• Julio de 2013 SUMARIO I. INTRODUCCIÓN II. LA RECIENTE EVOLUCIÓN ECONÓMICA
  • LA RECIENTE EVOLUCIÓN ECONÓMICA
  • LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA
  • COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS
  • INSTRUCCIONES GENERALES

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    Politica presupuestaria


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    PRESUPUESTO GENERAL DE LA

    ADMINISTRACIÓN NACIONAL

    EJERCICIO FISCAL 2014

    PRESUPUESTO PLURIANUAL 2014-2016

    LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

    E INSTRUCCIONES GENERALES

    OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

    SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

    SECRETARÍA DE HACIENDA

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

    Julio de 2013


    SUMARIO

    I. INTRODUCCIÓN

    II. LA RECIENTE EVOLUCIÓN ECONÓMICA


    III. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA
    IV. COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS

    V. INSTRUCCIONES GENERALES

    a) CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

    b) FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

    c) MODALIDAD DE CARGA DE LA INFORMACIÓN

    c.1) Información en reportes que se obtienen del sistema eSIDIF-FOP administrado por la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda

    c.2) Información en reportes que se obtienen del sistema e-PROA, administrado por la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios

    c.3) Información que se ingresa, según el caso, en formato de texto o de planilla de cálculo; es un conjunto de formas TyD administrado por la Oficina Nacional de Presupuesto

    c.4) Carga de los “Sobretechos”


                d) POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
                e) ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS
                f) DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS O CATEGORÍAS EQUIVALENTES Y SUBPROGRAMAS.

    g) DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

    h) FORMULACIÓN DE “SOBRETECHOS”


    1. INTRODUCCIÓN

    El proceso de formulación del Presupuesto Nacional para el año 2014 y el Presupuesto Plurianual 2014-2016 se está llevando a cabo de acuerdo al ordenamiento del cronograma de actividades fijado por la Resolución Nº 228 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 22 de mayo de 2013, disponible en el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/instrutexto/formulacion.html.

    En el cronograma se ha previsto que las actividades relacionadas con la elaboración del Presupuesto Plurianual 2014-2016 se realicen en forma integrada con la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2014, a los efectos de compatibilizar las proyecciones trienales con las correspondientes al próximo ejercicio y lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de las tareas.

    En este sentido, se prevé repetir la experiencia desarrollada satisfactoriamente en años anteriores, elevando al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto en forma oportuna, como ocurre tradicionalmente en los últimos años e, inmediatamente, el Presupuesto Plurianual 2014-2016.

    El Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), constituido según los términos de la citada Resolución, realizó las tareas preliminares relacionadas con la presentación de la información considerada en la elaboración de los “techos presupuestarios” que se comunican a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, los que contemplan, además, el cálculo de recursos remitido por éstas en forma preliminar.

    Asimismo, el GAEP contribuyó con la descripción del escenario macroeconómico y fiscal y con la formulación de los lineamientos generales de la política presupuestaria para la elaboración del Informe de Avance sobre la Formulación del Presupuesto Nacional para el año 2014, que de acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 24.629 debe elevarse al Congreso Nacional antes del 30 de junio de cada año. Los puntos II. LA RECIENTE EVOLUCION ECONOMICA, III. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA y IV. COORDINACION FISCAL CON LAS PROVINCIAS del presente documento fueron elaborados en base al contenido del citado Informe de Avance.

    Los Lineamientos de Política Presupuestaria y las Instrucciones Generales incluidos a continuación deberán ser contemplados por las jurisdicciones y entidades para elaborar sus anteproyectos de presupuesto, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y su correspondiente reglamentación por el Decreto Nº 1.344 del 4 de octubre de 2007.


    1. LA RECIENTE EVOLUCIÓN ECONÓMICA

    Durante 2012 la economía global continuó en un sendero de desaceleración económica, marcado por elevados niveles de desempleo y el estancamiento de varias naciones desarrolladas, que se vieron afectadas por nuevos episodios de stress financiero. Luego de un incipiente repunte en 2010, en los años siguientes los países desarrollados se embarcaron en un proceso de ajustes fiscales permanentes que tuvieron consecuencias negativas sobre su sector real: la tasa de crecimiento de las economías avanzadas pasó de 1,6% anual en 2011 a 1,2% en 2012. Así, el crecimiento global de 3,9% observado durante 2012 se debe en parte al buen desempeño de algunas economías emergentes, que si bien desaceleraron respecto de 2011 (6,4% anual) en 2012 se expandieron un 5,0%.

    La situación europea sigue siendo muy frágil debido a que sus economías más importantes no se recuperan, y las naciones periféricas siguen exhibiendo recesión. En consecuencia, toda la Zona Euro ingresó en recesión a partir de 2012, marcando una caída de -0,6% anual. Actualmente la situación no mejora, y el pronóstico de crecimiento para 2013 cayó de 0,3% i.a. (interanual) en octubre de 2012 a -0,2% i.a. en abril de 2013, marcando un posible nuevo año de recesión para el continente.

    Dentro del grupo de países de la periferia europea, Grecia fue el más golpeado: marcó en 2012 su quinto año consecutivo en recesión y su tasa de desempleo alcanzó el 25%. La crisis griega repercutió en Chipre, en donde la Comisión Europea debió imponer un “corralito” para evitar la sangría de depósitos, desatando expectativas de contagio en los países periféricos y semi-periféricos de Europa.

    Los países semi-periféricos (España, Portugal, Italia), aun sin observar un colapso financiero propio, muestran indicadores cada vez más negativos en un contexto en el que se continúan aplicando políticas de austeridad fiscal. Luego de crecer menos de medio punto anual en 2011, España exhibió una caída del PIB de -1,4% anual en 2012. Todo el peso de la recesión cayó sobre su mercado de trabajo, donde la tasa de desempleo, que no deja de crecer, registró 25% en promedio en 2012 y 26,7% en marzo de 2013. Las economías de Italia y Portugal también observaron caídas del producto (-2,4% y -3,2% anual respectivamente) y sus tasas de desempleo se incrementaron hasta tocar máximos de 10,6% y 15,6% respectivamente en 2012.

    Alemania y Francia, las economías de las que se espera un liderazgo para la recuperación de la Eurozona, no presentan un mejor panorama. Francia no creció en 2012 y su producto cayó -0,2% en el primer trimestre de 2013 respecto al cuarto de 2012 y -0,4% si se considera la variación interanual. A su vez, el desempleo superó el 10,2%. La economía alemana, mientras tanto, se desaceleró con rapidez y creció tan solo 0,1% en el primer trimestre de 2013 respecto al trimestre anterior y cayó -0,3% en la comparación interanual.

    Estados Unidos mostró leves mejoras respecto de 2011, aunque su tasa de desempleo permanece alta, en 7,5%. En 2012 la economía se expandió un 2,2%, pero está lejos de recuperar la tendencia de crecimiento precrisis. Además, se espera una desaceleración en 2013 debido a las políticas de recorte fiscal que entraron en vigencia a principios de este año.

