces de distrito y a los diputados abogados de la misma jurisdicción, no a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen jurisdicción en la totalidad de los distritos federales y ordinarios de la Nación. A ello debe agregarse que el citado artículo 90 del Reglamento, actualizado en el año 1996, tenía su aplicación en orden a lo establecido por la disposición transitoria decimocuarta de la Constitución Nacional, en virtud de la cual la H.C.S.N. mantenía la competencia de enjuiciamiento político a los jueces de grado de todos los distritos hasta que se instale el Consejo de la Magistratura, lo que ocurrió a partir de la vigencia de la ley 24.937 del año 1998, momento en que el segundo párrafo del artículo 90 quedó sin efecto a los fines transitorios de la cláusula constitucional arriba citada. Mas allá del rechazo a la recusación en los términos planteados, la Comisión considera que sólo podría interpretarse como causal de excusación el hecho de que alguno de sus integrantes tuviera actualmente en ejercicio de su profesión, intervención letrada con su propia firma por ante la Corte Suprema, extremo que no acaece con sus actuales integrantes" (Libro de Actas, fs. 41/42, 26 de febrero de 2002).

    No caeremos en la descortesía de calificar a esta interpretación como “notoriamente inadmisible e improcedente”, pero sí de no ajustarse a derecho.

    Siempre presumimos que, los legisladores, son expertos en materia de técnica legislativa, de manera que las expresiones de la voluntad de los órganos que integran, responden a propósitos claramente enunciados.

    En primer lugar, si el propósito de la excusación que prevé el artículo 90 es dotar de imparcialidad la labor de la Comisión, no hay razón alguna que justifique excluir de su texto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Habría, respecto de los jueces federales y nacionales, una causal de excusación destinada a brindar transparencia al procedimiento del juicio político, que no se extendería a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con la consecuente privación, para estos últimos de tan importante garantía. Esa distinción, al vulnerar el principio de igualdad impuesto por el artículo 16 de la Ley Fundamental, conduciría a una solución arbitraria e irrazonable. Consecuencia que, en modo alguno. cabe presumir como explícitamente impuesta por una de las cámaras del Congreso.

    La norma era aplicable, tanto a los jueces nacionales, como a los federales incluyendo, claro está, a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque ellos también son jueces.

    Es cierto que, con la reforma constitucional de 1994, el “proceso político” de los magistrados judiciales de instancias inferiores se concreta con la intervención del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento (arts. 114, inc. 5°, y 115 de la C.N.), pero también es cierto que, respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene el sistema vigente con anterioridad a aquella.

    De modo que, si la intención del legislador, al dictar en 1996 el Reglamento de la Cámara, y ya reformada la Constitución, hubiera sido la que expresa la Comisión, habría efectuado la salvedad que ella indica. Pero no fue así. La cláusula del artículo 90 es general y abarcativa de todos los magistrados del Poder Judicial. Es razonable que su aplicación hubiera cesado, al entrar en vigencia la ley N° 24.937, respecto de los jueces inferiores. Pero mantiene plena vigencia respecto de los restantes magistrados judiciales que componen el órgano judicial que integra nuestro representado. Caso contrario, el legislador, al redactar la cláusula del artículo 90, tendría que haber hecho la salvedad que indica la Comisión. Pero, como no lo hizo, carece de razonabilidad sostener que su intención fue la de excluir del régimen general a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Mal podemos hacerle decir al legislador algo que no dijo.

    Por otra parte, habiendo entrado en vigencia la ley N° 24.937 en 1998, y funcionando plenamente el Consejo de la Magistratura, de ser cierta la interpretación efectuada por la Comisión, se habría procedido de manera inmediata a modificar el texto del articulo 90. Al no haber efectuado esa reforma la Cámara de Diputados, sólo cabe entender que decidió mantener su vigencia respecto de los únicos jueces comprendidos, desde entonces, en dicha norma. Y, esos jueces, son los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

    Si la norma no fue modificada, y por ende está en vigencia para los magistrados que no fueron excluidos por los artículos 114, inciso 5°, y 115 de la Constitución federal, se impone su estricta aplicación tal como corresponde en un Estado de Derecho.

    Si bien, en 2002, la Comisión rechazó nuestra petición por entender que era “notoriamente inadmisible e improcedente”, es evidente que no estaba convencida de su propia interpretación. Así resulta de la alternativa que expuso. Conforme a ella, la causal sólo sería aplicable a los integrantes de la Comisión que tuvieran actuaciones ante nuestro Superior Tribunal.

    Esa alternativa, en modo alguno resulta del texto del artículo 90. La norma alude a los miembros de la Comisión que ejerzan su profesión de abogados en el distrito judicial del magistrado objeto de la denuncia. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, se trata del “distrito federal”. De manera que, todos los diputados-abogados matriculados en el fuero federal quedan comprendidos en la inhabilitación. Reiteramos que, solamente quedan al margen los diputados-abogados matriculados en las provincias que no se incorporaron a la matrícula federal, y aquellos que, estando inscriptos en la matrícula federal, fueron excluidos de ella o solicitaron la suspensión. No interesa si, en alguna oportunidad, actuaron o no ante el Alto Tribunal, ya que basta con que puedan actuar ante el mismo. Con mayor razón, quienes sí ejercieron su profesión, por derecho propio, en representación o como partes en procesos sustanciados ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos, a raíz de las sentencias dictadas, pueden tener prejuicios respecto de los integrantes de aquella que avalan su exclusión para, precisamente, dotar de absoluta transparencia al curso de todas las etapas del “juicio político”.

    De la nómina de los miembros de la Comisión, que están matriculados en el fuero federal y habilitados para litigar ante el Tribunal del cual forma parte nuestro mandante, resultan, entre otros:

    1) Bussi, Ricardo: está inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con matriculación automática en el fuero federal.

    2) Baladrón Manuel; se inscribió el 18 de diciembre de 1981.

    3) Casanovas, Jorge: está inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con matriculación automática en el fuero federal.

    4) Damiani, Hernán; inscripto el 7 de junio de 1989.

    5) Di Cola, Eduardo; inscripto el 26 de marzo de 1982.

    6) Falú, José; inscripto el 25 de agosto de 1982.

    7) González, María América; inscripta en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al T° 8. F° 625.

    8) Hernández, Simón; inscripto el 1 de octubre de 1982.

    9) Iparraguirre, Carlos; inscripto el 7 de junio de 1983.

    10) Johnson, Guillermo; inscripto el 31 de agosto de 1995.

    11) Minguez, Juan, inscripto el 17 de noviembre de 1982.

    12) Nieto Brizuela, Benjamín; inscripto el 19 de marzo de 1982.

    13) Villaverde, Jorge, inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al T° 14, F° 74.

    14) Conte Grand, Gerardo Amadeo; inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    15) Díaz Bancalari, José; inscripto el 21 de diciembre de 1981.

    De manera que, casi la mitad de los integrantes de la Comisión, están inhabilitados para actuar en el caso concreto. Por ende, todas las actuaciones realizadas por la Comisión con la intervención de tales diputados, son nulas y de nulidad absoluta.

    Corresponde destacar tres casos particulares para los cuales no rige esa inhabilitación:



    1. Carrió, Elisa; si bien está inscripta desde el 26 de diciembre de 1990, resolvió cancelar su matrícula el 4 de septiembre de 1997.

    2. Polino, Héctor; si bien está inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (T° 10, F° 654), revestiría el carácter de inactivo.

    3. Garré, Nilda; está inscripta en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (T° 27, F° 835), pero consta que fue suspendida en la matrícula por falta de pago de las cuotas impuestas por la ley N° 23.187.

    Causa un poco de extrañeza advertir, como destacó un columnista de un conocido diario, que “Muchos de los acusadores ejercen su profesión letrada ante los estrados del Alto Tribunal, lo que produce una incompatibilidad ética que, lamentablemente, ha sido desestimada por ellos como causal de recusación. No pueden ser acusadores de jueces que tienen que decidir, en última instancia, litigios en los que ellos son parte interesada. (La Nación del viernes 29 de marzo de 2002, página 17, 1° columna)”.

    En síntesis, y conforme a lo expuesto, procede declarar la nulidad de lo actuado en todos aquellos casos en que, en el seno de la Comisión, tuvieron intervención aquellos diputados abogados que, conforme al artículo 90 del Reglamento de la Cámara de Diputados, debieron excusarse de integrar la Comisión de Juicio Político.

    Asimismo. y sin perjuicio de la reserva del caso federal que se plantea en orden a la interpretación que se acuerda a una norma federal en perjuicio de los derechos constitucionales de nuestro representado, corresponde que la interpretación de dicha norma sea efectuada por la Cámara de Diputados, como paso previo a la prosecución de estas actuaciones.

    E

    HABER EMITIDO OPINIONES CONDENATORIAS

    A partir de comienzos del corriente año, varios de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político, declararon públicamente que correspondía separar a nuestro representado de la Corte Suprema de Justicia. En la mayoría de los casos, emitiendo juicios de valor.

    Formularon opiniones categóricas acerca de la necesidad de separar de su cargo a nuestro representado. Por otra parte, tales manifestaciones fueron vertidas antes de ingresar en la etapa prevista por el artículo 12 del Reglamento Interno y antes de proceder a la agrupación de los temas a los fines de la instrucción y emisión de cargos. Es decir, tanto antes como durante el curso de la instrucción si es que la hubo. ¿Qué actuación imparcial y transparente cabe esperar de quienes ya emitieron opinión sobre el tema? Inclusive el señor Presidente antes del 3 de julio de 2003 (Libro de Actas, fs. 105).

    Así, el periodista Samuel Gelblung le preguntó al diputado Falú “Diputado Falú ¿Usted cree realmente que esta Corte se tiene que ir?”

    Falú respondió “Mire, yo creo que algunos integrantes, no voy a dar nombres porque no corresponde, deberían tomar conciencia de que por la salud de la Justicia de la Nación, han perdido el crédito y la confianza social. Independientemente de que sea justo o no, este criterio de la sociedad. La mujer del Cesar debe ser y parecer. Y a la sociedad argentina ya no le parece que algunos integrantes de la Corte Suprema tengan crédito para administrar justicia. Esta es mi visión política a su pregunta”.-

    Hugo Alsina, enseñaba que quien ejerce la instrucción, debe permanecer al margen de la influencia de ciertos poderes y de las circunstancias del caso. Es que, si se aspira a que un procedimiento tenga realmente transparencia, se debe evitar la participación de personas que carezcan de objetividad, como son todas aquellas que han emitido opinión antes o durante la sustanciación del sumario de investigación ("Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", T. II, pág. 281 y sig., Ediar, Bs. As. 1957).

    Se trata de una garantía fundamental que, conforme al artículo 8°, inciso 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. es aplicable a la sustanciación de cualquier tipo de actuación sumarial.

    Por las razones expuestas, corresponde declarar la nulidad de las actuaciones concretadas por todos aquellos integrantes de la Comisión que prejuzgaron sobre el objeto de su labor.

    Entre ellos, y a título de ejemplo, cabe citar a:



    1. El diputado Eduardo Di Cola (declaraciones formuladas a Infobae y difundidas el 4 de junio de 2003).

    2. Elisa Carrió (declaraciones publicadas en La Prensa el 8 de junio de 2003).

    3. Declaraciones de Carlos Iparraguirre (diario La Nación del 2 de julio de 2003).

    4. Declaraciones de José Ricardo Falú (diario La Nación del 29 de junio; 2, 3, 4, 7 y 8 de julio de 2003. Diario Infobae del 7 de julio de 2003. Diario Clarín del 8 de julio de 2003. Titulares de Infofax del 20 de junio de 2003. Emisiones del diario Clarín del 5, 6 y 7 de julio de 2003. Emisión de Infobae del 5 de julio de 2003 y diario Infobae del 10 de julio de 2003).

    F

    DIPUTADOS DENUNCIANTES

    La Comisión de Juicio Político, que tiene a su cargo la instrucción del sumario y cuya misión reside en determinar si existen, o no, motivos para dictaminar sobre la procedencia del juicio político, presenta la particularidad de haber sido integrada con diputados que formularon denuncias contra nuestro representado, solicitando su remoción como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Advertimos que, conforme a la documentación aportada por la Comisión y constancias que lucen en su Libro de Actas, la participación como denunciantes de los siguientes integrantes de la Comisión de Juicio Político:


    1. Caso "Meller":

      1. Expediente Nº 3033-D-03. Formularon denuncias el 2 de julio de 2003 los diputados Ricardo Falú y Carlos Raúl Iparraguirre contra nuestro representado y los jueces de la Corte Dres. Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano.

      2. Expediente Nº 2342-D-03. Formularon denuncias el 4 de junio de 2003 los diputados Carlos Raúl Iparraguirre y Margarita Stolbizer.

    2) Caso "Magariños":

      1. Expediente Nº 3040-D-03. Formularon denuncias el 2 de julio de 2003 los diputados Rafael Romá, Marcela Rodríguez, Elsa Siria Quiroz, Elisa Carrió, Atilio Tazzioli, José Roberto Roselli, Marcela Bordenave y Laura Musa contra nuestro mandante y los ministros de la Corte Dres. Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

      2. Expediente Nº 2503-D-03. Formularon denuncias el 10 de junio de 2003 los diputados Julio Gutiérrez y José Mirabile contra nuestro representado y los jueces de la Corte Suprema Dres. Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

      3. Expediente Nº 2645-D-03. Formuló denuncias el 13 de junio de 2003 el diputado Julio Gutiérrez contra nuestro mandante y los jueces de la Corte Dres. Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

    3) Caso “Macri”:

      1. Expediente Nº 3062-D-03. Formularon denuncias el 3 de julio de 2003 los diputados Ricardo Nieto Brizuela, Carlos Raúl Iparraguirre y Juan Jesús Minguez contra nuestro mandante. En esta denuncia, si bien se reprocha la actuación de otros ministros de la Corte Suprema que votaron en forma coincidente con nuestro representado, no se extiende la denuncia a ellos.

    El Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político establece que, presentada una denuncia, corresponde que el Presidente de ella analice “si se dan en la especie las condiciones subjetivas del denunciado y objetivas de la causa para la apertura del sumario de investigación…”, y que este informe “…deberá ser considerado por el plenario de la Comisión” (art. 9°).

    Luego, el artículo 12 dispone que, “si del estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia del juicio político, se procederá a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario…”.

    Concluido el sumario, el artículo 13 establece que “…se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión sobre los cargos formulados…”.

    Sin embargo, del Libro de Actas de la Comisión resulta:



    1. Que el Presidente de ella omitió dar una fundamentación y análisis previo sobre las condiciones objetivas para la apertura del sumario.

    2. No dispuso la apertura del sumario ni su sustanciación. Solamente a fs. 106, la Comisión delegó en el Presidente “todas las diligencias necesarias para la sustanciación de los sumarios”, sin embargo no se ordenó expresamente aquella apertura ni hay constancia alguna sobre las medidas sumariales adoptadas (fs. 108).

    De las constancias obrantes en el Libro de Actas, se advierte:

    1. El incumplimiento de los requisitos impuestos por los artículos 9° y 12 de la Comisión. Las simples expresiones efectuadas por el diputado Falú, en modo alguno avalan la satisfacción de dichos recaudos ni se compadecen con la seriedad y transparencia que debe presidir la actuación impuesta normativamente a la Comisión de Juicio Político.

