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Petróleo y hegemonía en Venezuela


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Petróleo y hegemonía en Venezuela
Miguel Lacabana

(...) 1989-1998: EL AVANCE NEOLIBERAL, EL RETROCESO POPULAR Y EL FIN DEL POLICLASISMO
En este período desaparece el proyecto nacional (democrático popular), y así, el desplazamien­to del Estado por el mercado y el énfasis en el individuo y su libertad para moldear su vida serán puntos focales de este nuevo sentido co­mún: “redimensionar el Estado y sus funciones (mínimo) y resignificar la idea de ciudadanía con una clara orientación individualista y com­petitiva [...] el desplazamiento del Estado de conciliación populista, [...] la construcción del mercado como un nuevo principio alocativo para la sociedad venezolana” (Contreras, 2004: 116).
Si bien los sectores dominantes habían desarrollado sus propios intelectuales orgánicos, no habían podido consolidar un partido de de­recha que fuera su representante orgánico. Aun así, algunos medios de comunicación masiva e instituciones representantes de la derecha emergente contribuían con el proceso de deslegitimación del Estado y el sistema político, a la vez que apoyaban esas interpretaciones y visio­nes de la realidad, tanto entre los dirigentes de los sectores dominantes como en parte de los dirigentes de los sectores subordinados. Este no es un proceso sin mediaciones y de intencionalidad directa, sino que en él participan, en gran medida, las burocracias y tecnocracias internacio­nales. En este sentido su ideología proviene, en parte, de centros de po­der extranjeros. El poder de la tecnocracia no derivaba de los votos sino de sus conocimientos y del apoyo de tecnocracias internacionales que reafirmaban continuamente que la única opción era profundizar la libe­ralización para insertarse en el proceso de globalización en el marco del paradigma más mercado y menos Estado. Los tecnócratas formados especialmente en universidades de EE.UU. y los tecnócratas petroleros serán los encargados de imponer el nuevo sentido común del modelo neoliberal. Las carencias partidarias de los sectores dominantes les lle­varán nuevamente a profundizar la cooptación del partido del pueblo, Acción Democrática, así como de intelectuales, académicos y dirigentes tradicionalmente ligados al campo popular para imponer su nuevo proyecto de dominación.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos no son procesos sin conflictos. Pueden señalarse, al menos, los siguientes puntos como importantes al respecto: la nueva visión impuesta en 1989 generó con­tradicciones dentro del partido AD entre los sectores más tecnocráticos y aquellos más apegados a su condición de partido popular y al con­trol del Estado; se generaron fuertes conflictos dentro de la Confedera­ción de Trabajadores de Venezuela (CTV), ya bastante deslegitimada, y de ésta con el gobierno; la resistencia de dirigentes e intelectuales del campo popular así como de académicos a esa nueva visión; el disci­plinamiento (desempleo y caída de los ingresos reales) impuesto a los sectores populares y sectores medios, muchos de los cuales ingresaron a la categoría de nuevos pobres, conllevó expulsar a amplios sectores de la sociedad al margen de la misma durante la década del 90 y evidenció los efectos perversos del nuevo modelo; fracciones de la burguesía también fueron seriamente afectadas por las políticas neoli­berales; entraron en escena partidos que de una u otra forma recogían el desacuerdo con el sistema vigente; y la protesta popular de diversos tipos se hizo presente.
Este conjunto de factores no permitió, finalmente, la construc­ción de una nueva hegemonía y llevará al resquebrajamiento del bloque en el poder de naturaleza fuertemente excluyente.
