• No existen mecanismos de protección de muchos derechos personales y ni de derechos de desarrollo como la salud, la educación, la familia, la vida digna y tampoco los derechos de protección especial.

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    Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo


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    Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo

    Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos



    1 Actualmente la Mesa la conforman la Asociación Pro-búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Ayuda en Acción, CARE El Salvador, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), FUNDASIDA El Salvador, la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) y Visión Mundial El Salvador.

    2 La protección de la identidad del niño y la niña tiene su correlato en la legislación nacional en el Art. 351 del Código de Familia. Derechos Fundamentales de los Menores. “Todo menor tiene derecho: 3o) A tener y preservar desde su nacimiento y en todo momento su nombre, nacionalidad, representación legal y relaciones familiares y a gozar de un sistema de identificación que asegure su verdadera filiación materna y paterna; 4o) A conocer a sus padres, ser reconocido por éstos y a que se responsabilicen de él.”

    3 El Código de Familia es el principal instrumento de la ley secundaria que establece los derechos de la niñez y la adolescencia. Este régimen se encuentra en el libro quinto, título primero, capítulo uno, denominado “Principios Rectores, Derechos Fundamentales y Deberes de los Menores”.

    4 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. (CRC/C/15/Add. 232). Párrafo 34.

    5 Según el Informe Regional sobre el Diagnóstico del Registro de Nacimientos en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, elaborado por Plan Internacional a través de un Convenio realizado con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, se estableció que en 2000 en El Salvador, el 9.8% de la población salvadoreña mas joven carecía de partida de nacimiento (es decir, 16,485 niños y niñas de un estimado de 168,200 nacimientos). La situación del subregistro de nacimientos es tan confusa que la publicación del periódico local El Diario de Hoy, de 9 de enero de 2005, cita que el 10 % de subregistro es con relación la población general, es decir 672,000 personas. La publicación cita fuentes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2002 y proyecciones del Censo de Población de 1992.

    6 Ver Párrafo 24 de las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. Noviembre de 2006. E/C.12/SLV/CO/2. Por la reciente factura de las observaciones del comité DESC es un invaluable respaldo para las valoraciones que se ofrecen en este Informe.

    7 La Prensa Gráfica, 7 de mayo de 2006.

    8 Según datos de FESAL 2004, la migración es mayor en el caso de hombres con respecto a las mujeres, 68.2% contra 31.8%, respectivamente. Ver. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. Asociación Demográfica Salvadoreña. El Salvador, 2004

    9 Según estimaciones oficiales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005 del Ministerio de Economía, a nivel nacional, aproximadamente 646 mil hogares se encuentran en condiciones de pobreza cifra que con relación al total de hogares representa el 35.2%. Del número de familias en condiciones de pobreza el 12.3% se encuentra en pobreza extrema y el otro 22.8% en el nivel de pobreza relativa.

    De acuerdo a la distribución geográfica, en el área urbana existen aproximadamente 327 mil hogares en condición de pobreza, que equivale al 30.9% del total de hogares urbanos. Dentro de la pobreza urbana el 21.3% son hogares en pobreza relativa y el 9.7% son pobres extremos. La pobreza se concentra en el área rural con 261 mil hogares equivalente al 42.5% de los hogares rurales viven en condiciones de pobreza, de estos el 16.9% vive en la pobreza extrema y el restante 25.5% en pobreza relativa.



    Sobre la distribución de la pobreza en los 262 municipios del país, esta Procuraduría en su informe al Comité DESC, citó que el Mapa de la Pobreza en El Salvador, registra 68 municipios en la categoría de pobreza extrema alta y 32 municipios de pobreza extrema severa. “Y aunque esta información no permite conocer certeramente cuántas personas se encuentran catalogadas como extremadamente pobres, evidencia que éstas podrían llegar a alcanzar casi al 50% de la población de estos municipios e, incluso, hasta un 60%.” Ver Párrafo 48 del Informe Especial Presentado al Comité DESC, sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Noviembre, 2006

    10 Después de los cinco años de edad la inscripción del nacimiento de una persona sólo puede efectuarse por la intervención del Juez o Jueza de Familia. Aunque la diligencia ante el Juzgado de Familia se realice mediante los servicios de asistencia gratuita de la Procuraduría General de la República, los costos logísticos como transporte y obtención de la documentación, siguen siendo un obstáculo para que las familias pobres consigan asentar el nacimiento de sus hijos e hijas.

    11 Vid. nota al pie de página número 4.

    12 Estimar el número de asientos defectuosos es una meta muy difícil de conseguir. Por ejemplo, el registro de un nacimiento puede contener error en cuanto al nombre de la madre o del padre del que ha sido inscrito. Estos casos el Código de Familia no los considera como errores sino como filiaciones que deben ser modificadas a través de otra clase de procesos. Otra número oculto es el de las correcciones que se realizan ex oficio por la jefatura del Registro del Estado Familia dentro del año de realizado el asiento.

    13 Ver, Informe de labores de la institución de junio 2004 a mayo 2005. Procuraduría General de la República. El informe de labores de la institución de 2006 se dará a conocer hasta después de la publicación del presente informe.

    14 Ver, Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. (CRC/C/15/Add. 232). Párrafos 39 y 40.

    15 El titular de la noticia es: En España, el país que más niños salvadoreños adoptaba, las agencias comienzan a desaconsejar el país por burocrático. La entrega de menores ha ido en picada desde 2003.” Entrevista concedida a la Prensa Gráfica en diciembre de 2005. disponible en http://www.laprensagrafica.com/nacion/402071.asp

    16 En centros privados de protección, el ISNA tiene a la orden 2,377 infantes y 1,070 más están en Centros de protección estatales. Se requirió al ISNA el dato actualizado a 2006, sin embargo a la fecha de publicación de este informe no contestó la solicitud.

    17 La Coordinadora Española de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento, CORA, expone en el documento de su sitio Web “Ficha de país El Salvador”, en la página tres una nota fechada junio de 2005: “Se ha recibido información de algunas familias que han tramitado el expediente a través de la ECAI AAIM. Según dichas familias su expediente se encuentra en El Salvador desde 2002 y todavía no han recibido asignación. Parece que las asignaciones de adopción en El Salvador se están produciendo muy lentamente.” Ver www.coraenlared.org/fichapaises/docs/EL_SALVADOR.pdf

    18 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tomando en cuenta el desamparo legislativo de la población indígena salvadoreña recomendó al Estado salvadoreño: “… que considere la posibilidad de otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas”. Ver, Observaciones Finales del Comité a los informes periódicos 9° al 13° de El Salvador que deberían haber sido presentados el 30 de diciembre de 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004. Marzo de 2006. (CERD/C/SLV/CO/13). Párrafo 9.

    19 Ver, la Situación del Derecho a la Cultura en la Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia. Secretaria Nacional de la Familia, San Salvador, 2000.

    20 Ver, Informe Nacional de la República de El Salvador en la Primera Reunión Intergubernamental del Fondo Indígena. Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural. Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Concultura. Noviembre de 2004. El citado documento dice textualmente: “(Lo anterior, hace que tanto) la población en general como desde la propia naturaleza del Estado, el elemento indígena no es notorio ni relevante, no porque no sea importante, sino que las mismas condiciones histórico-sociales, en todos los sectores, permite esa visualización. Sin embargo y como ya se expresó, desde 1986, se viene en un proceso cada vez más acelerado, notorio y participativo, de reconocimiento, valorización del tema.”