    2. Es sugestivo, aunque guarda relación con las declaraciones periodísticas del diputado Falú y otros legisladores, que sin la sustanciación del debido sumario, se declarara la admisibilidad de los cargos sin que se conocieran las razones fundadas para ello.

    3. Es sugestivo que, tales actuaciones se concretaran en el lapso de 7 días, desde la consideración de las denuncias.

    4. Es sugestivo que, semejante celeridad, en el marco de una manifiesta desprolijidad, se verificaran conjuntamente con los requerimientos formulados por el titular del Poder Ejecutivo y uno de sus ministros para que se procediera a remover a algunos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y, en particular, a nuestro representado.

    5. Es sugestivo que la instrucción se delegó en uno de los denunciantes, el diputado Falú.

    Por otra parte, en todas las votaciones y como resulta del Libro de Actas de la Comisión, participaron los propios diputados denunciantes.

    Tales irregularidades, por su envergadura y gravedad, configuraron una grosera violación de las reglas más elementales del debido proceso legal y de las propias normas contenidas en el Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político. La mezcla de los roles de denunciantes y miembros de la Comisión, determina la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 105 del Libro de Actas.

    A ellas se añade otra que no deja de ser significativa.

    El 10 de julio de 2003 se resolvió disponer el traslado, a nuestro mandante, de los cargos formulados. Ese mismo día, se cursó a nuestro mandante la notificación de los cargos formulados por la Comisión en su despacho.

    Ante la negativa arbitraria de la Comisión de hacer entrega a nuestro mandante de la documentación y denuncias que servirían de sustento a los cargos, recién se tuvo conocimiento de ellas a las 17,45 horas del día 11 de julio.

    Esta descripción de hechos y fechas responde a que, el diputado Falú decidió, con la conformidad de la Comisión de Juicio Político, que nuestro representado disponía de 4 días y 12 horas hábiles para expresar sus descargos.

    Plazo realmente irrisorio teniendo en cuenta la relevancia institucional que presenta el denominado “juicio político”, y a que, en casos anteriores, los plazos concedidos no fueron inferiores a 10 o 15 días hábiles.

    No se comprende jurídicamente el por qué de este trato discriminatorio, aunque políticamente sí: la decisión públicamente proclamada por el diputado Falú e integrantes de aquella Comisión de remover a nuestro mandante de su cargo lo antes posible. Y, si para el logro de ese “lo antes posible” corresponde prescindir de las más elementales garantías y normas jurídicas, pues no hay reparos para desconocerlas.

    Este desprecio manifiesto por las reglas del derecho se comprende recordando los plazos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por el Código Procesal Penal (art. 354) para casos similares. Ellos son sumamente superiores para resguardar el ejercicio del derecho de defensa en cuestiones carentes de la relevancia institucional de un “juicio político”. Tales plazos, que son usualmente de 10 o 15 días hábiles, revelan que la fijación de un lapso tan breve por la Comisión de Juicio Político responde al propósito deliberado de cercenar el derecho de defensa de nuestro mandante y de complacer a quienes aspiran a remover al juez Moliné O´Connor “lo antes posible y por cualquier medio”.

    Tal circunstancia, unida a las manifestaciones condenatorias que, ya desde hace varios meses, expresan varios integrantes de la Comisión de Juicio Político, incluyendo a su propio presidente el diputado Falú, pone en evidencia la violación de las garantías más elementales del debido proceso legal o, en el mejor de los casos, la ignorancia de ellas y de las normas constitucionales, internacionales y de derecho común local que las imponen.

    De tal manera, se soslaya la tipificación republicana del “juicio político”, mediante un hecho político consumado. Un hecho político que forma parte de un eslabón esbozado para provocar la remoción de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconociendo las normas básicas del debido proceso legal cuyo cumplimiento fuera exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictar la sentencia N° 71, ya citada, que condenó al Estado de Perú por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    G

    INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 7° DEL REGLAMENTO INTERNO

    El artículo 7° del Reglamento Interno, establece que la Comisión carece de iniciativa para promover juicio político a los funcionarios y magistrados incluidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

    Al carecer de iniciativa, solamente puede promover ese procedimiento con motivo de las denuncias de legisladores que no integran la Comisión o presentados por terceros. Si las formula un miembro de la Comisión, debe abstenerse de actuar en su seno cuando ella es considerada (conf. art. 55, inc. 1°, del Código Procesal Penal) considerando su calidad de órgano instructor.

    En el caso concreto, esa prohibición fue vulnerada en forma elíptica al ser integrada la comisión por los denunciantes. No se trata de un denunciante aislado, sino de un conjunto significativo de miembros de la Comisión.

    Del análisis efectuado en el punto anterior, resulta que revisten el carácter de denunciantes los diputados Elisa Carrió, Carlos Iparraguirre, Juan Minguez, Julio Gutiérrez, José Mirabile, Ricardo Nieto Brizuela y Ricardo Falú, presidente de la Comisión.

    Si la Comisión está inhabilitada para formular denuncias, ese principio se desnaturaliza cuando sus componentes son denunciantes y, sobre la base de sus presentaciones, se desarrolló la labor de la Comisión con la intervención de ellos.

    Por otra parte, es razonable interpretar que, si algún integrante de la Comisión reviste el rol de denunciante, tendría que ser separado de ella. ¿Cómo es posible que, los propios denunciantes, resuelvan la promoción del proceso informativo, citen a los denunciados para que presenten sus informes y, además, expidan el dictamen definitivo que menciona el artículo 14 del Reglamento Interno?

    Tampoco resulta del Libro de Actas que se hubiera dado cumplimiento a los "requisitos esenciales" impuestos por el artículo 7, incisos a), b) y c) del Reglamento Interno. El incumplimiento de tales requisitos esenciales, acarrea la nulidad de las actuaciones, y otro tanto haber permitido que los diputados denunciantes, miembros de la Comisión, participaran en las reuniones del 3 y 10 de julio de 2003 (fs. 105 y 108).

    VII


    A QUÉ CAUSAS SE REFIERE LA COMISIÓN

    Esas causas son denominadas “Meller” (Expediente D-3033-03), “Macri” (Expedientes D-3040, D-2503 y D-2645) y “Magariños”, (Expediente D-3062). Se inician por denuncia de los propios diputados que integran la Comisión, cosa que, aparentemente, no les suscita inconveniente ético ni reglamentario.

    Brevemente, se anticipa una síntesis de esas causas, sin perjuicio del tratamiento in extenso que se efectuará más abajo.

    1.- El caso “Meller”.

    Cabe señalar que nadie discute -ni siquiera el Estado- que existió un contrato entre Meller y Entel para publicar la guía de páginas amarillas; que Meller cumplió con sus obligaciones; que intimada Entel para que informara cuanto había percibido por la publicidad en la guía amarilla, contestó que no tenía elementos para dar respuesta a esa solicitud -sobre sumas que ella misma había percibido y sobre las cuales debía liquidarse la deuda-; que ante esa respuesta, Meller continuó el trámite, durante el cual dictaminaron varios sobresalientes juristas (dos de ellos académicos del Derecho, el Dr. Miguel Marienhoff, una leyenda en el campo del derecho administrativo y el Dr. Juan Carlos Cassagne, reputadísimo profesor y publicista de la misma especialidad), ninguno desfavorable a las pretensiones de Meller. Posteriormente, Meller sometió la decisión de pagar al tribunal arbitral de obras públicas (tribunal integrado por dos representantes del Estado y por uno de las empresas), que dispuso abonar la deuda. Ante esa decisión favorable al pago de un servicio prestado por Meller, Entel recurrió ante la Corte, la cual desestimó el recurso.

    El cuestionamiento que se formula al Doctor Moliné O’Connor no tiene fundamento alguno pues mediante su voto, que concurrió a formar mayoría en ese caso, siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación, no se hizo más que respetar la invariable línea de los pronunciamientos adoptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a los recursos deducidos contra las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas durante más de cuarenta años. Se desestimó el recurso del Estado Nacional y se ratificó el fallo del tribunal arbitral.

    Por otra parte, en todo caso, no sería la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Meller” la causa de que el Estado Nacional deba, según se sostiene, pagar la suma de $ 400.000.000. Ello es el resultado de actuaciones internas del Ministerio de Economía, ajenas a la sentencia que dictó la Corte Suprema.
    2.- El caso Macri.

    En el llamado caso “Macri” fue la Cámara Nacional de Casación Penal que por unanimidad revocó el fallo que había adoptado por mayoría la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, e hizo lugar a la excepción de cosa juzgada, sobreseyendo en consecuencia a los imputados Francisco Macri y Raúl Martínez por considerar, a través de un meduloso fallo, que en el caso mediaban las tres identidades que constituyen el presupuesto necesario para la garantía de la cosa juzgada.

    La Corte debió intervenir ante el recurso de queja del fiscal, cuya apelación extraordinaria había sido declarada inadmisible. Vale aclarar que el Procurador General sólo se limitó a mantener el recurso de su inferior mediante un mero formulismo, y sin aportar nuevos fundamentos, como sucede habitualmente.

    Llegado el momento de resolver, el tribunal se expidió considerando que el recurso extraordinario que originaba la queja era inadmisible, con cita del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que autoriza a la Corte a rechazar el recurso a su sana discreción por no existir cuestión constitucional y con sola mención de la norma.

    La desestimación del recurso se ajusta a la reiterada jurisprudencia de la Corte según la cual lo decidido por los tribunales ordinarios sobre la existencia de cosa juzgada resulta ajena, como regla, a la competencia de la corte, salvo supuesto de arbitrariedad, aspecto que no mediaba en el caso por cuanto las consideraciones expuestas por la Cámara Nacional de Casación Penal para fundar su conclusión sobre el punto descartaban sin duda alguna la arbitrariedad aducida por el apelante. Tales fundamentos de la Cámara no aparecían como irrazonables ni se apartaban de las constancias del expediente, así como también en el fallo apelado se había brindado suficiente y fundada respuesta a los planteos del fiscal y se había resguardado el valor de la cosa juzgada como consecuencia de un examen apropiado de los diversos elementos de convicción reunidos en el legajo. Por otra parte, las normas que establecen el concurso de delitos indudablemente remiten al análisis de cuestiones de derecho común, ajenas como principio a la competencia de la corte suprema. También la cuestión federal que la defensa de los Sres. Macri trajo a consideración de la Corte fue tratada y resuelta favorablemente por la Cámara de Casación para los intereses de los acusados en cuyo resguardo existe la mencionada garantía, lo que significa que, en la actualidad, no existía resolución contraria al derecho constitucional esgrimido que pudiera abrir el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    En cuanto al supuesto perjuicio al Estado Nacional acerca de que se habría privado de percibir supuestos tributos, ello no resiste el menor análisis, por cuanto el fallo favorable a los Sres. Macri y otros, en el que luego se fundamentó la cosa juzgada, tuvo lugar con motivo de que los ellos satisficieron íntegramente el monto del impuesto debido, el que fue establecido unilateralmente por el fisco y se pagó en su totalidad (art. 14 de la ley 23.771), lo que excluye el mentado daño al Estado.


    3.- El caso Magariños.

    El cargo formulado en el expediente “Magariños” consiste en imputar a los jueces que firmaron el arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al Consejo de la Magistratura al aplicar sanciones disciplinarias a un magistrado judicial.

    El caso puede resumirse en los siguientes términos. La Corte Suprema en el caso “Fernández Prieto” (Fallos 321:2947) confirmó la detención y la condena seguida contre el imputado Carlos Alberto Fernández Prieto por transporte de estupefacientes. La defensa oficial de Fernández Prieto llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que esa detención era violatoria del Pacto de San José de Costa Rica. En el proceso, el Estado Argentino fue citado para defenderse y al tomar conocimiento que entre los documentos presentados por la defensa en contra del Estado Argentino existía un dictamen sobre el caso elaborado por un juez de un tribunal oral, lo puso en conocimiento de la Corte Suprema. Esta lo sancionó por haber emitido opinión en una contienda judicial, actividad prohibida para los jueces, conforme lo establece el reglamento elaborado por la Corte Suprema que regula la conducta de los jueces del Poder Judicial, que prohíbe ese tipo de tareas a los miembros de la magistratura. Cabe aclara que la sanción impuesta fue una multa del 30% del sueldo del juez.

    En cuanto al cuestionamiento de la sanción por hipotética falta de atribuciones para ello, cabe señalar que en una acordada, la Corte consideró en forma unánime que las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura no eran excluyentes de las que le competen a ella en relación con los magistrados sobre los cuales ejerce superintendencia. Esta acordada nunca fue cuestionada por el Consejo. Es mas, éste la consintió expresamente en varias resoluciones y posteriormente en diversas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ejerció su potestad disciplinaria respecto de magistrados judiciales.

    En todas estas resoluciones, la Corte Suprema de Justicia entendió que estaba habilitada para ejercer las facultades disciplinarias concurrentes con aquellas atribuidas por el constituyente al Consejo de la Magistratura que, por otra parte, admitió la existencia de esa situación al dictar la Resolución 123/99.

    Incluso la ley de creación del Consejo de la Magistratura aclara que las sanciones que éste imponga son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que, en última instancia, la potestad disciplinaria es ejercida por el Alto Tribunal.

    Es curioso advertir que, con este motivo, la sensibilidad de los diputados que acusan los lleva a decir que el Dr. Moliné (debieron decir que la Corte) afectó al Dr. Magariños en “sus garantías constitucionales, avanzando sobre el derecho a la libre expresión, derecho fundamental de todas las libertades”, y se le imputa también “violar la independencia del Poder Judicial, amedrentando a un juez de la Nación a través de una sanción administrativa”.

    En rigor, es la Comisión de Juicio Político la que está amedrentando a los jueces al advertirles que si no comparten sus opiniones, corren riesgo cierto de destitución.

    El Dr. Lino E. Palacio, que es profesor titular emérito de la U.B.A. y sobre cuyos méritos académicos no hay disputa, ha dicho de la actuación de la Comisión de Juicio Político, que es una parodia de juicio político (en LA NACIÓN del 13 de julio de este año), opinión que merecería, al menos, una reflexión.

    La Comisión de Juicio Político acusa al Dr. Moliné a sabiendas de que la Corte, por unanimidad, resolvió en una Acordada (n°52/98) que conservaba su derecho concurrente a sancionar jueces.

    Por lo tanto, no es el Dr. Moliné quien ha tomado para sí derechos del Consejo de la Magistratura. Es que la Comisión de Juicio Político quiere inculpar al Dr. Moliné, como antes inculpó al Dr. Nazareno, de una irregularidad inexistente, a la caza de su renuncia.

    En la misma línea coercitiva, algunos legisladores amenazan con seguir estudiando más cargos, como si fueran frutos que van madurando y que ellos tiene el derecho de recolectar a voluntad, en olvido de que están ejercitando una de las funciones de más alta responsabilidad para la subsistencia del régimen republicano de gobierno.



    VIII

    EL EXPEDIENTE N° 3033-D-03: CASO “MELLER”

    Los primeros tres cargos, a los cuales hace referencia la nota del presidente de la Comisión de Juicio Político del 10 de julio de 2003, aluden al caso “Meller”.

    Se impone, previo al tratamiento de cada uno de los mismos, puntualizar que ellos contienen inexactitudes y meras afirmaciones dogmáticas respecto del contenido del voto que emitió nuestro representado en fecha 5 de noviembre de 2002, junto con el ministro Guillermo López, en los autos caratulados “Meller Comunicaciones S.A. UTE c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones”.

