• I.3 Respeto y promoción de la niñez indígena

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    I.2.2.1 Seguimiento

    En esta etapa el niño o la niña vive con su familia adoptiva. Opera exclusivamente para las adopciones extranjeras y consiste en la obligación de informar a la OPA, cada seis meses durante dos años, si el adoptado ha respondido satisfactoriamente al ambiente cultural, familiar y material ofrecido por sus adoptantes.



    I.3 Respeto y promoción de la niñez indígena

    En El Salvador no existe disposición constitucional o de ley secundaria referente a la protección de la cultura indígena y en particular sobre la protección y promoción especial de la niñez indígena. Las disposiciones constitucionales vigentes aluden indirectamente al tema indígena con conceptos ambiguos como “las lenguas autóctonas” y “el tesoro cultural salvadoreño”. Tales preceptos, aunados a la inexistencia de normas atributivas sobre la titularidad de derechos para la población indígena, demuestran que en El Salvador no se reconoce a los pueblos indígenas18.

    Merece destacarse el hecho que en la Boleta de Muestra del VI censo de Población y V de Vivienda 2007, ejecutados por la Dirección de Censos Nacionales, de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en el apartado VI Datos de la persona del Hogar, pregunta número 6, letra (a), se incluye el componente de la población indígena; dice textualmente la pregunta: “¿Es usted? Blanco, Mestizo (mezcla de blanco con indígena), indígena, negro (de raza), otro”; también la pregunta 6 b), explora un poco sobre el punto del que se habla, dice la pregunta: “Si usted es indígena ¿A cuál grupo pertenece? Lenca, Kakawira (cacaopera), Nahua-Pipil, otro (especifique)”. Nos gustaría creer que la información recolectada por los censos será utilizada para formular políticas estatales que promuevan los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas y no que solamente se inserte como un accesorio.

    La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en el art. 30, se refiere así a los derechos de la niñez indígena:



    “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.”

    Los únicos instrumentos del derecho interno salvadoreño que nos ofrecen un parámetro para evaluar el comportamiento estatal en este ámbito son la CDN y la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (PNDINA) 2000-2005. La PNDINA señalaba ciertos indicadores de utilidad para estimar el grado de respeto de las instancias estatales hacia los derechos de la niñez indígena.

    Decía al respecto:

    El derecho a la cultura debe ser visto desde varios ángulos importantes: a) El derecho a vivir su propia cultura en el seno de su familia y del entorno comunitario que lo sustenta culturalmente; b) Respeto e igualdad de los niños, niñas y adolescentes de las minorías étnicas; y, c) Respeto y protección de la cultura nacional frente a modelos culturales foráneos”.19

    Según funcionarios a cargo de la dependencia de asuntos indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA, el “elemento” indígena no es notorio ni relevante en la sociedad salvadoreña. Con semejante miopía plasmada en documentos oficiales del dominio público internacional, la población indígena salvadoreña ya sabe el desafío que enfrenta para conseguir del Estado las políticas para la atención de sus Derechos Humanos.20

    Al rendir su informe al Comité de los Derechos del Niño, el Estado salvadoreño abiertamente manifestó la inexistencia de políticas públicas específicas, ya que ni siquiera en dimensiones modestas existen programas para promover la niñez indígena y la población indígena en general. El Estado dijo así en su comparecencia ante aquél organismo:

    “(A este respecto, y) en el caso específico de grupos minoritarios como lo son los Pueblos Indígenas, El Salvador no cuenta con datos estadísticos que determinen de forma puntual la población infantil perteneciente a dichos grupos; sin embargo, la Jefatura de Asuntos Indígenas de CONCULTURA, a partir de un estudio del año 1999 se estimó que un 10% de la población total salvadoreña es indígena, aproximadamente 600,000 habitantes. Actualmente se ha elaborado el documento denominado
    en donde se han establecido las características de los indígenas en nuestro país, así como establece las bases para iniciar propuestas metodológicas para realizar en el futuro un censo, ya que se carece de uno a nivel oficial.”
    21

    Las carencias oficiales en materia de políticas, recursos e infraestructura significan en concreto para la niñez indígena de El Salvador la negación de los componentes claves para la conformación de su identidad: El conocimiento de su pasado y la preservación de su presente. En un país con una situación generalizada de familias de personas que han emigrado hacia los Estados Unidos, el Estado carece de medidas para enfrentar las serias amenazas de extinción de la identidad cultural.22 El informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, refiriéndose a esta amenaza, lo dice de esta manera:



    “Las migraciones están empujando al país a redefinir algunos aspectos básicos de la nación. Los migrantes traspasan las fronteras nacionales y sus identidades ya no se establecen de antemano solamente por los valores que tradicionalmente han caracterizado al ser salvadoreño. Esto ha venido a reforzar el sentimiento de que el sentido de pertenencia de la población a un territorio, a una forma de identidad, a un conjunto de valores y a una misma lengua se ha venido debilitando.”23

    En materia de los derechos indígenas, el Estado salvadoreño tiene una deuda señalada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, cuyo cumplimiento interesa a la comunidad internacional. En la reciente evaluación al segundo informe del Estado de El Salvador sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC, expresó esta recomendación:

    El Comité alienta al Estado parte a que realice cuanto antes un censo de población de los pueblos indígenas, que permitan determinar la situación actual del ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos y que en su próximo informe periódico, proporcione información sobre los progresos que se realicen al respecto.”24


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