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V.2.5.2 Consideraciones sobre el modelo de educación en responsabilidad


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V.2.5.2 Consideraciones sobre el modelo de educación en responsabilidad

El ISNA no informó a esta Procuraduría sobre las medidas desarrolladas para cumplir la recomendación del Comité Sobre los Derechos del Niño referente a promover la sensibilización en materia de Derechos Humanos para todas aquellas personas que en su institución trabajan con la niñez. La recomendación dice:131



“Elaborar programas sistemáticos y permanentes de sensibilización en materia de derechos humanos, comprendidos los derechos del niño, para todo aquel que obra en beneficio de los niños o trabaja con ellos (jueces, abogados, agentes del orden, servidores públicos, funcionarios locales, pedagogos, trabajadores sociales, personal sanitario) y especialmente para los propios niños.”

El ISNA tampoco dio respuesta si existe un perfil cualificado para laborar en los distintos programas de la entidad y si cuenta con un programa de capacitación permanente para el personal que labora al servicio de la institución. Llama la atención que aunque en el Subsistema Penal Juvenil por las razones dichas en este informe, permanentemente suceden crisis que interfieren en su normal funcionamiento, las autoridades del ISNA no han previsto capacitar a su personal en la gestión y solución de estas crisis a través de medios pacíficos.

Es importante destacar la situación constatada en este Informe de que la involución en el modelo de educación en responsabilidad trajo aparejado el aumento de criminalización de la juventud. Esta involución ha hecho mella sobre el ejercicio de las libertades individuales de miles de jóvenes. El modelo exige como premisa fundamental que antes de procesar penalmente a un menor de edad, el Estado invierta recursos en las medidas preventivas que eviten el recurso a esta vía. Los datos de 2006 nos demuestran como ha funcionado esta criminalización de los jóvenes. Los delitos atribuidos a menores de edad fueron 9,711. De estos 4,306 fueron imputaciones por el delito de agrupaciones ilícitas, equivalente al 44.34% de la totalidad de los delitos.132

La comparación de este dato con la información de la población de jóvenes privados de libertad en los centros de internamiento, demuestra que las imputaciones delictivas de la Policía no lograron ser sostenidas en sede judicial por la Fiscalía General de la República. Con ello se reafirma objetivamente la persecución policial hacia los jóvenes, ya que al tratarse de capturas carentes de prueba se confirma que han sido capturas arbitrarias y violatorias del ejercicio de los derechos individuales de la niñez.

Es deplorable la decisión de los Órganos Ejecutivo y Legislativo –la reforma de Ley Penal Juvenil se hizo a iniciativa del Presidente de la República– de trasladar la administración del Centro Intermedio para Menores Infractores, CAJI, al Ministerio de Gobernación. Esta decisión en su momento fue enfática y severamente adversada por esta Procuraduría.133

No sólo en el nivel legislativo se toman decisiones equivocadas para los fines del subsistema penal juvenil. Esta Procuraduría constató in situ que las autoridades del sistema penitenciario violando lo dispuesto en la Ley Penal Juvenil, trasladaron a 23 reos adultos al Centro de Reeducación El Espino. La influencia negativa de los reos adultos sobre los jóvenes detenidos fue constatada por esta Procuraduría en la rebeldía mostrada por los jóvenes al rechazar cumplir con las tareas cotidianas del Centro, esta responsabilidad antes de la presencia de los reos adultos, la desarrollaban los jóvenes con entera normalidad.

Insisto una vez más en la invitación que en su momento dirigí a todas las fuerzas del país para construir un verdadero sistema de rehabilitación penal juvenil:

“Toca ahora mejor, asentar un verdadero sistema de educación en responsabilidad, sin lástima ni falsa compasión, sino con severidad y justicia. Es tiempo de adicionarle a los modelos de atención institucionalizada de jóvenes infractores verdaderos componentes socioeducativos y de ligarlos a las políticas sociales generales a las que debe tener acceso todo joven de nuestro país, tal como lo he venido insistiendo en los informes que sobre la situación de los Centros de Internamiento emitiera en los años 2003 y 2005, en los cuáles he señalado que a la par de la persistencia de graves violaciones a la vida y la integridad de los jóvenes internos, la otra gran violación a sus derechos y debilidad del sistema con el que funcionan los centros de internamiento, es la carencia de un verdadero modelo socioeducativo integral que ciertamente brinde a los jóvenes infractores la posibilidad de rearmar su proyecto de vida. No es tiempo de ensayar con soluciones que claramente tienden a lo represivo y al desentendimiento de las obligaciones del Estado para con la juventud.”134


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