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Numero: 25 fecha: Septiembre-Octubre 1988 titulo de la revista: Proceso Electoral 1988 indice analitico: Aeroméxico autor: Ana María Conesa R. y Eduardo Larrañaga S. [*] Titulo: El Derecho de Huelga en Quiebra



NUMERO: 25

FECHA: Septiembre-Octubre 1988

TITULO DE LA REVISTA: Proceso Electoral 1988

INDICE ANALITICO: Aeroméxico

AUTOR: Ana María Conesa R. y Eduardo Larrañaga S. [*]

TITULO: El Derecho de Huelga en Quiebra

ABSTRACT:


En el ámbito de la legislación laboral, uno de los problemas más candentes es la falta de respeto por parte del Estado al derecho a la huelga en el sector de los servicios públicos. Ante el argumento de que se debe proteger el interés público y el derecho de los ciudadanos a recibir los servicios fundamentales, la sola posibilidad de suspensión de labores echa a andar la imaginación estatal para coartar este derecho. El caso de Aeronaves de México, S.A., es un claro ejemplo de lo anterior. Esta vez se recurrió a la normatividad mercantiles procedimiento de quiebra. [1]
TEXTO:
El conflicto
Ante la decisión de reestructuración administrativa adoptada en forma unilateral por la empresa, que implicaba en el corto plazo la venta de trece aviones, lo que dejaría sin empleo a 3,783 trabajadores; y en defensa de los derechos laborales de treinta trabajadores despedidos injustificadamente, entre otras violaciones al Contrato Colectivo de trabajo, el día 12 de abril de 1988, los 7,200 trabajadores de Aeroméxico deciden estallar la huelga.
Contrariamente a lo que se esperaba -por haber sido esa la tónica de actuación del Estado en los últimos años ante las huelgas en empresas dedicadas al servicio público- no se ordenó la requisa, argumentándose por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no era necesaria porque "no se pone en peligro la economía ni la seguridad nacional conforme lo prevé el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación". [2]
Una hora después de iniciado el movimiento, la empresa solicitó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaración de inexistencia de la huelga, argumentando que "las demandas del Sindicato se apoyan en suposiciones y no en hechos consumados". [3]
Los trabajadores declararon a los medios de comunicación no estar en contra de los planes de reestructuración de la empresa, la que desearían pudieran operar "por sí misma, sin subsidios del gobierno"; se oponían a que tal reorganización se realizara sin tomar en cuenta su opinión.
El 15 de abril, la empresa solicitó, ante el Juez Primero de lo Concursal, la declaración del estado de quiebra. La Secretaría de Comunicaciones declaró que la paraestatal se vio obligada a ello, pues la huelga laboral fue "la gota que derramó el vaso" [4] y rompió su precario equilibrio financiero. A las 72 horas de la presentación de dicha solicitud, el juez de lo concursal dictó sentencia declarando el estado de quiebra de Aeronaves de México S.A. de C.V., designando síndico para ese procedimiento al Banco Nacional de Obras y servicios Públicos. El dictamen del juez señala que "con fundamento en la evidencia y las pruebas presentadas por la administración de la empresa, su condición económica le impide seguir prestando el servicio de transporte aéreo que tenía concesionado" y se indica también que los trabajadores serán liquidados conforme a la ley. [5]
Ante la declaratoria de quiebra, los trabajadores informan su deseo de adquirir la empresa. Surgen también ofertas por parte de la iniciativa privada (Corporativo Regiomontano Protexa), así como del sector social (CTM-Congreso del Trabajo). El presidente de la Madrid, por su parte, declara: "México ya no puede darse el lujo de tener empresas deficitarias e ineficientes que constituyen una carga para la sociedad, por lo cual se exige que sigan adelante con sus programas de eficiencia y productividad e incluso de reestructuración radical, como en el caso del servicio aeronáutico nacional." [6]
Inmediatamente después de haber obtenido la declaración de quiebra, el síndico de ésta solicitó (el 21 de abril) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la terminación colectiva de las relaciones de trabajo y que, como consecuencia de ella, se proceda a la liquidación de los trabajadores. El fundamento de esta solicitud es la sentencia dictada por el juez de lo concursal, la que al decir de los trabajadores" el juez no ha dado a conocer al sindicato, ni la ha publicado en el Diario Oficial, ni en los periódicos de mayor circulación como se especifica en la ley". [7]
