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Numero: 62 fecha: Mayo-Junio 1994 titulo de la revista: Chiapas y la Cuestión Indígena indice analitico: Tenencia de la Tierra en Chiapas autor: Ma. Eugenia Reyes Ramos [*], Alvaro F



NUMERO: 62

FECHA: Mayo-Junio 1994

TITULO DE LA REVISTA: Chiapas y la Cuestión Indígena

INDICE ANALITICO: Tenencia de la Tierra en Chiapas

AUTOR: Ma. Eugenia Reyes Ramos [*], Alvaro F. López Lara [**]

TITULO: Historia de la Política Agraria en Chiapas: El Conflicto por la Tierra

ABSTRACT:


Desprovistos de una visión de largo plazo, circunscritos a los lineamientos de la política agraria nacional y comprometidos en una alianza histórica con los finqueros, los gobernadores de Chiapas no han podido conducir una política agraria de fondo y se han concretado a dar respuestas de corto plazo a los conflictos agrarios manifiestos. Por ello, la política agraria de los gobiernos recientes, se puede calificar como una política agraria reactiva.
TEXTO:
El vértigo de la Revolución
En Chiapas la Revolución Mexicana de 1910, a diferencia de otras regiones del país, no fue un movimiento armado protagonizado por las masas campesinas reivindicando su derecho a la tierra. Por el contrario, el conflicto armado nacional fue el marco en el que se desarrollaron nuevas alianzas entre los dos grandes grupos terratenientes del estado, tradicionalmente enfrentados en su lucha por el poder: por un lado el grupo conservador localizado en la zona de los Altos de Chiapas y por el otro el grupo modernizador de la zona de los Valles Centrales.
Para ambos grupos, la Revolución venía a significar una amenaza a sus privilegios tanto económicos como políticos, al atentar contra la base de esos privilegios: la tierra.
La Revolución iniciada en 1910, prácticamente no impactó la situación local, sino hasta el año de 1914 cuando las fuerzas armadas carrancistas, al mando del General Jesús Castro, reciben el poder ejecutivo estatal. Dentro de las primeras acciones de este gobierno, se encuentra la promulgación de la Ley de Obreros, que entre otras cosas, estableció el salario mínimo, abolió la servidumbre, la tienda de raya y las deudas que hubieren contraído los sirvientes. [1] En materia agraria, el General Castro, dentro del marco de la Ley del 6 de enero de 1915, giró la Circular No. 2 con la que se acordó la expropiación de los terrenos ejidales de los pueblos del estado que lo solicitaran.
Ante estos hechos, los grupos terratenientes del estado mediante la firma del Acta de Cangui en 1914, pactaron una alianza que los llevó a organizar la lucha armada en el estado en contra del gobierno central: la contrarrevolución. Movimiento que fue apoyado por grupos de peones acasillados, en defensa de la finca que hasta ese momento había sido el único medio de sustento conocido y por diversos grupos de la sociedad civil amenazados por diversas medidas promulgadas por la representación del gobierno carrancista (expropiación de los bienes del clero en el estado, prohibición del servicio religioso y clausura de conventos, ley de divorcio).
Tras el asesinato del presidente Carranza, el nuevo gobierno se planteó como necesidad la pacificación del estado y por tanto el pacto con los grupos contrarrevolucionarios. Así, en 1920, el General Tiburcio Fernández (terrateniente y Jefe de la contrarrevolución de la zona del Grijalva) fue nombrado gobernador de la entidad.
Es por eso que en Chiapas, los agentes sociales encargados por el gobierno federal de promover el reparto de tierras en la entidad, durante el período posrevolucionario, provienen de la misma clase dominante, es decir terratenientes que potencialmente deberían ser afectados por la nueva política social. Y esto fue así, porque la revolución en el estado, asumió la forma de un proceso contrarrevolucionario que permitió a la clase gobernante su permanencia en el poder y en materia agraria, la puesta en marcha de una serie de medidas que obstaculizarían el reparto agrario.
