• V.2.4 Consideraciones sobre el derecho de protección contra el maltrato y la tortura en los centros de reeducación

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    Derecho a obtener garantías de no repetición de violaciones


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    Derecho a obtener garantías de no repetición de violaciones. El estándar comprende acciones que trascienden el marco singular del hecho denunciado. El fin de este derecho es la prevención por medio de la reforma de los procedimientos y las prácticas que propiciaron directa o indirectamente la violación de los derechos de la víctima.

    V.2.4 Consideraciones sobre el derecho de protección contra el maltrato y la tortura en los centros de reeducación

    Con relación a los malos tratos y la tortura en los Centros de Reeducación el Comité de los Derechos del Niño, en 2004 hizo esta recomendación al Estado:

    El Comité insta a adoptar medidas inmediatas y efectivas a fin de que terminen los casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión, en particular tratándose de menores infractores. El Estado Parte ha de velar por que:

    a) Se respeten los derechos y garantías fundamentales de los menores que hayan cometido un delito tipificado en la Ley del menor infractor, en especial, la prohibición en cualquier circunstancia de medidas disciplinarias inhumanas o degradantes como el castigo físico, el internamiento en celdas oscuras o el régimen de incomunicación, la reducción de las raciones de comida, la denegación del contacto con la familia, el castigo colectivo o la repetición del castigo por una misma falta a la disciplina; b) Se fortalezca la supervisión de la situación en los centros de detención y se establezca un sistema para inscribir todas las denuncias de casos de tortura o desmanes; c) Se instituyan mecanismos efectivos para investigar y procesar los casos de tortura y desmanes; d) El personal que trabaja con delincuentes juveniles cumpla la ley como es debido y tenga la formación necesaria y conozca sus funciones y deberes; e) Se tomen medidas disciplinarias u otras disposiciones jurídicas apropiadas contra los funcionarios que hayan administrado tratos inhumanos o degradantes o los hayan autorizado; f) Se ejecuten programas de prevención de los problemas expuestos en el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; g) Se ejecute un programa integrado para prevenir y suprimir la violencia institucional.” 122

    La situación del cumplimiento de esta recomendación por parte de los funcionarios del subsistema penal juvenil es la siguiente:

    En términos generales los 20 jueces de menores encargados de aplicar la ley penal juvenil se han acercado en los últimos años a la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en lo relativo a aplicar la medida de detención como última ratio en el tratamiento de los jóvenes infractores. Se reconoce que existe un favorecimiento a la aplicación de las medidas no privativas de libertad de acuerdo a la siguiente información.

    Según informe de la Gerencia General de de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, en 2006 el número de jóvenes infractores procesados fue de 4528. De este número se estableció la responsabilidad penal a 477 jóvenes, a 161 jóvenes se les aplicó la medida de internamiento y a 316 se les aplicó medidas no privativas de libertad. Ahora es necesario llamar la atención que este acercamiento a la filosofía de la CDN y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no necesariamente redunda en un beneficio de la educación en responsabilidad de los jóvenes involucrados.123

    La carencia crónica de políticas sustentadas en la perspectiva de los Derechos Humanos y que se articulen con las políticas universales de salud y educación, dejan a los jóvenes favorecidos con la medida no privativa de libertad, a la deriva, abandonados a su suerte para encontrar un lugar en las alternativas de apoyo reeducativo comprendidas en las acciones focalizadas de las instituciones públicas y privadas. Es lamentable que en El Salvador después de muchos años de reformulado el subsistema penal juvenil, todavía los jóvenes no cuenten con las políticas públicas para el adecuado aprovechamiento de las medidas alternativas no privativas de libertad.

    El ISNA debe organizar los Centros de detención de acuerdo a criterios de edad, jóvenes sentenciados y procesados y otros criterios técnicamente necesarios que favorezcan el ambiente de reeducación de los y las jóvenes internos. Persiste el criterio de organizar los centros en atención por la pertenencia del detenido a una pandilla en particular, reforzando de esta manera los liderazgos negativos de los jóvenes internos.

    La situación de los centros de internamiento es una bomba de tiempo que prepara su estallido lentamente y en silencio. Por distintas razones no se han encontrado denuncias de maltrato graves contra los jóvenes detenidos, pero esto no significa que la situación de los detenidos sea óptima. La acumulación del maltrato verbal, la permanencia en instalaciones insalubres, el estigma, producen en el Centro de reeducación un ambiente altamente hostil e inhumano. Las autoridades y funcionarios del subsistema penal se quejan frecuentemente en los medios de comunicación de la introducción ilegal de drogas y estupefacientes en los Centros de Reeducación y de las actitudes de desobediencia de los internos.

    Estas mismas autoridades –y la mayoría de sectores de la sociedad que asimilan a los jóvenes infractores a una fuente inagotable de problemas– deberían reconocer que esta problemática funciona por la alimentación recíproca de un binomio constituido, en un lado, por el consumo de drogas y la conducta desobediente y en el otro extremo del binomio las condiciones de internamiento que mantienen al interno sumido en el ocio, hacinado y acosado por el maltrato silencioso y la tortura, que se presenta durante el estallido de la crisis.124 Las conductas de drogadicción y desobediencia del interno constituyen formas –innegablemente aberradas– de evasión y expresan un sentimiento profundamente arraigado de impotencia y marginalidad.

    Es importante dejar constancia que desde el cierre del Centro de Internamiento Rosa Virginia Pelletier, y el traslado de las jóvenes internas hacia un área del Centro Reeducativo Sendero de Libertad, las condiciones de cumplimiento de la medida de internamiento de las jóvenes se vieron deterioradas. Por ser una población minoritaria, respecto de los internos hombres, las jóvenes han sido colocadas en uno de los sectores del Centro Sendero de Libertad donde no cuentan con las condiciones mínimas para cumplir los objetivos de la medida de internamiento.

    Las internas no cuentan con escuela, pues aún cuando el área de escuela de dicho centro se encuentra ubicada en ese sector, está destinada a los jóvenes y no a ellas, por lo cual únicamente pueden disponer del espacio físico cuando los jóvenes no lo están utilizando. De contar con tres talleres en el Centro Rosa Virginia Pelletier, han pasado a tener acceso únicamente a un taller de corte y confección, que sí cuenta con los recursos necesarios, pero que limita a un sólo sector productivo las actividades de desarrollo de las jóvenes. No cuentan con un área para recibir la visita familiar, por lo que la reciben en las casas o en las zonas verdes, que están completamente desprovistas de mobiliario. Tampoco cuentan con áreas de recreo y esparcimiento.




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