El Sindicato huelguista solicitó amparo contra la decisión de la JFCA de dar entrada a la demanda de terminación de las relaciones de trabajo con Aeroméxico, por considerar que ella es "totalmente improcedente y anticonstitucional, ya que la ley advierte con toda claridad que no podrá darse entrada a ningún conflicto mientras haya un estado de huelga", señaló el asesor sindical. [8] Asimismo, solicitó la nulidad de la notificación de dicha solicitud, en virtud de que no se acompañaba a ella sentencia de quiebra, misma que constituye el fundamento jurídico de la demanda de terminación. Es indignante -señalan- que el aviso de quiebra se haya dado a conocer a los medios de comunicación y a las autoridades antes que a los más afectados por esta resolución, es decir, a los 12,000 trabajadores de Aeroméxico quienes, además, son los principales acreedores de la empresa.
Después de algunos días de negociaciones cupulares entre las principales autoridades y el Congreso del Trabajo (organización que asumió verbalmente la defensa de los huelguistas y de la reestructuración concertada de la paraestatal, sometiéndose en definitiva a la decisión gubernamental) se declara el 26 de abril, 14 días después de estallada, la inexistencia de la huelga. Paralelamente a la notificación de inexistencia, el Gobierno Federal anuncia la creación de una nueva empresa nacional de transporte aéreo. Los tres contratos colectivos existentes desaparecen, se liquidará a todo el personal y se recontratará a algunos bajo una contratación "a prueba" por noventa días. Por su parte el Secretario de Trabajo informa a los dirigentes del sindicato huelguista que en las futuras negociaciones sobre el problema participarán como representantes de los tres sindicatos los dirigentes de ASPA, por ser "técnicamente los mejor preparados". [9] Así se materializó el planteamiento presidencial en tomo a la concertación y al diálogo como las vías indispensables para resolver los problemas generados por la crisis.
La declaratoria de inexistencia se pretende fundamentar, en este caso, en supuestas fallas de forma en el emplazamiento a huelga. "La asamblea de la cual emanó el acuerdo -dijo la Junta- sólo la convocaron el Secretario General, el de Trabajo y el de Prensa, siendo que los estatutos establecen que deberá hacerla todo el Comité Ejecutivo. A la misma asamblea no asistieron ni las dos terceras partes de los trabajadores de la Base México, ni se pudo determinar si hubo quórum, ni consta que se haya pasado lista de asistencia y tampoco que los acuerdos hayan sido aprobados por la mitad más uno de los trabajadores asistentes a la reunión". [10]
La Empresa
A raíz del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), el Estado se comprometió a reducir su gasto mediante un adelgazamiento forzado de su sector paraestatal. Haciendo a un lado el artículo 27 constitucional, que declara como "dominio directo de la Nación" al espacio aéreo, al Estado no le importó deshacerse de una compañía considerada como estratégica y prioritaria (a nuestro parecer, cabe en ambas clasificaciones constitucionales). Decimos estratégica, puesto que son de interés público los servicios de pasajeros, de carga y de correo que tenía a su cargo, además de la utilidad turística concomitante. Prioritaria por su importancia económica: en 1984 ocupaba la casilla número 17 dentro de las 500 empresas mas importantes del país; el valor de sus ventas ascendió, en el mismo año, a la cantidad de 74 mil 604 millones de pesos; ocupó el puesto 11 dentro de las 25 empresas con mayor incremento porcentual en capital contable; y estaba considerada como la octava empresa paraestatal en importancia, precisamente por el volumen de sus ventas. [11]
Para el año de 1985, Aeronaves de México estaba situada en el lugar 14 de las 500 empresas más importantes, o sea, tres lugares arriba con respecto al año anterior; el valor de sus ventas aumentó a 119 mil 612.7 millones de pesos, es decir 60.30 por ciento más que en el año de 1984; también en relación al año anterior, incrementó su capital social en un 473.80 por ciento; su capacidad de absorción de empleo disminuyó 1.30 por ciento, habiendo empleado a 11.548 trabajadores y fue considerada como la quinta empresa paraestatal más importante, por abajo de Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México, Altos Hornos de México y Compañía Mexicana de Aviación. [12]
