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I.5.4 Consideraciones sobre el derecho a la identidad de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado


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I.5.4 Consideraciones sobre el derecho a la identidad de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado

A pesar de los llamamientos de esta Procuraduría y de los organismos internacionales dirigidos al Estado para que honre sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la situación de las víctimas de la desaparición forzada de personas permanece igual quince años después de firmados los Acuerdos de Paz.

La privación forzada de los niños y niñas de su propia familia se convirtió en un negocio lucrativo para los funcionarios públicos que facilitaron el tráfico ilegal y la venta de niños y niñas para la adopción internacional. Los perpetradores recurrieron a falsificar la identidad de los adoptados para eludir requisitos legales en el trámite de la adopción. Estos niños y niñas se criaron en el extranjero en la mayoría de los casos sin conocer la verdad sobre sus orígenes ni las causas verdaderas de su salida de El Salvador y de su traslado a otro país, y sin contar con un grupo familiar de referencia para construir su proyecto histórico de vida.39

Con relación a la alteración de la identidad legal de las víctimas (nombre, filiación y nacionalidad) el Estado salvadoreño no ha deducido responsabilidades contra los personeros estatales de las instituciones en las que se fraguó este atropello contra la niñez.40 En los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la sanción es una medida de reparación del daño sufrido por la víctima. La investigación y sanción en todo caso sienta un precedente disuasivo de combate contra la impunidad para que estas graves violaciones no se repitan.41

El restablecimiento de la identidad de las víctimas reencontradas - en el aspecto de su salud mental - no ha contado con medidas de reparación de parte del Gobierno. Las personas que fueron afectadas en su niñez en sus más elementales derechos y que fueron olvidadas a su suerte en cuarteles militares, hospicios o que fueron víctimas de una adopción ilegal en el extranjero, no han recibido el apoyo estatal para superar el trauma que implicó la pérdida de su grupo familiar en circunstancias especialmente difíciles.42 La indiferencia estatal sobre sus obligaciones en la temática raya los límites de la provocación a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que ni siquiera en el caso emblemático de las hermanas Serrano Cruz se ofreció al grupo familiar de las niñas desaparecidas la asistencia psicológica ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.43

El Presidente de la República debe derogar el Decreto Ejecutivo de creación de la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el Conflicto Armado en El Salvador”. El Estado salvadoreño debe cumplir de buena fe sus obligaciones para encontrar a la niñez desaparecida durante el conflicto armado, obligaciones que además fueron prescritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo y reparaciones del caso de las Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador. Entre las motivaciones para recomendar la derogatoria del decreto ejecutivo señalado cabe destacar:

a) El Decreto ejecutivo reduce las actuaciones de la Comisión a colaborar en la búsqueda, localización y reencuentro familiar, limitando los deberes del Estado en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos (artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Únicamente reconoce la afectación y necesidad de restitución del derecho a la identidad de los niños y niñas, negando la afectación a los derechos a la integridad personal, vida, dignidad, integración familiar, entre otros derechos afectados; desconociendo, además, el derecho a la verdad y el derecho a acceder a la justicia de las víctimas y de sus familiares;44

b) La Comisión Interinstitucional de Búsqueda, no tiene facultades para obligar a las instituciones involucradas a aportar información;

c) No se definen las funciones ni la metodología de trabajo de la Comisión, d) La Comisión interinstitucional únicamente esta conformada por instituciones estatales, y,

e) El Decreto Ejecutivo niega las desapariciones forzadas de personas y la responsabilidad estatal al referirse a la niñez desaparecida como niñez “extraviada”.

Esta Procuraduría reitera al Presidente de la República su deber de cumplir con la sentencia de fondo y reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial su obligación de promover la integración de una Comisión de Búsqueda que goce de independencia, imparcialidad y capacidad para investigar el paradero de cientos de jóvenes desaparecidos, encontrar a los responsables de los hechos y aplicar la ley sin distingo alguno.


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