    21 Respuestas escritas de El Salvador relativas a la lista de cuestiones formuladas por el Comité de Derechos del Niño en relación con el examen del segundo informe periódico de El Salvador, de 6 de abril de 2004. (CRC/C/RESP/54). Página 11.

    22 El precitado documento Informe Nacional de la República de El Salvador en la Primera Reunión Intergubernamental del Fondo Indígena, establece que “Aunque no existe documento alguno en el que se exponga las políticas públicas dirigidas directamente a la población indígena, cabe mencionar, que el Estado ha realizado hacia la población en general acciones concretas en favor de los Pueblos Indígenas, a través de esta Unidad de Asuntos Indígenas y al interior de otras dependencias estatales como el Ministerio de Salud, de Educación, Agricultura entre otros. El Salvador no cuenta con estadísticas exactas, como decir, dentro de un censo nacional de población”

    23 Ver “Informe Sobre Desarrollo Humano. Una mirada al Nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones.” PNUD. El Salvador 2005.

    24 Ver, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. Noviembre de 2006. E/C.12/SLV/CO/2. Párrafo 37.

    25 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. (CRC/C/15/Add. 232). Párrafo 32.

    26 Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso de las hermanas Serrano Cruz. vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia de fondo y reparaciones. 1 de marzo de 2005. Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso de las hermanas Serrano Cruz. vs. El Salvador. Interpretación de la Sentencia Sobre Fondo, Reparaciones y Costas (artículo 67 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) Sentencia de 9 de septiembre de 2005. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

    27 Informe de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sobre las desapariciones forzadas de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, su impunidad actual y el patrón de la violencia en que ocurrieron tales desapariciones. Septiembre de 2004; Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto del cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Diciembre de 2005; Segundo Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto del cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Diciembre de 2006.

    28 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos al tercer, cuarto y quinto informe periódico consolidado de El Salvador, de 22 de agosto de 2003. CCPR/CO/78/SLV. El Comité dijo: “Se insta al Estado parte a presentar información detallada sobre el número de niños encontrados vivos y los que perecieron durante el conflicto. Asimismo, se invita al Estado parte a reconsiderar la creación de la Comisión Nacional de Niños Desaparecidos, así como de un fondo de reparación para los jóvenes encontrados.”

    29 Los esfuerzos de la sociedad civil por establecer el paradero de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado fueron reconocidos por el Comité de los Derechos del Niño. En las Observaciones Finales al Segundo Informe de El Salvador, el Comité dijo: “Preservación de la identidad. Es motivo de preocupación para el Comité que el Estado Parte no haya participado más en la investigación de la desaparición de más 700 niños durante el conflicto armado de 1980 a 1992. Observa a este respecto que lo que hasta el presente ha llevado a dar con algo así como 250 niños ha sido obra principalmente de la ONG Pro-Búsqueda. A la luz del artículo 8 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte participe más en los esfuerzos para encontrar a los niños que desaparecieron durante el conflicto armado y, en consonancia con el Comité de Derechos Humanos, lo anima a proceder con los planes de instituir una comisión nacional con suficientes recursos y facultades para dar con los niños desaparecidos. También lo anima a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.” Párrafos 31 y 32.

    30 Decreto Ejecutivo No. 45 de fecha 5 de octubre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 365 del 6 de octubre de 2004. En el considerando tercero del decreto dice: "Que el rencuentro familiar y el restablecimiento de la identidad de estos menores constituye un derecho; para lo cual es menester crear una Comisión que se encargue de colaborar junto con las instituciones públicas involucradas o encargadas de la protección de la niñez en la búsqueda de los niños y niñas que quedaron separados involuntariamente de sus familiares.” En el artículo 3 del Reglamento Interno de la Comisión se retoma este objetivo: “La Comisión tiene los fines siguientes: Coadyuvar en la preservación del derecho al nombre, identidad, nacionalidad y relaciones familiares del niño desaparecido.” La página web de la Comisión Interinstitucional es, www.comisiondebusqueda.gob.sv.

    31 Dicha Comisión fue creada precisamente a escasos dos días para que se venciera el plazo de presentación de los alegatos finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente su creación tuvo por fin adelantarse a la posible sentencia condenatoria contra el Estado, más que al deber estatal de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares.

    32 Ver Observación General Nº 5 (2003). Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44). CRC/GC/2003/5 de 27 de noviembre de 2003. Párrafo 12.

    33 La Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador, RIA, se pronuncio al respecto: “Contar con un sistema nacional de Registro y Monitoreo de la población menor de 18 años en El Salvador sigue siendo una meta por superar… no se visualiza un proyecto específico de Estado que se encamine a registrar a la población con las variables de edad, sexo y con la caracterización de niñez con discapacidad, así como los niños y niñas indígenas.” Ver Balance de Cumplimiento de Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Salvadoreño. 2004-2005. Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador. Noviembre de 2005.

    34 La adopción de un protocolo consiste en señalar las medidas básicas del proceso del registro del nacimiento y atribuir con especificidad la responsabilidad de cada funcionario interviniente en el mismo.

    35 El tema de la adecuada atención a los derechos del niño en la primera infancia es tan importante en la doctrina del Comité de Derechos del Niño que el día general de debates de 2005 lo dedicó a este tema. Ver la Observación General No. 7 (2006). Realización de los derechos del niño en la primera infancia. CRC/C/GC/7/Rev.1.

    36 Ver, “Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador". De Pueblos Indígenas, CONCULTURA, RUTA, CTMPI, Banco Mundial. San Salvador, 2003.

    37 Los pocos avances logrados en educación en lenguas autóctonas han sido a través de la iniciativa de los mismos pueblos indígenas. La publicación de prensa titulada “El Náhuat se niega a morir” relata que unos 150 niños reciben clases de Náhuat con maestros ad honores. Ver La Prensa Gráfica, 18 de enero del 2006, Pág. 77

    38 Siete años después de la publicación oficial de la Política Nacional de la Niñez habría que repetir las palabras que en ese documento se dijeron sobre el trabajo de Concultura: “A pesar que la legislación salvadoreña reconoce el derecho general de las personas a vivir su en el sentido amplio del término, en la práctica tiende a estrecharse injustificadamente a ciertas expresiones artísticas y a la conservación de cierto tipo de patrimonio nacional. Aquí se identifica el limitado rol que hasta ahora ha tenido CONCULTURA.” Ver, la Situación del Derecho a la Cultura de la Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia. Op. Cit.

    39 Sobre la noción del “proyecto de vida” y las implicaciones para la víctima que sufre su desmejora por razones imputables al Estado, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, dijeron “creemos que el proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia y requiere para su desarrollo de condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana… El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino.” Ver la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Villagran Morales, et al, vs. Guatemala. 1999. Voto razonado párrafo 8.

