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VI.5.2.2 La Procuraduría General de la República


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VI.5.2.2 La Procuraduría General de la República

En la PNDINA 2000 – 2005 la Procuraduría General no tiene funciones específicas asignadas. Sin embargo, incluimos un apartado especial dedicado a esta institución tomando en cuenta que ante la ausencia de la reedición de la PNDINA después de 2005, las funciones constitucionales de la Procuraduría General la emplazan como la institución idónea para velar por el interés de la niñez y la adolescencia.

Como institución integrante del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene asignada en la Constitución la función de velar por los intereses de la familia y las personas menores de edad, entre otros sujetos. En el Art. 194, romano II, Número 1º, de la Constitución se establece:

“Corresponde al Procurador General de la República. Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces.”

Esta disposición es complementaria a la CSDN en especial las obligaciones estatales prescritas en los artículos 8 (preservación de la identidad), 9 (derecho de no ser separados de los padres) y 21 (adopción).

La Procuraduría General de la República tiene desarrolladas sus funciones constitucionales en su ley orgánica de 2000.

El Código de Familia asigna al Procurador General de la República otras funciones específicas en la tutela de los intereses de los menores de edad. Citamos aquí solamente las disposiciones más importantes para los fines de este Informe:



  • Art. 168.1. Garantía Especial de la adopción. Para garantizar el interés superior del menor y el respeto de sus derechos fundamentales, toda adopción deberá ser autorizada por el Procurador General de la República y el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y decretada por el juez competente.

  • Art. 224 primera parte. Representación legal del Procurador General de la República. El Procurador General de la República tendrá la representación legal de los menores huérfanos de padre y madre o de filiación desconocida, o abandonados, de los mayores incapaces, de los hijos que por causas legales hubieren salido de la autoridad parental y de los que por cualquier motivo carecieren de representante legal, mientras no se les provea de tutor.

  • Art. 367 sobre la protección de la identidad del niño o niña. Cuando el menor sea privado de su identidad, nombre o nacionalidad y carezca de representación legal en forma temporal o definitiva, la Procuraduría General de la República, al tener conocimiento del hecho por cualquier medio, iniciará de oficio el trámite correspondiente para el establecimiento de la identidad. Si los hechos señalados constituyeren delito, se certificará lo conducente para la iniciación del proceso penal respectivo.

De acuerdo a los datos recogidos en este Informe la evaluación sobre el desempeño del Procurador General deja las siguientes conclusiones:

El Procurador General de la República no ha garantizado el interés superior del niño y la niña en el trámite administrativo de la adopción. Las razones para sostener esta conclusión son la inexistencia de medidas para promover las adopciones nacionales y que tampoco exista un protocolo que asegure al niño o niña sujeto de adopción el cumplimiento del principio de subsidiariedad de la adopción extranjera.

El Procurador General de la República no ha asumido su función de proteger y preservar la identidad de los niños y niñas desaparecidos a consecuencia del conflicto armado. Su función de velar por el derecho a la identidad de los niños y niñas víctimas de la desaparición forzada le impone actuar con más protagonismo en la atención de esta Problemática.

El Procurador General de la República no ha asumido su función de representar los intereses de los niños y niñas que por cualquier motivo carecieren de representante legal. El alto número de niños y niñas institucionalizados en los Hogares de Atención Integral del ISNA se debe, entre otras razones, a que el Procurador General no ha adoptado las medidas eficaces de vigilancia para procurar el respeto de los derechos negados a los miles de niños y niñas institucionalizados.


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