    Japón creció en 2012 un 2,0% anual luego de un 2011 recesivo, pero las perspectivas recientes parecen mejores que las de Europa y Estados Unidos. Luego de casi quince años de deflación recurrente, en 2013 se anunció un cambio histórico en la política monetaria, que pretende mediante una expansión marcada reactivar el consumo y la inversión interna, y devaluar el yen para estimular las exportaciones netas. Japón decidió complementar estas medidas con un programa de política fiscal expansiva.

    La actividad de los países emergentes relevantes para las exportaciones argentinas también se desaceleró. Brasil creció apenas 0,9% i.a. (1,8 puntos pocentuales menos que en 2011) a pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para estimular la economía y la economía china se desaceleró de 9,3% i.a. en 2011 a 7,8% i.a. en 2012. En este contexto, el gobierno chino ha anunciado en reiteradas ocasiones que pretende sostener una política fiscal expansiva para reemplazar la merma en la demanda externa con mayor consumo e inversión locales, pero todavía no se han percibido cambios de magnitud, y la menor demanda de exportaciones solo ha significado menor crecimiento. Pese a la desaceleración reciente, tanto Brasil como China esperan un mayor crecimiento para 2013.

    En suma, en 2012 la economía global ha tenido un desempeño pobre y los datos de los primeros meses del año en curso no mejoran las perspectivas para 2013. En el caso de la Zona Euro, las altas tasas de desempleo y la continuidad de los episodios de crisis financieras sugieren que la recuperación está lejana y que los riesgos, en lugar de moderarse, son ahora mayores. En Estados Unidos, si bien el desempleo cayó, las expectativas son pesimistas debido a la acción del ajuste fiscal. Finalmente, los socios comerciales de Argentina también transitaron un 2012 de desaceleración, aunque las expectativas para 2013 son levemente más alentadoras.

    Frente a este contexto internacional en continuo deterioro, la economía argentina exhibió una desaceleración y se expandió un 1,9% anual en 2012. La actividad económica se vio impactada negativamente en primer lugar por un contexto internacional desfavorable que se tradujo en la primera caída de las exportaciones desde la crisis financiera internacional de 2009. La generalización del fenómeno se aprecia en la caída de las ventas a los cuatro principales destinos de exportación: Brasil (-5,8% anual), China (-19,8%), Unión Europea (-20,3%) y Estados Unidos (-7,7%). Esta adversidad fue acompañada también por condiciones climáticas negativas que afectaron la campaña agrícola 2011/2012, determinando una retracción de la cosecha de -12,9% en relación a la campaña anterior. Los impactos de la sequía también se vieron reflejados en la industria y en los servicios asociados a la actividad primaria.

    No obstante, el PIB logró mantener la senda de crecimiento por décimo año consecutivo, lo que se convierte en uno de los periodos de suba sostenida más prolongado de la historia nacional. Entre los factores que explican la expansión de 2012 destaca el consumo privado, con un incremento de 4,4% anual sustentado en un mercado laboral que pese a la desaceleración se mantuvo en niveles históricamente elevados de empleo del 42,9%, que lograron mantener la tasa de desempleo en 7,2% (promedio anual para 2012). Además, al igual que desde 2003, en 2012 se siguieron registrando subas en los salarios reales.

    El consumo público también contribuyó al crecimiento al expandirse 6,5% anual, suba que se inscribe en la determinación del Gobierno Nacional de llevar a cabo, al igual que en 2009, una política anticíclica ante una coyuntura externa desfavorable. Estas políticas permitieron compensar en parte la caída de la Inversión, que se retrajo -4,9% anual, liderada por una reducción de la importación de equipo durable (-13,6%), que no pudo ser compensada plenamente por el crecimiento de los equipos durables de producción de origen nacional, que registraron un crecimiento de 6,3%, revelando esta cifra cierto grado de sustitución de maquinaria importada.

    Los primeros indicadores de 2013 perfilan una reactivación del nivel de actividad luego de la desaceleración observada el año pasado. De acuerdo con el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la economía creció 2,7% anual en el primer trimestre de 2013 y se acumulan desde octubre pasado seis meses consecutivos de alza del PIB. Por el lado de la oferta, se observan señales de mejoría en las principales actividades productoras de bienes. La recuperación de la industria se vincula con la mejora del sector automotriz, que desde octubre pasado muestra un desempeño positivo de sus exportaciones y también de sus ventas a un dinámico mercado interno.

    En cuanto a la construcción, la actividad creció en febrero (1,0%), luego de diez meses en baja, aunque ya presentaba signos de mejoría desde enero. Este sector cuenta este año con el impulso adicional del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.), que prevé la construcción de 400.000 viviendas en el plazo de 4 años, política que además de brindar soluciones habitacionales constituye un aporte al estímulo de la actividad económica. En efecto, en 2013 ya se otorgaron 13.833 créditos que contribuyen a recuperar la dinámica sectorial: en los primeros cuatro meses del año los despachos de cemento, principal insumo de la construcción, se expandieron 6,0% anual con un aporte importante de la demanda asociada al Programa Pro.Cre.Ar. Por último, el sector agrícola avizora una clara recuperación ya que la producción de la campaña 2012/2013 supera en 11,9% a la de la campaña anterior.

    Respecto a los servicios, en el primer trimestre de 2013 el Indicador Sintético de Servicios Públicos registró un incremento de 6,7% anual, acelerando el dinamismo exhibido en 2012, cuando se expandieron 4,2% anual.

    Durante 2012, las exportaciones se resintieron a partir de las condiciones climáticas que afectaron la producción del complejo oleaginoso y cerealero, al tiempo que recibieron el impacto negativo de la evolución de la economía brasileña. La producción de los principales cultivos de exportación mermó considerablemente en la campaña 2011/2012. La cosecha de soja resultó un -18% inferior a la verificada en la campaña pasada, mientras que en el caso del trigo, el girasol y el maíz las caídas se situaron entre el -9% y el -12%.

    En paralelo, la continua desaceleración de la economía brasileña también resultó un factor contractivo para las exportaciones argentinas, que se vieron especialmente reducidas durante el primer semestre del año. La combinación de la dinámica de la oferta exportable del sector primario y la menor demanda desde Brasil redujeron las exportaciones totales un -3,7% respecto de 2011. Pese a este resultado, se logró un superávit comercial positivo que alcanzó los U$S12.419,4 millones en 2012, por lo cual, se logró un crecimiento del 27,6% respecto del año anterior fortaleciendo la posición externa de la Argentina.

    El crecimiento económico experimentado durante la “década ganada” permitió a su vez llevar adelante una decidida política de desendeudamiento del Sector Público, brindándole fortaleza a las finanzas públicas e independencia a las decisiones de política. Así, mientras que en 2002 la deuda bruta del Sector Público Nacional representaba el 166,4% del Producto Interno Bruto (PIB), hacia el segundo trimestre de 2012 la misma se redujo hasta el 41,5%. Más importante aún, a esa fecha, un 54,9% de este total se hallaba en manos de Agencias del Sector Público y un 13,8% en Organismos multilaterales y bilaterales de crédito. De este modo, sólo el 31,3% del total de la deuda pública se encontraba en manos de privados, representando apenas un 13,0% del PIB.