    40 El deber del Estado de imponer sanciones a aquéllos funcionarios que participaron de estos hechos resulta de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992) en el artículo 20.3: “La apropiación de hijos de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de una desaparición forzada, así como la falsificación o supresión de documentos que atestigüen su verdadera identidad, constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser castigados como tales.”

    41 Sobre la facilidad para cambiar la identidad legal de los niños y niñas sin familia durante el conflicto armado, apoyándose en la corrupción de instancias oficiales, existen decenas de testimonios: “Encontraron a los niños sentados solos enfrente de la casa en donde se llevó a cabo el operativo militar la noche anterior. Los llevamos a nuestra casa. Esperamos por un tiempo para ver si algún miembro de su familia venía a reclamarlos, pero nadie vino. Durante la guerra, era difícil y peligroso para alguien venir, buscarlos y preguntar por ellos. Cuando los niños crecieron tuvimos que conseguirles papeles. Así que fuimos a registrarlos a la Alcaldía como nuestros propios hijos” Juan Felícito Cortez, San Salvador, 1998 – Testimonio de la “adopción” de sus dos hijos, en la ciudad de Usulután, 1982.

    42 En el Informe de la Asociación Pro-Búsqueda “La actuación del Estado de El Salvador en la problemática de la niñez desaparecida a consecuencia del conflicto armado” , de Octubre 2005, se citan algunos casos de niños y niñas que fueron abandonados en diferentes sitios y las secuelas que las personas presentan al recordar esta experiencia de sus vidas.

    43 Ver el número II, literal C, del Segundo Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto del cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Diciembre de 2006.

    44 Ver Informe de la Asociación Pro-Búsqueda “La actuación del Estado de El Salvador en la problemática de la niñez desaparecida a consecuencia del conflicto armado” , citado.

    45 Un aporte de esta Procuraduría para contribuir a divulgar la problemática de los pacientes con vih/sida es la publicación de la recopilación normativa sobre vih/sida y Derechos Humanos realizada con la ayuda de la cooperación internacional.

    46 A la fecha de elaboración de este informe en los Centros de Reeducación existen 3 casos de jóvenes contagiados por el vih.

    47 Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. (CRC/C/15/Add. 232). Párrafo 54.

    48 Para esta Procuraduría es importante dejar constancia que el Estado de El Salvador inició la atención gratuita para personas infectadas a partir de 2001 en el contexto del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Jorge Odir Miranda Cortez y otros Vs. El Salvador. El caso se encuentra admitido por la Comisión con el número 12.249 para pasar a la etapa de presentación de la demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    49 Ver, Boletín informativo sobre la situación del Vih-Sida en El Salvador. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. Junio 2006.

    50 El cobro de la cuota voluntaria en los hospitales es considerada por ciertos funcionarios una estrategia de administración exitosa para evitar la saturación del sistema. La Directora del Hospital de Maternidad Sara Valdez, en una entrevista de prensa expresó que el cobro de la cuota voluntaria le ha permitido reducir el número de partos atendidos: “Antes teníamos hasta 17 mil partos atendidos, y el año pasado atendimos 12 mil”. La Prensa Gráfica 7 de mayo de 2006.

    51 Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) la implementación del programa Ternura no cumple con los objetivos formales de su diseño. Cita el irrebatible argumento que comparte esta Procuraduría que los centros Ternura abiertos durante 2006 no están en las comunidades empobrecidas donde más se les necesita sino en las entidades públicas de medianos salarios comparados con otras instituciones estatales. Las instituciones que cuentan con Centros Ternura son el Centro Nacional de Registros y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ver. Políticas Públicas, Hoy. No. 15, Año I. Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho, Fespad, San Salvador, octubre 2006.

    52 Ver, Boletín informativo sobre la situación del VIH- Sida en El Salvador. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. Op cit. Pag. 9.

    53 Ver, “Informe Final Estudio de Línea Basal en Jóvenes Miembros de Pandillas para Diseño de la Campaña de Promoción de Cambios Conductuales en Grupos de Alta Vulnerabilidad en la Transmisión del VIH/SIDA. San Salvador”, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas/Cruz Roja Salvadoreña/Fondo Global. El Salvador, 2005 citado en la Politica Nacional de atención al Sida.

    54 En un primer momento de la pandemia se hablaba de “riesgo” de infección y comportamientos de “riesgo”, pero se ha establecido que hablar de riesgo prioriza aspectos individuales y comportamentales de las personas que se infectan, olvidando la importancia de aspectos institucionales y sociales que crean contextos en los cuales personas o comunidades son más o menos vulnerables frente a la epidemia y, es por esto, que se prefiere hablar de vulnerabilidades frente a la infección. Ver. Creciendo Unidos. Vih/Sida en Latinoamérica. Red del Grupo Consultivo para la Primera Infancia en América Latina. Revista Electrónica en la red. Tercer trimestre de 2005.

    55 Es curioso notar que en la Política Nacional de atención al SIDA, se reconoce que existen situaciones estructurales que afectan especialmente a las mujeres pero en las líneas prácticas de trabajo no se toman las medidas de desarrollo de semejantes planteamientos. Dice el párrafo 40. “…es habitual que las mujeres tengan un acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva y que no tengan los conocimientos adecuados sobre el VIH-SIDA, las formas en que puede transmitirse y las opciones de prevención. Asimismo, las mujeres pueden dudar en solicitar la prueba del VIH o no volver para buscar los resultados porque temen que la revelación de su estado seropositivo conduzca a violencia física, expulsión del hogar y discriminación social.” Ver. Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH-SIDA. CONASIDA. San Salvador, 2005.

    56 Otra ventaja del abordaje de la pandemia con el uso de las tres categorías Infectado, afectado y vulnerable es que con estas tres categorías se vislumbran acciones exigibles al Estado en el marco de los Derechos Humanos: El respeto, la protección y el cumplimiento de deberes.

    57 Ver, Declaración de Compromisos del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el vih/sida (UNGASS por sus siglas en inglés), junio de 2001. Párrafo 66.

    58 Brasil ha demostrado que la institucionalización dista mucho de ser la mejor medida para el desarrollo de la población infantil afectada y que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para mantener o reestablecer los vínculos familiares y apoyar más que al niño o niña de forma individual, al conjunto familiar.

    59 América Latina y el Caribe son las regiones del mundo que han registrado sostenidamente el nivel promedio más alto de desigualdad (Klilsberg, 2000), con un coeficiente Gini promedio de 0,566 por encima del de África Subsahariana con 0,454. En otros países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú aumentó el porcentaje de pobreza extrema durante esa misma década, ver Panorama social de América Latina 2005. CEPAL. Versión resumida.

    60 La Observación general Nº 14 del Comité DESC, en el Párrafo 4, aclara que no es lo mismo salud que derecho de atención a la salud. El historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

    61 Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar las medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar medidas para que toda persona tenga acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud y pueda gozar cuanto antes del más alto nivel posible de salud física y mental. Ver Observación General Nº 14 (2000) del Comité DESC. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). Párrafo 53.

