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VI.4 Consideraciones sobre los ámbitos familiar y social del sistema nacional de atención integral


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VI.4 Consideraciones sobre los ámbitos familiar y social del sistema nacional de atención integral

La ausencia de iniciativas públicas efectivas para promover los derechos de la niñez y la juventud y su participación en la vida familiar y social, conllevan la reproducción de la discriminación especialmente de aquellos grupos de la niñez en situación de vulnerabilidad. En este sentido el Estado salvadoreño ha incumplido otra recomendación recibida del Comité de los Derechos del Niño:



“A la luz del artículo 2 de la Convención, le recomienda que intensifique sus actividades de prevención y supresión de todas las formas de discriminación de hecho de los niños indígenas, con discapacidad o de sexo femenino.158

Tomando en cuenta las constataciones de este Informe se observa que los componentes familiar y social del sistema de atención a la niñez y la adolescencia, no han recibido la debida atención en el marco de las políticas sociales básicas. Esto afecta el alcance de las medidas puntuales para la niñez y la adolescencia previstas como parte de las políticas universales y también de los programas asistencialistas de tercer nivel por que no se logra generar un impacto significativo sobre el mejoramiento de las condiciones de los componentes familiar y social.159

En los programas estatales citados aquí como ejemplos (red solidaria y la Política Nacional de Juventud) es evidente que en su diseño el Órgano Ejecutivo ignoró los postulados de mayor valor de la PNDINA. Existen más ejemplos de políticas que funcionan descoordinadas de las medidas puntuales para la niñez y la adolescencia previstas como parte de las políticas universales y en las que además no se ha promovido los objetivos de la PNDINA, son: la política alimentaria, la política de protección al medio ambiente, la política de promoción de empleos dignos, la política de vivienda, entre otras tantas.

Los altos índices de la violencia social constituyen un factor importante que propicia la exclusión del niño, niña y adolescentes de las actividades sociales y políticas en las que es necesaria su participación para hacer sentir su voz. La no disponibilidad de los espacios públicos seguros y adecuados y de los programas alternativos de recreación y participación de alcance universal, son la oportunidad para que la niñez y la juventud caigan en prácticas de ocio morboso que les vuelve proclives a sufrir los factores de riesgo de conflicto con la ley como el alcoholismo, la drogadicción y las pandillas.160

A la situación del niño y la niña que deben soportar las carencias socio afectivas por el distanciamiento de uno o de ambos de sus padres por su emigración forzada con fines económicos, debemos adicionar la ausencia de espacios seguros para la sana recreación y el ejercicio de sus actividades sociales.161

La Política Nacional de Juventud 2005 - 2015 hace alarde del desprecio de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relativos a la niñez y juventud y de las recomendaciones de los diferentes organismos de vigilancia de los Derechos Humanos. También prescinde de las directrices técnicas que son comúnmente aplicadas en otros países de América Latina acerca de la implementación de los derechos de la niñez y la juventud en las políticas públicas.

La Política Nacional de Juventud no es ni una Política ni está orientada a promover y proteger los derechos de la juventud. Entre sus deficiencias estructurales que inciden sobre la eficacia de sus programas, podríamos citar:


  • No dispone de medidas para articular las funciones del tinglado de instituciones estatales. Según los estándares universalmente admitidos esta articulación debe partir de un enfoque holístico desde las políticas sociales básicas, pasando por los niveles asistencialistas focalizados, hasta las garantías en el ámbito judicial;

  • La Política legitima el alto nivel de dispersión organizativa y de utilización de los recursos de los programas vigentes. En consecuencia no señala alternativas para resolver el desorden institucional preexistente.

  • El Estado no garantiza un compromiso económico para la sostenibilidad de los programas a mediano y largo plazo. Los recursos de la Política de la Juventud son los mismos recursos de las instituciones públicas y privadas involucradas. En ese sentido la política no ofrece ningún aporte innovador para garantizar a los jóvenes el derecho de acceder a los servicios necesarios para su promoción y desarrollo.162

  • La Política no es una iniciativa orientada a promover los derechos y la participación de la juventud en los asuntos que le conciernen. El sujeto conceptual que subyace en los objetivos y los programas de la política es un sujeto consumidor de bienes necesarios para la juventud y no el o la joven como titular de derechos humanos frente al Estado y con derechos de participación en la familia, la comunidad y el Estado. Si un nombre se adecua a la política gubernamental es el de “Política Nacional de Promoción del Consumo de la Juventud”.163


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