    Los infundados cuestionamientos son los siguientes:



    1. “Haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento”.

    2. “Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales y la existencia del proceso penal, lo que hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses”.

    3. “Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48”.

    Todos estos cargos son absolutamente infundados e incurren en graves inexactitudes que los descalifican.

    Conforme a los antecedentes del caso, el 7 de julio de 1999, el Tribunal Arbitral de Obras Públicas resolvió aceptar la petición formulada por “Meller S.A.” dejando sin efecto la Resolución ENTEL Nº 18/98 en mérito a la cual se había suspendido el cumplimiento de la Resolución ENTEL Nº 146/96, la cual ordenaba el pago de la suma de $28.942.839,81.

    Dicha decisión del mentado Tribunal Arbitral fue notificada a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (e.l.), el 8 de julio de 1999.

    Interpuesto un recurso de aclaratoria contra la misma, se dictó el segundo laudo del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, en fecha 4 de agosto de 1999, el cual se notificó a ENTEL el 9 de agosto del citado año.

    El 24 de agosto, ENTEL dedujo un recurso extraordinario, el cual es rechazado por extemporáneo por el Tribunal Arbitral de Obras Públicas (el día 27 de agosto) habida cuenta que la interposición de una aclaratoria no interrumpe el plazo legal para la interposición de un recurso extraordinario.

    Tal circunstancia determinó que, aquella empresa, presentara un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia el 10 de septiembre.

    Con fecha 12 de junio de 2000, la Procuración General de la Nación dictaminó que correspondía el rechazo del recurso ya que, las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, no eran recurribles judicialmente. Por tal razón, estimó que eran insustanciales los agravios respecto a la presentación extemporánea del recurso.

    El 5 de noviembre de 2002, la mayoría de los integrantes de la Corte, con diversa fundamentación, decidió desestimar el recurso de queja.

    Nuestro mandante, conjuntamente con el juez López, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, resolvió desestimar el recurso de queja.

    Reiteramos, lo antes dicho, en cuanto a que esta Comisión, sobre la base de los votos emitidos por otros jueces en el mismo pronunciamiento, pretende acusar a nuestro representado, por un “presunto mal desempeño”, en razón de la decisión que escogiera para el caso en particular. Lo cual trasunta, claramente, una simple discrepancia expuesta por los legisladores frente a los contenidos de una sentencia judicial.

    Vale decir, discrepancias sobre: si el “tribunal arbitral de obras públicas” es o no un “tribunal administrativo”, si sus decisiones fueron consideradas como revisables o irrevisables a lo largo de los años por las distintas integraciones que tuvo el máximo Tribunal de la Nación; y si los laudos del mentado tribunal arbitral pueden ser ejecutados sin revisión judicial conforme así lo considera calificada doctrina en la materia (v. gr. Gordillo).

    Sin perjuicio de ello, y a efectos de demostrar la inconsistencia de los cargos, cuya más grave falencia reside en cuestionar la opinión de los jueces vertida en un fallo judicial, procedemos a explicar a esta Comisión las razones fundadas sobre las cuales se apoya la postura jurídica adoptada por nuestro representado.

    A.- Primer cargo: “haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento”.

    En primer lugar, ENTEL cuando interpuso el recurso de queja por denegación del extraordinario interpuesto ante el Tribunal de arbitraje, no demostró la existencia de un fraude respecto del procedimiento administrativo previo a la Resolución N° 146/96. Por ende, jamás pudo la Corte “legitimar un procedimiento administrativo fraudulento”, porque esa cuestión se encontraba fuera del ámbito del recurso interpuesto por ENTEL sin que fuera viable incurrir en un exceso de jurisdicción.

    Si bien la respuesta a ello se encuentra directamente vinculada con los fundamentos que desarrollaremos al analizar el siguiente cargo, no obstante ello, corresponde formular ciertas aclaraciones.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación no “legitimó” un “proceso administrativo” pues, al sostener la irrevisibilidad del laudo arbitral, conforme jurisprudencia constante e inalterable sostenida desde el año 1957, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión.

    Amén de ello, no resulta posible desentrañar a qué se refiere con “proceso administrativo fraudulento”, lo cual impide a nuestro representado ejercer correctamente su derecho de defensa en juicio (art. 18 CN), habida cuenta de la confusa forma en la que es formulado este cargo infundado.

    Es de preguntarse dónde existió, según los legisladores, una etapa fraudulenta que nuestro representante desconoce:

    1) ¿En el marco del “procedimiento administrativo” cuando se dictaron las Res. ENTEL 146/96 y 18/98, y tuvo su intervención el Ministerio de Economía?

    2) O quizá, ¿con motivo del dictado de los laudos de parte del Tribunal Arbitral de Obras Públicas?

    De acuerdo a la redacción de este cargo parece que se trata del segundo de ellos, y no del primero, ya que se alude a “proceso administrativo”.

    Según enseña la doctrina especializada en la materia: “...el procedimiento administrativo constituye la forma o el cauce formal de la función administrativa (en sentido material). El concepto de proceso resulta más adecuado referido al cauce formal de la función jurisdiccional, entendida ésta como la solución de controversias (en sentido amplio) con fuerza de verdad legal” (Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Tº I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 91; en sentido concordante: Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tº 2, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, pág. XVII-15).

    Es decir que en el caso “Meller”, hasta que toma intervención el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, ya dictados los actos administrativos por ENTEL, emitidos los dictámenes del Ministerio de Economía y de especialistas en esta materia, se trata de la etapa del “procedimiento administrativo”; y, con la instancia jurisdiccional arbitral se abre la segunda etapa, la del “proceso administrativo”.

    Entiende esta parte, de acuerdo a lo que se desprende de este cargo, que cuando se dice “proceso administrativo” se pretende aludir a que la Corte debió revisar la decisión arbitral más no la decisión de los funcionarios administrativos.

    No es claro dónde ubica los cuestionamientos esta Comisión y, por consiguiente, cuáles son las responsabilidades en cada etapa.

    Adviértase que, en el marco de un cargo que ronda en derredor de una fina distinción de derecho administrativo como es si el “Tribunal Arbitral de Obras Públicas” es un “tribunal administrativo” y, en razón de ello, si estos laudos arbitrales están sujetos al “control judicial suficiente”, se produce este grosero error en la formulación de un cargo que impide vislumbrar a ciencia cierta de qué se lo acusa a nuestro representado y qué es lo que los legisladores creen que debió revisarse por conducto de una sentencia judicial.

    Además, tal como ya se explicó, no se encontraba dentro de las cuestiones sometidas a la Corte el supuesto fraude administrativo, por lo que mal puede caber alguna responsabilidad por no haber resuelto lo que no fue planteado en el recurso judicial.

    Amén de lo expuesto, resulta indiscutible el carácter irrevisable de las decisiones del Tribunal Arbitral en cuestión, a tenor de la jurisprudencia constante e inalterable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las opiniones doctrinales en la materia y las normas dictadas por el mismo Estado Nacional que son aplicables al Tribunal Arbitral en cuestión.

    Sobre el particular, nos referiremos en el punto siguiente, con lo cual se advertirá que la actuación de nuestro representado fue acorde con la alta magistratura judicial que ejerce.

    B.- Segundo cargo: “Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales y la existencia del proceso penal, lo que hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses”.

    Cabe analizar por separado las distintas imputaciones que injustificadamente se expresan en este segundo cargo contra nuestro representado.

    B.1.- “Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa”.

    B.1.1.- Adviértase que existe una contradicción entre la “revisión del proceso administrativo fraudulento”, al que se refiere en el punto precedente, y la revisión de las resoluciones arbitrales a las que se alude en el presente.

    Se pretende imputar que la Corte Suprema debió revisar un “proceso administrativo”, de lo cual se entiende que con ello se refiere a la instancia jurisdiccional del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Pero, ahora, en este segundo cargo, se dice que se debió revisar la etapa procedimental administrativa, es decir, las resoluciones administrativas. Sin embargo, no se requirió judicialmente la revisión de un procedimiento administrativo.

    Nos preguntamos ¿Cuáles son las resoluciones administrativas que correspondía revisar? ¿Las resoluciones de ENTEL? Ó, ¿las decisiones del Tribunal Arbitral?

    Parece que ahora se alude a la Resoluciones de ENTEL 146/96 y 18/98, que son ciertamente resoluciones administrativas y no laudos arbitrales.

    Carece de seriedad, en un juicio de tal gravitación como el presente, que no se formulen con la debida precisión cuáles son los cargos que se imputan, y sobre la base de contradicciones terminológicas se impide conocer a ciencia cierta de qué se acusa a nuestro mandante.

    Nuevamente, esta Comisión, sobre la base de términos confusos, conculca el derecho de defensa de nuestro representado, produciendo una flagrante violación en el debido proceso legal que prescribe el artículo 14 de la Constitución Nacional.

    Para poder contestar un cargo toda persona necesita conocer en debida forma qué se le imputa.

    Esto no sucede en el presente caso, en el que pretende acusarse a nuestro representado de un presunto error en una sentencia judicial sin que se conozca mínimamente el tema en cuestión. Más, cuando se acusa de no haber resuelto respecto de un planteo que no fue solicitado a la Corte en el recurso extraordinario.

    B.1.2.- Ahora bien, cabe pasar revista a cuál fue el criterio seguido por las distintas integraciones de la Corte Suprema frente a la revisibilidad o irrevisibilidad de los laudos dictados por el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, antes denominado como Comisión Arbitral.

    El estudio de este punto permitirá determinar si realmente puede imputarse que se ha denegado al Estado la vía de revisión judicial de una “resolución administrativa” y/o de un “proceso administrativo”, de acuerdo al alcance que pueda conferirse a los términos mismos de los confusos cuestionamientos, y según la particular naturaleza que entrañan los laudos que emite el tribunal arbitral en cuestión, si la Corte alguna vez ha considerado admisible su revisión, revocando estos laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

    La Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la naturaleza de las decisiones de este tribunal arbitral y la revisibilidad o irrevisibilidad judicial de ellas.

    Sobre esta materia, el primer precedente jurisprudencial es “Amelcom” (Fallos: 239:357; 11 de diciembre de 1957), en el cual se consideró improcedente el recurso extraordinario interpuesto, en razón de que el mismo se sustentó en la interpretación de cláusulas contractuales.

    En el precedente “Servente y Magliola” (Fallos: 252:109; del 12 de marzo de 1962), también se declaró improcedente el recurso extraordinario deducido.

    En el dictamen del Procurador General de la Nación, Ramón Lascano, después de invocar el precedente “Amelcom”, se expresó que respecto de la alegada “arbitrariedad” de la decisión recurrida, ella no se encuentra configurada en los términos de la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema. Concluyó, por consiguiente, en que correspondía desestimar el recurso intentado.

    El Alto Tribunal, en su fallo, compartió el criterio del Procurador, fundando su pronunciamiento en los siguientes argumentos:


    1. "... con arreglo a lo prescripto en el artículo 7 de la ley 12.910, en los artículos 6, 7 y 8 del decreto N° 11.511/47 y en el decreto 1098/56 -especialmente considerando 1º-, respecto de las decisiones de la Comisión Arbitral no cabe recurso judicial alguno".

    2. "... tratándose de un régimen optativo, la elección del proceso administrativo importa la renuncia judicial, incluso del recurso extraordinario -Fallos:189:156; 237:392; 241:203 y otros-. En los autos no se ha propuesto, por lo demás, cuestión alguna atinente a la validez del régimen legal así configurado".

    3. No es "... aplicable al caso la jurisprudencia establecida en materia de arbitrariedad ..." pues la apelada es una resolución dotada de fundamentos suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional. Decide cuestiones jurídicas de naturaleza opinable, que no varía por razón de invocarse opiniones vertidas en dictámenes administrativos".

    En el caso "Empresa Tomagra y Sastre S.A." (sentencia del 11 de junio de 1962), la Corte Suprema falló aplicando la doctrina del precedente antes citado ("Servente y Magliola") y, en consecuencia, declaró improcedente el recurso extraordinario interpuesto.

    En la causa "Kimbaum Ferrobeton S.A. de Construcciones" (Fallos: 261: 27, sentencia del 19 de febrero de 1965), la Corte estimó que no caben recursos judiciales contra las decisiones dictadas por la Comisión Arbitral (Fallos 242:109 y otros).

    Por su parte, en el precedente "Juan Di Nitto" (Fallos: 308:116, sentencia del 13 de febrero de 1986) la Corte, reiteró esta doctrina, señalando que:


    1. "El remedio federal sólo procede respecto de los tribunales de justicia, carácter atribuible a los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de la Provincias y, por extensión, de las decisiones de los organismos administrativos dotados por la Ley de facultades jurisdiccionales, no revisables por vía de acción o de recurso (Fallos:301:594, 1152, 1226; 302:174; causa E.1.XX. "Echenique y Sánchez Galarce S.A. c/ Tietar S.A.", del 22 de mayo de 1984)".

    2. "... no cabe recurso judicial alguno respecto de las decisiones de la Comisión Arbitradora. En efecto, tratándose de un régimen optativo, la elección del proceso administrativo importa renuncia del judicial incluso del recurso extraordinario (Fallos: 252:109; 261:27)".

    3. "... la invocación de garantías constitucionales y la doctrina de arbitrariedad no obvia la ausencia de tribunales de justicia... Así ocurre en el caso en que el art. 7º, de la ley 12.910, 8º del decreto 11.511/47 y su aclaratorio nº 4517/66, establecen que no cabe recurso judicial alguno respecto de las decisiones de la comisión arbitradora".

    En el caso "Pirelli Cables c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones" (Fallos: 322:298, sentencia del 9 de marzo de 1999), la decisión adoptada unánimemente por la totalidad de los magistrados que por entonces integraban la Corte -Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos S. Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez-, fue reiterar esta doctrina expresando lo siguiente:

    "...la pretensión de la demandada de acceder a esta instancia extraordinaria a pesar de lo dispuesto en las normas citadas, en tanto supone un planteo de inconstitucionalidad de aquellas, resulta inadmisible puesto que el Estado Nacional no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de las normas que él mismo dicta (Fallos: 122:73; 132:101; 134:37; 284:218; 296:732 –considerando 4-; doctrina de Fallos: 303:1039; 307:630; y Fallos 311:1237).

    Asimismo, en los autos "Aion S.A.I.C. y A. y Natelco c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones" (sentencia del 29 de agosto de 2000) también adoptada por la totalidad de sus miembros -Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos S. Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez-, el Alto Tribunal desestimó el recurso deducido por la demandada por remisión a los fundamentos vertidos en el precedente "Pirelli" antes reseñado.

    Idéntico temperamento adoptó el Tribunal en la causa "TECSEL Sociedad Anónima s/ apelación expediente Tribunal Arbitral de Obras Públicas N° 2308/98" (sentencia del 29 de agosto de 2000).

    De esta reseña jurisprudencial, se puede advertir que, en los pronunciamientos que van desde el año 1957 hasta el presente, se mantuvo como regla un criterio constante e inalterable a fin de resolver la improcedencia de recurso judicial alguno, incluso el recurso extraordinario, contra los laudos que emanan del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

    Ello así, no sólo respecto del Estado Nacional (cfr. precedente “Pirelli”, Fallos: 322:298), sino también frente a recursos deducidos por particulares (cfr. “Juan Di Nitto”, Fallos: 308:116; “Servente y Magliola”, Fallos: 252:109).

