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  • México - medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz Reclamación con respecto al arroz AB-2005-6

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    México medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz


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    Organización Mundial

    del Comercio







    WT/DS295/AB/R

    29 de noviembre de 2005






    (05-5638)










    Original: inglés


    México - medidas antidumping definitivas sobre la
    carne de bovino y el arroz

    Reclamación con respecto al arroz


    AB-2005-6


    Informe del Órgano de Apelación
    Índice

    Página


    II. Introducción 1

    1. México apela contra determinadas cuestiones de derecho y determinadas interpretaciones jurídicas desarrolladas en el informe del Grupo Especial en el asunto México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz; Reclamación con respecto al arroz (el "informe del Grupo Especial"). El Grupo Especial fue establecido para examinar una reclamación de los Estados Unidos relativa a la imposición por México de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de arroz blanco grano largo originarias de los Estados Unidos, así como algunas disposiciones de la ley de México relativas a los procedimientos sobre derechos antidumping y derechos compensatorios. 1

    2. El 2 de junio de 2000, el Consejo Mexicano del Arroz presentó una petición antidumping a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("SECOFI"), la autoridad investigadora de México en ese momento. La investigación fue iniciada en diciembre de 2000 por la Secretaría de Economía, que sucedió a la SECOFI como autoridad investigadora de México. El aviso de iniciación, una copia de la petición y de los documentos que la acompañaban y el cuestionario de la investigación se enviaron al Gobierno de los Estados Unidos y a los dos exportadores específicamente identificados en la petición como "exportadores", Producers Rice Mill, Inc. ("Producers Rice") y Riceland Foods, Inc. ("Riceland"). Otros dos exportadores, The Rice Company y Farmers Rice Milling Company ("Farmers Rice"), se presentaron después de la iniciación de la investigación y antes de la determinación preliminar y solicitaron ejemplares del cuestionario. 1

    3. El período de investigación para los fines de la determinación del dumping era del 1° de marzo al 31 de agosto de 1999. Para los fines de la determinación del daño, la Secretaría de Economía recogió datos correspondientes al período de marzo de 1997 a agosto de 1999, pero basó su análisis en los datos relativos al período del 1° de marzo al 31 de agosto de los años 1997, 1998 y 1999 y formuló su determinación definitiva positiva de daño el 5 de junio de 2002. La Secretaría de Economía constató que Farmers Rice y Riceland no habían incurrido en dumping durante el período de investigación e impuso en consecuencia un derecho del 0 por ciento a esos exportadores. Con respecto a The Rice Company, determinó un margen de dumping del 3,93 por ciento e impuso derechos de esa cuantía. Impuso también a los demás exportadores de la mercancía en cuestión de los Estados Unidos, incluido Producers Rice, un derecho del 10,18 por ciento, calculado sobre la base de los hechos de que se tenía conocimiento. 2

    4. Los Estados Unidos plantearon ante el Grupo Especial reclamaciones con respecto a la investigación antidumping de la Secretaría de Economía sobre el arroz blanco grano largo en las que alegaban que la determinación de dumping de la Secretaría de Economía era incompatible con el párrafo 2 del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el  "GATT de 1994"), así como con el artículo 1, el párrafo 8 del artículo 5, los párrafos 1, 2, 4, 6, 8 y 10 del artículo 6, los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 9, los párrafos 1 y 2 del artículo 12 y el Anexo II del Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"). Los Estados Unidos adujeron también que la determinación de existencia de daño de la Secretaría de Economía era incompatible con los párrafos 2 y 6 a) del artículo VI del GATT de 1994 y con el artículo 1, los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3, los párrafos 2 y 8 del artículo 6, el párrafo 2 del artículo 12 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. Adujeron asimismo que algunas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior de México y una disposición del Código Federal de Procedimientos Civiles son incompatibles en sí mismas con varias disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo SMC"). 3

    5. En el informe del Grupo Especial, distribuido a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (la "OMC") el 6 de junio de 2005, el Grupo Especial concluyó que: 3

    a) la determinación de dumping de la Secretaría de Economía es incompatible con el párrafo 8 del artículo 5, los párrafos 1, 8 y 10 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo 12 y los párrafos 1 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping; 3

    b) la determinación de la existencia de daño de la Secretaría de Economía es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping; 4

    c) el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible, en sí mismo, con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC; 4

    d) el artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible, en sí mismo, con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC; 4

    e) el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible, en sí mismo, con el párrafo 8 del artículo 5, el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC; 4

    f) el artículo 89D de la Ley de Comercio de Comercio Exterior es incompatible, en sí mismo, con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC; 4

    g) el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior es incompatible, en sí mismo, con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC; y 4

    h) los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior, leídos conjuntamente, son incompatibles, en sí mismos, con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 4

    6. El Grupo Especial concluyó también que los Estados Unidos no habían demostrado prima facie: i) que el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles es incompatible con los párrafos 3 y 5 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC; y ii) que los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior, leídos conjuntamente, son incompatibles con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. Con respecto a las restantes reclamaciones de los Estados Unidos, el Grupo Especial aplicó el principio de "economía procesal". En consecuencia, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") pidiera a México que pusiera sus medidas en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. 5

    7. El 20 de julio de 2005, México notificó al OSD su intención de apelar contra determinadas cuestiones de derecho incluidas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas expuestas por el Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD"), y presentó una notificación de apelación de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación (los "Procedimientos de trabajo"). Al inicio de la apelación, los participantes solicitaron que todas las comunicaciones escritas se pusieran a disposición de todos los participantes en inglés y en español. Tras consultas con los participantes, la Sección del Órgano de Apelación que conocía de la apelación preparó un plan de trabajo para la apelación, teniendo en cuenta los plazos necesarios para la traducción de las comunicaciones estimados por la División de Servicios Lingüísticos y Documentación de la OMC. Dado el tiempo requerido para la traducción de las comunicaciones, no fue posible distribuir el presente informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se presentó la notificación de apelación. Los participantes confirmaron por escrito su acuerdo en considerar que el informe del Órgano de Apelación en este procedimiento, emitido no más tarde del 29 de noviembre de 2005, es un informe del Órgano de Apelación distribuido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 17 del ESD. 5

    8. El 27 de julio de 2005, México presentó una comunicación del apelante. El 6 de septiembre de 2005, los Estados Unidos presentaron una comunicación del apelado. China y las Comunidades Europeas presentaron sendas comunicaciones de tercero participante el 29 de agosto de 2005. El 5 de octubre de 2005, Turquía notificó su intención de comparecer en la audiencia como tercero participante. 6

    9. El 4 de agosto de 2005, México envió a la Secretaría del Órgano de Apelación una carta en la que solicitaba que la Sección modificara el plan de trabajo. Señaló que en él se preveían "cinco días civiles" entre la fecha en que México recibiría las comunicaciones del apelado y de los terceros participantes y el primer día de la audiencia, en tanto que en los Procedimientos de trabajo se preveían normalmente entre 10 y 15 días. México adujo que los demás plazos previstos en el plan de trabajo correspondían a los plazos en una apelación típica, con tiempo adicional en caso necesario para la traducción. En consecuencia, solicitó que se le diera "el mayor tiempo posible" antes de la audiencia para asegurar que ambos participantes tuvieran "igualdad de oportunidades de presentar su caso". 6

    10. La Sección del Órgano de Apelación invitó a los Estados Unidos y a los terceros participantes a hacer observaciones sobre la solicitud de México, indicando que entendía que la solicitud se había hecho de conformidad con el párrafo 2 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo. Los Estados Unidos respondieron que, aunque no era claro que el plazo previsto en el plan de trabajo fuera "evidentemente injusto", reconocían el punto de vista de México y no se opondrían en consecuencia a una "nueva ligera modificación" del plan de trabajo. En su respuesta, la Sección indicó que, en vista de la solicitud de México, la División de Servicios Lingüísticos y Documentación de la OMC había informado a la Secretaría del Órgano de Apelación de que proporcionaría una traducción de la comunicación del apelado de los Estados Unidos dos días antes de la fecha prevista, a saber, ocho días antes de la audiencia. La Sección concluyó que, en estas circunstancias, el mantenimiento del plan de trabajo original "no perjudicaría la capacidad de México de defender sus intereses" y desestimó en consecuencia la solicitud de México. 7

    11. La audiencia de esta apelación tuvo lugar los días 6 y 7 de octubre de 2005. Los participantes y los terceros participantes (con la excepción de Turquía) presentaron argumentos orales y respondieron a las preguntas planteadas por los miembros de la Sección que entendieron en la apelación. 7

    III. Argumentos de los participantes y de los terceros participantes 8

    A. Alegaciones de error formuladas por México - Apelante 8

    1. Párrafo 2 del artículo 6 del ESD 8

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que las alegaciones expuestas en la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos, pero no indicadas en la solicitud de consultas, no están excluidas del ámbito del mandato del Grupo Especial. 8

    2. México aduce que la inclusión en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos de disposiciones legales de la OMC que no formaban parte de la solicitud de consultas es incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 4 del ESD, los Estados Unidos debían indicar en su solicitud de celebración de consultas "los  fundamentos jurídicos" de su reclamación, con indicación de las disposiciones con las que se aduce que una medida es incompatible. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, los Estados Unidos debían no sólo indicar los "fundamentos de derecho" de su reclamación en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, sino también hacerlo de manera "que sea suficiente para presentar el problema con claridad". En consecuencia, según México, la única diferencia entre la solicitud de celebración de consultas y la solicitud de establecimiento de un grupo especial es que esta última debe contener una breve exposición de los fundamentos de derecho ya identificados en la primera, a fin de "presentar el problema con claridad". Sin embargo, los "fundamentos jurídicos" o "fundamentos de derecho" no cambian entre la solicitud de consultas y la solicitud de establecimiento de un grupo especial. 8

    3. México aduce que su interpretación del párrafo 4 del artículo 4 y del párrafo 2 del artículo 6 del ESD se basa en las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados codificadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena"). Señala que, con arreglo al artículo 31 de la Convención de Viena, el "sentido corriente" del término "legal basis" ("fundamentos jurídicos" o "fundamentos de derecho") debe ser igual en el párrafo 4 del artículo 4 y en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. México aduce que, sobre la base de este "sentido corriente", es evidente que un aumento en el número de alegaciones de incompatibilidad con las disposiciones de la OMC citadas en la solicitud de establecimiento del grupo especial, en comparación con la solicitud de consultas, no altera el carácter "jurídico" de esas alegaciones, pero sí el "elemento de base" de las alegaciones de la parte reclamante. Por ejemplo, México explica que una solicitud de establecimiento de un grupo especial con alegaciones basadas en dos artículos del GATT de 1994 no tendría la misma "base legal" que una solicitud basada en siete artículos del GATT de 1994. Además, los medios de interpretación complementarios previstos en el artículo 32 de la Convención de Viena confirman esa interpretación. México señala, en particular, que el requisito de la inclusión de los "fundamentos jurídicos" en la solicitud de establecimiento de un grupo especial -que existía cuando se celebró la Conferencia Ministerial de Montreal en 1988 durante la Ronda Uruguay- se incluyó posteriormente, después de la Conferencia Ministerial de Bruselas de 1990, como requisito de las solicitudes de celebración de consultas. 8

    4. México dice que el Órgano de Apelación no ha analizado la cuestión de si los fundamentos jurídicos expuestos en la solicitud de consultas pueden ampliarse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Sin embargo, hace referencia a la decisión del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Acero al carbono de que el fundamento jurídico de una reclamación no puede establecerse en una etapa posterior a la solicitud de establecimiento del grupo especial si ese fundamento no se estableció en la propia solicitud de establecimiento. México opina que el mismo principio se aplica en una etapa procesal anterior, como en el presente caso, de modo que el fundamento jurídico de una reclamación no puede incluirse en una solicitud de establecimiento de un grupo especial si no se estableció primero en la solicitud de consultas. 9

    5. Alternativamente, en caso de que el Órgano de Apelación confirme la constatación del Grupo Especial, México aduce que los fundamentos jurídicos planteados por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no tienen "la relación suficiente entre sí" para justificar su inclusión en la solicitud de establecimiento de un grupo especial sin haber sido incluidos en la solicitud de consultas. 9

    6. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que no es necesario que las disposiciones jurídicas cuya infracción se alega en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial sean idénticas a las identificadas en la solicitud de celebración de consultas. México pide también al Órgano de Apelación que constate que las alegaciones expuestas por primera vez en la solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos no se han sometido debidamente al Grupo Especial y que revoque en consecuencia las constataciones del Grupo Especial sobre esas alegaciones. 9

    2. Determinación de la existencia de daño formulada por la Secretaría de Economía 10

    a) La utilización de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 10

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que la utilización de un período de investigación que terminó en agosto de 1999 para los fines del análisis del daño es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 10

    2. México aduce que la constatación del Grupo Especial relativa a la antigüedad del período de investigación está fuera del mandato para esta diferencia. El alcance de la diferencia se deriva del mandato y de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. La alegación hecha por los Estados Unidos en su solicitud es que México infringió el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping al no examinar datos recientes, dado que el propósito de una investigación antidumping es determinar si existe dumping en el momento actual. Sin embargo, México aduce que el Grupo Especial desestimó la alegación de los Estados Unidos y "reconstruyó" de manera diferente el argumento. En lugar de considerar si México había violado el párrafo 1 del artículo 5, el Grupo Especial decidió, sobre la base de otros artículos del Acuerdo Antidumping, que la finalidad de una investigación antidumping es determinar si hay dumping en el momento actual, y que México había examinado un período que no era pertinente para esta determinación, con infracción de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 10

    3. México alega que, incluso si el Grupo Especial hubiera actuado de manera compatible con el mandato aplicable a esta diferencia, cometió de todas maneras un error porque exigió que el período de reunión de datos y el período de la investigación fueran idénticos. México conviene con el Grupo Especial en que el Acuerdo Antidumping no contiene ninguna norma relativa al período que debe utilizarse para una investigación antidumping y en que los datos en los cuales se basa una investigación pueden referirse a un período anterior. Sin embargo, sostiene que esas afirmaciones están en contradicción con la conclusión del Grupo Especial de que debe haber una conexión en tiempo real entre el período de la investigación y el período de recopilación de los datos en que se basa dicha investigación. De hecho, si existiera esa conexión temporal, la investigación debería haber avanzado simultáneamente con la reunión de información conexa, en cuyo caso no tendría ningún sentido recoger datos correspondientes a un período anterior. 10

    4. México aduce también que el Grupo Especial determinó incorrectamente que el propósito de una investigación antidumping es contrarrestar el dumping que causa daño en la actualidad. Según el Grupo Especial, el propósito de una investigación antidumping está establecido por la utilización de los verbos en el presente, como en la expresión "causan daño" del párrafo 5 del artículo 3 y "está causando daño" del párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. En opinión de México, el hecho de que estos artículos contengan verbos en presente no es determinante, ya que varios artículos del Acuerdo Antidumping se refieren al futuro sin que deban interpretarse de forma estricta y literal. Además, según México, no es posible realizar una investigación sin utilizar datos de períodos anteriores. De esto se desprende que la expresión "causan daño" del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping debe interpretarse de manera que se refiera a la situación en que puede suponerse que, sobre la base de los datos correspondientes a un período anterior, el dumping sigue causando daño. Por último, México observa que, si el objetivo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping fuera contrarrestar el dumping que actualmente causa daño, se dispondría así expresamente en el artículo, cosa que es evidente que no ocurre. 11

    5. En consecuencia, México aduce que la Secretaría de Economía estableció correctamente el período de investigación y actuó de manera compatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. En  consecuencia, pide al Órgano de Apelación que revoque las constataciones en contrario del Grupo Especial. 11

    b) La utilización de períodos de seis meses en el análisis de la existencia de daño 11

    1. México apela contra las constataciones del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque la Secretaría de Economía limitó su análisis de la existencia de daño a seis meses de los años 1997, 1998 y 1999. 11

    2. México alega que las constataciones de incompatibilidad del Grupo Especial se basan en presunciones que no se han demostrado y son, en consecuencia, infundadas. Considera que la comparación de los períodos de marzo a agosto de 1997, 1998 y 1999 no implica que el análisis no fuera objetivo y no se basara en pruebas positivas. Según México, el Grupo Especial cometió un error al suponer que, como norma, la información debe analizarse con respecto a años completos; esto implica que si un Miembro de la OMC realiza un análisis del daño utilizando partes del año y las compara ha de presumirse que la metodología no es objetiva y que recae en consecuencia sobre el Miembro la carga de demostrar que su análisis es objetivo. México aduce que esta presunción es incorrecta porque equivale a suponer que el Acuerdo Antidumping contiene obligaciones con respecto a cuestiones que no se mencionan en él. Por último, sostiene que, aunque no estaba obligado a demostrar que esta metodología era objetiva, presentó argumentos en este sentido y el Grupo Especial "simplemente los desestimó". 11

    3. México recuerda que la Secretaría de Economía realizó el análisis del daño comparando el período de marzo a agosto de 1997 con los períodos correspondientes de 1998 y 1999. Considera en consecuencia que no es correcto suponer, como hizo el Grupo Especial, que esa comparación muestra "la parte más negativa de la rama de producción nacional", porque los indicadores correspondientes al período de marzo a agosto de un año determinado se comparan con los indicadores correspondientes de marzo a agosto de los otros dos años y no con los correspondientes de septiembre a febrero. México aduce que la utilización de períodos comparables para el análisis del daño fue correcta porque eliminó las distorsiones que podrían haberse producido si se hubieran examinado dos períodos diferentes para las fases de dumping y de daño de la investigación. Alega también que la posición del Grupo Especial de que el período de marzo a agosto muestra "la parte más negativa de la rama de producción nacional" se basa en una premisa que no es cierta: según México, el porcentaje en que las importaciones de arroz blanco grano largo en los períodos de marzo a agosto de 1998 y 1999 superaban las importaciones durante el resto del año era "prácticamente desestimable", en tanto que en 1997 hubo menos importaciones procedentes de los Estados Unidos entre marzo y agosto que durante el resto del año. 12

    4. El Grupo Especial expresó en su razonamiento el parecer de que había algunas similitudes entre la situación que tenía ante sí y la examinada por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente, en el que la autoridad investigadora no había examinado determinadas partes de la rama de producción nacional. México aduce que el informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Acero laminado en caliente no es aplicable porque, en el caso que se examina, la Secretaría de Economía realizó una comparación de los períodos de marzo a agosto de 1997, 1998 y  1999 y no desestimó información alguna en una comparación realizada entre "períodos estructuralmente iguales". 12

    5. México aduce por tanto que la utilización de un período de seis meses de 1997, 1998 y 1999 en el análisis del daño fue compatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y, en consecuencia, pide al Órgano de Apelación que revoque las constataciones en contrario del Grupo Especial. 12

    c) El examen del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios 13

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que, en su análisis de la existencia del daño, la Secretaría de Economía actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al no realizar un examen objetivo, basado en pruebas positivas, de los efectos sobre los precios y del volumen de las importaciones objeto de dumping. 13

    2. México alega que, contrariamente a lo manifestado por el Grupo Especial, la Secretaría de Economía estableció debidamente los hechos relativos a las tendencias en el volumen de las importaciones objeto de dumping, como a su juicio queda demostrado por la estructura de la determinación definitiva de la Secretaría de Economía en que se exponen todos los antecedentes, las consideraciones, las constataciones y los elementos de la determinación de conformidad con las obligaciones de México en virtud del Acuerdo Antidumping. 13

    3. En opinión de México, el Grupo Especial se limitó a resumir la determinación definitiva de la Secretaría de Economía sin dar ninguna razón para justificar su determinación de que México había infringido el Acuerdo Antidumping en su examen del volumen de las importaciones objeto de dumping. México aduce que el hecho de que la Secretaría de Economía usara la metodología descrita en su determinación definitiva no entraña contravención alguna del Acuerdo Antidumping porque ese Acuerdo no impone ninguna obligación específica con respecto a la metodología que debe utilizarse para determinar el volumen de las importaciones objeto de dumping. 13

    4. México sostiene también que la afirmación del Grupo Especial de que "la autoridad investigadora parece haber optado sistemáticamente por [las hipótesis] que afectaban negativamente a los intereses de los exportadores" es "parcial" y no está apoyada por razonamientos jurídicos. Según México, la Secretaría de Economía realizó un análisis del daño sobre la base de pruebas positivas porque consideró toda la información pertinente disponible y no tenía posibilidad de reunir ninguna información adicional además de la que utilizó durante la investigación. 13

    5. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que no actuó de manera compatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping sobre la base del examen que realizó la Secretaría de Economía del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado nacional. 13

    3. Determinación de la existencia de dumping de la Secretaría de Economía 14

    a) La aplicación de la orden antidumping a Farmers Rice y Riceland 14

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping porque la Secretaría de Economía no puso fin a la investigación con respecto a los dos exportadores que se constató que no habían estado incurriendo en dumping y al no excluirlos de la aplicación de la orden de imposición de derechos antidumping. 14

    2. México sostiene que las constataciones del Grupo Especial se basaron en una interpretación incorrecta del párrafo 8 del artículo 5 y aduce que, en lugar de analizar el sentido del término "investigación", el Grupo Especial se concentró en la expresión "margen de dumping" que figura en la segunda oración del párrafo 8 del artículo 5. México aduce que el análisis del Grupo Especial no se ajusta al enfoque interpretativo de la Convención de Viena. En opinión de México, si el Grupo Especial hubiera analizado el término "investigación" no habría inferido de su interpretación del término "margen de dumping" que "el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping requiere que se ponga fin a la investigación y, por tanto, que se excluya de la orden antidumping a todo exportador o productor cuyo margen de dumping sea inferior a de minimis". En opinión de México, se puede aplicar una medida a esos exportadores; lo que no está permitido es aplicarles un derecho antidumping positivo. Para demostrarlo, México hace hincapié en que debe distinguirse entre los derechos antidumping definitivos y el acto concreto de la autoridad administradora por el cual se imponen los derechos. Los derechos antidumping definitivos no constituyen en sí mismos una medida; la medida es el acto de la autoridad mediante el cual se imponen los derechos. México sostiene que el Acuerdo Antidumping no impide que los exportadores respecto de los cuales se determinó un margen de minimis sean objeto de esa medida. 14

    3. Según México, la principal función de los procedimientos antidumping es realizar un examen con respecto a los productos y no a los exportadores, lo que indica que el alcance de la "investigación" a que se hace referencia en el párrafo 8 del artículo 5 concierne específicamente al producto y no a la empresa que exporta el producto. México afirma que el párrafo 8 del artículo 5 reglamenta si debe haber un procedimiento antidumping cuando no hay pruebas suficientes para iniciar una investigación. En  consecuencia, sostiene que el párrafo 8 del artículo 5 se refiere a la terminación del procedimiento en su totalidad y no a la terminación de la investigación con respecto a exportadores individuales. Aduce también que el término "investigación" tal como se utiliza en el párrafo 8 del artículo 5 se refiere a una etapa de cualquier procedimiento antidumping y no a una acción con respecto a exportadores individuales. 14

    4. México afirma que el Grupo Especial "ignor[ó]" el contexto del párrafo 8 del artículo 5, en particular el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Según México, el párrafo 3 del artículo 3 confirma que el margen de dumping pertinente con arreglo al párrafo 8 del artículo 5 es el establecido en relación con las importaciones de cada Miembro. México sostiene además que la interpretación que hizo el Grupo Especial del párrafo 8 del artículo 5 lleva a "un resultado manifiestamente absurdo e irrazonable" que haría inmanejable la aplicación de medidas antidumping. 15

    5. México afirma también que, aunque el margen de minimis de dumping hubiera de calcularse para cada exportador o productor individual, México no habría actuado de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping, porque la Secretaría de Economía puso fin a su investigación en cuanto se cercioró de que los exportadores de los Estados Unidos tenían un margen de dumping del cero por ciento. Según México, la Secretaría de Economía no podía determinar con certeza si el margen de dumping era de minimis hasta que se hizo la determinación definitiva. México sostiene que en razón de que la Secretaría de Economía puso fin en esa etapa a la investigación con respecto a Farmers Rice y Riceland, cumplió con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5. 15

    6. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque su constatación de que actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping en su investigación antidumping. 15

    b) La aplicación de un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento a Producers Rice 15

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6, interpretado a la luz del párrafo 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping, porque la Secretaría de Economía calculó un margen de dumping sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento para Producers Rice, un exportador que no exportó arroz blanco grano largo a México durante el período de investigación. 15

    2. México alega que el Grupo Especial no actuó de conformidad con el mandato aplicable a la diferencia y aduce que los Estados Unidos no hicieron una alegación al amparo del párrafo 8 del artículo 6 y del Anexo II y basaron en cambio su alegación en el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. Dado que el Grupo Especial rechazó la aseveración de los Estados Unidos de que el margen de dumping debía haberse calculado de conformidad con el párrafo 4 del artículo 9, el Grupo Especial debía haber constatado que los argumentos de los Estados Unidos carecían de fundamento y que México no actuó en consecuencia de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping. Según México, el Grupo Especial se excedió en su mandato al analizar si México calculó el margen de dumping de Producers Rice de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 y del Anexo II de ese Acuerdo. 16

    3. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping al aplicar un margen de dumping a Producers Rice sobre la base de los hechos de que se tenía conocimiento. 16

    c) El requisito de que la Secretaría de Economía identifique a los exportadores o los productores incluidos en la investigación 16

    1. México impugna las constataciones del Grupo Especial de que el tratamiento dado por la Secretaría de Economía a los exportadores y productores que no eran objeto de investigación fue incompatible con los párrafos 1, 8 y 10 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. La apelación de México se centra en la evaluación del Grupo Especial según la cual, con arreglo a estas disposiciones, los productores y exportadores "conocidos" incluyen aquéllos de los que debería haberse considerado razonablemente había tenido conocimiento, y que una autoridad investigadora debería tomar medidas para determinar quiénes son los exportadores o productores incluidos en la investigación. 16

    2. México aduce que, con arreglo al párrafo 10 del artículo 6, la autoridad investigadora está obligada a determinar márgenes de dumping individuales para los exportadores o productores cuya existencia ha sido notificada, pero no está obligada a determinar márgenes de dumping individuales para todas las empresas. México afirma que la Secretaría de Economía cumplió lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 6 al calcular márgenes de dumping individuales para todos los exportadores y productores conocidos que habían tomado parte en la investigación. Con respecto a los exportadores que no fueron investigados individualmente, México sostiene que la Secretaría de Economía cumplió las obligaciones que le impone el Acuerdo Antidumping al enviar a las autoridades de los Estados Unidos el aviso de iniciación de la investigación y transmitirles una copia de la solicitud de iniciación de una investigación y de los documentos que la acompañaban, así como de los cuestionarios para los exportadores y los productores extranjeros. México aduce que la autoridad investigadora no está obligada a tomar medidas para averiguar quiénes son los exportadores o productores extranjeros. Según México, el razonamiento del Grupo Especial es erróneo, porque el Grupo Especial hizo una suposición a priori de que las autoridades diplomáticas del Miembro exportador no están obligadas a poner la investigación en conocimiento de sus exportadores o productores, cuando esa obligación está indicada en la nota de pie de página 15 al párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. México añade que cumplió lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, porque no hay en el Acuerdo Antidumping ninguna disposición que requiera que una autoridad investigadora realice acciones para identificar a cada uno de los productores extranjeros o exportadores. 16

    3. México sostiene también que, con arreglo al párrafo 8 del artículo 6, la Secretaría de Economía estaba facultada para calcular un margen de dumping sobre la base de los hechos de que se tenía conocimiento para los exportadores y productores que no fueron objeto de investigación porque cumplió sus obligaciones en virtud de los párrafos 1 y 10 del artículo 6 y esos exportadores y productores no proporcionaron la información necesaria. 17

    4. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque las constataciones del Grupo Especial de incompatibilidad con los párrafos 1, 8 y 10 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo  12 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. 17

    4. La Ley de Comercio Exterior 17

    a) Cuestiones preliminares 17

    1. México afirma que el Grupo Especial incurrió en dos errores con respecto a cada una de las alegaciones "en sí mismas" contra la Ley de Comercio Exterior: i) al pronunciarse sobre estas alegaciones pese a que los Estados Unidos no habían establecido una presunción prima facie; y ii) al concluir que cada una de las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior impugnada era "obligatoria", pese a que el artículo 2 de esa Ley da a la Secretaría de Economía facultades discrecionales para asegurar que esas disposiciones se interpreten de manera compatible con los Acuerdos de la OMC. 17

    2. México sostiene que el Grupo Especial se pronunció sobre las impugnaciones de los Estados Unidos de disposiciones de la Ley de Comercio Exterior cuando los Estados Unidos no habían establecido una presunción de incompatibilidad con respecto a ninguna de las disposiciones impugnadas. En opinión de México, la comunicación por los Estados Unidos de los textos de las disposiciones pertinentes era insuficiente para establecer una presunción, porque los Estados Unidos estaban también obligados, con arreglo a la decisión del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Acero al carbono, a presentar pruebas relativas al funcionamiento de las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. México afirma que esas pruebas podrían haber incluido la aplicación de la Ley por los funcionarios del poder ejecutivo, la interpretación por los tribunales nacionales o la opinión de los juristas. En ausencia de esas pruebas, México aduce que el Grupo Especial demostró en lugar de los Estados Unidos la incompatibilidad con la OMC de las disposiciones cuestionadas de la Ley de Comercio Exterior. 18