    Además, las políticas llevadas a cabo permitieron una amplia acumulación de reservas internacionales en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que permitió utilizar dichos recursos para el pago de la deuda externa con privados y organismos internacionales, logrando así reducir sustancialmente su peso en el producto y también respecto a las exportaciones. En efecto, la deuda pública externa, que en 2002 representaba tres veces las exportaciones anuales, se redujo a fines de 2011 a tan solo el 61,5% de las ventas al resto del mundo. Además, el perfil de deuda se hizo más sustentable en términos de plazo, extendiendo la vida promedio de los pasivos públicos de 6,1 años en 2002 a 10,2 a mediados de 2012.

    La situación fiscal, en línea con la evolución de años anteriores, mantiene el objetivo principal de continuar con la política de desendeudamiento llevada a cabo hasta ahora, mediante el incremento de la capacidad recaudatoria, producto principalmente de una mayor eficiencia. Esto se complementa con la profundización en el grado de progresividad de la estructura tributaria, mediante el incremento de la participación de impuestos progresivos como los Derechos de Exportación y el Impuesto a las Ganancias, logrando un avance hacia un esquema cada vez más equitativo.

    Así, la solidez fiscal fue resultado de una expansión del gasto público que respetó el equilibrio entre la necesidad de llevar adelante una política activa, principalmente a través de la inversión productiva, y el objetivo de sostener un resultado presupuestario que permita la ejecución de herramientas de carácter anticíclico cuando las circunstancias así lo requieran.

    La política de desendeudamiento realizada posibilitó la implementación de herramientas de política fiscal para atender las necesidades de los segmentos menos favorecidos de la sociedad y la promoción de una mayor equidad territorial a través del desarrollo de la inversión productiva. En relación a lo primero, se destacan la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo para Protección Social, junto al incremento sostenido tanto en la cobertura como en los montos de los haberes jubilatorios.

    Respecto a la inversión productiva es dable mencionar el plan de obras públicas “Más cerca, más municipio, mejor país, más Patria” cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida y la inclusión social a través de la financiación a los municipios de inversión en infraestructura edilicia, sanitaria y en espacios públicos, como así también el “Fondo de Inversión y Mantenimiento” que se destinará a desarrollar y mejorar la infraestructura y el entramado productivo del sector eléctrico y del gasífero. Asimismo, el Fondo Federal Solidario creado en marzo de 2009, contribuyó a financiar en Provincias y Municipios obras para la mejora de infraestructura educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

    La situación social continuó mostrando una evolución favorable a pesar de las mayores restricciones que enfrentó la economía local debido al recrudecimiento de la crisis mundial. Si bien hubo pequeñas caídas interanuales en las tasas de actividad y empleo, especialmente en el primer semestre de 2012, estos indicadores mantuvieron niveles muy próximos a los máximos alcanzados durante el año previo. La tasa de empleo promedio anual de 2012 fue de 42,9%, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico de 2011 (43,0%). Asimismo, en el primer trimestre de 2013 la tasa de empleo se ubicó tan sólo 0,1 p.p. por debajo del mismo trimestre del año anterior.

    La tasa de desempleo también mantuvo en 2012 los niveles promedio de 2011 (7,2% promedio anual en 2011 y 2012), y en el primer trimestre de 2013 experimentó una suba anual de 0,8 puntos porcentuales, mayormente provocada por el incremento de la participación laboral.

    Además, siguieron en vigencia las medidas enfocadas a preservar el empleo y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. El Programa de Recuperación Productiva (REPRO), una herramienta que ayudó a evitar la destrucción de puestos de trabajo durante la crisis de 2009, fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2013. También se extendió la vigencia de la reducción de las contribuciones patronales para nuevos trabajadores (Ley N° 26.476), una política que probó ser efectiva para la creación de nuevos puestos a la salida de la última crisis internacional.

    Con respecto a los ingresos, siguieron operando dos importantes avances institucionales en el mercado de trabajo, recuperados a partir de 2003: el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y las negociaciones en paritarias por rama de actividad económica, que permitieron sostener la capacidad de gasto de los trabajadores. El SMVM alcanzó los $2.875 en febrero de 2013. Asimismo, los convenios salariales anuales firmados en la primera mitad de 2013 establecieron incrementos promedio de 24%.

    En cuanto a los ingresos de la población pasiva, los haberes jubilatorios se incrementaron un 31% en 2012; y el Haber Mínimo Jubilatorio, que en 2003 era de $150, alcanza en la actualidad $2.165. La importancia de estos incrementos responde no sólo a su magnitud, sino también a su alcance dentro de la población mayor. De acuerdo a los datos del Censo 2010, gracias al Plan de Inclusión Previsional la cobertura previsional se incrementó 23 puntos porcentuales en los últimos 10 años y alcanza a cubrir al 93% de los mayores de 65 años.

    Entre las medidas más importantes adoptadas en términos de políticas de ingresos se destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH) que beneficia a más de 3,4 millones de niños y adolescentes (más de 1,8 millones de familias) y por Embarazo para Protección Social, que amplía la cobertura a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. A partir de junio de 2013, la AUH aumenta un 35,3%, motivo por el cual, el monto que perciben los titulares pasa de $340 a $460. Asimismo, el establecimiento a partir de julio de 2013 de un nuevo tope para la percepción de las Asignaciones Familiares, que pasa de $14.000 a $16.800, ampliará la cantidad de beneficiarios además de incrementar el monto de los beneficios, propendiendo al bienestar de los hogares más necesitados y al estímulo del consumo. De esta manera, los nuevos topes se igualan con los de ganancias.

    La fortaleza y favorable evolución que presenta hoy el mercado de trabajo en Argentina, junto con las medidas de recuperación del ingreso adoptadas por el Gobierno Nacional, permitieron continuar con la mejora en la distribución del ingreso. La brecha de ingresos, que se calcula como la relación entre el ingreso medio que se apropia el 10% más rico y el 10% más pobre de la población, se redujo a 16,7 para el cuarto trimestre de 2012, muy por debajo de los valores del cuarto trimestre de 2003, cuando el 10% más rico de la población ganaba 46,8 veces más que el 10% más pobre.

    Estas políticas de ingresos se complementan con una serie de programas orientados a mejorar los ingresos de los sectores más postergados:

    Los Programas Desarrollo Local y Economía Social (Manos a la Obra) e Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja) que promueven la inclusión social mediante la generación de empleo para personas en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social, por medio del apoyo económico, la asistencia técnica, la capacitación a emprendimientos productivos y la conformación de cooperativas mediante la capacitación previa en oficios. En el marco del Programa Argentina Trabaja, más de 6 mil cooperativas agrupan a más de 150.000 cooperativistas. En 2013, se incorpora el Programa Ellas Hacen destinado a 100 mil mujeres con hijos menores de 18 años a cargo, que reciben la Asignación Universal por Hijo, teniendo como prioridad las mujeres en situación con tres o más hijos, hijos con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Cabe destacar también la inscripción al monotributo social, que permite acceder a una obra social de libre elección, ingresar al sistema previsional y tener la posibilidad de ser proveedor del Estado. Por otra parte, se continuó con la política de microcréditos y de marca colectiva para fortalecer la actividad de los productores de la economía social, promover el comercio justo y el consumo responsable.

    El Plan de Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la auto-producción de alimentos y el desarrollo de redes prestacionales, realiza acciones en materia de educación alimentaria y desarrolla acciones dirigidas a grupos de riesgo específicos.