    Puede colegirse de lo expuesto que, conforme la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta inviable el recurso extraordinario frente a laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, en razón del carácter optativo que reviste la jurisdicción de este Tribunal arbitral, y dicha opción -por las mismas normas que dictó el Estado Nacional- se encuentra a cargo del co-contratante del Estado, habida cuenta que de sus tres integrantes dos son funcionarios del Ministerio de Economía.

    Se reitera que esta doctrina jurisprudencial se mantuvo inalterable desde el año 1957 al presente.

    Si la decisión adoptada por nuestro representado provoca la disconformidad de parte de esta Comisión, lo propio debería acontecer con todos los votos emitidos por los jueces que integraron, con anterioridad, la Corte Suprema y confirieron el mismo carácter irrevisable a los laudos de este particular tribunal arbitral.

    Por algo no se imputa a nuestro representado haberse apartado de la doctrina de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema.

    Ello, por la simple razón que se respetó, con el pronunciamiento en la causa “Meller”, la postura jurídica sostenida constantemente con anterioridad por los diversos integrantes de la Corte desde el año 1957. Sin que por ello, se le haya ocurrido a persona alguna que, por esta decisión claramente técnica, se incurra en una presunta causal de mal desempeño en función de meras discrepancias en la forma de identificar la naturaleza del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

    B.1.3.- Cabe también puntualizar sobre qué es lo que se ha dicho respecto de la irrevisibilidad de las decisiones del Tribunal de Obras Públicas, de parte de la doctrina especializada en esta materia.

    Así, Gordillo, señala que “A partir del fallo de la CSJN in re Pirelli cables se entiende que contra los fallos (laudos) del Mencionado Tribunal Arbitral no cabe acción o recurso judicial alguno, incluido el recurso extraordinario federal regulado en los Artículos 14 a 16 de la Ley 48. Concluido el proceso arbitral y previo dictamen jurídico, el Tribunal dictará el fallo o laudo arbitral que decide sobre el fondo del asunto, el que no contendrá costas ni regulación de honorarios. El laudo firme se ejecuta judicialmente por juicio ejecutivo” (Aut., cit., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tº2, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, pág. XVII-15).

    Por su parte, Eduardo Mertehikian sostiene que "Precisamente, por tratarse de un régimen administrativo, la elección –libremente ejercida- por el tribunal arbitral, conformado como un órgano jurisdiccional de opción, importa la renuncia a la jurisdicción judicial; renuncia que resulta plenamente válida como ha tenido oportunidad de interpretar la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antigua jurisprudencia ...". Dicho autor concluye que "en suma y para disipar toda duda, contra los fallos (laudos) del mencionado tribunal arbitral no cabe acción o recurso judicial alguno, incluido el recurso extraordinario federal regulado en el art. 14 de la ley 48" (Eduardo Metehikian, “La inviabilidad de la revisión judicial de los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, n° 250, p. 29, 1999).

    Si se desean obtener más opiniones doctrinarias sobre esta materia, puede observarse en la misma causa que, Marienhoff dictaminó originariamente en la instancia administrativa, y con cuyo criterio luego discrepó el Procurador del Tesoro de la Nación.

    Por su parte, Cassagne y Barra, emitieron sus opiniones en un tenor discordante con el mentado Procurador.

    Finalmente, Meller SA requirió la ejecución del laudo arbitral pues conocía que ninguna decisión de este tribunal arbitral fue modificada por la Corte, habida cuenta de su carácter de autoridad de cosa juzgada que le impide ser susceptible de revisión judicial.

    Más aún, lo reiteramos, este criterio -de irrevisabilidad de las decisiones del mentado Tribunal arbitral- fue sostenido por el Procurador General de la Nación, en su dictamen en el caso "Meller", y con cita de los mismos precedentes jurisprudenciales a los que hizo mérito nuestro mandante.

    B.1.4.- Esta interpretación sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y compartida por la calificada doctrina citada, es la adecuada al régimen normativo que regula el funcionamiento del Tribunal Arbitral de Obras Públicas el que se encuentra integrado por las siguientes normas:



    1. Ley 12.910, que disponía que "el acogimiento del contratista a los beneficios de esta ley implicará automáticamente la renuncia a toda acción judicial basada en las causas que motivan la presente ley" (art. 7º).

    2. Decreto 11.511/47 (ADLA, VII, 660), reglamentario de la ley 12.910, que en su art. . 8º creó la llamada "Comisión Arbitral", integrada por dos funcionarios del Estado y un representante de las empresas constructoras. Es decir, una composición colegiada y paritaria, conviniendo el sector público y el privado.

    3. Ley 13.064 de “Obras Públicas” que autoriza el sometimiento del Estado Nacional a la jurisdicción arbitral (conf. Interpretación doctrinaria y jurisprudencial del artículo 55 párrafo 2).

    4. Decreto 1978/64, reglamentario de la Comisión Arbitradora.

    5. Decreto 3772/64 (arts. 4, 5 y 6) reglamentario de la ley 12.910.

    6. Decreto 4517/66, aclaratorio del art. 8º del Dec. 11.511/47. Allí se dispuso que para la dilucidación y resolución de las cuestiones referentes a variaciones de costos producidas en los contratos de obra pública existe una doble vía a opción del contratista: una ante la ya mencionada Comisión Arbitradora, y otra mediante el recurso jerárquico, dejando establecido que la elección de una en cada caso concreto, excluye la utilización de la otra (conf. decreto 4517/66, artículo 1°).

    7. Decreto 7759/67, sobre normas para interponer recursos de apelación ante la Comisión Arbitral.

    8. Decreto 2875/75, en lo atinente a normas y plazos de presentación ante el Tribunal Arbitral.

    9. Decreto 1496/91 (art. 6º), en virtud del cual se dispuso que como "Responsabilidad Primaria" del Tribunal Arbitral de Obras Públicas se encuentra la de ejercer la función jurisdiccional que le encomiendan las leyes de obras pública (decs. 11.511/47, 1978/64 y 772/64; de consultoría, ley 22.460; y de concesión de obra públicas ley 17.520). Asimismo, en dicho decreto se dispuso que las decisiones del mentado tribunal arbitral importaban resoluciones finales Por lo demás, se mantuvo el carácter paritario y colegiado del Tribunal Arbitral de Obras Públicas y la intervención del mismo a instancia del contratista.

    10. La resolución S/N aprobada por el Tribunal Arbitral mediante Acta Nº 1543, publicada en B.O. el 4/9/98, a tenor de la cual se dispone que:

    1. El particular se encuentra frente a dos vías excluyentes a su elección, la arbitral o la judicial.

    2. El tribunal dicta el fallo o laudo arbitral previo dictamen del Asesor Jurídico, y no contendrá costas ni regulación de honorarios.

    3. El fallo del tribunal sólo resulta pasible de recurso de revisión.

    Sobre esas bases cabe concluir que el régimen estructurado por el propio Estado en torno del Tribunal Arbitral de Obras Públicas partió de la idea del "sometimiento liso y llano a la jurisdicción administrativa con total exclusión de la judicial", la cual culminaba con la "consideración definitiva de una Comisión Arbitral, que designará el Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas" (arts. 6° y 8° del Dto. 11.511/47).

    Respecto de la antedicha Comisión, los asesores legales del Poder Ejecutivo entendieron que la interpretación concordante del artículo 7°, último apartado, de la ley 12.910 con los artículos 7º y 8º del decreto reglamentario 11.511/47, llevaba a la conclusión de que "los fallos dictados por la Comisión arbitradora tienen autoridad de cosa juzgada" (conf. considerando 1° del decreto 1098/56), razón por la cual, y teniendo en cuenta que "es conveniente para mayor garantía de acierto de las decisiones de la Comisión arbitradora, conceder a ésta la facultad de reverlos en determinados casos" (conf. considerando 3° del mismo decreto), se decidió hacer pasibles de recurso de revisión a los fallos dictados por la Comisión mencionada (artículos 1° del decreto citado y 5° del decreto 3772/64).

    También se consideró, particularmente, que entre las acciones encomendadas al Tribunal Arbitral de Obras Públicas se encuentra la de resolver con fuerza de verdad legal las cuestiones que le sometan a su jurisdicción, sobre los temas de su competencia (Anexo II del decreto 1496/91).

    Lo expuesto evidencia la absoluta inconsistencia del cargo referente a la negación de la vía judicial de revisión al Estado Nacional en tanto, como principio, la Corte nunca pudo negar un recurso del que el Estado carecía de acuerdo con el régimen por él mismo estructurado.

    B.2.- "Que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos".

    Esta acusación es también absolutamente falsa.

    En efecto, debe hacerse referencia a los alcances que la Comisión de Juicio Político le asigna a la decisión adoptada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando afirma que ella causó "un perjuicio de centenares de millones de pesos al Estado Nacional".

    En primer lugar, dicho pronunciamiento no condenó a pagar suma alguna ni ello formaba parte del recurso extraordinario, sino que denegó, como quedó expuesto, siguiendo reiterados precedentes, el recurso de queja deducido contra la desestimación de un recurso extraordinario extemporáneo interpuesto contra una decisión del Tribunal Arbitral de Obras Públicas que había levantado la suspensión dispuesta por la Resolución ENTEL 18/98.

    Pero, más allá de ello, de ser cierto que exista el reconocimiento por parte del Estado de una deuda "de centenares de millones de pesos", esa circunstancia no sería consecuencia del fallo de la Corte sino el resultado de una actuación posterior del Ministerio de Economía vinculada a la modalidad con la cual se dispuso satisfacer el reclamo –bonos de consolidación-, de la cual el Tribunal resulta absolutamente ajeno en su conocimiento y responsabilidad.

    Precisamente, el conocimiento que recién hemos podido tomar en las últimas horas de la causa “Meller SA -MELLER COMUNICACIONES SA- UTE c/ PEN-LEY 25561 DTO 1570/01 214/02 (CAJA VALORES) s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO - LEY 25561", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo del Doctor Sergio G. Fernández, Secretaría N° 3, cuya titular es la Doctora Estela M. Arberas, no hace más que ratificar esa conclusión.

    En efecto, el Estado Nacional -Ministerio de Economía-, en su primera intervención en dichas actuaciones, expresa:

    “...2.- A fs. 22/24 del expediente EXP-S01:0285493/2002 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía dictamina que corresponde continuar con el (sic) tramitación de dichos obrados, relacionados con el reclamo de la accionante que fuera reconocido, por la ex - Entel (e.l.) por medio de su Resolución 146/96, sugiriendo para tal fin, su pase a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial “debiendo tener en cuenta que la peticionaria ha formulado la presentación obrante a fs. 1/4 del Expte. N° 0288520/02 agregado sin acumular, en el cual ha formulado la propuesta de percibir Bonos de Consolidación en moneda nacional”.



    2.1.- Así las cosas, a fs. 31 de los actuados administrativos citados, la aludida Subsecretaría requirió al Grupo de Fortalecimiento de Dependencias Jurídicas y Administrativas del Ministerio de Economía, que proceda a expresar el crédito reclamado por la actora, en Bonos de Consolidación de Deuda Pública en Moneda Nacional.

    2.2. Dicha dependencia se expidió a fs. 33/71 -siempre de los actuados administrativos citados, - donde, determinando el valor del crédito al 30/11/2002 en la suma de $ 102.894.175,69, expresa el valor del reclamo en Bonos de Consolidación en pesos segunda serie 2% (PRO 12) según su cotización en el mercado (30,50%) en $ 337.357.953,07.

    2.3.- Posteriormente, en virtud de la presentación de la actora a fs. 70/73, el aludido Grupo Técnico recalcula el valor del reclamo al 28/02/03 arribando a un total de $ 115.740.043,97. Sobre la base de aquél, ponderando el valor de mercado de los Bonos de Consolidación en pesos 4a. Serie 2% (PRO 12), determina la cantidad de dichos títulos valor nominal, necesarios para cancelar la suma aludida en $ 399.103.599,91.

    2.4.- A fs. 115 el actor prestó su conformidad a dichos cálculos, en la medida que la entrega de los títulos allí determinados, se efectuara con anterioridad al 27/03/2003...” (conf. fs. 157 vta. y fs. en 158 de la causa citada, el resaltado nos pertenece).

    Asimismo, de dichas actuaciones se desprende que el 18 de marzo de 2003 el Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía aprobó el acuerdo concertado por Meller con la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial y autorizó el pago en bonos de consolidación de $ 399.103.599,91 (fs. 109/113 de la causa citada).

    Como podrá apreciar la Comisión, es evidente que si en una pretendida vinculación con la llamada “causa Meller” se llegase a producir un “perjuicio” al Estado de “centenares de millones de pesos”, ello en modo alguno encontraría origen en la decisión adoptada -con el voto concurrente de mi representado- por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 5 de noviembre de 2002, sino en la exclusiva actuación de dependencias de otro Poder -posterior y ajena a la intervención del Alto Tribunal-, a las resultas de la cual se habría arribada a un determinado resultado, consecuencia del temperamento seguido en materia de suscripción de bonos de consolidación.

    Reitérase aquí que el aludido pronunciamiento de la Corte Suprema denegó -siguiendo una constante doctrina-, el recurso extraordinario deducido contra el fallo del TAOP que había dejado sin efecto la orden de suspensión del pago a la actora de $ 28.942.839,81 en Bonos de Consolidación de la Deuda Pública, dispuesto por la resolución 146 de 1996 dictada por la Liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, monto cuya determinación no fue objeto de cuestionamiento en ese recurso.

    La liquidación final fue aprobada por el Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, y a pagarse mediante Bonos de Consolidación de la Deuda Pública, según el régimen de la ley 23.892, con posterioridad a la sentencia de la Corte Suprema y sin que ésta se haya referido a monto alguno ni a pautas para su determinación, que no se comprenden.

    Ninguna intervención tuvo en dicho desarrollo la Corte Suprema de Justicia.

    B.3.- "...omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales y la existencia del proceso penal...".

    B.3.1. Con respecto a la alegada omisión en el tratamiento de "los serios planteos del recurso", del voto suscripto por mi representado, junto con el Dr. López, surge que en modo alguno se prescindió de la consideración de dichos planteos, sino que, por el contrario, se concluyó que ellos no resultaban idóneos para alterar la doctrina de la Corte Suprema acerca de la irrevisibilidad de los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, mantenida desde siempre. Así se falló de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación.

    Adviértase un punto que es importante poner de resalto.

    Si existieron responsabilidades de funcionarios en la causa “Meller”, ella se debía a funcionarios de la administración y/o de quienes emitieron sus dictámenes técnicos.

    No es la Corte quien, en el marco de un expediente de un recurso de hecho deducido contra un laudo del mentado Tribunal Arbitral, considerado desde siempre como irrevisable, el órgano del Estado que debe sustituir al órgano ejecutivo en las funciones administrativas ejercidas.

    La Corte no puede hacer caer todo el andamiaje jurídico, pues el principio de legalidad debe aplicarse al caso. La Corte no puede resolver lo que no forma parte de un recurso sin violar las normas procesales que definen la jurisdicción, con fundamento en la garantía del debido proceso.

    La Corte no puede sustituir presuntos errores cometidos por funcionarios de la Administración, ya que no es el órgano autorizado, ni fue este recurso de queja el cauce legal, para ello.