    3. México sostiene que las alegaciones de los Estados Unidos con respecto a las disposiciones cuestionadas de la Ley de Comercio Exterior se basan en la aseveración de que esas disposiciones exigen imperativamente que la autoridad investigadora actúe de manera incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. En consecuencia, según México, la tarea del Grupo Especial consistía en determinar si esas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior son de hecho obligatorias y, en caso afirmativo, si ello da por resultado una incompatibilidad con las obligaciones de México en el marco de los Acuerdos de la OMC. México afirma que, si el Grupo Especial hubiera determinado que las disposiciones impugnadas por los Estados Unidos no eran obligatorias, habría necesariamente constatado que las alegaciones de los Estados Unidos carecían de fundamento. 18

    4. México alega que el Grupo Especial incurrió en error en sus constataciones con respecto a la Ley de Comercio Exterior porque "desestimó" los argumentos de México sobre la pertinencia del artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, que establece que las disposiciones de esa ley no pueden aplicarse de manera incompatible con las disposiciones de los tratados o acuerdos internacionales formalizados por México. A la luz del artículo 2, México sostiene que las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior no exigen imperativamente que la autoridad investigadora actúe de una manera determinada y le dan en cambio discreción para actuar de manera compatible con Acuerdos de la OMC. Si el Grupo Especial hubiera considerado debidamente los argumentos de México relativos al artículo 2, según México, habría concluido que las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior impugnadas son "discrecionales" y no "obligatorias" y que, en consecuencia, no son incompatibles con el Acuerdo Antidumping o el Acuerdo SMC. 18

    5. A la luz de lo que antecede, México pide al Órgano de Apelación que constate que el Grupo Especial incurrió en error al hacer constataciones relativas a alegaciones sin una presunción prima facie y al "haber desestimado" los argumentos de México relativos al artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior. En consecuencia, pide también al Órgano de Apelación que revoque las constataciones del Grupo Especial con respecto a las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior. 19

    b) El artículo 53 19

    1. México sostiene que el Grupo Especial cometió un error al constatar que el plazo de 30 días para responder a los cuestionarios -previsto en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC- debe concederse a todos los exportadores sin excepción. A juicio de México, estas disposiciones no contienen esa obligación; este plazo se aplica solamente a los que han recibido el cuestionario correspondiente de la autoridad investigadora, es decir, solamente a los exportadores a los que se ha enviado el cuestionario. A este respecto, México aduce que sería "ilógico" conceder ese plazo cada vez que se presente un exportador o un productor extranjero del que la autoridad investigadora no tenía previamente conocimiento, porque se causarían sin duda con ello demoras en las actuaciones de la investigación con respecto a los plazos prescritos en el párrafo 10 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 11 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 19

    2. México pide en consecuencia al Órgano de Apelación que revoque la constatación de Grupo Especial de que el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo  SMC. 19

    c) El artículo 64 19

    1. México apela contra la constatación del Grupo Especial de que el artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 19

    2. México aduce que el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC permiten que una autoridad investigadora calcule los márgenes de dumping o de subvención aplicables a las partes que no proporcionaron la información necesaria. En  opinión de México, si una parte interesada no comparece en la investigación o no exportó durante el período de investigación, esto significa que el exportador en cuestión no proporcionó la información necesaria para determinar si hay un margen de dumping o de subvención. Visto de esta manera, el artículo 64 no es, según al criterio de México, incompatible con la OMC, porque prevé que los márgenes se calculen sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento cuando las partes interesadas no proporcionan la información necesaria, incluso cuando las partes interesadas no comparecen en la investigación o no exportan durante el período de investigación. 19

    3. México aduce que el artículo 64 es compatible con el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping en la medida en que en ese párrafo se establece la obligación de tener en cuenta toda la información verificable. Sin embargo, si un exportador no proporciona la información necesaria, no hay ninguna información verificable que se pueda tener en cuenta y el recurso a los hechos de que se tenga conocimiento en ausencia de esa información no es así incompatible con la obligación indicada. 20

    4. México sostiene que el artículo 64 no es incompatible con el párrafo 5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping en la medida en que ese párrafo dispone que la autoridad investigadora no descartará la información proporcionada por el exportador aunque esa información no sea óptima en todos los aspectos. En opinión de México, el párrafo 5 indica que, para que esa información se tenga en cuenta, debe ser óptima por los menos en un aspecto. México sostiene que si un exportador no proporciona la información necesaria para determinar su margen de dumping, no se puede decir que la información sea óptima por lo menos en un aspecto porque hay una "inexistencia absoluta de información". 20

    5. México alega también que el artículo 64 es compatible con los párrafos 1 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y que el párrafo 1 dispone que, si la parte interesada no proporciona la información requerida, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que se tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud. Sostiene también que el párrafo 7 dispone explícitamente que si una parte interesada no coopera y no comunica la información pertinente, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte interesada que si hubiera cooperado. Aduce que, dado que el párrafo 7 prevé expresamente la posibilidad de ese resultado menos favorable, no hay ningún fundamento para rechazar la opción de aplicar el margen más alto calculado, como se dispone en el artículo 64, porque este resultado estaría dentro de la categoría de los resultados menos favorables que pueden aplicarse a un exportador o productor extranjero que no coopera. En consecuencia, en opinión de México, los párrafos 1 y 7 del Anexo II contemplan específicamente el recurso a los hechos de que se tenga conocimiento de la forma prevista en el artículo 64. 20

    d) El artículo 68 21

    1. México aduce que el Grupo Especial incurrió en error al determinar que, aunque el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping no se aplica a los exámenes, el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible con ese párrafo porque la consecuencia lógica de su exclusión es que los productores extranjeros o los exportadores no pueden ser objeto de examen. México afirma que el alcance del párrafo 8 del artículo  5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC se limita a la investigación inicial: una vez terminada esa investigación, deja de aplicarse el párrafo 8 del artículo  5. Dado que el artículo 68 se aplica solamente a eventos posteriores a la investigación -a saber, los exámenes- la disposición no guarda relación con los artículos mencionados y no puede en consecuencia considerarse que sea incompatible con ellos. 21

    2. México afirma también que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC hacen una clara referencia al momento en que debe ponerse fin a la investigación si el margen de dumping es de minimis, a saber, el momento en que una autoridad investigadora determina que ese margen de dumping es de minimis. A este respecto, México explica que la Secretaría de Economía no puede determinar con certeza si el margen de dumping es de  minimis hasta la determinación definitiva en la investigación. Según México, el artículo 68 no impide que la Secretaría de Economía ponga fin a la investigación cuando está segura de la cuantía del margen de dumping, es decir, cuando hace su determinación definitiva en la investigación de que se trata. México sostiene en consecuencia que, en el caso de los exportadores respecto de los cuales se ha establecido un derecho por debajo de de minimis en la determinación definitiva, se pone fin debidamente a la investigación en ese momento, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. 21

    3. México alega además que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que no pueden aplicarse medidas definitivas a los exportadores respecto de los cuales se determinó un margen de  minimis de dumping o de subvención. En opinión de México, los derechos no son en sí mismos una medida, y la medida es la acción de la autoridad mediante la cual se aplican los derechos. Las  autoridades investigadoras pueden así aplicar medidas definitivas a esos exportadores siempre que no impongan un derecho antidumping o un derecho compensatorio positivo a esos exportadores. Esto es de hecho acorde con la práctica de México, en la que se incluye a los exportadores en la medida definitiva -que establece los márgenes de dumping de las empresas-, pero ello no implica que, si los márgenes son de minimis, se les imponga efectivamente un derecho antidumping o un derecho compensatorio. 21

    4. Con respecto al elemento de "representatividad" establecido en el artículo 68, México afirma que no hay ninguna disposición en los Acuerdos que prohíba como requisito previo para el cálculo de un margen en los exámenes la demostración de un volumen "representativo" de ventas de exportación. En opinión de México, la única obligación establecida en el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC es que los exámenes sean iniciados por la autoridad investigadora a solicitud de determinadas partes interesadas. El texto no contiene directrices sobre la forma en que han de realizarse los exámenes. Dado que el artículo 68 no excluye la iniciación requerida de exámenes, México afirma que no es incompatible con las disposiciones mencionadas de los tratados. 22

    5. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 5, el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 22

    e) El artículo 89D 22

    1. En opinión de México, los textos del párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC no contienen ninguna prohibición de que un organismo exija que los exportadores demuestren la existencia de un volumen "representativo" de ventas de exportación para obtener un margen calculado en un examen. Según México, en ausencia de esa prohibición, hay que considerar que la intención de los negociadores de esos acuerdos era permitir que los organismos impongan esos requisitos. Afirma por esa razón que el artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior no es incompatible con las obligaciones de México en virtud del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo  SMC. 22

    2. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que el artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. 22

    f) El artículo 93V 22

    1. México aduce que el Grupo Especial incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo  11 del ESD al constatar que el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1 del artículo 18 de Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. 22

    2. México sostiene que la medida específica que es objeto de la reclamación de los Estados Unidos es el texto español de la Ley de Comercio Exterior, en este caso el artículo 93V. Sin  embargo, el Grupo Especial basó su constatación exclusivamente en la traducción al inglés de la medida cuestionada, que no refleja con precisión el significado del texto español del artículo en cuestión. México sostiene, en concreto, que el hecho de que el Grupo Especial se basara en la traducción al inglés le llevó a concluir -incorrectamente- que el artículo 93V exige imperativamente que se impongan multas en determinadas circunstancias. 23

    3. México alega también que el Grupo Especial no analizó los elementos adicionales del artículo  93V que indican claramente que la disposición no es obligatoria. En su opinión, el artículo  93V dispone expresamente que sólo se impondrán multas cuando la propia Secretaría de Economía considere que se socava el efecto reparador de los derechos antidumping o los derechos compensatorios; e incluso si la Secretaría de Economía considera que es así, debe oír previamente al el presunto infractor y puede llegar a la conclusión de que no se ha afectado el efecto de los derechos antidumping o compensatorios, en cuyo caso no se impone ninguna multa. En consecuencia, México aduce que es "ilógico" suponer, como hizo el Grupo Especial, que la Secretaría de Economía no tiene facultades discrecionales para imponer una multa. 23

    4. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que constate que el Grupo Especial incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 11 del Acuerdo ESD y que revoque la constatación del Grupo Especial de que el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. 23

    g) Los artículos 68 y 97 23

    1. México sostiene que nada en el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior guarda relación alguna con la prohibición alegada por los Estados Unidos de que se lleven a cabo exámenes mientras se realizan procedimientos judiciales. De manera análoga, con respecto al artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, aduce que la disposición no impide que la Secretaría de Economía realice los exámenes requeridos por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo  SMC. A juicio de México, dado que ninguna de las disposiciones impugnadas contiene la prohibición alegada por los Estados Unidos, el Grupo Especial debía haber constatado que los Estados Unidos no habían establecido una presunción prima facie de incompatibilidad con respecto al artículo  68 ni al artículo 97. 23

    2. México sostiene además que los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior son compatibles con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC porque esas disposiciones exigen que se realicen exámenes a petición de parte solamente una vez que un derecho pasa a ser definitivo. El Grupo Especial entendió que esas disposiciones de los Acuerdos requieren que se realicen exámenes una vez que se hayan establecido los derechos mediante una determinación definitiva tras una investigación. Sin  embargo, México afirma que esta interpretación es errónea, porque los derechos pasan a ser definitivos solamente al concluir los procedimientos judiciales y que ello da una certeza legal a los exportadores, que no están obligados a pagar los derechos hasta que hayan tenido la oportunidad de agotar sus apelaciones contra las medidas definitivas y se haya determinado su responsabilidad final. Dado que los derechos no son definitivos antes de ese momento y que los artículos 68 y 97 no impiden la realización de exámenes una vez terminados los procedimientos judiciales, los artículos  68 y 97 no son incompatibles con las obligaciones de México en virtud del Acuerdo Antidumping o del Acuerdo SMC. 24

    3. En consecuencia, México pide al Órgano de Apelación que revoque la constatación del Grupo Especial de que los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior son incompatibles en sí mismos con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 24

    B. Argumentos de los Estados Unidos - Apelado 24

    1. Párrafo 2 del artículo 6 del ESD 24

    1. Los Estados Unidos alegan que México "caracteriza erróneamente" la constatación del Grupo Especial con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 del ESD porque el Grupo Especial no formuló ninguna constatación con respecto a si era compatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD la inclusión en una solicitud de establecimiento de un grupo especial de alegaciones que no estaban incluidas en la solicitud de consultas. En opinión de los Estados Unidos, México nunca hizo esa alegación y adujo en cambio que era incompatible con los párrafos 5 y 7 del artículo 4 de ESD incluir por primera vez alegaciones en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Sin embargo, los Estados Unidos afirman que, incluso si México hubiera expuesto ese argumento, el Grupo Especial lo habría rechazado basándose en el mismo razonamiento que aplicó al rechazar los argumentos de México en relación con el artículo 4 del ESD. 24

    2. Los Estados Unidos sostienen que está bien establecido que el mandato de un grupo especial se determina en la solicitud de establecimiento del grupo especial y no en la solicitud de celebración de consultas. Opina que "tendría muy poco sentido" limitar las alegaciones jurídicas que pueden incluirse en una solicitud de establecimiento de un grupo especial a las que figuraban en la solicitud de consultas, porque uno de los propósitos de las consultas es fomentar una mejor comprensión de las preocupaciones y medidas pertinentes de los diversos Miembros a fin de promover un "arreglo satisfactorio de la cuestión". Los Estados Unidos señalan también que el Órgano de Apelación constató en Brasil - Aeronaves, que no hay ningún requisito de que haya una "identidad precisa y exacta" entre las medidas incluidas en la solicitud de celebración de consultas y las incluidas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y que, en consecuencia, la misma lógica sería aplicable a los fundamentos de derecho de la reclamación. 25

    3. Los Estados Unidos afirman que el ESD refleja la diferencia entre las solicitudes de establecimiento de un grupo especial y las solicitudes de celebración de consultas al establecer requisitos diferentes para cada una de ellas. En su opinión, el ESD, mientras exige que en una solicitud de establecimiento de un grupo especial se haga "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", requiere que en la solicitud de celebración de consultas se dé solamente una "indicación de los fundamentos jurídicos de la reclamación". Por último, los Estados Unidos aducen que la práctica de México en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC indica que no cree en sus propios argumentos sobre esta cuestión. 25

    4. Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que las alegaciones de los Estados Unidos que figuran en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, incluidas las que no se plantearon inicialmente en la solicitud de consultas, estaban debidamente dentro de su mandato. 25

    2. Determinación de la existencia de daño de la Secretaría de Economía 26

    a) La utilización de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 26

    1. Los Estados Unidos sostienen que los argumentos presentados por México en apelación con respecto a la utilización de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 no proporcionan "ningún fundamento" para revocar la constatación del Grupo Especial sobre esta cuestión. En opinión de los Estados Unidos, el argumento de México -a saber, que la alegación de los Estados Unidos en este asunto se basaba en una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping- es una "afirmación palmariamente inexacta". Los Estados Unidos aducen que su solicitud de establecimiento de un grupo especial refuta este argumento porque no contiene ninguna alegación de incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 26

    2. Los Estados Unidos discrepan también del argumento de México de que, dado que el Acuerdo Antidumping no lo dice explícitamente, no se puede deducir que el propósito de una investigación antidumping es contrarrestar el dumping que causa daño en el momento de la investigación. Los Estados Unidos sostienen que México no tiene en cuenta la redacción del artículo  VI del GATT de 1994, en el que se establece que pueden imponerse derechos antidumping con el fin de "contrarrestar o impedir" el dumping. México además ha dejado a un lado los demás elementos de prueba textuales a que hizo referencia el Grupo Especial para llegar a sus conclusiones, entre ellas el uso del presente en las disposiciones pertinentes. 26

    3. Con respecto a la afirmación de México de que el Grupo Especial no analizó la "aplicabilidad" de los datos utilizados por la Secretaría de Economía, los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial sí lo hizo y que México desconoce una serie de constataciones fácticas del Grupo Especial que respaldan la conclusión de este último de que la Secretaría de Economía no formuló una determinación de la existencia de daño basada en pruebas positivas y que confundiera un examen objetivo. Por último, en lo que respecta al argumento de México de que el Grupo Especial debía haber constatado que su interpretación era "admisible" con arreglo al párrafo 6 ii) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, los Estados Unidos sostienen que no es claro en qué se diferencia la interpretación de México de la interpretación del Grupo Especial de la disposición antidumping de que se trata. 26

    4. En consecuencia, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque la Secretaría de Economía basó su determinación de la existencia de daño en un período de investigación que había concluido más de 15 meses antes de la iniciación de la investigación. 27

    b) La utilización de períodos de seis meses en el análisis del daño 27

    1. Los Estados Unidos están de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que la decisión de la Secretaría de Economía de "hacer caso omiso" de la mitad de los datos relativos al daño correspondientes a cada uno de los años del período de investigación fue incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. En opinión de los Estados Unidos, los argumentos de México sobre la cuestión "caracterizan en forma errónea" las constataciones jurídicas del Grupo Especial, "hacen caso omiso" de sus constataciones fácticas y no proporcionan "ninguna base" para revocar sus conclusiones. Los Estados Unidos observan que, si bien la Secretaría de Economía estableció un período de investigación de tres años y recopiló datos para todo ese período, prescindió de la mitad de los datos que había recopilado. Los Estados Unidos sostienen que acreditaron prima facie que el enfoque de la Secretaría de Economía fue incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y que México no presentó una razón convincente y válida para explicar su enfoque y para refutar en consecuencia esa presunción. 27

    2. Los Estados Unidos subrayan que el Grupo Especial basó sus constataciones en las determinaciones publicadas de la Secretaría de Economía. Añaden que, como constataciones fácticas, estos puntos no están comprendidos en el ámbito del examen en apelación. Según los Estados Unidos, el Órgano de Apelación debería también rechazar el cuadro presentado en el párrafo  83 de la comunicación del apelante de México porque no hay una base incontrovertida para concluir que los datos que figuran en el cuadro de México reflejan con precisión el nivel real de importaciones de arroz blanco grano largo durante los tres años del período de investigación relativo al daño. 27

    3. A la luz de lo que antecede, los Estados Unidos solicitan que el Órgano de Apelación confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al limitar su análisis de la existencia de daño a sólo seis meses de los años 1997, 1998 y 1999. 27

    c) El examen del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios 28

    1. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial concluyó acertadamente que, como cuestión de hecho, la Secretaría de Economía basó su determinación del volumen de las importaciones y sus efectos en los precios en hipótesis y no en hechos. Añaden que el Grupo Especial explicó detenidamente por qué había llegado a esa conclusión y, en consecuencia, por qué razón el análisis de la Secretaría de Economía era incompatible con las prescripciones del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Los  Estados Unidos ponen de relieve que la facultad de una autoridad investigadora de elaborar su propia metodología para determinar la existencia de daño no significa que la autoridad investigadora pueda utilizar una metodología que tenga como resultado una investigación que no es objetiva ni está basada en pruebas positivas. 28

    2. Con respecto a la alegación de México de que el análisis del Grupo Especial fue "parcial", los Estados Unidos señalan que México no ha formulado alegaciones al amparo del artículo 11 del ESD y que debe rechazarse por ese motivo la alegación de parcialidad. Por último, los Estados Unidos discrepan de la aseveración de México de que la Secretaría de Economía no pudo reunir información adicional. En opinión de los Estados Unidos, la Secretaría de Economía podía haber reunido información más precisa si hubiera enviado su cuestionario antidumping a un mayor número de exportadores y si hubiera recurrido a los pedimentos. 28

    3. Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al no realizar un examen objetivo, basado en pruebas positivas, del volumen y los efectos sobre los precios de las importaciones objeto de dumping como parte de su análisis de la existencia del daño. 28

    3. Determinación de la existencia de dumping de la Secretaría de Economía 28

    a) La aplicación de la orden antidumping a Farmers Rice y Riceland 28

    1. Los Estados Unidos coinciden con el Grupo Especial en que el término "margen de dumping" que figura en las oraciones segunda y tercera del párrafo 8 del artículo 5 se refiere al margen de dumping de un exportador o productor individual y no al margen de dumping para todo un país. En opinión de los Estados Unidos, se puede encontrar apoyo adicional a la constatación del Grupo Especial en la tercera oración del párrafo 8 del artículo 5 porque el "precio de exportación" mencionado en ella es intrínsecamente específico de cada empresa y no de todo el país. 28

    2. Los Estados Unidos opinan que ninguno de los argumentos de México proporciona una base para revocar la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. Alegan que México no explicó por qué razón cree que el Grupo Especial habría llegado a una conclusión diferente si hubiera examinado el sentido del término "investigación" y de la frase "pondrá fin […] sin demora". Alegan también que el intento de México de distinguir entre la imposición de una medida y la percepción de derechos es incorrecto, porque esa distinción implicaría que podría imponerse una medida antidumping en los casos en que todos los márgenes fueran inferiores a de minimis o en que la autoridad investigadora llegara a una determinación negativa de la existencia de daño (siempre que no se percibieran derechos). 29

    3. En opinión de los Estados Unidos, ni el párrafo 8 del artículo 5 ni el artículo 1 del Acuerdo Antidumping pueden interpretarse en el sentido de que permiten que los Miembros incluyan en el ámbito de una medida antidumping a un exportador o productor investigado respecto del cual se determina que no ha incurrido en dumping, porque en esas circunstancias los productos exportados no podrían considerarse importaciones objeto de dumping que causan daño a la rama de producción nacional. Además, los Estados Unidos consideran que el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, al que se refiere México, es una disposición relativa al daño que nada tiene que ver con la determinación de la existencia de dumping. Afirman que el párrafo 3 del artículo 3 demuestra en todo caso que cuando los redactores querían que un cálculo determinado se hiciera sobre la base de todo un país lo indicaron así explícitamente. 29

    4. Los Estados Unidos sostienen que una autoridad investigadora puede realizar una sola investigación de una pluralidad de empresas y poner fin después a su investigación con respecto a empresas determinadas indicando en su determinación definitiva que excluirá de la medida a las empresas investigadas que se constató que no incurrían en dumping. En consecuencia, consideran que México se equivoca cuando afirma que la interpretación del Grupo Especial llevaría a un resultado manifiestamente absurdo e irrazonable. Alegan, por último, que el argumento de México  de que la Secretaría de Economía actuó de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5 porque puso fin a la investigación con respecto a Farmers Rice y Riceland tan pronto como llegó a la conclusión de que tenían márgenes nulos  no es digno de crédito porque la Secretaría de Economía aplicó la medida antidumping a ambas empresas. 29

    5. En consecuencia, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping al no poner fin a la investigación con respecto a Farmers Rice y Riceland y al no excluir a esas empresas de la aplicación de la medida antidumping definitiva, pese a haber constatado que no habían hecho dumping. 30

    b) La aplicación de un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento a Producers Rice 30

    1. Los Estados Unidos sostienen que México hace la afirmación "desconcertante" de que los Estados Unidos nunca alegaron que el margen dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento fuera incompatible con las obligaciones de México en el marco de la OMC y que por lo tanto el Grupo Especial se excedió de su mandato al decidirlo así. Los Estados Unidos señalan que invocaron específicamente el párrafo 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y explicaron en sus comunicaciones al Grupo Especial la razón por la cual consideraban que el margen de dumping aplicado a Producers Rice era incompatible con ese párrafo. 30

    2. Los Estados Unidos piden en consecuencia al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y con el párrafo 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping al aplicar un margen de dumping basado en los hechos de que tenía conocimiento a Producers Rice. 30

    c) El requisito de que la Secretaría de Economía identifique a los exportadores o productores incluidos en la investigación 30

    1. Los Estados Unidos están de acuerdo con el análisis que el Grupo Especial hace del alcance del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial constató acertadamente que la Secretaría de Economía había actuado de manera incompatible con el párrafo 10 del artículo 6 "'al permanecer totalmente pasiv[a] en la identificación de los exportadores o productores interesados en la investigación, y al no calcular el margen de dumping correspondiente a cada exportador o productor de que la autoridad investigadora tenía o podría razonablemente haber tenido conocimiento'". Añaden que, en contra de lo que sugiere México, el Grupo Especial no constató que el párrafo 10 del artículo 6 requiera que una autoridad investigadora identifique a cada uno de los exportadores o productores de la mercancía de que se trata y calcule un margen de dumping para cada uno de ellos. 30

    2. Los Estados Unidos coinciden también con la conclusión del Grupo Especial de que una autoridad investigadora no puede aplicar los hechos de que se tenga conocimiento a un exportador o productor determinado sin enviarle antes una copia de su cuestionario y solicitarle que responda al mismo. A juicio de los Estados Unidos, el enfoque de México es incorrecto porque se centra solamente en el texto del párrafo 8 del artículo 6 y no tiene en cuenta otras disposiciones del Acuerdo Antidumping, como el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del Anexo II. Los Estados Unidos sostienen que la Secretaría de Economía no dio a todas las partes interesadas en la investigación el aviso requerido por el párrafo 1 del artículo 6 y que, en consecuencia, contrariamente a lo que sugiere México, la Secretaría de Economía no actuó de conformidad con el párrafo 1.3 del artículo 6. En consecuencia, la Secretaría de Economía no podía, según los Estados Unidos, aplicar un margen basado en los hechos de que se tenía conocimiento a los exportadores o productores respecto de los cuales no cumplió las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 6. 31

    3. En opinión de los Estados Unidos, no hay ninguna base textual para el argumento de México de que correspondía al Gobierno de los Estados Unidos, y no a la Secretaría de Economía, la obligación de identificar y notificar a los exportadores y productores que la Secretaría de Economía tenía la intención de investigar. Los Estados Unidos añaden que la nota 15 al párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping no establece una obligación independiente de que el gobierno exportador identifique a los exportadores y productores incluidos en la investigación. Afirman, por último, que el Grupo Especial constató debidamente que la Secretaría de Economía actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping al no enviar un aviso de que había iniciado una investigación a cada una de las partes interesadas que se sabía que tenían un interés en la investigación. 31

    4. En consecuencia, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con los párrafos 1, 8 y 10 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping al aplicar un margen de dumping basado en los hechos de que tenía conocimiento a productores y exportadores estadounidenses que no investigó. 31

    4. La Ley de Comercio Exterior 32

    a) Cuestiones preliminares 32

    1. Los Estados Unidos sostienen que, aunque aduce que el Grupo Especial no se ocupó de los argumentos de México relativos al artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, México reconoce en su comunicación del apelante que el Grupo Especial se ocupó de hecho de ellos. Además, en opinión de los Estados Unidos, México puso de relieve ante el Grupo Especial que cada una de las medidas requeridas por las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior era compatible con las obligaciones de México en el marco de la OMC. A este respecto, los Estados Unidos aducen que México no explica cómo el artículo 2 "puede anular las claras prescripciones" de las disposiciones impugnadas, siendo así que México no considera que haya ningún conflicto entre las disposiciones y sus obligaciones en el marco de la OMC. 32

    2. Los Estados Unidos piden en consecuencia al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial según la cual el artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior no impide que el Grupo Especial constate que otras disposiciones de la Ley de Comercio Exterior son incompatibles "en sí mismas" con las obligaciones de México en el marco de la OMC. 32

    b) El artículo 53 32

    1. A juicio de los Estados Unidos, el desacuerdo entre las partes con respecto al artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior no se centraba en el significado del artículo 53 sino en la interpretación adecuada del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC. Los Estados Unidos coinciden con el Grupo Especial en que, con arreglo a la redacción clara de las disposiciones de esos tratados, un exportador dispone de 30 días para responder independientemente del momento en que reciba el cuestionario. La interpretación de México -de que esas disposiciones requieren que se dé un plazo de 30 días para responder solamente cuando una autoridad envía el cuestionario a una parte interesada en el momento de la iniciación de la investigación- sólo puede sostenerse mediante una interpretación de las disposiciones que no se basa en el texto. 32

    2. Además, los Estados Unidos sostienen que, contrariamente a lo que afirma México, el informe del Grupo Especial en Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos no respalda la interpretación que hace México del tratado. En opinión de los Estados Unidos, México "saca de contexto [el] texto [que cita] y prescinde de otros del mismo informe que socavan su posición y respaldan claramente" las constataciones del Grupo Especial. 32

    3. Los Estados Unidos piden en consecuencia al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 33

    c) El artículo 64 33

    1. Los Estados Unidos impugnan el argumento de México de que el Grupo Especial debía haber constatado que el artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior era compatible con el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping porque ese párrafo requiere que las autoridades investigadoras tengan en cuenta solamente la información que es "verificable". Los Estados Unidos sostienen que el artículo 64 exige que la Secretaría de Economía aplique el margen más alto basado en los hechos de que se tenga conocimiento a las empresas que no comparecieron en la investigación o que no exportaron la mercancía objeto de examen durante el período de investigación. Así pues, en opinión de los Estados Unidos, incluso si esas empresas presentan información "verificable", la Secretaría de Economía no puede tener en cuenta esa información a menos que dé por resultado el margen más alto basado en los hechos de que se tenga conocimiento. Los Estados Unidos alegan que el hecho de no tener en cuenta esa información, sin tomar en consideración el efecto que podría tener en el margen definitivo, hace que el artículo 64 sea incompatible con el párrafo 3 del Anexo II. 33