    Las Pensiones no Contributivas, que incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y por madres de siete (7) o más hijos logró una cobertura hacia 2013 de más de 1.300.000 titulares de derecho. Asimismo, se desarrollaron acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de derechos por parte de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y pueblos originarios.

    En el plano territorial se continúa ejecutando el Plan “Ahí”, que llega a barrios de todo el país, donde se atienden a más de 1 millón de personas. Esta línea de acción se refuerza con los Centros Integradores Comunitarios donde se promueve el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

    En el plano financiero y cambiario, en los últimos años la coyuntura estuvo signada por la continua inestabilidad financiera registrada a nivel internacional. Frente a un escenario de mayor vulnerabilidad para la región, la activa intervención económica sobre el ámbito monetario y financiero permitió atravesar estas circunstancias con importantes demostraciones de solidez.

    De la misma forma que en oportunidades anteriores, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) exhibió una gran capacidad de respuesta ante las perturbaciones acontecidas en el ámbito monetario. La autoridad monetaria mantuvo una activa participación en el mercado de cambios, que le permitió administrar la paridad cambiaria y suavizar los movimientos del tipo de cambio nominal, variable fundamental en el ejercicio de la política económica. La política de acumulación de reservas internacionales iniciada en 2003, brindó una amplio margen de maniobra para contener las presiones cambiarias, ante escenarios de mayor hostilidad.

    Para reforzar este aspecto, el BCRA fortaleció progresivamente una serie de iniciativas orientadas a robustecer su capacidad operativa e impulsar el ingreso de divisas. En los últimos años, se destacan medidas tales como la obligatoriedad de ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de exportaciones de petroleras y mineras; la determinación de repatriar los fondos en el exterior de las compañías aseguradoras y la obligatoriedad de ingresar a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) las divisas originadas por préstamos en dólares contraídos con el exterior. Asimismo, el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo objetivo fue asegurar que la demanda de dólares sea consistente con la capacidad económica de las personas físicas y jurídicas, contribuyó a normalizar las operaciones del mercado cambiario, además de reducir las compras por motivos especulativos.

    La ley de exteriorización voluntaria de capitales aprobada en mayo de 2013 complementa el conjunto de medidas anteriores, permitiendo utilizar recursos líquidos ociosos de la economía para financiar inversiones productivas de carácter estratégico, orientadas a promover el desarrollo. La medida surge como respuesta al elevado volumen de moneda extranjera en poder del sector privado, que podrían canalizarse al sector real en forma de inversiones, ofreciendo al tenedor de estos instrumentos un rendimiento razonable y seguro.

    El conjunto de medidas instrumentadas permitió sostener el superávit del Mercado Único y Libre de Cambios, logrando que el año 2012 cerrara con un saldo superavitario de aproximadamente U$S8.300 millones, que significó una recuperación del 479% respecto del resultado de 2011. En el transcurso de 2013, el resultado se mantiene en terreno positivo. Esta recuperación, estuvo impulsada por los mayores ingresos a través de la cuenta corriente y por una reducción del déficit de la cuenta capital.

    De este modo, el BCRA minimizó los posibles impactos negativos de las variables financieras sobre la economía local. Como resultado, el sistema financiero y bancario se encuentra en posiciones de suma solidez, lo cual garantiza condiciones favorables para el resto de la economía. La irregularidad de la cartera privada se ubica en niveles históricamente reducidos. Con datos hasta marzo de 2013, la cartera morosa del sector privado representa apenas un 1,8% del total de las financiaciones. Este dato contrasta de manera notoria con los parámetros vigentes tras la crisis de la Convertibilidad, cuando el ratio se encontraba en torno al 38,6%.

    La entrada en vigencia de la nueva Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobada por la Ley N° 26.739 en 2012, institucionalizó el objetivo de procurar el pleno empleo de los recursos y el desarrollo económico con equidad social. En este sentido, la reforma fortaleció la injerencia de la autoridad monetaria sobre la evolución del crédito, que es una variable de relevancia para el apuntalamiento del crecimiento de la economía. Por ello, la nueva Ley le devolvió al BCRA su capacidad para orientar un sistema financiero al servicio del desarrollo y el crecimiento de la economía real, procurando que el crédito esté disponible para las actividades e inversiones productivas, así como también para las empresas de cualquier tamaño y localización geográfica.

    Por otra parte, el BCRA continuó con las licitaciones de adelantos en el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario iniciado en diciembre de 2009. Hasta abril de 2013, el monto de adjudicaciones superó los $6.900 millones con el sector industrial como principal destino de las financiaciones.

    De acuerdo a los objetivos establecidos por la reforma de la Carta Orgánica, la autoridad monetaria lanzó en julio de 2012, y a través de la Comunicación “A 5319”, la Línea de Créditos para la Inversión Productiva. Esta iniciativa estableció metas semestrales de créditos al sector productivo, con tasas de interés significativamente menores a las ofrecidas por el mercado. La normativa del BCRA dispuso que las entidades financieras de mayor envergadura otorgaran préstamos para proyectos productivos por el equivalente al 5% de sus depósitos privados. El 50% de los préstamos enmarcados en esta línea debían estar dirigidos a las MiPyMes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). En sus primeras dos etapas, se otorgaron préstamos por un monto mayor a $34.000 millones. Esta política representó un visible impulso adicional para la inversión del sistema productivo.

    De acuerdo a las nuevas atribuciones, el BCRA definió un nuevo esquema de efectivo mínimo, a través de la Comunicación “A 5358”. Mediante el mismo, se establecieron requerimientos diferenciados, con menores exigencias de integración para las zonas de menor bancarización relativa y para aquellas entidades que posean una mayor participación en su cartera del crédito a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es incentivar la radicación de entidades en zonas menos desarrolladas financieramente y promover un mayor financiamiento a las MiPyMES.

    Como parte del conjunto de medidas tendientes a favorecer la canalización del ahorro nacional al sistema productivo y ampliar la capacidad de regulación del Estado, en noviembre de 2012 se aprobó la nueva Ley de Mercado de Capitales. Esta última busca facilitar el ingreso de una mayor variedad de actores al mercado y permite la creación de nuevos instrumentos de ahorro, que sean una alternativa a los tradicionales. Al mismo tiempo, fortalece la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV).

    En esta misma línea, en el marco del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020, coordinado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS anunció en 2012 la inclusión del “inciso k” al punto 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Este inciso establece que las aseguradoras deberán redireccionar un porcentaje de sus inversiones a instrumentos que financien proyectos productivos y de infraestructura de mediano y largo plazo.

    Finalmente, con el objetivo de hacer frente a la demanda de créditos hipotecarios insatisfecha y brindar una solución a la situación de déficit habitacional de determinados sectores de la sociedad, se lanzó el programa PRO.CRE.AR. Esta iniciativa consiste en la entrega de créditos para la construcción de viviendas o para adquirir aquellas construidas en el marco del programa, con mayores facilidades y a tasas de interés inferiores a las ofrecidas por el mercado. El programa también tiene como objetivo apuntalar el crecimiento del empleo, en particular en el sector de la construcción.