    De existir estas responsabilidades administrativas por una defectuosa actuación en sede administrativa, arbitral o judicial, la vigilia de las responsabilidades le cabe al propio Poder Ejecutivo quien debe velar por ello y denunciar en la vía penal pertinente.

    De allí, surgen los órganos y los cauces legales para realizar el escrutinio judicial correspondiente.

    La división de funciones gubernamentales, que esta Comisión no puede desconocer, así lo imponen.

    B.3.2. En cuanto a la supuesta omisión de "las disidencias judiciales", aun entendiendo que se pretende hacer referencia a los votos de los señores Ministros de la Corte Suprema que quedaron en minoría en el fallo de que se trata, el supuesto reproche resulta manifiestamente inadmisible pues en tal caso no se trataría más que del reconocimiento de la existencia de criterios jurídicos distintos del sostenido por mi representado.

    Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, a diferencia de la posición sostenida en el caso en análisis por los jueces Fayt y Petracchi, mi mandante adhiere al criterio según el cual el Tribunal Arbitral de Obras Públicas no reviste naturaleza de tribunal administrativo.

    Criterio sostenido por nuestra doctrina administrativista, por las distintas integraciones de la Corte conforme reseña jurisprudencial ut supra reseñada.

    Con relación a ese tema resulta adecuado remitir al Dictamen N° 173, del 29 de diciembre de 1994, de la Procuración del Tesoro de la Nación que resulta ilustrativo de la opinión jurídica de mi representado. Allí se concluyó en que el Tribunal Arbitral de Obras Públicas es un “tribunal arbitral” y no un “tribunal u órgano administrativo”.

    Los principales argumentos para arribar a tal conclusión fueron los siguientes:


    1. El carácter paritario del tribunal, por lo que no puede ser asimilado sin más a un órgano de la Administración.

    2. No es un órgano consultivo ni de asesoramiento.

    3. Es un verdadero tribunal de solución de controversias.

    4. Sus pronunciamientos constituyen resoluciones finales con fuerza de verdad legal.

    5. Las normas que regulan el procedimiento del tribunal confieren una opción a favor de los particulares, ya que su competencia sólo se habilita a instancia de los mismos voluntariamente.

    6. Hizo mérito en que la integración del tribunal arbitral cuenta con un representante de las empresas constructoras, cuyo voto es parte de la decisión.

    7. Concluyó en que las decisiones del mentado Tribunal Arbitral no eran revisables a través del recurso que dispone el art. 99 del Decreto 1759/72 que rige para todos los tribunales administrativos de la Nación. Para ello la Procuración sostiene que estos laudos arbitrales no pueden ser objeto de un control jerárquico (el citado art. 99 Dec. 1759/72) sobre el acto de quien no forma parte de la Administración, no siendo tampoco dable suponer que "...una fragmentación de la decisión, sujetando al control jerárquico los votos de los funcionarios administrativos que lo componen y excluyendo de dicho control, al del tercer miembro".

    Este punto resulta de vital importancia, pues las decisiones de un tribunal administrativo son revisables en la vía administrativa según lo dispone el art. 99 del Dec. 1759/72 (cfr. Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tº I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 91).

    Al ser ello así, encontrándonos frente a un "tribunal arbitral", no resulta aplicable la doctrina del fallo "Fernández Arias Elena y otros c. Poggio, José (sucesión)" (Fallos: 247:646) en relación al "control judicial suficiente" al que debe ser objeto una decisión dictada por un tribunal administrativo.

    Sin embargo, corresponde aclarar que aun en la hipótesis de considerar al Tribunal Arbitral de Obras Públicas como a un tribunal administrativo, el voto de mi representado no contradice la doctrina de la Corte Suprema en la materia.

    En el leading case "Fernández Arias", el Alto Tribunal admitió la validez de los actos dictados por organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, en tanto los mismos queden sujetos a control judicial suficiente, lo que supone el reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante el Poder Judicial y la negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido (conf. considerando 19 del fallo citado. Puede verse también Palacio, Lino Enrique, Algunas consideraciones sobre los actos jurisdiccionales de la Administración, en la obra 120 años de la Procuración del Tesoro de la Nación, 1863-1983, pág. 75 y ss.).

    El examen del precedente judicial no seria adecuado al presente análisis, si no se trajera a colación lo resuelto en el citado considerando 19) del fallo, en relación al sentido y alcance que debe conferirse a la expresión control judicial suficiente utilizada por la Corte.

    Dicho concepto resulta decisivo en torno a definir la validez del carácter de resolución final que tienen las decisiones emanadas del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, aun cuando se confiriera a éste la caracterización de un tribunal administrativo.

    Expresa en tal sentido el fallo que: "…control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (doctrina de Fallos:205:17; 245:351) …".

    De ello deriva que, a la luz del texto constitucional, la cuestión central y determinante radica en que la existencia de una opción legal para el interesado resulta decisiva en la interpretación que debe realizarse acerca del carácter de resolución final que se predica respecto de las decisiones arbitrales.

    Como quedó evidenciado en el análisis del régimen jurídico de funcionamiento del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, su jurisdicción es siempre voluntaria para los particulares y su competencia se habilita exclusivamente a instancia de una opción solamente deferida a favor de aquellos, por lo que el régimen cumple en tal sentido con el requisito de conferir una opción legal para que sus decisiones adquieran el carácter de resoluciones finales. En el supuesto del Estado, la opción la efectuó al crear el tribunal arbitral por lo cual el posterior cuestionamiento a la decisión que finalmente adopte el Tribunal Arbitral de Obras Públicas pondría en evidencia una contradicción "con los propios actos", lo cual, según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es causa suficiente para desestimar tal pretensión.

    En suma, ha quedado demostrado que, aun cuando se caracterice al Tribunal Arbitral de Obras Públicas como un “tribunal administrativo”, el voto del Dr. Moliné O´Connor, junto con el Dr. López, -lo que no es así, según resulta del dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación citado ut supra, Dictamen 173 del 29/12/94-, no ha contradicho la doctrina judicial del control judicial suficiente. Antes bien, lo cierto es que los pronunciamientos emanados del examinado tribunal arbitral, cumplen con los requisitos de validez constitucional que la doctrina de la Corte analizada exige para conferir carácter de resolución final con fuerza de verdad legal a las decisiones de dicho tribunal.

    B.3.3.- Por su parte, la Comisión atribuye a mi representado haber omitido considerar la existencia del "proceso penal".

    Al respecto, dada la sorprendente ligereza e indefinición del reproche, pues se ignora a qué trámite o actuación de naturaleza penal se está haciendo alusión, únicamente cabe mencionar las constancias del expediente tramitado ante la Corte (causa M.681.XXXV.Recurso de Hecho en los autos "Meller Comunicaciones S.A. Unión Transitoria de Empresas c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones"), que pudiesen guardar algún punto de vinculación con la imprecisa referencia contenida en el cargo de que se trata. En tal sentido, a fs. 172 de esas actuaciones, a las cuales se hará referencia en el presente párrafo, obra una solicitud del Fiscal Adjunto de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Jorge Dahl Rocha, dirigida "en causa N° 9618/01 de trámite por ante esta Fiscalía", a los efectos de solicitar la remisión de copias certificadas "de la integridad de los expedientes administrativos N° 8946/96 y 10.711/96 del registro de la ex empresa de telecomunicaciones ENTEL".

    A fs. 174 obra el oficio suscripto por el Fiscal, Dr. Dahl Rocha, mediante el cual procede a la devolución de los expedientes administrativos antes aludidos que le fueran remitidos por el Tribunal para extraer las fotocopias solicitadas.

    Asimismo, a fs. 184 el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Gerardo R. Di Masi, se dirigió a la Corte Suprema "en la causa N° 9618/01, caratulada ´N.N s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público´, que tramita por ante esta dependencia, oportunidad en la cual se requiere la remisión de expediente 8946/96".

    A fs. 187, el Dr. Di Masi se dirige nuevamente al Tribunal "a fin de solicitarle tenga a bien informar si se ha dictado resolución en los autos caratulados ´Meller Comunicaciones S.A. Unión Transitoria de Empresas c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones, recurso de hecho deducido por la demandada´; caso positivo se remita copia certificada de la misma".

    Las referidas, eran las únicas constancias que existían en la causa en trámite ante la Corte Suprema al momento de dictarse el fallo cuestionado, las que no justificaban ninguna otra medida de parte de la Corte.

    Máxime, habida cuenta de lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, sobre la base de la jurisprudencia en forma inalterable que resulta aplicable frente a los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

    Si en actuaciones penales, en otras instancias judiciales, se encontraba en estudio alguna cuestión sobre responsabilidad de funcionarios, no era en el marco de este recurso de queja improcedente, interpuesto por denegación de un recurso extraordinario presentado en forma extemporánea, la vía pertinente para resolver de un modo distinto, apartándose así de la legislación y jurisprudencia que cabía aplicar en el caso concreto.

    B. 4. "... lo que hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedades del caso, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses".

    Las expresiones que anteceden no permiten el menor análisis. En efecto, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, del voto suscripto por nuestro representado sólo cabe extraer que el único interés que lo ha guiado ha sido el cumplimiento de los deberes inherentes a su alta responsabilidad como juez del máximo Tribunal de la República.

    ¿Cómo puede inferirse un interés de tal tenor sin relación de causalidad alguna?

    En cualquier esfera que se trate para responsabilizar a una persona se requiere de: 1) una causa imputable, 2) de un efecto que se produzca por ello, 3) de un nexo causal adecuado.

    Si no se produjo un apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, la doctrina especializada en la materia sostiene la irrevisabilidad de estos laudos de este tribunal en cuestión y así también lo dispuso el mismo Estado por las normas que se dictaron en la materia.

    Es de preguntar ¿dónde se origina esta imputación sobre nuestro mandante en cuanto a que “su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses”?

    El ejercicio regular de la magistratura judicial, conforme se demuestra con las citas jurisprudenciales, doctrinales y normativas aplicables en esta materia, en modo alguno puede originar cuestionamientos contra nuestro representado.

    No hubo efecto perjudicial para el Estado que pueda tener originen en el obrar judicial de la sentencia que se discute.

    Vale decir que, con este accionar ilegítimo de esta Comisión, se advierte claramente la flagrante violación que se produce de la división de poderes, habida cuenta que lo que se imputa a nuestro mandante es una mera discrepancia sobre “la revisabilidad o irrevisibilidad de las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas” y si el mentado tribunal es un “tribunal administrativo” o no.

    Discusión académica que excede el marco de un juicio político y demuestra que nos encontramos frente a una infundada imputación de presunto mal desempeño de funciones judiciales.

    De lo expuesto, puede colegirse que estas imputaciones contra nuestro representado importan un atropello sobre la independencia de la misma magistratura judicial toda vez que se pretende inculpar a un Juez sobre una actuación adecuada a derecho.

    Tercer Cargo: "Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48".

    En cuanto al control de constitucionalidad que se habría "abdicado", en los precedentes supra mencionados el Alto Tribunal consideró que no era posible efectuar el test de constitucionalidad contra los laudos del mentado Tribunal Arbitral de Obras Públicas ("Pirelli", Fallos: 322:298).

    Además, la parte que pretendió recurrir por ante la Corte Suprema, el Estado Nacional, no planteó la inconstitucionalidad de las normas que le impedían requerir la revisión judicial de las decisiones del tribunal arbitral. Y, sí así lo hubiera expresado, no es posible que el propio Estado Nacional requiera la declaración de inconstitucionalidad de las mismas normas que él ha dictado ("Pirelli", Fallos: 322:298; con cita a otros precedentes de Fallos: 122:73; 132:101; 134:37; 284:218; 296:723; 303:1039; 307:630; 311:1237).

    Habida cuenta que el régimen jurídico aplicable al Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que dispone la vía arbitral excluyente a opción del contratista, fue dictado por el Estado Nacional -que integra ENTEL-, resulta aplicable sobre el particular la "doctrina de los actos propios".

    En sentido coincidente, cabe reiterar que los pronunciamientos emanados del examinado tribunal arbitral, cumplen con los requisitos de validez constitucional que la doctrina de la Corte analizada exige para conferir carácter de resolución final con fuerza de verdad legal a las decisiones de dicho tribunal.

    Si aplicamos un enfoque alternativo, advertimos que los tres primeros cargos que se formulan constituyen una unidad, es decir, forman parte de una misma y única conducta, que consistió en desestimar el recurso extraordinario interpuesto por E.N.T.E.L. residual contra el fallo del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. A esa conducta se le asignan tres significados o consecuencias distintas: a) Negar a la Administración el derecho de obtener la revisión judicial de una resolución administrativa que la perjudica ilegítimamente en millones de pesos; b) Dejar firme esa resolución administrativa significaría legitimar judicialmente un proceso administrativo fraudulento; c) Ello, a su vez, implicaría abdicar de ejercer el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48.

    El examen de la conducta en cuestión y de sus implicancias debe comenzar, pues, por determinar si en el caso el recurso extraordinario fue correctamente desestimado. En caso de haberlo sido, el voto por el que se formulan los cargos no habría implicado negar la revisión judicial ni abdicar del control de constitucionalidad, debido a que las leyes procesales no obligan a revisar todos los actos administrativos ni controlar su constitucionalidad, cualesquiera sean las condiciones en que concretamente se los impugne. La firmeza de la resolución arbitral resulta una consecuencia necesaria de la imposibilidad de deducir el recurso extraordinario contra ella; es decir, es la consecuencia jurídica necesaria de la desestimación del recurso. De la misma manera, la alegada “convalidación de un proceso administrativo fraudulento” no resultaría ser otra cosa que la consecuencia jurídica necesaria de la imposibilidad de recurrir por la vía del art. 14 de la ley 48.

    Cabe aclarar que la intervención de la Corte en caso de fraude procesal presupone que la parte afectada, previamente, haya hecho uso de los remedios procesales establecidos por las leyes para combatirlo, esto es, que en el juicio por “estafa procesal” o “cosa juzgada fraudulenta” los jueces de la causa se hayan expedido al respecto. En síntesis, de acreditarse que en la especie el recurso extraordinario resultaba improcedente, no podrá ya sostener que el voto en virtud del cual se formulan los cargos antedichos negó al Estado el derecho a obtener la revisión judicial de una resolución arbitral.

    Dado que el recurso extraordinario es improcedente, la resolución arbitral debía ser cuestionada por otra vía, por ejemplo, por medio de las acciones ordinarias de lesividad o de cosa juzgada fraudulenta. Tampoco podrá decirse que se legitimó judicialmente un proceso administrativo fraudulento, porque la desestimación del recurso extraordinario en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no implica convalidar decisión alguna, sino “dejarla firme”. La desestimación no significa que la Corte considere que la decisión apelada ante ella sea válida; puede serlo o no. Significa, simplemente, que el remedio excepcional previsto en el artículo 14 de la ley 48 es improcedente en el caso concreto.

    La validez o invalidez de lo resuelto en las instancias anteriores, particularmente en el caso de procesos fraudulentos, debe resolverse por vía de otros remedios procesales y la intervención de la Corte sólo puede tener lugar después de que los jueces de la causa se hayan pronunciado sobre el carácter “fraudulento” del proceso, extremos que en el caso nunca se dieron.

