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V.2.5 Modelo de rehabilitación de jóvenes infractores basado en un sistema de responsabilidad penal juvenil


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V.2.5 Modelo de rehabilitación de jóvenes infractores basado en un sistema de responsabilidad penal juvenil

El Modelo de Educación en Responsabilidad en sí mismo es una garantía genérica para prevenir el maltrato y la tortura contra los jóvenes infractores. Por sus variadas implicaciones en el diseño y la organización de los centros de reeducación se le dedica una atención separada. El diseño original de la política penal juvenil estuvo orientado a crear un sistema de educación en responsabilidad. La Política Nacional de la Niñez 2000- 2005 se refiere a este modelo con estas palabras:

“Los programas de reinserción social deben estar orientados a que los adolescentes desempeñen una función activa, propositiva y asociativa en la sociedad, con responsabilidad y conocimiento de sus derechos.”

Al modelo original establecido en 1995 –durante algún tiempo prototipo para otras legislaciones en América Latina– se han encargado de debilitarlo las fuerzas del país que resienten la aplicación de estrategias democráticas para enfrentar los problemas estructurales de la sociedad salvadoreña. El acelerado proceso de involución de la normativa juvenil es resumido de esta manera en el más reciente informe de la Red para la Infancia y Adolescencia presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Diferentes sectores de la sociedad civil han expresado que no deben de dejarse de lado los fines constitucionales del sistema penitenciario (resocialización, reinserción) y no abordarlos solamente desde la visión punitiva. Las propuestas de reformas han estado orientadas a:

a) Suprimir casi totalmente las vías alternas de resolución de conflictos penales;

b) Restricción de la libertad durante el proceso, en cuanto que se ha incrementado la detención provisional;

c) Se ha limitado el control judicial sobre la investigación del delito y obtención de las pruebas, con el objetivo de “facilitar” condenas;

d) Se ha minado las posibilidades de libertad anticipada;

e) Paulatinamente se han eliminado los beneficios penitenciarios para ciertos delitos;

f) Limitación a la función de control de los jueces de vigilancia penitenciaria;

g) Creación de un centro y un régimen penitenciario de máxima seguridad; flagrantemente violatorios de derechos humanos; y,

h) La promoción de una serie de regulaciones del régimen interno de las cárceles que impiden el acceso de visitas y de contacto familiar a los privados de libertad.”125

En este afán de desmontar el modelo penal juvenil establecido desde 1995, entre los años 2003 y 2004 fuimos testigos del período de las leyes antimaras. Este período fue desvirtuado conceptual, política y judicialmente por la movilización de la sociedad civil y de los organismos de vigilancia del respeto de los Derechos Humanos. Mientras funcionarios del Órgano Ejecutivo defendían ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que la legislación interna se apegaba a los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño,126 la justicia Constitucional salvadoreña sostenía todo lo contrario en la sentencia definitiva del proceso de inconstitucionalidad de la ley antimaras iniciado por varios demandantes, entre ellos la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

Si bien es cierto la normativa antimaras, declarada inconstitucional, no iba enfocada exclusivamente a los jóvenes infractores sometidos a detención, su contenido tuvo incidencia conexa sobre la vida de estos jóvenes porque el Estado criminalizó el hecho mismo de ser joven, arreciaron las capturas propagandísticas, arbitrarias y masivas que saturaron el subsistema penal juvenil.

El siguiente cuadro estadístico elaborado por FESPAD, nos da una idea clara de esta criminalización de la juventud. 127


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