En diciembre de 1988 Carlos Andrés Pérez gana por segunda vez las elecciones presidenciales en medio de una gran euforia sobre un futuro de mejora generalizada del país (nada lo representa mejor que el lema electoral, “Con CAP se vive mejor”), pero a la vez en medio de una crisis económica con desempleo, inflación, deterioro del Estado y presión para su reforma, deslegitimación de los partidos y del sistema político, expresada entre otros indicios en la abstención sin preceden­tes en esas elecciones. Además, hay que agregar un conjunto de facto­res no económicos que son imprescindibles para entender la explosión popular que se produjo el 27 de febrero de 1989, casi inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Pérez y de la puesta en marcha del plan de ajuste y apertura de la economía. Esa explosión popular, conocida como el Caracazo aun cuando abarcó las principales ciudades del país, marca un antes y un después para el conjunto de la sociedad venezolana.
Las frustraciones acumuladas por la población en la década del 80 fueron parcialmente compensadas por las expectativas gene­radas en la campaña presidencial. Sin embargo, estas se esfumaron rápidamente cuando las medidas de ajuste económico de corte neoli­beral se pusieron en marcha en febrero de 1989 de la mano del equipo económico del nuevo presidente. El Gran Viraje será el nombre con el cual se tratará de dar fin al viejo Estado populista e imponer un nuevo sentido común individualista y basado en el mercado. La firma de una carta de intención con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que implicó la liberalización de precios y tarifas, el aumento del precio de la gasolina y consecuentemente del transporte, entre otras tantas medidas económicas que afectaban fuer­temente la capacidad adquisitiva de los sectores populares pobres y de los sectores medios, en un contexto de fuerte desabastecimiento de pro­ductos alimenticios por el acaparamiento derivado de las expectativas de devaluación y liberalización de precios, tornó esas expectativas en frustración social y en rebelión popular espontánea.
Entre los sectores populares pobres y parte de los sectores me­dios, las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida se habían ido diluyendo a lo largo de la década del 80 y “habían de­jado de asociarse al modelo consumista para ubicarse en el plano de la satisfacción de las necesidades básicas. El descontento acumulado, unido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de los esfuerzos desplegados por los sectores populares y su real situación de pobreza, no encontró una organización social capaz de canalizarlo y de transfor­marlo en reivindicación y en movilización popular [..] el plan de ajuste fortalece el proceso de pérdida de eficacia de los lazos corporativos y clientelares entre sindicatos y partidos y entre ambos y el petro-estado” (López Maya, 2003: 215). El resultado fue “una explosión anárquica que sólo condujo a una fuerte represión de los sectores populares urbanos (Cariola et al., 1992: 13) aun cuando “tuvo la virtud de evidenciar el cuadro real de la sociedad, sus contradicciones y el abismal deterio­ro del sistema político que […] funcionaba con una mínima disposi­ción al cambio” (Carvallo y López Maya, 1989: 49). Se vio claramente la incapacidad de mediación entre el Estado y los sectores populares; los partidos políticos habían perdido casi totalmente esa capacidad de mediación al transformarse en simples máquinas electorales con diri­gentes más proclives a formar parte de los sectores dominantes y de la tecnocracia estatal que a sintonizar con los sectores populares a los cuales alguna vez sus partidos representaron. Como dice López Maya: «acentuación de la deslegitimación y descomposición del sistema de partidos y el sindicalismo, incapacidad para resolver la crisis eco­nómica, renuencia de los actores a reformarse más la corrupción llevaron al Caracazo» (2003: 215).
Esa explosión popular anárquica del 27 de febrero fue el preludio de una década de inestabilidad política, donde se intentaron dos golpes de Estado en el año 1992, se concretó la salida del presidente Pérez por (malversación) en 1993, y se hizo evidente la decadencia de los partidos po­líticos tradicionales en las elecciones de 1994 que ganó por segunda vez el presidente Caldera apoyado en una coalición de pequeños partidos políticos. Este período estuvo signado por diferentes y dispersas formas de protesta popular (López Maya, 2001; López Maya y Lander, 2000), incluyendo huelgas fundamentalmente en el sector público, dado que la pérdida de legitimidad y el papel acomodaticio de la elite sindical llevaron a una pérdida casi total de su papel reivindicativo en el sec­tor privado. Los mecanismos corporativos habían perdido eficacia y la reconstrucción de la hegemonía del bloque en el poder se tornaba una tarea sin destino.
