POR UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO. EL APORTE DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
+ Mario Toso, SDB
Premisa
Un análisis atento de la actual crisis económico-financiera debe tener en cuenta un cuadro socio-cultural más amplio de aquel de ordinariamente se le asigna. La Caritas in veritate (= CIV), encíclica social de Benedicto XVI, considerándolo bien, la sitúa en el contexto de una nueva evangelización, porque retiene que dicha crisis puede ser superada solo gracias a aquel cambio de pensamiento y de proyectualidad que es propiciado por el «anuncio de Jesucristo». Para el pontífice, que comparte el convencimiento de Pablo VI, el anuncio de Jesucristo es el primero y principal factor del desarrollo integral de los pueblos,1 y por tanto también de su propia economía y de su actividad financiera. Solo un anuncio semejante puede ofrecer la resemantización ética de la cual tienen necesidad para ponerse al servicio del bien común mundial.
Afrontando el tema de la reforma del sistema financiero y monetario internacional, es fundamental especificar precisamente un enfoque semejante. Es esta la razón por la cual el Pontificio Consejo Justicia y Paz, del cual ahora presentamos algunas Reflexiones al respecto,2 no pretende moverse al interno de un perfil exclusivamente técnico, sino primariamente ético-religioso, en línea es decir con la CIV, desde la cual procura proceder para ofrecer una especificación histórica.
Los sistemas financieros y monetarios reformados son parte de las condiciones que consienten la realización del desarrollo pleno y sostenible que está al centro de la CIV. Solo si se tienen a disposición sistemas financieros y monetarios libres, transparentes, sólidos, «democráticos», funcionales en orden a la economía real y al bien común, a través de la regulación y la orientación por parte de la actividad política y de los diversos cuerpos sociales, es posible conseguir un desarrollo integral para todos. La necesidad de sistemas financieros y monetarios semejantes es hoy global. Para poder disponerlos son urgentes también instituciones globales y regionales.
Las Reflexiones del Pontificio Consejo, en particular, hacen referencia a un autoridad pública con competencia universal y apela a la recuperación del primado de la política, en todo nivel – nacional, regional, mundial –, no considerándola un subsistema a la par de muchos otros, es decir sin la responsabilidad del bien común y, por tanto, privada de las competencias para orientar a los otros sistemas al bien de todos. Las Reflexiones bypassan tanto aquellas interpretaciones de la CIV según las cuales propugnaría un sentido de autoridad comprendido en sentido solamente «poliárquico» es decir como un poder parcial, junto y al mismo nivel de otros poderes, como de aquellas que recabaría una visión de la política de tipo «estatalista», centralizadora, la cual se concretizaba en los sistemas colectivistas y marxista o también en ciertas formas de Welfare State.
La CIV, como se dirá mejor más adelante, ya que propone la constitución de una verdadera autoridad política mundial (cf. CIV n. 67) – para resolver la crisis global de las finanzas, para prevenir otras crisis, para sanear las economías afectadas por la crisis, para gobernar la economía mundial, y por otras razones más -, no autoriza y no justifica ni interpretaciones «antiestatalistas» ni «estatalistas» de ella. No comparte aquellas visiones por lo más anheladas actualmente por algunos economistas, los cuales retienen la sociedad política prácticamente consubstancial al sistema económico, por lo cual a ella debería corresponder figuras estatales «mínimas» - como sostuvo a su tiempo Robert Nozick -,3 poseedoras sólo de tareas de seguridad o de algo más. Sugiriendo luego, como también se verá mejor más adelante, la regulación de la economía en términos de justicia social (cf. por ej. nn. 35 y 37), ni siquiera es propensa a figuras de política de tipo «estatalista», como las temidas por los discípulos del economista Friedrich von Hayek. De acuerdo a este economista, la justicia social – a su decir, realizable solo en las pequeñas comunidades, pero impracticable en las grandes sociedades -, no sería otra cosa que un «caballo de Troya» dirigido a introducir figuras totalitaristas, es decir formas de poder concentrado en pocas manos, que impone estatalismos mundiales.4 De nuevo, por tanto, es útil aquí subrayar que la recuperación de la primacía de la política, auspiciada por la Encíclica de Benedicto XVI, y repropuesto por las Reflexiones, no es aquella de una política concentradora, a servicio de pocos grupos de clientelismo, propensa a favorecer desperdicio de recursos, consumismo, ilegalidad, déficits estratosféricos en los gastos públicos. Sino que es el primado de una política que desarrolla su tarea favoreciendo un desarrollo sostenible y de calidad para todos, poniéndose al servicio de la sociedad civil, del bien común, procurando una Welfare Society, en la base de la solidaridad y de la subsidiariedad, así como de una democracia participativa y no solo representativa, en un contexto de globalización.
Ha de ser contemporáneamente anticipado en esta premisa que, que enfrentando la cuestión de la reforma del sistema financiero y monetario internacional, propuesta en manera explícita por la CIV, las Reflexiones del Pontificio Consejo muestran que la necesidad del cambio de las «estructuras injustas» para Benedicto XVI es una cuestión esencial y no marginal en orden a la realización del bien común mundial.5 Desde este punto de vista, se puede afirmar que el actual pontífice, a diferencia de cuanto ha sido insinuado por algunos estudiosos de Doctrina social de la Iglesia, no está a favor del actual capitalismo neoliberal, carente de adecuadas reglas y de supervisiones, que ignora a las personas y sus necesidades. En efecto, propone una radical reforma en sentido ético, «democrático», social, como se ilustrará mejor dentro de poco.
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