La Ley Agraria que se promulga en el estado en 1921 establece que sería considerado como latifundio aquella "extensión de terreno que exceda de ocho mil hectáreas, poseídas por una persona o sociedad que tenga capacidad legal para adquirir el dominio". [2] Así mismo se permitía a los propietarios la venta o fraccionamiento de sus terrenos y la conservación de los terrenos por ellos elegidos. Dentro de esta Ley, tiene particular importancia el hecho de que la afectación de tierras, no se contemplaba ejecutar por medio de la expropiación, sino mediante indemnización a los propietarios afectados y para tal efecto fueron creados "los bonos de la deuda agraria del Estado". El espíritu de la Ley estaba lejos de significar una reforma social de envergadura para las clases desposeídas de la entidad, por el contrario fue un intento de limitar en forma considerable el acceso a la tierra de los grupos solicitantes y al mismo tiempo de conservación de la propiedad terrateniente.
En la primera década del siglo, se decretaron tan sólo seis mandatos gubernamentales en la entidad, que sin embargo no fueron ejecutados sino varios años después. Los casos son: 1) con fecha de 1917, al Poblado de Tapachula se le deberían entregar por la vía de la restitución, 3,957 hectáreas; 2) en 1918, una dotación al poblado de Arriaga de 1,998 hectáreas; 3) en 1918, por la vía de la dotación, 2,766 hectáreas al poblado de Bellavista; 4) en 1918 se otorgaron por dotación 2,876 hectáreas al poblado de Piedra Labrada; 5) por dotación, el poblado del Triunfo, debía recibir 1,000 hectáreas y 6) en 1919, el poblado Francisco I. Madero obtuvo un mandato gubernamental de dotación de 660 hectáreas. Estos seis mandatos se ejecutaron entre 1921 y 1959. En la década siguiente, se ejecutaron 30 dotaciones de tierra por 45,205 hectáreas que beneficiaron a 4,966 beneficiarios y 1 ampliación por 1,402 hectáreas para 60 beneficiarios. (ver Cuadro)
Cuadro. El Reparto de Tierras en Chiapas. 1920-1984[H-]
Durante el período posrevolucionario, una serie de factores confluyen en restringir el reparto agrario: la falta de "voluntad política" del gobierno estatal que por supuesto se enmarca dentro de la misma tónica del gobierno federal, la ausencia de un fuerte movimiento campesino que demandara sus derechos sobre la tierra, los límites que la propia legislación federal y estatal impusieron a los solicitantes de tierra, como el hecho de excluir a los peones acasillados del derecho de demandar tierras de las haciendas donde laboraban. [3]
Esta restricción fue eliminada con las modificaciones al Código Agrario de 1934, sin embargo, otras medidas del gobierno estatal tendieron a hacer permanecer la situación de privilegio en la posesión de la tierra, mediante otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el año de 1935, el gobernador en turno, Victórico R. Grajales emitió el Decreto No. 43, la Ley que fija la extensión máxima de la propiedad rural en el estado y establece el fraccionamiento de las tierras excedentes. Y aunque esta Ley restringió en forma considerable la extensión de la propiedad privada, según el tipo de tierras que se poseyeran, permitió la conservación de "la extensión necesaria" cuando las tierras se dedicaran a la siembra de la caña, café, plátano, o a la cría de ganado vacuno, caballar o lanar. Esta situación de excepción, fue de suma importancia para los finqueros chiapanecos, pues a finales del siglo pasado migrantes españoles, alemanes, norteamericanos e incluso japoneses establecieron plantaciones de café, desarrollando una economía de monocultivo para la exportación, en torno a la cual giraba la fuerza de trabajo, la organización social de la producción, las relaciones de dominio y sobre todo la propiedad. Así la producción del café se convirtió en una garantía y un medio para conservar la propiedad y permitir su concentración.
El agrarismo cardenista
Con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se realizan algunas reformas sociales que indudablemente contribuyeron a crear nuevas condiciones en las relaciones sociales entre los actores sociales inmersos en la problemática agraria. Por un lado, por primera vez en Chiapas se efectúan importantes expropiaciones de tierra en la zona del Soconusco a grandes propietarios extranjeros, como fue el caso de los alemanes (familias como la Brawn, Leshier, Luttman, Kahle, Reincker), españoles (como Carriles y Cía., Bruno García), japoneses (Kohashi, Kishimoto) y decenas de propietarios mexicanos.