    1. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA

    El marco de la política macroeconómica que prevé el Gobierno Nacional para el ejercicio fiscal 2014 supone la continuidad de los pilares fundamentales que han guiado el proyecto político iniciado en el año 2003. Se procura mantener el crecimiento de la actividad económica con equidad distributiva, en contraste con las políticas recesivas que se aplican en otros países o que algunos sectores vuelven a recetar para Argentina. Por ello, se seguirá promoviendo el fortalecimiento del mercado interno a través de la consolidación de una industria nacional competitiva, el sostenimiento de los puestos de trabajo, la mejora de los salarios reales, la promoción de mejores niveles de inversión pública y privada, la inclusión y la movilidad previsional, y el mantenimiento de la política de desendeudamiento, entre otras políticas.

    En sintonía con lo anterior, se describen a continuación las políticas sectoriales del gobierno nacional como, por ejemplo, la inversión en el área social, en ciencia y tecnología, y en infraestructura.

    En primer lugar, la inversión en el área social representa un eje central del accionar del gobierno tendiendo al logro de la inclusión y el desarrollo humano de toda la población con especial énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

    En relación al trabajo y el empleo se mantendrán las políticas activas que han permitido generar y sostener alrededor de cinco millones de nuevos puestos de trabajo, mejorar los salarios reales a través de la negociación colectiva y reducir el empleo no registrado. Al mismo tiempo, permanecerán aquellas acciones como las de facilitar y promover la inserción laboral de los sectores más vulnerables, la capacitación profesional, la intermediación entre las empresas y los trabajadores desempleados, la organización y el fortalecimiento de la red federal de empleo, el apoyo al trabajo autogestionado, entre otras. En ese sentido, se prevé la continuidad, entre otros programas, del Seguro de Capacitación y Empleo, el Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Programa de Inserción Laboral, y el Programa de Recuperación Productiva-REPRO.

    La extensión y mejora de la cobertura de la seguridad social seguirá siendo una constante preocupación del Gobierno dándole continuidad a políticas que permitieron elevar la cobertura jubilatoria del 50% al 93%, como el programa de Inclusión Previsional, o el incremento significativo de la jubilación mínima, mediante la implementación de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

    Se seguirá ampliando la cobertura y los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, que cubre alrededor de 3,5 millones de niños y adolescentes, hijos de desocupados, de trabajadores no registrados y del personal del servicio doméstico que no alcanzan el salario mínimo, vital y móvil. Al mismo tiempo, se atenderá con la Asignación Universal por Embarazo a las madres en estado gestacional, que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se brindará una mayor cobertura en las asignaciones familiares para los trabajadores registrados en función de las modificaciones efectuadas durante el año en curso. Para el Gobierno el objetivo es mantener y profundizar una política de inclusión que ha sido un hito en materia de seguridad social en el país.

    Asimismo, seguirán implementándose políticas dirigidas a la prevención y protección social orientadas hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, la atención de situaciones de vulnerabilidad social, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, con un Estado presente, activo y promotor. La familia y la generación de empleos mediante la economía social son ejes sustantivos de la política social. A través del Plan “Familia Argentina” y del “Argentina Trabaja”, se extenderán acciones como el otorgamiento de pensiones no contributivas, la seguridad alimentaria, la protección de derechos de niños y adolescentes, el cuidado y atención de los adultos mayores, el apoyo técnico y financiero a proyectos socio productivos, el otorgamiento de microcréditos, el programa de inclusión social con trabajo, entre otras.

    La prioridad de la educación se ve reflejada en la inversión creciente del Sector Público Argentino que, desde la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Educativo, ha permitido superar el 6% de inversión en la educación como porcentaje del PIB. Se sostendrán aquellos programas y planes que permiten ir avanzando hacia el objetivo de obtener una educación de calidad para todos los habitantes del país. En ese sentido, cabe mencionar el Programa Nacional de Alfabetización de Jóvenes y Adultos, el Plan Finalización de Estudios, las acciones desarrolladas a través del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, las Acciones Compensatorias en Educación, el apoyo financiero a las provincias para la mejora de los salarios docentes, y el programa de fortalecimiento de la Formación Docente, entre otros.

    Por otra parte, se continuará el Programa “Conectar igualdad”, con la entrega de computadoras portátiles que permiten la reducción de la brecha digital entre sectores sociales y mejora las posibilidades de inserción social, programa que durante el 2013 alcanzaría el objetivo de entregar 3,5 millones de netbooks. También seguirá constante el aporte a la infraestructura edilicia escolar, que hasta el momento ya cuenta con más de 1.500 escuelas construidas.

    Con relación a la educación superior, se dará prioridad a optimizar las áreas estratégicas para el desarrollo nacional; se procurará garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y egreso del sistema universitario, a través de programas de financiamiento dirigidos a la población de bajos recursos. La creación de universidades nacionales, sobre todo en el Conurbano Bonaerense, y los más de 1,8 millones de estudiantes universitarios dan cuenta de la apuesta a la inversión en capital humano que caracteriza el accionar del Gobierno.

    Con respecto al área de salud, se prevé continuar desarrollando acciones tendientes a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, con un criterio de equidad y accesibilidad, fortaleciendo la capacidad rectora sobre el funcionamiento del conjunto del Sistema de Salud Argentino, haciendo fuerte hincapié en materia de regulación sanitaria, como así también en las políticas de prevención y de atención primaria.

    Se fortalecerán las acciones orientadas a garantizar un conjunto de prestaciones básicas a la población materno infantil sin cobertura explícita de salud, a través del Programa de Seguros Públicos de Salud (Sumar). Lo mismo sucederá con el Plan de Atención a la Madre y al Niño, el cual tiene como ejes prioritarios la salud perinatal, la salud integral del niño y la nutrición. Se avanzará en la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes, la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, la atención de salud de beneficiarios de pensiones no contributivas y sus grupos familiares, la formación de recursos humanos para la atención primaria de la salud y la salud reproductiva, entre otras acciones.

    El Gobierno Nacional entiende que la inversión pública es una herramienta clave para el desarrollo industrial, la integración regional, la generación de empleo y la mejor calidad de vida de la población, siendo una de sus prioridades en materia de políticas públicas. En este sentido, seguirán promoviéndose las inversiones en energía, transporte, comunicaciones, vivienda, y otros bienes y servicios públicos. Resulta estratégico seguir ampliando y diversificando la matriz energética que en los últimos diez años ha satisfecho un incremento de la demanda eléctrica del 56%, un aumento del consumo de naftas de casi un 100% y de gas oil en un 30%. Se ampliará la red vial ya que, habiéndose finalizado algo más de 1.600 km de autovías y autopistas y ampliado la red subnacional en más de 1.300 km, aún se deben mejorar las condiciones de interconexión del país. Se continuará con la creación de nuevas soluciones habitacionales mediante el plan federal de vivienda y la dinamización del sector a través del Programa PRO.CRE.AR, cuyo objetivo es la construcción de 400 mil viviendas en el plazo de cuatro años. Se mantendrán los esfuerzos que en la última década han permitido incrementar el suministro de agua a 1,7 millones de hogares y de cloacas a más de 800 mil familias. Se fortalecerá la política de inversión ferroviaria, con la adquisición de nuevo material rodante, la construcción y refacción de pasos sobre y bajo nivel, renovación de vías, remodelación de estaciones, mejoramiento de la seguridad y la información para pasajeros.