    62 Ver, Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH-SIDA. CONASIDA. San Salvador, 2005. Párrafo 37.

    63 Esta ley carece de derechos y mecanismos de protección especiales para la niñez. La única disposición de la ley que se refiere a la protección de la niñez es el Art. 33 “Los padres o encargados de los menores con discapacidad propiciarán su rehabilitación desde las edades tempranas, haciendo prevalecer los derechos de éstos, no ocultándoles ni negándoles dicha rehabilitación. Así mismo, deberán orientarlos y apoyarlos para que los hijos no asuman actitudes destructivas en su integridad física, psíquica y social.

    64 Se citan solo los primeros tres párrafos del Art. 23 CSDN como un ejemplo de la protección ampliada a favor de la niñez discapacitada: “1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

    65 Art. 3.- El Consejo estará integrado por dieciséis miembros propietarios, representantes de las siguientes instituciones: 1º) Uno por la Presidencia de la República; 2º) Uno por el Ministerio de Educación; 3º) Uno por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 4º) Uno por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 5º) Uno por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos; 6º) Uno por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; 7º) Uno por la Secretaria Nacional de la Familia; 8º) Uno por el Centro de Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada, CERPROFA; 9º) Uno por la Federación Salvadoreña de Padres de Personas con Discapacidades; 10º) Uno por las Fundaciones Privadas de asesoría a la atención integral; 11º) Cuatro por las Asociaciones de personas con discapacidades; 12º) Uno por las Asociaciones Privadas de prestación de servicios de atención integral; y, 13º) Uno por las Universidades y demás Instituciones formadoras de Recursos Humanos en Rehabilitación Integral.

    66 Ver La Prensa Gráfica, 9 de mayo de 2007.

    67 Ver, “Diagnóstico sobre la Situación Actual de Educación Especial en la Atención de Necesidades Educativas Especiales en El Salvador”, Raúl Eduardo Gálvez Nessi, et, al. Proyecto Excell, San Salvador, Junio 2004, Págs. 3-5.

    68 Ernesto Schiefelbein en su análisis de la educación básica, comenta que en general un 10% de la población requiere de educación especial y que en El Salvador las escuelas no tienen la capacidad de proporcionar educación especial y muchos de estos niños y niñas no ingresan a ellas o en caso de ser admitidos aprenden poco y terminan desertando anticipadamente. Ver. Ernesto Schiefelbein, Se Reduce la Repetición, Deserción y Sobre edad pero Continua el Bajo Aprendizaje, especialmente en los grupos de Menores Ingresos, MINED, San Salvador, 2003, páginas 2 y 3.

    69 Ver las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. (CRC/C/15/Add. 232). Párrafo 5. El Comité se refiere al tema como observaciones al Estado que no fueran debidamente subsanadas después de presentarse el primer informe salvadoreño en 1993. En el documento de 1993 la observación estaba comprendida en el párrafo 19 de las Observaciones Finales de 18 de octubre de 1993 (CRC/C/15/Add.9). “A la luz de las deliberaciones, y teniendo en cuenta la situación de los niños en El Salvador, el Comité recomienda que se adopten medidas urgentes para proteger a los niños pertenecientes a los grupos vulnerables, en particular de los niños desplazados, refugiados, discapacitados y sin hogar, así como los niños que son objeto de abusos o de violencia dentro de la familia. Esas medidas deberán abarcar programas de asistencia social y rehabilitación en favor de esos grupos de niños y llevarse a cabo en colaboración y con el apoyo de los pertinentes organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, partiendo de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 45 de la Convención.”

    70 De acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud las principales causas de discapacidad en América están relacionadas con la salud y el ambiente. Las causas sanitarias incluyen defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos, enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales y parasitosis, al igual que problemas relacionados con el desarrollo del feto y el parto. Entre las causas ambientales están la contaminación ambiental y sus efectos en la salud; por ejemplo, el uso irracional de plaguicidas en los cultivos. Ver. http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/SAp21.pdf

    71 Ver, Observación General N° 1, Propósitos de la Educación, Comité de los Derechos del Niño, Párrafo 1 del artículo 29 (2001).

    72 Ver, Informe Preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, E/CN.4/1999/49, del 13 de enero de 1999, Párr. 13.

    73 El porcentaje del PIB dedicado a educación en 2007 es menos de la mitad de lo recomendado por la UNESCO (6.0%) y está por debajo del promedio de los países de América Latina (4.5%).

    74 El financiamiento de la educación nacional. La Prensa Gráfica. Articulo de Felipe Rivas. 23 de junio de 2006.

    75 Ver, Observación General 13 sobre el derecho a la educación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1999. E/C.12/1999/10.

    76 El artículo 56 de la Constitución dispone.”Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial. La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado.” El Comité DESC de la ONU en su Observación General N° 3 (La índole de las obligaciones de los Estados Partes) Párrafo 5 dice: “… existen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias otras disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 (inciso i) del apartado a)), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y de otra índole en numerosos sistemas legales nacionales. Parecería difícilmente sostenible sugerir que las disposiciones indicadas son intrínsecamente no autoejecutables.” Disposiciones idénticas están contenidas en el Protocolo de San Salvador y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    77 No es únicamente el caso de los municipios de San Salvador sino también en las cabeceras departamentales. Ver, La Prensa Grafica. 23 de Enero del 2006. Pág. 62.

    78 Ver, La Prensa Gráfica, 15 de Enero del 2006. Pág. 2.

    79 Ver, Informe Sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Enero, 2004. Recomendación 12.

    80 A propósito de la Gratuidad, el Comité DESC de la ONU, en el párrafo 7 de su Observación General 11, (Planes de acción para la enseñanza primaria) la ha caracterizado de la siguiente forma: “El carácter de este requisito es inequívoco. El derecho se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño, los padres o los tutores. Los derechos de matrícula impuestos por el Gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner en peligro su realización. Con frecuencia pueden tener también efectos altamente regresivos. …Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no lo son) o la obligación de llevar un uniforme relativamente caro, también pueden entrar en la misma categoría.”

    81 Ver Informe Sobre la Situación del Derecho Humano a la Educación en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Abril, 2006. Pag. 16

    82 Ver la noticia, “Educación: Padres aportan el 45% al presupuesto,” El Diario de Hoy, 26 de abril de 2006.

    83 Ver La Prensa Gráfica, entrevista con la Ministra de Educación Darlyn Meza, 28 de diciembre de 2006.

    84 Ver, La Prensa Gráfica, entrevista con la Ministra de Educación Darlyn Meza, 28 de diciembre de 2006.

    85 Según el MINED el arancel se ha establecido según el número de estudiantes matriculados en cada centro educativo: Hasta 250 estudiantes el centro cobra $15 mensuales; de 251 a 850 estudiantes cobra $12 mensuales; de 851 a 1,500 estudiantes se cobra $10 mensuales y $9 para aquellos centros de más de 1,501 estudiantes. Ver La Prensa Grafica. 7 de Enero del 2006. Pág. 17.

    86 Ver, La Prensa Grafica. 14 de Abril del 2005.

    87 El estudio estableció que en El Salvador existe una pirámide educativa. Los niveles de la matrícula de educación básica absorben el 71% aproximadamente del total general; a continuación le sigue la educación parvularia con el 13% aproximado, le sigue la enseñanza secundaria con un 9% aproximadamente y por último la educación universitaria, técnica y de adultos con un 7% aproximadamente.