También se gestan procesos organizativos, dentro de la política de masas del cardenismo, que dan paso a organizaciones corporativas estatales (Confederación Campesina de Chiapas y Confederación obrera de Chiapas) las cuales, junto a otras organizaciones gestadas en la década anterior, promueven un fuerte movimiento sindical. Se promueve, desde el Estado, movimientos de trabajadores agrícolas que devienen en luchas por la obtención de la tierra (movimientos en las plantaciones cafetaleras del Soconusco).
En materia agraria, es de suma importancia el reconocimiento de los peones acasillados como actores sociales demandantes de tierra, ya que como se ha señalado, la fuerza de trabajo chiapaneca estaba representada en su gran mayoría precisamente por los peones acasillados.
Y sin embargo, en términos cuantitativos el reparto de tierras, no es relevante ni dentro del contexto nacional, ni dentro del estatal. (Ver Cuadro). La explicación reside en el hecho de que las afectaciones de tierra y el reparto agrario se concentró en estos años en dos zonas en particular: la zona del Soconusco y la zona de la Costa. Zonas en las que se concentraba la propiedad extranjera, las plantaciones de café y un fuerte movimiento sindical representado por organizaciones como el Partido Socialista del Soconusco.
Fuera de las zonas mencionadas, la tenencia de la tierra en la entidad quedó prácticamente intacta. Las vastas regiones de población indígenas, por ejemplo, no fueron foco de atención en cuanto a la tierra, la política cardenista se preocupó más por lograr, por un lado, la incorporación de las etnias a la cultura nacional y por otra, de mediar en las relaciones laborales. Para tal efecto creó el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena con el que se pretendía hacer que los patrones cumplieran con la legislación laboral al contratar la fuerza de trabajo indígena. asesorar a las organizaciones en la tramitación de dotaciones y en especial "... el fomento y establecimiento de colonias agrarias de población blanca y mestiza en las zonas colindantes con las comunidades indígenas, a fin de que estos movimientos migratorios faciliten la asimilación del indio a la cultura y el idioma". [4] También se creó el Sindicato de Trabajadores Indígenas cuyo objetivo se centró en lograr la protección del trabajador indígena de las zonas tzotziles y tzeltales, de las infrahumanas condiciones de contratación, mediante el "enganche", en las plantaciones de café y madera.
En la década 1930-1939, se ejecutaron 173 dotaciones que amparaban 277,175 hectáreas para beneficiar a un total de 19,583 solicitantes de tierra y 6 ampliaciones de 13,179 hectáreas para beneficio de 1,035 campesinos.
El reparto marginal
En realidad el reparto masivo de tierras en el estado, se puede identificar como política agraria estatal a partir de los años cuarentas. En términos cuantitativos el reparto es sumamente significativo desde 1940 y hasta 1970 (ver Cuadro). Etapa en la que dentro del panorama nacional agrario, Chiapas ocupó uno de los primeros lugares en cuanto a reparto de tierras. En estos años. los márgenes de maniobra del gobierno estatal fueron prácticamente ilimitados, en tanto que se contó con una gran cantidad de terrenos nacionales (5 millones de hectáreas en 1940) y una escasa población rural (según el Censo de Población de 1930, existían en el estado 529,983 habitantes, lo cual significaba 7.12 habitantes por kilómetro cuadrado). Ante esta situación, y encumbradas las clases dominantes en el gobierno estatal, el sustento de la política agraria (salvo el período cardenista) no se basó en la afectación de tierras a los grupos terratenientes, sino en la utilización de los terrenos nacionales con fines de reparto agrario que fomentara la colonización de las tierras vírgenes y baldías de la entidad.
A partir de 1940, la política agrícola estatal privilegió el objetivo de lograr la ampliación de la frontera agrícola, hasta ese momento sumamente restringida, y para lograr tal fin se realizaron diversos mecanismos como fue la promoción para la ocupación de las tierras ociosas, la apertura de vías de comunicación, utilización de los terrenos nacionales tanto con fines de reparto agrario (uso social) como para la promoción de la colonización por particulares (uso privado).