    En cuanto a la procedencia del recurso extraordinario cuya desestimación funda los tres primeros cargos, reiteramos que la jurisprudencia ha sostenido de manera clara e invariable que las decisiones de los tribunales arbitrales y, en especial, las del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, no son susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso extraordinario.

    Por otra parte, en el caso, el Procurador General de la Nación, funcionario que tiene a cargo la función específica de velar por la defensa de los intereses públicos y expedirse acerca de si la Corte tiene competencia apelada para conocer sobre un asunto determinado (Arts. 25, incs. a) y b), y 33, inc. a, ap. 5º, de la ley 24.946) se pronunció por la improcedencia del recurso del art. 14 de la ley 48. El dato no es menor, por cuanto el funcionario cuyo deber es representar los intereses públicos ante la Corte, siguiendo la doctrina de los fallos citados, sostuvo que el recurso extraordinario era inadmisible. ¿Por qué? La razón por la cual se ha considerado que, como regla, las decisiones de los tribunales arbitrales no son susceptibles de recurso extraordinario no es otra que la denominada doctrina del sometimiento voluntario a las consecuencias de un régimen jurídico determinado.

    En otros términos, el voluntario sometimiento de las partes a un régimen legal que excluye la posibilidad de recursos judiciales impide pretender valerse de ellos con posteridad: “La jurisdicción arbitral libremente consentida excluye la que normalmente comprende a los jueces y puede culminar con el conocimiento por esta Corte, sin que resulten admisibles en dicha hipótesis otros recursos que los que consagren las leyes procesales por cuyo medio ha de buscarse reparar los agravios ocasionados por el laudo” (Fallos 296:230, con cita de Fallos 237:392, 250:408, y 274:323, entre otros).

    En el caso del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que es un tribunal pre-constituido por el Estado Nacional para resolver los conflictos entre éste y sus contratistas, su régimen específico establece que para la resolución de tales conflictos existe una “doble vía a opción del contratista” y expresamente prevé que “la elección de una excluye la utilización de la otra”. De modo que el consentimiento de la vía arbitral excluye la vía judicial, así como la opción por la vía judicial excluye la jurisdicción arbitral. Por tales razones, en la especie, tanto el Procurador General de la Nación como la Corte Suprema se limitaron a reiterar la doctrina de que los fallos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no son susceptibles de impugnación por medio del recurso del art. 14 de la ley 48.

    Por ello, en el caso, el derecho a obtener la revisión judicial de los actos administrativos poco tiene que ver con la desestimación del recurso extraordinario interpuesto por ENTEL residual. Consentida la jurisdicción arbitral que, como se ha visto, implica la renuncia a la vía judicial, la pérdida del derecho a la revisión por la vía extraordinaria deriva de la propia conducta discrecional de la parte afectada.

    Una vez expuestos los principios generales que rigen la procedencia del recurso extraordinario contra las decisiones de los tribunales arbitrales, es menester determinar si en la especie el fallo arbitral cuestionado podía ser considerado “arbitrario. Pues, según se estableció en la causa A. 269 “Aion S.A.I.C. y Natelco S.A.I.C. c/ENTEL”, del 29/8/2000, los fallos del tribunal arbitral son susceptibles de ser impugnados mediante el recurso del art. 14 de la ley 48 en los casos de “arbitrariedad”. A fin de establecer si existió arbitrariedad, es menester recordar que el asunto sometido a decisión del tribunal arbitral se refería a si había mediado o no cumplimiento del contrato entre las partes; más específicamente, si la empresa estatal adeudaba, o no, un saldo de precio a su co-contratante. Ese conflicto se reflejaba en dos resoluciones administrativas consecutivamente dictadas por los interventores de ENTEL. Según la primera, la empresa estatal en liquidación adeudaba a la contratista 28.942.839 pesos pagaderos en Bonos de Consolidación de la Deuda Pública (ley 23.982). De acuerdo con la segunda resolución, la empresa estatal y el Estado Nacional no adeudaban suma alguna porque, como lo había puesto de manifiesto el Procurador del Tesoro de la Nación, las partes habían transigido el conflicto extra-judicialmente, en el expediente administrativo ENTEL 8946/94, en el cual habían reconocido y cancelado un saldo de precio mucho menor.

    La controversia planteada remitía, en consecuencia, al examen de temas de hecho, prueba, y derecho común, ya que los conflictos relacionados con la existencia o inexistencia del pago de una obligación o la extensión y alcance de las cláusulas de un contrato o transacción, y la determinación de la existencia de un saldo de precio impago son por entero ajenas a la vía del recurso extraordinario. En la especie, para que la Corte pudiera afirmar que existían un supuesto de arbitrariedad era necesario que el recurrente hubiera alegado y demostrado que el fallo del Tribunal Arbitral no sólo era opinable, incorrecto, o desacertado, sino que era inconcebible en un sistema racional de administración de justicia. La acreditación de tal extremo se hallaba exclusivamente a cargo del recurrente pues, en ausencia de una cuestión federal típica, la Corte debía atenerse rigurosamente a los agravios expuestos en el escrito de interposición del recurso en cuestión, en el cual el Estado Nacional no dijo que había existido “estafa procesal” “cosa juzgada fraudulenta” ni nada por el estilo. A falta de agravios sobre este particular, mal puede serle imputada a la mayoría del Tribunal haber “abdicado” del ejercicio del control de constitucionalidad pues, como es bien sabido, dicho control se ejerce en el caso concreto a petición de la parte interesada y en la estricta medida que resulta de los agravios llevados ante la Corte en el escrito respectivo.

    Tal como sucede en la inmensa mayoría de los conflictos derivados del cumplimiento de contratos, públicos o privados: ¿Cómo podría saber la Corte si alguna de las partes le adeuda algo a la otra, sin tener ante sí evidencias incontrastables de este hecho? ¿Cómo estaría en condiciones de sugerir o afirmar que un proceso administrativo ha tramitado de manera fraudulenta, es decir, de manera delictiva, si la parte afectada no lo denuncia como tal, omite promover las acciones respectivas y no aduce el carácter fraudulento de la cosa juzgada recaída en dicho proceso? ¿Cómo se podría haber presumido, con algún grado de probabilidad de acierto, que el Estado nada adeudaba a su co-contratante si en la causa no constaba prueba alguna al respecto, sino tan solo meras alegaciones contradictorias de las partes interesadas?

    El razonamiento en que se basan los cargos formulados parte de la premisa, no alegada ni acreditada por el recurrente en el escrito de interposición del recurso extraordinario, de que todo el procedimiento administrativo que culmino con el fallo arbitral fue fraudulento. Claro está que, admitida esa premisa, la Corte debió haber admitido el recurso extraordinario debido a que en el caso se daba un supuesto de arbitrariedad. No obstante, un somero examen del escrito de interposición (que, por un imperativo procesal, debe describir de modo autónomo todas las circunstancias relevantes del caso) pone de manifiesto lo contrario. La Corte no podía partir de la premisa de que el proceso anterior había sido fraudulento porque dicha circunstancia, no alegada ni mucho menos demostrada, requería que hubiera mediado la previa sentencia penal firme que declarara la existencia de fraude contra la administración pública.

    En tales condiciones, no es posible afirmar que la Corte obró irrazonablemente al desestimar el recurso extraordinario por haber considerado que, en la especie, no se daba un supuesto de arbitrariedad. El carácter fraudulento de un proceso no se puede presumir. Debe estar acreditado. Y no lo estaba. Como tampoco estaba acreditado, ni lo está, que a consecuencia de la sentencia de la Corte por la cual se formulan los cargos, el Estado Nacional haya sido condenado a pagar “centenares de millones”. Como se dijo, la resolución administrativa convalidada por el Tribunal Arbitral dispuso que E.N.T.E.L. (en liquidación), es decir, el propio Estado, pagara una suma cercana a los 29 millones de pesos en Bonos de Consolidación de la Deuda Pública que, aparentemente, tampoco han sido emitidos hasta el momento, de manera que el Estado Nacional se halla en condiciones de acudir a todos los remedios procesales diferentes del recurso del artículo 14 de la ley 48 (que, como se expresó, no constituye la vía idónea) para reparar el perjuicio que la resolución administrativa le causa.

    Además de las mencionadas acciones de “cosa juzgada fraudulenta” o de “lesividad”, el Estado Nacional cuenta con el remedio procesal específicamente previsto en el art. 506, incs. 1º y 4ª, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: si el fallo del Tribunal Arbitral es fraudulento, la parte afectada puede oponer la excepción de “falsedad de la ejecutoria” cuando la empresa co-contratante pretenda ejecutarlo; y si efectivamente E.N.T.E.L. ya canceló todas sus obligaciones y no adeuda suma alguna a título de saldo de precio (tal como sostuvo el Procurador del Tesoro en su dictamen), debe oponer la excepción de pago en caso de que la empresa contratista pretendiera ejecutar un crédito que ya cobró. Por tanto, el derecho a la revisión judicial de la resolución administrativa que ordenó el pago de la deuda que se dice cancelada se halla absolutamente indemne. La parte interesada está en penal condiciones de ejercerlo utilizando a ese fin las vías procesales adecuadas.

    Pretender que la Corte, en la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48, supla la actividad de la parte interesada es, directamente, no comprender cuáles son los límites del control de constitucionalidad por vía del recurso extraordinario federal.

    En síntesis, la solución expuesta en su voto, junto al ministro López, está debidamente fundada en derecho y en los precedentes de la propia Corte. Los legisladores, como las partes de un proceso, podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en modo alguno lo pueden descalificar con la argumentación expuesta por los denunciantes.

    Los cargos referentes al caso "Meller" en modo alguno puede configurar una causal de mal desempeño de un juez. No lo puede ser porque no es función de los legisladores controlar a los órganos judiciales por el contenido de sus sentencias.

    IX

    EXPEDIENTE N° D-3040-03, D-2503 Y D-2645-03: CASO “MAGARIÑOS”

    El cargo formulado en este expediente se traduce en las imputaciones siguientes:


    1. Arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al Consejo de la Magistratura al aplicar sanciones disciplinarias a un magistrado judicial.

    2. Afectar el derecho a la libre expresión.

    3. Cercenar el derecho a la opinión científica.

    4. Violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a un juez a través de una sanción administrativa.

    El cargo se basa sobre las actuaciones registradas en el Expediente Nº 4128/01 iniciado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    De dicho Expediente resulta:



    1. El 30 de octubre de 2001 el Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, remitió una nota a la Corte Suprema de Justicia en la cual destacaba:

      1. Que, en el caso Nº 12.315 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Ministerio había recibido nuevas observaciones de los peticionarios cuestionando los argumentos defensivos expuestos por el Estado Argentino.

      2. Que todos los codenunciantes en tales actuaciones son defensores oficiales instando una denuncia en el ámbito internacional contra el Estado Argentino.

      3. Que, entre los dictámenes elevados por los codenunciantes en apoyo de su postura, figuraba uno emitido por el Dr. Héctor Magariños entre cuyos antecedentes presentados figuraba el de ser Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

    2) A fs. 2, luce una nota presentada, el 28 de marzo de 2001, por el Dr. Magariños a la Secretaría de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Defensoría General de la Nación. En ella, expresa que acompaña el dictamen que le fue requerido en relación con el caso Nº 12.315 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tramita la denuncia efectuada por la Defensoría General conjuntamente con el señor Fernández Prieto, principal interesado en el caso.

    3) A fs. 3/11 luce el dictamen del juez Magariños expresando, entre otros conceptos, que la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia respecto de la detención de Fernández Prieto no solamente violaba los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, sino también las normas internacionales que se debieron aplicar al caso concreto.

    4) Si bien, al suscribir el dictamen, Magariños se individualiza como docente universitario, en los datos personales que se adjuntan a ese dictamen, se deja constancia que reviste el cargo de Juez nacional (fs. 10).

    5) El 27 de noviembre de 2001, la Secretaria de Auditores Judiciales de la Corte, consideró que el juez Magariños había violado el articulo 8º, incisos c y d, del Reglamento para la Justicia Nacional que prohíbe, a los jueces, funcionarios y empleados judiciales "evacuar consultas, ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible”, y de gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos, salvo los supuestos de representación necesaria. Por tal razón, correspondía instruir el sumario correspondiente.

    6) El 12 de diciembre de 2001, el juez Magariños contestó la vista que se le había conferido de las actuaciones (fs. 22/24). En su escrito de defensa el magistrado no planteó la incompetencia de la Corte Suprema para sancionarlo.

    7) Tras la producción de varias medidas instructorias, el 12 de septiembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia, por el voto de nuestro representado y de los jueces Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Guillermo López, con la disidencia de los ministros Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, dictó la Resolución Nº 59/02. En ella se destacó:



      1. Que, el cargo de juez, no es en principio incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria, pero que la autorización "concedida para ocupar cargos docentes no implica permiso para eludir las prohibiciones e incompatibilidades previstas" en el artículo 8º del Reglamento para la Justicia Nacional y que, por otra parte, del legajo del Dr. Magariños no surgía que hubiera sido autorizado para ejercer la docencia durante los años 2000 y 2001, "circunstancia que por sí sola resulta suficiente para aplicar el correspondiente correctivo disciplinario".

      2. Que, "del dictamen en cuestión surge que el Dr. Magariños tenía pleno conocimiento de que el caso "Fernández Prieto" se estaba planteando o se plantearía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y que, "al no ser parte contendiente el citado magistrado, debe considerárselo a su respecto como un asunto de terceros del que no puede interesarse... y que no puede gestionar (art. 8º, inc. d, del RJN)".

      3. Que Magariños, para emitir su opinión realizó un examen de los antecedentes del caso, "tarea que de por sí demuestra su interés. Así, sin que sea objeto de debate el contenido del fondo del dictamen, es dable observar en él que se hacen referencias a probanzas acompañadas al expediente relativo a Fernández Prieto, como así también a las argumentaciones del Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

      4. Que, aunque el juez Magariños no asesoró directamente al interesado, expidió un dictamen favorable a su interés en dicha denuncia, "lo cual implica la evacuación de una consulta en los términos del art. 8º, inc c, del Reglamento para la Justicia Nacional".

      5. "Que dicha actitud implica avalar la procedencia de una eventual reclamación del interesado contra el Estado Nacional Argentino ante foros internacionales, lo que resulta notoriamente incompatible con la función desempeñada por el Dr. Magariños quien, como juez nacional, es parte integrante de uno de los poderes del Gobierno Federal. Ello no sólo viola los deberes e incompatibilidades de los jueces sino que lo coloca en la posición de enfrentar internacionalmente al propio Estado que lo ha distinguido con la atribución de una magistratura, ofendiendo así los intereses de la Nación cuyos cuadros gubernativos integra...”.

    8) Sobre tal base, la Corte Suprema aplicó una multa al juez Magariños, equivalente al 30% de su remuneración mensual, conforme al artículo 21 del Reglamento para la Justicia Nacional, el artículo 16 del Decreto-ley 1285/58 y el artículo 14, parágrafo B, de la ley N° 24.937.

    Hasta la reforma constitucional de 1994, era indiscutible la facultad que tenía la Corte Suprema de Justicia para aplicar sanciones disciplinarias a los jueces inferiores. Ella emanaba del anterior artículo 99 que establecía: “La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus empleados subalternos”. Esa cláusula está reproducida en el actual artículo 113, en el cual solamente se excluyó la referencia a “y económico”, y “subalternos”.