Una vez superado el impacto (susto) inicial, gracias a la repre­sión por un lado y al papel de la iglesia como conciliador por otro, el gobierno y la tecnocracia neoliberal no tomaron en cuenta las seña­les que la protesta popular del 27 de febrero le había dado al país y aceleraron la apertura económica y el ajuste estructural, incluyendo la privatización de empresas públicas de los sectores telecomunicaciones, aéreo, industrial, siderúrgico, agroindustrial, hotelero y bancario, con lo cuál se agudizo el deterioro del mercado de trabajo, los ingresos y las condiciones de vida de la población. En este período, como consecuen­cia de la apertura, se asiste a una intensa reprimarización económica dado que una parte importante de la inversión extranjera se dirige a los sectores petrolero y minero (Lacabana, 2001). La forma en que se impusieron los cambios dio lugar a conflictos no sólo distributivos sino también con los empresarios acostumbrados por muchos años a los subsidios e incentivos estatales (Hidalgo, 2000).
Como parte de las medidas de ajuste y apertura externa de la economía, el sector industrial –anteriormente protegido– fue expuesto a una competencia externa que resultó imposible sostener en un mar­co de no-política industrial (“nosotros no elegimos ganadores” era una de las expresiones favoritas de los tecnócratas del ministerio respecti­vo). Es decir, la política era que el Estado debía inhibirse de intervenir. La política industrial del Estado inhibido fue una no-política (Pirela, 1996). El proceso de desindustrialización fue intenso, especialmente a partir de 1992, cuando en un año el empleo se redujo en 100 mil personas (-20%). Cuatro factores explican este proceso: la caída de la demanda, la apertura externa indiscriminada, la elevación de las tasas de interés producto de la liberalización financiera, y los incentivos que promueven inversiones en el sector no transable (Valecillos, 2001). Sin embargo, las industrias pertenecientes a los sectores hegemónicos con fuertes intereses en el sector bancario no sufrieron las mismas conse­cuencias. Los préstamos privilegiados dentro de estos grupos no fueron cancelados y contribuyeron significativamente a la crisis financiera de 1994. Las medidas económicas pusieron nuevamente en una situación de privilegio a la fracción de la burguesía comercial importadora, así como la liberalización de las tasas de interés dio al sector bancario una posición dominante en el proceso de acumulación. Al disminuir o desaparecer los incentivos financieros de tasas de interés y carteras de crédito preferenciales para los sectores agrícola e industrial, estos dejaron de ser rentables y se volcaron recursos productivos hacia la especulación financiera y cambiaria en un contexto de sobrevaluación de la moneda nacional.
Uno de los elementos centrales de la apertura económica fue la apertura petrolera, que significó el regreso de las compañías trans­nacionales petroleras y una progresiva reprivatización de la industria petrolera nacional, y, de hecho, la disminución del poder del Estado para controlar su propia industria y la caída de los ingresos fiscales provenientes de la exportación de petróleo. Dos expertos en análisis petrolero, con distinta orientación, afirman sobre este período: “hoy en día, el objetivo central es la expansión de la actividad, de acuerdo con nuestra base de reservas y bajos costos de producción, a expensas de la participación fiscal por barril” (Espinasa, 1997: 538) y “como parte de la Apertura de la economía venezolana al mundo exterior en general, PDVSA fue encargada de la Apertura Petrolera” (Mommer, 2003a: 6).