Dentro del marco de la legislación federal, con la Ley Federal de Colonización de 1926, de 1946 y la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías de 1950, el gobierno de Chiapas promovió la colonización de terrenos nacionales, por parte de particulares, los llamados nacionaleros. Así es como, el estado de Chiapas ha llegado a ocupar el segundo lugar a nivel nacional en la ocupación de terrenos nacionales por particulares con 17,171 hectáreas tituladas y 486,231 hectáreas por titular. Dicha ocupación ha tenido relevancia en la zona de la Frailesca, en particular en municipios como Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozábal, La Concordia y Villa Flores.
En cuanto al reparto agrario, a partir de los años cuarentas, pero en especial en la década 1950-59 el reparto de tierras crece significativamente respecto a los períodos anteriores (ver Cuadro) y aunque abarca casi la totalidad del estado, se tiende a concentrar en la zona de la Selva y la zona Fronteriza, concretamente en municipios como Comitán, Margaritas, Trinitaria, Altamirano, Chicomuselo, Ocosingo, Palenque, Tila, Chilón y Salto de Agua.
Como es posible observar, la política agraria en estos años se centró en la colonización de tierras. Por lo que, la reforma agraria en la entidad al ser confundida con una política de colonización, bien pudiera caracterizarse como una reforma agraria de tipo marginal, en tanto que no tendió a modificaciones radicales de la estructura agraria chiapaneca y de las formas de dominación tradicionales, sino más bien a mantener el status quo de los grupos dominantes mediante el reparto marginal de tierras. [5]
La crisis del modelo agrario
Al iniciar la década de los setentas, emergió con claridad una verdadera catástrofe en las relaciones de propiedad agraria. Confluyeron a su gestación, el crecimiento acelerado de la población agraria que creció a tasas superiores a la media nacional 3.6%, el burocratismo en los trámites agrarios y el agotamiento del mecanismo "restitución-dotación", el avance depredador e incontenible de la ganadería extensiva hacia zonas de cultivo de las comunidades y el impacto de la construcción de presas hidroeléctricas.
De manera abigarrada, se articularon conflictivamente, factores de disolución de las relaciones agrarias, con impulsos de un proyecto de modernización concebido por el gobernador Manuel Velasco Suárez (1970-1976). Los efectos en el mediano plazo pueden ser visualizados con la paradoja que se reproduce en otras latitudes; en Chiapas se dio paso a la modernización de lo arcaico y a la arcaización de lo moderno. La modernización impuesta, a través de los proyectos federales de construcción de infraestructura, que tuvieron como propósito incorporar a Chiapas a la economía nacional, por medio de la construcción de carreteras, presas y centrales hidroeléctricas, explotación del petróleo o ampliando la red de comercialización oficial con la construcción de bodegas de Conasupo e Inmecafe o bien extendiendo la influencia de las agencias de desarrollo rural, ni benefició a los pueblos indígenas que continuaron anclados a las "regiones de refugio", ni fortaleció las capacidades innovadoras y dirigentes de la clase rural (¿o estamento?) de finqueros, cuyas formas de trabajo y explotación siguieron dependiendo de la ganadería extensiva, los cultivos de plantación o el coyotaje comercial. De ahí la subsistencia de relaciones agrarias como el peonaje acasillado en las fincas de café en Simojovel, el enganche de mano de obra, la acción de atajadores y coyotes, y la condición de extrema pobreza de las comunidades indígenas.
En ese ambiente aparecieron los "nuevos conflictos agrarios", resultantes de la modernización. Como la lucha de las comunidades indígenas afectadas por el embalse de las presas para las cuales no se plantean soluciones viables de reacomodo o la resistencia a la expansión ganadera que avanzó sobre zonas en las que se cultivaba maíz, café o cacao, tales como Huitiupán, Tecpatan o Tapilula, aunque también pronunció su avance hacia el territorio de la selva lacandona. Estos "factores estructurales", estuvieron acicateados por la emergencia de un vigoroso proceso de organización y lucha campesina, que pasa a ocupar la escena política de Chiapas. Surgen tres tendencias, la tendencia del Congreso Indígena, celebrado en San Cristóbal de las Casas en 1974, en 1976 en la zona de la Frailesca se forma la Alianza Campesina 10 de abril y en el municipio de Venustiano Carranza cobra fuerza la lucha por la recuperación del patrimonio comunal.