    Por su parte, en el artículo 114 de la Constitución, inciso 4°, cuando se alude a las atribuciones del Consejo de la Magistratura, se destaca que ejerce facultades disciplinarias sobre magistrados.

    En el seno de la Convención Reformadora de 1994 se formularon diversas opiniones sobre si la Corte Suprema de Justicia había sido privada o no, en su totalidad, de las potestades disciplinarias que había ejercido secularmente. Así, el convencional Cornet, señaló que el Consejo de la Magistratura “No va a ser un tribunal sancionador de la conducta de los jueces. En todo caso, quedará el poder de superintendencia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entenderá en lo que hace al decoro y la buena conducta de los magistrados según la ley orgánica del Poder Judicial” (Convención Nacional Constituyente, pág. 3267). En sentido similar se pronunció el convencional Cullen (ob. cit., pág. 3291). Por su parte, la convencional María Falbo expresó: “En cuanto a las facultades disciplinarias no parece acertado ingresar fórmulas excluyentes ya que la vinculación que se pretende entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, permitirán una deseable interrelación en aquellos temas en que puedan existir límites grises a sus respectivas atribuciones” (ob. cit., pág. 1790).

    El Consejo tiene competencia disciplinaria por disposición constitucional, pero la Constitución Nacional no dice que esta competencia sea exclusiva de ese órgano. Existen numerosos casos en los que la Constitución Nacional enuncia competencias para un órgano que no implican exclusividad. Tal el caso de la intervención federal, la declaración del estado de sitio y la convocatoria al Congreso para sesiones de prórroga o extraordinarias. En el caso concreto, resulta innecesario que el texto supremo asevere en forma expresa tal facultad respecto de la Corte Suprema, porque ésta las tiene como cabeza del Poder Judicial (art. 108 C.N.).

    Desde el punto de vista constitucional y político, es inconcebible un órgano sin poderes inherentes para auto administrarse y para ejercer gobierno sin facultades de superintendencia.

    Pero además, es la propia ley la que se los otorga. La ley 24.937 (según t.o. 1999 por dec. 816/99) expresamente y sobreabundantemente al asignarle facultades de superintendencia en su artículo 30: “[...] Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de apelación, según lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes”.

    Y por último, la misma ley que venimos citando le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la Nación competencia recursiva respecto de las sanciones disciplinarias. ¿Cómo puede entonces sostenerse que quien tiene competencia recursiva y originaria no tiene facultades para sancionar?

    Por otro lado, la Corte Suprema como cabeza del poder judicial y en ejercicio de facultades inherentes ejerce facultades disciplinarias propias. Sobre el particular, existe una centenaria jurisprudencia que reconoce en la CSJN poderes implícitos en razón de ser la cabeza del Poder Judicial de la Nación (ver Joaquín V. González, “Manual de la Constitución Argentina”, no. 595, Ed. Angel Estrada y Cía SA, 1971).

    La ley N° 24.937, en su artículo 7°, inciso 12, establece que la Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial, sin perjuicio de la facultad del Consejo de la Magistratura “para aplicar sanciones a los magistrados”, aunque a propuesta de la Comisión de Disciplina. Por su parte, el artículo 14 de esa ley, faculta al Consejo para aplicar sanciones “por faltas disciplinarias” de los magistrados, pero aclarando que ellas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que, en última instancia, la potestad disciplinaria es ejercida por el Alto Tribunal.

    La existencia de zonas grises para delimitar el ámbito del poder disciplinario de la Corte y del Consejo de la Magistratura determinó, el 17 de noviembre de 1998, por el voto de todos los ministros de la Corte, la emisión de la Acordada N° 52/98. En su punto 4° estableció: “Que la aplicación de sanciones motivadas por hechos acaecidos después de la instalación del Consejo de la Magistratura corresponde, en cambio, a las facultades concurrentes de los mencionados tribunales y de dicho Consejo, por lo que las actuaciones destinadas a la investigación de faltas cometidas por los magistrados podrán tramitarse indistintamente ante aquellos y éste” (Fallos C.S. 321:2673). La Acordada fue firmada por todos los jueces de la Corte, con la salvedad del Dr. Nazareno.

    La Corte consideró que las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura no eran excluyentes de las que le competen a ella en relación con los magistrados sobre los cuales ejercen superintendencia.

    Por otra parte, el artículo 30 de la ley N° 24.937 dispone que “Las disposiciones reglamentarias vinculadas con el Poder Judicial, continuarán en vigencia mientras no sean modificadas por el Consejo de la Magistratura dentro del ámbito de su competencia. Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación…”.

    Por su parte, el Consejo de la Magistratura emitió la Resolución N° 123/99, en la cual destacó: “Que de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley 24.937, es competencia de este Consejo de la Magistratura la aplicación de sanciones disciplinarias a los magistrados. Sin embargo, dicha competencia no se extiende a las sanciones que, de acuerdo con lo dispuesto por los respectivos ordenamientos procesales, pueden aplicar los tribunales superiores a los jueces, cuando se trata de facultades anexas al ejercicio de la función jurisdiccional, y no de atribuciones de superintendencia, que tienen por objeto dirigir los procesos y mantener el buen orden y decoro en los juicios…”. Añadió que, “En tales condiciones, y no obstante lo expuesto en relación a los límites impuestos legalmente a las facultades disciplinarias previstas en el artículo 14 de la ley 24.937, corresponde remitir estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado el conflicto suscitado entre los tribunales federales…., sobre los cuales ejerce funciones de superintendencia general con fundamento en la más eficiente administración del servicio de justicia”.

    Considerando la Resolución N° 123/99 del Consejo de la Magistratura, la Acordada N° 52/98 y el carácter de intérprete final de la Constitución que reviste, en forma excluyente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las actuaciones ventiladas en el caso “Magariños” son válidas y ajustadas a derecho, sin que puedan ser cuestionadas ni evaluadas por un órgano, como lo es el legislativo, que está desprovisto de aquella potestad interpretativa. Por otra parte, y cualquiera que sea la competencia que se le atribuya al Consejo de la Magistratura sobre esta materia, sus sanciones disciplinarias siempre pueden ser revisadas por el Alto Tribunal.

    En este caso, es el propio Consejo de la Magistratura el que reconoció la existencia de facultades concurrentes. Sorpresivamente, con una nueva composición decidió lo contrario con fecha 1° de julio de 2003 y, como veremos, ello carece de sustento razonable. De todas maneras, esta nueva interpretación efectuada por el Consejo es posterior al pronunciamiento de la Corte.

    En el caso “Magariños”, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema entendieron que no se trataba de una mera opinión académica expresada en un ámbito universitario respecto de la decisión adoptada por un tribunal superior, sino de un dictamen relativo a un caso concreto en una causa seguida contra el Estado Argentino por su hipotético incumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados internacionales.

    No era una simple opinión, ni un artículo, ni un papel privado. Era un “dictamen en un caso” concreto conforme así lo calificó el propio juez que la suscribiera (ver fs. 3 y título del dictamen), que incluye incluso referencias a la defensa del Estado Argentino ante la Comisión, a pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 8°, inciso c, del Reglamento para la Justicia Nacional.

    Del dictamen en cuestión surge que el Dr. Magariños tenía pleno conocimiento de que el caso "Fernández Prieto" se estaba planteando o se plantearía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y que, "al no ser parte contendiente el citado magistrado, debe considerárselo a su respecto como un asunto de terceros del que no puede interesarse... y que no puede gestionar (art. 8º, inc. d, del RJN)".

    Es más, para emitir su opinión el juez sancionado realizó un examen de los antecedentes del caso, tarea que de por sí demuestra su interés. Así, sin que sea objeto de debate el contenido del fondo del dictamen, es dable observar en él que se hacen referencias a probanzas acompañadas al expediente relativo a Fernández Prieto, como así también a las argumentaciones del Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre esto, y un dictamen de un abogado penalista contratado para asesorar el caso hay poca o casi ninguna diferencia.

    Cabe destacar que, en diversas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ejerció su potestad disciplinaria respecto de magistrados judiciales: Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”; Resolución 51/99 del 19 de octubre de 1999 en el caso “Intervención dispuesta en Exptes. 27/99, 98/99 y 139/99 S.G. del C.M.”; Resolución 1/00 del 3 de febrero de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Apelación en lo Civil s/ relevamiento en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43”; Resolución 31/00 del 25 de abril de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Casación Penal s/ eleva actuaciones”; Resolución 33/00 del 4 de mayo de 2000 en el caso “Justicia Nacional del Trabajo s/ relevamiento”; Resolución 21/01 del 3 de abril de 2001 en el caso “Leoni de Capozzi, Gladys Nilda s/ avocación (apercibimiento)”; y Resolución N° 36/02 del 21 de mayo de 2002 en el caso “Actuación por publicación en carta de lectores en diario Clarín de fecha 25/8/98” y S. 10-24700/98, “Robbio, Mario s/ Avocación – causa N° 737”, del 21-12-99 (Fallos C.S. 322-3289), entre otros.

    En todas estas resoluciones, la Corte Suprema de Justicia entendió que estaba habilitada para ejercer las facultades disciplinarias concurrentes con aquellas atribuidas por el constituyente al Consejo de la Magistratura que, por otra parte, admitió la existencia de esa situación al dictar la Resolución 123/99.

    De modo que mal puede ser sostenido que, en el caso “Magariños”, los jueces de la Corte Suprema de Justicia se excedieron en sus funciones disciplinarias. La simple lectura de los antecedentes citados, y su condición de intérprete final de la Constitución y de las leyes del Congreso, así lo avalan.

    Cabe resaltar sin embargo que en la Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”, los Dres. Petracchi y Bossert formularon una disidencia, y en especial el Dr. Petracchi manifestó que los términos de la acordada 52/98 lesionan las facultades que la Constitución Nacional y la ley le han atribuido al Consejo de la Magistratura, por lo que en su disidencia propuso dejarla sin efecto y remitir a este último órgano los expedientes disciplinarios relativos a los magistrados que se encuentren en trámite ante la Corte, cualquiera fuera su fecha de inicio.

    Este sorpresivo cambio de criterio del juez Petracchi, ocurrido a menos de un año de dictada la Acordada 52/98, tiene una sola explicación: el tema es harto controvertido y genera interpretaciones dispares. Por ende, no puede aceptarse que el Poder Legislativo lo incluya como una causal de juicio político, como si fuera tajante y simple la solución jurídica del caso. Tanto es así que un mismo juez de la Corte que había sostenido ese criterio en diciembre de 1998 al firmar la acordada 52/98, a los seis meses cambió de parecer.

    Con posterioridad a la sanción de la Corte Suprema el juez sancionado se presentó ante el Consejo de la Magistratura y solicitó “avocación” pidiendo se deje sin efecto la sanción y se suspenda su ejecución.

    El Consejo de la Magistratura decidió por mayoría, el 1° de julio de 2003, que el Dr. Magariños no cometió falta alguna y que la Corte no tiene atribuciones para aplicar sanciones disciplinarias a los jueces en los términos del art. 114 de la Constitución Nacional. Dictaminaron en disidencia los consejeros jueces Dres. Abel Cornejo y Bindo Caviglione Fraga.

    Es más, esa decisión esta teñida de intencionalidad, pues como surge de la lectura de las transcripciones del debate en el Consejo de la Magistratura, el dictamen y la mayoría tuvieron como finalidad evitar que el cargo de acusación basado en la causa “Magariños” quedara sin sustento legal.

    Así el Senador Yoma sostuvo en el debate ocurrido el 1° de julio de 2003, cuando mi representado ya estaba siendo acusado, que “…no se nos puede escapar y creo que este es un buen momento para resolver este tema ¿Por qué? Porque es público y notorio, es manifiesto, que este tema está siendo motivo de análisis en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con lo cual es mejor resolverlo cuando no tiene nombre y apellido a cuando lo tiene. Sobre un magistrado que está siendo sometido por este tema que el Consejo debe resolverlo o no. ¿Por qué digo esto? Porque si se resuelve por lo que sostienen Cornejo y Caviglione, evidentemente, uno de los principales elementos que está analizando el otro poder del Estado se cae. Esto es así. Creo que es necesario resolverlo. Si este Consejo tiene o no facultades disciplinarias, si las ejerce o son compartidas con la Corte Suprema […] además ya estamos próximos a que haya un receso –por la feria judicial-, con lo cual lo mas seguro es que esto puede llegar a pasar” (Consejo de la Magistratura, Plenario, versión estenográfica de la reunión del 1° de julio de 2003, pág. 46).

    Dos reflexiones. Primero, entre esta opinión y decir “vamos a emitir esta resolución así mantenemos vivo el cargo de acusación contra el juez Moliné y le damos mas fundamentos a la Comisión de Juicio Político” no hay mucha diferencia. La premura en resolverlo estaba ligada a una clara intención política. Segundo, por otra parte, está claro nuevamente que para los miembros del Consejo de la Magistratura el “tema no estaba resuelto”. Esta fue la primera vez que el Consejo de la Magistratura se pronunciaba en forma tan tajante, pero está claro que ello origina un conflicto de poderes al que el Legislativo es totalmente ajeno y que por ello mucho menos puede ser fundamento de acusación en un juicio político.

    En fin, estas expresiones de uno de los miembros consejeros del Consejo de la Magistratura demuestran la intencionalidad y parcialidad de este juicio político lo cual es una clara violación a la garantía de defensa en juicio y a la inamovilidad de los magistrados. Desde ya adelanto que estas son razones válidas para recusarlo como juez en el Senado y así se hará.

    Los verdaderos fundamentos de la validez legal de la sanción de la Corte los encontramos en la disidencia de los consejeros Caviglione y Cornejo. La Corte es la cabeza del Poder Judicial, y como tal tiene las facultades que ejerció.

    También surge de los dichos de otros consejeros, que Magariños no cuestionó la competencia de la Corte Suprema en el sumario que le realizó la Secretaría de Auditores y que el pedido de “avocación” –si se puede llamar tal a la solicitud realizada a un órgano inferior-, y que la única vía que le quedaba era realizar una acción contenciosa para revisar lo decidido por la Corte en materia administrativa, como ha sido aceptado en otros casos.

    Lo curioso es que las consideraciones del Consejo se basaron en la disidencia de los Dres. Petracchi y Bossert en la Resolución 26/99 de la Corte Suprema. Podrán tratarse de argumentos atractivos pero son sólo disidencias, y el Consejo no puede desconocer –como veremos- una decisión de la Corte, tal como lo entendieron varios integrantes del Consejo.

    Justamente estas disidencias demuestran que la cuestión era opinable, incluso en la mente de los propios magistrados disidentes que primero firmaron una cosa y luego otra. Está claro entonces que el órgano legislativo carece de facultades para decidir a quién le asiste razón en una cuestión interna de competencias entre el Consejo y la Corte Suprema.

    Además, la resolución del Consejo está demostrando la razón de la Corte. El Consejo, en su considerando 18, señala que la falta enrostrada por la Corte no está prevista en el art. 14, Apartado A, inciso D de la ley 24.937. Pero nada dice del art. 8 del RJN. Con esta disposición el Consejo borra lo dispuesto en esa norma.

    Esto está claro porque la propia ley del Consejo establece un recurso contra sus sanciones administrativas (ver art. 14 C de la ley 24.937). Si ello es así, cae de maduro que la Corte es un órgano superior al Consejo y como tal puede supervisar y revocar sus sanciones, pero no a la inversa. Sostener lo contrario sería tergiversar el orden jerárquico y lógico existente en cualquier organización.