Un último dato: en 1984, Aeroméxico exportó servicios de transporte aéreo (principalmente a Canadá y Estados Unidos) por una cantidad de 15 mil 725.3 millones de pesos. Por ello, ocupó el lugar número 12 dentro del cuadro de las 500 empresas exportadoras más relevantes. Sin embargo, esta compañía tuvo el segundo mayor déficit comercial del país -23 mil 381.7 millones de pesos tan sólo un escalón abajo de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO), a diferencia de la Compañía Mexicana de Aviación (también paraestatal), que ocupó el tercer lugar entre las empresas con mayor superávit: 49 mil 807.7 millones de pesos. [13]
Al margen de los problemas de deficiencia operativa que seguramente existieron en el manejo de la empresa, lo cierto es que la intención de deshacerse de la empresa tenía otra connotación: y a través de una quiebra artificial, el Estado aprovechó la coyuntura de la huelga para encubrir su acción reprivatizadora de la economía. El procedimiento de quiebra le permitió devaluar el capital societario y un ahorro sustancial en la liquidación (léase muerte) de los trabajadores: tres meses de salario y prima de antigüedad... La quiebra, en este caso, suplió a la requisa.
Una historia de concertación social
El desmantelamiento de Aeroméxico se preparó desde hace varios meses por parte del Gobierno Federal y de la administración de la paraestatal: suspensión de vuelos a tres capitales sudamericanas en septiembre de 1987 -denunciada por la ASPA- subrogando indebidamente sus derechos de tráfico a una empresa venezolana; abandono de las prioridades de servicio social con las que la empresa fue creada; inexplicables deficiencias en su administración; demanda de modificación de los contratos colectivos para reducir y eliminar prestaciones; campañas de intimidación contra los trabajadores, despidos, etc. De hecho, en noviembre del año pasado la empresa planteó a los sindicatos la necesidad de reestructurarla y éstos la aceptaron planteando como única condición que se les tomara en cuenta. Ante ello, la respuesta fue el silencio y la indiferencia empresariales. La decisión de vender varios aviones fue la expresión más clara de esta política de desmantelamiento. Que la medida ya se había adoptado, parece evidente; sin embargo, se aprovechó el estallamiento de huelga como pretexto para que el sindicato apareciera como principal culpable de la debacle financiera de la empresa Esta imagen fue groseramente manipulada por la generalidad de los medios de información. Los representantes de la iniciativa privada se apresuraron a apoyar la decisión de quiebra, la que consideraron refleja "realismo económico y seriedad jurídica".
La situación de la empresa-declararon- se debió "tanto a la ineficiente administración general como al peso de las conquistas laborales, pues mientras mayores sean éstas, más recursos económicos se merman a los ingresos". [14]
También se dijo que la decisión de quiebra fue "dolorosa, pero la mejor ante la situación de la propia empresa y la intransigencia de su sindicato". [15]
La ilegalidad legalizada
Ahora bien, ¿es jurídicamente posible la declaración de quiebra existiendo un estado de huelga?. En primer término, tenemos lo dispuesto por los artículos 448 y 902 de la ley laboral, que establecen que "el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y de las de las solicitudes que se presenten". Por otro lado, el artículo 924 dispone que "a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia (SIC) o desahucio en contra de la empresa o establecimiento..." También se ordena (Art. 453) que como efecto del emplazamiento el patrón queda como depositario de los bienes de la empresa "con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo". De las anteriores disposiciones se infiere que una vez iniciado el procedimiento de huelga, éste no podrá verse afectado o interferido por ningún otro procedimiento legal hasta en tanto el de huelga no se resuelva, y que el patrón carece de legitimación para ejercer cualquier acto de dominio sobre los bienes de la empresa.
A pesar de ello fue dictada la sentencia de quiebra y el siguiente paso que dieron las autoridades fue la solicitud ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dar por terminadas las relaciones de trabajo, fundamentándose en la fracción I del artículo 435 de la ley laboral, que menciona a la quiebra como causal de dicha terminación. Esta solicitud se debe ventilar mediante un procedimiento especial, sumarísimo, que se desahoga en una sola audiencia. Sin embargo, si atendemos al hecho de que la empresa aún se encontraba en estado de huelga y recordamos que la existencia de estado implica la prohibición de ejecutar sentencia alguna (Art. 924 de la ley del trabajo), entenderemos por qué representa una aberración jurídica más el veloz acuerdo de la Junta ordenando la liquidación de los trabajadores.