    88 Ver, Informe de Social Watch El Salvador, 2006.

    89 En el lanzamiento del programa gubernamental red solidaria el Sr. Presidente Elías Saca se refirió a la grave situación de la pobreza rural durante su mandato, aportando información que va en la misma línea de lo expresado en este informe. El Sr. Presidente dijo en esa oportunidad: “más de 200 mil familias en los municipios más pobres de El Salvador, no pueden alimentar a sus hijos tres veces al día, no pueden mandarlos a la escuela porque necesitan mandarlos a trabajar, no pueden mantenerlos sanos, porque no tienen los medios para trasladarse a la unidad de salud mas cercana.” Discurso de fecha 7 de marzo de 2005.

    90 Según otra estimación conocida a través del periódico la Prensa Gráfica, el 17.7% de los alumnos de básica carecen de electricidad y agua de cañería en las escuelas. Dice, “En un país con casi un millón 200 mil alumnos matriculados (en el 2003), significa que, más de un cuarto de millón de niños asisten a centros educativos que no reúnen las mínimas condiciones para la enseñanza”.

    91 Este último dato es importante para comparar las condiciones mínimas de ambiente educativo entre el sector público y privado; el 91.1% la población estudiantil del sector privado tiene acceso a los servicios sanitarios de alcantarillado y el 97% cuenta con agua potable distribuida por medio de cañería.

    92 Ver, Informe de Social Watch El Salvador, 2006.

    93 El Mined reportó que en 2006 el sistema educativo aportó el 65% de los albergues para damnificados por catástrofes con un total de 4,200 Centros Escolares.

    94 La tormenta tropical “Stan” de octubre del 2005 afectó a miles de personas. Unos cuantos días antes de iniciar el año escolar, tres meses después de la tormenta, unos 12,000 estudiantes de 14 centros escolares no sabían si recibirían sus clases, y además, unas 313 escuelas habían sido dañadas.

    95 Ver, el Informe Especial de esta Procuraduría presentado al Comité DESC, Obra citada. Párrafo 192.

    96 Sobre el modelo económico imperante en El Salvador y su relación con la persistente violación de los DESC, esta Procuraduría hizo una valoración al respecto: “En los últimos años, el desempeño del Estado salvadoreño en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, se ha enrumbado, definitivamente, en la línea de desconocer su respeto y cumplimiento, por los altos costos sociales que ha significado el estilo de desarrollo implementado en nuestro país para amplios sectores de la población; pero también es mi convicción de que tales derechos han sido claramente supeditados a consideraciones economicistas que, en lugar de contribuir a modificar esta tendencia, más bien, la han institucionalizado generando su sistemática violación.” Ver, Informe Especial Presentado al CDESC, Op, cit. Párrafo 48.

    97 Ver, Informe Sobre la Situación del Derecho Humano a la Educación en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Abril, 2006. Pág. 69.

    98 Ver, Política Nacional de Desarrollo Integral para la niñez y la Adolescencia. Párrafo 6.1 sobre el Derecho a la Educación y la Cultura, Op. Cit.

    99 Ver, Informe Sobre la Situación del Derecho Humano a la Educación en El Salvador. Obra citada, Pag. 19

    100 Ver, informe de CIDEP “Participación de la Sociedad Civil en la Educación Salvadoreña”. 2004. Pág. 47.

    101 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha señalado que en El Salvador continúa registrándose la mayor diferencia entre grupos socioeconómicos en lo relativo a la asistencia escolar en la educación primaria y que continúa reafirmándose la brecha entre el sector urbano y el sector rural. Ver, documento de la Conferencia Sub-regional Andina. Lima, agosto 2005.

    102 En la presentación del informe sobre cuentas nacionales de inversión en educación el MINED dio a conocer los hallazgos de la institución sobre este particular. “Hay un gasto bien fuerte en el refrigerio de sus hijos y en el transporte, el gasto de útiles, que son complementos para la educación”, sostuvo la gerente de análisis e información del MINED, Laura Salamanca. Ver, La Prensa Gráfica de 16 de marzo de 2007.

    103 La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2004 muestra que las razones de inasistencia a la escuela están relacionadas a la necesidad de trabajar, causas del hogar, quehaceres domésticos y el costo de la educación. Además, la principal razón de inasistencia a la escuela es “que no quiere y no le interesa”. La Ministra de Educación Darlyn Meza es coincidente con el punto de vista aquí mencionado acerca de la incidencia de la pobreza en el abandono escolar. En la entrevista precitada al Periódico La Prensa Gráfica dijo: “Lo cierto es que hacerla gratuita permitiría llegar a más estudiantes que ahora dejan las aulas porque sus papás ya no pueden pagarles los estudios; entonces se dedican a trabajar.”

    104 El estudio de USAID ofrece la estimación de probabilidades sobre este fenómeno: “Aquellas mujeres jóvenes (menores de 17 años) que dejan la escuela, tienen 13.9 más probabilidades de entrar en una unión que aquellas que no han abandonado la escuela. Las mujeres jóvenes que abandonan la escuela tienen 15.2 veces más probabilidades de quedar embarazadas que aquellas que no abandonan la escuela. Aquellas mujeres jóvenes que quedan embarazadas únicamente tienen 2.1 veces más probabilidades de abandonar la escuela que aquellas que no quedan embarazadas” Ver. USAID. Deserción Escolar y Salud Reproductiva en Adolescentes de El Salvador. 2005. Pág. 28

    105 El informe cuenta con las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño, de fecha 2 de junio de 2006. (CRC/C/OPAC/SLV/1).

    106 Estas disposiciones son un desarrollo de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño que aseguran al niño y la niña su protección mientras se encuentran privadas de su libertad. Artículo 37. “Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. Artículo 39.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.”

    107 Ver el art. 3 del Reglamento General de los Centros de Internamiento para Menores Infractores. Decreto Ejecutivo Nº 105, del 11 de diciembre de 1995, publicado en el D.O. Nº 237, Tomo 329, del 21 de diciembre de 1995.

    108 Comunicado de prensa no. 26/04 de 4 de diciembre de 2004 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF: “Expresan preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes vinculados a pandillas o maras en El Salvador, Guatemala y Honduras.”

    109 Entre 2004 y 2007 esta Procuraduría emitió tres informes con referencias a la justicia penal juvenil: Informe Sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador. Enero, 2004; Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador. Noviembre de 2005. Informe de la Situación de los Jóvenes Privados de Libertad Durante la Detención Administrativa. Marzo, 2007.

    110 Ver, Informe Anual Sobre Justicia Penal Juvenil. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD. El Salvador. 2005. Pág. 47

    111 Según información periodística el cambio en el régimen de visitas era una de las demandas de los internos del centro de reeducación de Tonacatepeque, que estuvieron en huelga de hambre en septiembre de 2004. Ver. Periódico digital www.elfaro.net de 10 de marzo de 2005.

    112 En este informe no se comenta la situación de los niños y niñas detenidos en los centros de resguardo y otros lugares utilizados por la Fiscalía General de la República para el período de la detención administrativa que transcurre mientras el adolescente imputado no ha comparecido ante el Juez competente. Para efectos de ahondar sobre la situación de los jóvenes detenidos en los centros de resguardo, ver el documento de esta Procuraduría, “Informe de la Situación de los Jóvenes Privados de Libertad Durante la Detención Administrativa” de ocho de marzo de dos mil siete.