    2. Los Estados Unidos no están tampoco de acuerdo con el argumento de México de que el Grupo Especial debía haber constatado que el artículo 64 era compatible con el párrafo 5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping porque ese párrafo faculta a una autoridad investigadora a descartar información que no es óptima por lo menos en un aspecto. Los Estados Unidos afirman que el párrafo 5 no autoriza a una autoridad investigadora a no tener en cuenta esa información si la parte interesada que la presentó actuó en toda la medida de sus posibilidades. Al requerir que la Secretaría de Economía aplique siempre el margen más alto basado en los hechos de que se tenga conocimiento, el artículo 64 impide que la Secretaría de Economía tenga en cuenta si una parte actuó en toda la medida de sus posibilidades. En  consecuencia, los Estados Unidos sostienen que el artículo 64 es incompatible con el párrafo 5 del Anexo II. 33

    3. Los Estados Unidos sostienen también que el Grupo Especial determinó correctamente que el artículo 64 es incompatible con los párrafos 1 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. Afirman que el párrafo 1 exige que la autoridad investigadora especifique la información requerida y se asegure de que la parte interesada sepa que la autoridad investigadora puede formular una determinación basada en los hechos de que se tenga conocimiento si no proporciona los datos solicitados. En cambio, el artículo 64 requiere que la Secretaría de Economía aplique el margen más alto basado en los hechos de que se tenga conocimiento en todos los casos, aunque la autoridad investigadora no dé el aviso requerido por el párrafo 1 del Anexo II. Con respecto al párrafo 7 del Anexo II, los Estados Unidos sostienen que permite que una autoridad investigadora base sus constataciones en fuentes secundarias -por ejemplo, la solicitud de iniciación  siempre que actúe "con especial prudencia", entre otras cosas comprobando la información a la vista de otras fuentes independientes. En opinión de los Estados Unidos, el artículo 64 es incompatible con el párrafo 7 del Anexo II porque exige que la Secretaría de Economía aplique el margen más alto basado en los hechos de que se tenga conocimiento en todos los casos, con lo cual se impide que la Secretaría de Economía actúe con especial prudencia. 34

    4. En vista de lo que antecede, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que el artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 34

    d) El artículo 68 34

    1. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que el artículo  68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC, porque exige que la Secretaría de Economía realice los exámenes de los exportadores y productores investigados que se constató que no realizaban dumping ni recibían subvenciones susceptibles de derechos compensatorios. En opinión de los Estados Unidos, los argumentos expuestos por México en respuesta a las constataciones del Grupo Especial son similares a los que formuló con respecto a Farmers Rice y Riceland y "carecen igualmente de fundamento". 34

    2. Los Estados Unidos alegan que, contrariamente a lo que afirma México, el Grupo Especial examinó -y rechazó- el argumento de México de que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping no puede ser la base de una constatación de incompatibilidad con respecto al artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior porque ese párrafo se aplica solamente a las investigaciones. Como constató correctamente el Grupo Especial, si el párrafo 8 del artículo 5 requiere que una autoridad investigadora excluya a un determinado exportador de una medida antidumping impuesta al final de una investigación, de ello se desprende necesariamente que la autoridad investigadora no puede posteriormente someter al exportador a un examen en el marco de la misma medida que no debía habérsele aplicado en primer lugar. Los Estados Unidos aducen también que el párrafo 4 del artículo  17 del Acuerdo Antidumping no es pertinente a esta cuestión y que llevando el argumento de México sobre esta disposición "a sus últimas consecuencias lógicas", se permitiría a una autoridad investigadora imponer una medida antidumping a los exportadores en los casos en los que todos los márgenes fueran inferiores al margen de minimis, o en que la autoridad investigadora llegara a una determinación negativa de daño, en la medida en que no se percibieran derechos. 34

    3. Con respecto al párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y al párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que ninguna de esas disposiciones de la OMC permite que una autoridad investigadora exija que un exportador demuestre, como condición para conseguir que se realice un examen, que sus ventas durante el período de examen fueron "representativ[as]". En opinión de los Estados Unidos, el "principal fundamento" de la apelación de México contra la constatación del Grupo Especial es una "caracterización errónea" de las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. Los Estados Unidos sostienen que el argumento de México -de que las disposiciones de que se trata requieren que la autoridad investigadora inicie exámenes pero no contienen ninguna obligación con respecto a la realización de esos exámenes- "pretende dar primacía a la forma sobre el fondo", porque negarse a realizar un examen de una empresa que no demuestra la existencia de un volumen "representativo" de ventas equivale a negarse a iniciar el examen. Ninguna de estas disposiciones permite tampoco que un Miembro condicione la realización de un examen a la demostración de un volumen "representativo" de ventas, y ninguna limita las obligaciones contenidas en ellas a la iniciación de un examen. En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que una autoridad investigadora no puede cumplir su obligación de "examinar" la necesidad del derecho simplemente iniciando el examen y negándose después a determinar un margen recalculado. 35

    4. Los Estados Unidos sostienen también que México "interpreta erróneamente" la interacción entre las reglas normas consuetudinarias de interpretación de los tratados y las prescripciones del artículo 68. Aunque observa correctamente que el hecho de que una disposición de un tratado guarde silencio sobre un problema específico debe tener algún sentido, México no reconoce que las disposiciones de la  OMC de que se trata no guardan silencio al respecto, sino que son "bastante explícitas" en cuanto a los requisitos limitados que debe satisfacer un exportador o un productor para tener derecho a un examen. 36

    5. En consecuencia, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme las constataciones del Grupo Especial de que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 5, el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo  SMC. 36

    e) El artículo 89D 36

    1. En opinión de los Estados Unidos, la cuestión que se plantea con respecto al artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior es prácticamente idéntica a la cuestión relativa al artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior. Los Estados Unidos afirman que una vez más México "interpreta erróneamente" la interacción entre las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados y las prescripciones de la Ley de Comercio Exterior de que se trata. En opinión de los Estados Unidos, y en contra de lo que afirma México, el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo  19 del Acuerdo SMC no guardan silencio con respecto a los requisitos que un exportador o productor debe cumplir para tener derecho a un examen acelerado. En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que estas disposiciones no permiten que una autoridad investigadora deniegue exámenes acelerados a los exportadores y productores que no demuestren que realizaron un volumen "representativo" de exportaciones durante el período de revisión. 36

    2. Los Estados Unidos piden en consecuencia al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que el artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. 37

    f) El artículo 93V 37

    1. Los Estados Unidos sostienen que, aunque México no impugna directamente la conclusión del Grupo Especial de que el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior constituye una medida específica contra el dumping o las subvenciones, afirma que el Grupo Especial incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 11 del ESD porque no examinó la versión en español del artículo 93V ni las partes de la disposición que supuestamente ponen de manifiesto que es discrecional. Los Estados Unidos afirman que "ambas afirmaciones carecen de fundamento". 37

    2. En opinión de los Estados Unidos, el argumento de México de que el Grupo Especial basó sus constataciones exclusivamente en la versión en inglés del artículo 93V queda desmentida por el hecho de que la versión en idioma inglés del informe del Grupo Especial se refiere tanto al texto español del artículo 93V como a su traducción al inglés. Los Estados Unidos aducen además que los Estados Unidos presentaron la traducción al inglés del artículo 93V tomada de las notificaciones de México a la OMC y que México no impugnó la exactitud de la traducción ante el Grupo Especial. Los  Estados Unidos señalan que México no ha explicado cómo podría haber sido incompatible con el artículo 11 del ESD el hecho de que el Grupo Especial examinara la versión en inglés de su notificación a la OMC cuando México nunca impugnó esa versión. 37

    3. Los Estados Unidos afirman que la alegación de México de que el Grupo Especial no examinó otras partes del artículo 93V carece también de fundamento porque en el informe del Grupo Especial se reproduce explícitamente el texto en cuestión. No hay en consecuencia ningún fundamento para la aseveración de México de que el Grupo Especial no lo tuvo en cuenta. Además, en opinión de los Estados Unidos, los términos utilizados por México no hacen sino confirmar que la Secretaría de Economía está obligada a imponer una multa si constata que se satisfacen las condiciones del artículo  93V. Los Estados Unidos afirman por último que el hecho de que la Secretaría de Economía no haya impuesto hasta la fecha esa multa no es significativo teniendo en cuenta que México no ha señalado ante el Grupo Especial ningún caso en que la Secretaría de Economía haya constatado que se cumplieron las condiciones para la imposición de una multa y haya decidido a pesar de ello no imponerla. Los Estados Unidos afirman en consecuencia que el Grupo Especial constató correctamente que el artículo 93V prevé una medida específica contra el dumping o las subvenciones que no se contempla ni en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping ni en el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. 37

    4. Los Estados Unidos piden en consecuencia al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. 38

    g) Los artículos 68 y 97 38

    1. Los Estados Unidos alegan que la afirmación de México de que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior no guarda ninguna relación con la prohibición de los exámenes mientras se llevan a cabo procedimientos de revisión judicial y de que nada en el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior impide que la Secretaría de Economía realice exámenes es "sorprendente" porque los hechos en que se basan las constataciones del Grupo Especial sobre este punto no fueron objeto de controversia. Además, aun en caso de que México ponga ahora en tela de juicio esta interpretación de las disposiciones impugnadas, el Grupo Especial constató, como cuestión de hecho, que el efecto conjunto de los artículos 68 y 97 es impedir los exámenes mientras se están realizando procedimientos judiciales. Los Estados Unidos sostienen que estas constataciones fácticas no son debidamente objeto del examen en apelación dado que México no ha alegado que el Grupo Especial no actuó de conformidad con el artículo 11 del ESD al hacer esas constataciones fácticas. 38

    2. Con respecto al artículo 97, los Estados Unidos están de acuerdo con el Grupo Especial en que, contrariamente a lo que afirma México, un producto pasa a estar sujeto a derechos "definitivos" en el momento en que se impone un derecho antidumping o un derecho compensatorio y no solamente cuando se determina posteriormente la responsabilidad final en cuanto a los derechos. Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping apoya también la constatación del Grupo Especial porque, si se interpreta el párrafo 2 del artículo 11 en el contexto del párrafo 1 del artículo 11, resulta claro que el término "el establecimiento del derecho antidumping definitivo" del párrafo 2 del artículo 11 se refiere a la imposición del propio derecho antidumping o derecho compensatorio. 38

    3. Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la constatación del Grupo Especial de que los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior son incompatibles en sí mismos con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 39

    C. Argumentos de los terceros participantes 39

    1. China 39

    a) El párrafo 2 del artículo 6 del ESD 39

    1. China afirma que el Órgano de Apelación ha determinado que, contrariamente al argumento de México, no hay ningún requisito que exija la identidad entre la solicitud de celebración de consultas y la solicitud de establecimiento del grupo especial. En ausencia de ese requisito, la cuestión pertinente consiste en determinar si la adición de determinadas disposiciones de la OMC en una solicitud de establecimiento de un grupo especial ha "ampliado el alcance de la diferencia". A este respecto, China se remite a las decisiones del Órgano de Apelación en Brasil - Aeronaves y Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre determinados productos de las CE y sostiene que para resolver esta cuestión el Órgano de Apelación debe examinar si las nuevas disposiciones jurídicas añadidas por los Estados Unidos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial han cambiado "lo fundamental" de las medidas y disposiciones jurídicas citadas en la solicitud de celebración de consultas y son "separadas" y "jurídicamente distintas" de esas medidas y disposiciones jurídicas. 39

    b) Determinaciones de la existencia de daño y de la existencia de dumping de la Secretaría de Economía 39

    1. China afirma que el supuesto silencio del Acuerdo Antidumping con respecto a la selección del período de investigación para la determinación del daño no da a México facultades "ilimitadas" para seleccionar ese período. China está de acuerdo con el Grupo Especial en que la autoridad investigadora, al realizar un examen "selectivo", tiene la obligación de justificar su actuación. 39

    2. China está también de acuerdo con el Grupo Especial en que las autoridades investigadoras no pueden permanecer "totalmente pasiva[s]" durante la investigación y que, en consecuencia, la expresión "de que se tenga conocimiento [del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping] no puede interpretarse de una manera tan artificiosa y solipsista que justifique un enfoque pasivo en la investigación". China afirma que la obligación de las autoridades investigadoras de investigar a los exportadores y a las partes interesadas de que se tenga conocimiento no es ilimitada porque si las autoridades investigadoras estuvieran obligadas a reunir activamente pruebas de todas las fuentes disponibles lo probable sería que "las investigaciones antidumping no [fueran] factibles". 40

    3. China coincide también con el Grupo Especial en que México incurrió en error al aplicar un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento a un productor de los Estados Unidos que no exportó a México durante el período de investigación. Sin embargo, sostiene que esta constatación, basada en el párrafo 8 del artículo 6 y en el Anexo II del Acuerdo Antidumping, debe basarse en realidad en el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. En  opinión de China, ese párrafo requiere expresamente que no se impongan derechos antidumping a las importaciones de exportadores que no exportaron el producto al Miembro importador durante el período de investigación. 40

    c) La Ley de Comercio Exterior 40

    1. China discrepa de la afirmación de México de que, por la simple razón de que en el sistema jurídico de un Miembro los tratados se apliquen "automáticamente", sus leyes internas -"con independencia de cuán incompatibles sean con los Acuerdos de la OMC"- no pueden ser impugnadas en sí mismas. China considera que el razonamiento de México es "absurdo" porque la misma ley nacional podría correr suertes distintas con arreglo a los Acuerdos de la OMC en razón únicamente del hecho de haberse promulgado en dos Miembros diferentes con dos sistemas jurídicos diferentes. En consecuencia, China sostiene que, pese al artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, el Grupo Especial constató correctamente que "el efecto directo de los Acuerdos de la OMC no puede proteger" a la ley interna del examen de los grupos especiales de la OMC. 40

    2. Comunidades Europeas 41

    a) Determinaciones de la existencia de daño y de dumping de la Secretaría de Economía 41

    1. Las Comunidades Europeas están de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping al optar por basar su determinación de la existencia de daño en un período de investigación que había concluido más de 15 meses antes de la iniciación de la investigación. Las Comunidades Europeas apoyan la interpretación del Grupo Especial del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque entienden que la caracterización del Grupo Especial del párrafo 1 del artículo 3 como una "disposición de alcance general" significa que las obligaciones del párrafo 1 del artículo 3 afectan a todas las demás obligaciones contenidas en el artículo 3. Además, las Comunidades Europeas están de acuerdo con la interpretación del Grupo Especial de que debe haber una conexión temporal entre los datos reunidos y el daño que se aduce que existe en el momento de la investigación. 41

    2. Las Comunidades Europeas están también de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping al limitar su análisis de la existencia de daño a sólo seis meses de los años 1997, 1998 y 1999. Aducen que nada en el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping permite que una autoridad investigadora prescinda de determinados datos en el período de investigación del daño; cuando los Miembros quisieron permitir que las autoridades investigadoras no tomaran en cuenta determinadas cuestiones, lo hicieron explícitamente. En opinión de las Comunidades Europeas, si un Miembro no explica debidamente la razón por la cual no toma en cuenta determinados datos, un grupo especial debe concluir que la autoridad administradora no actuó de manera objetiva, justa e imparcial. 41

    3. Las Comunidades Europeas coinciden también con la constatación del Grupo Especial de que México actuó de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping al no realizar un examen objetivo, basado en pruebas positivas, del volumen y de los efectos sobre los precios de las importaciones objeto de dumping. Las Comunidades Europeas apoyan la interpretación del Grupo Especial de que cuando la autoridad investigadora opta sistemáticamente por hipótesis que afectan negativamente a los intereses de los exportadores, no actúa de manera objetiva, justa e imparcial. 41

    4. Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con la constatación del Grupo Especial relativa al párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. Consideran que ese párrafo impone a las autoridades investigadoras la obligación de poner fin a una investigación de ámbito nacional sólo cuando el margen de dumping a nivel nacional es de minimis. Afirman además que el enfoque de ámbito nacional respecto de la iniciación de una investigación inicial es "de sentido común", porque una autoridad investigadora no dispone de verdaderos medios para conocer con toda certeza la lista completa de exportadores o productores del país de exportación. El Acuerdo Antidumping no obliga a la autoridad investigadora a buscar activamente esa información. Por  último, las Comunidades Europeas sostienen que el hecho de que la determinación de un margen de dumping de ámbito nacional esté expresamente asociada en el párrafo 3 a) del artículo 3 con la norma de minimis del párrafo 8 del artículo 5 demuestra que la interpretación del término "margen de dumping" del párrafo 8 del artículo 5 en el sentido de que se refiere al margen de dumping de ámbito nacional constituye la interpretación correcta de esta última disposición. 42

    5. Las Comunidades Europeas están de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping no se aplica a situaciones diferentes de aquellas en que se utiliza una muestra. Consideran también, al igual que el Grupo Especial, que una autoridad investigadora estaría en principio facultada para utilizar los hechos de que se tenga conocimiento en el cálculo del margen de dumping para un productor que no efectuó exportaciones durante el período de investigación. 42

    6. Las Comunidades Europeas están también de acuerdo con "la constatación implícita [del  Grupo Especial] de que puede imponerse un derecho residual a los exportadores desconocidos, cuando proceda, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento". Sin embargo, no están de acuerdo con la conclusión del Grupo Especial de que una autoridad investigadora está obligada a tratar activamente de identificar a los exportadores que no son mencionados en la solicitud o que no comparecen tras la publicación del aviso de iniciación. 42

    b) La Ley de Comercio Exterior 43

    1. Las Comunidades Europeas no apoyan los argumentos de México en cuanto al carácter "discrecional" de las disposiciones impugnadas de Ley de Comercio Exterior y están, en consecuencia, de acuerdo con las constataciones de incompatibilidad del Grupo Especial con respecto a esas disposiciones. Las Comunidades Europeas sostienen que, aunque estas disposiciones no exigen que la autoridad investigadora actúe en todos los casos de manera incompatible con la OMC ni impiden en todos los casos que la autoridad investigadora actúe de manera compatible con la OMC, el Grupo Especial examinó debidamente la compatibilidad de estas disposiciones con los acuerdos abarcados, sin enmarcar su análisis en términos de la doctrina de lo "imperativo/facultativo". Aun cuando lo hubiera hecho, las Comunidades Europeas sostienen que "una aplicación mecánica de esa doctrina no habría evitado una constatación de incompatibilidad" con respecto a esas disposiciones. 43

    IV. Cuestiones que se plantean en la presente apelación 43

    132. En la presente apelación se plantean las siguientes cuestiones: 43

    V. Párrafo 2 del artículo 6 del ESD 46

    1. Comenzamos nuestro examen de la apelación de México con su impugnación en el marco del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. México solicitó que el Grupo Especial formulara una resolución preliminar declarando que determinadas alegaciones presentadas por los Estados Unidos no estaban comprendidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial porque, entre otras cosas, las disposiciones con las que se alegaba que las medidas impugnadas eran incompatibles en la solicitud de establecimiento de un grupo especial eran diferentes de las identificadas en la solicitud de celebración de consultas. El Grupo Especial rechazó esta solicitud, constatando, entre otras cosas, que no era necesaria una "identidad completa entre el alcance de la solicitud de celebración de consultas y la solicitud de establecimiento [de un grupo especial]"; únicamente es necesario que se celebren consultas sobre la "cuestión" en litigio. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que, dado que las disposiciones añadidas en la solicitud del grupo especial estaban "estrechamente relacionadas" con las mencionadas en la solicitud de celebración de consultas, y que las medidas impugnadas seguían siendo las mismas, se habían celebrado consultas sobre el asunto en litigio en la presente diferencia. 46

    2. México aduce en apelación que, aunque el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que la legal basis ["fundamento jurídico" o "fundamento de derecho"] de la reclamación se explique más plenamente en la solicitud de establecimiento del grupo especial que en la solicitud de celebración de consultas, los "fundamentos de derecho" indicados en la solicitud de establecimiento del grupo especial no pueden extenderse más allá de lo "indicado" en la solicitud de celebración de consultas. En particular, México sostiene que cuando en la solicitud de celebración de consultas se alega que una medida es incompatible con determinadas disposiciones de los acuerdos abarcados, otras disposiciones no pueden constituir la base de las alegaciones de incompatibilidad en la solicitud de establecimiento del grupo especial. México sostiene que los Estados Unidos incluyeron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial disposiciones que no fueron identificadas en la solicitud de celebración de consultas y, por consiguiente, que las alegaciones basadas en esas disposiciones adicionales no estaban comprendidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial. México añade, subsidiariamente, que los preceptos jurídicos indicados en la solicitud de establecimiento del grupo especial no tienen la relación suficiente con los que se indican en la solicitud de celebración de consultas para que puedan considerarse comprendidos en el ámbito del mandato del Grupo Especial. 46

    3. Atendemos en primer lugar al texto de las disposiciones pertinentes, en las que se expone la información que debe acompañar a las solicitudes de celebración de consultas y a las solicitudes de establecimiento de un grupo especial. El párrafo 4 del artículo 4 del ESD, que se ocupa de las primeras, dispone lo siguiente: 47

    4. El Órgano de Apelación ha explicado anteriormente que la expresión "legal basis" ["fundamentos jurídicos" o "fundamentos de derecho"], que aparece en el párrafo 4 del artículo 4 y el párrafo 2 del artículo 6, se refiere a las alegaciones formuladas por la parte demandante. No obstante, de la utilización de la misma expresión en ambas disposiciones no se desprende que las alegaciones formuladas en el momento de la solicitud de establecimiento del grupo especial hayan de ser idénticas a las indicadas en la solicitud de celebración de consultas. De hecho, en lugar de adoptar ese enfoque rígido, consideramos que el mecanismo de solución de diferencias, que exige en general que la solicitud de establecimiento de un grupo especial haya sido precedida de consultas, deja a los Miembros un cierto margen de flexibilidad al formular posteriormente reclamaciones en una solicitud de establecimiento de un grupo especial. 47

    5. El Órgano de Apelación ha señalado que las consultas cumplen una función esencial para delimitar el alcance de una diferencia: 48

    6. A nuestro juicio, el mismo razonamiento lógico es aplicable a los fundamentos de derecho de la reclamación. La parte reclamante puede obtener durante las consultas información adicional -por ejemplo, para comprender mejor el funcionamiento de una medida impugnada- que puede justificar la revisión de la lista de las disposiciones de los acuerdos con las que se alega que la medida es incompatible. Esa revisión puede llevar a una reducción del ámbito de la reclamación, o a una reformulación de ésta en la que se tenga en cuenta nueva información que hace pertinentes otras disposiciones de los acuerdos abarcados. En consecuencia, cabe esperar que las alegaciones formuladas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial estén determinadas por el proceso de consultas y deriven por ello de forma natural de ese proceso. Interpretar, como hace México, que el ESD limita los fundamentos de derecho expuestos en la solicitud de establecimiento del grupo especial a lo indicado en la solicitud de celebración de consultas, equivaldría a prescindir de una importante razón de ser de la prescripción que obliga a celebrar consultas, el intercambio de información necesario para aclarar los perfiles de la diferencia, que se establecen posteriormente en la solicitud de establecimiento del grupo especial. Habida cuenta de ello, consideramos que no es necesario que las disposiciones a las que se hace referencia en la solicitud de celebración de consultas sean idénticas a las enunciadas en la solicitud de establecimiento del grupo especial, siempre que pueda decirse razonablemente que los "fundamentos de derecho" de la solicitud de establecimiento de un grupo especial se derivan de los "fundamentos jurídicos" que configuraron el objeto de las consultas. Dicho de otra forma, es preciso que la adición de otras disposiciones no tenga por efecto la modificación de la esencia de la reclamación. 48

    7. Tomando como base esta interpretación, pasamos a analizar si puede decirse razonablemente que los fundamentos de derecho de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos derivan de los fundamentos jurídicos indicados en su solicitud de celebración de consultas y que no ha cambiado la esencia de la reclamación. En primer lugar, observamos que México identifica 13 preceptos jurídicos incluidos por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento del grupo especial que México afirma que no formaban parte de la base legal señalada en la solicitud de celebración de consultas. El Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal en relación con las alegaciones formuladas al amparo de dos de esos preceptos (artículo 1 del Acuerdo Antidumping y párrafo 2 del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994")) y no formuló constataciones con respecto a otros dos (párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping y párrafo 5 del artículo 12 del Acuerdo SMC). Dicho de otra forma, el Grupo Especial no formuló constataciones de incompatibilidad -y de hecho, no analizó en absoluto esas alegaciones- con respecto a 4 de las 13 alegaciones que, según México sostiene en apelación, no fueron identificadas adecuadamente por los Estados Unidos en la solicitud de celebración de consultas como parte del "fundamento jurídico" de la reclamación. 49

    8. En ausencia de constataciones de incompatibilidad formuladas por el Grupo Especial o de una apelación de los Estados Unidos con respecto a esas cuatro alegaciones, no consideramos necesario decidir si estaban suficientemente identificadas como parte del "fundamento jurídico" de la reclamación, porque el hacerlo no "serviría para 'hallar una solución positiva' a esta diferencia". En la audiencia tanto, México como los Estados Unidos aceptaron este enfoque. En consecuencia, nos abstenemos de examinar si esas cuatro alegaciones se derivaban de los "fundamentos jurídicos" indicados en la solicitud de celebración de consultas. Los demás preceptos se consideran dentro de tres grupos de alegaciones formuladas, respectivamente, en relación con: i) párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC; ii) el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC; y iii) los párrafos 1, 3, 5, 6 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. 50

    9. El primer grupo de alegaciones es el correspondiente a la impugnación por los Estados Unidos de los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior. Tanto en la solicitud de celebración de consultas como en la solicitud de establecimiento del grupo especial, los Estados Unidos basaron su impugnación en que la Secretaría de Economía no podía realizar otros exámenes distintos de los exámenes por extinción en tanto que una orden antidumping fuera objeto de un procedimiento judicial, lo que los Estados Unidos alegaron, en la solicitud de celebración de consultas, que era incompatible con determinadas disposiciones de los acuerdos, que se ocupaban en general de la duración y alcance del período de vigencia y el alcance de las órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios, incluidos el artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el artículo 21 del Acuerdo SMC. Las disposiciones de los acuerdos añadidas por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial -párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC- son las principales disposiciones de esos Acuerdos que regulan los exámenes (distintos de los exámenes por extinción) de esas órdenes. Dado que la esencia de la reclamación de los Estados Unidos con respecto a los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior leídos conjuntamente -tanto en la solicitud de celebración de consultas como en la de establecimiento de un grupo especial- se refiere a la realización de exámenes distintos de los exámenes por extinción, nos parece que los fundamentos de derecho de la solicitud de establecimiento de un grupo especial derivan naturalmente de los fundamentos jurídicos indicados en la solicitud de celebración de consultas. 50

    10. El segundo grupo de disposiciones corresponde a la impugnación por los Estados Unidos del artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior. En su solicitud de celebración de consultas, los Estados Unidos alegaron que el artículo 93V imponía derechos sobre productos importados antes de la determinación definitiva de la autoridad investigadora, de forma incompatible con el artículo 7 y con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping y con el artículo 17 del párrafo 6 del artículo 20 del Acuerdo SMC. Esas disposiciones de los acuerdos regulan la aplicación de medidas provisionales, así como los derechos percibidos sobre los productos importados antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales. En su solicitud de establecimiento del grupo especial, los Estados Unidos sostuvieron que esos derechos son incompatibles con otras dos disposiciones de los acuerdos, en concreto el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. Según estas dos disposiciones, sólo puede adoptarse una "medida específica" contra el dumping o contra una subvención de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping o el Acuerdo SMC. 51

    11. Los derechos adecuadamente impuestos o percibidos sobre productos importados antes de una determinación definitiva -incluidas las medidas provisionales- son uno de los tipos de "medidas específicas contra" el dumping o las subvenciones permitidas por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. Las consultas celebradas en esta diferencia con respecto al artículo 93V se centraron en la imposición o percepción supuestamente inadecuada de derechos sobre productos importados antes de la determinación definitiva. De esas consultas podría haberse derivado razonablemente una alegación de existencia de una "medida específica contra" el dumping o la subvención incompatible con las normas de la OMC. En consecuencia, consideramos que la alegación formulada en la solicitud de establecimiento del grupo especial es una consecuencia natural de la alegación indicada en la solicitud de celebración de consultas. 51

    12. El último grupo de alegaciones que México sostiene que no estaban comprendidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial es el correspondiente a las impugnaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo de diversos párrafos del Anexo II del Acuerdo Antidumping, titulado "Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del artículo 6". Todos los párrafos del Anexo III regulan la aplicación adecuada de los hechos de que se tenga conocimiento en una investigación antidumping. En su solicitud de celebración de consultas, los Estados Unidos no se remitieron expresamente a párrafos específicos del Anexo II, pero, sí en general al párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y su Anexo II; a la utilización por la Secretaría de Economía de los "hechos de que se tenga conocimiento"; y a "la manera en que México determinó los márgenes antidumping para exportadores estadounidenses que no fueron investigados individualmente", lo que incluía la utilización de los hechos de que se tenía conocimiento. México no sostiene que esas cuestiones no fueran parte de las consultas celebradas por las partes. En consecuencia, consideramos que los fundamentos de derecho de la reclamación de la solicitud de establecimiento del grupo especial -en concreto los párrafos específicos del Anexo II del Acuerdo Antidumping- desarrollan los fundamentos jurídicos indicados en la solicitud de celebración de consultas. 52