    En el área de industria, en el marco del Plan Estratégico Industrial 2020, se profundizarán las políticas destinadas a la consolidación y desarrollo de la industria nacional como eje central de la política de gobierno. En este sentido, se avanzará con la planificación y ejecución de herramientas para la promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), el financiamiento productivo, las actividades de capacitación para la competitividad, la sustitución de importaciones estratégicas, entre otras políticas.

    En relación a la política agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y sus institutos especializados, continuarán con sus acciones tendientes a la promoción de la actividad agropecuaria y agroindustrial, la incorporación de tecnología al sector y la agregación de valor a la producción primaria; el fortalecimiento de las cadenas de valor y las economías regionales, y la apertura de nuevos mercados internacionales. Asimismo, se continuarán las acciones mediante las cuales se brinda apoyo a las familias rurales de todo el país.

    La actividad vinculada al turismo es considerada por el Gobierno Nacional como un pilar para la construcción de un modelo de país inclusivo y federal. En ese sentido, se dará continuidad al Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2016, cuyo objetivo general es lograr un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio, aprovechando las oportunidades de desarrollo del sector.

    En ciencia y tecnología, seguirá asumiendo un rol protagónico el Ministerio creado a tal efecto con el fin de incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del crecimiento económico y social del país, teniendo presente la vital importancia del valor del conocimiento aplicado en el desarrollo del país. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica proseguirá financiando proyectos para actividades de investigación científicas y tecnológicas. El CONICET, dará continuidad a su política de jerarquizar la carrera del investigador y ampliar las convocatorias. A su vez, se trabajará en red con diferentes instituciones de ciencia y tecnología con el objeto de coordinar sus recursos y estrategias.

    Respecto a la política de seguridad, se proseguirá con aquellas actividades vinculadas a la seguridad interior y a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático. En ese sentido, se fortalecerá la formación, capacitación y especialización profesional; se afianzará la articulación de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales entre sí, y con las fuerzas policiales de las provincias; se continuará con la adquisición y modernización de equipamiento de seguridad y de comunicaciones; se avanzará en el diseño e implementación de herramientas que faciliten la prevención y la disminución del delito; y se fomentará la participación comunitaria en la política de seguridad, entre otras acciones.

    En materia de desarrollo sustentable y cuidado del ambiente se impulsarán políticas tendientes a generar una conciencia ambiental en los distintos sectores sociales. Se seguirán implementando los programas y proyectos vinculados con la Cuenca Matanza-Riachuelo, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el Programa de Reconversión Industrial, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, la Protección de Bosques Nativos, remediación y saneamiento de basurales a cielo abierto y control ambiental, entre otros.

    Las políticas referidas al financiamiento y a la deuda pública, iniciadas a partir del año 2003, y a implementar durante 2014, requieren de una sintética exposición sobre las diferencias con la política financiera previa, sus metas principales y los resultados obtenidos.

    Hacia fines de la década del 90 y los primeros años del nuevo siglo, la deuda pública estaba emitida en su gran mayoría en moneda extranjera –en el marco de una moneda local apreciada y un régimen cambiario no sostenible- y tenía asociados vencimientos de corto plazo crecientes. Dichos vencimientos, sumados a los efectos de la crisis 2001-2002, fuerte retracción del consumo y la producción y, en consecuencia, de la capacidad recaudatoria del sector público, determinaron la imposibilidad de pago de los servicios de la deuda. La inmediata devaluación y las emisiones de deuda para absorber los costos derivados de la crisis agravaron la situación de sostenibilidad de la deuda pública, casi triplicando la deuda en términos del producto de la economía local.

    A partir de mayo de 2003, con la asunción del Presidente Néstor Carlos Kirchner, la política de financiamiento cambió considerablemente respecto a la década previa. El nuevo gobierno asumió con gran parte de la deuda en cesación de pagos y emprendió negociaciones para reestructurarla. Paralelamente, las políticas de financiamiento estuvieron destinadas a reducir la carga de la deuda como restricción para el crecimiento; entre otras políticas, se destacan el superávit primario, el pago de obligaciones con reservas internacionales de libre disponibilidad y el significativo crecimiento económico sustentado en políticas de promoción de la demanda agregada, garantizando la inclusión social de los hogares más desfavorecidos.

    La continuidad de las políticas de financiamiento iniciadas en 2003 ha provocado que los servicios asociados a la deuda ya no sean una limitación para implementar políticas económicas que promuevan el desarrollo económico. La proporción de la deuda en términos del producto bruto interno se ha reducido a menos de un tercio de lo que era y la moneda local como denominación de la deuda representa una parte considerable del total de las obligaciones.

    Este proceso de desendeudamiento ha permitido que la Argentina lleve a cabo políticas públicas no dependientes de programas diseñados por terceros, sin necesidad de acudir a los mercados internacionales para refinanciar los servicios de la deuda pública.

    La política de financiamiento del año 2014 continuará con el proceso explicitado precedentemente. El objetivo fundamental será la captación de fondos destinados al pago de los servicios de deuda durante el año que no puedan afrontarse con los recursos fiscales previstos. La obtención de dichos fondos seguirá un criterio de administración financiera prudente que procure seguir reduciendo el peso de los servicios de deuda sobre los ingresos públicos. Adicionalmente, se continuará con la búsqueda de fuentes de financiamiento óptimas para la realización de obras de infraestructura que promuevan el crecimiento económico.

    Los servicios de deuda (intereses, amortizaciones y pago de valores negociables vinculados al PIB) para el año 2014, estarán constituidos mayormente por obligaciones con organismos públicos nacionales que, en su gran mayoría, se proyecta que tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente, para refinanciar esas obligaciones.

    Exceptuando estas obligaciones, los principales vencimientos están asociados con el pago de los Valores Negociables Vinculados al PIB en diciembre de 2014 (que será exigible a partir de un crecimiento en el año 2013 superior al 3,22% anual), intereses del bono Discount en junio y diciembre, y capital e intereses del Bonar 14 en el mes de enero.

    La política de financiamiento del 2014 continuará con una gestión de pasivos que tiene como objetivo la generación de perfiles de vencimientos sostenibles. La continuación de una gestión financiera prudente a nivel nacional permitirá mejorar las condiciones de acceso al financiamiento por parte de los gobiernos subnacionales y del sector privado.

    Asimismo, se prevé seguir avanzando en el proceso de regularización de los pagos de la deuda aún pendiente de reestructuración.

    En cuanto a la relación con los organismos internacionales de crédito, el objetivo es profundizar las relaciones institucionales con los Organismos Financieros Internacionales, en particular con aquellos que contribuyan a la integración regional y promuevan áreas de interés estratégico como el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo social.

    Durante el período 2014-2016 se continuará con los aportes de capital a organismos internacionales como el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), el BANCO MUNDIAL (BM), el BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF), el BANCO DEL SUR, el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), y el BANCO AFRICANO (BAD); asimismo se seguirá con las contribuciones a la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF), al FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA), al FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) y al FONDO AFRICANO DE DESARROLLO (FAD).