De esta forma, junto con el proceso de extranjerización de la in­dustria y otros sectores económicos, el capital extranjero afianza su pa­pel dominante dentro de la economía. Este proceso se completará con la venta de bancos estatizados y privados al capital extranjero después de la crisis bancaria de 1994, que fue el mecanismo a través del cual se concretó otra transferencia masiva de ingresos hacia los sectores domi­nantes. Esta crisis bancaria aceleró la fuga de capitales que llevó a im­poner un nuevo control de cambios en 1994, y en 1996 un nuevo ajuste estructural –híbrido en este caso– bajo el nombre de Agenda Venezuela, que no logró estabilizar la economía ni reducir la inflación ni la caída de los salarios reales sino que, por el contrario, agudizó las consecuen­cias negativas, especialmente para los asalariados.
Desde la perspectiva del mundo del trabajo puede afirmarse que las políticas económicas de los 90 contribuyeron al disciplinamien­to de los asalariados y que, en gran medida, el plan de ajuste estructu­ral de la economía no logró los objetivos buscados y se transformó en ajuste del mercado laboral. Multiplicidad de fragmentos del mercado de trabajo con trabajadores sin posibilidad de actuación colectiva, flexi­bilización externa y desregulación de hecho, caída y creciente desigual­dad de ingresos, retroceso en el proceso de salarización, aumento del cuentapropismo, ruptura de la seguridad laboral, ineficiente o inexis­tente seguridad social, incremento del desempleo de larga duración, feminización del mercado de trabajo, creciente número de jóvenes en peligro de exclusión, pérdida de identidad y ruptura subjetiva con el mundo del trabajo aparecen como elementos determinantes de los cambios en el mercado laboral que, en definitiva, pueden caracterizarse como situaciones de vulnerabilidad y exclusión laboral y, por lo tanto, de vulnerabilidad y exclusión social. En este sentido, no puede hablar­se exclusivamente de ocupados y desocupados, formales e informales, pobres y no pobres, sino de diversas dinámicas de fragmentación social que configuran grupos laborales y sociales diferenciados, gran parte de los cuales serán los protagonistas de los cambios que se inician a fines de los noventa (Cariola y Lacabana, 2003).
Como consecuencia de este desfavorable desempeño del mercado de trabajo, la pobreza no sólo se extendió sino que se intensificó y se vol­vió más heterogénea. Hay más pobres. Los que ya lo eran son aún más pobres, y parte de los sectores medios se incorporaron como nuevos po­bres. Además, la desigualdad social se hizo más intensa y los niveles de ex­clusión alcanzaron grados inusitados para un país rentista. Esta exclusión no sólo es económica sino social, política y simbólica. Las elites habían actuado al margen de los sectores populares, dejándolos fuera de todo mecanismo de integración social y política (Cariola y Lacabana, 2005b).
Los sucesivos ajustes que se implementaron tuvieron un alto costo social, pero no lograron los objetivos de estabilización macroeconómica planteados sino que, por el contrario, los resultados mostraron un com­portamiento inverso al esperado y desarticularon buena parte del siste­ma de dominación, reduciendo su poder legitimador (Carvallo, 1991). Lo que sí lograron fue que la población se radicalizara y desconfiara aún más de los partidos y líderes políticos y del modelo económico neoli­beral, a la vez que se ampliaban las expectativas de una “oferta política más comprometida con el cambio sociopolítico” (Patruyo, 2005: 378). La visión policlasista de las instituciones públicas, así como el imagina­rio policlasista, tendían a desaparecer (Buxton, 2003; Márquez, 2003). Si a esto le sumamos la caída de los precios del petróleo, que en 1998 llegó a cotizarse por debajo de los $10, la opción para la ruptura del modelo de dominación vigente estaba servida. Con el proceso electoral de 1998, el sentido de la lucha hegemónica cambia y toma un nuevo rumbo, que se agudizará con el resultado de la elección presidencial de diciembre de ese año: una abrumadora mayoría obtenida por Hugo Chávez, apoyado en un movimiento emergente y algunos partidos tradi­cionales de izquierda y, fundamentalmente, con un discurso anti-neoli­beral, que rescataba para los sectores populares un imaginario de inclu­sión política, social y económica perdido en las décadas anteriores.

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