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VI.2 El ámbito familiar del sistema nacional de atención integral


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VI.2 El ámbito familiar del sistema nacional de atención integral

La PNDINA 2000 - 2005 en el contexto de las disposiciones legales y constitucionales referentes al papel cardinal de la familia para garantizar el goce efectivo de los derechos del niño y la niña, expresó:



“El fortalecimiento de la familia como eje de atención a la niñez y adolescencia. La Política considera como eje fundamental el desarrollo de la familia como núcleo primario de la sociedad, considerándola como un ente socializador que transmite y fomenta valores, actitudes, pautas de comportamiento y formas de convivencia familiar y social. El fortalecimiento en valores y la integración familiar son principios claves para devolverle a la familia herramientas y medios que le posibiliten retomar su rol con responsabilidad.145

Al contrario de lo que dice la PNDINA y el Código de Familia,146 la familia es el lugar donde frecuentemente los niños y niñas sufren de mayores riesgos. El experto independiente de Naciones Unidas para el Estudio de la Violencia Contra los Niños, menciona diversas razones de peligro para la vida de los niños y niñas: La disciplina desproporcionada, la desatención a sus necesidades, la violencia intrafamiliar, la explotación económica y el abuso sexual, entre otras lacras.147

Esta afirmación es válida para la familia salvadoreña y en las raíces multi-causales de estas formas de violencia contra la niñez encontraremos la acumulación de estrés de los padres y madres por el empleo precario y las extenuantes jornadas laborales en las fábricas maquilas, la presión económica por el bajo salario que impide satisfacer las necesidades básicas de la familia, la escasez de espacios públicos gratuitos de buena calidad para la recreación familiar, etc. En este escenario la institución familiar es otra víctima de las políticas sociales que se desarrollan a espaldas de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de vigilancia de los tratados de Derechos Humanos.

Según las constataciones de este informe desde 2000 - año de la publicación de la versión más reciente de la PNDINA - ha ido en aumento el desentendimiento estatal en la adopción de políticas universales que favorezcan la integración familiar. Esta omisión constitutiva de una vulneración de las obligaciones positivas en materia de Derechos Humanos, convierte al Estado salvadoreño en cómplice de la expulsión de miles de padres y madres que en forma ilegal emigran, a su desventura, en la búsqueda del pan para sus hijos e hijas.148

Según el informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2005 la emigración significa para los padres y madres la posibilidad de mejorar el ingreso económico familiar y en consecuencia ofrecer a los hijos e hijas la satisfacción de necesidades primarias que el Estado salvadoreño no ofrece o solo las dispensa mínimamente como la educación, salud, vivienda, recreación, etc.

Pero también la emigración tiene como efecto adverso para los niños y niñas el empobrecimiento de su entorno afectivo, con graves consecuencias para el desarrollo de su personalidad, su desenvolvimiento en las relaciones interfamiliares y la asunción de su rol de ciudadanía:

Los miembros de las familias de los migrantes han podido mejorar la cobertura de sus necesidades básicas materiales, pero, a cambio, se han visto privados del acompañamiento de sus padres o madres en otras áreas tales como protección y seguridad; producción y reproducción de normas, valores y actitudes; y del apoyo afectivo requerido para su desarrollo emocional y físico. 149

Lejos de desarrollar las políticas universales con la impronta de la PNDINA el Estado se ha limitado a implementar medidas puntuales de tercer nivel - de carácter asistencialista - excluyentes de centenares de familias necesitadas del apoyo estatal para subsistir pero que no residen en el radio geográfico delimitado para el desarrollo del programa. Por su propia naturaleza estas medidas tampoco inciden sobre las condiciones estructurales propiciatorias del ciclo perverso de la exclusión y la pobreza.150

A guisa de ejemplo nos referimos en este Informe a uno de los programas gubernamentales asistencialistas más publicitados como palanca para alcanzar el desarrollo social y económico de las familias pobres: programa red solidaria. 151

El Decreto Ejecutivo de creación del programa red solidaria establece referencias sobre sus propósitos:



“El Gobierno de la República ha diseñado una estrategia integral de atención a las familias en extrema pobreza, que busca mejorar en un corto plazo los indicadores de nutrición y salud de los niños, niñas y madres; así como los indicadores educativos de los niños y niñas; mejorando a su vez las condiciones en la prestación del servicio de agua potable, saneamiento y otros servicios básicos y de apoyo al sector rural en extrema pobreza”.152

Una de las medidas principales del programa red solidaria es la entrega a la familia de una cantidad aproximada de $15 mensuales. Con ayudas tan ínfimas hay suficientes motivos para dudar de la seriedad de las intenciones de esta iniciativa presidencial de apoyar a la familia en situación de extrema pobreza. Además, el programa presidencial red solidaria es abiertamente contrario al objetivo y la meta número uno de la Declaración del Milenio de la ONU orientada a reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. Débiles medidas como la red solidaria no coadyuvan a superar el fenómeno de la oferta de mano de obra barata para el servicio doméstico que ofrecen las niñas de las familias rurales – muchas de ellas menores de edad que ni siquiera han cumplido los quince años – para contribuir con sus míseros ingresos a sostener los gastos de su precaria economía familiar.153

Debo recordar la valoración que sobre el programa red solidaria hice en el informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en 2006:

El Programa Red Solidaria inició su funcionamiento en octubre de 2005, coincidiendo con la puesta en evidencia por la CEPAL de que, programas de esa naturaleza, no son sostenibles sino sumamente frágiles a las crisis económicas, además de que – en su aplicación en diversos países latinoamericanos, desde los años noventa – no han logrado combinar satisfactoriamente lo propio de la protección (social) y lo propio del bienestar que requiere la política social de la sociedad global, cargándose la mano a la asistencia social en desmedro de la generación de capacidades.”154




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