    A la vez, se buscará optimizar la ejecución de los proyectos y programas con financiamiento externo, mejorando la eficacia y la eficiencia en el uso del crédito público. En función de ello, se continuará trabajando, entre otras medidas, en el seguimiento de la gestión de los proyectos, en la mejora en la formulación de los mismos y de la calidad del gasto financiado por aquellos, en la disminución de los tiempos para la aprobación de los contratos de préstamos con los Organismos Multilaterales de Crédito y de los convenios subsidiarios; en el fortalecimiento de los sistemas de información para el seguimiento y monitoreo de los proyectos y programas; y en la mejora del proceso de adquisiciones a cumplimentar por las Unidades Ejecutoras.

    En materia de financiamiento bilateral, se proseguirá profundizando los vínculos con las instituciones financieras oficiales y con los gobiernos, como es el caso de la República Popular China, haciendo foco en el análisis económico y financiero de los proyectos.

    Con relación a la política de ocupación y salarios, los lineamientos que se instrumenten para el tratamiento de las convenciones sectoriales en torno al régimen dispuesto por la Ley N° 24.185, así como el llamado a negociaciones de Convenios Colectivos de Trabajo encuadrados en la Ley Nº 14.250, estarán orientados a respetar los niveles de crédito que se fijen en el Presupuesto Nacional, en un marco compatible con la sustentabilidad fiscal.

    Asimismo, se prevé cumplir los objetivos del Estado, en cuanto al empleo público, dentro de las condiciones salariales y presupuestarias que se definan en el Presupuesto Nacional, para lo cual se prevé continuar con las siguientes acciones:


    • Adecuar la cantidad de cargos y horas de cátedra, a los límites que determinen las planillas de recursos humanos que forman parte del proyecto de Ley de Presupuesto.

    • Atender, dentro de los créditos para el gasto en personal que se asignen a las jurisdicciones y entidades, los crecimientos derivados de la aplicación de las normas escalafonarias vigentes y de los mayores costos de modificaciones a la normativa laboral.

    • Monitorear el gasto en personal acotando la cantidad de contrataciones, bajo los regímenes de los Decretos Nº 485/13 y Nº 1.421/02, al crédito presupuestario para la partida específica, que se fije en la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional.

    • Optimizar el empleo público, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la implantación de tecnologías de gestión de recursos humanos que permitan concretar una reestructuración integral del capital humano del Estado, dirigida a una administración con medios eficientes para cumplir eficazmente sus objetivos.

    Con relación a la política de seguridad social, cabe destacar que los derechos humanos son un pilar fundamental del proyecto político que se inició el 25 de mayo de 2003 en la REPÚBLICA ARGENTINA, impulsando un modelo de desarrollo con inclusión cuyo eje central fue la generación de trabajo de calidad registrado y la protección a través de un sólido sistema de seguridad social, a fin de que la generación de riqueza beneficie a todos los argentinos.

    Esta política permitió ir creando progresivamente puestos de trabajo y reducir la desocupación y el trabajo no registrado. Con relación a las políticas de ingresos, se incrementó el salario mínimo vital y móvil a la par que se dinamizó la negociación colectiva, elevándose los montos salariares en el marco del diálogo tripartito. Esto fortaleció el sistema de seguridad social profundizando la inclusión y la protección social.

    El crecimiento del empleo formal y el fortalecimiento del sistema de seguridad social coadyuvan al mismo fin. La creación de nuevos puestos de trabajo, sumado a la significativa reducción del trabajo no registrado, incrementaron la cantidad de trabajadores aportantes al sistema. Esto permitió extender la protección de la seguridad social, y elevar el monto de las prestaciones.

    La recuperación del sistema público de reparto permitió una administración más eficiente y eficaz de los recursos. Se creó un fondo anticíclico y de sustentabilidad. Se incrementó la inversión productiva, reforzando el círculo virtuoso de la economía. La seguridad social se transforma en una significativa herramienta de redistribución del ingreso, reforzando el impulso de la economía a partir del estímulo a la demanda agregada: más consumo, más producción, más trabajo y mayor protección.

    Entre las herramientas que han permitido una mejor seguridad social cabe destacar la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el año 2008 por la Ley N° 26.425, que vino a unificar al entonces Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) consolidando un único régimen previsional público de reparto. Bajo el nuevo régimen las prestaciones previsionales se actualizan de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, en función de aumentos semestrales en base a la evolución de los salarios activos y la recaudación.

    Asimismo, cabe destacar la creación a partir de octubre de 2009 del subsistema no contributivo de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que prevé una asignación de $460, a partir del presente ejercicio, para los menores de 18 años y discapacitados de familias desocupadas o que se desempeñan en empleos informales que no reciban ninguna otra asignación, sujeta al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para los menores y su concurrencia a establecimientos educativos. Esta asignación apunta a atender las necesidades de los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, y por lo tanto constituye una herramienta complementaria del conjunto de políticas de estado orientadas a la reducción de los niveles de pobreza y de marginalidad y al incremento de los niveles de empleo. Este programa presenta resultados alentadores, fundamentalmente en materia educativa y de salud.

    En consonancia con esta medida, se crea la Asignación por Embarazo para Protección Social destinada a madres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Esta medida procura reducir los índices de mortalidad maternal, perinatal y neonatal, teniendo como requisito obligatorio el cumplimiento de los controles sanitarios del “Plan Nacer”.

    En síntesis, la política de seguridad social impulsada desde el Gobierno Nacional ha sido la de una mejora constante, paulatina y sostenida en el pago de todas las prestaciones, así como la extensión en la cobertura de las mismas a los sectores más vulnerables de la sociedad.

    Con respecto a la política de inversión pública el objetivo es contribuir al incremento de la competitividad a fin de mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Este logro supone un proceso de transformación de la estructura productiva hacia un entramado con mayor desarrollo industrial, que genere mayor valor agregado, empleo de calidad e inclusión social.

    En ese sentido, la inversión pública juega un rol fundamental en la promoción y el direccionamiento del proceso de desarrollo económico y social a mediano y largo plazo. Por un lado, porque brinda la infraestructura necesaria para el crecimiento productivo y puede impulsar sectores desatendidos por la iniciativa privada, de manera de avanzar en el desarrollo de los complejos productivos y la mejora de la competitividad genuina de la economía argentina. Por otro lado, porque atiende a la provisión de servicios que cubren necesidades sociales de distinta índole: sanitarias, educativas, vinculadas con la vivienda, etc.

    En el período transcurrido entre 2003 y 2012 se sostuvo un alto nivel de Inversión Pública Nacional, que se representa por la evolución de dos componentes principales: la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias para Gastos de Capital (TK). En 2012 la Inversión Real Directa sumada a las Transferencias de Capital ejecutadas por la Administración Nacional alcanzó al 2,71% del PIB. Se destaca que ambos componentes de la inversión pública nacional representaron el 12,43% de la Inversión Bruta Interna Fija del período 2012.

    La inversión pública exige una adecuada priorización de las iniciativas en función de la identificación de necesidades sectoriales, requerimientos de políticas públicas y la superación de situaciones de diferimiento de la reposición, manteniendo un enfoque de mejora de la competividad que tiene como requisito ineludible el crecimiento con inclusión social.