Comprometido con un proyecto modernizador, limitado por la alianza política con las clases rurales dominantes y presionado por el movimiento campesino organizado y espontáneo, el gobernador Velasco Suárez puso en marcha una política agraria que tuvo como rasgo preferente. el recurso de la Colonización a través de la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE). Una variante de la colonización dirigida, que se orientó hacia la zona selvática de "Marqués de Comillas", con la consigna de crear diez poblados de quinientas familias cada uno. Dicha Colonización. contemplada en la Ley de Reforma Agraria. proporcionó un expediente provisional para aminorar la conflictividad agraria en las regiones de los Altos, Norte, Costa y Valles Centrales, ya que la reubicación en la selva, se convertiría paulatinamente en un éxodo masivo de solicitantes y campesinos que continuaron los "desplazamientos históricos", lo cual dio lugar a la configuración de una microsociedad de migrantes con una identidad étnica muy diferenciada, en la que comenzaron a relacionarse tzotziles, zoques, tzeltales, choles, tojolabales y campesinos traídos de otros estados como Guerrero y Veracruz.
No obstante, el programa de Colonización Ejidal, fue obstruido por la publicación del decreto del 6 de marzo de 1972, por el cual se titulan 614 mil 312 hectáreas a 66 jefes de familia lacandones, dejando sin derechos a cuatro mil jefes de familia tzeltales y choles, que se habían apropiado del espacio productivo. Dicho decreto reflejaba las inconsistencias de una política de colonización ejidal, atrapada entre la necesidad de proteger la reserva ecológica, dar satisfacción a la demanda campesina y permitir la explotación de la madera a la Compañía Forestal Lacandona. Aún así, la formación de NCPE continuó gracias a la presión del movimiento étnico y campesino, implantado por tendencias de izquierda como Línea Proletaria. Para 1984 se habían creado, en el municipio de Ocosingo, 14 NCPE y existían 4 resoluciones de NCPE sin ejecutar.
Durante el gobierno de Velasco Suárez, también se instrumentaron programas de carácter nacional como el Programa Nacional de Regularización de Derechos Agrarios Individuales y Expedición Masiva de Certificados de Derechos Agrarios, el Programa Nacional de Investigación de Campo y Terrenos Nacionales, el Programa de Consolidación y Apoyo de la Colectivización Ejidal. En 1975 instaló en la entidad el Comité Tripartita Agrario Estatal. creado incentivar la producción agropecuaria y solucionar los problemas de posesión y tenencia de la tierra.
En el miniperíodo de gobierno de Jorge de la Vega Domínguez (1976-1977), se anunció el fin del reparto de tierras en el estado y se condenó categóricamente la serie de invasiones agrarias, cada vez más frecuentes, como "actos al margen de la Ley. En consonancia con la política agraria del presidente José López Portillo, el gobernador de la Vega definió el problema agrario en los siguientes términos: "(...) repartiremos progresivamente todo lo repartible, pero aún así los campesinos beneficiados serán una mínima parte de los solicitantes (...) la solución de fondo cada vez se aleja más del reparto y se acerca a la urgencia de hacer producir más lo repartido y crear fuentes de trabajo en otras actividades". [6]
Si bien se prosiguió con el desahogo de expedientes que amparaban la creación de NCPE, estas acciones agrarias no fueron otra cosa que el cumplimiento de compromisos heredados de la anterior gubernatura o bien respuestas inmediatas a la reubicación de solicitantes e invasores de tierras.
En medio de la inestabilidad política provocada por el relevo de equipos de gobierno, el problema agrario en Chiapas se agravó a causa de la proliferación de invasiones agrarias. El gobernador Salomón González Blanco, cuyo mandato duró de 1977-1979, padeció los efectos de una pertinaz agitación campesina, provocada por el "hambre de tierra".