    13. Habida cuenta de lo que antecede, confirmamos la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 7.43 de su informe, de que las alegaciones de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos que no se indicaron en la solicitud de celebración de consultas no estaban excluidas del ámbito del mandato del Grupo Especial. 53

    VI. Determinación de la existencia de daño formulada por la Secretaría de Economía 53

    A. El período de investigación y el mandato 53

    1. Examinamos, en primer lugar, la alegación de México de que el Grupo Especial no actuó en conformidad con su mandato al constatar que la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 fue incompatible con el Acuerdo Antidumping. 53

    2. La Secretaría de Economía examinó datos correspondientes a un período de investigación que abarcaba de marzo a agosto de 1999 a efectos de su determinación de la existencia de dumping y al período comprendido entre marzo y agosto de 1997, 1998 y 1999 a efectos de su análisis del daño. La investigación se inició el 11 de diciembre de 2000, 15 meses después de que hubiera finalizado el período de investigación. Las medidas antidumping definitivas se impusieron el 5 de junio de 2002, poco menos de tres años después de que hubiera finalizado el período de investigación. 53

    3. Según el Grupo Especial, aunque el Acuerdo Antidumping no contiene normas concretas acerca del período que ha de utilizarse para la recopilación de datos en una investigación antidumping, ello no significa que la discrecionalidad de la autoridad investigadora para utilizar un determinado período de investigación sea ilimitada. El Grupo Especial consideró que había una "conexión intrínseca en tiempo real" entre la imposición de la medida y las condiciones para aplicar la medida, el dumping que causa daño. Para el Grupo Especial "el Acuerdo Antidumping exige que las condiciones para imponer medidas antidumping, es decir, que las importaciones objeto de dumping estén causando daño, existan en el momento de la imposición de la medida en cuanto sea prácticamente posible". El Acuerdo Antidumping establece un marco que permite a los Miembros adoptar medidas para volver a equilibrar la situación perjudicial que se crea mediante el dumping. El Grupo Especial argumentó, en consecuencia, que es preciso que el dumping causante de daño exista en el momento en que se impone el derecho antidumping, porque la función del derecho antidumping es "contrarresta[r]" el dumping causante de daño, por lo que los derechos antidumping impuestos cuando no exista un dumping actual causante de daño no permitirían el restablecimiento del equilibrio previsto por el Acuerdo Antidumping. Así pues, para el Grupo Especial, es necesario basar la determinación de la existencia de dumping causante de daño en datos que sean pertinentes para la situación actual, teniendo en cuenta la "demora inevitable" ocasionada por la necesidad práctica de llevar a cabo una investigación. El Grupo Especial destacó que, aunque está bien establecido que los datos sobre cuya base se realiza la determinación de la existencia de dumping causante de daño pueden basarse en un período anterior (el período de investigación), estos datos "históricos" se utilizan para sacar conclusiones sobre la situación actual y, en consecuencia, "los datos más recientes tienen más probabilidades de ser intrínsecamente más pertinentes y por lo tanto especialmente importantes para la investigación". Para el Grupo Especial, "los datos examinados en relación con el dumping, el daño y la relación causal deberán incluir, en la medida de lo posible, la información más reciente, teniendo en cuenta la demora inevitable causada por la necesidad de llevar a cabo una investigación, así como los problemas prácticos de la recopilación de datos en cualquier caso determinado". 53

    4. El Grupo Especial procedió a continuación a analizar la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999. El Grupo Especial señaló que ese período de investigación fue propuesto por la rama de producción nacional en la solicitud presentada el 2 de junio de 2000, y que la investigación se inició seis meses más tarde (el 11 de abril de 2000). El Grupo Especial observó también que la Secretaría de Economía acepto el período de investigación propuesto por los solicitantes, pese a que en el momento de la iniciación ese período había terminado hacía más de 15 meses. El Grupo Especial subrayó que: en el curso de la investigación la Secretaría de Economía no hizo ningún intento de actualizar la información obtenida de las partes interesadas para reflejar lo que había ocurrido en los 15 meses transcurridos entre el fin del período de investigación en agosto de 1999 y el inicio de la investigación en diciembre de 2000; México no adujo que hubiera problemas prácticos que exigieran este período concreto de investigación ni que no fuera posible actualizar la información; y México no facilitó ninguna explicación de las razones por las que no se trató de obtener información más reciente. 54

    5. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping exige, entre otras cosas, que la determinación de la existencia de daño se base "en pruebas positivas". A juicio del Grupo Especial, las pruebas que no son importantes y pertinentes con respecto a la cuestión que ha de decidirse no son "pruebas positivas" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3. Según el Grupo Especial, este desfase de 15 meses entre el final del período de investigación y la iniciación de la investigación constituye un "hiato" suficientemente largo para impugnar la fiabilidad del período de investigación para proporcionar, a efectos de una determinación, pruebas que tengan la "pertinencia e importancia indispensables" para constituir "pruebas positivas" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3. En consecuencia, según el Grupo Especial "dado el plazo y la incertidumbre en cuanto a la situación fáctica existente en ese período intermedio pertinente, la información carece de credibilidad y fiabilidad, por lo que no cumple el criterio de las 'pruebas positivas' de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping." Como consecuencia de la constatación de una infracción del párrafo 1 del artículo 3, el Grupo Especial constató que México infringió los párrafos 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al examinar el volumen y los efectos en los precios de las importaciones objeto de dumping, todos los factores pertinentes que influían en el estado de la rama de producción y la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño a la rama de producción nacional, respectivamente. A la luz de estas constataciones, el Grupo Especial no consideró que fuera necesario examinar las alegaciones de los Estados Unidos de infracción del artículo 1 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994. 54

    6. México sostiene en apelación que el Grupo Especial actuó de forma incompatible con su mandato porque su razonamiento fue diferente del argumento formulado por los Estados Unidos. Según México, los Estados Unidos alegaron ante el Grupo Especial que la finalidad de una medida antidumping es contrarrestar o impedir el dumping que actualmente esté causando o amenazando causar un daño importante, y que esa obligación está contenida en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. México sostiene que los Estados Unidos adujeron ante el Grupo Especial que México, al no examinar datos recientes, actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y, por lo tanto, violó el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 1, los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Por ello, México aduce que el Grupo Especial no actuó de conformidad con su mandato, porque no analizó las cuestiones planteadas por el argumento de los Estados Unidos -incluida la supuesta violación por México del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping- sino que llevó a cabo un análisis que reconstruyó de manera diferente el razonamiento de los Estados Unidos. 55

    7. Es un hecho perfectamente establecido que el mandato de un grupo especial define el alcance de la diferencia. y que las alegaciones identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial determinan el mandato del grupo especial de conformidad con el artículo 7 del ESD. Los grupos especiales no pueden abordar alegaciones jurídicas que quedan fuera del ámbito de su mandato. En el presente caso, la solicitud de establecimiento de un grupo especial no menciona el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. Dicho de otra forma, los Estados Unidos no alegaron ante el Grupo Especial que México hubiera violado el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. En consecuencia, la cuestión de si México violó el párrafo 1 del artículo 5 excede del ámbito de la presente diferencia; si el Grupo Especial hubiera formulado una constatación de conformidad con esa disposición, habría sobrepasado su mandato. Al no abordar esta cuestión, el Grupo Especial se atuvo adecuadamente a los límites de su mandato. No podemos entender por qué razones debería culpársele por haber procedido así. 56

    8. México destaca los párrafos 55, 56 y 57 de la primera comunicación escrita al Grupo Especial de los Estados Unidos y sostiene que en ellos los Estados Unidos alegaron que el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping es el fundamento para sostener que una investigación antidumping tiene por finalidad determinar si el dumping se está produciendo en el presente y que, en consecuencia, ese precepto obligaba a México a examinar un período que estuviera lo más cerca posible de la fecha de iniciación. México añade que los Estados Unidos argumentaron que el no examinar datos recientes implicaba per se que México estaba actuando de manera contraria a las obligaciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y que ello se traducía en una violación del artículo VI del GATT de 1994 y del artículo 1 y los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 56

    9. El texto de los párrafos 55, 56 y 57 de la primera comunicación escrita del Grupo Especial de los Estados Unidos es el siguiente: 56

    10. En nuestra opinión, en contra de lo que indica México, los Estados Unidos no adujeron en los párrafos 55, 56 y 57 que México hubiera violado el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. La tesis expuesta por los Estados Unidos fue que la finalidad de una investigación antidumping es comprobar si el dumping se está produciendo en el presente y que los derechos antidumping deben constituir una respuesta al dumping presente y no al dumping que se ha producido en algún momento anterior. Esta cuestión específica -si la finalidad de una investigación antidumping es determinar si el dumping se está produciendo en el presente y si las condiciones para la imposición de medidas antidumping tienen que concurrir en el momento en que se imponga la medida- fue analizada extensamente por el Grupo Especial, en particular en los párrafos 7.57 a 7.63 de su informe. Los Estados Unidos se remitieron al artículo VI del GATT de 1994 y a las disposiciones del Acuerdo Antidumping, incluido el párrafo 1 de su artículo 5, como argumentos -no alegaciones- en apoyo de su posición de que la finalidad de una investigación antidumping es determinar si el dumping se está produciendo en el presente. No obstante, los Estados Unidos no pidieron al Grupo Especial -en los párrafos 55, 56 y 57 o en cualquier otro- que determinara si México violó el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 58

    11. En consecuencia, no consideramos que el Grupo Especial reconstruyera o reestructurara el argumento de los Estados Unidos relativo a la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999, y articulara un razonamiento jurídico diferente del enfoque de los Estados Unidos. De hecho, aunque lo hubiera hecho así, no tendríamos que constatar necesariamente que el Grupo Especial actuó por ello de forma inadecuada. Como el Órgano de Apelación indicó en Estados Unidos - Determinados productos de las CE, un grupo especial no está obligado a limitar su razonamiento jurídico a los argumentos presentados por las partes. El Órgano de Apelación ha declarado asimismo en CE - Hormonas, que: 58

    12. En consecuencia, constatamos que el Grupo Especial no sobrepasó su mandato al concluir, en los párrafos 7.65 y 8.1 a) de su informe, que la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 fue incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 58

    B. La utilización de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 y el criterio de las pruebas positivas 59

    1. Nos ocupamos ahora de la cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 tuvo como consecuencia que no se formulara una determinación de la existencia de daño basada en pruebas positivas, como exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 59

    2. El Grupo Especial constató que, al optar por basar la determinación de la existencia de daño en un período de investigación que había concluido más de 15 meses antes de la iniciación de la investigación, México no cumplió la obligación de realizar una determinación de la existencia de daño que se base en pruebas positivas. En consecuencia, el Grupo Especial constató que México actuó de forma incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Ya hemos expuesto antes, en los párrafos 148 a 150, el razonamiento del Grupo Especial a este respecto. 59

    3. México impugna las constataciones del Grupo Especial acerca de la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999. Esta impugnación es distinta de la relativa al mandato del Grupo Especial. Según México, el Grupo Especial incurrió en error al constatar que existe una "conexión intrínseca y en tiempo real" entre la investigación y los datos en que se basa dicha investigación. México alega que este requisito de "conexión en tiempo real" es incompatible con la posibilidad de utilizar un período anterior como período de investigación. México aduce también que el Grupo Especial se contradice, porque reconoció que es imposible que el período de investigación utilizado a efectos de recopilación de datos coincida exactamente con el período en el que la autoridad investigadora realiza su investigación. Para México, el contenido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping no se orienta a la antigüedad del período investigado, sino a la aplicabilidad de los datos utilizados. 59

    4. México aduce también que el Grupo Especial incurrió en error porque estimó que la antigüedad del período investigado implicaba per se una violación del párrafo 1 del artículo 3, y que la constatación del Grupo Especial de que existía una violación del párrafo 1 del artículo 3 se basó exclusivamente en la antigüedad del período de investigación. México sostiene que, al realizar su análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 3, el Grupo Especial debería haber examinado el alcance de los datos utilizados y su aplicabilidad; además, debería haber evaluado si la información en que se basó la determinación de la Secretaría de Economía era adecuada o no. Según México, dado que no demostraron que los datos relativos al período de investigación fueran inadecuados, los Estados Unidos no establecieron una presunción prima facie de violación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 60

    5. El Grupo Especial consideró que la Recomendación adoptada por el Comité de Prácticas Antidumping -Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping (la "Recomendación")- proporciona un apoyo válido para interpretar correctamente las obligaciones que figuran en el texto del Acuerdo Antidumping. Según México, la Recomendación no constituye una base para constatar que un período de investigación determinado es incompatible con el Acuerdo Antidumping; en el mejor de los casos puede servir de guía. Por último, México sostiene que el Grupo Especial, al carecer de base legal para constatar que la antigüedad del período de investigación implica per se una violación del Acuerdo Antidumping, debería haber constatado que la interpretación de México acerca de la integración del período de recopilación de datos era admisible según el párrafo 6 ii) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping. 60

    6. Comenzamos nuestro análisis por el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, que establece el requisito general para formular una determinación de existencia de daño: 60

    7. El Grupo Especial describió las "pruebas positivas" como pruebas importantes y pertinentes con respecto a la cuestión que ha de decidirse y que tienen las características de ser intrínsecamente confiables y fidedignas. El Grupo Especial consideró que, en virtud del criterio relativo a las pruebas positivas del párrafo 1 del artículo 3, la cuestión de si la información de que se trataba constituía "pruebas positivas" -es decir era importante, pertinente, confiable y fidedigna- había de evaluarse con respecto a la situación actual. 61

    8. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que las pruebas que no son importantes y pertinentes con respecto a la cuestión que ha de decidirse no son "pruebas positivas". Coincidimos también con él en que la importancia y pertinencia deben evaluarse con respecto a la existencia de un daño causado por el dumping en el momento en que tiene lugar la investigación. De conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y con su "aplicación" conforme al Acuerdo Antidumping, las condiciones para imponer un derecho antidumping -existencia de un daño causado por el dumping- deben concurrir en ese momento. Según el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994, los derechos antidumping se imponen "con el fin de contrarrestar o impedir el dumping". El término "contrarrestar" indica que el sistema establecido en el artículo VI del GATT de 1994, y aplicado mediante las disposiciones del Acuerdo Antidumping, cumple una función correctora: se permite a los Miembros adoptar medidas correctivas para contrarrestar la situación perjudicial creada por el dumping. Con arreglo a la lógica de este sistema correctivo, la imposición de derechos antidumping está justificada en la medida en que éstos responden al daño causado por el dumping. Para utilizar la terminología del Grupo Especial, los derechos antidumping "vuelv[en]" a equilibrar la situación perjudicial creada por el dumping. Dado que las condiciones para imponer un derecho antidumping han de evaluarse con respecto a la situación presente, la determinación de si existe daño debe basarse en datos que faciliten indicaciones acerca de la situación existente cuando tiene lugar la investigación. 61

    9. Naturalmente, lo anterior no quiere decir que las autoridades investigadoras no puedan fijar un período de investigación que abarque un período anterior. Señalamos que, en contra de lo que indica México, el Grupo Especial no declaró que el Acuerdo Antidumping exija una identidad temporal entre la investigación y los datos utilizados en la misma. Por el contrario, el Grupo Especial reconoció que "está bien establecido que los datos sobre cuya base se realiza [la determinación de que las importaciones objeto de dumping causan daño] pueden basarse en un período anterior, conocido como el período de investigación". Para determinar si el daño causado por el dumping existe cuando la investigación tiene lugar, pueden utilizarse "datos históricos". No obstante, coincidimos con el Grupo Especial en que los datos más recientes tienen más probabilidades de proporcionar indicaciones mejores acerca del daño presente. 62

    10. Coincidimos con México en que la antigüedad del período de investigación utilizado no es per se una violación del párrafo 1 del artículo 3. No obstante, a nuestro juicio, el Grupo Especial no estableció ese principio, por cuanto sus constataciones se refieren a las circunstancias concretas del presente caso. El Grupo Especial estaba convencido de que, en este caso concreto, se había establecido la presunción prima facie de que la información utilizada por la Secretaría de Economía no facilitaba indicaciones fiables de daño presente y, en consecuencia, no cumplía el criterio relativo a las pruebas positivas establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial llegó a esta conclusión basándose en varios factores. Aunque atribuyó importancia a la existencia de un desfase de 15 meses entre el final del período de investigación y la iniciación de la investigación y de casi tres años entre el final del período de investigación y la imposición de los derechos antidumping definitivos, esos desfases temporales no fueron las únicas circunstancias que el Grupo Especial tuvo en cuenta. El Grupo Especial, en su labor de evaluación de los hechos, atribuyó importancia a otros factores: i) el período de investigación elegido por la Secretaría de Economía fue el propuesto por el solicitante; ii) México no demostró que hubiera problemas prácticos que exigieran este período concreto de investigación; iii) no se estableció que no fuera posible actualizar la información; iv) no se hizo ningún intento de actualizar la información; y v) México no dio ninguna razón -excepto que generalmente México acepta el período de investigación propuesto por el solicitante- por la que no se recabó información más reciente. Así pues, para llegar a la conclusión de que se había establecido una presunción prima facie, el Grupo Especial no sólo se basó en la antigüedad del período de investigación, sino también en esas otras circunstancias. A la luz de la evaluación general de esas otras circunstancias realizada por el Grupo Especial como órgano encargado de la evaluación de los hechos, aceptamos que un desfase de 15 meses entre el final del período de investigación y la iniciación de la investigación y de casi tres años entre el final del período de investigación y la imposición de derechos antidumping definitivos puede suscitar serias dudas acerca de la existencia de un nexo suficientemente pertinente entre los datos relativos al período de investigación y el daño presente. En consecuencia, no tenemos ninguna razón para alterar la evaluación del Grupo Especial en el sentido de que se había establecido una presunción prima facie de violación del párrafo 1 del artículo 3. 62

    11. México tuvo oportunidad de refutar la presunción prima facie de que la información en la que se basó la Secretaría de Economía no cumplía el criterio de las pruebas positivas del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. México podía haber tratado de demostrar que la información relativa al período de investigación proporcionaba indicaciones en cuanto al daño presente y constituía una base adecuada para determinar si había daño presente, a pesar de su antigüedad, pero no lo hizo. A falta de "una refutación efectiva", creemos que no fue irrazonable que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que no se había cumplido el criterio establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping relativo a las pruebas positivas. 63

    12. México aduce también que el Grupo Especial incurrió en error porque basó su constatación de que el período de investigación utilizado por la Secretaría de Economía era incompatible con el Acuerdo Antidumping en la Recomendación a que se hace referencia supra en el párrafo 162, un texto no vinculante adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping. La Recomendación establece, entre otras cosas, que el período de recopilación de datos ha de terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación de la investigación. Discrepamos del argumento de México. El Grupo Especial tuvo buen cuidado de recordar que esta Recomendación "es una orientación no vinculante" que "no crea nuevas obligaciones, ni reduce las obligaciones actuales de los Miembros con arreglo al Acuerdo Antidumping". Nos parece que el Grupo Especial se remitió a la Recomendación, no como fundamento jurídico de sus constataciones, sino solamente para demostrar que el contenido de la Recomendación no era incompatible con su propio razonamiento. Al proceder de esa manera no incurrió en un error de derecho. En todo caso, señalamos que la Recomendación no fue el factor decisivo que condujo al Grupo Especial a la conclusión de que no se cumplía el criterio de las "pruebas positivas" del párrafo 1 del artículo 3. 64

    13. Nos ocupamos ahora del argumento de México de que el Grupo Especial debería haber constatado que la interpretación de México acerca de la "integración" del período de recopilación de datos era admisible de conformidad con el párrafo 6 ii) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping. El texto de esta disposición es el siguiente: 64

    14. El argumento de México nos plantea algunas dificultades. El Grupo Especial había de decidir si la información relativa a un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 constituía una base apropiada para formular una determinación de existencia de daño. La cuestión sometida al Grupo Especial se centraba en la forma en la que la Secretaría de Economía realizó el análisis de la existencia de daño, y no en la interpretación de una disposición específica del Acuerdo Antidumping. Además, como hemos destacado antes, el Grupo Especial expresó la opinión de que los datos sobre cuya base se formula una determinación de daño causado por el dumping pueden referirse a un período anterior, en la medida en que esa información sea pertinente para la situación actual. Nos parece que la opinión del Grupo Especial es compatible con la interpretación dada por el propio México al Acuerdo Antidumping, con arreglo a la cual la utilización de datos relativos a un período anterior no implica per se una violación del Acuerdo. Por esas razones, consideramos que el argumento de México relativo al párrafo 6 ii) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping carece de fundamento. 65

    15. En consecuencia, confirmamos la constatación del Grupo Especial que figura en los párrafos 7.65 y 8.1 a) de su informe de que la utilización por la Secretaría de Economía de un período de investigación que finalizó en agosto de 1999 tuvo como consecuencia que no se formulara una determinación de la existencia de daño basada en "pruebas positivas", como exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Como consecuencia de esta constatación, confirmamos también la constatación del Grupo Especial, que figura en los párrafos 7.65 y 8.1 a) de su informe de que, al optar por ese período de investigación, México actuó de manera incompatible con los párrafos 2, 4 y 5 del artículo 3 de dicho Acuerdo. 65

    C. El período marzo-agosto 65

    1. Examinamos a continuación la cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que, al limitar el análisis del daño al período de marzo a agosto de 1997, 1998, y 1999, la Secretaría de Economía no formuló una determinación de la existencia de daño que comprendiera un "examen objetivo", como exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 65

    2. A efectos del examen del daño a la rama de producción nacional, la Secretaría de Economía recopiló datos relativos a un período contínuo de tres años que abarcaba 1997, 1998 y 1999. No obstante, limitó su análisis a los datos correspondientes a los meses de marzo a agosto de esos años prescindiendo de los correspondientes al período comprendido entre septiembre y febrero de cada uno de ellos. A juicio del Grupo Especial, ese examen, basado en una serie incompleta de datos y caracterizado por la utilización selectiva de determinados datos para el análisis del daño, no podía considerarse "objetivo" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping a falta de una justificación adecuada. A este respecto, el Grupo especial señaló que el único argumento de México fue que era necesario examinar únicamente los datos relativos al período de seis meses comprendido entre marzo y agosto porque éste era también el período de seis meses elegido para el análisis de la existencia de dumping. El Grupo Especial no consideró que ésta fuera una justificación adecuada para hacer caso omiso de la mitad de los datos relativos al estado de la rama de producción nacional. Según el Grupo Especial, el Acuerdo Antidumping no exige que "el período de investigación relativo al análisis del daño haya de elegirse de manera que coincida con el período de investigación correspondiente al análisis del dumping en caso de que este último período ... abarque menos de 12 meses". 66

    3. El Grupo Especial puso también de relieve que, en la solicitud presentada en junio de 2000, los productores nacionales propusieron que se utilizara este período de seis meses de marzo a agosto porque reflejaba el período de máxima penetración de las importaciones. Así pues, según el Grupo Especial, este período mostraría la parte más negativa de la rama de producción nacional. El Grupo Especial señaló que en su Resolución preliminar, la Secretaría de Economía declaró que, de acuerdo con la información proporcionada por el solicitante, "las importaciones tienden a concentrarse en el período de marzo a agosto de cada año, que corresponde con el período propuesto como investigado por el solicitante". El Grupo especial explicó que, aunque la Secretaría de Economía estaba analizando las importaciones de arroz palay -la materia prima para producir el arroz blanco grano largo objeto de investigación- era evidente que "aceptaba la relación entre la producción de arroz palay y las importaciones del producto terminado que según el solicitante se importa principalmente en el período de marzo a agosto." En consecuencia, el Grupo Especial señaló que la Resolución preliminar se remitía a la alegación del solicitante de que la principal actividad de importación del producto terminado tiene lugar en el período de marzo a agosto, en el que "no se dan las cosechas del arroz palay y por esta razón dicho período refleja adecuadamente la actividad importadora". 66

    4. El Grupo Especial constató que el análisis del daño realizado por la Secretaría de Economía, que se basó en datos que abarcaban sólo seis meses de cada uno de los tres años examinados, no permitió un "examen objetivo" como exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, por dos razones: en primer lugar, porque aunque el análisis del daño fue selectivo y sólo proporcionaba en parte una idea de la situación, México no facilitó ninguna justificación adecuada de este enfoque; y en segundo lugar, porque la Secretaría de Economía aceptó "el período de investigación propuesto por los solicitantes porque supuestamente representaba el período de máxima penetración de las importaciones, y por lo tanto mostraría la parte más negativa de la rama de producción nacional". Por esas dos razones, el Grupo Especial consideró que el análisis del daño no se basó en datos que proporcionaran una "idea exacta e imparcial" y, en consecuencia, no fue "objetivo" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3. A consecuencia de la violación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial constató que México había actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, que se refiere a la demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño. El Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos en relación con el artículo 1 (principios) y el párrafo 2 del artículo 6 (oportunidad de defensa) del Acuerdo Antidumping. 67

    5. México impugna la constatación del Grupo Especial de que el análisis del daño realizado por la Secretaría de Economía no fue "objetivo" porque se basó en datos que abarcaban solamente seis meses de cada uno de los tres años examinados. Aduce que, al formular esas constataciones, el Grupo Especial no se apoyó en fundamento jurídico alguno, sino únicamente en presunciones. En consecuencia, según México, las afirmaciones de que el período de marzo a agosto es el de máxima penetración de las importaciones y de que ese período muestra la parte más negativa de la producción nacional, son presunciones no justificadas que reflejan una "mera opinión". Según México, el Grupo Especial presumió injustificadamente que existe una norma general según la cual en un análisis de daño han de analizarse datos correspondientes a años completos. México sostiene que el Grupo Especial incurrió por ello en error porque se da por supuesto que si una autoridad investigadora realiza un análisis de daño utilizando segmentos de cada año, su metodología no es objetiva, y el Miembro demandado tiene la carga de probar que el análisis del organismo fue objetivo. 67

    6. México aduce también que el Grupo Especial incurrió en error al presumir que los datos relativos al período marzo-agosto de 1997, 1998 y 1999 mostraban la parte más negativa del estado de la rama de producción nacional. Según México, la metodología utilizada por la Secretaría de Economía no es defectuosa porque se compararon períodos semestrales que eran "estructuralmente" idénticos. México añade que la información utilizada por la Secretaría de Economía no es una "serie incompleta de datos" sino una serie completa, ya que permite comparar los indicadores pertinentes de la rama de producción nacional con los períodos previos comparables. México añade que la utilización de períodos comparables en un análisis del daño constituyó una metodología adecuada, por cuanto se evitaron las "distorsiones"; de esta forma la Secretaría de Economía pudo hacer una comparación correcta entre los datos relativos al período de investigación y los correspondientes a períodos previos comparables. México reitera que la Secretaría de Economía utilizó el período de marzo a agosto de 1997, 1998 y 1999 con la finalidad de evitar distorsiones entre la comparación del período de investigación de dumping con el período de análisis de daño. 68

    7. México observa que si bien las importaciones de arroz blanco grano largo fueron mayores durante el período de marzo a agosto de 1998 y 1999 que en el resto del año, ello no sucedió en 1997, año en el que las importaciones de arroz blanco grano largo fueron menores de marzo a agosto que en el resto del año. México añade que la proporción en que las importaciones realizadas, de marzo a agosto en 1999 y 1998 fueron mayores que las realizadas en el resto del año fue prácticamente desestimable. En consecuencia, México sostiene que la opinión del Grupo Especial de que el período de marzo a agosto muestra la parte más negativa de la rama de producción nacional se basa en una premisa cuestionable. México sostiene además que, en contra de lo indicado por el Grupo Especial, la producción nacional de arroz blanco grano largo no depende de los ciclos de producción de arroz palay debido a que, cuando la producción nacional de arroz palay disminuye, los productores nacionales de arroz blanco grano largo acuden al arroz palay importado. México sostiene que, como consecuencia, la producción nacional de arroz blanco grano largo permanece constante durante todo el año. 69

    8. El Grupo Especial expuso la opinión de que con arreglo al párrafo 1 del artículo 3, un análisis del daño sólo puede ser "objetivo" "si se basa en datos que dan una idea exacta e imparcial de qué es lo que se está examinando". Esta opinión es concorde con la declaración del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Acero laminado en caliente acerca de la obligación de realizar un "examen objetivo" establecida en el del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping: 69

    9. Señalamos que la constatación del Grupo Especial no se basa únicamente en la utilización selectiva por la Secretaría de Economía de la información recopilada a los efectos del análisis del daño. De hecho, al llegar a la conclusión de que los datos utilizados por la Secretaría de Economía no proporcionaban una "idea exacta e imparcial", el Grupo Especial se basó también en otro factor: la aceptación por la Secretaría de Economía del período de investigación propuesto por el solicitante, sabiendo que éste proponía ese período porque supuestamente representaba el período de máxima penetración de las importaciones. Nos parece que, en las circunstancias concretas del presente caso, esos dos factores, conjuntamente considerados, eran suficientes para establecer una presunción prima facie de que los datos utilizados por la Secretaría de Economía no proporcionaban una "idea exacta e imparcial". 70