    113 Ver, Informe Anual Sobre Justicia Penal Juvenil. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD. El Salvador. 2005. Pág. 44

    114 Ver, Principales indicadores estadísticos de la población atendida por el ISNA, en el área de reeducación, enero a diciembre de 2006. Unidad de Planificación y Desarrollo, Sistema de Información para la Infancia, Enero de 2007.

    115 Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Noviembre, 2005.

    116 La Prensa Gráfica, 21/02/05, P. 6

    117 Ver, Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Noviembre, 2005.

    118 Ver, Informe sobre el incidente de amotinamiento y el procedimiento de requisa ocurridos el día cinco de Febrero de 2007 en el Centro Reeducativo Sendero de Libertad de Ilobasco, departamento de Cabañas.

    119 Ver, Informe Sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Enero, 2004.

    120 Los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos fuentes del derecho penal juvenil son: La Convención Sobre los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, (Reglas de Beijing); Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, (Directrices de Riadh).

    121 Ver, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1 de 8 de Febrero de 2005.

    122 Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. Párrafo 36.

    123 La Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador en su documento “Balance de Cumplimiento de Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Salvadoreño. 2004-2005.” De noviembre de 2005 coincide con estas apreciaciones. “La administración de justicia juvenil se constituyó hace algunos años en uno de los principales avances en adecuación legislativa acorde a lo establecido por la CSDN. Sin embargo, no se ha logrado aparejar lo normado formalmente en los instrumentos legales, con la ejecución de la práctica. En opinión de especialistas el modelo de protección integral se estancó en su dimensión pedagógica. El modelo no evolucionó como un sistema de educación en responsabilidad. La medida de internamiento no cumple con su carácter de excepcionalidad. No hay capacidad económica, técnica y de suficientes recursos humanos especializados para privilegiar la aplicación de medidas alternativas.”

    124 Ver, Informe sobre el incidente de amotinamiento y el procedimiento de requisa ocurridos el día cinco de Febrero de 2007 en el Centro Reeducativo Sendero de Libertad de Ilobasco, departamento de Cabañas. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, febrero, 2007.

    125 Ver, Cuarto informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El fenómeno de las pandillas en el marco de las políticas de seguridad y los Derechos Humanos”. Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador. Marzo 2007. P. 22.

    126 Ver, Segundo informe periódico del Estado de El Salvador al Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/65/Add.25, 22 de octubre de 2003, Párrafo 528. “La Ley del menor infractor derogó el Código de Menores. Esta ley se aplica a las personas de 12 años de edad y menores de 18; y tiene como principios básicos la protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad”. En el párrafo 532 del informe además dijo: “El procedimiento y las garantías establecidas en la legislación aplicable a los menores de edad en conflicto con la ley penal, está siendo cumplida conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, considerando que dicha legislación es la que mejor se ha adecuado a la Convención.”

    127 Ver, FESPAD, documento mimeografiado de circulación interna.

    128 Ver, Informe Sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Enero, 2004

    129 Ver, Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Noviembre, 2005.

    130 Ver, Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador, Recomendación “E”. Noviembre, 2005. “Le reitero (a la Directora del ISNA) la recomendación de contratar con mayor selectividad a personal idóneo y mejor capacitado para trabajar con población juvenil en conflicto con la ley, que sin reparo no dude en ofrecer sus mayores esfuerzos en seguir trabajando con los jóvenes y no justificar la violencia de éstos para no continuar apoyándolos; al contrario, que desarrollen programas y actividades que motiven a los jóvenes a su desarrollo personal, como a la participación de actividades dentro y fuera de los Centros de Internamiento. Le recomiendo, en cuanto a los programas y talleres vocacionales impartidos en los Centros de Internamiento para Menores Infractores, que tome las medidas necesarias para que los mismos no sean desperdiciados ni desmantelados por los jóvenes en épocas de crisis, mediando siempre la atención integral que éstos deben recibir y el cuidado necesario de los mismos a fin de que no atenten contra su propia integridad y seguridad personal.”

    131 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. Párrafo 20 literal B.

    132 Ver, FESPAD, documento mimeografiado de circulación interna.

    133 Ver, Posición de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ante el anuncio del traslado de la Presidencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) al Ministerio de Gobernación. Nueve de junio de dos mil seis.

    134 Ver, Posición de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ante el anuncio del traslado de la Presidencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) al Ministerio de Gobernación. Nueve de junio de dos mil seis.

    135 De acuerdo a la regla 11b, de las «Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad», por privación de libertad se entiende: «Toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública».

    136 Ver Párrafo 103 del Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia Contra los Niños, de las Naciones Unidas. 29 de agosto de 2006. A/61/299.

    137 La noticia se refiere al abuso sexual, físico y psicológico contra un grupo de niños en un Hogar de Atención Integral a cargo de la institución privada Nuestros Pequeños Hermanos, situado en las afueras de Santa Ana. La Prensa Gráfica 5 de septiembre de 2004.

    138 Ver, Informe Sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador. Op, Cit. Recomendación 12.

    139 Ver “Balance de Cumplimiento de Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Salvadoreño. 2004-2005.” Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador. Op, Cit. P. 110.

    140 La PNDINA 2000 - 2005 se pronunció obre la necesidad de instrumentar los mecanismos de exigibilidad de los derechos de la niñez en nuestra institucionalidad, en la perspectiva de perfeccionar los mecanismos de contraloría social, “Los mecanismos de contraloría social de los derechos en El Salvador están en proceso de desarrollo y se concentran hasta ahora en algunos derechos de libertad y a la protección de algunas relaciones familiares, laborales y educativas que pueda construir el menor de 18 años de edad. En general la mayoría son de naturaleza penal. No existen mecanismos de protección de muchos derechos personales y ni de derechos de desarrollo como la salud, la educación, la familia, la vida digna y tampoco los derechos de protección especial. La baja conciencia social de que niños y adolescentes son sujetos de derechos, incluso entre ellos mismos, redunda en el hecho de que sus derechos no son exigidos y debidamente tutelados ni por el Estado, ni por los afectados, ni por la sociedad. Uno de los principales retos de la política será el de concientizar a los diferentes actores del sector público, privado y la sociedad civil en general, de la imperiosa necesidad de desarrollar los procedimientos legales y las estructuras Institucionales requeridas para hacer exigibles los derechos.” (resaltado no es del original) Ver, Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia. Op. Cit. Desarrollo y Fortalecimiento del Marco Político – Institucional, Párrafo 5.2.1.