De ahí que el gobernador Juan Sabines (1977-1982) probara una vía de atención a los problemas agrarios, mediante el recurso de la compra de tierras a propietarios privados. para ser adjudicada a campesinos solicitantes. A falta de un discurso agrarista consistente, la compra de tierras se utilizó como una solución pragmática a los conflictos agrarios: en 1981 se habían invertido 262 millones de pesos en la compra de tierras. Este mecanismo se utilizó en casos como la formación de las comunidades de Nueva Jerusalén y Betania, que se crearon por la compra de tierras para los protestantes expulsados de San Juan Chamula. Al parecer la compra de tierras tuvo consecuencias no esperadas, pues alentó las expectativas de grupos de solicitantes e invasores posesionados, que exigieron la compra de la tierra en disputa. Creó un ambiente de inseguridad en la tenencia de la tierra y estimuló actos de corrupción. [7]
Las tribulaciones de la política agraria
Bajo la gubernatura de Absalón Castellanos, el Programa de Rehabilitación Agraria, continuó esencialmente, la práctica de solucionar los conflictos recurriendo a la compra de tierras tomadas por los campesinos de las distintas organizaciones (como la CIOAC, OCEZ, CNC, UNTA, CCI, Unión de Uniones) para incorporarlas al régimen ejidal. El PRA, en tanto una estrategia de corto plazo a la solución del conflicto agrario, fue un canal político-administrativo para dividir y enfrentar a las organizaciones campesinas, pues los predios que se encontraban tomados por organizaciones independientes como la CIOAC y la OCEZ, fueron adquiridos y adjudicados a otras organizaciones, de esa manera se provocaron enfrentamientos violentos.
El PRA tuvo que ser interrumpido en el año de 1987, debido a la falta de recursos y a dificultades en su aplicación. Detrás de sí dejó una secuela de enfrentamientos intercampesinos, corrupción de agencias públicas y actos oportunistas de propietarios, que promovieron invasiones en sus predios para ser recompensados con indemnizaciones exorbitantes.
Según el balance hecho por el subdelegado de programas operativos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el año de 1987, se benefició a un total de 159 poblados. al repartirse 533 predios, con una superficie total de 80 mil 435 has. entre 9,283 familias. [8] La mayor cantidad de hectáreas fueron entregadas en los municipios en donde la agitación campesina llegó a niveles críticos. Como Bochil en donde se repartieron 6,383 hectáreas, Simojovel 8,217 hectáreas, Tonalá 5,070 hectáreas, Ocosingo 5, 723 hectáreas y Venustiano Carranza 6,097 hectáreas.
Había sin duda, un trasfondo político en el programa, pues la distribución de predios entre organizaciones, no se correspondió con el grado de influencia y penetración de las organizaciones campesinas en las regiones, sino que obedeció al propósito de revitalizar a la CNC. atrayendo a los solicitantes sin organización. En total se asignaron 332 predios a campesinos que no pertenecían a organización alguna, 129 a la CNC, 21 a la CIOAC, 5 a la UNTA, 4 a la CNPA, 1 a la CCI y 1 a la Unión de Uniones.
Los saldos del PRA, no fueron muy convincentes, ya que las invasiones agrarias y los conflictos intercampesinos aumentaron. En 1983 existían 203 predios invadidos y al finalizar el gobierno de Castellanos Domínguez, en 1988, esta cifra había llegado a las 428 invasiones de tierra.
En el año de 1989 la nueva administración de gobierno a cargo de Patrocinio González Garrido, en consonancia con la estrategia de Modernización del Campo, se propuso enfrentar los problemas de regularización de predios y agilizar las resoluciones presidenciales pendientes de ejecutar, como una vía para abatir el rezago agrario. La propuesta de gobierno tomó como factor central la fórmula de la Concertación agraria. A través de la Subdelegación de Concertación Agraria en zonas indígenas, se entró en contacto con las comunidades en conflicto, para pactar condiciones de solución a los problemas agrarios, que en algunos casos no se podían atender con los procedimientos agrarios vigentes, como era el caso de las copropiedades o copropiedades mancomunadas, entre las comunidades indígenas y los pequeños propietarios.