    10. México no presentó una "refutación efectiva" de esa presunción prima facie mediante una justificación adecuada de la utilización del período comprendido entre marzo y agosto. La única explicación que dio México, -y que reiteró en apelación, fue que el período de investigación a efectos del dumping era el comprendido entre marzo y agosto de 1999, y que, por lo tanto, ese período debía utilizarse en el análisis del daño con la finalidad de evitar distorsiones entre la comparación del período de investigación de dumping con el período de análisis del daño. 70

    11. En Estados Unidos - Acero laminado en caliente, el Órgano de Apelación declaró que de la definición de daño de la nota 9 de pie de página del Acuerdo Antidumping "se desprende claramente que en lo que debe centrarse una determinación de la existencia de daño es en el estado de la 'rama de producción nacional'". No comprendemos cómo, en el presente caso, la utilización de datos correspondientes a todo el año en lugar de datos correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto, podía introducir "distorsiones" de la evaluación del "estado de la rama de producción nacional". Por el contrario, en nuestra opinión, el examen de datos correspondientes a todo el año permitiría tener una idea más exacta del "estado de la rama de producción nacional" que un examen limitado a un período de seis meses. Además, la explicación expuesta por México implica la integración de las determinaciones relativas al dumping y al daño, lo que no ocurre; si bien debe haber entre el daño y el dumping una relación causal, esas determinaciones son dos operaciones distintas que se basan en datos diferentes y que tratan de determinar cosas diferentes. En consecuencia, no vemos ninguna razón para no coincidir con el Grupo Especial en que la explicación facilitada por México con respecto a la elección por la Secretaría de Economía de un período limitado de investigación a efectos del análisis del daño no fue una "justificación adecuada" suficiente para refutar la presunción prima facie de que los datos utilizados por la Secretaría de Economía no proporcionaban una "idea exacta e imparcial" del estado de la rama de producción nacional. En consecuencia, coincidimos con el Grupo Especial en que los datos utilizados por la Secretaría de Economía en el análisis del daño, relativos al período de marzo a agosto de 1997, 1998 y 1999 no proporcionaban una "idea exacta e imparcial" del estado de la rama de producción nacional y, en consecuencia, no tenían como resultado el "examen objetivo" que exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 70

    12. Las objeciones formuladas por México en apelación al razonamiento del Grupo Especial no son, en esencia, distintas de los argumentos que ese país expuso ante el Grupo Especial. México aduce que la aseveración de que el período de marzo a agosto es el de máxima penetración de las importaciones es una presunción no justificada que refleja una "mera opinión". No estamos de acuerdo con México. En su razonamiento, el Grupo Especial hizo referencia a la tesis de los solicitantes de que la principal actividad importadora de arroz blanco grano largo se desarrolla en el período comprendido de marzo a agosto -en el que no se cosecha arroz palay en México- y de que, por esta razón, ese período refleja adecuadamente la actividad importadora. Esa referencia, en nuestra opinión, no equivale a una presunción no justificada que refleja una "mera opinión". 71

    13. Tampoco podemos aceptar el argumento de México de que el Grupo Especial estableció una presunción de que un análisis del daño basado en datos relativos sólo a partes de año no es objetiva. Señalamos, en primer lugar, que el Grupo Especial subrayó que su resolución "no debe interpretarse en el sentido de que no puede haber nunca razones convincentes y válidas para examinar sólo partes de los años". En segundo lugar, la constatación del Grupo Especial no se basa exclusivamente en el hecho de que la Secretaría de Economía actuara de forma selectiva en lo que respecta a los datos que utilizó en el análisis del daño. Es la conjunción de ese factor con otro -"la aceptación del período de investigación propuesto por los solicitantes porque supuestamente representaba el período de máxima penetración de las importaciones y, por lo tanto mostraría la parte más negativa de la rama de producción nacional"- la que llevó al Grupo Especial a considerar que se había establecido prima facie una violación del párrafo 1 del artículo 3. México tuvo oportunidad de refutar la presunción prima facie exponiendo una "justificación adecuada" de la utilización del período de marzo a agosto, pero no lo hizo. 71

    14. México sostiene que la metodología utilizada no fue defectuosa porque se compararon períodos de seis meses con la misma estructura. Coincidimos con México en que no fue inapropiado que la Secretaría de Economía hiciera comparaciones con años anteriores. No obstante, el Grupo Especial no constató que la Secretaría de Economía no pudiera hacer comparaciones con años anteriores en el análisis del daño sino que analizó una cuestión distinta, en concreto, si la metodología de la Secretaría de Economía fue defectuosa porque se compararon segmentos de años en lugar de años completos. 72

    15. México aduce que, en 1997 las importaciones de arroz blanco grano largo fueron menores en el período de marzo a agosto que en el resto del año, y que en 1998 y 1999 las importaciones realizadas en el período de marzo a agosto fueron mayores que las realizadas en el resto del año solamente en una proporción desestimable. México sostiene además que la producción nacional de arroz blanco grano largo es independiente de los ciclos de producción del arroz palay. Basándose en ello, México pone en tela de juicio lo que alega que son las premisas en las que el Grupo Especial basó su afirmación de que el período de marzo a agosto muestra la parte más negativa de la rama de producción nacional. Las alegaciones de México se refieren a hechos que afectan a las pautas de importación de arroz blanco grano largo y a la relación entre la producción de ese tipo de arroz y la de arroz palay. En contra de lo que indica México, el razonamiento del Grupo Especial no se centró en una evaluación de las pautas de importación del arroz blanco grano largo ni en la relación entre la producción de ese tipo de arroz y de arroz palay. Sobre esas cuestiones fácticas, el Grupo Especial no formuló ninguna constatación, porque no consideró necesario hacerlo. En lugar de ello, la posición del Grupo Especial se basó en las constataciones de que la Secretaría de Economía eligió el mismo período de investigación que había propuesto el solicitante, y que éste propuso ese período porque los meses de marzo a agosto supuestamente representan el período de máxima penetración de las importaciones. Como hemos indicado antes, opinamos que el Grupo Especial no incurrió en error al tener en cuenta este factor en su análisis. 72

    16. Por las razones expuestas, confirmamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.86 y 8.1 b) de su informe de que, al limitar el análisis de la existencia de daño al período de marzo a agosto de 1997, 1998 y 1999, México no formuló una determinación de existencia de daño que comprendiera un "examen objetivo", como exige el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. En consecuencia confirmamos también las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.87 y 8.1 b) de su informe de que, al limitar el análisis del daño al período de marzo a agosto de 1997, 1998 y 1999, México actuó de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 3 de ese Acuerdo. 73

    D. El volumen de las importaciones objeto de dumping y los efectos de esas importaciones en los precios 73

    189. Pasamos ahora a examinar la cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la Secretaría de Economía no realizó un examen objetivo basado en pruebas positivas cuando analizó el volumen de las importaciones objeto de dumping y los efectos de éstas en los precios. Esta cuestión se refiere a la metodología que utilizó la Secretaría de Economía para determinar el volumen de las importaciones objeto de dumping y a la que empleó para determinar los efectos de las importaciones objeto de dumping en los precios. El Grupo Especial constató que la utilización de estas metodologías dio lugar a un análisis del daño que no era compatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, según las cuales se debe realizar un examen objetivo basado en pruebas positivas del volumen de las importaciones objeto de dumping y de los efectos de éstas en los precios. 73

    1. El análisis realizado por la Secretaría de Economía 74

    1. La Secretaría de Economía explica en la resolución final cómo estableció el volumen de las importaciones objeto de dumping del producto sujeto a investigación en México. En esa determinación definitiva puede apreciarse que la Secretaría de Economía se enfrentó con el problema de distinguir, en primer lugar, las importaciones de arroz sujetas a investigación (es decir, el "arroz blanco grano largo") de las importaciones de todos los tipos de arroz y, en segundo lugar, las importaciones del producto sujeto a investigación que entraron en México a precios de dumping de aquellas que no fueron objeto de dumping. El primer problema se debía al hecho de que la línea arancelaria en cuyo marco se importaba el arroz blanco grano largo (1006.30.01) en el momento de la investigación abarcaba también otros tipos de arroz, como el arroz de grano medio y de grano corto, así como el arroz glaseado o el arroz precocido, que no estaban incluidos en la investigación. 74

    2. La Secretaría de Economía había solicitado información acerca de las exportaciones de arroz blanco grano largo de cada una de las cuatro empresas que participaban en la investigación. Una empresa respondió que no había exportado durante el período de investigación y, por lo tanto, no facilitó información. La Secretaría de Economía consideró que la única empresa que proporcionó información correcta sobre todo el período de investigación fue Farmers Rice, cuyas exportaciones aumentaron un 303,7 por ciento en el período de marzo a agosto de 1998, en comparación con el período correspondiente anterior, y un 12,3 por ciento durante el período investigado en 1999, en comparación con el período correspondiente anterior. La Secretaría de Economía consideró que las otras dos empresas participantes, The Rice Company y Riceland, no facilitaron información exacta sobre todo el período de investigación y, por esa razón, decidió no utilizar la información que ambas habían presentado. En lugar de ello, determinó que la variación del volumen de las exportaciones observadas en el caso de Farmers Rice era un indicador aceptable del comportamiento de las exportaciones de Riceland y The Rice Company. 74

    3. La Secretaría de Economía no obtuvo un margen de dumping para Farmers Rice y Riceland. 74

    4. Para determinar el volumen de las importaciones procedentes de empresas distintas de las cuatro empresas participantes, la Secretaría de Economía decidió utilizar la metodología propuesta por el peticionario: el arroz importado por debajo de un determinado nivel de precios debía ser tratado como el producto sujeto a investigación, el arroz blanco grano largo, mientras que el arroz importado por encima de ese precio no debía serlo. La Secretaría de Economía explicó que había decidido utilizar esta metodología, aunque no proporcionaba información exacta sobre los años 1997 y 1998. Intentó superar esta falta de datos precisos sobre los años 1997 y 1998 dando por supuesto que la parte de las importaciones totales de todos los tipos de arroz durante esos años correspondiente a las importaciones del producto sujeto a investigación fue la misma que en el año 1999. Sobre esta base, la Secretaría de Economía estableció que, en el caso de las empresas distintas de las cuatro empresas participantes, las importaciones investigadas aumentaron un 8,6 por ciento en el período de marzo a agosto de 1998 en comparación con el mismo período del año anterior y aumentaron un 3,4 por ciento durante el período de la investigación de marzo a agosto de 1999 en relación con el período comparable anterior. 74

    5. En cuanto al segundo problema, consistente en separar el volumen de las importaciones sujetas a investigación objeto de dumping de las importaciones sujetas a investigación que no fueron objeto de dumping, la Secretaría de Economía tomó el volumen total de las importaciones del producto sujeto a investigación y restó de él las importaciones procedentes de los exportadores que participaban en la investigación y para los cuales no se había obtenido un margen de dumping. 75

    6. Por lo que se refiere al análisis de la evolución de los precios de las importaciones sujetas a investigación y a los efectos de esos precios en los precios internos, la Secretaría de Economía consideró en primer lugar que, dado que el precio de todos los tipos de arroz disminuyó durante el período de investigación, y que el precio de exportación de Farmers Rice también disminuyó, era razonable llegar a la conclusión de que los precios de las importaciones restantes, incluidas las importaciones objeto de dumping, disminuyeron. Además, la Secretaría de Economía observó que, durante el período de investigación, los productos objeto de dumping tuvieron precios inferiores a los del producto nacional y que el precio de las importaciones objeto de dumping fue menor que los precios de los productos nacionales en períodos anteriores al período de investigación. Como resultado, la Secretaría de Economía determinó que esta situación daba lugar al descenso de los precios de los productores nacionales. Asimismo, la Secretaría de Economía consideró que la entrada a precios reducidos de importaciones procedentes de la Argentina durante el período investigado y la disminución, en ese mismo período, del precio de las importaciones que no fueron objeto de dumping procedentes de los Estados Unidos contribuyó al descenso de los precios de los productos nacionales. Por consiguiente, la Secretaría de Economía determinó que las importaciones objeto de dumping procedentes de los Estados Unidos contribuyeron a la presión con que se enfrentaron los productores nacionales para que bajaran sus precios durante el período investigado. 75

    2. El razonamiento del Grupo Especial y la apelación de México 76

    1. Basándose en una lectura conjunta de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la base de cualquier evaluación del volumen de las importaciones objeto de dumping o de los efectos de éstas en los precios tenían que ser pruebas positivas y de que "la palabra 'positivas' significa que las pruebas deben [haber sido] de carácter afirmativo, objetivo y verificable y deben ser creíbles". Así pues, a juicio del Grupo Especial, la cuestión que se le había presentado era si la Secretaría de Economía había basado su determinación en información afirmativa, objetiva, verificable y creíble. 76

    2. En cuanto al análisis del volumen de las importaciones objeto de dumping, el Grupo Especial consideró que la metodología utilizada por la Secretaría de Economía fue defectuosa y tuvo como resultado una determinación no basada en pruebas positivas. Para el Grupo Especial, la determinación del volumen de las importaciones objeto de dumping no se basó en hechos sino en una serie de hipótesis injustificadas formuladas por la Secretaría de Economía: i) en el caso de las empresas distintas de las cuatro empresas participantes, se dio por supuesto que el arroz vendido por debajo de un determinado nivel de precios era arroz blanco grano largo; ii) se dio por supuesto que, durante los años 1997 y 1998, las importaciones sujetas a investigación procedentes de empresas distintas de las cuatro empresas participantes mantuvieron la misma participación en el volumen total de las importaciones de todos los tipos de arroz procedentes de los Estados Unidos, al igual que en el año 1999; y iii) se dio por supuesto que los volúmenes de exportación de todas las empresas examinadas mostraban una evolución similar al del exportador que presentó información completa sobre el volumen correspondiente a los tres años, es decir, al de Farmers Rice. El Grupo Especial consideró que todas éstas eran hipótesis injustificadas. Agregó que la Secretaría de Economía parecía haber optado sistemáticamente por hipótesis que afectaban negativamente a los intereses de los exportadores. 76

    3. Por lo que se refiere al análisis de la evolución de los precios de las importaciones objeto de dumping y de los efectos de éstas en los precios internos, el Grupo Especial constató también que la determinación de la Secretaría de Economía según la cual las importaciones objeto de dumping habían dado lugar a un descenso de los precios internos se basaba en hipótesis injustificadas y, por consiguiente, era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial observó que la Secretaría de Economía había comparado tres tipos de precios: a) el precio de exportación de todos los tipos de arroz (tanto el arroz sujeto a investigación como el que no lo estaba); b) el precio de exportación de Farmers Rice, un productor sin margen de dumping; y c) el precio de exportación de las restantes importaciones, incluidas las importaciones objeto de dumping. Según el Grupo Especial, la Secretaría de Economía había dado por supuesto que: 76

    4. Por estas razones, el Grupo Especial constató que el análisis del daño realizado por la Secretaría de Economía en relación con el volumen de las importaciones objeto de dumping y los efectos de éstas en los precios era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, según las cuales se debe realizar un examen objetivo basado en pruebas positivas. A la luz de estas constataciones, el Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal con respecto a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping (determinaciones basadas en los hechos de que se tenga conocimiento) y del Anexo II (mejor información disponible) de dicho Acuerdo. 77

    5. México impugna en apelación la constatación del Grupo Especial de que la Secretaría de Economía no realizó un examen objetivo basado en pruebas positivas del volumen de las importaciones objeto de dumping y de los efectos de éstas en los precios, como exigen los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Según México, la Secretaría de Economía hizo un examen objetivo basado en pruebas positivas porque, en su análisis del daño, se basó en la información que tuvo frente a ella, lo cual incluye los datos pertinentes, valorándola correctamente. México agrega que el examen de la evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping que realizó la Secretaría de Economía se basó en los hechos adecuadamente establecidos, como lo prueba la estructura de la resolución final, donde se señalan todos los antecedentes, las consideraciones, las constataciones y los puntos resolutivos emitidos de conformidad con las obligaciones de México establecidas en el Acuerdo Antidumping. A juicio de México, el artículo 3 del Acuerdo Antidumping no contiene ninguna obligación en cuanto a la metodología que debe utilizarse y, por lo tanto, el hecho de que la Secretaría de Economía haya utilizado la metodología que se describe en la resolución final no implica violación alguna del Acuerdo Antidumping. México sostiene también que la declaración del Grupo Especial de que "la autoridad investigadora, al establecer las hipótesis, parece haber optado sistemáticamente por aquellas que afectaban negativamente a los intereses de los exportadores", no está apoyada por razonamientos jurídicos. Según México, la Secretaría de Economía realizó un análisis del daño basado en pruebas positivas porque consideró toda la información pertinente de que se disponía, y no hubo posibilidad alguna de reunir más información de la que se utilizó durante la investigación. 77

    3. Análisis 78

    1. Comenzamos nuestro análisis con el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, que dispone lo siguiente: 78

    2. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que de la lectura conjunta de estas dos disposiciones se deduce que cualquier evaluación del volumen de las importaciones objeto de dumping o el efecto de éstas en los precios tiene que basarse en pruebas positivas. A este respecto, en el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente, el Órgano de Apelación declaró que la expresión "pruebas positivas" del párrafo 1 del artículo 3 hace referencia "a la calidad de las pruebas en que pueden basarse esas autoridades para efectuar una determinación" y que "[l]a palabra 'positivas' significa ... que las pruebas deben ser de carácter afirmativo, objetivo y verificable y deben ser creíbles." Observamos también que, en el asunto Tailandia - Vigas doble T, el Órgano de Apelación declaró que "[e]l párrafo 1 del artículo 3 es una disposición de alcance general, que establece una obligación fundamental y sustantiva de los Miembros" respecto de la determinación de la existencia de daño y que esa obligación general "informa las obligaciones más detalladas" establecidas en el resto del artículo 3. Por lo tanto, nos parece que el Grupo Especial identificó correctamente la cuestión que debía tratar, a saber, si la Secretaría de Economía basó su determinación acerca del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios del mercado interno en información que, por su calidad, constituía pruebas positivas. 79

    3. En la metodología que utilizó para determinar el volumen de las importaciones objeto de dumping, la Secretaría de Economía se basó en tres hipótesis, que hemos reseñado antes. Su determinación de los efectos de las importaciones objeto de dumping en los precios partió también de la hipótesis de que el precio de exportación de las importaciones objeto de dumping sigue la misma evolución que el precio de exportación de todos los tipos de arroz (tanto del arroz sujeto a investigación como del no sujeto a ésta) y el precio de exportación de Farmers Rice, una empresa de la que se constató que no tenía ningún margen de dumping. Todas estas hipótesis fueron decisivas para el razonamiento de la Secretaría de Economía y para sus determinaciones sobre el volumen y los efectos en los precios de las importaciones objeto de dumping. 79

    4. México tiene razón cuando afirma que en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 no se prescribe una metodología que la autoridad investigadora deba aplicar al realizar un análisis del daño. Por consiguiente, la autoridad investigadora goza de ciertas facultades discrecionales cuando adopta una metodología que oriente su análisis del daño. Dentro de los límites de estas facultades discrecionales, cabe esperar que la autoridad investigadora tenga que basarse en hipótesis razonables o inferir conclusiones. No obstante, al hacerlo, la autoridad investigadora debe asegurarse de que sus determinaciones se basen en "pruebas positivas". Por consiguiente, cuando, en el marco de la metodología utilizada por la autoridad investigadora, una determinación se basa en hipótesis, estas hipótesis deben derivarse, como conclusiones razonables, de una base fáctica creíble y deben explicarse suficientemente para que pueda verificarse su objetividad y credibilidad. 80

    5. En el presente asunto, el Grupo Especial constató que se habían infringido los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque importantes hipótesis en que se basaba la metodología de la Secretaría de Economía eran hipótesis "injustificadas". Una autoridad investigadora que utiliza una metodología cuyas premisas son hipótesis injustificadas no realiza un examen basado en pruebas positivas. Una hipótesis no está adecuadamente justificada cuando la autoridad investigadora no explica por qué sería apropiado utilizarla en el análisis. Las hipótesis en que se basó la metodología de la Secretaría de Economía desempeñaron un importante papel en su razonamiento. En su determinación definitiva, la Secretaría de Economía no explicó por qué estas hipótesis eran apropiadas y creíbles en el análisis del volumen y los efectos en los precios de las importaciones objeto de dumping ni cómo contribuirían a proporcionar un panorama exacto de ese volumen y esos efectos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que las hipótesis en que se basó la metodología de la Secretaría de Economía no estaban debidamente justificadas. 80

    6. Por consiguiente, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.116 y 8.1 c) de su informe, de que el análisis de la existencia de daño realizado por la Secretaría de Economía con respecto al volumen y al efecto sobre los precios de las importaciones objeto de dumping fue incompatible con los requisitos de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de que se realice un examen objetivo basado en pruebas positivas. 80

    VI. La determinación de la existencia de dumping de la Secretaría de Economía 81

    A. La aplicación de la medida antidumping a Farmers Rice y Riceland 81

    7. Pasamos ahora a examinar cuestiones relativas a la determinación de la existencia de dumping que formuló la Secretaría de Economía. La primera cuestión que examinaremos es si el Grupo Especial incurrió en error cuando constató que, al no excluir a Farmers Rice y Riceland de la aplicación de la medida antidumping definitiva, México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. La Secretaría de Economía constató que estos dos exportadores no habían incurrido en dumping durante el período de investigación pero, no obstante, les aplicó la medida antidumping. 81

    8. El Grupo Especial constató que, al no excluir a Farmers Rice y Riceland de la aplicación de la medida antidumping definitiva, México no puso inmediatamente fin a la investigación antidumping con respecto a estos dos exportadores que no practicaban dumping y, por lo tanto, actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. A juicio del Grupo Especial, la segunda oración del párrafo 8 del artículo 5 requiere que se ponga inmediatamente fin a la investigación con respecto a un exportador para el cual se obtiene un margen de dumping individual nulo o de minimis. Esta es la interpretación adecuada del párrafo 8 del artículo 5 porque, según el razonamiento del Grupo Especial, en el párrafo 8 del artículo 5 -así como en el Acuerdo Antidumping en general- el término "margen de dumping" se refiere al de un exportador o productor y no a un margen de dumping para todo un país. El Grupo Especial basó esta opinión en el hecho de que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping establece que, por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor del producto objeto de investigación de que se tenga conocimiento. El Grupo Especial examinó el resto del Acuerdo Antidumping y constató que no había en él nada que contradijera la conclusión de que el término "margen de dumping" se refiere a empresas específicas y no a todo un país. En particular, el Grupo Especial observó que "[u]na serie de referencias en el artículo 2 al 'exportador o productor objeto de investigación', por ejemplo en los párrafos 2.1.1, 2.2 y 3 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, reflejan de forma explícita la interpretación generalmente aceptada de que este artículo prescribe la manera en que debe determinarse el margen de dumping correspondiente a un exportador o productor objeto de investigación". Según el Grupo Especial, "siempre que el [Acuerdo Antidumping] alude a la determinación de un margen de dumping, se refiere al margen de dumping determinado para el exportador individual". 81

    9. El Grupo Especial consideró que el cálculo de márgenes de dumping individuales para todos los exportadores que participaban en la investigación que realizó la Secretaría de Economía era compatible con sus propias opiniones. El Grupo Especial puso también de relieve que, en el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, el margen de dumping se yuxtapone al volumen de las importaciones objeto de dumping y que, aunque se estipula expresamente que este último debe examinarse con respecto a todo el país, no se establece lo mismo en lo que respecta al margen de dumping. A juicio del Grupo Especial, esto confirmaba su opinión de que la referencia al margen de dumping del párrafo 8 del artículo 5 es una referencia al margen de dumping individual que debe determinarse específicamente para un exportador. Por consiguiente, el Grupo Especial constató que la investigación a la que debe ponerse inmediatamente fin de conformidad con la segunda oración del párrafo 8 del artículo 5 es la investigación respecto del exportador individual para el que se ha establecido un margen nulo o de minimis. 82

    10. A continuación, el Grupo Especial abordó el argumento de México de que la aplicación de la orden antidumping a Farmers Rice y Riceland fue compatible con la OMC porque no se impuso un derecho que excediera del margen de dumping nulo y de que, en tanto se respete lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 9 (cuantía del derecho antidumping), no hay nada en el Acuerdo que prohíba la inclusión de exportadores que no practican dumping en una medida antidumping. El Grupo Especial rechazó este argumento basándose en que el párrafo 8 del artículo 5 y el párrafo 3 del artículo 9 responden a distintas finalidades y, por lo tanto, el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9 no equivale al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5. A juicio del Grupo Especial, el artículo 5 del Acuerdo Antidumping, titulado "Iniciación y procedimiento de la investigación" se refiere a la investigación para determinar si un exportador o productor puede o no quedar sujeto a una orden antidumping. A este respecto, según el razonamiento del Grupo Especial, el párrafo 8 del artículo 5 requiere que se ponga fin a la investigación y, por tanto, que se excluya de la orden antidumping a todo exportador o productor cuyo margen de dumping sea inferior al de minimis. El Grupo Especial contrapuso esto al párrafo 3 del artículo 9, que trata de la cuantía del derecho que se debe imponer y percibir después de que se haya establecido que puede aplicarse un derecho al exportador o productor en cuestión. Por consiguiente, el Grupo Especial constató que, al no excluir de la aplicación de la medida antidumping definitiva a dos exportadores que, según había constatado la Secretaría de Economía, no habían incurrido en dumping, México no puso inmediatamente fin a la investigación respecto de esos dos exportadores y, por consiguiente, actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 82

    11. México impugna en apelación esta constatación, basándose en que el Grupo Especial no interpretó de forma adecuada el párrafo 8 del artículo 5. México aduce que, contrariamente a lo que opina el Grupo Especial, el párrafo 8 del artículo 5 requiere que se ponga fin a la investigación cuando, en el caso de un determinado país, el margen de dumping para todo el país es de minimis. México sostiene que el Grupo Especial llegó a la conclusión errónea de que el término "margen de dumping" del párrafo 8 del artículo 5 se refiere al margen de dumping individual de un exportador o productor y no al margen de dumping para todo un país. El Grupo Especial incurrió en error porque se centró en la interpretación de la expresión "margen de dumping" en lugar de analizar primero el término "investigación" y la oración "se pondrá inmediatamente fin a la investigación". México aduce que el razonamiento del Grupo Especial implica que los procedimientos antidumping involucrarían tantas investigaciones como número de exportadores se encuentren involucrados, lo cual sería incompatible con el texto del párrafo 8 del artículo 5, que dispone que se pondrá fin a "la investigación". México agrega que la frase "justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso" de la primera oración del párrafo 8 del artículo 5, así como la frase "se pondrá inmediatamente fin a la investigación" de la segunda oración, confirma que la frase "pondrá fin a la investigación sin demora" se refiere al procedimiento en su totalidad y no a las acciones con respecto a un exportador. En opinión de México, la función principal de los procedimientos antidumping es realizar una revisión con respecto a productos y no con respecto a exportadores. Así pues, el término "investigación", como se utiliza en el párrafo 8 del artículo 5, se refiere a una fase en cualquier procedimiento antidumping y no a una acción con respecto a exportadores individuales. 83

    12. México aduce también que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el párrafo 8 del artículo 5 requiere "que se excluya de la orden antidumping a todo exportador o productor cuyo margen de dumping sea inferior a de minimis", porque esa constatación está basada en el supuesto de que los derechos antidumping definitivos constituyen una medida. Para México, este supuesto es incorrecto: los derechos antidumping definitivos no son en sí mismos una medida. La medida la constituye, en cambio, el acto de autoridad mediante el cual se imponen esos derechos. México continúa aduciendo que en ninguna parte del Acuerdo Antidumping se establece que no puede sujetarse a una medida a los exportadores a quienes se determine un margen de minimis. 83

    13. México sostiene que el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping proporciona un contexto pertinente para la interpretación del párrafo 8 del artículo 5 y que el Grupo Especial incurrió en error al ignorar esta disposición. El párrafo 3 del artículo 3 hace referencia, entre otras cosas, a la determinación de que "el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5". México subraya que el párrafo 3 del artículo 3 se refiere al margen de dumping para un país y no al margen de dumping con respecto a un exportador o productor individual. México pone también de relieve que el párrafo 8 del artículo 5 se menciona específicamente en el párrafo 3 del artículo 3. Según México, el párrafo 3 del artículo 3 confirma que el margen de dumping relevante es el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país. 84