    Según el Derecho Administrativo y la jurisprudencia, la avocación es el acto por el que el superior asume el conocimiento de una cuestión que corresponde a la competencia del inferior, la avocación implica tomar una sola decisión del inferior, con la que se agota (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, 08/06/2000, - Gamboa Manuel Alberto /Incidente Med. Cautelar- v. Estado Nacional /Secretaría de Transporte resol. 7/00- s/medida cautelar /autónoma /Causa: 16.781/00). En el mismo sentido se pronuncia la doctrina nacional. Por tratarse de sanciones administrativas, la Corte puede ejercer la avocación.

    La sanción la aplica la Corte Suprema de Justicia dentro de sus facultades administrativas, y como tal es irrevisable por el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo intenta revisarla estaría violando el régimen republicano de gobierno por afectar la división de poderes. Es que el Congreso carece de potestad jurisdiccional o de revisión de decisiones de cualquier índole adoptada en la esfera exclusiva de actuación de los otros poderes.

    Resulta absurdo afirmar que, mediante la decisión adoptada en el caso “Magariños”, nuestro representado y demás ministros de la Corte que votaron de manera concordante, hubieran avanzado sobre el derecho a la libre expresión, o que cercenaron el derecho a la opinión científica, o que amedrentaron a un juez violando la independencia del Poder Judicial.

    Si un juez quiere asesorar en una causa concreta respaldando los intereses de una de las partes; si quiere formar parte de una legislatura; si quiere ejercer una función ejecutiva; si desea ejecutar aquellos actos que normativamente son incompatibles con la función jurisdiccional, lo puede hacer pero, previamente, resignando su condición de magistrado judicial. El ser juez no abarca un espacio temporal o funcional limitado. El ser juez es un trabajo de dedicación exclusiva y excluyente. Es un cargo, que trae aparejada ciertas cargas y límites a su libertad de actuación.

    El magistrado Ricardo Li Rosi explicó claramente por qué un funcionario decide y prefiere “trabajar de juez que ser juez”. Dice: “Preferí en cambio la imagen del juez en una república y la imagen del trabajo me inundó hasta la plenitud. La magistratura, decidí, no debía ser para mí una misión, siquiera una sagrada sino un trabajo. Entienda bien quien a esta altura siga leyendo que no estoy hablando de cualquier trabajo sino de uno excepcional, superlativo, institucionalmente relevante, pero un trabajo. Entendí, entonces que, como todo trabajo exige de la presencia de un trabajador que, forzoso es decirlo, se somete a las reglas del trabajo. Admite que, como todo trabajo, exige la existencia de herramientas, que debe reconocer y que debe aprender a manejar. Lo primero, porque no todas las herramientas sirven para todos los trabajos; lo segundo porque no basta poseer las herramientas sino manejarlas idóneamente. Y luego admití que, reconocida la calidad del trabajo, la existencia del trabajador, el reconocimiento y el aprendizaje de las herramientas era preciso ordenar un plan de trabajo pues, como todo producto humano, debe seguir un orden” (“Cultura, trabajo y transformación judicial”, Considerando Revista del Órgano de Prensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, año 5, número 35, mayo 2002, pág. 31). La sutileza del mensaje del autor y su proyección a nuestro caso resulta muy clara.

    La prohibición de “evacuar consultas, ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible” que contiene el Reglamento de la Justicia Nacional tiende a evitar los conflictos que podrían producir a quien, ejerciendo la magistratura, manifieste opiniones legales sobre casos que se plantearon o puedan plantearse en sus estrados. Es cierto que la norma le prohíbe expresarse al juez, pero también es cierto que el interés en mantener la imparcialidad de la Justicia, y en especial de quienes la ejercen, requiere que los jueces renuncien a la posibilidad de ejercer ciertos derechos constitucionales. En este caso lo único que se le prohíbe al juez a través de la norma en cuestión es expresarse sobre cuestiones legales de contienda judicial actual o posible. Se trata de un juez penal y la cuestión en discusión era estrictamente penal, por ende la importancia de la prohibición era mucho mayor. Hay que recordar que cuando un juez habla a través de sus sentencias, no expresa sus opiniones personales sino lo que la ley objetivamente establece.

    Jamás se vulneró la libertad de expresión del juez Magariños ni se cercenó su derecho a emitir opiniones científicas. Como muestra, cabe destacar que el Dr. Magariños no fue objeto de reproche o sanción alguna cuando, en el año 1999, publicó en la revista La Ley el artículo titulado “La detención de personas sin orden escrita de autoridad competente y la Constitución Nacional” (La Ley 1999-D-661). Se trataba de una nota comentando el fallo dictado por la Corte Suprema en el caso “Fernández Prieto”. Precisamente el mismo caso sobre el cual, posteriormente emitió su dictamen. Con la particularidad, además, que su contenido se aproxima sensiblemente al del dictamen posterior. Es que, la publicación efectuada en la revista La Ley, tenía un presunto carácter científico y representaba el ejercicio de la libertad de expresión que, en tales circunstancias, en modo alguno vulneraba las normas a las cuales debe adecuarse la conducta de un juez.

    Este elemento es por demás suficiente para demostrar la falacia del cargo expuesto. Sin embargo, sería un error terminar aquí, pues si Magariños pudo escribir ese artículo criticando el fallo de la Corte Suprema, ¿por qué no podría enviar entonces el mismo contenido a la defensoría oficial para que sea presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

    Sucede que aquí lo que se le critica no es la expresión sino ante quién lo hizo, es decir, el acto mismo de asesorar a alguien, aunque sea gratuito, pues entra en conflicto con su investidura de juez.

    Es más, la doctrina norteamericana, que como es sabido es un país donde la libertad de expresión tiene una trascendencia importante, y donde se respetan los derechos por ser la cuna de la libertad, tiende a favorecer restricciones a la libertad de expresión de los jueces, incluso teniendo en cuenta que en varios estados éstos pueden candidatearse y ser elegidos conforme propone Steven Lubet, Judicial Conduct: Speech and Consequences, 4 The Long Term View 71 (1997).

    También se critica el hecho de que jueces en actividad opinen sobre procesos en trámite en forma pública y se lo considera una falta ética digna de sanción, pues demuestra una falta de respeto por la “regla de derecho” y tiende a “politizar” el sistema de justicia y el proceso judicial (ver Arthur L. Alarcon, Off-The-Bench Criticism of Supreme Court Decisions by Judges Fosters Disrespect for the Rule of Law And Politicizes our system of Justice, en 28 Loy. L.A. L. Rev. 795, el autor es juez decano de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito).

    Pero lejos estamos de que se prohíba criticar libremente a los jueces los fallos de la Corte. De hecho, el juez sancionado pudo escribir su artículo sobre el caso y así debería suceder siempre. Estas críticas ayudan a construir un Poder Judicial serio y transparente y por ello consideramos que no puede sancionarse a nadie por manifestar sus expresiones. Pero reiteramos que el caso es distinto, y que el juez en cuestión emitió opinión en un caso concreto con un dictamen preparado para formar parte de los elementos de convicción de un organismo internacional, y la Corte no lo sancionó por lo que dijo en su ámbito académico o por un artículo doctrinario que escribió.

    El Profesor Magariños puede opinar en clase frente a sus alumnos sin limitaciones sobre los Fallos de la Corte, e incluso sobre procesos en trámite o futuras contiendas y sobre cuál debió haber sido el resultado final del caso, sobre las garantías constitucionales en Argentina y cómo éstas se aplican. También puede escribir cuántos artículos, libros y tratados desee sobre la materia jurídica o ir a una reunión académica o científica y hacer lo propio.

    Por eso alegar que se cercena su opinión científica es confundir las cosas. Si bien es cierto que en la opinión expresada por Héctor Magariños éste firma como Profesor universitario en ejercicio de su función académica, lo cierto es que él no dejó de ser juez y mediante esa acción estaba evacuando una consulta en una contienda actual que el Estado tiene a nivel internacional. No se trata de que como profesor pueda hacerlo y como juez no puede hacerlo. Un juez no puede evacuar consultas de ninguna manera, ni siquiera bajo el disfraz de Profesor universitario. Y está claro que sí puede opinar tanto en clase como por escrito en artículos o papers académicos.

    Magariños bien puede en el aula, en un Congreso científico o en un artículo doctrinario señalar su opinión sobre un caso fallado. Pero no puede “asesorar por escrito” a la Defensoría oficial de la Nación en un caso que ésta lleva adelante contra el estado Argentino a raíz de un fallo de la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La opinión científica se caracteriza porque carece de efectos, es simplemente una opinión. Lo que hizo Magariños es un dictamen, una pericia jurídica, que tendrá efectos, nada menos que en la responsabilidad internacional de su país y posibles condenas económicas. Y ello es así porque esta opinión será utilizada por la Corte, en caso de proseguir el proceso contra el Estado Argentino.

    Con frecuencia, ante los estrados de la Corte internacional opinan juristas locales cuando se ventila un caso. Estas opiniones están dirigidas a que los jueces internacionales se interioricen de la mecánica local que desconocen. Esto podría haberlo hecho un abogado; es más, la defensoría podría haber acompañado su artículo publicado en La Ley y no requerirle la opinión firmada a modo de dictamen en donde el dictaminante claramente se refiere a la defensa del Estado Argentino y la descalifica en base a argumentaciones jurídicas. Es claro que tomo partido por la defensa.

    La sanción no amedrenta al Juez. Este cargo, como todo este juicio político, es un verdadero monumento a la confusión jurídica. Amedrentar es, según la Real Academia Española, “infundir miedo, atemorizar”. Parece que el juez no se amedrentó sino todo lo contrario, pues se presentó ante el Consejo solicitando que se revoque la sanción de la Corte. Pero por otra parte, si cada sanción válidamente impuesta por la Corte va a generar temor en los magistrados inferiores, le sería imposible ejercer sus facultades constitucionales.

    Para finalizar, resulta sugestivo que ninguno de estos argumentos que la Comisión de Juicio Político elaboró tan “diligentemente” y con tanta “preocupación” por el ejercicio adecuada en función del deslinde de competencias dentro del Poder Judicial, en una esfera que le es totalmente ajena, esté apuntando al fondo de la cuestión. Esto es a si Magariños podía emitir dictamen sobre el caso mientras se sustanciaba en la jurisdicción internacional del Pacto de San José de Costa Rica y en el cual el Estado Argentino era parte como en cualquier otro proceso normal, que incluye demanda, contestación, pruebas y sentencia con la eventual condena al Estado Argentino.

    Es decir, se ataca la forma y no el fondo, porque en el fondo no cabe duda de que la sanción era procedente por violación expresa del art. 8 del Reglamento de la Justicia Nacional, y porque además la Corte tiene facultades para hacer lo que hizo.

    Conforme lo expuesto en los párrafos anteriores, la sanción impuesta al juez lo fue en ejercicio de facultades sancionatorias de la Corte, que ésta ejerce en forma concurrente con el Consejo. Esta conclusión está avalada por el texto mismo de la ley de creación del Consejo, y de la práctica administrativa emanada no sólo de la Corte Suprema en los casos citados, sino de pronunciamientos del propio Consejo de la Magistratura.

    Tampoco se cercena el derecho a expresarse libremente o a la libertad académica. Estas libertades tienen sus canales alternativos, a través de las cuales pueden expresarse. Magariños bien puede en el aula, en un Congreso científico o en un artículo doctrinario señalar su opinión sobre un caso fallado. Pero no puede “asesorar por escrito” a la Defensoría oficial de la Nación en un caso que ésta lleva adelante contra el estado Argentino a raíz de un fallo de la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Como surge de lo expuesto, los fundamentos de la acusación en este tema desconocen principios elementales de Derecho Administrativo, del Derecho Constitucional y principios generales del derecho y aquellos relativos a la interpretación constitucional. Los cargos de la acusación parecen confundir los roles de la Comisión de Juicio Político, con las de una cuarta instancia autorizada a revisar pronunciamientos de la Corte Suprema, o a juzgar a la Corte en el ejercicio de funciones administrativas privativas del órgano judicial, y que, en ese caso concreto, no resultan justiciables a los fines del juicio político en tanto fueron ejercidas dentro de sus límites constitucionales y legales.

    X

    EL CASO “MACRI

    El Expediente D- 3062/03 se refiere a la causa que denominamos "Macri", cuya carátula es "Macri, Francisco y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando", que tramitaba el Juez Federal de Concepción del Uruguay.

    Síntesis. En "Macri" hay un planteo
    de la defensa: cosa juzgada y prospera
    en Casación.

    En esa causa, la defensa planteó el problema de que la cosa había sido juzgada, aduciendo que se violaba principios contenidos en dos tratados con jerarquía constitucional, que individualizó, con lo que introdujo la cuestión federal. El Juez de Concepción la rechazó, y la Cámara Federal de Paraná, por dos votos contra uno, confirmó el rechazo. Pero la Cámara de Casación Penal, por unanimidad, estableció que existía cosa juzgada, aplicando entonces el principio ne bis in idem. Se trata de un fallo muy meditado, que pronto analizaremos con más detalle.

    El Fiscal planteó el recurso extraordinario, que fue correctamente rechazado, y entonces acudió en queja ante la Corte. El Procurador General dio pase a la actuación, sin pronunciarse, y la Corte Suprema rechazó el recurso por cinco votos en el sentido que correspondía, contra dos y otro diferente (a nuestro juicio equivocados). Se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil, como debía hacer.

    La razón para no otorgar el recurso es evidente, y basta leer el inciso 3º del artículo 14 de la ley 48 para saberlo. Dice que sólo podrá apelarse a la Corte Suprema: "3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de "un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la "autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del "título, derecho o privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea "materia del litigio."

    En el presente caso, el cuestionamiento fue hecho por la defensa y la decisión de la Cámara de Casación fue a favor de la validez del derecho de la Constitución y los tratados. Al no ser una resolución en contra, el recurso del inciso 3º no existe.

    Los cargos de la Comisión


    En cuanto a este asunto la Comisión formula los siguientes cargos:

    a) Obstruir el debido proceso legal respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el Juez Federal de Concepción del Uruguay en los autos “Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/presunto contrabando”.



    b) Causar un grave perjuicio al Estado Nacional que se vio privado de percibir los debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las eventuales multas tributarias penales y/o decomisos.

    c) Forzar la interpretación del principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos para aplicar el aludido principio, beneficiando a un grupo económico.

    Observaciones iniciales a los cargos


    La primera observación que merecen esos cargos es que son frases, maneras de hablar, pero no son realmente imputaciones, salvo la tercera (forzar la interpretación del principio de la cosa juzgada). Pero esa tercera imputación no cuadra a la Corte, sino que va contra la Cámara de Casación Penal, que es la que interpretó el principio de cosa juzgada. Y lo interpretó bien. La interpretación forzada es la de la Comisión de Juicio Político, que evidentemente ha confundido el tema de los bienes jurídicos (mencionado sin explicación posible) y el de la identidad de hechos que, evidentemente, no alcanzó a comprender.

    La Corte, por supuesto, miró de qué se trataba y leyó argumentos, pero advirtió que el Fiscal no tenía recurso federal para el caso (lo que es evidente) y es por eso que lo negó, como era su obligación. Por otra parte, el fallo no era inicuo ni cosa parecida, así que el tema de la arbitrariedad era imaginativo.




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