El Programa de Concertación Agraria, se concibió como un programa con una duración determinada y un propósito bien establecido: atender ocho casos agrarios considerados como prioritarios. En la mayoría de los casos, la solución del gobierno estatal se encaminó hacia la compra de tierra. Con la comunidad de Venustiano Carranza se acordó la adquisición de 3,184, a los comuneros de Nicolás Ruiz se les compraron 505 hectáreas, al poblado de Guadalupe Victoria 387 hectáreas, al Barrio Tzola Tiaquil 314 hectáreas, al Carrizal 261 hectáreas, al poblado San Juan Chamula 1,900 hectáreas, la comunidad de Villa Corzo 100 hectáreas y con el poblado Unión Calera se concertó la ejecución de una resolución presidencial sobre 3,938 hectáreas. Es evidente que el problema agrario en la entidad no se restringía a estos ocho casos prioritarios, tenía dimensiones mayores. Por ello, para aliviar el rezago agrario, hasta el año de 1990 ya se habían entregado 10,316 hectáreas en siete municipios, a seis organizaciones campesinas. Los municipios fueron, Venustiano Carranza (4,938 has.), Villa Corzo (2,180 has.), Palenque (1,000 has.), Ocosingo (905), San Lucas (600 has.), Margaritas (379 has.) y Chilón (314 has.). Respecto a las organizaciones beneficiadas, en orden de importancia, se encontraban OCEZ, CNC, UGOCEP, CNPI, SOCAMA y por último la CIOAC.
Desprovistos de una visión de largo plazo, circunscritos a los lineamientos de la política agraria nacional y comprometidos en una alianza histórica con los finqueros, los gobernadores de Chiapas no han podido conducir una política agraria de fondo y se han concretado a dar respuestas de corto plazo a los conflictos agrarios manifiestos. Por ello, la política agraria de los gobiernos recientes, se puede calificar como una política agraria reactiva. Tal como lo demuestran las experiencias de dos programas agrarios, el Programa de Rehabilitación Agraria y el Programa de Concertación Agraria, es evidente que no se pueden seguir aplicando soluciones parciales, a problemas ancestrales de tenencia de la tierra.
CITAS:
[*] Profesora-Investigadora del Depto. de Sociología, UAM-X.
[**] Profesor-Investigador del Depto. de Sociología, UAM-X.
[1] Tuxtla Gutiérrez. Chis., Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Ley de Obreros t. XXI, núm. 104, octubre 31 de 1914.
[2] Tuxtla Gutiérrez, Chis., Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Ley Agraria del Estado de Chiapas, t. XXXVIII, núm. 44. 2 de noviembre de 1921.
[3] En 1910, los propietarios rurales individuales en Chiapas, representaban el 4% y los jefes de familia sin propiedad agrícola el 96%. Respecto a la población agrícola, los peones representaban el 92.8%. Es decir, que la economía del estado se sustentaba en una fuerza de trabajo desposeída de los medios de producción. Ver Aguilera, Manuel, La reforma agraria en el desarrollo económico de México. México, Instituto de Investigaciones Económicas, 1969.
[4] Tuxtla Gutiérrez, Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Reglamento del Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena, t. LI, núm. 23, 8 junio de 1934.
[5] "(las reformas agrarias marginales)..., no apuntan hacia la ruptura del monopolio señorial sobre la tierra o hacia la transformación fundamental de las estructuras latifundistas, sino a la reparación superficial de esas estructuras, desviando la presión campesina a la presión nacional sobre la tierra...", García, Antonio, Reforma Agraria y dominación social en América Latina, Buenos Aires. Ed. Siap, 1973. p. 207.
[6] De la Vega Domínguez, Jorge, Primer Informe de Gobierno, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 1977. p. 20.
[7] Según el informe de la Subdelegación de Concertación Agraria en Chiapas: "Las compras de terrenos fueron apresuradas y con frecuencia fraudulentas. Se compraron terrenos nacionales, y en muchos casos se pagó por tierras que ya habían sido afectadas por resoluciones presidenciales. Hubo abundantes casos en que se adquirieron predios para un grupo y ya habían otros campesinos en posesión de los mismos, la valoración de las tierras se hizo muy por encima de su precio real, o en el mejor de los casos de acuerdo con los mayores o menores grados de amistad entre propietarios SRA, Subdelegación de Concertación Agraria en Zonas Indígenas, Tuxtla Gutiérrez, octubre de 1989.
[8] Al distrito norte se le entregó 20,575 hectáreas, al distrito chol-tzeltal, 8,650 hectáreas, al distrito centro, 21,629 hectáreas, al distrito Fraylesca, 6,332 hectáreas, al distrito costa, 14,023 hectáreas y al distrito fronterizo, 9,224 hectáreas, Secretaría General de Gobierno, Dirección General de Asuntos Agrarios, Programa de Rehabilitación Agraria, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 1987.

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