    14. Por último, México sostiene que, en cualquier caso, actuó de manera compatible con el párrafo 8 del artículo 5 porque la Secretaría de Economía no se cercioró de que Riceland y Farmers Rice tenían un margen de dumping de cero por ciento hasta la fase de la resolución final y puso fin a la investigación en esa fase. México declara que la segunda oración del párrafo 8 del artículo 5 dispone que se pondrá fin a la investigación cuando la autoridad determine que "el margen de dumping es de minimis". México explica que, en su régimen antidumping esa determinación no puede efectuarse hasta la resolución final porque sólo en ese momento tiene la Secretaría de Economía la posibilidad de determinar con certeza si el margen de dumping es de minimis. México sostiene, pues, que, en el caso de Riceland y Farmers Rice, cumplió lo señalado en el párrafo 8 del artículo 5 porque la Secretaría de Economía no se cercioró de que su margen de dumping era del cero por ciento hasta la resolución final, y puso fin a la investigación en ese momento. 84

    15. Comenzamos nuestro análisis examinando el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, que dispone lo siguiente: 85

    16. La posición del Grupo Especial -según la cual la expresión "margen de dumping" del párrafo 8 del artículo 5 hace referencia al margen de dumping individual de un exportador o productor y no a un margen de dumping para todo un país- es compatible con la utilización del término "márgenes de dumping" en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, como declaró el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente: 85

    17. También estamos de acuerdo con las razones que da el Grupo Especial para respaldar su posición, expuestas en los párrafos 7.137 a 7.142 de su informe y resumidas en el párrafo 208 supra. Por consiguiente, compartimos la opinión del Grupo Especial de que la segunda oración del párrafo 8 del artículo 5 requiere que se ponga inmediatamente fin a la investigación respecto de los exportadores para los que se determina un margen de dumping individual nulo o de minimis. 86

    18. Dicho esto, estamos de acuerdo con México en que, a los efectos del párrafo 8 del artículo 5, hay una sola investigación y no tantas investigaciones como exportadores o productores extranjeros. Sin embargo, en el informe del Grupo Especial no hay nada que indique que éste diera por supuesto lo contrario. La posición del Grupo Especial fue, más bien, que hay una única investigación y que en el párrafo 8 del artículo 5 se requiere que se ponga "inmediatamente fin" a esta investigación respecto del exportador o productor individual para el que se haya establecido un margen nulo o de minimis. 86

    19. La segunda oración del párrafo 8 del artículo 5 dispone que se pondrá "inmediatamente fin" a la investigación cuando las autoridades determinen que el margen de dumping es de minimis. La emisión de la orden que establece derechos antidumping -o la decisión de no emitir esa orden- es el último paso de la "investigación" que se contempla en el párrafo 8 del artículo 5; en la mayor parte de los casos, se pone "fin" a la investigación con la emisión de una orden o la decisión de no emitir una orden. Este último paso tiene lugar necesariamente después de la determinación definitiva. En el presente asunto, la orden que estableció los derechos antidumping se emitió después de que se hubiera efectuado la determinación definitiva de la existencia de un margen de dumping del 0 por ciento para Farmers Rice y Riceland pero, sin embargo, la orden se aplicó a estos exportadores. Dado que la emisión de la orden que establece los derechos antidumping tiene lugar necesariamente después de que se efectúa la determinación definitiva, la única manera de poner inmediatamente fin a una investigación respecto de productores o exportadores para los que se determina un margen de dumping de minimis es excluir a esos exportadores del ámbito de la orden. La Secretaría de Economía no lo hizo y, por lo tanto, no puso inmediatamente fin a la investigación respecto de Farmers Rice y Riceland, como exige el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 86

    20. En cuanto a los argumentos de México acerca del contexto pertinente a la interpretación de la expresión "margen de dumping" del párrafo 8 del artículo 5 que proporciona el párrafo 3 del artículo 3, a nuestro juicio, el párrafo 3 del artículo 3 no agrega nada al análisis del párrafo 8 del artículo 5. En primer lugar, el párrafo 3 del artículo 3 establece condiciones para la acumulación de los efectos de las importaciones procedentes de más de un país, lo cual no guarda ninguna relación con el fin de la investigación de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5. En segundo lugar, aunque, como señaló México, en el párrafo 3 del artículo 3 se hace referencia al párrafo 8 del artículo 5, esta referencia sólo alude a la definición de un margen de dumping de minimis (definido en la tercera oración del párrafo 8 del artículo 5 como un margen inferior al dos por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación). La afirmación de México de que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar el párrafo 8 del artículo 5 no está relacionada con la definición de "de minimis". Por consiguiente, consideramos que la referencia al párrafo 8 del artículo 5 que se hace en el párrafo 3 del artículo 3 no es pertinente al argumento que formula México de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5. En tercer lugar, en el párrafo 3 del artículo 3 se prevé expresamente que "el margen de dumping [es] establecido en relación con las importaciones de cada país". Podría alegarse que estas palabras concretas se incorporaron al párrafo 3 del artículo 3 para señalar la desviación con respecto a la norma general de que la expresión "margen de dumping" hace referencia al margen de dumping individual de un exportador o productor. En otros términos, aunque México sostiene que el párrafo 3 del artículo 3 proporciona un contexto que parece indicar que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 8 del artículo 5, también puede considerarse que ese párrafo constituye un contexto que respalda la interpretación del párrafo 8 del artículo 5 que hizo el Grupo Especial, ya que en el párrafo 8 del artículo 5 no figuran palabras similares a las del párrafo 3 del artículo 3 ("el margen de dumping [es] establecido en relación con las importaciones de cada país"). Por consiguiente, opinamos que, contrariamente a lo que aduce México, el párrafo 3 del artículo 3 no proporciona un contexto útil para la interpretación de la expresión "margen de dumping" del párrafo 8 del artículo 5. 86

    21. Por todas estas razones, confirmamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.145 y 8.3 a) de su informe, de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping cuando no puso inmediatamente fin a la investigación respecto de Farmers Rice y Riceland porque la Secretaría de Economía no los excluyó de la aplicación de la medida antidumping definitiva aunque constató que estos exportadores no habían hecho dumping. 87

    E. El margen de dumping para Producers Rice y el mandato 87

    1. Pasamos ahora a la cuestión de si el Grupo Especial actuó de conformidad con su mandato al constatar que el margen de dumping se calculó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, interpretado a la luz del párrafo 7 del Anexo II de dicho Acuerdo. 87

    2. Esta cuestión se refiere al cálculo por la Secretaría de Economía de un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento para Producers Rice. Esta empresa no exportó el producto sujeto a investigación durante el período de investigación. Además, respondió al cuestionario y cooperó plenamente con la Secretaría de Economía. México sostiene que, con arreglo a su mandato, el Grupo Especial no tenía facultades para estimar si, al aplicar un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento a Producers Rice, la Secretaría de Economía actuó de manera compatible con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el Anexo II de dicho Acuerdo, dado que el Grupo Especial constató que México no infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. 87

    3. El Grupo Especial se ocupó, en primer lugar, de la alegación de los Estados Unidos de que el derecho antidumping aplicable a Producers Rice debía haberse determinado sobre la base de la metodología descrita en el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial consideró que el párrafo 4 del artículo 9 se refiere a "la situación muy concreta y definida en que la autoridad investigadora utiliza una muestra" en los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos es tan grande que resulta imposible efectuar la determinación de un margen de dumping individual que corresponda a cada exportador o productor de que se tenga conocimiento. El Grupo Especial agregó que, en esta situación concreta, el párrafo 4 del artículo 9 prevé una metodología específica para el cálculo del derecho antidumping aplicable a las partes interesadas que no formaron parte de la muestra. A juicio del Grupo Especial el párrafo 4 del artículo 9 no se aplica a situaciones distintas de los casos en que se utiliza el muestreo. En el presente asunto, la Secretaría de Economía no recurrió al muestreo. Por lo tanto el Grupo Especial rechazó la alegación de los Estados Unidos relativa al párrafo 4 del artículo 9. 88

    4. A continuación, el Grupo Especial examinó la alegación de los Estados Unidos de que la Secretaría de Economía infringió el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping cuando recurrió a la utilización de los hechos de que se tenía conocimiento para calcular el tipo del derecho aplicable a Producers Rice, el exportador que no había realizado envíos. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 8 del artículo 6 permite efectuar determinaciones sobre la base de la mejor información disponible, pero sólo si se cumplen determinadas condiciones. Algunas de esas condiciones se exponen en el Anexo II al Acuerdo Antidumping. A juicio del Grupo Especial, la utilización de la expresión "mejor información" en el Anexo II significa que la información no debe ser simplemente correcta o útil per se, sino que debe ser la información disponible más adecuada o más apropiada en el asunto de que se trate. El Grupo Especial agregó que "[p]ara determinar que algo es 'mejor', es imprescindible ... una evaluación comparativa, ya que el término lo 'mejor' sólo puede aplicarse adecuadamente cuando se alcanza un nivel superlativo inequívoco". El Grupo Especial también puso de relieve que el Anexo II requiere que, si las autoridades tienen que basar sus conclusiones en información procedente de una fuente secundaria, lo hagan con "especial prudencia". 88

    5. El Grupo Especial observó que la Secretaría de Economía determinó que debía calcularse para Producers Rice un margen basado en los hechos de que se tenía conocimiento debido a que esa empresa no había realizado exportaciones durante el período de investigación. Suponiendo, a efectos de argumentación, que la Secretaría de Economía tuviera derecho a aplicar los hechos de que se tenía conocimiento, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la manera en que se utilizaron los hechos de que se tenía conocimiento en el caso de Producers Rice no se ajustaba a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 o el Anexo II. Basándose en un examen del expediente, el Grupo Especial constató lo siguiente: 89

    6. México no impugna el fondo del razonamiento del Grupo Especial. En lugar de ello, cuestiona las facultades de éste de conformidad con su mandato para formular una constatación relativa al párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y su Anexo II, dada su constatación en relación con el párrafo 4 del artículo 9 de dicho Acuerdo. Según México, los Estados Unidos no formularon dos alegaciones separadas -una basada en el párrafo 4 del artículo 9 y otra en el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II- sino una única alegación centrada en el párrafo 4 del artículo 9. Según México, esta única alegación estadounidense es que la Secretaría de Economía estaba obligada a cumplir las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9 y que México violó el Acuerdo Antidumping al calcular para Producers Rice un margen de dumping basado en los hechos de que se tuvo conocimiento, siendo así que debía haber aplicado las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9. México sostiene que el Grupo Especial resolvió la cuestión planteada por la alegación de los Estados Unidos al decidir que la Secretaría de Economía no tenía que calcular el margen de dumping para Producers Rice de conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9. A juicio de México, esta constatación del Grupo Especial resolvió la cuestión, y el Grupo Especial se excedió de lo establecido en su mandato al analizar si México había calculado el margen de dumping correspondiente a Producers Rice de forma compatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II. 89

    7. Comenzamos nuestro análisis examinando el mandato del Grupo Especial, que establece el ámbito de la diferencia y la jurisdicción del Grupo Especial: 90

    8. El mandato uniforme del Grupo Especial remite al documento WT/DS295/2, que es la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. El párrafo 1 f) de la solicitud está redactado en los siguientes términos: 90

    9. La solicitud de establecimiento de un grupo especial remite al párrafo 8 del artículo 6 y a cinco párrafos del Anexo II del Acuerdo Antidumping, así como al párrafo 4 del artículo 9 de dicho Acuerdo. Por consiguiente, con arreglo a su mandato, el Grupo Especial era competente para decidir si México actuó en forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y los párrafos 1, 3, 5, 6 y 7 del Anexo II de dicho Acuerdo, por aplicar los hechos de que se tenía conocimiento a un exportador estadounidense de arroz declarante que fue investigado y se constató que no había efectuado ningún envío durante el período objeto de investigación". 91

    10. Por otra parte, de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos al Grupo Especial se desprende que los Estados Unidos formularon una alegación separada al amparo del párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II, además de la alegación basada en el párrafo 4 del artículo 9. En el párrafo 171 de esa comunicación, los Estados Unidos alegaron que, "[e]n primer lugar, la Secretaría de Economía, al aplicar a Producers Rice un margen basado en los hechos de que tenía conocimiento, infringió el párrafo 4 del artículo 9". Los argumentos en apoyo de esta alegación se desarrollaron en los párrafos 171 a 173 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos al Grupo Especial. Los Estados Unidos formularon una alegación separada en el párrafo 174, aduciendo que "[e]l trato dado por la Secretaría de Economía a Producers Rice infringió también el párrafo 8 del artículo 6 del [Acuerdo Antidumping] y los párrafos 3, 5, 6 y 7 del Anexo II." (sin cursivas en el original.) Los argumentos en apoyo de esta alegación se desarrollaron en los párrafos 174 a 183. Estos argumentos son distintos e independientes de los desarrollados en los párrafos 171 a 173 para apoyar la alegación de que "la Secretaría de Economía, al aplicar a Producers Rice un margen basado en los hechos de que tenía conocimiento, infringió el párrafo 4 del artículo 9". 91

    11. Ni la solicitud de establecimiento de un grupo especial ni la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos al Grupo Especial respaldan la teoría de México de que la reclamación estadounidense se limitó a una única alegación centrada en el párrafo 4 del artículo 9. El mandato era suficientemente amplio para permitir al Grupo Especial que examinara si la utilización de los hechos de que se tenía conocimiento para calcular el margen de dumping correspondiente a Producers Rice infringía lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 9 y considerara si la utilización de los hechos de que se tenía conocimiento era incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 (leído conjuntamente con el Anexo II). En sus comunicaciones al Grupo Especial, los Estados Unidos desarrollaron argumentos relativos a dos alegaciones separadas, una de ellas basada en el párrafo 4 del artículo 9 y otra en el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II. Ni el mandato ni las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al Grupo Especial impedían a éste analizar los argumentos relativos al párrafo 4 del artículo 9 y los relativos al párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II. El Grupo Especial tenía derecho a examinar alegaciones formuladas al amparo del párrafo 4 del artículo 9 y al amparo del párrafo 8 del artículo 6 junto con el párrafo 7 del Anexo II. 91

    12. Por consiguiente, constatamos que el Grupo Especial no sobrepasó su mandato al concluir, en los párrafos 7.168 y 8.3 b) de su informe, que la Secretaría de Economía calculó para Producers Rice un margen de dumping basado en los hechos de que tenía conocimiento, de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, interpretado a la luz del párrafo 7 del Anexo II de dicho Acuerdo. 92

    F. El margen de dumping para los exportadores no investigados 92

    1. Pasamos ahora a examinar la apelación de México contra las constataciones del Grupo Especial en relación con el cálculo por la Secretaría de Economía de un margen de dumping basado en los hechos de que se tenía conocimiento para los exportadores estadounidenses que no investigó. 92

    2. La solicitud presentada por el peticionario mexicano hacía referencia a dos exportadores de los Estados Unidos, Producers Rice y Riceland. La Secretaría de Economía inició la investigación y envió un aviso de iniciación y cuestionarios a cada uno de los dos exportadores mencionados en la solicitud y a la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de México. En el aviso de iniciación se declaraba que cualquier parte interesada disponía de un plazo de 30 días para comparecer ante la Secretaría de Economía. Dos exportadores estadounidenses, The Rice Company y Farmers Rice, así como una asociación del sector, la Federación Arrocera de los Estados Unidos, comparecieron por propia iniciativa y llenaron sendos cuestionarios. Se asignaron márgenes de dumping individuales a los cuatro exportadores estadounidenses que participaron en la investigación. Para todos los demás exportadores de los Estados Unidos que no comparecieron ni facilitaron información, se calculó un margen de dumping residual basado en los hechos de que se tenía conocimiento. Estos hechos conocidos consistían en la información presentada por el peticionario. El margen de dumping asignado a los exportadores no investigados fue del 10,18 por ciento. 92

    3. El Grupo Especial comenzó su análisis con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping que establece la norma general de que "las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento". El análisis del Grupo Especial se centró en la interpretación de la expresión "exportador o productor [...] de que se tenga conocimiento" del párrafo 10 del artículo 6. El Grupo Especial examinó el contexto de esta disposición y consideró que estaba integrado por "la obligación general de llevar a cabo una investigación y las obligaciones específicas de la autoridad de asegurarse de que se informe a todas las partes interesadas sobre la información que se les exige y se les dé la oportunidad de presentar todas las pruebas en apoyo de sus argumentos". Para el Grupo Especial, el concepto de "investigación" implica que la autoridad investigadora "debe desempeñar un papel activo en la búsqueda de la información que necesita para efectuar su determinación". Además, el Grupo Especial declaró que el término "known" ("del que se tenga conocimiento") no puede interpretarse de manera que "justifique un enfoque pasivo en la investigación", ya que tal interpretación "significaría en realidad suprimir del [Acuerdo Antidumping] un aspecto importante de la obligación de una autoridad investigadora con respecto a la realización de una investigación". Sobre estas bases, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la expresión "exportador o productor [...] del que se tenga conocimiento" del párrafo 10 del artículo 6 se refiere a los exportadores o productores que "podría y debería considerarse razonablemente que conoce una autoridad investigadora objetiva e imparcial que compruebe debidamente los hechos y que lleve a cabo una investigación activa". 93

    4. A continuación, el Grupo Especial pasó a examinar los párrafos 1 y 1.3 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. En el párrafo 1 del artículo 6 se dispone que se dará a todas las partes interesadas aviso de la información que exijan las autoridades, mientras que en el párrafo 1.3 de dicho artículo se especifica que se facilitará a los exportadores que las autoridades conozcan el texto completo de la solicitud. En el párrafo 1 del artículo 12 se prevé análogamente un requisito de notificación a todas las partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora. Al analizar estas disposiciones, el Grupo Especial adoptó un enfoque similar al adoptado para su análisis del párrafo 10 del artículo 6. El Grupo Especial opinó que, a fin de cumplir la obligación de garantizar que se dé aviso a todas las partes interesadas de la información que se les exige, la autoridad investigadora, cuando lleva a cabo una investigación, no puede permanecer "totalmente pasiva" en la identificación de las partes interesadas y debe informar a esas partes interesadas de las que pueda tener razonablemente conocimiento. 93

    5. Según el Grupo Especial, la prescripción del párrafo 1 del artículo 6 es fundamental para una aplicación correcta del párrafo 8 de dicho artículo, relativo a la utilización por la autoridad investigadora de los hechos de que se tenga conocimiento. El párrafo 8 del artículo 6 dispone que, en los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. El razonamiento del Grupo Especial fue que no puede formularse una determinación sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento si no se ha dado aviso ni se ha informado de forma adecuada a la parte interesada de la información que está obligada a presentar de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 porque "no puede alegarse que esa parte haya negado el acceso a la información necesaria o la haya retenido o que haya entorpecido significativamente la investigación". El Grupo Especial agregó que esto "también queda demostrado por la obligación del párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping". 94

    6. Pasando a examinar los hechos del asunto, el Grupo Especial manifestó que la Secretaría de Economía podía haber deducido de la solicitud que la lista de exportadores o productores extranjeros era incompleta. El Grupo Especial expuso la opinión de que la Secretaría de Economía podía haber obtenido información acerca de la rama de producción del arroz de los Estados Unidos recurriendo a dos asociaciones del sector mencionadas en la solicitud y que le habría sido posible identificar a todos los exportadores estadounidenses mediante el examen de los llamados pedimentos. El Grupo Especial agregó que también se podría haber obtenido información sobre los exportadores estadounidenses de diversas fuentes públicas, como una revista estadounidense para el sector del arroz, Rice Journal, citada en la solicitud presentada por el peticionario mexicano. El Grupo Especial tomó también nota de que, "[a]unque la autoridad investigadora dio aviso a las autoridades estadounidenses de la iniciación de la investigación, como exigen el párrafo 1.3 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del [Acuerdo Antidumping], no solicitó la asistencia de las autoridades para identificar a los exportadores o productores estadounidenses". Por estas razones, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que "una autoridad investigadora objetiva e imparcial que lleve a cabo una investigación de manera razonable debería haber hecho más esfuerzo para obtener información acerca de otros exportadores estadounidenses". 94

    7. En consecuencia, el Grupo Especial constató que la Secretaría de Economía no cumplió lo establecido en el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping "ya que no dio aviso a todas las partes interesadas de cuyo interés en la investigación tenía conocimiento de la iniciación de la investigación ni de la información que se les exigía". Además, el Grupo Especial constató que "México al aplicar los hechos de que tenía conocimiento para calcular el margen de dumping correspondiente a los exportadores o productores estadounidenses de los que la autoridad tenía o podía razonablemente haber tenido conocimiento, actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el párrafo 1 del Anexo II del [Acuerdo Antidumping]". En lo relativo al párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial constató que México infringió esta disposición "al permanecer totalmente pasivo en la identificación de los exportadores o productores interesados en la investigación, y al no calcular el margen de dumping correspondiente a cada exportador o productor de que la autoridad investigadora tenía o podía razonablemente haber tenido conocimiento". El Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos relativas al párrafo 6 del artículo 6 (exactitud de la información), al párrafo 4 del artículo 9 (derechos aplicados a los exportadores o productores no examinados) y al párrafo 5 del artículo 9 (exportadores o productores que no hayan exportado el producto al Miembro importador) del Acuerdo Antidumping. 95

    8. México impugna las constataciones del Grupo Especial de que el trato dado por la Secretaría de Economía a los exportadores y productores no investigados fue incompatible con los párrafos 1, 8 y 10 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. La apelación de México se centra en la opinión del Grupo Especial de que, de conformidad con estas disposiciones, los productores o exportadores de que se tenga conocimiento abarcan a aquellos de los que debía haberse considerado razonablemente que la autoridad investigadora tenía conocimiento y de que una autoridad investigadora debería adoptar medidas para averiguar cuáles son los exportadores o productores incluidos en la investigación. 95

    9. México aduce que, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6, la autoridad investigadora está obligada a determinar márgenes individuales de dumping a los exportadores o productores de cuya existencia esté enterada, pero no tiene que determinar márgenes individuales a la totalidad de ellos. Según México, en ninguna parte del Acuerdo Antidumping se estipula dicha obligación. México aduce que calculó márgenes individuales de dumping a todos los exportadores o productores extranjeros de que tuvo conocimiento y que participaron en la investigación, cumpliendo así con lo establecido en el párrafo 10 del artículo 6. En el caso de los exportadores que no se investigaron individualmente, México sostiene que cumplió con sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo Antidumping al facilitar a las autoridades estadounidenses el aviso público de iniciación de la investigación, el texto de la solicitud de inicio de investigación y sus anexos, así como el formulario para exportadores y productores extranjeros. Para México el razonamiento del Grupo Especial es erróneo porque el Grupo Especial asumió, a priori, que las autoridades diplomáticas del Miembro exportador no tienen obligación alguna de dar a conocer a sus exportadores o productores la existencia de la investigación, mientras que esa obligación existe y se recoge en la nota 15 de pie de página al párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. México agrega que cumplió lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping ya que en dicho Acuerdo no existe disposición alguna que obligue a la autoridad investigadora a realizar acciones para identificar a todos y cada uno de los productores extranjeros o exportadores. 96

    10. México sostiene también que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6, México tenía derecho a calcular un margen de dumping basado en los hechos de que tenía conocimiento para los exportadores y productores que no fueron investigados porque había cumplido sus obligaciones con arreglo al párrafo 1 y el párrafo 10 del artículo 6, y las empresas que no fueron investigadas no facilitaron la información necesaria. 96

    11. Dividiremos nuestro análisis en tres partes. En primer lugar, examinaremos si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la Secretaría de Economía no cumplió lo establecido en el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping porque "no dio aviso a todas las partes interesadas de cuyo interés en la investigación tenía conocimiento de la iniciación de la investigación ni de la información que se les exigía." En la segunda parte, trataremos la cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que México infringió el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping "al no calcular el margen de dumping correspondiente a cada exportador ... de que la autoridad investigadora tenía o podía razonablemente haber tenido conocimiento". Por último, en la tercera parte examinamos si el Grupo Especial tuvo razón cuando constató que, al aplicar los hechos de que tenía conocimiento para calcular el margen de dumping correspondiente a los exportadores estadounidenses de que la Secretaría de Economía tenía o podía razonablemente haber tenido conocimiento, México actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. 97

    1. Párrafo 1 del artículo 12 y párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 97

    12. Iniciamos nuestro análisis con el texto del párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping: 97

    13. El párrafo 1 del artículo 12 dispone que "se notificará[...]" la iniciación de una investigación antidumping a las "partes interesadas de cuyo interés [en la investigación] tenga conocimiento la autoridad investigadora". Tomamos nota de que en el párrafo 11 i) del artículo 6 se define a las "partes interesadas" a los efectos del Acuerdo como "los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto". 97

    14. El Grupo Especial constató que la expresión "partes interesadas de [...] [que] tenga conocimiento la autoridad investigadora" abarca no sólo a los exportadores de que tenga conocimiento la autoridad investigadora sino también a los exportadores de que "pueda tener razonablemente conocimiento". A nuestro juicio, la amplia interpretación de esta expresión que hace el Grupo Especial es incorrecta. El texto del párrafo 1 del artículo 12 no es ambiguo: la autoridad investigadora está obligada a notificar la iniciación de la investigación a los exportadores de que tenga conocimiento cuando se haya cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar dicha iniciación. En el texto del párrafo 1 del artículo 12 no hay nada que sugiera que la obligación de notificación se aplica a importadores distintos de aquellos de los que la autoridad investigadora tiene conocimiento efectivo en ese momento. 98

    15. En el presente asunto, cuando se inició la investigación, la Secretaría de Economía tenía conocimiento de los exportadores mencionados en la solicitud, Producers Rice y Riceland. La Secretaría de Economía envió un aviso de iniciación de la investigación a cada uno de ellos. la Secretaría de Economía notificó, pues, la iniciación de la investigación a los exportadores de que tenía conocimiento en este momento, cumpliendo así lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping. 98

    16. Pasaremos ahora a examinar el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. Con arreglo a esta disposición, "[s]e dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la información que exijan las autoridades". Este elemento del párrafo 1 del artículo 6 debe leerse a la luz del párrafo 1.3 de dicho artículo, que dispone lo siguiente: 98

    17. Así pues, la referencia expresa en el párrafo 1.3 del artículo 6 a los "exportadores que conozcan" las autoridades respalda la opinión de que los exportadores a los que se debe dar aviso de la información exigida de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 son los exportadores que conoce la autoridad investigadora. Estos exportadores no son sólo los mencionados en la solicitud sino también aquellos que podrían haberse dado a conocer a la autoridad investigadora por iniciativa propia a raíz de la emisión del aviso público exigido en el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping y aquellos de los que se pueda haber llegado a tener conocimiento de otra manera con posterioridad al aviso de iniciación. 99

    18. El Grupo Especial constató que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, la autoridad investigadora tiene la obligación de dar aviso de la información que se exige a los exportadores de "que pueda tener razonablemente conocimiento". Como explicamos anteriormente, el párrafo 1 del artículo 6 exige a la autoridad investigadora que dé aviso a los exportadores que conozca. Extender la obligación de dar aviso prevista en el párrafo 1 del artículo 6 a los exportadores que la autoridad investigadora no conoce pero de los que podría haber llegado a tener conocimiento implicaría que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, la autoridad investigadora tiene la obligación de realizar una averiguación, que puede ser amplia, para identificar a los exportadores. No podemos hallar ni en el párrafo 1 del artículo 6 ni en ninguna otra disposición del Acuerdo Antidumping un fundamento jurídico de tal obligación, que en determinadas circunstancias podría ser gravosa. Por consiguiente, en nuestra opinión, la Secretaría de Economía no estaba obligada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 a dar aviso de la información exigida a los exportadores que no conocía pero de los cuales podía haber llegado a tener conocimiento. 99

    19. En el presente asunto, la Secretaría de Economía envió un cuestionario a cada uno de los dos exportadores mencionados en la solicitud, Producers Rice y Riceland. Otros dos exportadores, The Rice Company y Farmers Rice, así como una asociación del sector, la Federación Arrocera de los Estados Unidos, comparecieron por propia iniciativa. La Secretaría de Economía también envió un cuestionario a cada uno de ellos. Por consiguiente, estamos convencidos de que la Secretaría de Economía dio aviso de la información exigida a todos los exportadores de los que tenía conocimiento efectivo y de que, por consiguiente, México no actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. 99

    20. Por estas razones, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.200 y 8.3 c) de su informe, de que, con respecto a los exportadores que la Secretaría de Economía no investigó, México actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping. 100

    2. Párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 100

    1. El párrafo 10 del artículo 6 está redactado en los siguiente términos: 100

    2. La primera frase del párrafo 10 del artículo 6 dispone que la autoridad investigadora "[p]or regla general, [...] determinará [...] el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento". (sin cursivas en el original) A juicio del Grupo Especial, la expresión "exportador o productor [...] de que se tenga conocimiento" hace referencia no sólo a los exportadores o productores extranjeros de que la autoridad investigadora tenga conocimiento sino también a aquellos "de los cuales cabría esperar razonablemente que haya tenido conocimiento una autoridad investigadora imparcial y objetiva que compruebe debidamente los hechos". Una vez más, no creemos que haya en el Acuerdo Antidumping fundamento jurídico para esa interpretación de la expresión "exportador o productor [...] de que se tenga conocimiento". Es difícil conciliar esta interpretación con el sentido corriente del término: un exportador o productor de que se tiene conocimiento es un exportador o productor de que la autoridad investigadora tiene conocimiento, no un exportador o productor de que no tiene conocimiento pero debía haberlo tenido. A nuestro juicio, la norma establecida en la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 (determinación de un margen de dumping individual) se aplica a los exportadores o productores extranjeros de que la autoridad investigadora tiene conocimiento en el momento en que calcula los márgenes de dumping. De conformidad con la primera oración del párrafo 10 del artículo 6, la autoridad investigadora no está obligada a determinar un margen de dumping individual para los exportadores o productores extranjeros de cuya existencia no estaba informada. 100