Violando lo dispuesto por el Art. 459, que señala limitativamente las causas por las que la huelga puede declararse inexistente, acude a absurdas razones en torno a la convocatoria y a la realización de la asamblea en la que se acordó la huelga. Es sorprendente que un hecho social de las magnitudes de éste se pretenda desaparecer del terreno jurídico mediante una casuística interpretación estatutaria que se contrapone a una innegable realidad, la decisión sindical mayoritaria que acordó estallar el movimiento de huelga. Los argumentos de la junta se convirtieron en superficiales razones "para salir del paso". La huelga se declara inexistente cuando la situación administrativa y laboral de la empresa ha sido "resuelta" -no en el sentido real, sino formal del término. Tal declaración simplemente le significa la llave para recibir las instalaciones de la empresa y reestructurarla -reconvertirla- como lo había planeado desde muchos meses atrás, sin planteamientos ni presiones laborales; los contratos colectivos producto de años de lucha y organización de los sindicatos, han desaparecido por obra y gracia de la ley. El Estado queda en libertad de decidir a quién contrata y a quién no, así como el período por el que lo hace len principio sólo noventa días). Inclusive, respecto de las liquidaciones, tiene la posibilidad de otorgarlas en forma sumamente conveniente para ella -tres meses y prima de antigüedad solamente, que es la que corresponde legalmente cuando la quiebra es la causa de la terminación. [17]
Como podrá observarse, la estrategia coactiva del Estado provoca la "legalización" de las luchas obreras. La organización obrera se ve inmersa en un juego jurídico obligado: los recursos de nulidad de actuaciones, los amparos, las contestaciones de demanda ocupan la energía obrera, desviándola de la acción política que cuestiona y puede trastocar el orden social establecido. La lucha de Aeroméxico no se inicia por una demanda meramente reivindicativa, sino por la defensa de la fuente de trabajo y por la participación obrera en su eventual reestructuración. Sin embargo, las posibilidades que esta lucha pudo tener se ven reducidas al final por una limitadísima defensa de las liquidaciones. Estamos frente a una excesiva normativización de los sectores sociales, que ahora rebasa nítidamente los marcos de la legislación laboral, fluyendo a otros cuerpos legales que tradicionalmente se habían ocupado de su objeto específico de aplicación. El derecho civil, el mercantil, el administrativo, invaden la materia laboral. En fin, desde hace mucho sabemos que la división del derecho en ramas públicas y privadas pasó a formar parte de arqueología del saber jurídico. Pero molesta que esta apreciación teórica sea impuesta por el autoritarismo del Estado.
CITAS:
[*] Departamento de Derecho de la UAM-A.
[1] Este recurso no es nuevo. Fue usado contra los trabajadores de Fundidora Monterrey en 1985.
[2] La Jornada, 13 de abril de 1988. El criterio del Estado es tan veleidoso que seis meses antes este mismo argumento sirvió para requisar la Compañía Mexicana de Aviación.
[3] Excélsior, 13 de abril de 1988.
[4] La Jornada, 18 de abril de 1988.
[5] Excélsior, 19 de abril de 1988.
[6] Excélsior, 19 de abril de 1988.
[7] La Jornada, 22 de abril de 1988.
[8] La Jornada, 23 de abril de 1988.
[9] Excélsior, 27 de abril de 1988.
[10] Excélsior, 27 de abril de 1988.
[11] Revista "Expansión. La revista de negocios de México", agosto 21, 1985, Vol. XVII, No. 422, pp. 96-162.
[12] Revista "Expansión. La revista de negocios de México", agosto 20, 1986, Vol. XVIII, No. 447, pp. 97-162.
[13] Revista "Expansión. La revista de negocios de México", octubre 2, 1986, Vol. XXVII, No. 425, pp. 45-78.
[14] Jorge Ocejo, Presidente de la Coparmex. La Jornada, 21 de abril de 1988.
[15] Arroyo Sanmartín, Presidente de Concamín. Excélsior, 17 de abril de 1988.
[16] La Jornada, 20 de abril de 1988. (FALTA LLAMADA EN EL TEXTO)
[17] Hasta el día 2 de mayo, en que concluimos la redacción de este trabajo, la negociación se reducía a definir si las liquidaciones de los trabajadores se deberían de hacer conforme a la Ley Federal del Trabajo (planteamiento del sindicato) o conforme a los contratos colectivos de trabajo.

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