    141 Ver, Plan Estratégico Institucional 2004-2009. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aprobado según Acuerdo # 5, emitido durante la VIII sesión ordinaria de Junta Directiva, realizada el trece de octubre de 2004. pag. 25

    142 Ver, el Marco Conceptual de la Política Nacional de Desarrollo Integral para la niñez y la Adolescencia. Op. Cit.

    143 La denominación actual del Ministerio es Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

    144 Ver, Prototipo Base. Sistema Nacional de Infancia. Instituto Interamericano del Niño. Uruguay. 2003.

    145 Ver, Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia, apartado IV Principios y Fundamentos, Op. Cit.

    146 El Art. 347 del Código de Familia establece: “Responsabilidad de la Familia, la Sociedad y el Estado..- La familia es la principal responsable de la protección del menor, por constituir el medio natural e idóneo que favorece el normal desarrollo de su personalidad; la sociedad y el Estado asumirán subsidiariamente la responsabilidad, cuando aquella no le garantice una adecuada protección. Para garantizar los derechos del menor que se establecen, el Estado deberá prestar asistencia adecuada a los padres para el desempeño de sus funciones.”

    147 Ver, Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia Contra los Niños, de las Naciones Unidas. A/61/299 de 29 de agosto de 2006.

    148 “El Comité observa con preocupación que ante la falta de oportunidades económicas, cerca de uno de cada tres salvadoreños emigra, y que esto trae consecuencias negativas tales quienes se ven obligadas a ser jefes de familias monoparentales, y de los niños y adolescentes, que no reciben una atención adecuada, así como un aumento de violencia y propagación de pandillas (“maras”).” Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. Párrafo 21. Op. Cit.

    149 Sobre la importancia de los salvadoreños y salvadoreñas residentes en el extranjero, su papel de salvavidas de la economía nacional esta documentado por el PNUD: “Para El Salvador los migrantes constituyen ya más del 20% de su población. Estos migrantes envían remesas al 22% de hogares salvadoreños, las cuales en total representan más del 16% del PIB, el 133% de las exportaciones totales (incluida la maquila neta), el 52% de las importaciones (excluidas las de maquila), el 655% de la inversión extranjera directa, el 140% de la carga tributaria, el 91% del presupuesto general de la nación, el 202% del gasto social y el 86% de la brecha comercial”. Ver “Informe Sobre Desarrollo Humano. Una mirada al Nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones.” PNUD. El Salvador 2005. por otra parte datos de la Universidad Centroamericana (UCA) establecen que cada año son 145 mil personas las que emigran; calculándose un total de 2 millones 800 mil salvadoreños y salvadoreñas viviendo en el exterior (un 25% de la población).

    150 Las políticas públicas de atención a la niñez y la familia deben estructurarse en estos niveles: Primero las políticas sociales básicas, (salud y educación); políticas de ayuda social; políticas correccionales y en cuarto lugar las políticas institucionales (organización administrativa y judicial). Ver “Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”. García Méndez, Emilio; Belof Mary, compiladores. Edit. Temis de Palma, 1998.

    151 El semanario “Proceso” a cargo del CIDAI instituto de apoyo a la investigación de la UCA, dice sobre este programa gubernamental: “Red Solidaria es un programa que busca legitimar el modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Por que desde esa concepción, el desarrollo y el progreso de la sociedad – que implica el desaparecimiento de la pobreza — se puede lograr de manera efectiva mediante el funcionamiento del libre mercado. Más detalladamente, Red Solidaria es un esfuerzo gubernamental por acercar a los más pobres del país a los procesos de mercado. ¿Cómo? Mediante un incremento en los niveles de salud, educación y nutrición se está formando, de cara al futuro, una fuerza de trabajo con mejores oportunidades de ofrecerse e insertase en el mercado laboral. Es decir, de esta manera se inicia un proceso incipiente de creación de “capital humano” que, en el futuro deberá insertarse en el mercado. Se trata de acercar a los pobres a los procesos de mercado, para que una vez insertos en él, puedan lograr una mejora socioeconómica.” Informativo semanal PROCESO. Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la UCA. Año 25 número 1168 Noviembre 2, 2005.

    152 El Decreto Ejecutivo de creación del programa red solidaria es el Nº: 11 de Fecha 04/03/2005. Su Publicación en el Diario Oficial fue el 03/04/2005. D. Oficial: 45 Tomo 366.

    153 Sobre la envergadura del trabajo infantil doméstico que afecta sobre todo a la niña de las familias rurales el Comité de Derechos DESC se manifestó al respecto. Es importante destacar el llamado de atención del Comité al Estado de El Salvador en el sentido que no ofreció la información requerida sobre esta problemática. “El Comité deplora que a pesar de los esfuerzos del Estado parte para eliminar el trabajo infantil, especialmente en el sector de la caña de azúcar, esta práctica continúa presente en el Salvador, en particular en el servicio doméstico. El Comité se encuentra particularmente alarmado por los informes recibidos según los cuales niñas, de inclusive muy corta edad, trabajan como empleadas domésticas, y lamenta no haber obtenido ninguna información al respecto del Estado parte.” Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. Párrafo 23. Op. Cit.

    154 Ver, Informe Especial Presentado al Comité DESC, sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). Op. Cit. Párrafo 236. Los señalamientos a la estrategia presidencial red solidaria por no afectar las causas de la extrema pobreza rural en El Salvador, podrían rematarse con esta observación del Comité de Derechos Económicos Sociales de la ONU. “Aunque observa que el Estado parte ha tomado algunas medidas para combatir la pobreza tales como el mapa de pobreza, y una serie de planes de acción dirigidos a sectores específicos de la población, el Comité deplora la gran desigualdad en la distribución de la riqueza en El Salvador y que la polarización entre ricos y pobres tiende a acrecentarse. Al Comité le preocupa también la desigualdad que existe entre las zonas rurales y urbanas, especialmente en cuanto a servicios médicos, educación, salarios y la calidad de la canasta básica.” Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. Párrafo 17. Op. Cit.

    155 Ver, Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia, Párrafo 4.6 del apartado IV. Principios y Fundamentos.

    156 Ver Plan Nacional de Juventud 2005-2015. Secretaría Nacional de la Juventud. San Salvador 2005.

    157 La Política dice: “Los niños, niñas y adolescentes son prioritarios en planes de desarrollo, agendas de presupuesto nacional, políticas de gobierno, plataforma de partidos políticos, agendas de organismos internacionales y de instituciones de la sociedad civil.” Ver Política Nacional de Desarrollo Integral a la Niñez y la Adolescencia, Punto IV. Principios y Fundamentos.

    158 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador Op. Cit. Párrafo 26.

    159 Un estudio reciente del Banco Mundial comenta: “A pesar de los significativos avances, varios indicadores sociales clave, particularmente en materia de educación y acceso a agua potable, siguen siendo inferiores al promedio de la región de América Latina y de los países de ingresos medios bajos.” El Salvador. Estudio sobre Pobreza. Hacia una política social nacional. Resumen ejecutivo. Banco Mundial. 2003.

    160 Ver, la preocupación del Comité DESC, sobre lo aquí expuesto en las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador. “Observa asimismo con inquietud que las pandillas están principalmente formadas por jóvenes socioeconómicamente marginados, y que la mayoría de estas pandillas tienen su origen en problemas como el desempleo, el uso del trabajo infantil, la violencia urbana y la desintegración familiar.” Párrafo 22.