    3. En el presente asunto, la Secretaría de Economía calculó márgenes de dumping individuales para los dos exportadores expresamente mencionados en la solicitud, Producers Rice y Riceland. Estableció también márgenes de dumping individuales para los dos exportadores que comparecieron por propia iniciativa, The Rice Company y Farmers Rice. Así pues, la Secretaría de Economía actuó de manera compatible con la primera oración del párrafo 10 de artículo 6 del Acuerdo Antidumping, dado que estableció un margen de dumping individual para cada exportador de que tenía conocimiento en el momento en que calculó los márgenes de dumping. 101

    4. Por consiguiente, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.201 y 8.3 c) de su informe, de que, con respecto a los exportadores que la Secretaría de Economía no investigó, México actuó de manera incompatible con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. 101

    3. Párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 101

    1. El párrafo 8 del artículo 6 está redactado en los siguientes términos: 101

    2. La última oración del párrafo 8 del artículo 6 dispone que al aplicar ese párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II. En particular, de conformidad con la segunda oración del párrafo 1 del Anexo II, las autoridades investigadoras deberán "asegurarse" de que una parte interesada "sabe" que, si no se facilita la información exigida en un plazo prudencial, "la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de una investigación presentada por la rama de producción nacional". (sin cursivas en el original). La segunda oración del párrafo 1 del Anexo II hace depender la utilización de hechos procedentes de la solicitud del peticionario de si la parte interesada "sabe" que, si no facilita esa información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para recurrir a esos hechos de que tenga conocimiento. En otros términos, se dará al exportador la oportunidad de facilitar la información que exige la autoridad investigadora antes de que ésta recurra a los hechos de que tenga conocimiento, que pueden ser desfavorables para los intereses del exportador. A los exportadores que la autoridad investigadora no conoce -a los que, por lo tanto, no se notifica la información cuya presentación exige la autoridad investigadora- se niega esa oportunidad. Por consiguiente, una autoridad investigadora que utiliza los hechos de que tiene conocimiento que figuran en la solicitud de iniciación de la investigación en contra de un exportador al que no se dio aviso de la información exigida por la autoridad investigadora actúa de manera incompatible con el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y, por lo tanto, con el párrafo 8 del artículo 6 de ese Acuerdo. 101

    3. En el presente asunto, se dio aviso de la información que debían presentar a la Secretaría de Economía a cuatro exportadores de los Estados Unidos: Producers Rice, Riceland, The Rice Company, y Farmers Rice. A los exportadores estadounidenses no investigados por la Secretaría de Economía no se les notificó la información que ésta exigía. Pese a ello, la Secretaría de Economía utilizó hechos de que tenía conocimiento que figuraban en la solicitud presentada por el peticionario contra esos exportadores no investigados. Como resultado de ello, la Secretaría de Economía asignó a esos exportadores un margen de dumping del 10,18 por ciento, superior a los márgenes calculados individualmente para The Rice Company (3,93 por ciento), Farmers Rice (cero por ciento), y Riceland (cero por ciento). Al hacerlo, la Secretaría de Economía actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y, por lo tanto, con el párrafo 8 del artículo 6 de dicho Acuerdo. 102

    4. Por estas razones, confirmamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.200 y 8.3 c) de su informe de que, al aplicar los hechos de que tenía conocimiento que figuraban en la solicitud presentada por el peticionario para calcular el margen de dumping aplicable a los exportadores estadounidenses que la Secretaría de Economía no investigó, México actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y, en consecuencia, con el párrafo 8 del artículo 6 de ese Acuerdo. 102

    5. Por último, nos ocuparemos del argumento de México de que el Grupo Especial asumió, a priori, que las autoridades diplomáticas del Miembro exportador no tienen obligación alguna de dar a conocer a sus exportadores o productores la existencia de la investigación. Según México, esa obligación existe y se recoge en la nota 15 de pie de página al párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. La nota 15 de pie de página al párrafo 1.1 del artículo 6 dispone lo siguiente: 103

    6. En la nota 15 se establece una norma general para determinar el tiempo de que disponen los exportadores para responder a los cuestionarios que se les envían. Aunque esta norma general hace referencia a la fecha en la que el cuestionario "haya sido enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del Miembro exportador", no da ninguna indicación de si corresponde al gobierno del país exportador dar a conocer a los exportadores o productores pertinentes la existencia de la investigación. Por consiguiente, de la nota 15 de pie de página al párrafo 1.1 del artículo 6, por sí sola, no podemos deducir la obligación de las autoridades diplomáticas del Miembro exportador de dar a conocer a sus exportadores o productores la existencia de la investigación. 103

    7. En resumen, constatamos que la Secretaría de Economía no estaba obligada a dar aviso, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, a los exportadores de que no tenía conocimiento. Constatamos también que la Secretaría de Economía no estaba obligada, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, a establecer un margen de dumping individual para los exportadores de que no tenía conocimiento. No obstante, constatamos que, en el caso de los productores o exportadores estadounidenses a los que no se dio aviso de la información que se les exigía, no estaba permitido a la Secretaría de Economía calcular un margen de dumping sobre la base de los hechos de que tenía conocimiento que figuraban en la solicitud presentada por el peticionario. Por consiguiente, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.200 y 8.3 c) del informe de éste de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. Revocamos también las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.201 y 8.3 c) de su informe, de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. En cambio, confirmamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.200 y 8.3 c) de su informe, de que México actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y, por lo tanto, con el párrafo 8 del artículo 6 de dicho Acuerdo. 103

    VII. La Ley de Comercio Exterior 104

    265. El Grupo Especial constató que los siguientes artículos de la Ley de Comercio Exterior son incompatibles con determinadas disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC: los artículos 53, 64, 68, 89D, 93V, así como los artículos 68 y 97 leídos conjuntamente. México apela contra cada una de estas constataciones de incompatibilidad. Nos ocupamos a continuación, en primer lugar, de los argumentos de México aplicables a la totalidad del análisis realizado por el Grupo Especial de las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, antes de analizar las alegaciones de error formuladas por México con respecto a cada disposición impugnada de la Ley de Comercio Exterior. 104

    A. Cuestiones preliminares 104

    1. En esta sección analizaremos dos cuestiones transversales planteadas por México que son aplicables a todas las constataciones de incompatibilidad formuladas por el Grupo Especial en relación con la Ley de Comercio Exterior. En primer lugar, examinamos el argumento de México de que el Grupo Especial incurrió en error al pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior porque los Estados Unidos no habían establecido una presunción prima facie de incompatibilidad. En segundo lugar, consideramos el argumento de México de que el Grupo Especial incurrió en error al no reconocer que las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior son medidas "discrecionales" que permiten a la autoridad investigadora aplicarlas de manera compatible con las normas de la OMC. 104

    1. Presunción prima facie 104

    2. México sostiene que los Estados Unidos no establecieron una presunción prima facie de incompatibilidad con respecto a ninguna de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior. México sostiene que el texto de cada una de estas disposiciones se presta a distintas interpretaciones y, en consecuencia, no revela una "obligación clara" de que la Secretaría de Economía actúe de una determinada manera. Por lo tanto, a juicio de México, los Estados Unidos estaban obligados, para establecer una presunción prima facie, a presentar pruebas en cuanto al alcance y la aplicación de estas medidas además de su texto. México aduce que, dado que los Estados Unidos sólo presentaron el texto de las disposiciones impugnadas, no establecieron una presunción prima facie y por ello el Grupo Especial no podía pronunciarse sobre esas alegaciones. 104

    3. Un elemento de una presunción prima facie que un Miembro reclamante debe presentar con respecto a una medida impugnada "en sí misma" consiste en pruebas y argumentos "suficientes para identificar la medida impugnada y sus consecuencias fundamentales". El requisito probatorio de este elemento se puede cumplir presentando simplemente el texto de la medida impugnada. 105

    4. En este caso los Estados Unidos presentaron el texto de cada disposición impugnada de la Ley de Comercio Exterior para apoyar sus alegaciones y explicaron en sus comunicaciones cómo entendían que funcionaban esas disposiciones. Un análisis de las disposiciones impugnadas nos indica que la interpretación propuesta por los Estados Unidos estaba suficientemente respaldada por el texto para satisfacer el requisito de una presunción prima facie. A nuestro juicio, el hecho de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior puedan apoyar múltiples interpretaciones, y que México considere "incorrecta" la interpretación de los Estados Unidos, no hace que la presunción prima facie presentada por los Estados Unidos sobre la base del texto de las disposiciones sea insuficiente. 105

    5. Además, observamos que, con dos excepciones, México ni siquiera impugnó ante el Grupo Especial la interpretación de la Ley de Comercio Exterior propuesta por los Estados Unidos; en lugar de ello, México limitó su refutación de las alegaciones de los Estados Unidos a impugnar la aplicabilidad de las obligaciones pertinentes de la OMC. Con respecto a cada una de las disposiciones impugnadas, el Grupo Especial coincidió con la interpretación de los Estados Unidos. Por lo tanto, parece que el Grupo Especial constató que el texto y la interpretación común de las partes de las disposiciones eran suficientes para determinar qué exigían las disposiciones impugnadas de la autoridad investigadora. En estas circunstancias, no entendemos con qué fundamento puede decirse que el Grupo Especial ha formulado los argumentos que debían haber expuesto los Estados Unidos. Por lo tanto, constatamos que el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que se había establecido una presunción prima facie en cuanto a la compatibilidad de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior con las obligaciones de México en virtud del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. 106

    2. El carácter "obligatorio" o "discrecional" de las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior 106

    1. México sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al determinar que los artículos de la Ley de Comercio Exterior impugnados por los Estados Unidos obligan a la Secretaría de Economía a actuar de forma incompatible con el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. México adujo ante el Grupo Especial que el artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior exige que las demás disposiciones de esa ley no se apliquen de forma que contravengan lo ordenado por los tratados internacionales firmados por México, incluidos los Acuerdos de la OMC. Según México, el Grupo Especial "desestimó por completo" este argumento. México sostiene que, si las demás disposiciones de la Ley de Comercio Exterior se hubieran interpretado correctamente a la luz del artículo 2, el Grupo Especial habría llegado a la conclusión de que estas disposiciones facultan a la Secretaría de Economía para actuar de manera compatible con sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de la OMC, lo que "necesariamente" habría llevado al Grupo Especial a desestimar las alegaciones de los Estados Unidos. México aduce que, en cambio, el Grupo Especial no "analiz[ó] [la cuestión] de manera imparcial" y "no analizó de forma adecuada el sentido y alcance de los artículos de la LCE" al llegar a la conclusión de que las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior en cuestión eran obligatorias. 106

    2. No podemos aceptar la tesis de México de que el Grupo Especial "desestimó" el artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, ni sus argumentos relativos a esta disposición, al llegar a una conclusión acerca de si las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior eran obligatorias. De hecho, el Grupo Especial formuló a México preguntas que se referían específicamente al artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior. El Grupo Especial formuló posteriormente preguntas adicionales, después de su segunda reunión, acerca de la interacción específica entre el artículo 2 y las demás disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. En relación con estas preguntas y respuestas, el Grupo Especial tomó nota expresamente del argumento de México de que "las leyes internas han de aplicarse de manera que sea compatible con las obligaciones internacionales de México" y respondió expresamente al mismo en su informe. México reconoce que el Grupo Especial dio respuesta a sus argumentos, pero sostiene que esa respuesta constituye "una interpretación equivocada e incompleta de los alegatos de México". Aunque México pueda discrepar de la importancia que atribuyó el Grupo Especial al artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, no entendemos en qué sentido esto constituye una "desestim[ación]" de los argumentos de México. 107

    3. En todo caso, consideramos que este aspecto de la apelación de México debería haberse planteado de manera adecuada al amparo del artículo 11 del ESD. El argumento de México se basa en el supuesto de que el Grupo Especial no interpretó las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior a la luz de otra disposición de esa ley que México señaló a la atención del Grupo Especial. México alega que el Grupo Especial "desestimó" estas pruebas y "formuló constataciones que no tienen base alguna" sobre el carácter obligatorio de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior "sin realizar prácticamente ningún análisis al respecto". Por lo tanto, la alegación de error formulada por México se basa en que el Grupo Especial no realizó su análisis de manera adecuada e imparcial: México no impugna, en cuanto al fondo, la decisión del Grupo Especial de rechazar la supuesta importancia del artículo 2 para la interpretación de las demás disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. 108

    4. Teniendo esto en cuenta, la alegación de México en apelación parece ser una alegación tradicional al amparo del artículo 11 que impugna el hecho de que el Grupo Especial no diera suficiente importancia a las pruebas presentadas por una de las partes. Está firmemente establecido que una alegación al amparo del artículo 11 -que es por definición una alegación sobre la cual el grupo especial no podría haberse pronunciado- debe ser claramente discernible en el anuncio de apelación y enunciarse expresamente en una comunicación escrita del apelante. México no planteó esta alegación al amparo del artículo 11 del ESD en su anuncio de apelación ni en su comunicación del apelante. Por lo tanto, no formulamos ninguna constatación en el marco de esa disposición. 108

    5. Por estas razones constatamos que el Grupo Especial no desestimó el artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior, ni el argumento de México al respecto, al llegar a la conclusión de que las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior son medidas "obligatorias" que exigen a la Secretaría de Economía tomar ciertas medidas en determinadas circunstancias. 109

    B. Artículo 53 109

    1. El artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior dispone lo siguiente: 109

    2. El Grupo Especial constató lo siguiente: 109

    3. México sostiene que la interpretación que hizo el Grupo Especial del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC es equivocada. México sostiene que el Grupo Especial interpretó demasiado ampliamente la obligación contenida en esas disposiciones, al exigir que se dé un plazo de 30 días a todo exportador o productor extranjero que reciba un cuestionario. Según México, el "sentido corriente" de estas disposiciones indica que el plazo de 30 días se debe dar únicamente a los exportadores y productores extranjeros a los que la autoridad investigadora envía un cuestionario, que, a juicio de México, son los exportadores y productores extranjeros dados a conocer a la autoridad investigadora al comienzo de la investigación. México sugiere que esa interpretación es además lógica porque si la autoridad investigadora tuviera que conceder un plazo de 30 días a cada declarante que se presentara al organismo, las investigaciones no se podrían terminar en los plazos establecidos en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. 110

    4. Comenzamos nuestro análisis con los textos de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos abarcados. El párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente en la parte pertinente: 110

    5. Estas disposiciones exigen expresamente que la autoridad investigadora dé a todos los exportadores y productores extranjeros que reciben un cuestionario como mínimo un plazo de 30 días, que se contará, "[p]or regla general", a partir de la fecha de recibo del cuestionario. El párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping dispone que todas las partes interesadas en una investigación antidumping reciban un cuestionario de la autoridad investigadora. Como hemos señalado supra, esto incluye no sólo a los mencionados en la solicitud de derechos antidumping, como aduce México, sino también los que se den a conocer a la autoridad investigadora -a raíz de la publicación de un aviso público de iniciación o de otro modo- y aquellos que pueda identificar la autoridad investigadora como consecuencia de alguna averiguación realizada por propia iniciativa. Consideramos que la misma interpretación es aplicable al párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo SMC. De ello se deduce, por lo tanto, que el plazo mínimo de 30 días para responder a los cuestionarios, previsto en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC, ha de hacerse extensivo a todos esos exportadores y productores extranjeros, con independencia de que la autoridad investigadora tenga conocimiento de ella al comienzo de la investigación o en algún momento posterior. 111

    6. No nos convence el argumento de México de que esa interpretación del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC sea "ilógic[a]" porque la concesión de un plazo de 30 días a los exportadores y productores extranjeros que comparezcan después del aviso de iniciación impediría al organismo cumplir los plazos de las investigaciones establecidos en esos Acuerdos. México no ha puesto de manifiesto de qué manera la concesión de un plazo de 30 días para la respuesta a todos los exportadores y productores extranjeros que reciben un cuestionario impediría a una autoridad investigadora cumplir los plazos establecidos en esos Acuerdos. Esos Acuerdos contemplan, en el caso típico, que los exportadores y productores extranjeros no identificados en la solicitud se den a conocer a la autoridad investigadora en las primeras etapas del procedimiento -por ejemplo, poco después de la publicación del aviso de iniciación- y no en una etapa posterior. 111

    7. Dicho esto, reconocemos que teóricamente es posible, como México afirma, que la notificación de interés realizada por un exportador o productor se produzca en una etapa tan tardía del procedimiento que una autoridad investigadora, que trata de cumplir los plazos establecidos en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, no podría razonablemente tener en cuenta la información presentada por ese declarante. El Órgano de Apelación ha observado a este respecto que las garantías procesales establecidas en el artículo 6 del Acuerdo Antidumping -que incluyen el derecho a disponer de 30 días para responder a un cuestionario- "no puede[n] extenderse indefinidamente" sino que, por el contrario, están limitadas por la necesidad de la autoridad investigadora de "'controlar el desarrollo de su investigación' y 'llevar a cabo los múltiples trámites' necesarios para completar a tiempo" el procedimiento. En cuanto tales, los plazos para completar una investigación sirven para circunscribir la obligación establecida en el párrafo 1.1 del artículo 6 de dar a todas las partes interesadas un plazo de 30 días para responder a un cuestionario. A nuestro juicio, lo mismo cabe decir con respecto a la obligación idéntica que figura en el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC. En consecuencia, no vemos de qué manera el argumento esgrimido por México puede constituir un fundamento jurídico que avale una interpretación del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC conforme a la cual, en contra de los términos claros de esas disposiciones, únicamente se habrá de dar a los exportadores y productores extranjeros conocidos en el momento de la iniciación un plazo de 30 días para responder al cuestionario. 112

    8. Teniendo en cuenta nuestra interpretación de la obligación contenida en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC, pasamos a examinar las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior. El plazo previsto por el artículo 53 para responder a los cuestionarios -28 días hábiles- se cuenta a partir de que "se publique la resolución de inicio". Como consecuencia de ello, a determinado grupo de exportadores o productores extranjeros -por ejemplo, aquellos a los que se envían cuestionarios después del aviso de iniciación, entre ellos los que pueden darse a conocer a la autoridad investigadora en respuesta al aviso público de iniciación- no se le puede dar un plazo de 30 días para responder sin tener que pedir a la Secretaría de Economía una prórroga. Por consiguiente, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.223, 7.225 y 8.5 a) de su informe, de que el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 112

    C. Artículo 64 113

    1. El artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior dispone lo siguiente: 113

    2. Los Estados Unidos alegaron que el artículo 64 era incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II de dicho Acuerdo y el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. El Grupo Especial determinó que el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping condicionan la utilización por la autoridad investigadora de los hechos de que se tenga conocimiento a que ésta utilice, siempre que sea posible, cualquier información que faciliten las partes interesadas y actúe con "especial prudencia" cuando se base en información procedente de una fuente secundaria. Además, el Grupo Especial consideraba que el título del Anexo II -"Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del artículo 6"- aclara que en tales circunstancias el organismo debe basarse en la "mejor" información disponible, lo que le obliga a realizar "una evaluación intrínsecamente comparativa de las 'pruebas de que se tenga conocimiento'". El Grupo Especial interpretó que el artículo 64 obliga a la Secretaría de Economía a asignar el margen más alto calculado a partir de los hechos de que se tenga conocimiento a productores que no comparecen o que no exportaron la mercancía en cuestión durante el período de investigación, sin tener en cuenta si otros datos que obran en el expediente podrían resultar más exactos. Sobre esta base, el Grupo Especial constató que el artículo 64 es incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 114

    3. México aduce que estas disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC permiten la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento con respecto a los declarantes que "no facilita[n]" la información requerida por la autoridad investigadora. Según México, entre esos declarantes figuran los productores que no comparecen en una investigación o que no exportan la mercancía investigada durante el período de investigación. México observa además que el párrafo 7 del Anexo II reconoce explícitamente que los declarantes que no facilitan la información necesaria pueden enfrentarse a márgenes más elevados que si hubieran cooperado en la investigación. A juicio de México, dado que el artículo 64 permite que la Secretaría de Economía utilice los hechos de que tenga conocimiento cuando calcula márgenes para los declarantes que no facilitan la información necesaria, ese artículo es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. 114

    4. Comenzamos examinando las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping que rigen la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento. El párrafo 8 del artículo 6 dispone que la autoridad investigadora podrá basar sus determinaciones en los hechos de que tenga conocimiento cuando, entre otras cosas, un declarante "no la facilite [la información necesaria] dentro de un plazo prudencial", con sujeción a las condiciones establecidas en el Anexo II, titulado "Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del artículo 6". Entre estas condiciones figura la obligación establecida en el párrafo 1 del Anexo II de informar al declarante pertinente de que, en caso de que no facilite la información necesaria, el organismo podrá recurrir a los hechos de que tenga conocimiento. El párrafo 3 obliga a la autoridad investigadora a "tener[] en cuenta" la información facilitada por un declarante aunque éste no haya facilitado otra información requerida y sea necesario complementar la intervención facilitada con los hechos de que se tenga conocimiento. De manera similar, el párrafo 5 impide que una autoridad investigadora rechace la información facilitada por un declarante, aunque sea incompleta, en los casos en que el declarante "ha procedido en toda la medida de sus posibilidades". Por último, el párrafo 7 exige que, cuando se base en datos procedentes de una fuente secundaria con el fin de colmar las lagunas resultantes del hecho de que un declarante no haya facilitado la información requerida, la autoridad investigadora examine esos datos "con especial prudencia". 115

    5. A partir de estas obligaciones entendemos que la autoridad investigadora en una investigación antidumping puede basarse en los hechos de que tenga conocimiento para calcular márgenes para un declarante que no haya facilitado en todo o en parte la información necesaria requerida por el organismo. No obstante, es preciso que el organismo haya informado antes al declarante de que puede quedar sometido a un margen calculado sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento por no haber facilitado la información necesaria. Además, suponiendo que un declarante haya procedido en toda la medida de sus posibilidades, por regla general el organismo debe utilizar en primer lugar la información que, en su caso, facilitó el declarante. 115

    6. Con respecto a los hechos que puede utilizar un organismo cuando falta información, su discrecionalidad no es ilimitada. En primer lugar, los hechos que han de utilizarse deben ser la "mejor información disponible". A este respecto, estamos de acuerdo con la explicación del Grupo Especial: 115

    7. Pasamos a examinar el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. El Grupo Especial basó su constatación de incompatibilidad con esa disposición en el razonamiento que había desarrollado con respecto a las obligaciones contenidas en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y los párrafos 1, 3, 5 y 7 de su Anexo II. Observamos, no obstante, que existen importantes diferencias entre el texto de las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC: en concreto, no hay en el Acuerdo SMC un equivalente del Anexo II del Acuerdo Antidumping. 116

    8. El párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC dispone lo siguiente: 116

    9. Por lo que respecta al contexto del párrafo 7 del artículo 12, consideramos que, al igual que el artículo 6 del Acuerdo Antidumping, el artículo 12 del Acuerdo SMC en su conjunto "establece[] normas sobre la prueba que son aplicables a lo largo de toda una investigación …, y establece[] asimismo las debidas garantías procesales de que disfrutan las 'partes interesadas' a lo largo de toda esa investigación". A este respecto, el párrafo 1 del artículo 12 dispone lo siguiente: 117

    10. Además, señalamos que la finalidad del párrafo 7 del artículo 12 es garantizar que el hecho de que una parte interesada no facilite la información necesaria no obstaculice la investigación del organismo. Por consiguiente, la disposición permite que se utilicen los hechos que constan en el expediente únicamente para sustituir la información que pueda faltar con el fin de llegar a una determinación exacta de existencia de subvención o de daño. 117

    11. Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que el recurso a los hechos de que se tenga conocimiento no permite que la autoridad investigadora utilice cualquier información de la manera que prefiera. En primer lugar, ese recurso no es una autorización para basarse únicamente en parte de las pruebas presentadas. En la medida de lo posible, una autoridad investigadora que utilice los "hechos de que tenga conocimiento" en una investigación en materia de derechos compensatorios ha de tener en cuenta todos los hechos demostrados facilitados por una parte interesada, aun cuando no constituyan la información completa solicitada a esa parte. En segundo lugar, los "hechos de que tenga conocimiento" el organismo están limitados por regla general a los que puedan reemplazar razonablemente la información que una parte interesada no facilitó. En determinadas circunstancias esto puede incluir información procedente de fuentes secundarias. 117

    12. Esta interpretación de las limitaciones que se imponen a la utilización por una autoridad investigadora de los "hechos de que se tenga conocimiento" en las investigaciones en materia de derechos compensatorios está apoyada además por el recurso similar y limitado a los "hechos de que se tenga conocimiento" que permite el Anexo II del Acuerdo Antidumping. Efectivamente, a nuestro juicio sería anómalo que el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC permitiera el uso de los "hechos de que se tenga conocimiento" en investigaciones en materia de derechos compensatorios de una manera notablemente diferente a aquella en la que se permite en las investigaciones antidumping. 118

    13. Examinaremos ahora la compatibilidad de las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior con las disposiciones antes mencionadas del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. El Grupo Especial entendió que el artículo 64 obliga a la Secretaría de Economía a calcular el margen más alto posible sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento y a aplicar ese margen, entre otros, a los productores extranjeros que no comparecen en la investigación y a los que no exportaron la mercancía en cuestión durante el período de investigación. Dicho de otra manera, el artículo 64 parece obligar al organismo a aplicar indiscriminadamente ese margen -el más alto que se podría calcular sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento- a determinados productores o exportadores extranjeros. La disposición exige que sea así incluso en casos -como el de los productores extranjeros que no comparecen en una investigación- en que no se envía al productor un cuestionario y por tanto puede no estar informado de las consecuencias que se derivarán del hecho de no facilitar la información solicitada. 118

    14. A juzgar por sus términos, el artículo 64 tampoco permite que el organismo utilice cualquier información que pueda facilitar un productor o exportador extranjero, aunque esté incompleta, cuando la utilización de esa información daría lugar a un margen inferior al margen basado en los hechos de que se tenga conocimiento. Tampoco permite que el organismo realice la "evaluación comparativa" necesaria para determinar qué hechos son "mejores" para reemplazar la información que falta. Además, el artículo 64 obliga a la Secretaría de Economía a utilizar esos hechos necesarios para llegar al margen más alto que puede calcularse, aun cuando el organismo, después de actuar "con especial prudencia" estime que esos hechos, aunque "justificados", no son dignos de confianza. Así pues, en todas las situaciones en que existe información incompleta -incluidas las de los productores que no comparecen en la investigación y las de los productores que no exportan la mercancía en cuestión durante el período de investigación- interpretamos que el artículo 64 impide a la Secretaría de Economía hacer el uso razonado y selectivo de los hechos de que tenga conocimiento que exigen el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, el Anexo II de dicho Acuerdo y el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 118

    15. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.242 y 8.5 b) de su informe, de que el artículo 64 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 119

    D. Artículo 68 119

    1. El Grupo Especial examinó por separado dos aspectos distintos de la impugnación por los Estados Unidos del artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior: i) el relativo a los exámenes administrativos correspondientes a exportadores que en la investigación se constató que tenían márgenes de minimis; y ii) el relativo al requisito de "representatividad" para los declarantes que solicitan un examen administrativo. A continuación examinamos sucesivamente estas impugnaciones. 119

    1. Exportadores con márgenes de minimis 119

    2. El artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior dispone lo siguiente con respecto a los exportadores con márgenes de minimis: 119

    3. Los Estados Unidos adujeron ante el Grupo Especial que el artículo 68 es incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. El Grupo Especial confirmó su constatación, formulada en el contexto de la evaluación de las alegaciones "en su aplicación" de los Estados Unidos, de que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping obliga a la autoridad investigadora a excluir, de la medida antidumping definitiva, a los exportadores que se haya constatado que no han incurrido en dumping por encima de los niveles de minimis. El Grupo Especial observó además que la "consecuencia lógica" de esa exclusión es que esos exportadores no pueden ser objeto de exámenes administrativos o por modificación de las circunstancias. Como el artículo 68 exige que esos exportadores sean objeto de tales exámenes a petición de parte interesada, el Grupo Especial constató que el artículo 68 es incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y, mutatis mutandis, con el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 120

    4. México alega en apelación que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. Según México, al constatar que el artículo 68 - que se refiere exclusivamente a los exámenes - es incompatible con esas disposiciones, el Grupo Especial no reconoció que las obligaciones contenidas en esas disposiciones están limitadas a las investigaciones iniciales. México sostiene que el párrafo 8 del artículo 5 y el párrafo 9 del artículo 11 no son aplicables a eventos posteriores a la investigación inicial, entre ellos los exámenes. México aduce que, aunque esas disposiciones fueran aplicables, sólo exigen que la autoridad investigadora no imponga derechos a los declarantes pertinentes; no abordan la cuestión de si se puede incluir a esos declarantes en la medida definitiva al final de una investigación. Por consiguiente, según México, dado que el artículo 68 no exige que se impongan derechos a tales declarantes, este fundamento para la constatación de incompatibilidad formulada por el Grupo Especial es erróneo. 120