    Dicha priorización supone, en primer lugar, dar preeminencia a los proyectos en ejecución, tanto para reposición como para ampliación del stock de capital. En segundo lugar, entre los nuevos emprendimientos tanto de reposición como de ampliación, se priorizan los proyectos considerados indispensables por los organismos públicos nacionales para el cumplimiento de sus funciones, seguidos por los restantes proyectos nuevos que reponen stock de capital. Por último, entre los proyectos de ampliación de capacidad a iniciar, se estiman los potenciales impactos de los mismos en términos de su contribución al crecimiento económico o mejora de la capacidad exportadora, su aporte al fortalecimiento de la infraestructura social, su impacto sobre el empleo y el desarrollo de proveedores locales. En este criterio también se tiene en cuenta el grado de avance del proyecto, por

    1. COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS

    Los instrumentos básicos de la coordinación fiscal durante los últimos años fueron el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y el Programa Federal de Desendeudamiento. El mencionado Régimen estableció una serie de reglas con el objetivo de contribuir a la consolidación del ordenamiento fiscal y financiero del Gobierno Nacional y de las Jurisdicciones adheridas y constituyó el marco en el cual se desenvolvieron las finanzas públicas a partir de 2005. En respuesta al contexto planteado por la crisis financiera internacional, en 2009 el citado régimen incorporó algunas adecuaciones inicialmente mediante la Ley N° 26.530, las que fueron prorrogadas para los ejercicios fiscales subsiguientes.

    De tal modo, veintiún Jurisdicciones integraron el Régimen, a saber: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sus gastos representaron aproximadamente el 90% del total de egresos del consolidado provincial.

    La implementación del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas implicó una reducción del stock de deuda provincial elegible mediante la utilización de recursos disponibles del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y la reprogramación en condiciones más favorables de plazo (20 años, con período de gracia hasta el 31/12/2011) y de tasas (6% anual). Estas medidas han reducido en forma significativa la presión financiera de las Provincias al postergar las obligaciones de pago de dichos servicios de la deuda.

    En diciembre de 2011, se modificó la vigencia del plazo del período de gracia acordado en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y dispuso la extensión del mismo hasta el 31 de diciembre de 2013.

    Durante el ejercicio 2012, el contexto antes mencionado fue acompañado por una buena performance en la evolución de los recursos provinciales. En efecto, los recursos totales del consolidado provincial, según datos provisorios, fueron estimados en 18,64% del PIB. En valores absolutos, los ingresos totales se incrementaron un 24,9% respecto al año anterior.

    El 80% de los mayores ingresos estuvo explicado por el aumento en el producido impositivo, el cual se originó principalmente (el 60%) en los tributarios de Origen Nacional, aunque la recaudación impositiva del conjunto de Jurisdicciones también tuvo un aumento significativo pero, en términos absolutos, de menor magnitud. Acentuó esta favorable performance el aumento de los ingresos por Contribuciones de la Seguridad Social que aportaron el 14% de los mayores ingresos y fue impulsado por las mejoras salarias otorgadas a los empleados públicos provinciales.

    Acompañando el escenario mencionado se destaca el aumento de los recursos no tributarios que básicamente provienen del cobro de regalías (petroleras, mineras o hidroeléctricas) y de la renegociación de contratos de explotación de cuencas petroleras o de juegos de azar.

    Por otra parte, se deben mencionar las transferencias del Gobierno Nacional destinadas a gastos de capital entre las cuales se destacan por su magnitud las remesas originadas en el Fondo Federal Solidario que distribuye automáticamente a las Jurisdicciones el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones sobre las exportaciones de soja y derivados.

    Por su parte, el total de los egresos del consolidado provincial para el ejercicio 2012, fue estimado en un monto equivalente al 19,24% del PIB, lo cual implicó un crecimiento del 22,7% respecto al año anterior.

    La totalidad de los mayores egresos financió gastos corrientes, destacándose que el 79% fue asignado al gasto en personal y a los egresos asociados a los mismos (tales como subsidios a la enseñanza privada y pago de jubilaciones) como consecuencia de una política de recuperación de los salarios, siendo éste un instrumento para activar la demanda agregada de la economía. Este comportamiento fue influenciado por las mejoras salariales concedidas al personal docente durante los últimos años, en el marco de las negociaciones paritarias, que contaron con un instrumento legal propicio a partir de la sanción de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. De este modo el gasto en personal del consolidado de provincias en 2012 alcanzó el 9,2% del PIB, constituyendo un nivel máximo en los últimos veinte años.

    Por otra parte, el 11% del aumento de los gastos se originó en las mayores transferencias al Sector Público, entre las cuales se destacan las efectuadas a los Municipios y Comunas, derivadas tanto de los subsidios que le otorgan las Provincias como de la participación de impuestos a tal nivel de gobierno, impulsadas en este último caso por el crecimiento de la recaudación tributaria.

    Se estima que el resultado económico del consolidado de Provincias en 2012 (medido como diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes) fue superavitario en un monto equivalente al 0,58% del PIB. Por su parte, el resultado financiero se estima deficitario en un monto equivalente al 0,59% del PIB. Este resultado denota el esfuerzo focalizado en la cuenta de capital la cual se vincula con la estrategia de mantenimiento de la inversión pública. Sin embargo, se destaca que el desempeño fiscal provincial se encuentra en el marco de las disposiciones vigentes en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal según la normativa mencionada precedentemente.

    Durante el ejercicio 2012, las Provincias continuaron beneficiadas por la ampliación antes mencionada del período de gracias otorgado a fines del 2011, lo cual implicó una reducción de las necesidades financieras del conjunto de jurisdicciones en 2012 por un monto equivalente a 0,51% del PIB. El Gobierno Nacional otorgó préstamos del Tesoro Nacional por un monto total de $3.026 millones, con características similares a los programas de asistencia financiera y se destinaron al pago de servicios de la deuda remanentes o a los déficit de las tesorerías provinciales. Cabe destacar que adicionalmente, las Jurisdicciones acudieron al endeudamiento (a través del sistema bancario o mediante la emisión de Títulos Públicos) para ser aplicado a los destinos precitados como así también a la obra pública.

    Desde la perspectiva financiera, las Provincias durante el 2013 registran una disminución de sus necesidades financieras como consecuencia de los menores servicios de la deuda derivados de la ampliación del período de gracia del citado Programa Federal de Desendeudamiento, lo cual brinda solvencia en el presente escenario fiscal.

    En ese contexto, se prevé que solo algunas Jurisdicciones accederán al endeudamiento o a la asistencia financiera del Gobierno Nacional para la atención de los gastos que no consigan sostener con sus recursos propios o que no encuentren fuentes financieras alternativas.

    1. INSTRUCCIONES GENERALES

    El Gobierno Nacional arbitrará todos los medios a su alcance a fin de efectuar la presentación al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2014 en los términos fijados por el artículo 26 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, esto es, antes del 15 de septiembre del corriente año.

    Para lograr este objetivo las jurisdicciones y entidades deberán presentar los Anteproyectos de presupuesto 2014-2016 a la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda antes del 31 de julio del corriente año, de acuerdo a la actividad 14 del cronograma aprobado Resolución MEyFP N° 228/13, citada en el punto .I. INTRODUCCIÓN del presente documento.




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