    161 Ver, “Cuanto cuesta la violencia en El Salvador?”. Programa Sociedad sin Violencia, PNUD. 2005. P. 24 Sobre la situación del nivel de homicidios en El Salvador comparado con el resto de Latinoamérica para 2003, el documento dice: “En términos comparativos con otros países latinoamericanos las cifras disponibles indican que El Salvador presenta todavía la tasa de homicidios más alta en la región, si se emplean los datos de la FGR; la tercera tasa más alta si se utilizan los registros de homicidios del Instituto de Medicina Legal o en el mejor de los casos la quinta tasa más alta si se asume el número de homicidios reportados por la PNC”.

    162 Si pensamos en los estándares de los Planes Nacionales de Acción en Derechos Humanos, veremos que es clave la inclusión de la estimación de los costos y el financiamiento del plan y sus actividades.

    163 Sustentamos esta afirmación en el hecho incontrastable que al comparar las medidas de los programas que contiene el plan con las recomendaciones de los organismos de vigilancia de Derechos Humanos y los instrumentos del DIDH sobre niñez y juventud, no existe relación entre unos y otros. Sin embargo cuando este ejercicio se hace con los objetivos de la formación del consumidor encontramos una relación de correspondencia armoniosa. El Art. 38 de la ley de protección al consumidor relativo a los objetivos de la educación y la formación del consumidor dice: La educación y formación de los consumidores tendrá como objetivos: a. Promover mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y la utilización de servicios; b. Facilitar la comprensión y empleo de la información sobre los bienes y servicios que se comercializan; c. Difundir los derechos y deberes del consumidor y las formas legalmente establecidas para ejercerlos; e. Fomentar la prevención de riesgos que puedan derivarse del consumo de ciertos productos o de la utilización de ciertos servicios; e. Adecuar las pautas de consumo a una utilización racional de los recursos naturales; f. Iniciar y potenciar la formación de los educadores y educandos en el campo de la promoción y protección de los derechos de los consumidores; y g) Realizar campañas divulgativas con la finalidad de educar e informar a la población sobre conocimientos básicos de consumo responsable y sustentable.”.

    164 Ver, Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador Op. Cit. Párrafos 9 y 10.

    165 Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador de 4 de junio de 2004. Párrafo 14, Op. Cit.

    166 Los funcionarios de la Junta Directiva del ISNA son: a) Un Presidente que será nombrado por el Presidente de la República, por el período de tres años, quien deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Ministro de Estado. b) El Ministro de Educación; c) El Ministro de Trabajo y Previsión Social; d) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; e) El Ministro de Gobernación; f) El Procurador General de la República; g) Un representante de la Secretaría Nacional de la Familia; y, h) Un representante de Organismos no Gubernamentales Nacionales debidamente Inscritos.

    167 La Prensa Gráfica, entrevista con la Ministra de Educación Darlyn Meza, 28 de diciembre de 2006.

    168 La Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador, en su documento “El fenómeno de las pandillas en el marco de las políticas de seguridad y los Derechos Humanos. Cuarto informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Op. Cit. se expresa sobre el particular: “En el caso del ISNA las reformas efectuadas a su ley no garantiza que efectivamente se fortalezca la instancia rectora de la Política de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia cuya función principal es la de monitorear el diseño, creación y funcionamiento de un Sistema de Protección a favor de la Niñez y Adolescencia sobre todo si no se nombra a una persona que tenga experticia en el tema y no se articula fluidamente con otras instancias relacionadas a garantizar los derechos humanos de los niños y niñas. En consecuencia afecta de manera directa el ejercicio de los mismos”

    169 Ver, Segundo Informe Especial Sobre las Condiciones de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en El Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Noviembre, 2005.

    170 Ver, Plan Estratégico Institucional 2004-2009. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aprobado según Acuerdo # 5, emitido durante la VIII sesión ordinaria de Junta Directiva, realizada el trece de octubre de 2004. P. 25. Las cifras que se presentan en el siguiente recuadro son en millones de dólares.

    171 Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Segundo Informe Periódico del Estado de El Salvador, Op. Cit. párrafo 27.

    172 En la PNDINA 2000 - 2005 la importancia de los mecanismos de contraloría esta considerada de la siguiente manera: “Promover la prevención de la vulnerabilidad y amenaza de los derechos de la niñez y adolescencia a través de acciones que involucren a sus padres, familia, sociedad civil y la integralidad de los servicios estatales y municipales, así como también el fortalecimiento de los mecanismos de protección y contraloría legal, moral y social de los derechos de la niñez y la adolescencia” “Velar por el fortalecimiento y operación efectiva de las instituciones de protección a la niñez y la adolescencia: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría Adjunta de los Derechos del Niño, Procuraduría General de la República, Organo Judicial, entre otras.” Ver el Párrafo 5.2.4, sobre el Desarrollo y Fortalecimiento de los mecanismos de Protección y Contraloría Social de los Derechos.

    173 Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador Párrafo 12 Op. Cit.

    174 Ver, Posición de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ante el anuncio del traslado de la Presidencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) al Ministerio de Gobernación. Nueve de junio de dos mil seis.

    175 Ejemplos a otros niveles sobre la unilateralidad de las acciones institucionales han sido constatados por esta Procuraduría. Oficialmente en varias ocasiones los Jueces de Ejecución de Medidas al Menor, requirieron a las autoridades del ISNA celebrar reuniones de trabajo para buscar alternativas a las necesidades de los jóvenes internos, pero esta no ha accedido a ellas. La coordinación en este sentido se ha hecho – en forma dispersa - a través de los directores de cada Centro de Reeducación.

    176 Merece recordarse en este punto lo que en la política nacional para la niñez se dijo en su momento: “La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha inducido la generación de múltiples planes, programas, proyectos, intervenciones que giran alrededor de la supervivencia, protección y protagonismo de los niños, niñas y adolescentes; muchos de ellos aislados, sin impacto y sin sostenibilidad.” Ver, la presentación de la Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia. Op. Cit.

    177 Ver PROJOVENES. Prevención Social de la Violencia y delincuencia juvenil en El Salvador. Convenio entre el Gobierno de El Salvador y Unión Europea. (2003-2008). Consejo Nacional de Seguridad Pública CNSP. San Salvador, 2003.

    178 Ver, Política Nacional para el Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia. Párrafo 5.2.1 Desarrollo y Fortalecimiento del Marco Político – Institucional. Op. Cit.

    179 Ver el Art. 33 de la Ley del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

    180 Es insólito que ni siquiera las estrategias claramente enunciadas en la PNDINA 2000 – 2005 se cumplieron satisfactoriamente. Sobre el desinternamiento la Política dice: “Dentro de una estrategia de prevención de la institucionalización, la Política busca promover el desinternamiento de los niños, niñas y adolescentes que viven en los centros de protección, valiéndose de medidas alternativas de tratamiento en el seno de las familias y las comunidades. La política vela para que los problemas jurídicos sean tratados en el sistema judicial, con jueces diferentes de lo civil y lo penal. El tratamiento de los niños, niñas y los adolescentes en situación de riesgo y / o desprotegidos no es de competencia de la justicia, sino de los organismos encargados de la protección especial, que están obligados a oír a los niños y los adolescentes y a sus padres o tutores.” ver Marco Conceptual de la Política Nacional de Desarrollo Integral para la niñez y la Adolescencia. Op. Cit.

    181 Ver Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al segundo informe de El Salvador Párrafo 18. Op. Cit.



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