    5. Comenzamos analizando las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. El artículo 5 del Acuerdo Antidumping lleva por título "Iniciación y procedimiento de la investigación". El párrafo 8 del artículo 5 dispone lo siguiente: 121

    6. El artículo 11 del Acuerdo SMC se titula también "Iniciación y procedimiento de la investigación". El párrafo 9 del artículo 11 dispone lo siguiente: 121

    7. Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la autoridad investigadora ponga fin a la investigación "respecto de" un exportador que se haya constatado que no tiene un margen superior al nivel de minimis y que consiguientemente el exportador debe quedar excluido de la medida antidumping definitiva. Naturalmente, una autoridad investigadora no impone derechos -incluidos derechos del cero por ciento- a exportadores excluidos de la medida antidumping definitiva. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la "consecuencia lógica" de este enfoque es que tales exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado" y "la necesidad de mantener el derecho". Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 121

    8. Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado, durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron subvenciones". Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 122

    9. Por consiguiente, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.251 y 8.5 c) de su informe, de que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 122

    2. El requisito de "representatividad" 122

    1. El Grupo Especial también examinó la impugnación por los Estados Unidos de otro elemento del artículo 68, que dispone lo siguiente: 122

    2. Con respecto al párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, el Grupo Especial observó igualmente que los únicos requisitos que debía cumplir un declarante que solicitaba un examen por cambio de circunstancias con arreglo a estas disposiciones eran que hubiera transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho y que la petición estuviera justificada por "informaciones positivas". El Grupo Especial también consideraba que estas "informaciones positivas" se referían a la necesidad de mantener el derecho y a la probabilidad de continuación o repetición del daño, pero no incluían necesariamente el volumen de exportaciones durante el período de revisión. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la autoridad investigadora debe realizar un examen por cambio de circunstancias siempre que se hayan cumplido los dos requisitos enunciados en las disposiciones, con independencia del carácter "representativo" de las exportaciones del declarante. 123

    3. México sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. Según México, la "única obligación" que se establece en esas disposiciones es que la autoridad investigadora inicie un examen; no obstante, más allá de la iniciación "[n]o hay en su texto [el de estas disposiciones] directriz alguna al respecto de cómo deben llevarse a cabo [los exámenes] ni del resultado que debe haber en presencia o ausencia de un determinado elemento". A juicio de México, el artículo 68 no prohíbe la iniciación de un examen, sino que únicamente exige que se demuestre la existencia de un volumen de exportación "representativo" para que un declarante reciba un margen calculado de nuevo. México sostiene que, teniendo esto en cuenta, el artículo 68 no es incompatible con las obligaciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, o el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 123

    4. Iniciamos nuestro análisis examinando las disposiciones en cuestión de la OMC. El párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 124

    5. El párrafo 3.2 del artículo 9 dispone lo siguiente: 124

    6. El párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping rige los exámenes distintos de los relativos a la fijación de derechos previstos en el párrafo 3 del artículo 9, con inclusión de los exámenes por cambio de circunstancias. El párrafo 2 del artículo 11 dispone lo siguiente: 125

    7. El párrafo 2 del artículo 11 obliga a un organismo a realizar un examen, entre otras cosas, a petición de una parte interesada, y a suprimir el derecho antidumping en los casos en que determine que el derecho "no está ya justificado". La parte interesada tiene derecho a pedir a la autoridad que examine si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos. El párrafo 2 del artículo 11 supedita esta obligación a: i) que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo; y ii) que la parte interesada presente "informaciones positivas" probatorias de la necesidad del examen. Como observó correctamente el Grupo Especial, esta última condición puede satisfacerse en un caso determinado con información no relacionada con los volúmenes de exportación. Cuando se han cumplido las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 11, el texto de la disposición deja claro que el organismo no está facultado para negarse a completar un examen, incluida la consideración de si debería suprimirse el derecho a la luz de los resultados del examen. No vemos razón alguna para que la misma interpretación no sea aplicable en el contexto de las investigaciones en materia de derechos compensatorios, en especial dado que el texto del párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC es idéntico. 125

    8. Aunque, como subraya México, ninguna de las disposiciones anteriores contiene una obligación expresa de no condicionar la realización de un examen a que se demuestre un volumen de exportaciones "representativo", esto no significa que esas disposiciones permitan esa condición. Antes bien, consideramos que obligan a la autoridad investigadora a realizar exámenes de evaluación de los derechos y exámenes por modificación de las circunstancias una vez que se han cumplido las condiciones establecidas en esas disposiciones. A nuestro juicio, estas condiciones son exhaustivas; por lo tanto, si un organismo trata de imponer condiciones adicionales al derecho que tiene un declarante a que se realice un examen, ello sería incompatible con esas disposiciones. Esto es aplicable a la demostración de un volumen de ventas de exportación "representativo", que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior impone como requisito absoluto en todos los casos antes de conceder al declarante el derecho a un examen o devolución. 126

    9. Por consiguiente, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.260 y 8.5 c) de su informe, de que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 126

    E. Artículo 89D 126

    1. El artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior dispone lo siguiente: 126

    2. Los Estados Unidos afirmaron ante el Grupo Especial que, para tener derecho a un examen acelerado, el artículo 89D obliga al productor a demostrar que el volumen de sus exportaciones durante el período de revisión era "representativo". Según los Estados Unidos, este requisito constituye una restricción al derecho de un declarante a un examen acelerado que no está permitida por el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping ni el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. 127

    3. El Grupo Especial constató que el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping obliga a la autoridad investigadora a realizar un examen acelerado de nuevo exportador siempre que: i) el exportador que lo solicita no haya exportado el producto en cuestión al Miembro importador durante el período de investigación; y ii) el exportador pueda demostrar que no está vinculado a un exportador o productor extranjero que ya sea objeto de derechos antidumping. El Grupo Especial constató igualmente que el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC obliga a la autoridad investigadora a realizar un examen acelerado a petición de un exportador a condición de que el exportador: i) esté sujeto a un derecho definitivo; y ii) no fuera examinado durante la investigación inicial por motivos que no sean la negativa a cooperar. Según el Grupo Especial, el artículo 89D obliga a la Secretaría de Economía a rechazar una solicitud de examen acelerado no sólo cuando no se hayan cumplido las condiciones antes mencionadas, sino también cuando el exportador no logre demostrar que el volumen de las exportaciones durante el período de examen era "representativo". Dado que este último motivo para denegar las solicitudes de exámenes acelerados no estaba previsto en ninguno de los Acuerdos, el Grupo Especial constató que el artículo 89D es incompatible con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. 127

    4. México aduce que ambas disposiciones "guarda[n] silencio" sobre la cuestión de si la autoridad investigadora puede considerar la "representatividad" del volumen de las exportaciones como parte de su decisión de conceder un examen acelerado. En opinión de México, este "silencio" refleja la "intención deliberada" de los negociadores de permitir que las autoridades investigadoras realicen estos exámenes de la manera más conveniente para la estructura de sus respectivos sistemas antidumping y de derechos compensatorios. México aduce que, por lo tanto, debe darse sentido al "silencio" de estas disposiciones, algo que el Grupo Especial no hizo al constatar en ellas una obligación que no existe y, en consecuencia, al constatar que el artículo 89D es incompatible con esa supuesta obligación. 127

    5. Examinaremos, en primer lugar, el texto de las disposiciones pertinentes de la OMC. El párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 128

    6. El párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC dispone lo siguiente: 128

    7. Examinaremos a continuación la compatibilidad del artículo 89D con las disposiciones anteriores del acuerdo. El Grupo Especial constató que el artículo 89D permite que la Secretaría de Economía lleve a cabo un examen acelerado a condición de que, entre otras cosas, el declarante demuestre la existencia de un volumen "representativo" de exportaciones a México durante el período de revisión. De esa forma, el artículo 89D, al igual que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior, impone una condición que no está prevista en las disposiciones pertinentes de los Acuerdos. En sí mismo, el artículo 89D impide que la Secretaría de Economía conceda la realización de un examen en los casos en que el declarante ha cumplido efectivamente las condiciones establecidas en las disposiciones pertinentes de la OMC. 129

    8. Por las razones expuestas, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.269 y 8.5 d) de su informe, de que el artículo 89D de la Ley de Comercio Exterior es incompatible en sí mismo con el párrafo 5 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC. 129

    F. Artículo 93V 129

    1. En su Primera comunicación escrita al Grupo Especial los Estados Unidos citaron en inglés el artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior como sigue: 129

    2. Los Estados Unidos alegaron ante el Grupo Especial que, en virtud del artículo 93V, existe una "conexión clara, directa e inevitable" entre los elementos constitutivos del dumping o de la subvención, por una parte, y, las multas que debe imponer la Secretaría de Economía, por otra. Los Estados Unidos adujeron que, como consecuencia de ello, el artículo 93V constituye una "medida específica contra" el dumping o la subvención y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. México adujo que el artículo 93V no obligaba a la Secretaría de Economía a imponer determinadas multas sino que, únicamente le otorgaba facultades para hacerlo. Por lo tanto, a juicio de México, esta disposición no era incompatible con los Acuerdos de la OMC. 130

    3. El Grupo Especial determinó que el artículo 93V obliga a la Secretaría de Economía a imponer multas a determinados importadores "sólo después de haberse establecido la existencia de los elementos constitutivos de dumping o de subvención". Constató además que el artículo 93V "amenaza[]ba" imponer multas a cualquier empresa que importara el producto sujeto a una investigación antidumping. Sobre esta base, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el artículo 93V establece una "medida específica contra" el dumping o una subvención que no está prevista en el Acuerdo Antidumping ni en el Acuerdo SMC. En respuesta a la afirmación de México de que el artículo 93V no obligaba a la Secretaría de Economía a imponer multas, el Grupo Especial declaró lo siguiente: 130

    4. México aduce en apelación que el Grupo Especial debería haber basado su interpretación del artículo 93V en el texto en español de la disposición, en lugar de basarse en una traducción al inglés inexacta. México impugna, en particular, la frase inicial de la traducción al inglés, que dispone que "[i]t shall be the responsibility" de la Secretaría de Economía imponer multas en ciertas circunstancias. A juicio de México, el Grupo Especial, basándose en esta interpretación del artículo 93V, llegó erróneamente a la conclusión de que el artículo 93V es una disposición "obligatoria" que exige a la Secretaría de Economía imponer multas bajo determinadas condiciones. Refiriéndose a la misma frase en español -"[c]orresponde a la Secretaría sancionar las siguientes infracciones"- México sostiene que una mejor traducción al inglés del término "corresponde" sería "to pertain" o "to belong". Según México, el hecho de que el Grupo Especial no interpretara de esa manera el artículo 93V, y constatara en consecuencia que era discrecional, constituye un error en virtud del artículo 11 del ESD. México aduce que, si el Grupo Especial hubiera reconocido adecuadamente el carácter discrecional del artículo 93V, no podría haber constatado que esa disposición era incompatible con las obligaciones que corresponden a México en virtud de los Acuerdos de la OMC. 131

    5. Señalamos, en primer lugar, que la alegación de error en apelación se funda en el artículo 11 del ESD. Esta disposición obliga a los grupos especiales, entre otras cosas, a "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos". Por consiguiente, la cuestión que se nos plantea no es necesariamente si estamos de acuerdo con la interpretación que hizo el Grupo Especial del artículo 93V, sino si el Grupo Especial cometió un error, de tal magnitud que supuso que no hizo una evaluación objetiva, cuando llegó a su conclusión sobre el sentido de esa disposición. 131

    6. En relación con las circunstancias de este caso, observamos que México notificó el artículo 93V al Comité Antidumping de la OMC en 1995 y en 2003, como exige el párrafo 5 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. La traducción al inglés del artículo 93V que los Estados Unidos facilitaron al Grupo Especial era la traducción oficial de la OMC de estas notificaciones. Aunque México adujo en las comunicaciones que presentó al Grupo Especial que el artículo 93V no era obligatorio -basándose parcialmente en el texto introductorio del artículo 93- nunca puso objeciones a la utilización de estas traducciones oficiales de la OMC como base para el examen del Grupo Especial. No vemos cómo puede decirse que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva cuando se basó en una traducción oficial de la OMC al inglés de la ley de México, a la que este país no puso ninguna objeción. Por lo tanto, constatamos que, en su interpretación del artículo 93V de la Ley de Comercio Exterior, el Grupo Especial no incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 11 del ESD. 132

    G. Artículos 68 y 97 133

    1. México plantea dos impugnaciones al análisis realizado por el Grupo Especial de las alegaciones de los Estados Unidos contra los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior: i) Alega que los Estados Unidos no acreditaron prima facie que estas disposiciones son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC; y ii) Impugna la interpretación del Grupo Especial del párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, en particular la interpretación del Grupo Especial de que un producto es objeto de un derecho antidumping definitivo una vez que se impone el derecho después de la investigación y no cuando han concluido los procedimientos judiciales relacionados con la orden antidumping. Examinamos a continuación sucesivamente estas dos impugnaciones. 133

    1. Presunción prima facie 133

    2. El artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior dispone lo siguiente: 133

    3. México sostiene que el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior "no tiene relación alguna con [la] supuesta prohibición" de la realización de exámenes mientras esté en curso un procedimiento judicial. México afirma igualmente que "en ninguna parte del artículo [97 de la Ley de Comercio Exterior] se establece que la autoridad mexicana está impedida u obligada a no realizar revisiones o exámenes de los derechos antidumping o compensatorios". México aduce que, dado que ninguna de las disposiciones establece la supuesta prohibición, los Estados Unidos no establecieron una presunción prima facie de incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping ni con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 133

    4. Señalamos, en primer lugar, que los Estados Unidos sostienen que este aspecto de la apelación de México debería ser desestimado porque el Grupo Especial constató "como cuestión de hecho" que "el efecto conjunto de los artículos 68 y 97 es impedir los exámenes en tanto haya en curso un procedimiento judicial" y que, por lo tanto, México debería haber impugnado esa interpretación al amparo del artículo 11 del ESD. No obstante, México no impugna simplemente la interpretación que hizo el Grupo Especial de esas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. México sostiene que estas disposiciones, a juzgar por sus propios términos, son insuficientes para establecer una presunción prima facie de incompatibilidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC y que, por lo tanto, el Grupo Especial no debería haberse pronunciado sobre esas alegaciones. Una apelación basada en que el Miembro reclamante no ha establecido una presunción prima facie sólo puede plantearse al amparo del artículo 11 del ESD. Por consiguiente, desestimamos la solicitud de los Estados Unidos de que rechacemos este aspecto de la apelación de México por no haberse planteado la alegación de error al amparo del artículo 11 del ESD. 134

    5. En cuanto al fondo de la impugnación prima facie de México, recordamos que el Órgano de Apelación examinó una impugnación similar en el asunto Estados Unidos - Juegos de azar, en el que el Miembro demandado adujo en apelación que el Miembro reclamante no había establecido una presunción prima facie de incompatibilidad con respecto a determinadas medidas identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. En ese caso el Órgano de Apelación observó lo siguiente: 134

    6. Los Estados Unidos presentaron el texto de los artículos 68 y 97 y explicaron su significado de la siguiente manera: 135

    7. Con respecto a las disposiciones pertinentes de la OMC y las alegaciones de incompatibilidad, los Estados Unidos adujeron lo siguiente: 135

    8. De las "pruebas y argumentos jurídicos" presentados por los Estados Unidos se desprende con claridad que su reclamación no se basó aisladamente en los artículos 68 ó 97 sino, más bien, en los artículos 68 y 97 leídos conjuntamente, que los Estados Unidos adujeron que establecían la prohibición de realizar exámenes de medidas antidumping o compensatorias que fueren objeto de procedimientos judiciales en curso. Por consiguiente, consideramos que los Estados Unidos identificaron suficientemente las medidas impugnadas como los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior, leídos conjuntamente; expusieron cómo interpretaban las obligaciones jurídicas pertinentes establecidas en el párrafo 3.2 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC; y explicaron cómo, a su juicio, esas medidas no cumplen esas obligaciones. Por lo tanto, el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que los Estados Unidos habían cumplido el criterio para establecer una presunción prima facie, tal como se expuso en el asunto Estados Unidos - Juegos de azar citado supra. En consecuencia, estimamos infundado el argumento de México de que los Estados Unidos no establecieron una presunción prima facie con respecto a los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior. 136

    2. Interpretación de las disposiciones de los Acuerdos 137

    1. El Grupo Especial constató que el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, así como el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, exigen que las autoridades, en el caso de un producto sujeto a un derecho definitivo, revisen la cuantía de éste y/o la necesidad de mantenerlo. En consecuencia, el Grupo Especial examinó en qué momento queda sujeto un producto a un derecho definitivo para poner en marcha la obligación de un organismo de realizar los exámenes descritos en estas disposiciones. Según el Grupo Especial, el término "derecho" de estas disposiciones se refiere "clara[mente]" a los derechos que los Miembros pueden imponer al concluir una investigación que cumpla las condiciones establecidas en los Acuerdos. El Grupo Especial interpretó además que el artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el artículo 19 del Acuerdo SMC "distinguen claramente" entre la imposición del derecho y la percepción del mismo. A partir de esta distinción el Grupo Especial afirmó que un producto "está sujeto a un derecho" tan pronto como se ha formulado una determinación definitiva para imponer un derecho a ese producto, aunque el derecho todavía no se haya percibido por estar en curso un procedimiento judicial. Así pues, a juicio del Grupo Especial, una vez que se ha impuesto un derecho después de una investigación, el organismo no puede negarse a realizar los exámenes previstos en el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 137

    2. México aduce que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, y en su constatación consiguiente de incompatibilidad con respecto a los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior. Sostiene que, mientras exista un procedimiento para impugnar el correspondiente derecho -por ejemplo, la revisión judicial- ese derecho no puede ser "firme" y no puede decirse que un producto esté "sujeto a" él porque el tribunal puede declarar ilegal la actuación de la autoridad investigadora y con ello suprimir el derecho. Teniendo esto en cuenta, México aduce que cumple las prescripciones de estas disposiciones del tratado porque brinda a los exportadores la oportunidad de solicitar exámenes de evaluación de los derechos y por modificación de las circunstancias tan pronto como han concluido los procedimientos judiciales, es decir, tan pronto como esos derechos se convierten en definitivos. México afirma que nada en las disposiciones impugnadas de la Ley de Comercio Exterior impide a la autoridad investigadora realizar esos exámenes. 137

    3. Examinaremos, en primer lugar, las disposiciones de los acuerdos objeto de litigio. El párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 138

    4. El párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 138

    5. De manera similar, en el contexto de los derechos compensatorios, el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC dispone lo siguiente: 138

    6. Como indicamos en nuestro análisis anterior del artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior, el párrafo 3.2 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, imponen determinadas condiciones -que se enuncian en las propias disposiciones- en cuanto a la concesión por el organismo de las devoluciones solicitadas por los importadores de los derechos pagados en exceso de los márgenes de dumping y en cuanto al examen por el organismo de los derechos antidumping y compensatorios cuando lo solicitan las partes interesadas. En caso de que se cumplan esas condiciones, la autoridad investigadora debe llevar a cabo un examen de evaluación del derecho y devolver los derechos pagados en exceso, o examinar la necesidad de mantener el derecho. Entre las condiciones que puede imponer un organismo en un examen de evaluación o por modificación de las circunstancias figuran las siguientes: i) que el producto en cuestión esté "sometido a[] [un] derecho antidumping", en el caso del párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping; y ii) que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del "derecho [antidumping o compensatorio] definitivo", en el caso del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. Para determinar la compatibilidad de los artículos 68 y 97 con estas disposiciones del tratado debemos identificar en qué momento un derecho antidumping o compensatorio pasa a ser "definitivo", así como el momento en que puede decirse que un producto está "sometido" a un derecho antidumping. 138

    7. El párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, que se refieren al "establecimiento del derecho [antidumping o compensatorio] definitivo", sugieren que el derecho se puede considerar como "definitivo" en el momento de su establecimiento. El párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 22 del Acuerdo SMC establecen requisitos en cuanto a una "determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo". Estas disposiciones indican que los derechos definitivos se imponen después de una determinación definitiva positiva. Por consiguiente, consideramos que un derecho pasa a ser "definitivo" -y por lo tanto cumple una de las condiciones para realizar un examen establecidas en el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, y en el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC- en el momento de la determinación definitiva positiva de la autoridad investigadora. 139

    8. Confirma esta interpretación el hecho de que, con respecto a los derechos establecidos por un organismo, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC parecen utilizar el término "definitivo" en contraposición al término "provisional". A este respecto, el artículo 7 del Acuerdo Antidumping y el artículo 17 del Acuerdo SMC autorizan a utilizar "medidas provisionales", que incluyen específicamente derechos "provisionales", después de que la autoridad investigadora haya llegado a una determinación preliminar positiva. Otras disposiciones de los Acuerdos se refieren a medidas "definitivas", que incluyen derechos "definitivos", después de que se haya realizado una investigación completa y se haya llegado a una determinación definitiva positiva con respecto al dumping, el daño y la relación causal. Por consiguiente, los Acuerdos utilizan el término "definitivo" para distinguir los derechos establecidos después de una determinación definitiva (después de una investigación) de los derechos "provisionales" que pueden establecerse bajo determinadas condiciones en el curso de una investigación, es decir, después de una determinación preliminar. 139

    9. Por lo que respecta al párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, y la condición de que el producto esté "sometido a" un derecho antidumping, compartimos la opinión del Grupo Especial de que "un producto está sujeto a un derecho tan pronto como se ha concluido una investigación y se ha hecho una determinación definitiva por la que se ha decidido imponer derechos antidumping o compensatorios". A nuestro juicio, esto se deduce del hecho de que el establecimiento de un derecho definitivo se produce en el momento de la determinación definitiva y de que el importador debe pagar los derechos antidumping para introducir la mercancía en cuestión una vez que se han establecido esos derechos. 140

    10. Teniendo en cuenta lo que antecede, entendemos que el párrafo 3.2 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC, permiten que los organismos exijan que se impongan derechos sobre un producto -en el sentido de que se llegue a una determinación definitiva, después de una investigación inicial, con respecto a la cantidad que deba satisfacerse en concepto de derechos antidumping/compensatorios por las entradas de ese producto- como condición del derecho a obtener la devolución o examen de los derechos. Esta condición está permitida en virtud de la salvedad que figura en el párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de que el producto en cuestión esté "sometido a[] [un] derecho antidumping", y la salvedad contenida en el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC de que haya transcurrido un plazo prudencial desde el establecimiento del "derecho [antidumping o compensatorio] definitivo". No obstante, en los casos en que se han establecido derechos y se han cumplido las demás condiciones establecidas en estas disposiciones de los Acuerdos, las autoridades investigadoras no pueden denegar una solicitud de que se realice un examen de evaluación o por modificación de las circunstancias. 140

    11. Examinaremos a continuación la compatibilidad de los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior con estas disposiciones del tratado. El Grupo Especial interpretó que los artículos 68 y 97, leídos conjuntamente, impiden que la Secretaría de Economía realice exámenes de evaluación de los derechos o por cambio de circunstancias con respecto a derechos antidumping y compensatorios que sean objeto de un procedimiento judicial, con inclusión de los procedimientos sustanciados ante los paneles binacionales del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Entre los exámenes que prohíben los artículos 68 y 97 figuran los exámenes de derechos que son "definitivos" y que, por tanto, se aplican a las entradas de la mercancía en cuestión porque se han establecido después de una investigación inicial. Dicho de otro modo, estas disposiciones parecen imponer una condición a los exámenes de evaluación de los derechos y por cambio de circunstancias -la conclusión del procedimiento judicial- que no está prevista en el párrafo 3.2 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, ni en el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. Por esta razón, confirmamos las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 7.297 y 8.5 f) de su informe, de que los artículos 68 y 97 de la Ley de Comercio Exterior, leídos conjuntamente, son incompatibles en sí mismos con el párrafo 3.2 del artículo 9 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, y con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC. 140

    VIII. Constataciones y conclusiones 141

    1. Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación: 141

    2. El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida a México que ponga las medidas que en el presente informe y en el informe del Grupo Especial modificado por este informe se han declarado incompatibles con el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de esos Acuerdos. 144

    ANEXO I 146

    Notificación de la apelación del México de conformidad con el párrafo 4
    del artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a las normas
    y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD),
    y de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los
    Procedimientos de trabajo para el examen en apelación 146

    1. México solicita que el Órgano de Apelación revise la constatación del Grupo Especial según la cual la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por Estados Unidos no era incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Esta constatación está basada en cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas erróneas, como la ampliación de los fundamentos de derecho de la reclamación, al aceptar la inclusión de 13 disposiciones jurídicas en la solicitud de establecimiento de Grupo Especial que no se encontraban en la solicitud de consultas. 146

    3. México solicita al Órgano de Apelación que examine las constataciones y conclusiones del GE relativas a que la Secretaría de Economía de México actuó de manera incompatible con los artículos 3.1, 3.2, 3.4 y 3.5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del 1994 (Acuerdo Antidumping) al emitir su determinación sobre la existencia de daño en la investigación antidumping relativa a las importaciones de arroz blanco grano largo procedentes de los Estados Unidos. Dichas constataciones y conclusiones, en opinión de México, están fuera del contexto establecido por el mandato aplicable a esta diferencia, son erróneas y se basan en interpretaciones equívocas de los mencionados artículos del Acuerdo Antidumping, así como de varios informes del Órgano de Apelación (algunos de los cuales incluso no fueron considerados en forma alguna a pesar de que México los invocó en sus comunicaciones escritas) y son las siguientes: 146

    4. México solicita al Órgano de Apelación que examine las constataciones y conclusiones del GE relativas a que la Secretaría de Economía de México actuó de manera incompatible con los artículos 5.8, 6.1, 6.8, 6.10 y 12.1, así como los párrafos 1 y 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping, al emitir su determinación del margen de dumping en la investigación antidumping relativa a las importaciones de arroz blanco grano largo procedentes de los Estados Unidos. Dichas constataciones y conclusiones, en opinión de México, están fuera del contexto establecido por el mandato aplicable a esta diferencia, son equívocas y se basan en interpretaciones incorrectas de los artículos y anexo referidos del Acuerdo Antidumping, así como de varios informes del Órgano del Apelación (algunos de los cuales incluso no fueron considerados en forma alguna a pesar de que México los invocó en sus comunicaciones escritas) y son las siguientes: 147

    5. México solicita al Órgano de Apelación que examine las constataciones y conclusiones del GE relativas a que la Ley de Comercio Exterior de México (LCE) es incompatible con los artículos 5.8, 6.1.1, 6.8, 9.3, 9.5, 11.2 y 18.1, así como los párrafos 1, 3, 5 y 7 del Anexo II del AAD y con los artículos 11.9, 12.1.1, 12.7, 19.3, 21.2 y 32.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC). Dichas constataciones y conclusiones, en opinión de México, son equívocas y se basan en interpretaciones incorrectas de los artículos señalados de los Acuerdos Antidumping y SMC, así como de varios informes del Órgano de Apelación (algunos de los cuales incluso no fueron considerados en forma alguna a pesar de que México los invocó en sus comunicaciones escritas), y son las siguientes: 148

    6. México solicita al Órgano de Apelación que examine las constataciones y conclusiones del GE de los párrafos 7.270 a 7.280 del informe definitivo del GE y la conclusión del párrafo 8.5 e) de dicho informe, en las que el GE determinó que el artículo 93V de la LCE es incompatible en sí mismo con los artículos 18.1 del Acuerdo Antidumping y 32.1 del Acuerdo SMC. El GE no se realizó una evaluación objetiva de los hechos al interpretar de manera incorrecta el artículo 93 de la LCE, en contravención del artículo 11 del ESD. 149

    7. México solicita al Órgano de Apelación que examine las constataciones y conclusiones del GE relativas a que México actuó de manera incompatible con las disposiciones de los Acuerdos Antidumping y SMC, y que ello tuvo como consecuencia la anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de dichos Acuerdos para los Estados Unidos. 149

    ANEXO II 150

    Solicitud de establecimiento de un grupo especial
    presentada por los Estados Unidos 150

    ANEXO III 154

    Solicitud de celebración de consultas
    presentada por los Estados Unidos 154

    CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME





    Catálogo: spanish -> tratop s -> dispu s
    dispu s -> Anexo b comunicaciones del Canadá
    dispu s -> Índice Página
    dispu s -> Comunidades Europeas y determinados estados miembros medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles
    dispu s -> Anexo a índice
    dispu s -> México medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz
    dispu s -> Lista de cuadros y pruebas documentales
    dispu s -> Los Grupos Especiales emiten los presentes informes en forma de un documento único que constituye dos informes distintos de los Grupos Especiales wt/DS412/R y wt/DS426/R
    dispu s -> Japón alega que el Programa de Automóviles Nacionales de febrero de 996 (véase la sección III. A) viola el párrafo del artículo I del gatt de 1994. Se exponen a continuación los argumentos del Japón
    dispu s -> I el de noviembre de 2009 los Estados Unidos, las Comunidades Europeas y México solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias ("osd") que estableciera un grupo especial de conformidad con el artículo del esd
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

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